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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07454-00

Fecha
8 de febrero de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07454-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por el Ministerio del Interior y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por los actores contra la autoridad accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. 25 Núm. único de radicación: 110010315000202307454-00 Actores: Jairo Escobar Arias y otros

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-07454-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

8 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202307454-00
Actores: Jairo Escobar Arias y otros1
Demandada: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedibilidad de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) reparación integral,
iii) acceso a la administración de justicia y iv) igualdad

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por Jairo Escobar Arias y otros2
contra la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado

en forma digital.
2 Luz Stella Pérez Molina, Tatiana Escobar Pérez y Sorani Escobar Pérez.

2

Núm. único de radicación: 110010315000202307454-00
Actores: Jairo Escobar Arias y otros

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. Los actores, a través de apoderado3, presentaron acción de tutela contra la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al
proferir la sentencia de 20 de junio de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio
de la acción de reparación directa identificado con el número único de radicación
050012331000201002094-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados
supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, los actores presentaron demanda en ejercicio de la acción de
reparación directa contra la empresa Empleamos S.A., la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional – Ejército Nacional, el Ministerio del Interior, la Dirección
Nacional de Estupefacientes (posteriormente Ministerio de Justicia como sucesor
procesal), el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, con el fin
de que se declararan patrimonialmente responsables por las lesiones sufridas por
Jairo Escobar Arias en los hechos ocurridos el 29 de mayo de 2009, en la zona rural
del Municipio de Valdivia – Antioquia.

4. Indicó que, el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia el 31 de
marzo de 2016, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

5. Manifestó que, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
mediante sentencia de 20 de junio de 2023, resolvió:

3 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Folios 38 a 45 del documento denominado “ED_2ESCRITODETUTELA(.pdf)
roActua 2”. Archivo aportado en forma digital.

3

Núm. único de radicación: 110010315000202307454-00
Actores: Jairo Escobar Arias y otros

“[…] “PRIMERO: DECLARAR la nulidad de todo lo actuado por falta de jurisdicción
desde la admisión de la demanda por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en lo
relacionado con las pretensiones formuladas por la parte actora en contra de
Empleamos S.A. y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
y la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional –
Acción Social.

SEGUNDO: REMITIR las diligencias a los JUZGADOS LABORALES DEL CIRCUITO
DE MEDELLÍN – reparto-, por ser los competentes para conocerlas, a quienes se les
ENVIARÁ, a través de la Secretaría de la Sección Tercera, copia digital íntegra del
expediente de la referencia.

TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda formuladas en contra de la
Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional. […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. Los actores solicitaron en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERO: Se solicita respetuosamente Amparar los derechos de los señores
Jairo Escobar Arias, Luz Stella Pérez Molina, Tatiana Escobar Pérez y Sorani
Escobar Pérez, por las razones aquí esbozadas, que se encuentran en congruencia
con la jurisprudencia del Consejo de Estado, y especialmente, porque vulnera los.
derechos fundamentales a la igualdad, a la reparación, al acceso a la justicia, al
debido proceso.

SEGUNDO: Que se revoque la sentencia proferida por el CONSEJO DE ESTADO-
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN A- proceso de reparación directa, Radicado No. 05001-23-31-000-
2010-02094-01(57.297), mediante providencia del 20 de junio de 2023.

TERCERO: Que se ordene al CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA –
SUBSECCIÓN A que emita una sentencia en un plazo razonable de 30 días, acorde
con la Jurisprudencia que rige la protección de los derechos constitucionales de los
demandantes en el proceso de reparación directa y que descansa en la interpretación
que se ha elaborado por el Honorable Consejo de Estado, e incluso por la misma
Corte Constitucional.[…]”.

