Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-06569-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-06569-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-06569-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
4 de mayo de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06569-01
Demandante: Latina Londoño Palacios
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2022-06569-01
Demandante LATINA LONDOÑO PALACIOS
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
TERCERA, SUBSECCIÓN A.
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Desconocimiento
del precedente judicial: horizontal. Medio de control de
reparación directa. Mora injustificada en el nombramiento en
periodo de prueba a servidores de la Fiscalía General de la
Nación.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la señora Latina Londoño Palacios
contra la sentencia del 2 de febrero 2023, proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, que dispuso:
“Primero: Negar el amparo constitucional deprecado por la señora Latina Londoño Palacios,
a través de la acción de tutela instaurada en contra del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.”1
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 9 de diciembre de 20222, por conducto de apoderada judicial, la señora Latina
Londoño Palacios interpuso acción de tutela contra la Subsección A de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y los
principios de seguridad jurídica y buena fe. En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones3:
(sic para toda la cita) “PRIMERO: Honorables Magistrados, les solicito amparar el derecho
fundamental de igualdad de la Señora LATINA LONDOÑO PALACIOS, teniendo en cuenta
que existen fallos con igual objeto de la litis y fallaron a favor de los demandantes y a la Señora
LATINA LONDOÑO PALACIOS le desconocieron el derecho de igualdad frente a los fallos
en segunda instancia.
SEGUNDO: REVOCAR el segundo numeral, de la sentencia providencia proferida el día seis
(06) de octubre de 2022, y notificada por correo electrónico el día Catorce (14) de octubre de
2022 a través del cual dispuso: NEGAR las pretensiones de la sentencia de primera instancia
de fecha treinta (30) de agosto de dos mil veintiuno (2021), proferida por el Juzgado Treinta y
Ocho (38) Administrativo del Circuito de Bogotá, de conformidad con las consideraciones
expuestas, emitida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINARMARCA SECCION
TERCERA SUBSECCION A Magistrado Ponente JUAN CARLOS GARZON MARTINEZ
Magistrada BERTHA LUCY CEBALLOS POSADA Magistrado ALFONSO SARMIENTO
CASTRO.”4 (sic para toda la cita)
1 Páginas 24 y 25 del fallo de tutela de primera instancia. Expediente digitalizado. Samai, índice 15.
2 Samai, índice 2.
3 Páginas 38 y 39 de la acción de tutela. Expediente digitalizado. Samai, índice 2.
4 Páginas 8 y 9 de la acción de tutela. Samai, índice 2.
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Demandante: Latina Londoño Palacios
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. La señora Latina Londoño Palacios promovió medio de control de reparación
directa contra la Nación, Fiscalía General de la Nación para que se declarara
su responsabilidad administrativa y patrimonial con ocasión al retardo
injustificado para nombrarla en período de prueba en el cargo de Auxiliar I de
la Convocatoria No. 015-2008. Como consecuencia de la anterior declaración,
solicitó el pago de perjuicios materiales.
Manifestó que el registro de elegibles cobró firmeza el 13 de julio de 2015 y el
nombramiento en periodo de prueba se concretó hasta el 12 de julio de 2017
(Resolución nro. 0340), lo que supone una trasgresión al artículo 40.2 del
Decreto Ley 020 de 20145; disposición normativa que establece que “El
nombramiento en período de prueba debe producirse dentro de los veinte (20) días hábiles
siguientes al recibo de la lista de elegibles”
2.2. Del asunto conoció en primera instancia el Juzgado treinta y ocho
Administrativo del Circuito de Bogotá, bajo el radicado nro. 110013336038-
2019-00293-00. En sentencia del 30 de agosto de 2021, el juez declaró la
caducidad de la acción y se declaró inhibido para dictar sentencia, al
considerar que la caducidad del medio de control inició contados veinte días
luego de la firmeza de la lista de elegibles. Ello implica que el cómputo inició
el 13 de agosto de 2015 y finalizó el 13 de agosto de 2017. Pero la demanda
se incoó el 7 de octubre de 2019.
2.3. La demandante recurrió esta decisión ante la Subsección A de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, por sentencia del 6
de octubre de 2022, revocó el fallo de primera instancia para, en su lugar,
negar las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte actora.
