Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07515-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07515-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-07515-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
4 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 4 de abril de 2024
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07515-00
Demandante: Cleimer Duguan Fabra Mejía y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Tercera – Subsección A
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Desconocimiento del
precedente
Síntesis del caso: Se enjuicia la providencia de segunda instancia que confirmó la decisión
de acceder parcialmente a las pretensiones de una demanda de reparación directa,
interpuesta con ocasión de unas lesiones sufridas por un conscripto.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Cleimer Duguan Fabra
Mejía y otros en contra de la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada y
demás vinculados.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 13 de diciembre de 2023, Cleimer Duguan Fabra Mejía y su grupo
familiar2 presentaron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, por la presunta vulneración
de sus derechos fundamentales a la igualdad y debido proceso, con
ocasión de la Sentencia de 30 de noviembre de 2023, proferida dentro del
proceso de reparación directa con radicado No. 11001-33-43-059-2019-
00251-01.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):
1 Artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333
de 2021 y el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 Adriana Patricia Fabra Mejía, Marleny Mejía Marzola y Gustavo Fabra Torres.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07515-00
Demandante: Cleimer Duguan Fabra Mejía y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Ampara
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“2.1 Que se protejan nuestros derechos fundamentales a la IGUALDAD y al
DEBIDO PROCESO.
2.2 Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al
accionado, a proferir nuevamente la sentencia de segunda instancia proferida
dentro del proceso radicado bajo el No. 110013343059 2019 00251-00, mediante
la cual se confirmó la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado
36 Administrativo del Circuito Bogotá y se condenó irrisoriamente al pago de
DIEZ smlmv a favor de uno solo de los demandantes y de UNO y DOS smlmv a
favor de otros de ellos.
2.3 Que se ordene al accionado que en el fallo que reemplace la sentencia
cuya anulación se solicita, aplique en debida forma las sentencias de
unificación y las sentencias que sobre el tema de indemnización de perjuicios
observa el Consejo de Estado y todos los Tribunales y Juzgados Administrativos
del país, en especial las SECCIONES B Y C DE LA SECCIÓN TERCERA DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron identificados los siguientes:
4. 1) El 16 de agosto de 2018, Cleimer Duguan Fabra Mejía inició su
servicio militar obligatorio en el Ejército Nacional como soldado regular en
un óptimo estado de salud.
5. 2) El 9 de enero de 2019, durante la prestación del servicio, el soldado
Fabra Mejía fue diagnosticado con “leishmaniasis cutánea”, enfermedad
de origen profesional por la que fue sometido a tratamiento con el
medicamento “glucantime” y disminuyó su capacidad laboral.
6. 3) Por lo anterior, Cleimer Duguan Fabra Mejía y su grupo familiar
presentaron demanda de reparación directa en contra de la Nación-
Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional, con el fin de ser
indemnizados por las lesiones sufridas por el primero como consecuencia de
la enfermedad profesional que padeció durante su servicio militar.
7. 4) El 30 de septiembre de 2022, el Juzgado 36 Administrativo de Bogotá
profirió sentencia de primera instancia en la que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, declaró la responsabilidad del Ejército
Nacional y lo condenó al pago únicamente de perjuicios morales.
8. 5) La parte demandante presentó recurso de apelación en contra de
esta decisión, con el fin de que se tasaran los perjuicios de conformidad con
los topes máximos establecidos por el Consejo de Estado en la Sentencia de
Unificación de 20 de agosto de 2014. Cuestionó que el juez de primer grado
omitiera valorar el dictamen pericial que obraba en el expediente, que
daba cuenta de la gravedad de la lesión y la disminución de la capacidad
laboral y solicitó que se accediera al reconocimiento de perjuicios
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materiales y daño a la salud, de acuerdo con la jurisprudencia de esta
Subsección.
