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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07490-01

Fecha
18 de abril de 2024
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07490-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Modificar la parte resolutiva de la sentencia de tutela del 1° de febrero de 2024, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la cual quedará así: “1. Negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por la señora María Inés Hernández de Ovalle, respecto del cargo por defecto por desconocimiento del precedente judicial. Y declarar la improcedencia de la acción de tutela en relación con los demás cargos, por las razones expuestas en esta providencia”. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-07490-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

18 de abril de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07490-01
Demandante: María Inés Hernández de Ovalle

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-07490-01
Demandante MARÍA INÉS HERNÁNDEZ DE OVALLE
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN A Y JUZGADO SÉPTIMO
ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Proceso ejecutivo para el
cumplimiento de sentencia judicial favorable. Modificación de la
liquidación del crédito. Requisitos generales de procedibilidad. La
relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por María Inés Hernández de Ovalle
contra la sentencia del 1° de febrero de 2024, proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, que resolvió:
«Primero: Negar el amparo solicitado por la señora María Inés Hernández de Ovalle, por los
motivos expuestos en esta providencia.»1

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 13 de diciembre de 20232, por conducto de apoderado judicial, la señora María
Inés Hernández de Ovalle interpuso acción de tutela contra la Subsección A de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado
Séptimo Administrativo de Bogotá, por estimar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad, así como los principios de
confianza legítima, preclusión y seguridad jurídica, con ocasión de los autos del 19
de agosto de 2021 y del 24 de mayo de 2023 (apelación), por medio de los cuales se
modificó la liquidación del crédito en el proceso ejecutivo nro. 11001335007-2016-
00553-00/01.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«1. AMPARAR el derecho al DEBIDO PROCESO, SEGURIDAD JURÍDICA, DERECHOS
ADQUIRIDOS Y los principios de, CONFIANZA LEGITIMA, PRECLUSIÒN, LEGALIDAD,
IGUALDAD PROCESAL, de la señora MARIA INES HERNANDEZ DE OVALLE.
2. REVOCAR el auto del 19 de agosto de 2021, proferido por el JUZGADO (07) SÉPTIMO
ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ, en el que liquidó nuevamente el crédito fuera de la
etapa procesal correspondiente y dejó sin efectos el auto del 15 de noviembre de 2019,
mediante el cual se aprobó la liquidación del crédito, conforme a la ley, además se

1 Página 9 de la sentencia de tutela de primera instancia. Expediente digital en Samai.
2 Expediente digital en Samai, índice 1.
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revoque el auto de 24 de mayo de 2023, en el que EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA, SECCIÒN SEGUNDA – SUBSECCIÒN “A, MODIFICÒ parcialmente
la decisión de primera instancia.
3. Las demás que este Honorable Despacho considere para proteger los derechos aquí
tutelados.»3

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. La señora María Inés Hernández de Ovalle instauró acción ejecutiva contra la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social UGPP con la finalidad de obtener el pago
de los dineros adeudados con ocasión a las sentencias del 10 de noviembre
de 2010 y del 12 de mayo de 2012, proferidas por el Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y, en segunda instancia, por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Exp. 2009-00385).

2.2. El proceso ejecutivo le correspondió tramitarlo al Juzgado Séptimo
Administrativo Bogotá (Expediente Nro. 11001-33-35-007-2016-00553-00).

En el curso del proceso se surtieron las siguientes actuaciones relevantes:

● El 14 de diciembre de 2017, el despacho libró mandamiento de pago contra la
UGPP por la suma de $30.096.729,16 y, el 30 de mayo de 2018, ante el silencio
de la UGPP, dispuso continuar con la ejecución.

● El ejecutante presentó liquidación del crédito en $38.332.866, por concepto de
intereses de mora e indexación. De otra parte, la Oficina de Apoyo para los
Juzgados Administrativos lo liquidó en $23.564.663.

● En auto del 15 de noviembre de 2019, se improbaron las anteriores liquidaciones
y el Despacho liquidó los intereses en $29.721.043, tomando como capital
$41.254.816,14 que corresponde al neto pagado. Esta decisión no fue objeto de
recursos.

● Posteriormente, el juez profirió auto del 19 de agosto de 2021 por el que dejó
parcialmente sin efectos el trámite del proceso, inclusive el auto del 15 de
noviembre de 2019. En su lugar, liquidó nuevamente el crédito por el valor de
$19.481.768,03.

Explicó que se percató que, en el auto del 15 de noviembre de 2019 tomó como
capital para liquidar los intereses debidos, el neto pagado por mesadas atrasadas
indexadas a la ejecutoria de la sentencia, sin descontar los aportes a salud.

● La parte ejecutante presentó recurso de reposición y en subsidio apelación contra
el auto del 19 de agosto de 2021 argumentando que el juez no podía dejar sin
efectos el auto del 15 de noviembre de 2019 que liquidó el crédito porque había
hecho tránsito a cosa juzgada.

