Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04169-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04169-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-04169-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
30 de octubre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04169-01
Accionante: Jhon Jairo Sánchez Álvarez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Bogotá, D. C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04169-01
Accionante: Jhon Jairo Sánchez Álvarez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: desconocimiento de precedente
judicial. Subtema 2: reparación directa, daño a la salud, conscripto.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a decidir la
impugnación presentada por Jhon Jairo Sánchez Álvarez, en contra de la sentencia
del 12 de septiembre de 2024 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Jhon Jairo Sánchez Álvarez, en nombre propio, presentó acción de tutela 1 con el fin
de obtener la protección de los derechos fundamentales a la igualdad y al debido
proceso, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 1.º
de agosto de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, al interior del proceso de reparación directa con radicado núm. 11001-
3336-033-2022-00098-00/01.
II. ANTECEDENTES
2.1 Hechos relevantes
La parte accionante planteó los siguientes hechos como fundamento de sus
pretensiones:
Sostuvo que ingresó al Ejército Nacional a prestar el servicio militar obligatorio en
perfecto estado de salud.
Precisó que durante la prestación del servicio militar adquirió una enfermedad de
carácter laboral denominada Leishmaniasis, por lo que se sometió a un tratamiento
1 Samai, exp. 11001031500020240416900, índice 1.
1
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Accionante: Jhon Jairo Sánchez Álvarez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A
médico para mejorar su estado de salud. Sin embargo, tuvo una pérdida de su
capacidad laboral, de acuerdo con el dictamen pericial aportado con la demanda.
Informó que, junto a otros demandantes, presentó en ejercicio del medio de control de
reparación directa, demanda en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional, con el fin de obtener la indemnización del daño causado durante la
prestación del servicio militar obligatorio.
Adujo que el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá en
sentencia de primera instancia declaró la responsabilidad extracontractual del Estado
y accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda al confirmar que la
enfermedad y sus secuelas se manifestaron mientras el demandante prestaba su
servicio militar obligatorio, constituyendo así un daño especial. Agregó que la decisión
fue objeto del recurso de apelación.
Indicó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
A mediante sentencia de 1.º de agosto de 2024, revisó y modificó la decisión anterior.
En palabras del actor la decisión objeto de tutela inaplicó «sentencias de unificación,
se mezclan salvamentos con aclaraciones, se lanzan tesis sin ningún sustento
jurisprudencial y finalmente se resuelve el asunto denegando el perjuicio dao [sic] a la
salud y desconociendo fallo de tutela reciente que a esa misma Sala le ordenó volver
a proferir sentencia en caso conscripto leishmaniosis.»2.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
La parte actora solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:
2.1 Que se protejan mis derechos fundamentales a la IGUALDAD y al DEBIDO
PROCESO.
2.2 Que, como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al accionado, a
proferir nuevamente la sentencia de segunda instancia proferida dentro del proceso
radicado bajo el No. 11001-3336-033-2022-00098-01, mediante la cual se modificó la
sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado 33 Administrativo del Circuito
Bogotá y se condenó irrisoriamente al pago de DIEZ smlmv a mi.
2.3 Que se ordene al accionado que en el fallo que reemplace la sentencia cuya
anulación se solicita, reconozca mi daño a la salud, debidamente probado tal y como
ya lo ordenó en caso idéntico y en sede de tutela el Consejo de Estado en doble
instancia3.
Como fundamento de sus pretensiones, el tutelante consideró que la decisión proferida
por el tribunal accionado desconoció el precedente jurisprudencial al no reconocer el
perjuicio por daño a la salud. En particular, manifestó que no se tuvo en cuenta el fallo
de tutela de 04 de abril de 2024 proferido en el expediente identificado con el radicado
núm. 11001-03-15-000-2023-07515-00.
El accionante luego de citar apartes del fallo de tutela mencionado, así como los
argumentos expuestos por la magistrada que salvó el voto en la decisión cuestionada,
concluyó que la postura adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A, de negar el daño a la salud bajo el argumento que
2 Se transcribe incluso con errores.
3 Se transcribe incluso con errores.
2
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Subsección A
solo procede cuando existe una afectación funcional de un órgano, es reprochable e
implica «un retroceso jurisprudencial de décadas», al regresar a la tesis del daño
fisiológico ya abolido por la jurisprudencia del Consejo de Estado.
