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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04169-00

Fecha
12 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04169-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-04169-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

12 de septiembre de 2024

Demandante: Jhon Jairo Sánchez Álvarez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04169-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., doce [12] de septiembre de dos mil veinticuatro [2024]

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04169-00
Demandante: JHON JAIRO SANCHEZ ÁLVAREZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A

Temas: Tutela contra providencia judicial – reparación directa –
improcedencia por falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la presente acción de tutela de conformidad con los Decretos 2591
de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de
la Sala Plena de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

El 9 de agosto de 2024, el señor Jhon Jairo Sánchez Álvarez presentó acción de
tutela, con el fin de que se le amparen sus derechos fundamentales a la igualdad y
al debido proceso.

Las mencionadas garantías las estimó vulneradas por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A al proferir la sentencia de 1. º
de agosto de 2024, por medio de la cual se modificó la condena impuesta en
primera instancia al interior de un proceso de reparación directa identificado con el
radicado 11001-3336-033-2022-00098-00/01.

1.2. Pretensiones

Lo requerido en el mecanismo constitucional es lo siguiente:

2.1 Que se protejan mis derechos fundamentales a la IGUALDAD y al
DEBIDO PROCESO.

2.2 Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al
accionado, a proferir nuevamente la sentencia de segunda instancia proferida
dentro del proceso radicado bajo el No. 11001-3336-033-2022-00098-01,
mediante la cual se modificó la sentencia de primera instancia proferida por el
Juzgado 33 Administrativo del Circuito Bogotá y se condenó irrisoriamente al
pago de DIEZ smlmv a m[í].

2.3 Que se ordene al accionado que en el fallo que reemplace la sentencia
cuya anulación se solicita, reconozca mi daño a la salud, debidamente

1
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Demandante: Jhon Jairo Sánchez Álvarez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04169-00

probado tal y como ya lo ordenó en caso idéntico y en sede de tutela el
Consejo de Estado en doble instancia 1.

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

El señor Jhon Jairo Sánchez Álvarez y otros2 presentaron demanda de reparación
directa contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional por
la presunta falla en el servicio que se dio por la infección que obtuvo al momento
de prestar su servicio obligatorio [leishmaniasis]3.

El 30 de marzo de 2023, el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda al
encontrar acreditado que la enfermedad y sus secuelas se dieron cuando la
víctima directa cumplía sus labores como soldado conscripto, lo que configuraba el
título de imputación de daño especial.

Contra la anterior decisión, ambas partes interpusieron recurso de apelación.

El 1. º de agosto de 2024, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca modificó lo decidido por el a quo, al exponer que,
si bien se acreditó el daño antijurídico y este era imputable a la demandada, la
indemnización de los perjuicios debía ajustarse a la magnitud y los efectos de la
enfermedad, incluso respecto de los familiares del afectado.

Destacó que el dictamen pericial aportado al proceso no era el conducente para
fijar el porcentaje de la disminución de la capacidad laboral, pues al tratarse de
miembros de la fuerza pública, la competencia para fijar dicho porcentaje la tienen
de forma exclusiva las autoridades médico - laborales de la misma institución, y de
forma subsidiaria, puede ser realizada por las Juntas de Calificación de Invalidez.

Bajo esa consideración, en aplicación del arbitrio juiris, confirmó la indemnización
por concepto de perjuicio moral de 10 SMLMV a favor de la víctima directa y
revocó dicho concepto frente a los demás demandantes, ante la levedad de la
lesión y secuela padecida.

Agregó que confirmaría la decisión de primera instancia respecto a la negativa de
los demás conceptos, esto es, perjuicios materiales y daño a la salud, comoquiera
que no se contó con la valoración del porcentaje de la pérdida de capacidad
laboral por parte de una autoridad competente, y en atención a que no se aportó
algún medio probatorio que acreditara que las cicatrices dejadas como secuela
implicaran a la víctima directa una limitación funcional o afectación por defecto en
los tejidos.