● El 28 de septiembre de 2021, el juzgado negó la reposición y concedió el recurso
de apelación.

3 Págs. 19 y 20 del escrito de tutela. Samai, índice 2.
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2.3. La Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca resolvió la apelación mediante auto del 24 de mayo de 2023.

Precisó que el juez de la ejecución está facultado para modificar la liquidación
del crédito, aunque estuviera consagrada en un auto ejecutoriado por lo
siguiente:
«Desde ahora debe ser claro el Despacho, respecto a que el proceso ejecutivo termina con el
pago, y conforme lo indicó el A quo los autos ilegales no atan al Juez, pues advirtiendo una
irregularidad en una decisión tomada, que además afecta recursos públicos de las pensiones,
no podría simplemente guardar silencio. Así como en el transcurso de los procesos ejecutivos
se puede pedir reliquidación de los créditos hasta que se satisface la obligación, igualmente
mientras el proceso no haya terminado con el pago, el Juez puede modificar pagos ilegales.»

Dicho lo anterior, continuó con la verificación de la liquidación contenida en el
auto recurrido. Corroboró el error consistente en no descontar los aportes de
salud al liquidar los intereses; sin embargo, evidenció que, en la nueva
liquidación el despacho incurrió en otro error porque tomó como capital la suma
fija existente a la ejecutoria de la sentencia y desconoció que el capital
incrementa mes a mes desde la ejecutoria hasta el pago.

Por lo anterior, modificó la liquidación del crédito efectuada en $19.481.768,03,
porque considera que los intereses adeudados corresponden a
$23.306.521,67.

Este auto se notificó en estado electrónico del 13 de junio de 20234.

3. Fundamentos de la acción

La accionante manifestó que las autoridades judiciales del proceso ejecutivo
incurrieron en defecto procedimental absoluto, en defecto por desconocimiento del
precedente judicial5, en defecto sustantivo y en defecto por violación directa a la
Constitución.

Reprochó que de manera «caprichosa y arbitraria» se modificara el crédito inicialmente
reconocido en $29.721.043, aunque había transcurrido aproximadamente dos años
desde que quedó en firme la decisión contenida en el auto del 15 de noviembre de
2019, es decir, cuando había precluido la etapa procesal.

Destacó que la determinación de modificar la liquidación del crédito, adoptada por
el juez de la ejecución y confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
desconoce su derecho al debido proceso y los principios de seguridad jurídica,
preclusión y de lealtad procesal.

Agregó que los autos del 19 de agosto de 2021 y del 24 de mayo de 2023
desconocen el precedente judicial de casos análogos donde se modifica de manera
extemporánea la liquidación del crédito adoptadas por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y desconoce la sentencia T-1274 de 2005 de la Corte Constitucional.

4 Samai para tribunales administrativos. Proceso nro. 11001333500720160055301. Índice 12.
5 En la acción de tutela se acusaron como desconocidas las siguientes providencias: auto del 15 de julio de
2022, proferido por la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en el proceso ejecutivo nro. 11001-33-35-007- 2015-00320-03; el auto del 2 de septiembre
de 2022, proferido en el proceso ejecutivo nro. 11001-3335-007-2015-00925-02, por la misma Subsección
D; y sentencia T-1274 de 2005 de la Corte Constitucional.
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4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En auto del 14 de diciembre de 2023, el despacho sustanciador de primera
instancia admitió la acción de tutela interpuesta por María Inés Hernández de
Ovalle, por conducto de apoderado judicial, contra el Juzgado Séptimo
Administrativo de Bogotá y la Subsección A de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Asimismo, vinculó, en calidad de
tercero, a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, dada su calidad de parte
demandada dentro del proceso ejecutivo sub examine.

4.2. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, por conducto
del Subdirector de Defensa Judicial Pensional, solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela porque los autos acusados, que
modificaron la liquidación del crédito, no son decisiones que pongan fin al
proceso judicial, sino que se trata de providencias en las que se tomaron
decisiones eminentemente económicas sobre el monto de los intereses de
mora que deben reconocerse a favor de la ejecutante.

Agregó que, en la acción de tutela no se acreditó un perjuicio irremediable o
afectación al mínimo vital de la señora Hernández de Ovalle, comoquiera que
la entidad ejecutada canceló la totalidad de la condena con fundamento en las
Resoluciones SFO 1130 del 08 de noviembre de 2021, RDP No. 24473 del
2021, SFO 1926 del 18 de diciembre de 2023 y RDP 020649 del 16 de agosto
de 2023.

4.3. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Bogotá, a través del
titular del despacho, señaló que la liquidación del crédito contenida en el auto
del 15 de noviembre de 2019 no se ajustaba a derecho y por ello debía ser
corregida.

