Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-06648-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-06648-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-06648-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-06648-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
13 de abril de 2023
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06648-01
Demandante: CHEILA FERNANDA CRUZ CASTAÑEDA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06648-01
Demandante: CHEILA FERNANDA CRUZ CASTAÑEDA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCION TERCERA, SUBSECCION “A”
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de
reparación directa por demora de nombramiento en propiedad
en un cargo de carrera administrativa. Desconocimiento del
precedente judicial horizontal
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la parte actora, a través de apoderado judicial, contra la sentencia
de 2 de febrero de 2023, dictada por la Sección Segunda, Subsección “A” del
Consejo de Estado, dentro de la solicitud de tutela en la que dispuso negar sus
pretensiones.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La accionante manifestó que se inscribió y participó en el concurso abierto de
méritos del área administrativa No. 14 de 2008, convocado por la Comisión Nacional
de Administración de Carrera de la Fiscalía General de la Nación, en el que obtuvo
el puesto 21 de la lista de elegibles de 42 plazas ofertadas para el cargo de
Asistente Administrativo I.
Sostuvo que fue nombrada el 12 de julio de 2017, a través de la Resolución No.
002431 en el cargo de Asistente I, en la Dirección de Asuntos Jurídicos, y se
posesionó el 1º de agosto de 2017 mediante acta No. 0036.
Afirmó que, en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentó
demanda contra la Fiscalía General de la Nación, en la que solicitó el pago de los
perjuicios materiales y económicos causados por la demora en realizar el
nombramiento en periodo de prueba y, posteriormente, en propiedad en la planta
global de esa entidad.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06648-01
Demandante: CHEILA FERNANDA CRUZ CASTAÑEDA
Señaló que del proceso conoció en primera instancia el Juzgado Sesenta
Administrativo del Circuito de Bogotá, que en fallo de 4 de junio de 2021 negó las
pretensiones de la demanda luego de considerar que en el caso no se demostró que
la demandada hubiera incumplido con su deber de proveer las vacantes con la lista
dentro de los términos previstos para ese efecto.
Por último, adujo que contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación, el
cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección “A”, en sentencia de 27 de octubre de 2022, en la que confirmó el fallo
apelado, bajo la consideración de que la demandante fue nombrada y posesionada
los días 12 de julio de 2017 y 1º de agosto de 2017, cuando se encontraba vigente
la lista de elegibles, lo que permitía concluir que tal actuación tuvo lugar dentro del
término establecido en la convocatoria No. 014 de 2008, por lo que no se
configuraba la responsabilidad estatal.
2. Fundamentos de la acción
La accionante presentó acción de tutela con el objeto de que el juez constitucional
proteja los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, así como los principios de buena fe y seguridad jurídica,
vulnerados, supuestamente, con la sentencia de 27 de octubre de 2022, mediante la
cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”,
confirmó el fallo que negó las pretensiones en el marco del medio de control de
reparación directa que promovió contra la Fiscalía General de la Nación, con el fin de
que se le declarara administrativamente responsable por los perjuicios materiales y
económicos causados a raíz de la demora en efectuar el nombramiento y posesión
en el cargo para el cual concursó y en el que conformó la lista de elegibles.
Mencionó que la convocatoria es la norma regulatoria del concurso, obligatoria e
inmodificable para las entidades y para quienes en él participan, “situación que fue
compartida por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en su
concepto rendido en lo que tiene que ver con la ‘carrera administrativa en la Fiscalía
General de la Nación. Concurso de Méritos. Lista de elegibles’, en el que manifestó
que los aspirantes que ocupan el primer lugar en la lista de elegibles tienen el
derecho adquirido de ser nombrados en los cargos correspondientes”.
Afirmó que, conforme con lo anterior, y en los términos del artículo 66 de la Ley 938
de 2004, el registro de elegibles contaba con una vigencia de 2 años, la cual tiene
como finalidad que la entidad llene las vacantes que originaron el concurso, es decir,
únicamente los cargos que fueron ofertados.
