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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02130-00

Fecha
30 de junio de 2022
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02130-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la señora Elida Elizabeth Sarasty Mayorga contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A” y el Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito de Bogotá, por las razones aquí expuestas. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-02130-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

30 de junio de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02130-00
Demandante: Elida Elizabeth Sarasty Mayorga

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02130-00
Demandante: ELIDA ELIZABETH SARASTY MAYORGA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN “A” Y JUZGADO
SESENTA ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de
reparación directa. Demora en el nombramiento en propiedad
en un cargo de carrera administrativa. Requisito general de la
relevancia constitucional cuando se acude a la acción de tutela
como instancia adicional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Elida Elizabeth Sarasty Mayorga, mediante apoderada
judicial, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección “A” y el Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito de Bogotá, en la
que pide el amparo constitucional de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como el
principio de prevalencia de la ley sustancial sobre la procesal, vulnerados,
supuestamente, con la sentencia de 17 de febrero de 2022, mediante la cual el
tribunal accionado confirmó el fallo de primera instancia que negó las
pretensiones, en el marco del medio de control de reparación directa que adelantó
contra la Fiscalía General de la Nación.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La accionante manifestó que se inscribió y participó en el concurso abierto de
méritos del área administrativa, Convocatoria No. 13 de 2008, realizado por la
Comisión Nacional de Administración de Carrera de la Fiscalía General de la
Nación, en el que obtuvo el puesto 117 de la lista de elegibles, de 41 plazas
ofertadas para el cargo de asistente administrativo II, y el puesto 170 de 157
plazas ofertadas, en la Convocatoria No. 11 de 2008, grupo 1, para el cargo de
Secretario I.

Sostuvo que fue nombrada el 12 de julio de 2017 a través de la Resolución No.
002431 en el cargo de asistente administrativo II, en la Subdirección de Bienes de

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Demandante: Elida Elizabeth Sarasty Mayorga

Bogotá D.C, del que tomó posesión el 10 de agosto de 2017 mediante acta No.
000686.

Afirmó que, en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentó
demanda contra la Fiscalía General de la Nación, en la que solicitó el pago de los
perjuicios materiales y económicos causados por la demora en realizar su
nombramiento en periodo de prueba y, posteriormente, en propiedad, “a pesar de
que quedé dentro de los puestos de elegibilidad de la lista de elegibles que se
conformó con los aspirantes que superaron las etapas de la Convocatoria No. 13
de 2008 grupo 3 para el cargo de asistente administrativo II, en la actualidad
Asistente II”.

Señaló que del proceso conoció en primera instancia el Juzgado Sesenta
Administrativo del Circuito de Bogotá, que en fallo de 14 de agosto de 2019 negó
las pretensiones de la demanda, luego de considerar que en el caso se demostró
que la demandante fue nombrada y posesionada cuando la lista de elegibles
estaba vigente y dentro de los términos establecidos en la Convocatoria No.13 de
2008, en la que participó.

Por último, adujo que contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación, el
cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección “A”, en sentencia de 17 de febrero de 2022, en la que
confirmó el fallo apelado en su integridad.

2. Fundamentos de la acción

La accionante presentó acción de tutela con el objeto de que el juez constitucional
proteja los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia, así como los principios de prevalencia del derecho
sustancial sobre el procesal y buena fe, vulnerados, supuestamente, por la
sentencia de 17 de febrero de 2022, mediante la cual el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, confirmó el fallo que negó las
pretensiones de la demanda, en el marco del medio de control de reparación
directa que promovió contra la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se
le declarara administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios
materiales y económicos causados a raíz de la demora en efectuar su
nombramiento y posesión en el cargo para el cual concursó y quedó en la lista de
elegibles.

Mencionó que la Fiscalía General de la Nación contaba con 20 días hábiles desde
la publicación del registro de elegibles, el día 13 de julio de 2015, para efectuar en
tiempo la designación, es decir, hasta el 12 de agosto de 2015, y que, atendiendo
a que ocupó el puesto 117, “la FGN una vez conoció que no se posesionaron
todos los convocados de la lista según su orden de elegibilidad, debió, a más
tardar en los primeros tres meses del año siguiente (enero a marzo de 2016),
realizar la actualización de la lista de elegibles y haber redefinido el puntaje y
publicado en la lista en el orden correspondiente. Lo anterior, conforme a lo
previsto por el artículo 24 del Acuerdo No. 01 de 2006”.