9. 6) El 30 de noviembre de 2023, la Subsección A de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la sentencia de
primera instancia. En primer lugar, el tribunal se refirió al dictamen pericial y
explicó que, si bien podía ser valorado para acreditar la lesión o secuela
padecida, este medio de prueba no era conducente para fijar porcentajes
de la disminución de la capacidad laboral, por tratarse de un miembro de
la fuerza pública. Consideró que, en esos casos, la competencia para fijar
dicho porcentaje era de las autoridades médico laborales de la misma
institución o, subsidiariamente, de las Juntas de Calificación de Invalidez en
condición de peritos.
10. En relación con los perjuicios morales, el tribunal consideró que, de
acuerdo con el dictamen pericial aportado, la secuela derivada de la lesión
del demandante principal consistió en “cicatriz en economía corporal con
defecto estético leve, sin limitación funcional”. Por lo anterior, al estar
demostrada la lesión y que esta era leve, pero no haber sido determinada
la pérdida de capacidad laboral por autoridad competente, debía recurrir
al arbitrio judicial para tasar el perjuicio moral, por lo que reconoció la suma
de 10 SMLMV en favor de la víctima, al igual que se hizo en primera instancia.
Además, pese a que consideró que su grupo familiar no acreditó su
afectación moral, confirmó los perjuicios morales reconocidos a sus padres,
hermanos y abuela, para no desmejorar su condición de apelante único.
11. Respecto del daño a la salud, señaló que no estaba demostrada la
forma en que el demandante principal se vio afectado en su integridad
psicofísica, que la enfermedad le produjera una alteración anatómica o una
afectación en el desenvolvimiento de su ámbito social, familiar, recreativo,
etc, por lo que se debía confirmar la decisión de primer grado que negó su
reconocimiento.
12. Finalmente, negó el reconocimiento de perjuicios materiales en la
modalidad de lucro cesante, pues el demandante no demostró que la lesión
padecida le causó imposibilidad o limitación para trabajar.
13. El fundamento de la vulneración radicó en que, con la decisión
enjuiciada, (se trascribe) “se desconocieron dos sentencias de unificación
del Honorable Consejo de Estado sobre el lucro cesante y montos
indemnizatorios por perjuicios inmateriales” y “se desconoció el pacífico
precedente jurisprudencial que al respecto tiene la jurisprudencia sobre
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indemnizaciones a conscriptos” (Sentencias de Unificación de 28 de agosto
de 2014, exp. 31.1723 y 36.1494).
14. La parte actora indicó que la providencia cuestionada debía dejarse
sin efectos por los siguientes cargos (se trascribe):
“i) conceder perjuicios morales por fuera de montos establecidos en sentencia
de unificación;
ii) denegar el perjuicio a la salud volviendo a años antepasados de daño
fisiológico;
iii)denegar lucro cesante contraviniendo una sentencia de unificación sobre el
tema;
iv) proferir una sentencia aplicando un arbitrio judicial y terminar con una
arbitrariedad mayúscula y una burla a las víctimas a quienes se les reconoce
10 smlmv (víctima directa) y 2 y 1 smlmv al resto de demandantes, a pesar de
una gravísima enfermedad probada dentro del proceso.”.
15. Sobre el primer cargo, indicó que el tribunal no tuvo en cuenta la
sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al
hacer uso del arbitrio judicial para tasar los perjuicios morales, en lugar de
aplicar las tablas indemnizatorias dispuestas por el Consejo de Estado para
tal fin.
16. En relación con el segundo cargo, adujo que la denegatoria del
perjuicio a la salud en su caso, configuraba un retroceso jurisprudencial a lo
que años atrás se conocía como daño fisiológico, habida cuenta de que
argumentó que el daño a la salud solo procede cuando hay afectación
funcional de un órgano, criterio que contradice la Sentencia de unificación
de 28 de agosto de 2014 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, tal
como lo señalaron los votos disidentes de la providencia objeto de tutela.
17. Respecto del lucro cesante, consideró que se desconoció el
precedente de la sentencia de unificación de la Sección Tercera del
Consejo de Estado al negar su reconocimiento porque un conscripto no
tiene una actividad laboral al momento del daño5.