7. Como fundamento de su solicitud, los actores en su escrito de tutela
señalaron que la autoridad judicial accionada incurrió en un i) defecto fáctico, con
ocasión a “[…] la manera errada y desacertada que se realiza de la valoración de
las pruebas que iban encaminadas a determinar la omisión, negligencia y desidia
de la entidad demandada; por tanto, la carga argumentativa de la Judicatura de
Segunda Instancia, yerra en analizar la situación sometida a estudio al señalar que
esto es un asunto netamente laboral, cuando las pruebas corrobora que este es un

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Actores: Jairo Escobar Arias y otros

asunto de ausencia de seguridad por parte de las entidades demandadas y además
en que la función de erradicar ese encuentra en cabeza del estado, así como en no
adjudicar la responsabilidad Estatal por estos hechos […]”; y ii) en un defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, toda vez que, “[…] no
respetó los precedentes jurisprudenciales emitidos por el Consejo de estado y que
a continuación se relaciona una de las más recientes: Sentencia del Consejo de
Estado del 10 de febrero de 2021, radicado 50001-23-31-000-2006-00937-
01(54381) […]”.

Actuación

8. El Despacho sustanciador, mediante auto de 15 de diciembre de 2023: i)
admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado; y iii) vinculó, como terceros con interés
legítimo, al Tribunal Administrativo de Antioquia; a la Nación –Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional, Ejército Nacional, al Ministerio del Interior, al Ministerio
de Justicia y del Derecho, al Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República; a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional, y a Empleamos S.A, concediéndoles el término de tres (3) días para
rendir informe.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

9. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado solicitó declarar
la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que no cumple con el requisito
general de procedibilidad de relevancia constitucional. Para tal efecto, manifestó lo
siguiente:

“[…] La demanda de tutela no tiene vocación de prosperidad pues el asunto carece
de relevancia constitucional, en tanto que el objetivo de la petición de amparo revela
la intención de que se analicen de nuevo los supuestos fácticos y jurídicos sobre los
cuales la Subsección declaró la nulidad por falta de jurisdicción y negó las
pretensiones de la demanda. […]”.

[…]

“[…] Para sustentar este punto, los tutelantes alegaron una “errada y desacertada”
valoración de las pruebas arrimadas para demostrar la omisión y negligencia de las

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Actores: Jairo Escobar Arias y otros

entidades demandadas, pues según su dicho, los elementos de convicción
acreditaron que se trataba de un asunto de ausencia de seguridad y no netamente
laboral. No obstante, las escuetas y generales acusaciones contra el fallo tutelado
en este sentido, ni siquiera exponen, como lo exige el ordenamiento jurídico, el error
concreto en que habría incurrido la Subsección en el estudio de las pruebas.

Como lo muestra el fallo que ahora se acusa, la Sala valoró todos los medios de
prueba allegados al plenario, de los que se desprendió que: (i) el señor Jairo Escobar
Arias suscribió contrato de obra con la empresa Empleamos S.A. –contratista del
Estado en virtud del contrato de prestación de servicios No. 359- a fin de desempeñar
la labor de erradicación manual de cultivos de uso ilícito; (ii) los hechos en los que
resultó lesionado ocurrieron mientras desempeñaba las funciones para las que fue
contratado, de manera que fueron catalogados por la ARL a la que se encontraba
vinculado, como un accidente de trabajo, y que (iii) se profirió dictamen No. 2537
para la calificación de la capacidad laboral y determinación de la invalidez del señor
Escobar Arias en el que se determinó que a pesar de que su porcentaje de pérdida
de capacidad laboral no originaba derecho a una indemnización, tenía acceso a las
prestaciones asistenciales requeridas por la contingencia, de conformidad con la ley
laboral. […]”.

[…]

“[…] Esta tesis ha sido aplicada por la Subsección A en oportunidades anteriores,
así por ejemplo en proveído del 22 de noviembre de 2021 se resolvió una demanda
formulada por un trabajador de una empresa privada que resultó lesionado por la
explosión de una mina mientras se encontraba en ejecución de sus labores y cuyo
daño fue imputad (sic) al Ejército Nacional por la supuesta omisión de su función de
prestar seguridad en la zona, en el cual esta Subsección determinó que por tratarse
de un accidente de trabajo, al actor le habría correspondía demandar a su
empleadora a través de la jurisdicción ordinaria laboral […]”.