2.3. Trámite procesal
La tutela correspondió por reparto a la Sección Quinta del Consejo de Estado,
autoridad judicial que, a través del magistrado ponente, emitió auto el 21 de agosto de
20244 en el que admitió la acción de tutela, otorgó valor probatorio a los documentos
aportados con el escrito de amparo, y ordenó las notificaciones de rigor al tribunal
accionado.
Asimismo, vinculó como terceros con interés al Juzgado Treinta y Tres Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá, a los señores Jairo Sánchez León, Claudia Milena
Álvarez Pulgarin, Lina Johana Álvarez Pulgarin, Brayan Steven Sánchez Álvarez y
Jorge Eliecer Álvarez Pulgarin (demandantes al interior del proceso de reparación
directa), a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional (parte
demandada en el proceso en mención), así como las demás partes, personas y/o
entidades que hayan participado en el proceso con radicado núm. 11001-3336-033-
2022-00098-00/01.
2.4. Intervenciones
Luego de efectuadas las notificaciones de rigor, se recibieron las siguientes
intervenciones dentro del término de traslado:
Mediante informe de 26 de agosto de 20245, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, por intermedio de la magistrada
ponente del fallo objeto de tutela, solicitó que fueran negadas las pretensiones del
recurso de amparo porque este mecanismo constitucional no puede ser utilizado como
una instancia adicional para reabrir debates legales.
Indicó que la postura mayoritaria de la autoridad judicial accionada ha sostenido que
el reconocimiento de los perjuicios por daño a la salud debe negarse ante la falta de
medio probatorio cualificado que determine que las cicatrices de naturaleza leve
implican una limitación funcional y/o conlleven a la configuración de la variable de
afectación física, por defecto en los tejidos.
Respecto al desconocimiento del precedente judicial, el tribunal accionado puso de
presente que la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado el 28 de
agosto de 2014, en ninguna de sus consideraciones, en materia del daño a la salud,
exime al demandante de la carga probatoria, pues su reconocimiento no es
automático, sino que debe evaluarse la gravedad o levedad de la lesión conforme lo
probado en el proceso. Agregó que, se requiere de un medio probatorio adecuado que
determine si se presenta una anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro,
órgano, tejido u otra estructura corporal o mental; de manera que la parte que alega el
daño debe aportar la prueba que demuestre la afectación a la salud.
4 Samai, exp. 11001031500020240416900, índice 4, certificado: E99C5D046FBB2AAC 1AAEE8A14517B19B
A25581A051C3FDD6 2504CFFD4DF54C71.
5 Samai, exp. 11001031500020240416900, índice 12, certificado: 95264E5DFE5957C7 92659981B7EA8093
E40A6E3D377E7F61 6C8B42AC6DAAF5D0.
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Accionante: Jhon Jairo Sánchez Álvarez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A
Precisó que en la providencia censurada se hizo el análisis jurídico que llevó a
establecer que el dictamen presentado por el profesional en salud ocupacional no era
conducente para fijar el porcentaje de la disminución de la capacidad laboral, pues al
tratarse de miembros de la fuerza pública, la competencia para fijar dicho porcentaje
la tienen de forma exclusiva las autoridades médico-laborales de la misma institución,
y de forma subsidiaria las Juntas de Calificación de Invalidez.
En tal virtud, el tribunal accionado señaló que ante la falta de valoración por parte de
las autoridades competentes no era razonable recurrir a las tablas indemnizatorias
fijadas por el Consejo de Estado para determinar el porcentaje de pérdida de
capacidad laboral del actor.
En escrito presentado el 26 de agosto de 20246, la juez a cargo del Juzgado Treinta
y Tres Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá solicitó declarar
improcedente la acción de tutela al considerar que no vulneró los derechos
fundamentales del accionante. La acción de tutela no es el medio idóneo para obtener
lo pretendido por el señor Sánchez Álvarez, ya que existen otros mecanismos previstos
por la ley.
2.5. Sentencia de primera instancia
La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 12 de septiembre
de 20247, declaró improcedente la acción de tutela por falta de relevancia
constitucional.
Como argumentos de la decisión, el juez de tutela de primera instancia afirmó que el
asunto no tiene relevancia constitucional porque la parte actora no acreditó los criterios
fijados por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 para encontrar
superado este presupuesto, en atención a que no se justificó la presencia de una
posible trasgresión de las garantías constitucionales reclamadas, sino que, por el
contrario, los argumentos de la parte actora pretenden reabrir el debate resuelto por el
juez natural de la causa y disentir del análisis probatorio efectuado por la autoridad
judicial accionada.