En la parte motiva de la providencia, el a quem expuso que no se concretó el
fenómeno de caducidad de la acción porque el cómputo de la caducidad en
realidad inició el 1° de agosto de 2017 (fecha de posesión en el cargo), pues
hasta ese momento cesó la omisión causante del daño alegado. En
consecuencia, el plazo de interposición oportuna de la acción era hasta el 2
de agosto de 2019, por lo que no se concretó la caducidad teniendo en cuenta
el lapso de suspensión con ocasión de la solicitud de conciliación extrajudicial.
Luego de analizar el fondo del debate, el Tribunal negó las pretensiones de la
demanda por considerar que la Convocatoria 015 de 2008 inició en vigencia
de la Ley 938 de 2004 y, por tanto, continuó rigiéndose por esa normativa y,
por tanto, las disposiciones del Decreto Ley 020 de 2014 no le eran aplicables
al caso particular. De otra parte, indicó que, no se probó que la Fiscalía
General de la Nación hubiera incurrido en un retardo injustificado al realizar el
nombramiento de la hoy accionante en periodo de prueba.
2.4. La sentencia registró salvamento de voto de la magistrada Bertha Lucy
Ceballos quien consideró que en el caso particular sí operó el fenómeno de
caducidad de la acción, por lo que debió confirmarse en integridad el fallo de
primera instancia. Aclaró que, si bien compartía la conclusión de que en el
caso concreto no se acreditó la responsabilidad extracontractual del Estado,
lo cierto es que ni siquiera debió procederse con este estudio, dada la
inoportunidad de la acción.
5 “Por el cual se clasifican los empleos y se expide el régimen de carrera especial de la Fiscalía General de
la Nación y de sus entidades adscritas”.
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3. Fundamentos de la acción
La señora Latina Londoño Palacios estima que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A incurrió en violación de su derecho
fundamental a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, dado que falló
su demanda de reparación directa sin considerar las sentencias judiciales
relevantes que sobre ese tema profirió la misma Corporación y en las que sí se
accedió a las pretensiones indemnizatorias.
Como fundamento de lo anterior, relacionó los apartes de una providencia que
indicó que era del Consejo de Estado, pero no la identificó.
Adicionalmente, solicitó que para resolver el caso particular se tomaran en
consideración las siguientes providencias de la Subsección B de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que guardan similitud fáctica y jurídica
con el asunto analizado y en las que esa Corporación accedió a las pretensiones de
la demanda. Veamos:
• Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B.
Magistrado: Franklin Pérez Camargo. Expediente: 110013336031-2018 00199-01.
Sentencia de segunda instancia.
• Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B.
Magistrado: Franklin Pérez Camargo. Expediente: 110013343-058-2017 00319 01.
Sentencia de segunda instancia.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En auto del 14 de diciembre de 2022, el despacho sustanciador de la primera
instancia admitió la acción de tutela interpuesta por la señora Latina Londoño
Palacios en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A.
En la misma providencia, se vinculó a la Nación, Fiscalía General de la Nación
en calidad de tercero con interés, dada su condición de entidad demandada
en el proceso de reparación directa radicado bajo el Nro. 11001-33-36-038-2019-
00293-00/01.
4.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, por conducto del ponente de la decisión cuestionada, solicitó
que se declare la improcedencia de la acción de tutela ya que: no se evidencia
la configuración de un perjuicio irremediable que justifique la intervención del
juez constitucional; el caso carece de relevancia constitucional; y la sentencia
no afecta los derechos fundamentales del actor.
Como argumento subsidiario indicó que el cargo por desconocimiento del
precedente judicial no tiene vocación de prosperidad, porque la decisión
acusada se basó en la valoración de los medios de prueba del proceso y la
aplicación del marco jurídico que la Sala consideró, en ejercicio de su
autonomía e independencia, que era el adecuado.
Reiteró que el caso particular debía analizarse al amparo de la Ley 938 de
2004, porque el concurso inició en vigencia de ese marco normativo.
Agregó, que es posible que dos Salas de decisión de la misma categoría
sostengan un criterio jurídico diferente frente a un problema jurídico similar,
siempre que cada uno de ellos este suficientemente motivado y fundamentado.
4.3. La Nación, Fiscalía General de la Nación no dio respuesta a esta acción de
tutela.
