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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07497-01

Fecha
27 de junio de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07497-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada que denegó las pretensiones de la acción de tutela de la referencia y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-07497-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

27 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-07497-01
Referencia: Acción de tutela
ACTORES: RAFAEL SANTOS VEGA POLO Y OTROS.

TESIS: SE MODIFICA LA DECISIÓN IMPUGNADA QUE DENEGÓ EL AMPARO
SOLICITADO Y, EN SU LUGAR, SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE
TUTELA POR FALTA DEL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL. LOS ACTORES PRETENDEN DEBATIR ASPECTOS QUE YA
FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN SEDE ORDINARIA.

DERECHO FUNDAMENTAL: A LA IGUALDAD, AL DEBIDO PROCESO Y
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el señor RAFAEL

SANTOS VEGA POLO contra la sentencia de 1o. de marzo de 20241,

mediante la cual la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL

1
Sentencia notificada el 24 de mayo de 2024, de conformidad con la información que se extrae del
índice 00026 del expediente digital que obra en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial -SAMAI-

2

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2023-07497-01
ACTORES: RAFAEL SANTOS VEGA POLO Y OTROS.

CONSEJO DE ESTADO2 denegó la solicitud de amparo de la

referencia.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

Los señores RAFAEL SANTOS, PEDRO LUIS y MIGUELITO VEGA

POLO, actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela

prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitaron la

protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido

proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales, a su

juicio, les fueron vulnerados por la SECCIÓN TERCERA -

SUBSECCIÓN “A”- DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

CUNDINAMARCA3 al haber proferido la providencia de 30 de

noviembre de 2023 dentro del proceso de reparación directa

identificado con el número único de radicación 11001-33-36-033-

2020-00180-01.

2
En adelante la Sección Segunda
3
En adelante el Tribunal

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I.2.- Hechos

Afirmaron que entre el 3 de mayo y el 31 de octubre de 2019, el

señor RAFAEL SANTOS VEGA POLO prestó el servicio militar

obligatorio.

Alegaron que el 24 de octubre de 2019, durante la prestación del

servicio militar obligatorio, el Establecimiento de Sanidad Militar BAS-

15, le realizó un examen de laboratorio al señor RAFAEL SANTOS y

fue diagnosticado de leishmaniasis cutánea en el rostro y en los

miembros superiores, por lo que le fue suministrado un tratamiento

médico para dicha enfermedad.

Refirieron que, mediante concepto médico laboral rendido por un

médico especialista en salud ocupacional, se determinó que la

enfermedad ocasionó en el afectado una pérdida de capacidad laboral

de un 10.5%.

Comentaron que, debido a lo anterior, el 11 de agosto de 2020,

presentaron demanda de reparación directa contra la NACIÓN -

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MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL, proceso que

fue identificado con el número único de radicación 11001-33-36-033-

2020-00180-00 y le correspondió en primera instancia al JUZGADO

33 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ4

que, mediante providencia de 6 de octubre de 2022, accedió

parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Sostuvieron que, inconformes con la anterior decisión, interpusieron

recurso de apelación, el cual fue resuelto por el TRIBUNAL que,

mediante providencia de 30 de noviembre de 2023, confirmó la

decisión de primera instancia, bajo el argumento de que la prueba

idónea para determinar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral

era el dictamen médico laboral expedido por la autoridad

competente, esto es, la junta médica laboral del Ejército Nacional, el

cual no fue aportado al proceso.

I.3. Fundamentos de derecho

4
En adelante el Juzgado

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A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada desconoció

las sentencias de unificación de la Sección Tercera del Consejo de

Estado y la posición de las Subsecciones “B” y “C” de la Sección

Tercera del TRIBUNAL respecto al reconocimiento de perjuicios a

soldados conscriptos e inaplicó las tablas indemnizatorias

establecidas para tal fin por el Consejo de Estado, pues únicamente

otorgó 11 S.M.M.L.V. como única indemnización a la víctima y a su

progenitora y 5 S.M.M.L.V. de perjuicios morales para cada uno de

los demás demandantes.

Indicaron que la providencia cuestionada negó el reconocimiento del

daño a la salud por no acreditar una afectación funcional de un

órgano, lo cual equivalía a un retroceso jurisprudencial, toda vez que

implicaría la aplicación de la teoría del daño fisiológico, que ya fue

suprimida.

Señalaron que la providencia controvertida incurrió en defecto

fáctico, toda vez que no se valoró en debida forma el dictamen

pericial que acreditaba una pérdida de la capacidad laboral del

10.5%, y tampoco se aplicaron los criterios jurisprudenciales que ha

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mantenido el Consejo de Estado en la reparación de los daños

sufridos por los militares durante la prestación del servicio.

Manifestaron que la autoridad judicial accionada desconoció las

sentencias de unificación del Consejo de Estado en lo relacionado con

la indemnización por lucro cesante y montos indemnizatorios por

perjuicios inmateriales, conforme a las cuales la capacidad laboral se

presume y se indemniza por la pérdida de la capacidad productiva,

no obstante, señaló que en el momento en que ocurrió el daño el

conscripto no ejercía ninguna actividad laboral.