Además, el juez constitucional de primera instancia precisó que la sentencia citada
como desatendida no constituye un precedente judicial por tratarse de una decisión
proferida al interior de una acción de tutela.
2.6. Impugnación
Dentro del término establecido en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
actora impugnó la decisión de primera instancia para lo cual reiteró los argumentos
expuestos en la acción de amparo8.
6 Samai, exp. 11001031500020240416900, índice 11, certificado: FD2DD2F508F72AAF FB21E450428C69FB
67A57E70E570D716 E696D17672C03145.
7 Samai, exp. 11001031500020240416900, índice 17, certificado: D0EE0183CB249E14 3762997DA24D06DC
9957B8C4D13B1C43 BD02FA590483A497.
8 Samai, exp. 11001031500020240416900, índice 22, certificado: 32B46FE6CFB77C6D 806C4C9C37501A45
5CCA8FCBC33F5674 3B42E61E74030EE0.
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Accionante: Jhon Jairo Sánchez Álvarez
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Agregó que el presente caso tiene relevancia constitucional y merece un
pronunciamiento de fondo, pues, a su juicio, el juez de primera instancia debió tener
en cuenta la sentencia de tutela proferida por la Sección Tercera, Subsección B del
Consejo de Estado el 4 de abril de 20249 para resolver el presente asunto. Lo anterior,
por cuanto en esa decisión se decidió un caso idéntico al aquí planteado.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo
32 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201910, esta Sala
tiene competencia para conocer, en segunda instancia, el recurso de impugnación
interpuesto en contra de la sentencia de 12 de septiembre de 2024 proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado.
3.2. Legitimación en la causa
El marco constitucional establece, para la procedencia de la acción de tutela, la
legitimación en la causa como la potestad que tiene toda persona para presentar sus
pretensiones o para controvertir aquellas que se han instaurado en su contra. El primer
presupuesto se conoce como legitimación en la causa por activa, mientras que el
segundo, como legitimación en la causa por pasiva11.
En el presente asunto, la legitimación en la causa por activa de Jhon Jairo Sánchez
Álvarez se encuentra acreditada, por cuanto fue demandante en el proceso de
reparación directa en el que fue proferida la sentencia de segunda instancia del 1.º de
agosto de 2024. Esta decisión es objeto de tutela y, por tanto, el accionante es titular
de los derechos fundamentales cuyo amparo pretende.
También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, en la medida en que
fue la autoridad judicial que emitió la providencia objeto de tutela.
3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado12 y de la Corte Constitucional ha
destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de
evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo
constitucional13.
Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C–590 de 2005 precisó que la
tutela contra providencia judicial es excepcionalísima y solo procede cuando se
cumplen rigurosos requisitos de procedibilidad: unos de carácter general, que habilitan
9 Radicado núm. 11001-03-15-000-2023-07515-00
10 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
11 Corte Constitucional, sentencia T - 553 de 2017.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
Nº 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
13 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
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la interposición de la acción y otros de carácter específico, relacionados con la
procedencia del recurso de amparo.
En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante debe
acreditar los siguientes:
(i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
(ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial (subsidiariedad);
(iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado
(inmediatez);
(iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental;
(v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
(vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso de
amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales14 y, por tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.
En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere que
se configure, al menos, uno de las siguientes causales o defectos: (i) orgánico; (ii)
procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a la
autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución Política15.
Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
Respecto del requisito general de procedencia de relevancia constitucional, resulta
necesario describir algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional en los que ha
determinado los elementos que se deben verificar en el análisis que se realice de la
tutela para determinar si se satisface o no este presupuesto.
La Corte Constitucional, en sentencia T- 638 de 2017 precisó que, este criterio sugiere
que el asunto bajo estudio involucre garantías superiores y no sea de competencia
exclusiva del juez ordinario. En consecuencia, el juez constitucional debe justificar de
manera clara y expresa el fundamento por el cual el caso objeto de examen es «una
cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes».
14 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
15 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
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Subsección A
En la sentencia SU-573 de 2019, la Corte determinó que «la acreditación de esta
exigencia, más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una
relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia
de una restricción desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo
que una simple relación con aquel».