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5. Providencia impugnada
En sentencia del 2 de febrero de 2023, la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado negó las pretensiones de la acción de tutela.
En primer lugar, precisó que los argumentos de la solicitud de amparo se podían
adecuar con el defecto por desconocimiento del precedente judicial.
Luego, indicó que las sentencias que la parte actora invocó como desconocidas no
se erigen como precedente vinculante para decidir el caso particular, dado que se
trata de Salas de decisión diferentes dentro de la misma Corporación, es decir, de
diferentes tesis construidas y abanderadas, por la Subsección B y la Subsección A
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En esa línea, advirtió que la divergencia de criterio entre las Salas no concreta
defecto por desconocimiento del precedente, comoquiera que, en ejercicio de su
independencia y autonomía los jueces tienen la potestad de definir, atendiendo a
los fundamentos fácticos y jurídicos de cada asunto, el criterio de decisión.
6. Impugnación
La parte actora impugnó la sentencia de tutela de primera instancia.
Sostuvo que, en caso de conflicto entre la interpretación de las normas estas deben
resolverse atendiendo a los criterios de interpretación establecidos en las leyes 57
y 153 de 1887, esto es, según los criterios jerárquico, cronológico y de especialidad.
Y que cuando el conflicto comprende normas laborales el intérprete debería aplicar
aquella que resulte más favorable para el trabajador.
En consecuencia, reitera, que se concretó un trato desigual frente a la hoy
accionante que se traduce en una clara vulneración al artículo 122 de la Constitución
Política y el principio de favorabilidad en materia laboral.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19916, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales7
6 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
7 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son:
i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya
utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus
derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial
(inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión
proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
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y especiales8 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional9 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.
Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un
mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso
3. Planteamiento del problema jurídico
En el escrito de impugnación, la accionante reiteró que la sentencia acusada
materializaba un trato desigual injustificado y, agregó que, la Subsección A de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca debió acudir a los
criterios de interpretación y al principio de favorabilidad para definir cuál era la norma
aplicable al caso concreto, a efectos de analizar si se configuró la mora en su
nombramiento en periodo de prueba en el cargo de Auxiliar I de la Convocatoria No.
015-2008 de la Fiscalía General de la Nación.
Entonces, la Sala debe establecer, si la Subsección A de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en violación de los derechos a la
igualdad y al debido proceso de la señora Latina Londoño al proferir la sentencia
del 6 de octubre de 2022, en el marco del medio de control de reparación directa
sub examine.
4. Análisis del caso concreto: del precedente judicial, el principio de
favorabilidad y los criterios de interpretación legal
4.1. El precedente judicial alude a que un caso similar ya ha sido resuelto en el
pasado y sirve como referente para que se decidan otros conflictos
semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser considerado por el
juez al momento de decidir el nuevo caso.
La Corte Constitucional ha sostenido que la aplicación del precedente judicial
implica que, “un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los)
caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son
semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia
jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente
y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más
específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación” 10.
Para la Sala es posible plantear la transgresión del precedente si se
demuestra: (i) la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan
identidad fáctica y jurídica con el caso en que se solicita su aplicación
8 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
9 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
10 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-1029 de 2010. M.P. Humberto Sierra Porto.
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(existencia del precedente); (ii) que tales decisiones (precedentes) sean
vinculantes para la autoridad judicial demandada, tanto por ser el precedente
vigente, como por tener la fuerza vinculante suficiente (vinculatoriedad); (iii)
que la decisión judicial que se cuestiona en sede de tutela sea contraria al
precedente vinculante (contradicción con el precedente vinculante); (iv) que el
juez de instancia no presente una justificación razonable para apartarse del
precedente vinculante.
A partir de lo anterior, debe considerarse que, por regla general, los jueces de
lo contencioso administrativo deben guiarse en la solución de sus asuntos, por
la jurisprudencia vinculante. Este concepto cobija tanto el precedente vertical
como el horizontal. El primero, refiere a las reglas de decisión fijadas por
autoridad judicial de igual jerarquía. El vertical se relaciona con los
lineamientos establecidos por instancias superiores, es decir, por los órganos
de cierre de cada jurisdicción o por la Corte Constitucional11.