Adujo que, en ese sentido la Fiscalía General de la Nación contaba con 20 días
hábiles desde la publicación del registro de elegibles -13 de julio de 2015-, para
efectuar en tiempo la totalidad de los nombramientos en igual número de vacantes
ofertadas “y no uno a uno, pues ello implica una demora injustificada”.
Refirió que, en este sentido, “las vacantes deben ser ocupadas por los primeros
elegibles de las vacantes ofertadas, es decir, que la Señora CHEILA FERNANDA
CRUZ CASTAÑEDA debía ser nombrada dentro de los primeros 20 días siguientes a
la publicación de la lista de elegibles por encontrarse dentro del número de vacantes
ofertadas”.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06648-01
Demandante: CHEILA FERNANDA CRUZ CASTAÑEDA
Indicó que “en procesos similares de reparación directa se ha fallado a favor del
elegible o demandante, y por derecho a la igualdad también acobija a la señora
CHEILA FERNANDA CRUZ CASTAÑEDA”. Al respecto, relacionó los siguientes
pronunciamientos, en los que se indicó que pese a que la Fiscalía General de la
Nación desde la entrada en vigencia de los registros de elegibles efectuó algunos
nombramientos en las convocatorias, “lo cierto es que esa gestión no fue célere y no
se ajustó a la obligación legal exigida, toda vez que transcurrió más de un año desde
la emisión de la lista de elegibles, lo que demuestra retardo injustificado en los
nombramientos”:
• Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera Subsección “B”,
M.P. Franklin Pérez Camargo, expediente: 110013336031201800019901,
demandante: Beatriz Torres Chaves, demandado: Fiscalía General de la
Nación.
• Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera Subsección “B”,
M.P. Franklin Pérez Camargo, expediente: 11001334305820170031901,
demandantes: Hernán Torres Ávila, demandado: Fiscalía General de la
Nación.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formulan las siguientes:
“PRIMERO: Honorables Magistrados, les solicito amparar el derecho fundamental de
igualdad de la Señora CHEILA FERNANDA CRUZ CASTAÑEDA, teniendo en cuenta
que existen fallos con igual objeto de la litis y fallaron a favor de los demandantes y a la
Señora CHEILA FERNANDA CRUZ CASTAÑEDA le desconocieron el derecho de
igualdad frente a los fallos en segunda instancia.
SEGUNDO: REVOCAR en todas sus partes, de la sentencia providencia providencia
proferida el día Veintisiete (27) de octubre de 2022,y notificada por correo electrónico el
día tres (03) de noviembre de 2022 a través del cual dispuso: PRIMERO: CONFIRMAR
la sentencia proferida por el Juzgado Sesenta (60) Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá, el 4 de junio de 2021, que negó las pretensiones de la demanda, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, de
conformidad con las consideraciones expuestas, emitida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION TERCERA SUBSECCION A
Magistrado Ponente ALFONSO SARMIENTO CASTRO Magistrada BERTHA LUCY
CEBALLOS POSADA Magistrado JUAN CARLOS GARZON MARTINEZ”.
4. Pruebas relevantes
Se allegó copia de las actuaciones adelantadas en el medio de control de
reparación directa con radicado Nº 2019-00062-01, actor: Cheila Fernanda Cruz
Castañeda.
5. Trámite procesal
El expediente correspondió por reparto a la Sección Segunda, Subsección “A” del
Consejo de Estado, que por auto de 16 de diciembre de 2022 admitió la acción de
tutela, ordenó notificar al demandante y a la autoridad judicial demandada, así
como a la Fiscalía General de la Nación, como tercera con interés.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06648-01
Demandante: CHEILA FERNANDA CRUZ CASTAÑEDA
6. Oposición
6.1 Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección “A”
El magistrado ponente de la decisión objetada rindió informe en el que solicitó que
se declarara la improcedencia de la acción constitucional, por no acreditarse los
requisitos exigidos jurisprudencialmente para ese efecto.
Refirió que el defecto sustantivo alegado no se configuró, en tanto, sostuvo, allí se
advirtió de manera puntual que la demandante no señaló las razones por las cuales
la mora en su nombramiento fue injustificada, pues tan solo se limitó a indicar que la
entidad no tuvo en cuenta lo preceptuado en el artículo 40 del Decreto 020 de 2014.