Sobre este particular, en la sentencia SU -128 de 2021, el Tribunal Constitucional
precisó que «el juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe
indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver
es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes».
En ese contexto, el juez de tutela no puede entrar a estudiar aspectos que no tengan
una clara y marcada importancia constitucional. Por consiguiente, la acción de tutela
debe demostrar de forma clara las razones por las cuales, se considera que las
actuaciones judiciales censuradas tienen relevancia al vulnerar, de manera grosera y
flagrante, el ordenamiento superior y los derechos fundamentales de los accionantes.
Ahora bien, en sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional explicó que el
requisito de relevancia constitucional protege el carácter subsidiario del recurso de
amparo, así como las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y
previene que este mecanismo se convierta en una instancia adicional para reabrir
debates legales. En la mencionada decisión, la Corte precisó que para determinar si
este requisito se cumple, el juez debe analizar:
(i) Que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
(ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y,
(iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige
contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además,
una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
El simple alegato de la vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y
al acceso a la justicia no es suficiente para cumplir con el requisito de relevancia
constitucional, pues se requiere «demostrar de manera razonable una restricción
desproporcionada a los derechos mencionados»16.
Mencionado lo anterior, la Sala considera que el asunto bajo estudio tiene relevancia
constitucional dado que, además de la presunta afectación de los derechos a la
igualdad y al debido proceso que podría tener lugar con el pronunciamiento emitido el
1.º de agosto de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A; el actor considera que las cicatrices dejadas como secuela de
la enfermedad de leishmaniasis adquirida mientras prestó su servicio militar obligatorio
afectan su derecho a la salud que, a su juicio, debe ser reparado.
16 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
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Subsección A
El accionante no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios
para la protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias
respectivas dentro del proceso de reparación directa en el que se profirió la decisión
objeto de reproche constitucional.
Seguidamente, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, porque la
sentencia cuestionada fue proferida el 1.º de agosto de 2024 y la demanda de tutela
se presentó el 9 de agosto del mismo año17, esto es, dentro del plazo de seis (6) meses
establecidos por la jurisprudencia Constitucional18 y el Consejo de Estado19 como
período razonable.
En relación con el requisito de identificación razonable de los hechos y de los
argumentos, es preciso indicar que el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991 establece
que la acción de tutela tiene un carácter informal. No obstante, la Corte Constitucional
ha establecido que «es necesario que quien reclama la protección constitucional
mencione los derechos afectados, identifique con cierto nivel de detalle en qué
consiste la violación alegada y demuestre de qué forma aquella se aparta del ámbito
del derecho o incurre en una actuación abusiva contraria al orden jurídico, debiendo
haber planteado el punto de manera previa en el proceso respectivo, siempre que este
fuere posible»20.
Este requisito está satisfecho en el presente asunto, en la medida en que la parte
actora mencionó los hechos y los fundamentos de la afectación alegada. Al respecto,
la Sala precisa que el accionante presentó, en nombre propio, la acción de tutela con
la que pretende dejar sin efecto la sentencia de segunda instancia proferida por la
Sección Tercera, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el
objeto de que se aplique en debida forma la providencia del 4 de abril de 2024 emitida
por la Sección Tercera del Consejo de Estado en sede de tutela en un caso similar, en
el que se ordenó el reconocimiento del daño a la salud en eventos de lesiones
causadas a conscriptos producto de la leishmaniasis.
Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de tutela,
sino que se dictó al interior de un proceso contencioso-administrativo.
De acuerdo con lo expuesto, esta Sala constitucional encuentra superados los
requisitos generales de procedibilidad en relación con el defecto por desconocimiento
de precedente judicial, y en ese orden, continuará con el análisis de fondo en los
términos que planteó la parte actora.
3.5. Problema jurídico
La Sala debe determinar, en los términos del escrito de impugnación, si revoca,
confirma o modifica el fallo de primera instancia del 12 de septiembre de 2024, dictado
por la Sección Quinta del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción
de tutela por falta del requisito de relevancia constitucional.
17 Samai, exp. 11001031500020240416900, índice 1.
18 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
20 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
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Accionante: Jhon Jairo Sánchez Álvarez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A
Además, la Sala deberá establecer sí se vulneraron los derechos a la igualdad y al
debido proceso del actor con la decisión de 1.º de agosto de 2024, por medio de la
cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A negó
el reconocimiento de perjuicios por daño a la salud con ocasión de las lesiones
adquiridas durante la prestación del servicio militar obligatorio, al incurrir en
desconocimiento del precedente judicial.