1 Trascrito con posibles errores ortográficos y mayúsculas sostenidas del texto original.
2 Claudia Milena Álvarez Pulgarin, Jairo Sánchez León, Lina Johana Álvarez Pulgarin, Brayan
Steven Sánchez Álvarez y Jorge Eliecer Álvarez Pulgarin.
3 En la demanda se alegó que la enfermedad le dejó secuelas que disminuyeron su capacidad

laboral en un 10.5%, dicho porcentaje que se extrajo de un concepto médico rendido por un
especialista en salud ocupacional.

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La providencia de segunda instancia fue notificada el 6 de agosto de 2024 y la
acción de tutela de la referencia radicada el 9 siguiente.

1.4. Fundamentos de la solicitud

En este caso se infiere que el tutelante consideró que el tribunal accionado incurrió
en el defecto de desconocimiento del precedente, porque desatendió lo que se
expuso, en sede de tutela, al interior del expediente 11001-03-15-000-2023-
07515-00.

Al respecto se tiene que el accionante se limitó a citar apartes del fallo de tutela en
mención4, así como de los argumentos expuestos por la magistrada
sustanciadora, que salvó voto a la providencia controvertida, con el fin de advertir
que la decisión del tribunal es un «retroceso jurisprudencial de décadas».

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 21 de agosto de 2024 el magistrado sustanciador de primera
instancia admitió la acción de tutela y ordenó notificar como demandada a la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Como terceros con interés en las resultas del proceso, vinculó al Juzgado Treinta
y Tres Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, a los señores Jairo Sánchez
León, Claudia Milena Álvarez Pulgarin, Lina Johana Álvarez Pulgarin, Brayan
Steven Sánchez Álvarez y Jorge Eliecer Álvarez Pulgarin, [integrantes de la parte
demandante del proceso 11001- 3336-033-2022-00098-0/01], a la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, [parte pasiva del proceso en
mención], así como las demás partes, personas y/o entidades que hayan
participado en el proceso ordinario con radicado 11001-3336-033-2022-00098-
00/01.

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron los siguientes informes:

1.6.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, por intermedio de la magistrada sustanciadora de la providencia
controvertida, expuso que en la sentencia censurada se hizo el análisis normativo
y jurídico que llevó a la Sala mayoritaria a establecer, respecto del dictamen
presentado por el profesional en salud ocupacional, que éste no era conducente
para fijar el porcentaje de la disminución de la capacidad laboral, pues al tratarse
de miembros de la fuerza pública, la competencia para fijar dicho porcentaje la
tienen, de forma exclusiva, las autoridades médico laborales de la misma
institución, y de forma subsidiaria, las Juntas de Calificación de Invalidez.

Resaltó que «no era razonable recurrir a las tablas indemnizatorias fijadas por el
Consejo de Estado, pues su tasación tiene como referente y prueba fundamental

4 En esa tutela se hizo alusión al desconocimiento de la sentencia de unificación de 28 de agosto

de 2014, proferida al interior del expediente 31.17212.

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el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, sin ello, no se podía determinar el
grado o tarifa en que se reconocerán los perjuicios según dichas tablas».

1.6.2. El Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, a través del juez instructor, luego de relatar la actuación procesal del
expediente contencioso, se limitó a indicar que ese despacho no ha vulnerado
ningún derecho fundamental, y señalar que la acción de tutela no es el medio
idóneo para obtener lo pretendido por el accionante, sin embargo, no precisó qué
mecanismo sí lo es.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por el señor Jhon Jairo Sánchez Álvarez, de conformidad con lo
establecido en los Decretos 1069 de 2015 y 333 de 2021, y en el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a esta Colegiatura determinar si, en el caso concreto, se presenta
una vulneración a los derechos fundamentales advertidos por el accionante, de
parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
A con ocasión de la sentencia proferida en segunda instancia el 1. º de agosto de
2024.

Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, (ii) los requisitos generales de procedibilidad adjetiva, y (iii) el
caso en concreto.

2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 5
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema6.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales7.

5 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE

TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
7 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».

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Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 8, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Relevancia Constitucional

Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 20229, en
cuanto a la procedencia de la acción Constitucional de cara a este requisito, así:

[…] 40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez
debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales […].

Por su parte, esta sala ha dispuesto que el estudio de la relevancia constitucional
debe estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional
en la sentencia C-590 de 2005 y acogidos por esta corporación en sentencia de
unificación del 5 de agosto de 2014, que en concreto se refieren a:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de
aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por
ende, no debe ser un debate exclusivamente legal.

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una

8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9 Acogido por esta Sección en sentencia de 29 de septiembre de 2022, expediente N.º 11001-03-

15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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vulneración ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque
estas controversias corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no
puede convertirse en una tercera instancia10.

Sobre el particular, se considera que este asunto no es relevante
constitucionalmente, como se pasará a explicar.

En primera medida se destaca que en materia de tutelas contra providencias
judiciales le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de
la órbita de los jueces naturales de la causa, por lo tanto, el estudio debe basarse
exclusivamente en los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por la
parte actora dentro del trámite de tutela, toda vez que si se analizaran solo los
argumentos del accionante, sin el debido contraste de un indebido e irracional
estudio por parte de la autoridad judicial, se atentaría contra el principio de
autonomía judicial y así, en últimas se convertiría el mecanismo constitucional en
una tercera instancia.

En este orden de ideas, para esta Sala los argumentos se resumen en la indebida
implementación del criterio contenido en una sentencia de tutela, no cuenta con la
carga argumentativa para ser estudiado, en el marco de la trasgresión de
derechos fundamentales, porque además de no considerarse tal providencia como
precedente11, tampoco se desarrolla, por qué las consideraciones de tal sentencia
le son aplicables, más allá de realizar una cita tal proveído.

Por su parte se destaca que la decisión del tribunal se sustentó en la posición
jurídica referente a que la indemnización de los perjuicios debía ajustarse a la
magnitud y los efectos de la lesión, incluso respecto de los familiares del afectado,
y en el hecho de que no existía prueba conducente para tasar los perjuicios
morales, o para conceder el daño a la salud solicitado.

Por eso, se considera que no se acreditaron los criterios fijados por la Corte
Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado este presupuesto,
en atención a que no se justificó la presencia de una posible trasgresión de las
garantías constitucionales del tutelante, sino que, por el contrario, se advierten
argumentos con el fin de intentar acreditar la configuración de un concepto
adicional al otorgado, para a su vez, disentir del análisis probatorio efectuado por
la autoridad judicial de segundo grado demandada.

De manera que, al aplicar las consideraciones expuestas ut supra a la
controversia planteada por el accionante, la Sala advierte que esta no se
encuentra ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional,
máxime cuando sus argumentos fueron resueltos por el juez natural de la causa,
lo que implica que la tutela se torna improcedente.

En este sentido, para esta Sección, resulta claro que este asunto se circunscribe a
una inconformidad de la parte tutelante, de modo que la situación descrita es «de

10 Énfasis de la sala.
11 Según el criterio mayoritario de esta Colegiatura, tal providencia no se considera precedente, en

atención a que fue proferida en el marco de una acción de tutela, sin provenir de la Sala Plena del
Alto Tribunal Constitucional, por tanto, a lo sumo se entendería como un criterio auxiliar.

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competencia exclusiva del juez ordinario»12 y por ello, al funcionario constitucional
no le corresponde dirimir aspectos de esta naturaleza.

2.5. Conclusión

Así las cosas, se declarará improcedente el mecanismo constitucional de la
referencia, por falta de relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

3. FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su
notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

12 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-
573 de 2017 y C-590 de 2005.

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