Para terminar, manifestó que en el caso se analizaron los hechos y las pruebas
allegadas, a partir de las cuales se determinó que el término previsto en el
Decreto Ley 020 de 2014 no era aplicable al concurso que originó la controversia,
ya que, conforme con lo previsto en el artículo 120 ibídem, el mismo no era
aplicable a los concursos que hubieran iniciado con anterioridad a la expedición
de esa normativa.
6.2. Respuesta de la Fiscalía General de la Nación
El apoderado de la entidad rindió informe en el que solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción, por cuanto, sostuvo, la parte accionante no sustenta las
causales específicas de procedibilidad para que la acción de tutela sea procedente.
Afirmó que, en todo caso, en el presente asunto se observa que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección "A", al proferir el fallo
de segunda instancia del cual se reclama, respetó cada una de las garantías de los
accionantes, por lo que en el caso examinado no hay una violación del derecho
fundamental al debido proceso.
7. Sentencia de tutela impugnada
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, por sentencia de 2 de
febrero de 2023, denegó las pretensiones de la solicitud de tutela, luego de
considerar que el desconocimiento del precedente judicial horizontal alegado no
se configuraba, puesto que, señaló, “ante las diferencias de criterios entre las
salas del mismo Tribunal, los magistrados que las integran pueden optar por las
decisiones que, en ejercicio de su autonomía e independencia judicial, determinen,
siempre y cuando apliquen en debida forma para la resolución de los casos, la
Constitución Política, la ley y la jurisprudencia vigente, sin vulnerar derechos
fundamentales”.
Estimó que si bien el accionante allegó pronunciamientos suscritos por los
magistrados que integran la Subsección “B” de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, se evidenciaba que cada una de las salas de
decisión de esa Sección desarrolló criterios independientes, los cuales
fundamentaron en el análisis fáctico, jurídico y probatorio de los expedientes
asignados, y a partir del examen de las disposiciones legales y constitucionales
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06648-01
Demandante: CHEILA FERNANDA CRUZ CASTAÑEDA
llegaron a una conclusión distinta frente a la responsabilidad extracontractual de la
entidad demandada, lo que no configuraba el defecto alegado.
Agregó que frente al asunto, cada sala de decisión, bajo el principio de autonomía
judicial dirimió el conflicto en los términos que consideró pertinentes, “así, en la
situación de la señora Cheila Fernanda Cruz Castañeda determinó que su
nombramiento y posesión tuvo lugar dentro de la vigencia de la lista de elegibles y,
en ese sentido, la actuación aconteció en el término fijado en la Convocatoria 014
de 2008, máxime cuando previo al proceso gestionó los nombramientos de las
personas que habían obtenido mejor puntaje”.
Para terminar, adujo que la autoridad judicial accionada, en virtud de los principios
mencionados, podía acoger la tesis que considerara adecuada para decidir la
controversia puesta a su consideración, sin que pueda afirmarse que le dio un
alcance equivocado al precedente judicial invocado en el presente asunto, pues el
deber de la subsección se circunscribía a examinar las particularidades del caso y,
con fundamento en ellas, determinar si había lugar o no a conceder las súplicas
del medio de control, “sin que pueda obligársele a la adopción de una postura
determinada, ya que, precisamente, en virtud de esas prerrogativas, el funcionario
judicial puede optar por la exégesis que, según su leal saber y entender, estime
más apropiada y frente a la cual le está vedado al juez constitucional cualquier
consideración”.
8. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el
accionante impugnó el fallo de primera instancia en escrito mediante el que solicitó
que se revocara la decisión de primera instancia, por cuanto, adujo, en el caso
queda evidenciado un trato desigual, pues, arguyó, “independientemente que cada
tribunal tenga su postura si existe un pronunciamiento legal y están
desconociendo el artículo 122 de la Constitución Política, y el principio de
favorabilidad en materia laboral consagrado en los artículos 53 de la
Constitución Política y 21 del Código Sustantivo del Trabajo, consiste en la
obligación de todo servidor público de optar por la situación más favorable al
empleado, en caso de duda en la aplicación e interpretación jurídicas”.