4.2. En el caso objeto de análisis, el problema jurídico se centró en determinar si
el tiempo en que tardó la Fiscalía General de la Nación en nombrar a la señora
Latina Londoño en periodo de prueba en el cargo de Auxiliar I, con ocasión a
la Convocatoria 015 de 2008, le causó un daño antijurídico que debe ser
reparado por el Estado.
Según la tesis defendida por la parte demandante, sí se concretó una mora
injustificada debido a que el Registro de Elegibles cobró firmeza el 13 de julio
de 2015 y el nombramiento en periodo de prueba se concretó hasta el 12 de
julio de 2017 (Resolución nro. 0340).
Estima que la anterior situación, supone una trasgresión al artículo 40.2 del
Decreto Ley 020 de 2014, según el cual: “El nombramiento en período de prueba debe
producirse dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes al recibo de la lista de elegibles.”
4.3. Este alegato fue descartado por el Tribunal accionado en la sentencia
acusada, pues consideró que el término antes mencionado no es aplicable al
caso particular.
En esa línea, precisó que la Fiscalía General de la Nación tiene un sistema
especial de carrera regulado por la Ley 938 de 2004, modificado por el Decreto
020 de 2014. Y, como la Convocatoria 015 de 2008 inició en vigencia de la
primera normativa destacó que son sus disposiciones las que deben
considerarse como fundamento jurídico del caso particular.
Al respecto, citó apartes de la sentencia C-878 de 2008 en la que se indicó
que, “(…) los concursos de mérito que ya se iniciaron en esa entidad deben seguir su proceso
y culminar de acuerdo con lo establecido en los reglamentos que en su momento fueron
dictados por la mencionada Comisión Nacional de Administración de la Carrera de la Fiscalía.”
Así las cosas, concluyó que para el caso objeto de estudio no es aplicable el
término de 20 días contenido en el artículo 40 del Decreto Ley 020 de 2014,
sino que la Fiscalía General de la Nación debió guiarse por los artículos 66 a
68 de la Ley 938 de 2004. Es decir que, la provisión de los cargos debe
realizarse en orden descendente y tendrá una vigencia de dos años desde que
queda en firme el registro de elegibles. Bajo estas premisas, el Tribunal
accionado resolvió así el problema jurídico:
“En este caso, advierte la Sala que, dando aplicación a las normas previstas en la Ley 938 del
30 de diciembre de 2004, se concluye: 1. la Fiscalía General de la Nación tenía el deber de
proveer los cargos ofertados en la convocatoria “en estricto orden descendente” con quienes
ocuparon los primeros puestos en el Registro de elegibles y antes de que venciera la vigencia
de la lista; 2. Mediante Acuerdo 0040 de 13 de julio de 2015, se expidió la lista de elegibles de
11 Cfr. Corte Constitucional de Colombia. SU113 de 2018; T-309 de 2015 y T-794 de 2011.
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la convocatoria 015–2008, en la cual, la señora Latina Londoño ocupó el puesto No. 41 de 61
cargos convocados, razón por la cual, la entidad no estaba a obligada a nombrarla, sino hasta
que efectuaran los nombramientos de las personas que obtuvieron los puestos anteriores
dentro del número de cargos ofertados.
En ese orden, de los elementos de juicio aportados al plenario, no se evidencia la existencia
alguna conducta de negligencia o retardo injustificado, y así lo ha sostenido esta Corporación
en reiteradas oportunidades12, si se tiene en cuenta, por un lado, que las reglas de la
convocatoria no indicaban el término de los 20 días hábiles que alega la demandante, y por el
otro, la parte demandante, pese a que alega un retardo injustificado, únicamente lo plantea
apoyándose en el término de los 20 días hábiles, el cual como ya se indicó no era aplicable a
la convocatoria, y sin traer al plenario, prueba alguna que demostrara un retardo injustificado
de la Fiscalía General de la Nación, en realizar su nombramiento, luego de haber efectuado
el de quienes se encontraban en una mejor posición, y esa era una carga probatoria que le
correspondía asumir, de conformidad con lo previsto en el artículo 167 del C.G.P.” 13
4.4. Ahora bien, el cargo por violación al derecho a la igualdad del accionante y el
de desconocimiento del precedente judicial se fundamentó en que el Tribunal
accionado desatendió las providencias emitidas por esa misma Corporación,
en las que en casos similares al suyo sí se accedió a las pretensiones de la
demanda con fundamento en el artículo 40 del Decreto 020 de 2014 y, en los
que concluyó que se concretó la demora injustificada como hecho dañoso.