Refirió que, no obstante lo anterior, esa entidad solo actualizó la lista de elegibles
hasta el 17 de julio de 2017, quince meses después del plazo determinado en la
normatividad vigente, “incurriendo en esa forma en una demora injustificable que
configura la falla del servicio”.

Expresó que, en este sentido, si bien no se encontraba en los primeros lugares de
elegibilidad de los cargos ofertados, lo evidente fue que no se realizó la
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Demandante: Elida Elizabeth Sarasty Mayorga

reclasificación, y que la posición que le dio la lista estaba vacante, “por lo que sí
resulta probada la falla en el servicio por la mora injustificada por lo que el término
que transcurrió entre la lista de elegibles y el nombramiento duró casi dos años
cuando podía haber sido nombrada con anterioridad al existir la vacante”.

Adujo que “en procesos similares de reparación directa la mencionada entidad
falló a favor del elegible o demandante”, por lo que considera que el derecho de
igualdad también debe acobijar a la accionante. Sostuvo que en dichos fallos se
ha indicado que la demora injustificada en los nombramientos en los cargos de
planta global constituye un daño antijurídico imputable a la Fiscalía General de la
Nación, y relacionó los siguientes pronunciamientos:

• Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B”,
expediente: 1100133430382018 0031101, demandante: María Ofelia González
Rodríguez.

• Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B”,
expediente: 1100133360612018 0028101.

• Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B”,
expediente: 110013336034201700343001.

• Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B”,
expediente: 110013336031201800019901.

• Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B”,
expediente: 11001-33-36-031-2017-00311-00.

• Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B”,
expediente: 110013343063201900257.

• Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B”,
expediente: 110013343 058 2017 00319 01.

• Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B”,
expediente: 11001333603720180004901.

3. Pretensiones

La accionante formuló las siguientes:

“PRIMERO: Honorables Magistrados, le solicito REVOCAR en todas y cada una de sus
partes, la sentencia providencia proferida el día Dieciocho (18) de noviembre de 2021,
y notificada por correo electrónico el día Veinticuatro (24) de noviembre de 2021,
emitida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION
TERCERA SUBSECCION “C” Magistrado ponente JOSE ELVER MUÑOZ BARRERA
Magistrado FERNANDO IREGUI CAMELO, y Magistrado MARIA CRISTINA
QUINTERO FACUNDO y el juzgado 31 Administrativo de Cundinamarca”.

4. Pruebas relevantes

Al expediente se allegó copia digital del expediente que contiene las actuaciones
del medio de control de reparación directa con radicado No.
11001334306020170034301, demandante: Elida Elizabeth Sarasty Mayorga.

De igual forma, el Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito de Bogotá remitió
copia de la sentencia de primera instancia, actas de la audiencia inicial y audiencia
de pruebas.
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Demandante: Elida Elizabeth Sarasty Mayorga

5. Trámite procesal

Por auto de 19 de abril de 2022, el despacho admitió la demanda y ordenó
notificar a las autoridades judiciales demandadas y a la demandante, De igual
forma, a la Fiscalía General de la Nación y a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, como terceras interesadas en el resultado del proceso.

La Secretaría General de esta corporación libro los oficios 45918, 45919, 45920,
45921,45922 de 26 de abril de 2022, con el fin de darle cumplimiento a la referida
decisión.1

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección “A”

Mediante memorial de 27 de abril de 2022, el magistrado ponente de la decisión
objetada rindió informe en el que solicitó que se declarara la improcedencia de la
acción constitucional por no acreditarse los requisitos exigidos
jurisprudencialmente para ese efecto.

Refirió que la Corte Constitucional estableció que la acción de tutela contra
providencias judiciales solo procede cuando se cumplen las causales genéricas y
las causales específicas de procedencia. Afirmó que el Consejo de Estado
mediante sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, adoptó los criterios
establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, en los que
se determina la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Manifestó que la demandante no cumplió con el requisito de relevancia
constitucional, toda vez que no atendió a la carga argumentativa mínima para
establecer alguna casual específica de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, pues se limitó a transcribir el contenido de sentencias en
las que se ha accedido a las pretensiones de reparación fundamentados en los
concursos de méritos adelantados por la Fiscalía General de la Nación.