18. Sobre el último cargo, utilizó argumentos similares al primero, pues
ambos hacían referencia a la tasación de perjuicios morales realizada por
el tribunal. Además, consideró que, pese a que no existía tarifa legal para
probar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, si el tribunal
consideraba que el dictamen pericial elaborado por un médico particular
no era válido, debió entonces proferir una condena en abstracto.
3 En relación con los perjuicios morales y el daño a la salud.
4 Sobre el lucro cesante.
5 Citó la Sentencia de Unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 28 de agosto de 2014, exp:
36149.
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19. Finalmente, y para sustentar sus argumentos, citó decisiones de otros
tribunales administrativos, así como de las demás subsecciones de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
1.2. Posición de la parte demandada y demás vinculados6
20. La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca rindió informe en el que se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de la demanda, al considerar que la acción de tutela carecía
de relevancia constitucional.
21. En todo caso, se pronunció sobre los reparos expuestos en el escrito
de tutela e indicó, en relación con el perjuicio moral que (se trascribe):
“no existir sentencia de unificación que determine la forma como el Juez de la
reparación debía aplicar la tabla y los criterios establecidos en la sentencia de
unificación que fijó los rangos indemnizatorios de perjuicios morales; ii) no ser un
tema pacificó en la Jurisprudencia del H. Consejo de Estado la aplicación o no
del criterio de proporcionalidad y; iii) haberse explicado la razón por la cual la
Sala consideraba que el criterio de proporcionalidad se ajusta a los principios
de equidad y reparación integral; no se evidencia desconocimiento de
precedente jurisprudencial alguno que dé lugar a acceder al amparo
constitucional”.
22. En referencia al lucro cesante consideró que no se desconoció el
precedente pues no se acreditó que el demandante estuviera en
imposibilidad de trabajar o presentara algún grado de invalidez que lo
limitara para desarrollar una actividad laboral.
23. De la misma forma, indicó que el daño a la salud no se reconoció
porque, luego de una adecuada valoración probatoria y normativa, la sala
no encontró acreditado un grado de afectación para el desarrollo de sus
actividades cotidianas.
24. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, el
Juzgado 36 Administrativo de Bogotá, José David, Carlos Andrés y Rafael
Fabra Mejía, pese a haber sido debidamente notificados, guardaron
silencio.
6 Mediante Auto de 15 de diciembre de 2023, el despacho resolvió (1) admitir la acción de tutela de la referencia,
(2) tener como demandado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera -Subsección A, y (3)
vincular al Juzgado 36 Administrativo de Bogotá, a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional
y a José David, Carlos Andrés y Rafael Fabra Mejía como terceros interesados en el proceso.
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Identificación de derechos y defecto alegados. 2.2. Procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial. 2.3. Fijación de la controversia. 2.4. Verificación
de defectos y/o vulneración de derechos fundamentales. 2.5. Conclusión.
2.1. Identificación de derechos y defecto alegados
25. Pese a que la parte accionante señaló en su solicitud de amparo
como violados el derecho al debido proceso y a la igualdad, esta Sala
centrará su análisis en la vulneración del derecho al debido proceso, pues
ante una presunta afectación de garantías constitucionales en el marco de
una actuación judicial, cobra relevancia estudiar si fue lesionado tal
derecho durante el desarrollo del trámite judicial ordinario. Además, que la
vulneración del derecho a la igualdad surge como consecuencia de la
misma afrenta al debido proceso. En consecuencia, en el evento de
encontrarlo lesionado, existirá razón suficiente para conceder el amparo.
26. Por otro lado, en relación con el defecto alegado, esto es, el
desconocimiento del precedente, si bien la parte actora citó numerosas
decisiones de los Tribunales Administrativos de Antioquia y Cundinamarca,
así como de decisiones de las subsecciones de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, la Sala centrará el análisis del defecto aludido en las
Sentencias de unificación de 28 de agosto de 2014, habida cuenta de que
las demás se presentaron como una reiteración del punto que se pretende
demostrar.