Relacionó las siguientes providencias del Consejo de Estado en las que se
reconoce la facultad del juez de corregir actuaciones de oficio, aun cuando
sean decisiones ejecutoriadas, tales como: sentencia del 30 de agosto de 2012
(Rad. 11001-03-15-000-2012-00-117-01), sentencia del 14 de agosto de 2013 (Rad.
20001-23-31-000-2009-00199-01), sentencia del 23 de octubre de 2013 (Rad.
76001-23-33-000-2012-00469-01), sentencia del 5 de julio de (Rad. 2018 05001-23-
31-000-2006-01233-01) y sentencia del 24 de enero de 2019 (Rad. 25000-23-26-
000- 2004-00662-01).

4.4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A no rindió informe frente a la tutela, aunque fue notificada de su
existencia6.

5. Providencia impugnada

En sentencia del 1° de febrero de 2024, la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado estimó que el caso superaba el examen general de
procedibilidad. Entre otros argumentos, manifestó que el caso tiene relevancia

6 El mensaje de datos se remitió a los siguientes buzones: scs02sb01tadmincdm@notificacionesrj.gov.co y
scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co
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constitucional porque guarda relación con la vulneración de derechos de rango
fundamental originada en providencias judiciales.

En cuanto al fondo del asunto, el a quo indicó que la decisión de modificar la
liquidación del crédito contenida en un auto ya ejecutoriado encuentra respaldo la
tesis desarrollada por esta Corporación en la sentencia del 24 de enero de 2019
(Exp. 37068) según la cual: cuando los autos se enmarcan en una ilegalidad palmaria,
el juez puede apartarse de los mismos, aunque estén ejecutoriados.

Relativo a las providencias citadas en la acción de tutela para defender la tesis de
inamovilidad de la liquidación del crédito, mencionó que no se trata de providencias
de unificación de obligatorio cumplimiento.

En consecuencia, manifestó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
fundamentó su decisión en el marco jurídico pertinente y en el análisis
pormenorizado de las particularidades del caso.

El fallo de tutela registró aclaración de voto del magistrado Rafael Francisco Suárez
Vargas quien consideró que la acción de tutela carece de relevancia constitucional,
pues el debate surgido en el proceso ejecutivo no comporta la vulneración de los
derechos fundamentales invocados por la accionante.

6. Impugnación y actuaciones posteriores

6.1. La accionante reprochó que los términos procesales, el principio de preclusión
y la ejecutoria de las providencias sean oponibles a las partes del proceso,
pero no al juez de la causa. Consideró que la autoridad judicial también debe
obligarse frente a los términos y etapas judiciales en garantía del derecho al
debido proceso y equilibrio procesal.

Advirtió que, modificar autos ya ejecutoriados comporta una actuación
arbitraria y caprichosa del director del proceso que afecta los derechos
fundamentales de quienes acuden a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo para que sus conflictos sean dirimidos.

Retomó el presupuesto de relevancia constitucional y enfatizó en que los
jueces de primera y de segunda instancia del proceso ejecutivo actuaron de
manera arbitraria al modificar la liquidación del crédito que ya estaba en firme,
actuación que afecta sus derechos fundamentales. Insiste, en que no se trata
de un asunto meramente económico, sino que trasciende a la flagrante
vulneración de sus derechos fundamentales con ocasión de una decisión
arbitraria de las autoridades del proceso.

Agregó que el juzgado accionado fundamentó su decisión de modificar la
decisión del crédito en sentencias desactualizadas que fueron proferidas hace
más de 10 años, por lo que no contienen el precedente vigente. Por el
contrario, recuerda que en el escrito de tutela se relacionaron sentencias
recientes que apoyan la tesis defendida por la accionante.

En el escrito de tutela se consignó una «notable» argumentación donde se
explicó la configuración del desconocimiento del precedente y cómo se
concretó la vulneración de cada uno de los derechos invocados por la
accionante:

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● Igualdad: este derecho se vulneró con ocasión al desconocimiento del
precedente relacionado en el escrito de tutela y con los principios de cosa juzgada
y de estabilidad jurídica.

● Debido proceso: la decisión de reabrir una etapa procesal ya clausurada afectó
a las partes del proceso generando incertidumbre frente a la firmeza de las
decisiones proferidas en el curso del proceso.

● Derechos adquiridos: los despachos judiciales accionados soslayaron el hecho
de que se consolidó una situación jurídica.

6.2. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, por conducto
de la subdirectora de Defensa Judicial Pensional (E) solicitó que se confirme
el fallo de tutela de primera instancia. Dijo que la acción de tutela es
improcedente cuando cuestiona providencias que no ponen fin a un proceso.

De otra parte, destacó que esa entidad ha dado cumplimiento a las decisiones
judiciales en los estrictos términos en ella contenidos. Es más, adujo que en la
actualidad ya realizó el pago de todo lo adeudado por concepto del título
analizado y que la decisión de las autoridades judiciales accionadas tienen un
fin legítimo como lo es la protección del erario y del sistema pensional en
aplicación del principio de moralidad administrativa.