[…]

“[…] Por consiguiente, la determinación adoptada de ninguna manera propone un
desconocimiento de los derechos al debido proceso, al acceso a la administración
de justicia y a la reparación, toda vez que la decisión tiene como fin que los aspectos
relacionados con la respectiva relación contractual -es decir, las imputaciones
propuestas en contra de Empleamos S.A. y Acción Social-, se diriman al amparo de
los institutos que la ley tiene reservados para ello, sin que se desplace al juez natural
establecido especialmente para el conocimiento de estos asuntos. Así, los aquí
accionantes no han visto frustradas sus pretensiones indemnizatorias con la decisión
de la Subsección, sino que tienen la oportunidad de acudir al juez natural y
competente para demostrar la responsabilidad subjetiva del empleador y, en su
caso, de la entidad estatal beneficiaria del trabajo. […]”.

[…]

“[…] Todo lo anterior evidencia que la motivación de los tutelantes persigue reabrir
un debate ya concluido con cuestionamientos ya definidos por la Subsección, lo cual
Trasgrede (sic) el fin de la acción constitucional cuyo norte se dirige a la protección
de derechos de derechos fundamentales sin que de modo alguno este ejercicio
pueda erigirse como una tercera instancia. […]”.

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Actores: Jairo Escobar Arias y otros

10. El Ministerio del Interior solicitó i) declarar la improcedencia de la acción de
tutela; y ii) su desvinculación, al considerar que carece de legitimación en la causa
por pasiva, por las siguientes razones:

“[…] Concurre en el caso sub examine la falta de legitimación material en la causa
por pasiva, por la inexistencia de la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte actora, los hechos propuestos por la
accionante, suponen actuaciones efectuadas ante la rama judicial del poder público,
debidamente garantizadas bajo los principios constitucionales del debido proceso
[…]”.

11. El Ministerio de Justicia y del Derecho solicitó negar las pretensiones de la
acción de tutela, al considerar que:

“[…] En el presente acápite se procederá a exponer al honorable consejero los
argumentos que sustentan el presente escrito de contestación y en consecuencia, se
hará referencia a la situación jurídica del Ministerio de Justicia y del Derecho en las
actuaciones judiciales que aquí se discuten, ello de acuerdo con lo proveído por el al
Tribunal Administrativo de Antioquia y la consecuente sentencia de segunda instancia
proferida por el Honorable Consejo de Estado de fecha 20 de junio de 2023 y en ese
sentido es necesario poner de presente que este Ministerio desde la primera instancia
se declaró probada la excepción previa de falta de legitimación en la causa por pasiva
sin que la parte demandante en su recurso se manifestará al respecto, tal como fue
indicada en el considerando 95 del Honorable Consejo de Estado, cuando se adujo
“Ahora bien, en cuanto concierne a las demás entidades demandadas, a saber, la
Dirección Nacional de Estupefacientes, el Ministerio del Interior y el Ejército Nacional,
se advierte que en el recurso no se planteó ningún argumento dirigido a debatir las
conclusiones del Tribunal sobre su responsabilidad, en tanto las imputaciones del
recurrente gravitan sobre la falta de garantía de seguridad de los erradica dores, sin
atacar lo dispuesto en el proveído de instancia sobre la imposibilidad de endilgar el
daño a las otras entidades, debido a que no tenían a su cargo la obligación de
seguridad. En tal virtud, la Sala no estudiará este aspecto”.

Así las cosas, se solicita a amablemente al despacho tener en cuenta esta situación
jurídica al momento de examinar los aspectos sustanciales de la acción de tutela, y a
efectos de tomar una decisión respecto de la sentencia judicial que es objeto de
controversia por el accionante, ello en la medida en que el fallo del juez de primera
instancia, así como el proferido por el Honorable Consejo de Estado, no se refieren a
la responsabilidad del Ministerio de Justicia y del Derecho respecto de los presuntos
perjuicios causados al señor Jairo Escobar Arias y familiares, habida cuenta de la falta
de legitimación de esta cartera ministerial. […]”.