Alegaron que la providencia controvertida debió ser derrotada, toda

vez que la Sala de decisión estaba compuesta por tres magistrados

de los cuales, la magistrada ponente había salvado parcialmente el

voto y otro de sus compañeros de Sala había aclarado el voto, lo

cual, a su juicio, debía interpretarse como un salvamento de voto y,

en consecuencia, se debía entender que la decisión cuestionada no

contaba con la mayoría de los votos necesarios para ser aprobada.

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Afirmaron que la providencia cuestionada vulneró sus derechos

fundamentales a la igualdad y acceso a la administración de justicia,

habida cuenta que, dicha postura “[…] no tiene sustento legal alguno

y que contraria todos los pronunciamientos que sobre el respecto

existen, claramente debería hacer que se profiera – entonces- un

fallo en abstracto pues no puede llegarse a la insensatez de indicar

que la ausencia de dictamen válido supone ausencia de prueba de

daño. En realidad, la confusión que presenta la ponente es indigna

de su cargo, pues confunde daño con perjuicio, ausencia de prueba

de pérdida de capacidad laboral con ausencia de secuelas […]”.

I.4.- Pretensiones

Los actores solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales a

la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de

justicia, invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] 2.2 Que, como consecuencia de la anterior declaración, se
ordene al accionado, a proferir nuevamente la sentencia de
segunda instancia proferida dentro del proceso radicado bajo el
No. 11001333603120200016502, «sic» mediante la cual se
modificó la sentencia de primera instancia proferida por el
Juzgado 31 Administrativo del Circuito Buga «sic» y se condenó
irrisoriamente al pago de ONCE smlmv a favor de uno solo de
los demandantes y de CINCO smlmv a favor de otros de ellos.

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2.3 Que se ordene al accionado que en el fallo que reemplace la
sentencia cuya anulación se solicita, aplique en debida forma las
sentencias de unificación y las sentencias que sobre el tema de
indemnización de perjuicios observa el Consejo de Estado y
todos los Tribunales y Juzgados Administrativos del país, en
especial las SECCIONES B Y C DE LA SECCIÓN TERCERA DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL, a través de la magistrada ponente de la

decisión cuestionada, solicitó denegar las pretensiones del amparo

de la referencia, toda vez que la providencia objeto de reproche

efectuó un correcto análisis de los supuestos fácticos y jurídicos del

asunto y se encuentra sustentada en derecho.

Afirmó que la decisión cuestionada se profirió́́ con estricto apego a

las garantías sustanciales y procesales que preservan el debido

proceso, sin desconocer precedentes jurisprudenciales que rigieran

la materia objeto de cuestionamiento.

Precisó que, contrario a lo indicado por la parte actora, en el presente

asunto no se dio aplicación al “arbitrio iuris”, pues si bien era cierto

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que en la parte considerativa de la providencia controvertida se

indicó que sería procedente determinar la indemnización de los

perjuicios morales bajo dicho principio y reconocer 10 SMLMV, no era

menos cierto que dicha sentencia fue confirmada por la Sala en

aplicación del principio de la “non reformatio in pejus”, habida cuenta

que no se podía hacer más desfavorable la situación del apelante

único, toda vez que el juez de primera instancia reconoció perjuicios

morales en cuantía de 11 SMLMV para la víctima directa, 11 SMLMV

para la progenitora y 5 SMLMV para cada uno de los hermanos.

Expuso que la decisión cuestionada se pronunció respecto al

dictamen pericial aportado por la parte demandante y, además,

efectuó un análisis del valor probatorio del mismo desarrollando un

estudio legal y jurisprudencial, para concluir que no era conducente

para establecer el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, pero

consideró que dicho informe demostraba el daño padecido por el

señor RAFAEL SANTOS VEGA POLO, en relación con las lesiones

que sufrió y las características de las mismas.

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Asimismo, advirtió que respecto a la calificación de pérdida de

capacidad laboral del afectado, dicha prueba no tenía la aptitud legal

o jurídica para determinar tal aspecto, ya que un médico particular

no era la autoridad competente para establecer el porcentaje de

disminución de la capacidad laboral como consecuencia de una lesión

sufrida en la prestación del servicio militar obligatorio, habida cuenta

que al tratarse de miembros de la fuerza pública, la competencia

exclusiva recae en las autoridades médico laborales de la misma

institución y de forma subsidiaria, puede ser realizada por las Juntas

de Calificación de Invalidez, en calidad de perito.

Adujo que ante la falta de valoración por parte de las autoridades

competentes en la que se determinara el porcentaje de pérdida de

capacidad laboral del señor RAFAEL SANTOS, no resultaba

razonable recurrir a las tablas indemnizatorias fijadas por el Consejo

de Estado, pues su tasación tiene como referente y prueba

fundamental el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, el cual

no fue debidamente acreditado y, sin ello, no se podía determinar el

grado o tarifa en que se reconocerían los perjuicios conforme a lo

establecido en dichas tablas.