Destacó que la real pretensión de la accionante es la de sustituir una decisión
judicial adoptada legítimamente por el juez de la causa porque está en
desacuerdo con los valores económicos allí reconocidos, lo que revela el
interés meramente económico de la acción de tutela y, en consecuencia, su
improcedencia.

Agregó que la accionante no está en una situación de vulnerabilidad que
justifique la flexibilización del examen general de procedibilidad, pues la
consulta al FOPEP evidencia que aparece en nómina de pensionados
devengando una mesada de más de 3 millones de pesos, lo que descarta de
paso la alegada vulneración de su derecho fundamental a una vida digna y
afectación al mínimo vital.

6.3. En auto del 20 de febrero de 2024, el a quo concedió la impugnación.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19917, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,

7 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales8
y especiales9 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional10 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por ello, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso

3. Planteamiento del problema jurídico

Teniendo en cuenta la decisión de tutela de primera instancia y los argumentos
expuestos en el escrito de impugnación y el radicado por la UGPP, le corresponde
a la Sala establecer (i) si le asistió razón al a quo al declarar superado el requisito
general de relevancia constitucional en el caso concreto. Esto, porque la UGPP en
su informe frente a la impugnación argumentó que la acción de tutela se toma como
instancia adicional para cuestionar una decisión que afectó los intereses litigiosos
del actor y que el asunto propuesto se enmarca en una cuestión netamente
económica relativa al monto de la liquidación del crédito.

En caso de superar el anterior estudio, se analizará (ii) si le asistió razón al a quo al
negar las pretensiones de la acción de tutela por no encontrar acreditada la
configuración de los defectos alegados (procedimental absoluto, sustantivo, de
desconocimiento del precedente judicial y de violación directa a la Constitución).

4. La acción de tutela no supera el requisito de relevancia constitucional

4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para

8
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
9 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
10 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento.

Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional. Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa
aquellos casos que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de
Decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en
Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional
en la Sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para
determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que “no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de
la tutela contra providencias judiciales”11. Es necesario que el interesado exponga
de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, su uso está proscrito cuando se emplea como si fuera
una instancia adicional del proceso ordinario.

4.2. La señora Hernández de Ovalle pretende que, a través de la acción de tutela
se dejen sin efectos las providencias emitidas por las autoridades judiciales
demandadas en las que se modificó la liquidación del crédito que había sido
adoptada en un auto previo.

Explicó que la decisión de modificar la liquidación del crédito contenida en un
auto ya ejecutoriado es arbitraria y afecta sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia en

11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014.
Radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01. C. P: Jorge Octavio Ramírez R. Demandante: Alpina
Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo De Estado – Sección Primera.
8

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tanto modifica un derecho que ya le había sido legalmente reconocido en una
providencia que no fue recurrida y respecto de una etapa procesal que ya
había precluido.

En consecuencia, estima que los autos del 19 de agosto de 2021 y del 24 de
mayo de 2023 (apelación) adolecen de defecto sustantivo y procedimental
absoluto porque los jueces actuaron al margen del procedimiento establecido
para los procesos ejecutivos; de desconocimiento del precedente judicial
frente a otros autos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y a la
sentencia T-1274 de 2005; y de violación directa a la Constitución en relación
con los derechos invocados en la acción de tutela y a los principios de
seguridad jurídica, confianza legítima, preclusión y de lealtad procesal.

4.3. Establecido lo anterior, la Sala advierte que la tutela en estudio se torna
improcedente porque se emplea como una instancia adicional del proceso
ejecutivo para discutir el análisis de los jueces de la causa respecto de la
posibilidad de modificar la liquidación del crédito, a pesar de que estuviera
contenido en un auto que no fue objeto de recursos.

Al comparar los argumentos de la acción de tutela y de la impugnación (supra
3 y 6), con los cargos expuestos por la señora María Inés Hernández de Ovalle
en el curso del proceso ejecutivo, se evidencia que, en su mayoría, son
coincidentes.

Aunque en otras ocasiones esta Sala ha concentrado el análisis del requisito
de relevancia constitucional por instancia adicional en el recurso de apelación
y en la providencia de segunda instancia del correspondiente proceso, en esta
oportunidad se encuentra pertinente extenderlo al auto del 19 de agosto de
2021, debido a que los alegatos de la tutela y los de la impugnación también
fueron analizados y decididos por el Juzgado Séptimo Administrativo de
Bogotá.