2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial7
27. La Sala advierte que la acción de tutela es procedente
porque: (1) No existe recurso idóneo y eficaz que permita a la parte
demandante alegar los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa
del derecho presuntamente vulnerado. (2) Hubo un plazo razonable entre
la fecha que se notificó la providencia enjuiciada (11/12/2023) y la de
interposición de la presente acción de tutela (13/12/2023). (3) No se enjuició
un fallo de tutela, pues la controversia se relaciona con una sentencia de
segunda instancia dictada en el marco de un proceso de reparación
directa. (4) Se identificaron de manera clara, detallada y comprensible los
hechos y la presunta vulneración derivada de ellos. (5) La controversia
tiene relevancia constitucional por tratarse de la presunta afectación
de la garantía fundamental al debido proceso de la parte actora, con
ocasión de una providencia judicial respecto de la cual se alegó el
desconocimiento del precedente jurisprudencial. Asimismo, logró advertirse
7 El presente análisis de requisitos de procedibilidad de hace de conformidad con las consideraciones de la
Sentencia T-66 de 2019 de la Corte Constitucional.
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que no se trata de una reiteración de los argumentos planteados en el
proceso ordinario.
2.3. Fijación de la controversia
28. Corresponde a la Sala establecer si la Subsección A de la Sección
tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en un
desconocimiento del precedente jurisprudencial, contenido en las
Sentencias de Unificación de 28 de agosto de 2014, exp. 31.1728 y 36.1499
del Consejo de Estado.
2.4. Verificación de defectos y/o vulneración de derechos fundamentales
29. La Sala concederá parcialmente el amparo solicitado, al advertir que
se configuró un desconocimiento del precedente jurisprudencial
únicamente en lo relacionado con el daño a la salud.
30. La parte actora alegó que la Subsección A de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en desconocimiento del
precedente en la providencia objeto de tutela, al tasar los perjuicios que le
fueron reconocidos como reparación del daño causado. Puntualmente
cuestionó la liquidación de i) perjuicios morales y los argumentos expuestos
para denegar una indemnización por concepto de ii) lucro cesante y iii)
daño a la salud.
31. En relación con el desconocimiento del precedente, es necesario
precisar que, la aplicación del precedente judicial en un caso determinado,
encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte
Constitucional, según el cual, la actividad interpretativa que se realiza con
fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al
respeto del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone
necesariamente que, en casos análogos, los funcionarios judiciales se
encuentran atados en sus decisiones, por la regla jurisprudencial que, para
el asunto concreto, se haya fijado por el funcionario de superior jerarquía
(precedente vertical) o por el mismo juez (precedente horizontal).
32. Sobre la tasación de los perjuicios morales, la parte actora cuestionó
que el juez de segunda instancia hiciera uso del arbitrio judicial y
desconociera los montos establecidos en la Sentencia de Unificación de 28
de agosto de 2014 dentro del expediente No. 31.172, para el
reconocimiento y liquidación de los perjuicios morales en caso de lesiones.
En esa decisión se fijaron como referente 6 rangos o niveles para determinar
8 En relación con los perjuicios morales y el daño a la salud
9 Sobre el lucro cesante
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el monto indemnizatorio por perjuicios morales, que le correspondería a la
víctima directa y a sus familiares en los eventos de lesiones. Para ello, se
indicó que el juez debía verificar la gravedad o levedad de la lesión
causada a la víctima directa, de conformidad con lo probado en el
proceso.