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Precisó que, pese a que no se acreditó el porcentaje de pérdida de

capacidad laboral, si se encontró probada la existencia del daño

sufrido por el ex conscripto consistente en unas cicatrices presentes

en su cuerpo producto de la leishmaniasis cutánea que le fue

diagnosticada en la prestación del servicio militar obligatorio, por lo

cual, en aplicación del principio de “non reformatio in pejus”,

confirmó la sentencia de primer grado.

Señaló que la inconformidad relacionada con la negativa del

reconocimiento de los perjuicios por concepto de daño a la salud se

encontraba dirigida a controvertir una decisión que le fue

desfavorable a la parte actora, sin que pudiera considerarse la tutela

como una instancia o recurso adicional para reabrir debates

meramente legales, pues se trata de una decisión judicial que fue

debidamente justificada.

Comentó que la aclaración de voto del Magistrado Juan Carlos Garzón

estuvo dirigida únicamente a cuestionar el valor probatorio del

concepto médico legal aportado como prueba pericial por la parte

demandante, lo cual no significaba que de haberse acogido el criterio

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de la aclaración de voto, esto es, tener por acreditada la pérdida de

capacidad laboral con el dictamen aportado con la demanda, se

hubiese reconocido per se la indemnización por daño a la salud, toda

vez que la posición mayoritaria de la Sala al respecto refiere que si

la lesión no apareja una limitación funcional, el reconocimiento de

indemnización por daño a la salud debe ser negado ante la falta de

prueba de la alteración para desarrollarse social o familiarmente, en

condiciones de normalidad.

Manifestó que, como magistrada ponente de la decisión cuestionada,

salvó el voto frente a la negativa del reconocimiento de los perjuicios

por daño a la salud al afectado directo, teniendo en cuenta la postura

reiterada de la Sala frente a dicho aspecto, pues lo contrario, hubiera

implicado que se derrotara el proyecto y se retardara el proceso con

un cambio de ponente y una posterior remisión a otro Despacho de

la misma Sala, que finalmente denegaría el reconocimiento de dichos

perjuicios.

Precisó que debía desestimarse la afirmación relacionada con que

debió proferirse un fallo en abstracto, pues ello constituía un

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argumento de defensa en contra de lo decidido en la providencia

cuestionada, ya que no se refiere ningún error material de la

sentencia, ni se trata de una decisión sin motivación, ni de

desconocimiento del precedente judicial y tampoco de la violación

directa de la Constitución Política, por lo que la presente acción de

tutela no podía ser utilizada como una instancia adicional a las

establecidas por el legislador.

Finalmente, llamó la atención de la Sala respecto al contenido

irrespetuoso del escrito introductorio, en tanto “[…] los términos

empleados en algunos de sus apartes constituyen palabras ofensivas

e irrespetuosas, ante el deber de los usuarios de la administración

de justicia de dirigir escritos respetuosos a pesar de estar en

desacuerdo con las decisiones judiciales […]”.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- El JUZGADO indicó que la presente acción de tutela debía

declararse improcedente, dado que no puede convertirse en una

tercera instancia en la que se discuta una decisión adversa a los

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intereses de los accionantes, proferida en el marco de un proceso

ordinario, en el que ya fueron analizados los argumentos expuestos

en sede constitucional.

Asimismo, rindió informe de las actuaciones surtidas en esa

instancia, entre las cuales resaltó que en la audiencia de pruebas

celebrada el 1o. de agosto de 2022, hubo lugar a la contradicción del

dictamen médico suscrito por el especialista en salud ocupacional

«Fernando Vargas Quintana», correspondiente a la tasación de la

pérdida de la capacidad laboral del señor RAFAEL SANTOS.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN SEGUNDA mediante sentencia de 1o. de marzo de

2024, denegó el amparo solicitado al considerar que la autoridad

judicial accionada no vulneró los derechos fundamentales invocados.

Destacó que las inconformidades expuestas por la parte actora no se

acompasan con la realidad procesal, respecto de la supuesta omisión

de valoración probatoria, pues el TRIBUNAL analizó el material

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probatorio y concluyó que no era posible reconocer al señor RAFAEL

SANTOS VEGA POLO y a sus familiares los perjuicios por concepto

de daño a la salud y daño material por lucro cesante, como

consecuencia de la enfermedad de leishmaniasis cutánea que

adquirió aquel mientras prestaba el servicio militar obligatorio.

Afirmó que el material probatorio aportado al proceso,

particularmente, el dictamen pericial suscrito por un médico

particular especialista en salud ocupacional no era conducente para

fijar un porcentaje de disminución de la capacidad laboral que

permitiera la tasación para el reconocimiento de los perjuicios por

daño a la salud y material por concepto de lucro cesante.

Aseveró que los reproches expuestos en el líbelo introductorio no

revestían motivo alguno que permitiera siquiera colegir que se

efectuó una valoración caprichosa a merced de un criterio personal o

subjetivo, pues lo cierto era que la providencia cuestionada fue

producto del ejercicio ponderado del derecho que rige el asunto, en

atención a los elementos incorporados al expediente, lo que

conllevaba no reabrir un debate que fue zanjado en debida forma.