12. La Policía Nacional solicitó negar la acción de tutela, al considerar que no
existe vulneración alguna de los derechos fundamentales de los actores. Para tal
efecto, manifestó lo siguiente:

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Actores: Jairo Escobar Arias y otros

“[…] Sobre el particular resulta necesario recordar la finalidad, objetivos y procedencia
de la acción de tutela, la cual no es un expediente declarativo de derechos, sino un
mecanismo de protección de los derechos existentes.

En desarrollo de esa naturaleza y como mecanismo judicial de carácter extremo es la
misma Constitución la que dispone su procedencia limitándola solo cuando los
afectados no dispongan de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En este orden de ideas resulta necesario aclarar que la presente acción de tutela es
plenamente improcedente, teniendo en cuenta la inexistencia de un perjuicio
irremediable ocasionado al señor Jairo Escobar Arias, derivado de la determinación
adoptada por el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección
Tercera – Subsección “A” y que no están en la obligación jurídica de soportar. […]”.

13. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República solicitó su
desvinculación y declarar improcedente la solicitud de la tutela, como consecuencia
de la falta de legitimación en la causa por pasiva.

14. El Ministerio de Defensa Nacional solicitó negar las pretensiones de la
solicitud de tutela. Para tal efecto, manifestó lo siguiente:

“[…] Bajo esta línea argumentativa se colige que, al no haberse configurado los
presupuestos para la declaratoria de responsabilidad de la entidad pública
interviniente por pasiva en el asunto, el fuero de atracción predicado inicialmente sufre
ostensibles variaciones en la medida que el requisito fijado por el Consejo de Estado
se desvirtúa, implicando de esta manera que solo el particular continúe vinculado en
el asunto, siendo necesario que el juez natural resuelva la situación planteada,
máxime que estudiados los reproches en su contra se advierte que los mismos tienen
como génesis el contrato de trabajo celebrado entre el señor Jairo Escobar Arias y la
empresa Empleamos S.A. […]”.

15. El Tribunal Administrativo de Antioquia allegó copia digital del expediente del
proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa identificado con
el número único de radicación 050012331000201002094-01.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

16. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19914, por el

4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''

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Actores: Jairo Escobar Arias y otros

cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20215 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20196, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

17. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

Falta de legitimación en la causa por pasiva

18. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el
alcance del contenido de la sentencia.

19. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra
ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.

5 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Actores: Jairo Escobar Arias y otros

20. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 20067, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva
en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[8].
(Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.

21. La Sala advierte que el Ministerio del Interior y el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República solicitaron su desvinculación, por
cuanto, a su juicio, carecen de legitimación en la causa por pasiva.

7 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
8 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562

de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.

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22. Al respecto, es preciso indicar que el Ministerio del Interior y el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República fueron vinculados al proceso de
tutela de la referencia como terceros con interés legítimo, en la medida en que
fueron demandados dentro del proceso adelantado en ejercicio de la acción de
reparación directa identificado con el número único de radicación
050012331000201002094-01; es decir, que a dichas entidades les asiste interés en
el resultado del proceso de la referencia.

23. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la
jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que, al Ministerio del Interior y
al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, les asiste interés
en la decisión de tutela que esta Sala profiera.

24. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada respecto del Ministerio del Interior y
del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Problemas jurídicos

25. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es
procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales,
concretamente si se cumplió con el requisito general de procedibilidad de
relevancia constitucional.

26. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al reparación integral; v) marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia; vi) marco normativo
y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; procediendo

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posteriormente a resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto,
siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

27. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena9, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales

28. Esta Sección adoptó10 como parámetros a seguir los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 200511, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.

29. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta
acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.

María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
11 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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30. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”12 que encaje en dichos parámetros.

31. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

32. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201413.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto

33. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedibilidad de relevancia constitucional.

Acerca del requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional

34. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5

12 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.