33. Al respecto, esta Sala evidenció, luego de revisar la providencia
objeto de tutela que, la autoridad accionada sí aplicó el precedente
jurisprudencial aludido, pues se basó en la historia clínica y el dictamen
pericial aportado para verificar la gravedad de la lesión y determinar así el
monto indemnizatorio a reconocer a los demandantes, lo que hacía
innecesaria una condena en abstracto. Sobre este punto el tribunal
concluyó (se trascribe):
“como quiera que las lesiones sufridas, si revisten una afectación moral para la
víctima directa debido al tratamiento médico al que fue sometido el
demandante y a la cicatriz en su brazo, se estima pertinente y adecuado en
aplicación del arbitrio iuris establecer la indemnización de los perjuicios en el
rango de reparación mínimo de los criterios fijados por el Consejo de Estado en
caso lesiones.
4.1.5. De manera que, con base en los medios probatorios que obran en el
plenario, la Sala reconocerá a favor del señor CLEIMER DUGUAN FABRA MEJÍA,
en su calidad de víctima directa, el equivalente a 10 SMLMV.
4.1.6. En ese orden de ideas, y dado que el monto tasado por el a quo frente a
este perjuicio no varía, la Sala CONFIRMARÁ la decisión.
4.1.7. Ahora bien, en relación con los padres, hermanos y abuela de la víctima,
aunque su nivel de cercanía, es un indicio de la causación del perjuicio, se
advierte que, la presunción del daño moral no se alcanza a configurar, ante la
levedad de la lesión, por las siguientes razones:
• El perjuicio moral es aquel que se encuentra compuesto por el dolor, la
aflicción, y en general los sentimientos de congoja.
• La Corte Constitucional ha señalado que para que una presunción legal -
que admite prueba en contrario-, resulte constitucional es necesario que la
misma sea razonable -es decir, que responda a las leyes de la lógica y de
la experiencia-, que persiga un fin constitucionalmente valioso, y que sea
útil, necesaria y estrictamente proporcionada para alcanzar el
mencionado fin.
• A efectos de aplicar la presunción de los perjuicios morales, se debe seguir,
de manera estricta, las siguientes reglas: a) Valorar las circunstancias
particulares de cada caso, evidenciando si se encuentran o no
demostrados los perjuicios reclamados; b) Fijar con sustento en las pruebas
del proceso y según un juicio razonable, la magnitud del daño y la
indemnización del perjuicio moral y; c) Propender porque el
reconocimiento y tasación de los perjuicios morales no se convierta en un
aspecto meramente operativo o mecánico, referido a verificar el
cumplimiento de unos requisitos, como son el porcentaje de incapacidad
de la víctima directa y la prueba del parentesco.
• En el caso concreto, sin desconocer que existe presunción en la causación
del perjuicio moral, la Sala haciendo un juicio razonable, no encuentra
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acreditado, más allá del vínculo parental, de qué manera, la afección que
padeció el joven CLEIMER DUGUAN FABRA MEJÍA pudo afectar a sus
familiares.
• No pasa por alto la Sala que el joven Fabra Mejía padeció de leishmaniasis
y que esta enfermedad generó una cicatriz en su brazo derecho, sin
embargo, no se vislumbra cuál fue la congoja o tristeza que padecieron sus
padres, hermanos y abuela, teniendo en cuenta la levedad de la lesión y
como quiera que exteriormente no evidencia ningún tipo de impedimento.
• De manera que, al no acreditarse este perjuicio frente a los familiares de la
víctima, seria del caso negar su reconocimiento, sin embargo, en atención
a que no se puede desconocer, ni desmejorar la condición del apelante
único, el Despacho CONFIRMARÁ la decisión adoptada por el juez de
primera instancia.”.
34. Por lo expuesto y, al no encontrar configurado un defecto por
desconocimiento del precedente en relación con la tasación de perjuicios
morales en el caso bajo estudio, la sala negará el amparo por este aspecto.
35. En lo que tiene que ver con el lucro cesante, la parte actora consideró
que se vulneró el precedente del Consejo de Estado de la Sentencia de 28
de agosto de 2014 dentro del expediente 36.149,10 al denegar el lucro
cesante de un conscripto (se trascribe) “por no tener una actividad laboral
al momento del daño”. En primer lugar, la Sala pone de presente que la
sentencia invocada no constituía precedente para la sentencia enjuiciada,
porque tiene supuestos de hecho diferentes al caso bajo estudio. No resulta
constitucionalmente admisible que la parte accionante pida la aplicación
análoga de un caso que tiene diferencias sustanciales con la providencia
invocada, al tratarse de una decisión de unificación aplicable en casos de
privación injusta de la libertad y no en caso de lesiones de conscripto como
el que nos ocupa.