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Sostuvo que pese a que la parte actora citó un abundante precedente

judicial horizontal que, a su juicio, fue desatendido, lo cierto era que

dicho defecto carecía de la carga argumentativa suficiente para ser

estudiado, pues en la presente solicitud de amparo constitucional se

omitió precisar los fundamentos que soportaban la transgresión de

los derechos fundamentales alegados.

Adujo que el juez de tutela no puede reemplazar la valoración del

juez natural, ni dar prevalencia a las alternativas interpretativas

propuestas por las partes y mucho menos imponer una valoración

distinta a los reproches que buscan reabrir el debate probatorio, pues

lo que se evidenciaba era la inconformidad de la parte actora con las

conclusiones a las que arribó la autoridad judicial accionada, en la

medida en que fueron desfavorables a sus intereses.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El señor RAFAEL SANTOS VEGA POLO impugnó la sentencia

proferida por la SECCIÓN SEGUNDA, afirmando que no se

resolvieron en su totalidad los argumentos expuestos en la demanda

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de tutela -sin precisar sobre qué puntos no hubo pronunciamiento-,

conforme a los cuales se sustentó la vulneración de derechos

fundamentales, por lo que solicitó que “[…] en segunda instancia se

aborden todos los puntos y se dicte una verdadera decisión de fondo

que brilló por su ausencia […]”.

Alegó que se debía hacer referencia al argumento relacionado con la

falta de competencia funcional para proferir la sentencia cuestionada,

“[…] por la existencia de un salvamento y una aclaración, que

claramente en su motivación se trató de otro salvamento, es decir,

dos posturas en contra declinaron ante una sola postura de denegar

dalo «sic» a la salud, de denegar perjuicios a mis familiares, de

denegar lucro cesante y desconocer las tablas indemnizatorias del

Consejo de Estado […]”.

Aseguró que pese a que fueron expuestos varios argumentos que

acreditaban la vulneración de los derechos fundamentales

deprecados, el juez de primer grado “[…] decidió que no existía

relevancia constitucional «sic» que permitiera la procedencia de la

tutela de la referencia […]”.

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Alegó que la SECCIÓN TERCERA en un caso con supuestos

idénticos, en sede de tutela, en el proceso identificado con el número

único de radicación 11001-03-15-000-2023-07515-00, amparó los

derechos fundamentales deprecados y ordenó a la demandada

proferir una nueva sentencia, por lo cual, se debía tener en cuenta

que “[…] desconocer fallos de unificación vulnera el debido proceso

y por supuesto que si reviste relevancia constitucional el

desconocerlos, razón esta suficiente para que se revoque la sentencia

de primera instancia […]”.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

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proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

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elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema
jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto
es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta
última.

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c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es,
de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después
de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada
y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se
cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia
que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la
Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de
derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas
ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente de la
incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del
juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que
la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales
contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es
menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la
afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden
prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias
proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta
Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas
para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que
proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario
acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de
procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este
sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela
contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los
vicios o defectos que adelante se explican.

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a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos
y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima
de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende

que se deje sin efecto la providencia de 30 de noviembre de

2023, proferida por el TRIBUNAL dentro del proceso de reparación

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directa identificado con el número único de radicación 11001-33-36-

033-2020-00180-01.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos

fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la

administración de justicia, habida cuenta que, a juicio de la parte

actora, la autoridad judicial accionada, le restó validez al dictamen

pericial aportado con la demanda de reparación directa, al considerar

que no era una prueba pertinente ni conducente para demostrar el

porcentaje de pérdida de capacidad laboral del señor RAFAEL

SANTOS VEGA POLO, toda vez que mientras se encontraba

prestando el servicio militar obligatorio se contagió de leishmaniasis

cutánea.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN SEGUNDA que, mediante sentencia de 1o. de marzo de

2024, denegó el amparo solicitado al considerar que la autoridad

judicial accionada no vulneró los derechos fundamentales invocados,

comoquiera que la valoración de todos los medios probatorios se

ajustó a los supuestos fácticos y jurídicos del asunto, lo que descartó

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el defecto fáctico alegado.

En cuanto al desconocimiento del precedente jurisprudencial

alegado, explicó que el mismo carecía de la suficiente carga

argumentativa para ser estudiado en sede constitucional.

Inconforme con lo anterior, el señor RAFAEL SANTOS VEGA POLO

impugnó la decisión proferida en primera instancia, para lo cual

afirmó que no se resolvieron en su totalidad los planteamientos

expuestos en el escrito de tutela y, además, que no se hizo referencia

alguna al argumento relacionado con que la providencia cuestionada

debió ser derrotada, habida cuenta que la Sala de decisión está

compuesta por tres magistrados, de los cuales la ponente salvó

parcialmente el voto y otro de sus integrantes lo aclaró, pero este

último, debía ser interpretado como un salvamento.