Así pues, la mención del contenido de los autos en la primera y en la segunda
instancia deja en evidencia que la intención de la actora es la de insistir en la
inalterabilidad de la liquidación del crédito contenida en el auto del 15 de
noviembre de 2019 por $29.721.043 y no el finalmente establecido en el auto
del 24 de mayo de 2023 por la suma de $23.306.521,67, pero sin que se
concrete un real escenario de vulneración de derechos fundamentales
4.4. A efectos de establecer si esta acción de tutela cumple con el requisito de
relevancia constitucional se estima pertinente hacer una breve referencia a los
argumentos que expuso el juez Séptimo Administrativo de Bogotá en el auto
del 19 de agosto de 2021, para justificar la decisión de modificar la liquidación
del crédito contenida en el auto del 15 de noviembre de 2019.
El juez explicó que, en el auto del 15 de noviembre de 2019, cuando se efectuó
la liquidación del crédito se tomó el neto pagado por las mesadas atrasadas
indexadas a la ejecución de la sentencia como capital para liquidar los
intereses, pero no se descontaron los aportes a salud, por lo que debía
modificarse la liquidación del crédito para ajustarla a la realidad de lo
adeudado. En consecuencia, dejó parcialmente sin efectos el trámite del
ejecutivo, inclusive el auto del 15 de noviembre de 2023, y modificó y aprobó
la liquidación del crédito por la suma de $19.481.768,03.

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Como justificación para realizar este cambio, citó el proveído del 28 de
noviembre de 2018 (exp. 1509-16), proferido por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado donde se enfatizó en la facultad del juez de
la ejecución para modificar el mandamiento de pago con fundamento en una
interpretación armónica de los artículos 446 (liquidación del crédito), 430
(mandamiento ejecutivo) y 42 (facultad de saneamiento) del Código General del
Proceso. Esto, comoquiera que luego de la emisión del mandamiento de pago
se puede variar el monto de las sumas adeudadas para adoptar una decisión
que se ajuste al contenido del título ejecutivo y a los medios de prueba
aportados al proceso. Además, citó el siguiente aparte de la mencionada
providencia:
«el papel del juez ordinario en el Estado Social de Derecho es el del funcionario activo,
vigilante y garante de los derechos materiales que consulta la realidad subyacente de cada
caso para lograr la aplicación del derecho sustancial, la búsqueda de la verdad y, por ende, la
justicia material, por lo que al advertir un error debe proceder a subsanarlo para no seguir
incurriendo en el mismo, más aún, cuando pueden estar comprometidos recursos públicos»

Agregó que la anterior postura fue reiterada por la Sección Segunda del
Consejo de Estado en el auto del del 31 de julio de 2019, con ponencia de la
magistrada Sandra Lisset Ibarra Vélez.

Con fundamento en el marco jurisprudencial relacionado, el juez del ejecutivo
declaró que «resulta posible variar el monto de las sumas adeudadas con el fin de adoptar
una decisión que se ajuste a la realidad procesal de cara al título ejecutivo, así como a los
demás elementos de juicio que obren en el expediente, de tal forma que si el juez se percata
de que libró el mandamiento ejecutivo por mayor valor, está facultado para subsanar la
inconsistencia advertida, de conformidad con los artículos 42 del CGP y 207 del CPACA (…),
más aún cuando pueden estar comprometidos recursos públicos, independientemente de la
etapa en que se encuentre el proceso».

4.5. La parte ejecutante recurrió en reposición y en subsidio apelación el anterior
proveído, con fundamento en los siguientes argumentos:

4.5.1. La liquidación del crédito que se aprobó en el auto del 15 de noviembre
de 2019 cobró ejecutoria porque la decisión no fue recurrida. Luego,
aunque es cierto que el juez debe surtir el control de legalidad, tal
gestión debió hacerse en la etapa de aprobación del crédito y no cuando
«cobró firmeza el auto que aprueba la liquidación final del crédito».

4.5.2. El precedente del 31 de julio de 2019, con ponencia de la Dra. Ibarra
Vélez, refiere a la facultad del juez de ejecutivo de modificar la
liquidación del crédito con fundamento en objeciones presentadas
oportunamente por las partes, lo que no ocurrió en este caso porque no
hubo recursos contra el auto del 15 de noviembre de 2019

La decisión de modificar el crédito se adoptó «frente a un proceso
terminado, advirtiendo que lo único que falta es que la entidad demandada
cancele la condena».

4.5.3. La revocatoria de los autos ilegales con propósito enmendatorio debe
surtirse en un plazo razonable, regla que no se cumple en el caso
concreto porque pasaron un año y nueve meses entre el auto del 15 de
noviembre de 19 y el del 19 de agosto de 2021.

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4.6. Como se observa, la mayoría de los argumentos que se expusieron en el
recurso de apelación son el sustento de la acción de tutela y de la impugnación
(Supra 3 y 6) que en esta ocasión nos ocupa. De hecho, el argumento adicional
que contiene la acción de tutela es el de la vulneración del precedente
constitucional contenido en la sentencia T-1274 de 2005 y del precedente
horizontal del Tribunal Administrativo de Cundinamarca12.