Agregó que la acción constitucional no puede ser utilizada como una tercera
instancia, pues ello desatiende el carácter subsidiario y su naturaleza excepcional,
a lo que agregó que lo pretendido por la accionante es “crear una nueva instancia
y revivir debates ya superados relacionados con las normas que regían la
convocatoria 011 de 2008 realizada por la Fiscalía General de la Nación, lo cual
desborda el campo de protección de la acción de tutela”.

Por último, mencionó que en la providencia objetada tampoco se configura un
defecto sustantivo, pues, afirmó, en ella, realizada la valoración probatoria, se
evidenció que la Fiscalía General de la Nación tenía la obligación de proveer los
cargos ofertados en la Convocatoria No. 11 de 2008 en orden descendente con
los individuos que ocuparon los primeros puestos en el registro de elegibles, antes
de que venciera la vigencia de la misma. Afirmó que la accionante ocupo el puesto
170, por lo que era claro que la entidad desarrollo los nombramientos y las
posesiones respetando el orden de elegibilidad según el puesto que hubieran
ocupado los aspirantes en la lista definitiva de elegibles.

1
El accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes direcciones
de correo electrónico: jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co
tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co scs03sb03tadmincdm@notificacionesrj.gov.co
scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co jadmin60bt@cendoj.ramajudicial.gov.co mariaisaducuara@hotmail.com

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6.2. Respuesta del Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito de Bogotá,
Sección Tercera

A través de escrito de 28 de abril de 2022, el titular del despacho solicitó que se
declarara improcedente la acción de tutela promovida por la accionante, por
cuanto, sostuvo, esta no explica cómo se configuró la supuesta vía de hecho que
alega.

Anotó que de la lectura de la tutela promovida por la señora Elida Elizabeth
Sarasty Mayorga se estima que la inconformidad está basada en los diferentes
fallos de procesos similares proferidos por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca mediante los cuales concedían las pretensiones de los
accionantes, lo que no resulta suficiente para acceder a sus pretensiones.

Luego de hacer un recuento de las decisiones objetadas, indicó que en estas, del
material probatorio recaudado, no se evidenció que la Fiscalía General de la
Nación incurriera en un retardo injustificado, toda vez que debía demostrarse
como se produjo el agotamiento de la lista hasta llegar al puesto 117, lo cual no
ocurrió.

Finalmente, afirmó que no encuentra de que manera se pudo configurar una vía
de hecho con la sentencia de primera instancia ya que la misma fue adoptada de
conformidad con la carga probatoria presentada.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si la sentencia de 17 de febrero de 2022,
mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección “A”, confirmó la decisión que negó las pretensiones de la demanda de
reparación directa que la accionante promovió contra la Fiscalía General de la
Nación, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de
acceso a la administración de justicia, así como el principio de prevalencia de la
ley sustancial sobre la procesal, por cuanto, conforme con el dicho de aquella, no
acreditó que “la FGN, una vez conoció que no se posesionaron todos los
convocados de la lista según su orden de elegibilidad, debió, a más tardar en los
primeros tres meses del año siguiente (enero a marzo de 2016), realizar la
actualización de la lista de elegibles y haber redefinido el puntaje y publicado en la
lista en el orden correspondiente, no obstante, lo hizo el 17 de julio de 2017”.

Sostuvo que la demora en nombrarla en periodo de prueba a pesar de que quedó
en la lista de elegibles al culminar las diferentes etapas de la Convocatoria No. 13
de 2008, le ocasionó perjuicios atribuibles a la entidad demandada, y agregó que
el fallo objetado no tuvo en cuenta pronunciamientos del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B”, en los que se ha accedido a
las pretensiones en casos similares, los cuales se citaron en los fundamentos de
la acción.
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3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y
(ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde
resolver a otras jurisdicciones2.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20053, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin
que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría
frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional4.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como
criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como
requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de
la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala5, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela
no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir
asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de
discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que
el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la
decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo

2
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
3
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
4
la Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
5
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el
sentido de la propia decisión cuestionada.

iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en
el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no
está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar,
completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o
proponerse ante el juez natural.

v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por
más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda
de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de
interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las
decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir,
no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe
insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues
ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que,
en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. En el presente caso, la accionante considera que la sentencia de 17 de
febrero de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección “A”, vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como el
principio de prevalencia de la ley sustancial sobre la procesal, por cuanto no
acreditó que “la FGN, una vez conoció que no se posesionaron todos los
convocados de la lista según su orden de elegibilidad, debió, a más tardar en los
primeros tres meses del año siguiente (enero a marzo de 2016), realizar la
actualización de la lista de elegibles y haber redefinido el puntaje y publicado en la
lista en el orden correspondiente, no obstante, lo hizo el 17 de julio de 2017”.