En ese orden, la Sala estima pertinente precisar que circunscribirá el

objeto de estudio únicamente a los argumentos expuestos en la

impugnación.

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Por lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico que debe

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión de primer grado, para lo

cual, en primer lugar, se debe estudiar si el caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela

contra providencia judicial y, de ser así, establecer si el TRIBUNAL

vulneró los derechos deprecados e incurrió en las irregularidades

aducidas por la parte actora, al haber proferido la providencia de

30 de noviembre de 2023.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

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de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».6

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación7, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii)
como requisito de procedibilidad de la acción de tutela

5
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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contra providencias judiciales para evitar que se
convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [8]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [9].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [10].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal

[8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”

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requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente
el amparo constitucional [11].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive
que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061
de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción de
tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia
constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia,
ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario
que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental.
En otras palabras, la tutela contra decisiones judiciales
debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos

[11] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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de mera legalidad [12]. Si bien no siempre es fácil delimitar
los asuntos de relevancia constitucional de aquellos que no
lo son, también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de dos
ámbitos del derecho al debido proceso. El primero que
emerge de la propia Constitución y que es el denominado
debido proceso constitucional, y otro que es fruto de la
labor legislativa, al que se denomina simplemente debido
proceso [13].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional -
art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de la
Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [14]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho a
la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el
proceso penal; el principio de predeterminación de las
reglas procesales o principio de legalidad; el derecho a la
publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la
prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace
parte de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos
caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la
inexistencia de defensa y contradicción dentro del proceso,
anulándose o restringiéndose de manera grave el equilibrio
procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra

[12] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[13] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[14] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las
altas Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional
en la sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del
texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU-215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho

requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no

un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que

excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación

que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó

que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el

requisito de relevancia constitucional debía analizarse:

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“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la acción de tutela

se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir

las decisiones judiciales, y (iii) preservar la competencia y la

independencia del juez ordinario.

Descendiendo al caso concreto, frente a la inconformidad

relacionada con que el TRIBUNAL incurrió en defecto fáctico

respecto al valor probatorio que le otorgó al dictamen pericial

aportado por la parte actora; al desconocimiento del precedente

jurisprudencial que estableció las tablas indemnizatorias dispuestas

para la indemnización por lucro cesante y los montos indemnizatorios

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por perjuicios inmateriales por la pérdida de capacidad laboral debido

al contagio de leishmaniasis cutánea del ex conscripto y respecto al

daño a la salud, la Sala advierte que, contrario a lo manifestado por

el a quo, la presente acción de tutela no cumple con el requisito

general de la relevancia constitucional, en la medida en que lo

pretendido por la parte actora es que se realice un nuevo análisis del

asunto puesto a consideración del juez natural del asunto, como si

este mecanismo constitucional se tratara de una instancia adicional

al proceso ordinario.

Así las cosas, se evidencia que lo pretendido es crear una instancia

adicional trayendo argumentos que ya fueron suficientemente

debatidos por los jueces naturales del litigio.

En efecto, la Sala observa que en la sentencia cuestionada el

TRIBUNAL realizó un análisis de las pruebas obrantes en el

expediente, así como de la situación fáctica y jurídica dispuesta para

el asunto, de lo cual concluyó que las decisiones del proceso de

reparación directa se encontraban ajustadas a derecho, pues, si bien

era cierto que había lugar a la declaratoria de responsabilidad del

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Ejército Nacional por el daño sufrido por el ex conscripto, no era

menos cierto que el dictamen pericial suscrito por un médico

particular, no era conducente para fijar un porcentaje de disminución

de la capacidad laboral que permitiera efectuar la tasación para el

reconocimiento de los perjuicios por daño a la salud y material por

concepto de lucro cesante, habida cuenta que no se encontraban

acreditados y, además, confirmó la tasación efectuada por daño

moral en aplicación del principio de non reformatio in pejus.

Para el efecto, el TRIBUNAL en la sentencia cuestionada concluyó lo

siguiente:

“[…] Del reconocimiento por daño moral

76. Recuerda la Sala que la parte demandante recurrió la
indemnización por daño moral decretada en primera instancia,
argumentando el desconocimiento de las tablas indemnizatorias
fijadas por el Consejo de Estado, en tanto al tratarse de una
pérdida de capacidad laboral superior al 10% (10.5% fijado en
el dictamen pericial) debió tasarse en una cuantía de 20 smlmv,

77. En punto a desatar el cargo de la alzada, inicia la Sala por
recordar que el daño moral se entiende como aquel que afecta
generalmente al plano interno del individuo, sus sentimientos y
modo de vida, se ve reflejado en los dolores o padecimientos
psíquicos consecuencia de la lesión irreparable de un bien
material o inmaterial por un daño antijurídico.