Agregó que en materia de derecho laboral y garantías para los trabajadores
existen disposiciones relevantes para resolver un conflicto normativo como “los
artículos 53 de la Constitución y 21 del Código Sustantivo del Trabajo que
establecen como principio y criterio para resolver controversias entre fuentes del
Derecho que se debe preferir aquella norma que resulte más favorable al
trabajador, lo cual se conoce como el principio de favorabilidad o in dubio pro
operario”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06648-01
Demandante: CHEILA FERNANDA CRUZ CASTAÑEDA
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Corresponde a la Sala, en los términos del escrito de impugnación, determinar si
el fallo 2 de febrero de 2023, dictado por la Sección Segunda, Subsección “A” del
Consejo de Estado, en el que negó las pretensiones de la acción de tutela, se
debe confirmar, o si se debe revocar, en tanto el defecto por desconocimiento del
precedente judicial horizontal alegado sí se configura, pues “independientemente
que cada tribunal tenga su postura si existe un pronunciamiento legal y están
desconociendo el artículo 122 de la Constitución Política, y el principio de
favorabilidad en materia laboral consagrado en los artículos 53 de la Constitución
Política y 21 del Código Sustantivo del Trabajo, consiste en la obligación de todo
servidor público de optar por la situación más favorable al empleado, en caso de
duda en la aplicación e interpretación jurídicas”.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos1 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos2, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud
del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20123, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias
judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de
20144, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,
respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas
que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.
En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación
que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20055.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
1
Aprobada por medio de la Ley 16 de 1972.
2
Aprobado por medio de la Ley 74 de 1968.
3
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
4
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06648-01
Demandante: CHEILA FERNANDA CRUZ CASTAÑEDA
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico6; (ii) Defecto procedimental absoluto7; (iii) Defecto
fáctico8; (iv) Defecto material o sustantivo9; (v) Error inducido10; (vi) Decisión sin
motivación11; (vii) Desconocimiento del precedente12 y (viii) Violación directa de la
Constitución.
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo13 y de la Corte
Constitucional14.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
4. Estudio y solución al caso concreto
4.1. En el presente caso, la accionante considera que la sentencia de 27 de octubre
de 2022, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
6
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello.
7
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
8
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
9
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente
y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
10
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la
toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
11
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
12
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
13
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7
de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de
2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
14
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortíz Delgado,
SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M.
P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06648-01
Demandante: CHEILA FERNANDA CRUZ CASTAÑEDA
Tercera, Subsección “A”, confirmó el fallo que negó las pretensiones en el marco del
medio de control de reparación directa que promovió contra la Fiscalía General de la
Nación, vulnera los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso,
seguridad jurídica y de acceso a la administración de justicia, así como el principio
de buena fe, por cuanto afirmó, “en procesos similares de reparación directa15 se ha
fallado a favor del elegible o demandante, y por derecho a la igualdad también
acobija a la señora CHEILA FERNANDA CRUZ CASTAÑEDA”.
En primera instancia, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”,
por sentencia de 2 de febrero de 2023, denegó las pretensiones de la solicitud de
tutela, luego de considerar que el desconocimiento del precedente judicial
horizontal alegado no se configuraba, puesto que, señaló, si bien el accionante
allegó pronunciamientos suscritos por los magistrados que integran la Subsección
“B” de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en los que
se resolvió en sentido diferente, se evidenciaba que cada una de las salas de
decisión desarrolló criterios independientes, los cuales fundamentaron en el
análisis fáctico, jurídico y probatorio de los expedientes asignados, y a partir del
examen de las disposiciones legales y constitucionales llegaron a una conclusión
distinta frente a la responsabilidad extracontractual de la entidad demandada, lo
que no configuraba el defecto alegado.