Sostuvo que la demora en nombrarla en periodo de prueba a pesar de que quedó
en la lista de elegibles al culminar las diferentes etapas de la Convocatoria No. 13
de 2008 le ocasionó perjuicios atribuibles a la entidad demandada, y agregó que el
fallo objetado no tuvo en cuenta pronunciamientos del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en los que se ha accedido a las pretensiones “en procesos
similares de reparación directa la mencionada entidad falló a favor del elegible o
demandante”.

4.2. La Sala anticipa que la acción de tutela promovida por la parte actora es
improcedente, porque no se cumple con el requisito de relevancia constitucional,
tal y como se explica a continuación:

La señora Elida Elizabeth Sarasty Mayorga, en ejercicio del medio de control de
reparación directa, presentó demanda contra la Fiscalía General de la Nación en
la que solicitó que se declarara la responsabilidad extracontractual del Estado por
la falla en el servicio derivada de la demora en nombrarla en periodo de prueba, a

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pesar de que quedó en el puesto 117 de la lista de elegibles al culminar las
diferentes etapas de la Convocatoria No. 13 de 2008.

En primera instancia, el Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito de Bogotá en
sentencia de 14 de agosto de 2019, negó las pretensiones de la demanda, bajo el
argumento de que no se acreditó la posibilidad de hacer efectiva la lista de
elegibles de manera inmediata, ni se demostró que la accionante estuviera en una
posición de elegibilidad inferior al número de vacantes a proveer, de forma que
pudiera ser designada de manera prioritaria. Al respecto, sostuvo:

“Se infiere entonces que en tanto el número de integrantes de la lista de elegibles era
superior al número de vacantes a proveer, debió hacerse la designación inicial de quienes
estaban delante de la demandante en la lista respectiva de forma que no puede tenerse
por demostrada la ocurrencia de la falla en el servicio de la forma que plantea la
accionante, pues esta sostiene que el nombramiento debió efectuarse dentro de los 20
días siguientes a la firmeza de la lista, siendo necesario demostrar que la accionada
podía efectuar el nombramiento dentro de ese término.

En el presente caso, aceptar la tesis planteada por la parte actora no resulta posible
conforme al material probatorio recaudado, pues no se acreditó la posibilidad de
hacer efectiva la lista de manera inmediata y por el contrario se demostró que en
virtud de varios fallos de tutela esta tuvo que ser modificada, al tiempo que
tampoco se demostró que la accionante estuviera en una posición de elegibilidad
inferior al número de vacantes a proveer de forma que pudiera ser designada de
manera prioritaria.

No se demostró la forma en que se fue agotando el orden de elegibilidad de la lista
de elegibles, de manera que pudiera considerase; que la accionada incumplió con
su deber de proveer las vacantes con la lista dentro de los términos previstos para
el efecto.

En esa medida, no puede tenerse por demostrada la falla en el servicio que plantea la
parte actora como nexo causal del daño cuya reparación reclama.

8.3.2 ACERCA DEL DAÑO

En la medida en que no está demostrada la configuración de la antijuricidad de la
conducta de la demandada en cuanto a la forma de proveer las vacantes definitivas de
su planta de personal con los integrantes de la lista de elegibles, el daño cuya reparación
solicita la accionante, a título de daño emergente y corresponde a los salarios y
prestaciones dejados de percibir no deviene en antijurídico.

En este sentido, el ser parte de una lista de elegibles implica la obligación de
soportar el agotamiento de esta mediante designación de quienes están en mejor
posición en la misma, de manera que estando la accionante en el puesto 63, debió
soportar el agotamiento de los 62 nombramientos anteriores, lo cual
necesariamente consume un periodo de tiempo imprevisible en tanto se hace
necesario agotar para cada uno de ellos la designación, comunicación, término
para aceptación, etc., lo cual no se agotaría en los 20 días que se indica en la
demanda debieron emplearse.

Para que se configurara la falla del servicio como lo plantea la actora, habría sido
necesario demostrar que la designación podía hacerse dentro de los 20 días señalados
para el efecto, lo cual no se produjo.” (Resaltado de la Sala).