36. En segundo lugar, se evidenció que no es cierto que el tribunal haya
negado el lucro cesante al demandante principal por no tener una
actividad laboral al momento del daño, como lo quiso hacer ver la parte
actora. En realidad, el tribunal consideró que debía negarse dicho perjuicio
porque no se acreditó que la lesión sufrida, dada su levedad, tuviera una (se
trascribe) “incidencia en la actividad económica, laboral o profesional del
demandante”11. Por lo anterior y, debido a que la parte actora no expuso
10 Si bien esta decisión hace referencia al reconocimiento y liquidación de perjuicios en casos de privación injusta
de la libertad, este fue el precedente citado por la actora. Ver escrito de tutela pág.8.
11 Sobre el lucro cesante el tribunal señaló (se trascribe): “En el presente asunto, se observa:
i) Como ya se señaló, el criterio de la Sala es que el concepto médico rendido por médico particular es objeto de
valoración, ya que acredita la lesión o secuela padecida por el conscripto, pero no puede tenerse en cuenta
para acreditar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral para la tasación del perjuicio, como quiera que
este no fue fijado por las autoridades médico militares competentes.
ii) Adicionalmente, el perjuicio reclamado –pérdida de la capacidad laboral-, implica demostrar al demandante
que tuvo una disminución de su capacidad productiva, desde la fecha de la causación del daño antijurídico,
para realizar actividades (no de naturaleza militar obligatoria), sino las de orden general y común de cualquier
ciudadano.
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otros argumentos -más allá de copiar apartes de sentencias-, no es posible
afirmar que se configuró el defecto de desconocimiento del precedente,
en los términos planteados por la parte actora, pues, se reitera, los supuestos
fácticos y jurídicos distan del asunto de la referencia en lo relacionado con
el lucro cesante.
37. Sin embargo, la Sala encuentra que, en la denegatoria de perjuicios
por daño a la salud, la autoridad accionada sí desconoció el precedente
jurisprudencial de la Sentencia de Unificación de 28 de agosto de 2014,
proferida dentro del expediente No. 31.17212. Al respecto, esta Sala
evidenció que, el tribunal negó este perjuicio con base en que las cicatrices
por leishmaniasis sufridas por el accionante, no le produjeron una limitación
funcional y consideró que no se probó una afectación en su integridad
psicofísica o alteración anatómica que afectara su desenvolvimiento social,
familiar, recreativo, etc.
38. Sobre el reconocimiento de perjuicios por daño a la salud, la Sección
Tercera de esta Corporación ha indicado que se tendrá en cuenta la
gravedad y naturaleza de la lesión padecida para determinar el monto
indemnizatorio y para ello deberán analizarse las siguientes variables, de
conformidad con lo probado en cada caso (se trascribe):
“- La pérdida o anormalidad de la estructura o función psicológica, fisiológica
o anatómica (temporal o permanente)
• La anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u
otra estructura corporal o mental.
• La exteriorización de un estado patológico que refleje perturbaciones al nivel
de un órgano.
• La reversibilidad o irreversibilidad de la patología.
• La restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad normal
o rutinaria.