Para el efecto, se estudiarán los siguientes ejes temáticos: (i) características del
defecto por desconocimiento del precedente judicial; y (ii) el caso concreto.
Desconocimiento del precedente judicial
El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la República
tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales vinculantes y
relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la efectividad de los
principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima, y la unificación
de la interpretación de las normas jurídicas.
Al respecto, la Corte Constitucional21 ha considerado que el precedente se define como
«la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que, por su
pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente
considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo».
Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede clasificar
en dos clases a saber: «(i) el precedente horizontal, el cual hace referencia a las
decisiones proferidas por autoridades del mismo nivel jerárquico o, incluso, por el
mismo funcionario; y (ii) el precedente vertical, que se refiere a las decisiones
adoptadas por el superior jerárquico o la autoridad encargada de unificar la
jurisprudencia»22.
Así, el precedente horizontal supone que, en principio, un juez individual o colegiado
no puede separarse del precedente fijado en sus propias sentencias, por lo que su
carácter vinculante se deriva del respeto por la línea argumentativa y decisoria que ha
establecido previamente, en atención a los principios de buena fe, seguridad jurídica y
confianza legítima e igualdad23. Lo anterior, no impide que los jueces, según al asunto
sometido a su conocimiento, puedan exponer de forma clara, suficiente, y razonable
los argumentos que justifican separarse del sentido de sus decisiones previamente
proferidas.
Por su parte, el precedente vertical, al provenir de la autoridad encargada de unificar
la jurisprudencia dentro de cada una de las jurisdicciones, limita la autonomía judicial
del juez, comoquiera que debe respetar la postura del superior, ya sea de las altas
cortes o de los tribunales.
En este orden, toda decisión previa adoptada por los órganos de cierre de las
diferentes jurisdicciones que se dirija a resolver un problema jurídico originado con
21 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015.
22 Corte Constitucional, sentencia T-460 de 2016.
23 Corte Constitucional, sentencia T-489 de 2013.
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similares circunstancias fácticas y jurídicas, al que debe resolver el juez, debe ser
tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad, especialmente,
el contenido de la ratio decidendi, «ya que además de ser el fundamento normativo de
la decisión judicial, define, frente a una situación fáctica determinada, la correcta
interpretación y, por ende, la correcta aplicación de una norma»24, salvo si existen
razones jurídicas particulares que impongan modificarlo.
Conforme lo expuesto, la jurisprudencia constitucional25 ha señalado que el
desconocimiento del precedente consiste en aquella circunstancia en virtud de la
cual una autoridad judicial modifica su posición frente a determinado asunto, o se
separa del criterio establecido por su superior jerárquico, sin cumplir con la carga
argumentativa que le corresponde en esos casos, toda vez que con ese proceder se
desconocen principios de relevancia constitucional como la igualdad, la seguridad
jurídica, la confianza legítima, entre otros, que están directamente relacionados con el
respeto del precedente.
Por ello, la Corte Constitucional26 permite, siempre y cuando se justifique de manera
razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del principio de
autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente, pues la
interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Y en caso de que
el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una violación a los
derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y al
debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de tutela.
3.6 Caso concreto
El actor, actuando en nombre propio, presentó acción de tutela con el fin de que se
deje sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida el 1.º de agosto de 2024,
por la Sección Tercera, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
que modificó la condena impuesta en primera instancia por el Juzgado Treinta y Tres
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá27, dentro del proceso de reparación
directa adelantado en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional por la presunta falla en el servicio que se dio por la infección (leishmaniasis)
que adquirió al momento de prestar su servicio militar obligatorio.
Como fundamento de lo anterior, el actor sostuvo que la decisión proferida por el
tribunal accionado vulnera sus derechos a la igualdad y al debido proceso, al negar,
dentro del proceso de reparación directa, el reconocimiento del perjuicio a la salud.
Ello, tras desconocer un fallo de tutela proferido por la Sección Tercera del Consejo de
Estado en un caso similar, en el que se ordenó la indemnización de perjuicios por del
daño a la salud en eventos de lesiones causadas a conscriptos producto de la
leishmaniasis.