4.7. Los argumentos del recurso de apelación, ahora reiterados en este proceso
constitucional, fueron resueltos por la subsección A de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el auto del 24 de mayo de 2023.
Se relacionan los apartes relevantes para esta acción de tutela:
«Desde ahora debe ser claro el Despacho, respecto a que el proceso ejecutivo termina con el
pago, y conforme lo indicó el A quo los autos ilegales no atan al Juez, pues advirtiendo una
irregularidad en una decisión tomada, que además afecta recursos públicos de las pensiones,
no podría simplemente guardar silencio. Así como en el transcurso de los procesos ejecutivos
se puede pedir reliquidación de los créditos hasta que se satisface la obligación, igualmente
mientras el proceso no haya terminado con el pago, el Juez puede modificar pagos ilegales.
Para el sub lite, si bien el auto de 15 de noviembre de 2019 estaba ejecutoriado, lo cierto es
que el proceso sigue vigente pues aún a la fecha, la UGPP sigue sin cancelar los intereses
debidos.
Por lo anterior procede el Despacho a revisar si la liquidación practicada en el auto recurrido,
es la que corresponde en derecho, entendiendo que el actor finca su recurso en revivir el auto
de 15 de noviembre de 2019 que liquidó su crédito en $29.721.043, pretendiendo que se
respete el monto allí fijado.
Lo primero que debe dejarse claro es que efectivamente en el auto de 15 de noviembre de
2019 se incurrió en un yerro, al liquidar los intereses sobre las diferencias indexadas existentes
a la ejecutoria de la sentencia, sin descontar los aportes a salud que son un pago a favor de
un tercero, que de manera alguna puede generar intereses a la ejecutante.
Sin embargo, en el auto recurrido se incurre igualmente en un error, cual es tomar como capital
una suma fija existente a la ejecutoria de la sentencia, desconociendo que ese capital se ve
incrementado mes a mes desde la ejecutoria de la sentencia 18 de julio de 2011 y hasta el
cumplimiento del pago del capital, 25 de noviembre de 2012, pues mes a mes se siguieron
generando diferencias en las mesadas pensionales producto del cumplimiento de la orden de
reliquidación dada en la sentencia.
(…)
Así las cosas, si bien fue incorrecto liquidar los intereses de mora respecto de un capital neto
sin deducir los aportes a salud, también lo fue, hacerlo en el auto recurrido sobre un capital
fijo, desconociendo las diferencias generadas con posterioridad a la ejecutoria del título
ejecutivo. Por tanto, corresponde modificar la liquidación efectuada por el A quo en
$19.481.768,03, para señalar que los intereses adeudados ascienden a $23.306.521,67».

Como se observa, el ad quem del proceso ejecutivo examinado, precisó que
la decisión de modificar la liquidación del crédito fue razonable por las
siguientes razones: (i) el auto ilegal no ata al juez; (ii) era deber del ad quem
corregir los errores advertidos en uso de sus facultades de saneamiento, más
un aun si comprometen recurso del sistema de pensiones (moralidad
administrativa); y (iii) si el juez puede reliquidar el crédito conforme las
novedades del ejecutivo hasta que se acabe por pago, también está facultado
para modificar pagos ilegales (argumento analógico).

12 Óp. Cit. 5.
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4.8. Se observa entonces, que las inconformidades presentadas en la acción de
tutela ya fueron estudiadas por los jueces de la causa en el curso del proceso
ejecutivo objeto de análisis, pero la accionante está en desacuerdo con el
contenido de los autos acusados en los que se defiende la tesis de modificar
la liquidación del crédito en ejercicio de la facultad de saneamiento en procura
de ajustarla a la realidad del título ejecutivo y apoyada en la protección al
sistema judicial de pensiones e insisten en la inalterabilidad del auto del 15 de
noviembre de 2019.

Es por lo anterior que la acción de tutela no supera el requisito de relevancia
constitucional en tanto la argumentación expuesta no pretende advertir la
concreción de un error en la aplicación del marco jurídico que afecte los
derechos fundamentales invocados por parte actora, sino reabrir el debate
jurídico debidamente resuelto, para imponer una tesis que favorece las
pretensiones económicas de la parte ejecutante que fue expresamente
descartada en cada una de las instancias del proceso ejecutivo

A ese respecto, conviene recordar que la jurisprudencia constitucional ha dicho
que la acción de tutela contra providencias judiciales no se instituyó como un
análisis de las mejores razones entre las expuestas en la decisión atacada y
la interpretación sostenida por el tutelante, en tanto que no obedece a su
naturaleza y propósito.

De ahí que la simple disparidad de criterio no constituye en sí misma una
vulneración de derechos fundamentales. De aceptar esa posibilidad, se
desnaturalizaría la acción de tutela contra providencias judiciales, como
mecanismo excepcional. Es por tal motivo, que de manera reiterada se ha
sostenido que cuando se controvierten decisiones judiciales, la procedencia
del amparo está sujeto a que el asunto sea de tal relevancia en materia
constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo una vulneración
grosera o de bulto, lo que no ocurre en este caso.