78. Sería del caso referirnos a los baremos establecidos en la

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sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 respecto de la
indemnización por perjuicio moral, y al criterio mayoritario que
ha tenido esta Sala en relación con la aplicación proporcional de
los perjuicios morales; sin embargo, en este caso, al no contarse
con la valoración del porcentaje de pérdida de capacidad laboral
del señor Rafael Santos Vega Polo por parte de las autoridades
competentes, no es oportuno estudiar si el monto fijado por el
juez de primer grado respetó o no las referidas tablas
indemnizatorias establecidas para fijar la indemnización de
acuerdo al porcentaje de la pérdida de capacidad laboral.

79. Dadas las condiciones particulares del caso, lo que resulta
procedente en aplicación del arbitrio iuris, es determinar la
indemnización del perjuicio moral en 10 SMLMV, esto por cuanto,
una vez realizado un juicio valorativo del material probatorio que
obra en el expediente, se encuentra acreditada la existencia del
daño sufrido por el ex conscripto consistente en las cicatrices en
su rostro y extremidades superiores producto de la leishmaniasis
que le fue diagnosticada en prestación del servicio militar
obligatorio.

80. Entonces, lo procedente sería modificar la sentencia de
primera instancia el entendido de que el reconocimiento de los
perjuicios morales debe hacerse en razón al arbitrio iuris en 10
SMLMV; no obstante, advierte la Sala que dado que la sentencia
de primera instancia fue apelada únicamente por el extremo
demandante, en aplicación el principio de la non reformatio in
pejus no se podrá hacer más desfavorable su situación, y en esa
medida, será confirmada la sentencia de primera instancia toda
vez que allí se reconocieron perjuicios morales en cuantía de 11
SMLMV para la víctima directa, 11 SMLMV para la madre y 5
SMLMV para cada uno de los hermanos.

Del reconocimiento por daño a la salud

81. En la sentencia de primera instancia, la juez a-quo negó el
reconocimiento de la indemnización por este concepto
argumentando que, de acuerdo a la jurisprudencia del Consejo
de Estado, su reconocimiento se encuentra sujeto a lo que se
pruebe en el proceso y en este caso, no se acreditó que las
secuelas generadas por la afección por leishmaniasis hayan
producido una alteración anatómica y funcional.

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82. Por su parte, en el recurso de alzada se solicita su
reconocimiento con fundamento en que, la salud no se afecta
únicamente cuando algún órgano pierde funcionalidad, sino que
las cicatrices generan una perturbación a la salud al ser una
deformidad del cuerpo de carácter permanente.

83. Al respecto, la jurisprudencia del máximo Tribunal de lo
Contencioso Administrativo ha definido el daño a la salud como
un “perjuicio inmaterial diferente al moral que puede ser
solicitado y decretado en los casos en que el daño provenga de
una lesión corporal, puesto que el mismo no está encaminado
al restablecimiento de la pérdida patrimonial, ni a la
compensación por la aflicción o el padecimiento que se
genera con aquél, sino que está dirigido a resarcir
económicamente –como quiera que empíricamente es
imposible– una lesión o alteración a la unidad corporal de
la persona, esto es, la afectación del derecho a la salud
del individuo18” (Resalta la Sala)

[…]

86. Igualmente, la Sala mayoritaria, en asuntos de similares
contornos fácticos al acá discutido, ha considerado que en los
eventos en que se demuestre una lesión si esta no apareja una
limitación funcional, el reconocimiento de indemnización por
daño a la salud debe ser negado ante la falta de prueba de la
alteración para desarrollarse social o familiarmente en
condiciones de normalidad.

[…]

89. Así las cosas, pese a que la ponente no comparte la posición
mayoritaria y dejará formulado su salvamento de voto en
documento anexo, por razones de economía y celeridad
procesal, se confirmará la negativa frente al reconocimiento de
la indemnización por daño a la salud, en tanto si bien de acuerdo
con el dictamen pericial aportado por la parte demandante, la
enfermedad diagnosticada –Leishmaniasis- le dejó como secuela
varias cicatrices en su rostro y extremidades superiores no
susceptibles de corrección, no se acreditó que dicha afección
padecida por el demandante le haya aparejado una pérdida
funcional.

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Perjuicios materiales –modalidad lucro cesante

90. Atendiendo los reparos concretos de la apelación, deberá la
Sala determinar si debe accederse al reconocimiento de la
indemnización de los perjuicios materiales en la modalidad de
lucro cesante al acreditarse la pérdida de capacidad laboral como
consecuencia de las lesiones sufridas en prestación del servicio
militar, o si como lo dispuso el a quo, la reparación pecuniaria
de este concepto no resulta procedente ante la falta de
acreditación probatoria frente a que la capacidad productiva de
la víctima se viera afectada como consecuencia de las secuelas
de la leishmaniasis.

[…]

93. Al respecto, se ha pronunciado la Sala mayoritaria de esta
Subsección, indicando que para el reconocimiento
indemnizatorio por lucro cesante no opera presunción alguna,
razón por la cual se requiere prueba de la actividad económica
realizada por el demandante antes del periodo de conscripción.
En igual sentido, la posición mayoritaria ha sostenido que al
extremo activo del litigio le asiste la carga procesal probatoria
del perjuicio material, por lo cual, tampoco hay lugar al arbitrio
judicial como mecanismo para fijar la reparación pecuniaria.