Así, el tutelante consideró que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, al proferir la decisión cuestionada, incurrió en desconocimiento
del precedente, porque desatendió la sentencia de tutela proferida por la Sección
Tercera, Subsección B el 4 de abril de 2024, dentro del expediente 11001-03-15-000-
24 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
25 Corte Constitucional, sentencia SU-113 de 2018
26 Corte Constitucional, sentencia SU406 de 2016.
27 Sentencia de 30 de marzo de 2023.
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202307515-00. Al respecto, la Sala precisa que los fallos de tutela tienen efectos inter
partes y, por tanto, no pueden ser considerados como precedente judicial.
Sin embargo, los supuestos fácticos y jurídicos de la tutela mencionada tienen similitud
con lo discutido en esta oportunidad, además, en ese caso se hizo alusión al
desconocimiento de la sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera el 28
de agosto de 2014, expediente núm. 50001-23-15-000-1999-00326-01(31172)
Así las cosas, la Sala interpreta que el desconocimiento del precedente alegado por el
actor no solo es el referido a la acción de tutela del 4 de abril de 2024, sino también el
establecido en la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 28 de agosto de
2014, la cual sí constituye precedente judicial y, por tanto, la Sala realizará el análisis
bajo esa perspectiva.
En ese contexto, es preciso resaltar las consideraciones expuestas por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A en la sentencia
objeto de tutela, relacionadas con el perjuicio por daño a la salud, así:
109. Según la jurisprudencia del máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el
daño a la salud corresponde a un perjuicio inmaterial para resarcir los efectos del daño
sobre la integridad psicofísica de la persona. Ahora bien, como la reclamación por daño
a la salud no tiene por objeto compensar la aflicción que produce el daño, sino resarcir
la alteración de la unidad corporal del individuo, no se presume su causación, sino que
requiere ser probado por quien pretenda su reconocimiento.
(…)
111. La Sala mayoritaria, en un asunto de similares contornos fácticos al acá discutido,
consideró que, según la sentencia de unificación, procede acceder al reconocimiento
de perjuicios por daño a la salud cuando el demandante determine sobre cuál de las
variables pretende el reconocimiento del daño, siempre que se encuentre debidamente
acreditada mediante un medio probatorio cualificado.
(…)
113. Pues bien, conforme los lineamentos establecidos por la Sala mayoritaria, en este
caso se advierte que, la Dirección de Sanidad del Ejército de las Fuerzas Militares de
Colombia le diagnosticó al señor Jhon Jairo Sánchez Álvarez “leishmaniasis cutánea”,
enfermedad que de acuerdo con el dictamen pericial aportado por la parte demandante
le dejó como secuela tres cicatrices en su cuerpo, circunstancia que en principio podría
conllevar a colegir la configuración de la variable de afectación física por defecto en
sus tejidos; sin embargo, la parte demandante no aportó ni solicitó el medio probatorio
adecuado y cualificado que demuestre de una parte que las cicatrices dejadas como
secuela le implican una limitación funcional y/o establezca una afectación a los tejidos,
por lo tanto, no es posible concluir una alteración a la salud, al no tenerse por
demostrada, la afectación física, por el defecto en sus tejidos28.
La Sala encuentra que la autoridad judicial accionada realizó un estudio adecuado de
la normativa y jurisprudencia aplicable al caso concreto, lo que le permitió concluir que
no había lugar al reconocimiento del perjuicio por daño a la salud porque la sentencia
de unificación del Consejo de Estado de 28 de agosto de 2014, en ninguna de sus
28Samai, exp. 11001031500020240416900, índice 10, certificado: 95264E5DFE5957C7 92659981B7EA8093
E40A6E3D377E7F61 6C8B42AC6DAAF5D0.
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consideraciones, exime al demandante de su propia carga procesal probatoria;
tampoco dispone alguna inversión de la misma, ni señala de manera expresa que sea
el juez de oficio, el que determine cuál de las variables opera en el caso concreto.
Sobre el daño a la salud, la Sección Tercera de esta corporación en la sentencia de
unificación de 28 de agosto de 2014, expediente núm. 50001-23-15-000-1999-00326-
01(31172), precisó lo siguiente:
De allí que no sea procedente indemnizar de forma individual cada afectación corporal
o social que se deriva del daño a la salud, como lo hizo el tribunal de primera instancia,
sino que el daño a la salud se repara con base en dos componentes: i) uno objetivo
determinado con base en el porcentaje de invalidez decretado y ii) uno subjetivo, que
permitirá incrementar en una determinada proporción el primer valor, de conformidad
con las consecuencias particulares y específicas de cada persona lesionada.