La ahora accionante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, en
escrito en el que insistió en que i) la Fiscalía General de la Nación incurrió en una
falla en el servicio, toda vez que su nombramiento se debía hacer dentro de los 20
días siguientes a la conformación de la lista de elegibles, ii) no se tuvo en cuenta
que transcurrieron más de 15 meses sin que la entidad hubiese realizado la
totalidad de los nombramientos y iii) la actualización de la lista de elegibles no se
hizo, lo que vulneró sus derechos.

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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, por
sentencia de 17 de febrero de 2022, confirmó la decisión de primera instancia,
bajo argumentos similares, es decir, consideró que en el caso no se acreditó la
existencia de un daño antijurídico ni la configuración de los elementos de la
responsabilidad del Estado.

En el fallo objeto de tutela, luego de hacer mención al procedimiento administrativo
que debía adelantar la Fiscalía General de la Nación para realizar los
nombramiento de las personas que se encontraban en la lista de elegibles, la
autoridad judicial accionada concluyó que la entidad llevó a cabo los
nombramientos y posesiones en periodo de prueba de quienes conformaban la
lista definitiva de elegibles respetando el orden de elegibilidad según el puesto que
ocupaban, sin que con esto vulnerara los derechos de la demandante. Sobre este
particular, indicó:

“34. En el presente asunto se observa que la entidad demandada actuó en
cumplimiento estricto de sus deberes funcionales y constitucionales, dentro del
término y acatando las normas propias que regían la convocatoria No. 11 de
2008, conforme a lo establecido en la Ley 938 de 2004 "Estatuto Orgánico de la
Fiscalía General de la Nación", en la cual, en lo pertinente al orden en que debían
proveerse los cargos convocados y realizarse los nombramientos en periodo de
prueba, señaló; (…)

35. Aunado a lo anterior, se tiene que el carácter vinculante, intangible e
inmodificable de la convocatoria como ley del concurso, no sólo tiene sustento en la
normativa parcialmente transcrita, sino que además la H. Corte Constitucional, en
reiterada jurisprudencia ha establecido lo siguiente (…)

36. Así mismo, se tiene que a pesar del término señalado en el artículo 40 del
Decreto Ley 020 de 2014, en el cual se indica que el nombramiento en periodo de
prueba debe realizarse dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación de la
lista de elegibles, lo cierto es que conforme a lo estipulado en el artículo 120 ibídem,
dicho término no es aplicable sobre los concursos que hayan iniciado con anterioridad
a la expedición del mencionado decreto ley, tal y como se indica en los siguientes
términos (…)

37. De lo anterior, se concluye que la Fiscalía General de la Nación, tenía
como obligación proveer los cargos ofertados en la convocatoria No. 011 de
2008, en estricto orden descendente con quienes ocuparon los primeros puestos
en el registro de elegibles, antes de que venciera la vigencia de la misma y como
la demandante ocupó el puesto 170 de la misma, es claro que la entidad llevó a
cabo los nombramientos y las posesiones en periodo de prueba, de todas y cada
una de las personas que conformaban la lista definitiva de elegibles, respetando
el orden de elegibilidad según el puesto que hayan ocupado en la lista definitiva
de elegibles.

38. Por otro lado, se tienen probados los siguientes hechos: i) la Comisión de la
Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación publicó la lista de elegibles a
través del Acuerdo No. 0036 del 13 de julio de 2015: ii) el 31 de marzo de 2017, ELIDA
ELIZABETH SARASTY MAYORGA presentó derecho de petición ante la Fiscalía
solicitando -entre otras- la actualización de la hoja de vida y reclasificación de la lista
de elegibles; iii) el 7 de abril de 2017, la Fiscalía contestó la petición en el sentido de
no conceder la actualización solicitada; iv) ante esta situación la demandante ejerció
acción de tutela -entre otras- por la vulneración al derecho de petición; v) El Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Primera-, el 26 de abril de 2017, protegió los
derechos fundamentales de la accionante, y ordenó a la Fiscalía que "estudie y evalúe
la solicitud de reclasificación de la lista de elegibles para la convocatoria número 011
de 2008 [. . .] emitiendo la respuesta correspondiente [. . .]"; vi) la Fiscalía en
cumplimiento de esta sentencia de tutela adoptó las siguientes decisiones: a) mediante
el Acuerdo No. 0046 del 22 de mayo de 2017, se efectuó la actualización del puntaje en
el Listado de Elegibles de ELIDA ELIZABETH SARASTY MAYORGA pasando a ocupar
el puesto No. 62; b) a través del Acuerdo No. 0082 del 12 de julio de 2017, conformó
la Lista Definitiva de Elegibles; vii) ese mismo día, mediante Resolución No. 0-2431 del

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Demandante: Elida Elizabeth Sarasty Mayorga

12 de julio de 2017 de la Fiscalía General de la Nación, se efectúa el nombramiento de
la demandante”. (Resaltado de la Sala).