[…]
95. En este caso, al no contarse con la valoración del porcentaje
de pérdida de capacidad laboral del señor Rafael Santos Vega
Polo por parte de las autoridades competentes, no es posible
tener por acreditado algún perjuicio de tipo material en la
modalidad de lucro cesante, y en esa medida, habrá que negarse
el reconocimiento de la indemnización por concepto de daño
material, por lo que se confirmará la sentencia de primera
instancia […]”.

De los apartes transcritos de la sentencia objeto de tutela, se

evidencia que la autoridad judicial accionada, en la providencia

cuestionada, explicó que se encontraba acreditado el daño padecido

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por el ex conscripto mediante el dictamen pericial aportado, a través

del cual un médico particular especialista en salud ocupacional

advirtió la existencia de múltiples cicatrices en el rostro y

extremidades superiores del señor RAFAEL SANTOS VEGA POLO,

producto de la leishmaniasis cutánea que le fue diagnosticada en

prestación del servicio militar obligatorio.

En efecto, aclaró que dicho dictamen no era conducente, ni eficaz

para acreditar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral,

teniendo en cuenta que fue emitido por un médico particular

especialista en salud ocupacional, que no es la autoridad competente

para fijar el porcentaje de disminución de capacidad laboral como

consecuencia de la lesión sufrida en prestación del servicio militar

obligatorio, habida cuenta que para establecer la calificación de la

pérdida de capacidad laboral de los miembros de la fuerza pública

únicamente se encuentran habilitadas las autoridades médico-

laborales de las Fuerzas Militares y de Policía, esto es, la Junta

Médico Laboral y el Tribunal Médico-laboral de Revisión Militar y de

Policía y, de forma subsidiaria, en calidad de peritos, las Juntas de

Calificación de Invalidez.

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Conforme con lo anterior, en la sentencia cuestionada se precisó que,

debido a la falta de valoración por parte de las autoridades

competentes, no era razonable recurrir a las tablas indemnizatorias

fijadas por el Consejo de Estado, pues su tasación tiene como

referente y prueba fundamental el porcentaje de pérdida de

capacidad laboral y, sin ello no se podía determinar el grado o tarifa

en que se reconocerían los perjuicios, de conformidad con dichas

tablas.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que la acción de tutela

de la referencia es improcedente por falta del requisito general

de la relevancia constitucional, porque a través de esta lo que se

pretende es cuestionar una decisión judicial como si este mecanismo

se tratase de un recurso o instancia adicional al proceso ordinario,

sin que en todo caso se vislumbre que la autoridad accionada pudo

haber actuado de forma abiertamente arbitraria o desbordado los

límites del principio de la autonomía judicial.

Lo anterior significa que lo pretendido es que el juez de tutela haga

un nuevo examen integral a las pruebas que fueron allegadas al

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proceso ordinario, con la finalidad de que se corrija el análisis que

hizo la autoridad judicial accionada y se acoja la interpretación que

propone la parte actora.

Cabe agregar que esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado

improcedentes acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no

resulta ser de verdadera relevancia constitucional, debido a que se

centra en reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue

el caso de la providencia de 9 de febrero de 201715, en la que se

indicó:

“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad
de las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado
fuera del texto).

15
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Igualmente, en providencia de 29 de agosto de 201816, en la que se

sostuvo:

“[…] [E]n torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario
que decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera
instancia. Y se tiene que estos argumentos resultan
válidos y razonables.

Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos
en sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y
que no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela,
pues esta acción constitucional tiene por objeto la
protección inmediata de derechos de rango fundamental
que se encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este
caso […]” (Destacado de la Sala).

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte

actora, sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión

16
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.

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judicial como si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia

adicional para exponer aspectos que fueron resueltos de forma

admisible por la autoridad judicial accionada, por lo cual el juez de

tutela no puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la

acción de tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y

de paso invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

Asimismo, en el caso bajo estudio, la Sala echa de menos la

existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción

de tutela de la referencia como mecanismo transitorio, dado que de

los elementos de juicio obrantes en el expediente no es posible

establecer dicha circunstancia.

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Ahora, en la impugnación el señor RAFAEL SANTOS alegó que la

providencia cuestionada debió ser derrotada, teniendo en cuenta que

la Sala de decisión está compuesta por tres magistrados, de los

cuales la ponente salvó parcialmente el voto y otro de sus integrantes

lo aclaró, pero este último, debía ser interpretado como un

salvamento y, en consecuencia, concluyó que la supuesta “falta de

competencia funcional” para proferir la sentencia cuestionada no fue

objeto de análisis.

Frente a este punto, una vez revisada la providencia cuestionada, la

Sala advierte que la Magistrada Ponente de la decisión dejó

consignado en la misma que no compartía la posición mayoritaria de

la Sala, puntualmente, respecto a la indemnización por daño a la

salud, por lo cual formularía un salvamento de voto parcial en un

documento anexo. Asimismo, el Magistrado Juan Carlos Garzón

Martínez, presentó aclaración de voto, -que a juicio de la parte actora

es un salvamento-, que estuvo dirigida únicamente a cuestionar el

valor probatorio del concepto médico legal, aportado como prueba

pericial por la parte demandante.