Por último, basta indicar, como lo ha sostenido esta Sala en oportunidades
anteriores13, que la función del juez de la ejecución es volitiva, no mecánica.
De allí que “[s]i bien el proceso ejecutivo está previsto exclusivamente para obtener el
cumplimiento de la condena judicialmente impuesta y de ninguna manera constituye una
herramienta o mecanismo para reabrir los debates agotados en el respectivo proceso
declarativo, lo cierto es que el juez del proceso ejecutivo debe armonizar la orden con los
límites previstos a nivel constitucional, legal y jurisprudencial”.

Por tanto, la función del juez de la ejecución obedece a una valoración integral
y racional de los diferentes elementos que estén presentes al decidir un caso
concreto y en conjunto con todo el marco normativo, con el fin de que se
profiera una decisión coherente con el ordenamiento jurídico, razón por la cual
no existen razones para que resulte procedente la intervención del juez de
tutela.

13 Sentencia de 23 de abril de 2020, radicado No. 11001-03-15-000-2019-05062-01, C.P.: Julio Roberto Piza
Rodríguez y sentencia de 11 de mayo de 2023, radicado No. 11001-03-15-000-2023-01109-00, C.P.: Stella
Jeannette Carvajal Basto. En este mismo sentido se pronunció la Sección Segunda, Subsección “A” del
Consejo de Estado en fallo de 28 de noviembre de 2018, expediente No. 23001-23-33-000-2013.00136-01,
en el que se indicó que el mandamiento de pago no se convierte en una situación inamovible para el juez
de la ejecución, pues es posible variar el monto con el fin de adoptar una decisión que se ajuste a la realidad
procesa.
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4.9. A lo anterior debe esta Sala agregar la improcedencia de la acción de tutela
para discutir asuntos de naturaleza económica. Aunque es cierto que no se
trata de un criterio absoluto14, dado que, en algunos eventos, la discusión
patrimonial puede trascender a problemas procesales que afecten garantías
de rango constitucional15, ello se admite siempre y cuando con la decisión
cuestionada no se busque reabrir una discusión definida por los jueces
ordinarios.

La discusión que en este caso se estudia tiene una indiscutible naturaleza
económica en tanto versa sobre un proceso ejecutivo y, en específico, en
relación con la modificación del crédito que en el auto del 15 de noviembre de
2019 se reconoció en la suma de $29.721.043 y, posteriormente, fue cambiado
y aprobado en la suma de $23.306.521,67.

Además de que el asunto refiere a una cuestión netamente económica, la
discusión frente la posibilidad de modificar la liquidación del crédito también
fue debidamente surtida en las dos instancias del proceso ejecutivo por lo que
la acción de tutela se toma como una instancia adicional para que se conserve
la liquidación del crédito inicialmente aprobada por un mayor valor, pero que
fue indebidamente reconocida.

5. El auto del 24 de mayo de 2023 no incurrió en desconocimiento del
precedente judicial16

5.1. Observa la Sala que las providencias relacionadas para fundamentar el cargo
de desconocimiento del precedente horizontal fueron proferidas por la
Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca17, pero fue la Subsección A la que emitió el auto que en esta
oportunidad se analiza.

14 En la sentencia SU215 de 2022, la Corte Constitucional precisó: «Como ya se mencionó la Corte ha sido
clara en señalar que un asunto carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia
es exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno estrictamente privado o
particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un asunto de
naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo, en acciones de tutela formuladas contra providencias judiciales en
las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa ;
(iii) laudos arbitrales y las sentencias de anulación; (iv) procesos ejecutivos, entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre
que se advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho
fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.»
15
Al respecto se puede consultar la sentencia SU498 de 2016. Con ponencia de la magistrada Gloria Stella
Ortiz Delgado.
16 El precedente judicial alude a que un caso similar ya ha sido resuelto en el pasado y sirve como referente
para que se decidan otros conflictos semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser considerado
por el juez al momento de decidir el nuevo caso. Para la Sala es posible plantear la transgresión del
precedente si se demuestra: (i) la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan identidad
fáctica y jurídica con el caso en que se solicita su aplicación (existencia del precedente); (ii) que tales
decisiones (precedentes) sean vinculantes para la autoridad judicial demandada, tanto por ser el precedente
vigente, como por tener la fuerza vinculante suficiente (vinculatoriedad); (iii) que la decisión judicial que se
cuestiona en sede de tutela sea contraria al precedente vinculante (contradicción con el precedente
vinculante); (iv) que el juez de instancia no presente una justificación razonable para apartarse del
precedente vinculante.
A partir de lo anterior, debe considerarse que, por regla general, los jueces de lo contencioso administrativo
deben guiarse en la solución de sus asuntos, por la jurisprudencia vinculante. Este concepto cobija tanto el
precedente vertical como el horizontal. El primero, refiere a las reglas de decisión fijadas por autoridad
judicial de igual jerarquía. El vertical se relaciona con los lineamientos establecidos por instancias superiores,
es decir, por los órganos de cierre de cada jurisdicción o por la Corte Constitucional.
17 Óp. Cit. 5.
13