Lo anterior permite evidenciar que el Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito
de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección “A”, estudiaron lo relativo a la supuesta mora en el nombramiento en
periodo de prueba de la accionante en la Fiscalía General de la Nación, pues
verificaron que la entidad demandada actuó de acuerdo con lo establecido en la
Ley 938 de 2004 y la Convocatoria No. 13 de 2008, es decir, en el orden de
elegibilidad según el puesto que se hubiera ocupado en la lista definitiva de
elegibles, razón por la cual no se probó la falla en el servicio ni la existencia de un
daño antijurídico que la demandante no estuviera en la obligación de soportar.

4.3. En este sentido, a juicio de la Sala, los reproches desarrollados por la
accionante en el escrito de tutela lo que en realidad pretenden es darle
continuidad al debate relacionado con el estudio de una supuesta falla en el
servicio de la Fiscalía General de la Nación por la demora en el nombramiento en
periodo de prueba en la planta global y la supuesta configuración de unos
perjuicios materiales y económicos, aspecto que ya fue motivo de estudio en el
curso del proceso ordinario en sus dos instancias, en el que se concluyó que la
demandante no probó el daño antijurídico ni que la entidad demandada debía
responder por los perjuicios alegados en la demanda.

En dicho proceso se concluyó que los mencionados nombramientos se realizaron
de acuerdo con lo establecido en la Ley 938 de 2004 y la Convocatoria No. 13 de
2008, es decir, en orden descendente y durante la vigencia de la lista definitiva de
elegibles. Cuestión diferente es que la parte actora, al no estar de acuerdo con la
apreciación que se hizo sobre dicho cargo por parte de las autoridades judiciales
accionadas, presentara los mismos argumentos en la acción de tutela, bajo la
supuesta vulneración de derechos fundamentales, lo que evidencia que el
mecanismo de tutela se está utilizando como una instancia adicional al proceso
que originó la controversia y desconoce el requisito de la relevancia constitucional.

Al respecto, es necesario recordar que la Corte Constitucional en sentencia SU-
573 de 20196, estableció que la relevancia constitucional tiene tres finales, a
saber: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de
la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces”7.

4.4. De otra parte, frente a la supuesta vulneración del derecho a la igualdad con
ocasión del desconocimiento de unas sentencias en las que el mismo tribunal
accionado ha accedido a lo pretendido en casos con fundamentos fácticos
similares al de la accionante, basta indicar que se trata de fallos proferidos por la
Subsección “B” de esa Corporación, autoridad judicial que se encuentra en
igualdad funcional con la Subsección “A”, por lo que sus decisiones no constituyen
precedente obligatorio para la autoridad judicial accionada.
Es decir, se trata de un precedente horizontal, el cual, conforme con las reglas
jurisprudenciales que han desarrollado el defecto por desconocimiento del

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M.P.: Carlos Bernal Pulido.
7
Postura reiterada en sentencia SU-128 de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger.
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precedente, no es vinculante, so pena de socavar la autonomía con la que
cuentan los jueces de conocimiento.

Lo anterior, es razón suficiente para concluir que la accionante acudió a la acción
de tutela con el fin de solicitar el amparo constitucional de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de
justicia, así como el principio de prevalencia de la ley sustancial sobre la procesal,
con inobservancia del requisito de la relevancia constitucional, toda vez que insiste
en el mismo debate relacionado con la supuesta falla en el servicio en que habría
incurrido la Fiscalía General de la Nación por la demora en el nombramiento en
periodo de prueba y los perjuicios materiales que supuestamente se causaron, lo
que evidencia la intención de dar continuidad a un debate de naturaleza litigiosa y
económica.

Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de
tutela, por no cumplir el requisito de la relevancia constitucional.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
señora Elida Elizabeth Sarasty Mayorga contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A” y el Juzgado Sesenta
Administrativo del Circuito de Bogotá, por las razones aquí expuestas.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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