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Al respecto, resulta oportuno precisar que en la sentencia

cuestionada se formuló un salvamento de voto parcial y una

aclaración de voto, actuaciones estas entre las que existen

diferencias sustanciales, teniendo en cuenta que mientras en un

salvamento de voto el magistrado expresa su disconformidad con la

decisión, en una aclaración la comparte, pero desea expresar una

posición particular sobre alguno de los temas planteados en la

providencia. En efecto, mediante providencia A293-16, la Corte

Constitucional sostuvo lo siguiente:

“[…] Encuentra la Sala de Revisión que este aspecto depende
directamente de que el número mínimo de Magistrados
requeridos expresen su voluntad de respaldar la totalidad de las
decisiones contenidas en la parte resolutiva de tal decisión. Es
aquí cuando, frente a las posibles situaciones que pudieran
presentarse, aparecen las figuras que en la práctica judicial
colombiana se han denominado como aclaración y salvamento
de voto[38].
La primera de ellas permite expresar la posición particular
a aquellos participantes de la decisión que habiendo
acompañado con su voto la totalidad de las resoluciones,
discrepen total o parcialmente de la sustentación que las
precede, mientras que la segunda, el salvamento de voto,
es la que permite a los disidentes de la decisión explicar
las razones por las cuales estuvieron en desacuerdo con
aquélla, según hubiere quedado planteado a partir de su
voto negativo. Cabe agregar que resulta posible expresar
un salvamento parcial, en aquellos casos en los que exista
disenso solo frente a una parte de lo decidido, o
simplemente salvamento (que en tal medida se asumiría como
total) cuando quiera que no se comparta ninguna de las

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decisiones incorporadas en la providencia así aprobada […]”
(Destacado de la Sala).

Conforme con lo anterior, la Sala advierte que tal argumento no tiene

vocación de prosperidad, pues el simple hecho de que un magistrado

manifieste su disenso parcial respecto a la posición acogida por la

mayoría de los integrantes del cuerpo colegiado con un salvamento

de voto parcial y que otro integrante de la Sala aclare en su decisión

que acompaña con su voto la totalidad de las resoluciones, pero que

discrepa de la sustentación que las precede, no implica que la

decisión adoptada no haya sido aprobada en debida forma, en tanto

que es evidente que dichas actuaciones no afectan en manera alguna

las mayorías requeridas para la misma.

Adicional a lo anterior, en el escrito de impugnación se alegó que

pese a que fueron expuestos varios argumentos que acreditaban la

vulneración de los derechos fundamentales deprecados, el juez de

primer grado “[…] decidió que no existía relevancia constitucional

«sic» que permitiera la procedencia de la tutela de la referencia […]”,

desconociendo que la SECCIÓN TERCERA en un caso con supuestos

idénticos, en sede de tutela, en el proceso identificado con el número

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único de radicación 11001-03-15-000-2023-07515-00, amparó los

derechos fundamentales deprecados y ordenó a la demandada

proferir una nueva sentencia.

En efecto, para sustentar su argumento, el impugnante sostuvo que

se debía tener en cuenta que “[…] desconocer fallos de unificación

vulnera el debido proceso y por supuesto que si reviste relevancia

constitucional el desconocerlos, razón esta suficiente para que se

revoque la sentencia de primera instancia […]”.

Al respecto, resulta oportuno precisar que, contrario a lo afirmado

por el impugnante, el juez de primer grado no declaró la falta de

relevancia constitucional de la solicitud de amparo de la referencia,

pues, muy por el contrario, efectuó un análisis de fondo del asunto

para concluir que se debían denegar las pretensiones.

Aunado a lo anterior, frente al cargo referente al desconocimiento de

la sentencia de tutela proferida por la SECCIÓN TERCERA -

SUBSECCIÓN B- DEL CONSEJO DE ESTADO en el proceso

identificado con el número único de radicación 11001-03-15-000-

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2023-07515-00, en un caso con supuestos que, a su juicio, son

idénticos al del presente asunto, en el que se ordenó el amparo de

los derechos fundamentales deprecados, es del caso precisar que tal

pronunciamiento no incidía de manera alguna en la decisión que

adoptó el TRIBUNAL, por cuanto la ratio decidendi aplicada en dicha

decisión no es aplicable al caso objeto de estudio, toda vez que no

existe identidad fáctica y jurídica con el caso sub examine, además de

tratarse de una sentencia de tutela con efectos inter partes.

Consecuente con lo anterior, la Sala modificará la decisión

impugnada que denegó las pretensiones de la acción de tutela y, en

su lugar, declarará improcedente la solicitud de amparo de la

referencia por falta del requisito general de la relevancia

constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

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F A L L A:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada que denegó las

pretensiones de la acción de tutela de la referencia y, en su lugar,

DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional,

por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 27 de junio de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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