Agregó que ante la diferencia de criterios entre las salas del mismo tribunal, los
magistrados que las integran pueden optar por las decisiones que, en ejercicio de
su autonomía e independencia judicial, determinen, siempre y cuando apliquen en
debida forma para la resolución de los casos, la Constitución Política, la ley y la
jurisprudencia vigente, sin vulnerar derechos fundamentales
En el escrito de impugnación la accionante solicitó que se revocara la decisión de
primera instancia, por cuanto, adujo, en el caso queda evidenciado un trato
desigual, pues “independientemente que cada tribunal tenga su postura si existe
un pronunciamiento legal y están desconociendo el artículo 122 de la Constitución
Política, y el principio de favorabilidad en materia laboral consagrado en los
artículos 53 de la Constitución Política y 21 del Código Sustantivo del Trabajo,
consiste en la obligación de todo servidor público de optar por la situación más
favorable al empleado, en caso de duda en la aplicación e interpretación jurídicas”.
4.2. La Corte Constitucional ha dicho que la aplicación del precedente judicial
implica que16: “un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con
el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso
pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el
caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso
pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial
no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que
modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”.
El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones
que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está
15
Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera Subsección “B”, Magistrado Ponente: Franklin Pérez Camargo,
expediente: 110013336031201800019901 y Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera, Subsección “B”
magistrado: Franklin Pérez Camargo Bogotá, expediente: 11001334305820170031901.
16
Sentencia T-158 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06648-01
Demandante: CHEILA FERNANDA CRUZ CASTAÑEDA
conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las
decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
En cuanto al precedente vertical, la Corte Constitucional ha dicho que el respeto
por las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía -y, en especial,
de los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones- no constituye una
facultad discrecional del funcionario judicial, sino que es un deber de ineludible
cumplimiento. Es decir, para garantizar un mínimo de seguridad jurídica y el
derecho a la igualdad, los funcionarios judiciales se encuentran vinculados a la
regla jurisprudencial que haya fijado el órgano de cierre de cada jurisdicción.
En resumidas cuentas, para examinar la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, por desconocimiento del precedente judicial, se deben
observar las siguientes reglas17:
1. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y
exponer las razones por las que estima que se desconoció18.
2. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se habría
dejado de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso análogo ya
decidido.
3. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de
aplicar.
4. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen diferencias
entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las razones para
apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no habrá desconocimiento del
precedente judicial. Aunque los casos sean similares, tampoco habrá desconocimiento
del precedente si el juez expone las razones para apartarse.
5. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón central de
la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la valoración que
el juez hace de las normas frente a los hechos y el material probatorio en cada caso
concreto19.
6. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la protección del
derecho a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la garantía de la
confianza legítima.
4.3. Del estudio de los argumentos formulados en el escrito de impugnación, la
Sala observa que de los mismos no se evidencia la configuración del
desconocimiento del precedente judicial horizontal alegado, en tanto el principio de
favorabilidad laboral, conforme con el cual el juez, en caso de duda, debe optar
por la interpretación y aplicación de las fuentes formales de derecho más favorable
al empleado, no puede erigirse como causal del mencionado defecto en el caso,
en el que la autoridad judicial accionada adoptó de manera justificada una de las
posturas existentes para solucionar los casos relativos a los daños ocasionados
por la demora en realizar nombramientos en cargos de carrera administrativa.
17
Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
18
Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: “la existencia de un precedente no depende del hecho de que se haya
dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable al caso. Es necesario que se
demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de juicio –
se argumente- a partir de las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a
situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el caso objeto de
análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica” (se destaca).
19
Para la Corte Constitucional, la ratio decidendi es “la formulación general, más allá de las particularidades irrelevantes
del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base de la decisión judicial específica. Es, si se quiere, el
fundamento normativo directo de la parte resolutiva”. Ver, por ejemplo, la sentencia T-443 de 2010.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06648-01
Demandante: CHEILA FERNANDA CRUZ CASTAÑEDA
En efecto, como fue señalado por el a quo, en la sentencia objeto de tutela el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”,
confirmó la decisión que negó las pretensiones de la demanda de reparación
directa luego de considerar que la Fiscalía General de la Nación llevó a cabo los
nombramientos y posesiones dentro del periodo de vigencia de la lista de
elegibles, por lo que el daño antijurídico alegado no se configuraba, decisión a la
que la autoridad judicial accionada arribó sin que hubiese duda en la aplicación de
las fuentes formales de derecho, por lo que el desconocimiento del precedente
judicial horizontal alegado por esta causal no se configura20.