En estas providencias, se indicó que la Ley 938 de 2004 no contempla el
término en el cual la Fiscalía debe efectuar el nombramiento de quienes se
encuentran en el Registro de Elegibles, por lo que, por analogía debe aplicarse
el artículo 40 del Decreto Ley 020 de 2014.
Observa la Sala que las providencias relacionadas para fundamentar este
cargo fueron emitidas por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca14, pero fue la Subsección A la que emitió la
sentencia que en esta oportunidad se analiza.
Entonces, si bien es cierto que existe similitud fáctica entre los casos objeto
de comparación, también lo es, tal como lo evidenció el a quo, que los
magistrados que profirieron una y otra sentencia no son los mismos, pues
hacen parte de Salas de decisión diferentes.
La sentencia que en esta oportunidad se analiza, fechada del 6 de octubre de
2022, fue firmada por los magistrados: Juan Carlos Garzón Martínez, Alfonso
Sarmiento Castro y Bertha Lucy Ceballos Posada. Mientras que las
providencias que se traen como parámetro, fueron firmadas por los
magistrados: Henry Aldemar Barreto Mogollón, Franklin Pérez Camargo y
Clara Cecilia Suárez Vargas.
Al tratarse de funcionarios de igual categoría, en principio, no es dable exigirles
que acojan sin más las tesis o posturas de otra Sala, pues podría afectar su
autonomía e independencia en la decisión razonable de los casos.
Es comprensible que entre jueces de la misma categoría y jerarquía confluyan
criterios diferentes frente a escenarios fácticos similares y esa autonomía de
decisión está amparada por el artículo 228 de la Constitución Política. Luego,
las Salas de Decisión de los Tribunales deben atender en virtud del principio
de coherencia y el derecho a la igualdad a su propio precedente judicial y en
12 Al respecto ver: sentencia del día 17 de febrero de 2022, MP. Juan Carlos Garzón Martínez, rad. No. 2017-
343; sentencia del día 03 de febrero de 2022, MP. Juan Carlos Garzón Martínez, rad. No. 2017-343;
sentencia del día 14 de octubre de 2021, MP. Bertha Lucy Ceballos Posada, Rad. No. 2018-289; sentencia
del día 29 de julio de 2021, MP. Alfonso Sarmiento Castro, Rad. No. 2018-460
13 Páginas 10 y 11 de la sentencia del 6 de octubre de 2022. Expediente digitalizado del medio de control de
reparación directa nro. 11001333603820190029301. Samai, índice 12.
14 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B. Magistrado: Franklin Pérez
Camargo. Expediente: 110013336031-2018 00199-01 y Sección Tercera, Subsección B. Magistrado:
Franklin Pérez Camargo. Expediente: 110013343-058-2017 00319 01.
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Demandante: Latina Londoño Palacios
virtud de la jerarquía y facultad de unificación jurisprudencial las providencias
de los Tribunales de Cierre15.
Como se indicó, asunto diferente es cuando la Sala de decisión desconoce su
propio precedente, pues en ese escenario es posible exigir la coherencia en
las posturas para decidir los casos puestos en su consideración y su impacto
en el derecho a la igualdad, pero este escenario no se concretó. De hecho, la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca fue coherente con su propio precedente, tal como lo demostró
en la parte motiva de la providencia acusada.
4.5. Así pues, en el caso concreto se estima que el Tribunal accionado adelantó un
análisis apropiado y debidamente motivado del marco jurídico a analizar
conforme a las particularidades fácticas del asunto puesto a su consideración,
sin que se estime aceptable imponer la tesis de otra Sala de la misma
Corporación judicial.
En consecuencia, esta Sala considera que le asistió razón al a quo al indicar
que la sentencia del 6 de octubre de 2022 no concreta la vulneración del
derecho fundamental a la igualdad de la accionante, sino que las diferentes
subsecciones de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca han desarrollado criterios de interpretación normativa diferente
en casos como el que se analiza.