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de agosto de 201414, al referirse al requisito general de procedibilidad de relevancia
constitucional, consideró lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [15]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [16].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [17].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar
en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el
actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [18].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

14 Ut supra página 6.
[15] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[16] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[17] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones

judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[18] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal

Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la
procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”

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La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [19]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [20].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [21]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.

[…]

“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).

35. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional consideró22:

[19] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[20] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[21] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
22 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”23

Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:

“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.

Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”24

En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.

36. En ese orden de ideas, el requisito general de procedibilidad de relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales
y ii) cuando el actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de

23Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
24 Ibidem.

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procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como
consecuencia la afectación de los derechos fundamentales.

37. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202225
precisó, en relación con el alcance del requisito general de procedibilidad de
relevancia constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

(…)

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

(…)

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

(…)

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias

25 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción
de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no
a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.

(…)

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales

69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental,
producto de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar
una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia,
(ii) su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]”. (Resaltado por la Sala).

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso

38. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

39. Atendiendo a que, la Corte Constitucional26 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,

26 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes
y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia

40. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

41. Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento
jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la
debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con
estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena
observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la
Constitución y la ley […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad

42. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

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“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado
protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física
o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los
abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.

43. Atendiendo a que la Corte Constitucional ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de
igualdad ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la reparación
integral

44. Visto el artículo 94 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en
los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros
que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos […]”.

45. Atendiendo a que la Corte Constitucional27 ha entendido que el derecho a
la reparación integral “[…] se trata de un derecho fundamental en atención a que “1)
busca restablecer la dignidad de las víctimas a quienes se les han vulnerado sus
derechos constitucionales; y 2) por tratarse de un derecho complejo que se

27 Corte Constitucional, Sentencia T-083 de 13 de febrero de 2017, M.P. Alejandro Linares Cantillo.

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interrelaciona con la verdad y la justicia, que se traduce en pretensiones concretas
de restitución, indemnización, rehabilitación, medidas de satisfacción y no
repetición […]”.

Análisis del caso concreto

46. Los actores, a través de apoderado, presentaron acción de tutela contra la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, porque, a su juicio, el
Consejo de Estado al proferir la sentencia de 20 de junio de 2023, en el proceso
adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa identificado con el
número único de radicación 050012331000201002094-01, vulneró sus derechos
fundamentales a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, al debido
proceso y reparación integral.

47. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

48. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela.

Acervo y análisis probatorios

49. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

49.1. Copia digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio de la acción
de reparación directa identificado con el número único de radicación
050012331000201002094-01.

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Solución del caso concreto

50. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los
que la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. Los actores en su escrito de tutela indicaron que la autoridad judicial
accionada incurrió en un i) defecto fáctico, con ocasión a “[…] la manera errada y
desacertada que se realiza de la valoración de las pruebas que iban encaminadas
a determinar la omisión, negligencia y desidia de la entidad demandada; por tanto,
la carga argumentativa de la Judicatura de Segunda Instancia, yerra en analizar
la situación sometida a estudio al señalar que esto es un asunto netamente laboral,
cuando las pruebas corrobora que este es un asunto de ausencia de seguridad
por parte de las entidades demandadas y además en que la función de erradicar
ese encuentra en cabeza del estado, así como en no adjudicar la responsabilidad
Estatal por estos hechos […]”; y ii) en un defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente judicial, toda vez que, “[…] no respetó los precedentes
jurisprudenciales emitidos por el Consejo de estado y que a continuación se
relaciona una de las más recientes: Sentencia del Consejo de Estado del 10 de
febrero de 2021, radicado 50001-23-31-000-2006-00937-01(54381) […]”.

51. Al respecto, es preciso indicar que el asunto controvertido por los actores ya fue
objeto de estudio por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
y el Tribunal Administrativo de Antioquia, y la acción de tutela contra providencia
judicial no constituye una tercera instancia que permita reabrir el debate resuelto por
el juez natural, sino que tiene por objeto verificar si las entidades accionadas
incurrieron en la vulneración de derechos fundamentales.