Así las cosas, el daño a la salud permite estructurar un criterio de resarcimiento
fundamentado en bases de igualdad y objetividad, de tal forma que se satisfaga la
máxima “a igual daño, igual indemnización”.
En consecuencia, se adopta el concepto de daño a la salud, como perjuicio inmaterial
diferente al moral que puede ser solicitado y decretado en los casos en que el daño
provenga de una lesión corporal, puesto que el mismo no está encaminado al
restablecimiento de la pérdida patrimonial, ni a la compensación por la aflicción o el
padecimiento que se genera con aquél, sino que está dirigido a resarcir
económicamente –como quiera que empíricamente es imposible– una lesión o
alteración a la unidad corporal de la persona, esto es, la afectación del derecho a la
salud del individuo.
Por lo tanto, cuando el daño tenga origen en una lesión corporal (daño corporal), sólo
se podrán reclamar y eventualmente reconocer los siguientes tipos de perjuicios –
siempre que estén acreditados en el proceso –:
i) los materiales de daño emergente y lucro cesante;
ii) y los inmateriales, correspondientes al moral y a la salud o fisiológico, el primero
tendiente a compensar la aflicción o padecimiento desencadenado por el daño,
mientras que el último encaminado a resarcir la pérdida o alteración anatómica o
funcional del derecho a la salud y a la integridad corporal29. [Énfasis añadido]
De acuerdo con el precedente judicial transcrito, el daño a la salud debe ser entendido
como un perjuicio inmaterial diferente al daño moral, el cual puede ser solicitado en
aquellos casos en los que el daño provenga de una lesión corporal y está dirigido a
resarcir económicamente la pérdida o alteración anatómica o funcional del derecho a
la salud de la persona.
Además, el daño a la salud se repara con base en dos componentes (i) uno objetivo
determinado con base en el porcentaje de invalidez [pérdida de la capacidad laboral]
y (ii) uno subjetivo, que permitirá incrementar en una determinada proporción el primer
valor, de conformidad con las consecuencias particulares y específicas de la persona
lesionada30.
29 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 14 de septiembre de 2011, Rads. 19031 y 38222.
30 Consejo de Estado, Sección Tercera de esta corporación en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014,
expediente núm. 50001-23-15-000-1999-00326-01(31172)
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En el presente asunto, la Sala encuentra demostrado que el señor Sánchez Álvarez
tiene una pérdida de la capacidad laboral equivalente a 10.5% por las lesiones y
afectaciones en la piel [región clavicular derecha de 1.0X1.0cm, región dorsal
metatarsiano hipertrófica 1,0X1,0cm y muslo derecho 0.5 cm de diámetro] producto de
la leishmaniasis que le fue diagnosticada en prestación del servicio militar obligatorio;
cicatrices permanentes sin posibilidad de corrección, las cuales, según las pruebas del
proceso de reparación directa, no representaban una limitación funcional del derecho
a la salud del accionante.
Así las cosas, esta Sala concluye que la decisión acusada no desconoció el precedente
judicial alegado por el actor, debido a que fue proferida de conformidad con el material
probatorio aportado al proceso, el cual permitió concluir que no había lugar a acceder
a la pretensión relacionada con el reconocimiento y pago del perjuicio por daño a la
salud, pero sí al reconocimiento de perjuicios morales como consecuencia de la
leishmaniasis cutánea, la cual dejó como secuela tres cicatrices en su cuerpo, que no
inciden de manera directa en su estado de salud.
IV. CONCLUSIÓN
De conformidad con lo expuesto, se impone modificar la sentencia proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado el 12 de septiembre de 2024, que declaró
improcedente la acción de tutela por falta del requisito de relevancia constitucional para,
en su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad y al debido
proceso que el accionante consideró vulnerados porque la autoridad judicial accionada
no reconoció, en el proceso de reparación directa, el perjuicio por daño a la salud. Lo
anterior, porque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A al proferir la sentencia cuestionada no incurrió en desconocimiento del
precedente judicial.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 12 de septiembre de 2024 por el
Consejo de Estado, Sección Quinta. En su lugar, negar el amparo de los derechos
fundamentales de Jhon Jairo Sánchez Álvarez, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
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Accionante: Jhon Jairo Sánchez Álvarez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
RAMB/SEJV
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
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