• Excesos en el desempeño y comportamiento dentro de una actividad normal
o rutinaria.
iii) No se demostró por parte del demandante en sede judicial -asumiendo las cargas probatorias
correspondientes- la pérdida de una utilidad monetaria a causa del daño.
iv) Tampoco se aportaron pruebas que demuestren, que la secuela sufrida “CICATRICES BRAZO DERECHO Y ANTE
BRAZO IZQUIERDO 2º LEISHMANIASIS” tenga incidencia en la actividad económica, laboral o profesional del
demandante.
v) En este orden de ideas, si bien no se desconoce que el señor CLEIMER DUGUAN FABRA MEJÍA resultó afectado
por leishmaniasis durante la prestación del servicio militar obligatorio (daño antijurídico), lo cierto es que en el caso
concreto no existe certeza que el demandante esté en imposibilidad de trabajar, o presente algún grado de
invalidez, respecto de la actividad laboral.
vi) Quiere significar la Sala que no está demostrado que la incapacidad laboral causada por parte de la autoridad
competente, ni que la lesión padecida impida o limite las actividades laborales del señor FABRA MEJÍA
5.2.3.4. Conforme lo expuesto, la parte actora no cumplió con su carga probatoria de acreditar el lucro cesante
que solicitaba, y, en consecuencia, la Sala CONFIRMARÁ la decisión de primera instancia, en el sentido de negar
el reconocimiento de los perjuicios materiales a título de lucro cesante.”.
12 Que, entre otros aspectos, reiteró los lineamientos planteados en la Sentencia de 28 de agosto de 2014, exp:
31170.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-07515-00
Demandante: Cleimer Duguan Fabra Mejía y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Ampara
______________________________________________________________________________________________________________
• Las limitaciones o impedimentos para el desempeño de un rol determinado.
• Los factores sociales, culturales u ocupacionales.
• La edad.
• El sexo.
• Las que tengan relación con la afectación de bienes placenteros, lúdicos y
agradables de la víctima.
• Las demás que se acrediten dentro del proceso.”13(subraya fuera del texto)
39. De lo trascrito se puede advertir que, contrario a lo afirmado por el
tribunal, no se exige que la lesión o su correspondiente secuela produzcan,
de manera exclusiva, una alteración o limitación funcional en la víctima
directa, sino que, deberán analizarse todas las variables que en el caso
concreto se acrediten. En el presente asunto y tal como lo tuvo por
demostrado el tribunal, el accionante sufrió “cicatrices en brazo derecho y
antebrazo izquierdo 2° leishmaniasis”, de carácter permanente sin
posibilidad de corrección, las cuales, según las pruebas del proceso, si bien
no representaban una limitación funcional para el accionante, sí
configuraban una afectación física por el defecto en sus tejidos, que debió
ser valorada por el juez ordinario. Además, en virtud del principio de libertad
probatoria, para determinar la gravedad o levedad de la lesión se puede
utilizar cualquier medio de prueba previsto en la ley y no únicamente un
dictamen que determine el porcentaje de pérdida de capacidad laboral.
40. En consecuencia, para la Sala se configuró el defecto alegado,
motivo por el que accederá a la solicitud de amparo y ordenará que se
realice un nuevo pronunciamiento en la sentencia, pero únicamente en lo
relacionado con el daño a la salud.
2.5. Conclusión
41. La Sala, una vez revisados los argumentos planteados en la acción de
tutela, considera que le asiste razón (en lo que respecta al daño a la salud)
a la parte accionante por lo que amparará su derecho al debido proceso,
dejará sin efectos la providencia enjuiciada y ordenará a la Subsección A
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que
profiera una sentencia de reemplazo, en la cual se pronuncie nuevamente
sobre el daño a la salud.
13 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de Unificación de 28 de agosto de 2014, exp: 31172.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-07515-00
Demandante: Cleimer Duguan Fabra Mejía y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Ampara
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3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: AMPARAR el derecho al debido proceso de Cleimer Duguan
Fabra Mejía, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia de segunda
instancia de 30 de noviembre de 2023 proferida por la Subsección A de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el proceso
de reparación directa No. 11001-33-43-059-2019-00251-01, y ORDENAR a
aquella autoridad judicial que, dentro de los 10 días siguientes a la
notificación de esta providencia, profiera la providencia que en derecho
corresponda de conformidad con la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin14.
CUARTO: De no ser impugnada esta providencia REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
QUINTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
14 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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