52. Además de lo anterior, para la Sala, los actores plantean una afectación de sus
derechos fundamentales que tiene su origen en últimas en un debate estrictamente
legal y probatorio, el cual ya fue expuesto dentro del proceso adelantado en ejercicio
de la acción de reparación directa y fue decidido por el juez natural de la causa, por
lo que no le corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional,
toda vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia
judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una
instancia adicional.

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53. Además, la Sala debe hacer énfasis que cuando se trata de interponer una
acción de tutela contra providencias proferidas por una Alta Corte como lo es el
Consejo de Estado, el juez constitucional debe efectuar un análisis de procedibilidad
de los requisitos generales de manera más rigurosa y exigente. En ese orden de
ideas, la Corte Constitucional frente al tema ha considerado lo siguiente28:

“[…] Dado que “la garantía de que cada órgano goce de autonomía, en el
sentido que debe poder desenvolverse y desplegar su actividad por sí
mismo, y autogobernarse, son actividades que resultan básicas para definir
el equilibrio en el ejercicio del poder público”29, los órganos judiciales de
cierre “tienen entre sus competencias ‘la unificación de jurisprudencia como
forma de precisar con autoridad y vocación de generalidad el significado y
alcance de las diferentes áreas del ordenamiento jurídico”30. Por tanto, en el
evento en que se cuestione una sentencia dictada por una Alta Corte, el
examen de la relevancia constitucional debe ser más estricto que el que
pudiera hacerse en los demás eventos de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales. En tales términos, la acreditación de esta
exigencia, más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que
exponga una relación con derechos fundamentales, supone justificar
razonablemente la existencia de una restricción prima facie
desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo que una
simple relación con aquel […]”.

54. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedibilidad de relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal
de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…]
entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…]
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito
de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales […]”.

28 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
29 Sentencia SU-050 de 2018.
30 Sentencia SU-354 de 2017.

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55. Así las cosas, esta Sección, siguiendo el precedente precisado por la Corte en
la sentencia SU – 215 de 2022, considera que la controversia que nos ocupa carece
de relevancia constitucional porque la discusión planteada por los actores no gira en
torno al alcance, aplicación y/o desarrollo de un derecho fundamental; a lo que se
agrega que los actores no justificaron el motivo por el cual dicha decisión constituye
una afectación desproporcionada de sus derechos fundamentales.

56. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien los actores aducen que
fueron desconocidos sus derechos fundamentales, lo cierto es que no existe una
mayor explicación acerca de las razones por las cuales se afectó, en forma
desproporcionada, el núcleo esencial de los derechos fundamentales de los actores
con ocasión de la sentencia de 20 de junio de 2023, proferida por la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

57. Asimismo, la Sala considera que la discusión que se expone a través del
escrito de tutela, siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia
antes transcrita, no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la
controversia se encuentra limitado a asuntos legales y probatorios cuya
competencia se encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.

58. Igualmente, el conflicto que subyace en esta oportunidad tiene un alcance de
contenido particular y meramente legal y probatorio, esto es así porque la discusión
y los argumentos que se extraen de la acción de tutela, más que develar la
necesidad de protección de un derecho fundamental, buscan que el juez de tutela
valide la tesis jurídica de los actores y, con ello, acceda a las pretensiones de la
demanda de reparación directa, sin que de esta discusión se pueda evidenciar una
clara trascendencia o relevancia constitucional.

59. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple
con el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional dentro del
marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien
los actores enuncian la trasgresión de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la reparación integral, de acceso a la administración de justicia y a la

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igualdad, esa presunta afectación tiene su origen en un debate estrictamente legal
y probatorio.

Conclusiones de la Sala

60. Con fundamento en lo anterior, la Sala declarará improcedente la acción de
tutela presentada por los actores contra la autoridad accionada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por el Ministerio del Interior y el Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por los
actores contra la autoridad accionada, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a
la ejecutoria de esta providencia.

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Núm. único de radicación: 110010315000202307454-00
Actores: Jairo Escobar Arias y otros

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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