4.6. Ahora, en lo que respecta a la aplicación del principio de favorabilidad para
interpretar la norma aplicable al caso concreto, conviene precisar en primer
lugar, su alcance al amparo de la jurisprudencia constitucional. Así pues,
según el Tribunal Constitucional este principio se aplica “(…) en los casos en que
existe duda sobre la disposición jurídica aplicable, en tanto se encuentran dos o más textos
legislativos vigentes al momento de causarse el derecho.”16
Establecido lo anterior, se tiene que en el caso que se analiza la Subsección
A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no
identificó una colisión en relación con la normativa aplicable en razón a su
vigencia para decidir el caso particular. De hecho, estableció como premisa
que, dado que la Convocatorio 015 de 2008 inició en vigencia de la Ley 938
de 2008, debía seguirse rigiendo por ésta, es más, la Subsección B también
acepta que la Ley 938 es, en principio, la aplicable para dirimir el asunto.
Luego, este caso no refiere a la colisión entre dos normas vigentes y el deber
de elección de la más favorable, por lo que no es dable reprochar al Tribunal
15 En similar sentido, véase (i) la sentencia de tutela del 30 de junio de 2022, proferida por esta Sección dentro
del proceso número 11001-03-15-000-2022-02130-00, donde fue accionante la señora Elida Elizabeth
Sarasti Mayorga. M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
“(…) frente a la supuesta vulneración del derecho a la igualdad con ocasión del desconocimiento de unas
sentencias en las que el mismo tribunal accionado ha accedido a lo pretendido en casos con fundamentos
fácticos similares al de la accionante, basta indicar que se trata de fallos proferidos por la Subsección “B” de
esa Corporación, autoridad judicial que se encuentra en igualdad funcional con la Subsección “A”, por lo que
sus decisiones no constituyen precedente obligatorio para la autoridad judicial accionada.”
Y (ii) la sentencia del 13 de abril de 2023, Procero número 11001-03-15-000-2022-06648-01, de la misma
ponente:
“(…) Se debe precisar que, tratándose del precedente horizontal, su observancia no es tan rigurosa como
la que se predica del precedente vertical, pues, es apenas comprensible que, en virtud de la autonomía
judicial, entre jueces de igual nivel funcional existan criterios de interpretación y decisión distintos frente a
casos análogos. Es decir, en tanto el precedente judicial supuestamente desconocido no fue proferido por
el superior funcional, ni por la propia autoridad judicial, esta podía decidir libremente el asunto, atendiendo
a los límites de la razonabilidad. Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que “cuando el término de
comparación no está́ dado por los propios precedentes del juez sino por el de otros despachos judiciales, el principio de
independencia judicial no necesita ser contrastado con el de igualdad. El juez, vinculado tan sólo al imperio de la ley (CP
art. 230), es enteramente libre e independiente de obrar de conformidad con su criterio”. (…)
16 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-267 de 2019. Alberto Rojas Ríos.
8
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-06569-01
Demandante: Latina Londoño Palacios
accionado un yerro en la sentencia por la omisión de la aplicación de este
principio.
4.7. Ahora, en cuanto a la acusación de no haber atendido a los criterios de
interpretación normativa, contenidos en la Ley 57 y 153 de 1887, para decidir
la normativa aplicable al caso concreto, esta Sala observa que sí fueron
considerados por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
accionado, asunto diferente es que no se hayan utilizados los mismos criterios
y con el mismo alcance que la Subsección B de esa Corporación.
Y al respecto se recuerda que los jueces son independientes en sus
decisiones, siempre que estas atiendan a parámetros de motivación suficiente
y razonabilidad, como se estima sucedió en el caso particular. Luego, se
insiste, la tesis de interpretación defendida por la autoridad judicial accionada
no se estima vulneradora de los derechos fundamentales de la aquí
accionante.
5. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala considera que la decisión del juez de tutela de
primera instancia fue acertada, pues el análisis del caso deja en evidencia que la
sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca se fundamentó en el análisis razonable del marco
jurídico vigente y vinculante para su resolución y en la valoración conjunta de las
pruebas del proceso.
En consecuencia, se confirmará la decisión impugnada que negó la prosperidad de
los argumentos que sustentaron el cargo por desconocimiento del precedente
judicial.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la decisión impugnada, proferida el 2 de febrero de 2023, por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dadas las
razones expuestas en esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviarla a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) Ausente con permiso
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
9
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