En la decisión objetada, la autoridad judicial accionada, con base en los
supuestos fácticos y probatorios del caso, consideró que no existía un retardo
injustificado por parte de la entidad demandada, por lo que la responsabilidad
estatal alegada no se configuraba, criterio jurídico que a pesar de no ser pacífico
en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se encuentra amparado bajo el
principio de autonomía judicial, lo que descarta la configuración del
desconocimiento del precedente judicial alegado.
La Corte Constitucional, en sentencia T-390 de 2015, sostuvo que el precedente
judicial horizontal exige que el juez unipersonal o colegiado siga sus propias
decisiones, al resolver un caso sometido a su competencia, y aclaró que “este
imperativo no ordena otra cosa que las autoridades judiciales sean consistentes y
uniformes con los fallos adoptados por ellas mismas. Sin embargo, el funcionario
jurisdiccional no se halla totalmente atado a sus decisiones anteriores, toda vez que
puede apartarse de sus sentencias siempre que de forma razonada motive su
distanciamiento”.
En este sentido, la Sala confirmará la decisión impugnada, que negó las
pretensiones de la acción de tutela por considerar que el desconocimiento del
precedente judicial horizontal alegado no se configura, en tanto, como se observa,
la existencia de otra postura sobre la materia por parte de autoridades judiciales
ubicadas en un mismo rango funcional no constituye precedente judicial de
obligatoria observancia en el caso, máxime cuando la autoridad judicial accionada
justificó ampliamente la decisión de no acceder a las pretensiones en el caso que
originó la controversia, decisión que, se reitera, se encuentra amparada en el
principio de autonomía judicial.
Se debe precisar que, tratándose del precedente horizontal, su observancia no es
tan rigurosa como la que se predica del precedente vertical, pues, es apenas
comprensible que, en virtud de la autonomía judicial, entre jueces de igual nivel
funcional existan criterios de interpretación y decisión distintos frente a casos
análogos.
Es decir, en tanto el precedente judicial supuestamente desconocido no fue
proferido por el superior funcional, ni por la propia autoridad judicial, esta podía
decidir libremente el asunto, atendiendo a los límites de la razonabilidad. Al
respecto, la Corte Constitucional ha dicho que “cuando el término de comparación no
20
En sentencia T-350 de 2012, la Corte Constitucional determinó que las autoridades judiciales se encuentran sujetas a la
aplicación del principio constitucional de favorabilidad en materia laboral, en los siguientes términos: “En este orden, si bien
los jueces, incluyendo las Altas Cortes, cuentan con un amplio margen de interpretación en las normas laborales, no les es
dable hacerlo en contra del trabajador, es decir, seleccionando entre dos o más entendimientos posibles aquel que
ostensiblemente lo desfavorece o perjudica. Una conducta contraria configura un defecto que viola los derechos
fundamentales al debido proceso y a la seguridad social, por desconocimiento directo del artículo 53 Constitucional”.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06648-01
Demandante: CHEILA FERNANDA CRUZ CASTAÑEDA
está dado por los propios precedentes del juez sino por el de otros despachos judiciales,
el principio de independencia judicial no necesita ser contrastado con el de igualdad. El
juez, vinculado tan sólo al imperio de la ley (CP art. 230), es enteramente libre e
independiente de obrar de conformidad con su criterio” 21.
Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia de 2 de febrero de
2023 que negó las pretensiones de la acción de tutela formulada por la
demandante, por cuanto la vulneración de los derechos fundamentales alegada no
se configura.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 2 de febrero de 2023, dictada por la
Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, por las razones aquí
expuestas.
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Cuarto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
21
Sentencia T-123 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.