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Entonces, aunque existiera una similitud fáctica entre los casos objeto de
comparación, los cierto es que los asuntos fueron decididos por diferentes
Subsecciones de la Sección Segunda del Tribunal accionado, por lo que, al
tratarse de funcionarios de igual categoría, en principio, no es dable exigirles
que acojan sin más las tesis o posturas de otra Sala, pues podría afectar su
autonomía e independencia en la decisión razonable de los casos.

Es comprensible que entre jueces de la misma categoría y jerarquía confluyan
criterios diferentes frente a escenarios fácticos similares y esa autonomía de
decisión está amparada por el artículo 228 de la Constitución Política. Luego,
las Salas de Decisión de los Tribunales deben atender en virtud del principio
de coherencia y el derecho a la igualdad a su propio precedente judicial y en
virtud de la jerarquía y facultad de unificación jurisprudencial a las providencias
de los Tribunales de Cierre18.

Asunto diferente es cuando la Sala de decisión desconoce su propio
precedente, pues en ese escenario es posible exigir la coherencia en las
posturas para decidir los casos puestos en su consideración y su impacto en
el derecho a la igualdad, pero este escenario no se concretó.

5.2. Relativo a la sentencia T-1274 de 2005, esta no se erige como precedente
judicial para el caso concreto debido a que el escenario fáctico estudiado es
diferente al que en esta ocasión se analiza. Así pues, en la sentencia invocada
se analizó la razonabilidad de la aplicación de la tesis del antiprocesalismo en
un proceso de liquidación de una sociedad comercial para dejar sin efectos el
auto que designó al liquidador y le fijó honorarios, el cual ya estaba
ejecutoriado.

De otra parte, el caso sub examine refiere a un proceso ejecutivo en el que se
modificó la liquidación del crédito no sólo en aplicación de la tesis del
antiprocesalismo (que ha sido aceptada de manera más amplia en el Consejo de
Estado), sino en la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado
según la cual, con posterioridad al mandamiento de pago, es posible variar el
monto de las sumas adeudadas en procura de adoptar una decisión que se
ajuste a la realidad del título ejecutivo.

5.3. Así pues, en el caso concreto se estima que los jueces del proceso ejecutivo
adelantaron un análisis motivado del marco jurídico en el que fundamentaron
su decisión conforme a las particularidades fácticas del asunto puesto a su
consideración, sin que se estime aceptable imponer la tesis de otra Sala de la
misma Corporación judicial, de las partes o incluso del juez de tutela. En
consecuencia, esta Sala considera que el auto del 24 de mayo de 2023 no
concreta la vulneración del derecho fundamental a la igualdad de la accionante
ni la concreción del defecto por desconocimiento del precedente judicial.

18
En similar sentido, véase la sentencia de tutela del 30 de junio de 2022, proferida por esta Sección dentro
del proceso número 11001-03-15-000-2022-02130-00, donde fue accionante la señora Elida Elizabeth
Sarasty Mayorga. M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. “(…) frente a la supuesta vulneración del derecho a
la igualdad con ocasión del desconocimiento de unas sentencias en las que el mismo tribunal accionado ha
accedido a lo pretendido en casos con fundamentos fácticos similares al de la accionante, basta indicar que
se trata de fallos proferidos por la Subsección “B” de esa Corporación, autoridad judicial que se encuentra
en igualdad funcional con la Subsección “A”, por lo que sus decisiones no constituyen precedente obligatorio
para la autoridad judicial accionada.”
14

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6. Conclusión
Por todo lo expuesto, la Sala modificará la parte resolutiva de la sentencia de tutela
del 1° de febrero de 2024, en el sentido de confirmar la decisión solo en lo relativo
a negar el amparo frente al desconocimiento del precedente judicial. Y declarar la
improcedencia de la acción frente los demás cargos de la acción de tutela en razón
a que son una reiteración de los argumentos que habían sido ya ventilados por la
ejecutante en el recurso del proceso ejecutivo y que fueron analizados por los jueces
de la causa en cada una de las instancias.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Modificar la parte resolutiva de la sentencia de tutela del 1° de febrero de
2024, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, la cual quedará así:
“1. Negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por la señora María
Inés Hernández de Ovalle, respecto del cargo por defecto por desconocimiento
del precedente judicial. Y declarar la improcedencia de la acción de tutela en
relación con los demás cargos, por las razones expuestas en esta providencia”.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

15

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