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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01951-01

Fecha
18 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
11 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01951-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el 16 de mayo de 2025 por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela. SEGUNDO. AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de Ifraín Paba Díaz; en consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 27 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia en el proceso de reparación directa con radicado 05001-33-33-012-2020-00229-01 y ORDENAR a la autoridad judicial precitada dictar, en el término de los 20 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, una nueva decisión conforme a los lineamientos aquí planteados. TERCERO. NEGAR en todo lo demás la solicitud de amparo. CUARTO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-01951-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

18 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01951-01
Accionante: Ifraín Paba Díaz
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia

Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Reparación
directa. Lesiones conscripto.
Decisión: Revoca improcedencia, niega configuración del desconocimiento
del precedente y ampara frente al defecto fáctico.

La Sala decide la impugnación formulada por la parte accionante en contra de la
sentencia proferida el 16 de mayo de 2025 por la Subsección C de la Sección
Tercera de esta corporación, mediante la cual declaró improcedente la acción de
tutela.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 2 de abril de 2025, Ifraín Paba Díaz presentó acción de tutela con el fin
de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad y acceso efectivo a la administración de justicia. En consecuencia, solicitó
ordenar al Tribunal Administrativo de Antioquia proferir una nueva sentencia en el
medio de control de reparación directa con radicado No. 05001-33-33-012-2020-
00229-01, con fundamento en las pruebas aportadas al plenario, en la
jurisprudencia pacífica y reiterada sobre el análisis de los elementos de
responsabilidad en los casos de conscriptos y los conceptos de daño moral, salud
y lucro cesante, pero no bajo «supuestos o elementos de la imaginación que
conllevaron a la errónea decisión de segunda instancia».

2. Adicionalmente, requirió que en la providencia de reemplazo se observe el
derecho a la igualdad, «ya que todas las Salas del Tribunal Administrativo de
Antioquia y Cundinamarca declaran la responsabilidad en caso de leishmaniasis a
conscriptos».

3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, el accionante
manifestó que durante el período que prestó su servicio militar obligatorio se
contagió de leishmaniasis, enfermedad que le dejó secuelas y disminuyó su
capacidad laboral en un 10%.

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Accionante: Ifraín Paba Díaz

4. Ifraín Paba Díaz, Isaac Paba, Isela Paba, Mariela Díaz y Cristóbal Paba
Mendoza, quienes actuaron en nombre propio y en representación de sus hijos
menores DPPI, DPJE y DPJI, presentaron demanda de reparación directa en contra
de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, para que se le declarara
administrativamente responsable por los perjuicios causados con ocasión de la
enfermedad y posterior lesión cutánea que adquirió el primero de los mencionados
al prestar el servicio militar obligatorio.

5. El 5 de junio de 2024, el Juzgado 12 Administrativo de Medellín accedió a
las pretensiones de la demanda porque encontró acreditado que la lesión que
generó la enfermedad de la que fue víctima el señor Paba Díaz ocurrió durante la
prestación del servicio, esto es, en actos propios del servicio militar, el hecho de que
la enfermedad fuera causada por un agente extraño (insecto), no tiene la virtud de
excluir la responsabilidad de la entidad demandada, en razón a la inescindible
relación existente entre el resultado dañoso y el servicio mismo en el caso de los
soldados regulares quienes frente al Estado se encuentran en una relación de
especial sujeción, circunstancia que lo hace responsable por el daño padecido por
el actor.

6. En este orden de ideas, consideró que los perjuicios padecidos por Ifraín
Paba Díaz, como consecuencia de la enfermedad y posterior lesión cutánea que
adquirió al prestar el servicio militar obligatorio, son responsabilidad de la entidad
demanda, pues acontecieron por causa y debido a este, por lo que bajo el régimen
objetivo de responsabilidad, el Estado debía reparar el daño por él sufrido, en tanto
éste último no estaba en la obligación de soportarlo; por el contrario, el Estado tiene
la carga de devolver al soldado conscripto en condiciones similares de salud a las
que este presentaba cuando fue reclutado.

7. La parte demandada interpuso recurso de apelación en contra de la anterior
decisión, para lo cual indicó que no se demostró el daño antijurídico, y que el
dictamen pericial rendido por el profesional Fernando Vargas Quintana le asignó
una pérdida de la capacidad del 10% conforme a lo establecido en el artículo 87 del
Decreto 94 de 1989 en ese porcentaje porque es una prerrogativa en favor de los
evaluados; sin embargo advirtió que ese análisis no se determinó si la lesión
limitaría su desempeño.

8. Añadió que el perito tampoco es claro en establecer si se trata simplemente
de un daño estético, que pueda impactar el área laboral, porque podría interferir en
aspectos de selección, lo cual, en su criterio, es un asunto netamente hipotético,
pues ni siquiera fue considerado el rol laboral que tiene el demandante, de manera
que no se acreditó que la cicatriz impida el ejercicio de cualquier actividad laboral.

9. Por lo anterior, solicitó descartar la conclusión del perito y, en esa medida,
inferir que la existencia del daño no fue demostrada, pues no se acreditaron las
consecuencias de la cicatriz y, en todo caso, visto desde el régimen de la falla del
servicio se encuentra que tampoco hay medios que lo demuestren, habida cuenta
que nunca se reprochó una falta de atención adecuada, por el contrario se demostró

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Accionante: Ifraín Paba Díaz

con las pruebas documentales que en todo momento hubo una adecuada atención
médica y vigilancia de sus condiciones específicas.

10. El 27 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia revocó la
sentencia de primera instancia. Para sustentar su decisión, indicó que si bien el
señor Paba durante el tiempo que estuvo prestado el servicio militar obligatorio
adquirió la enfermedad de leishmaniasis y que el Ejército le brindó el tratamiento
necesario para la regularización de su estado de salud; no se acreditó la
materialización de un daño antijurídico tal que sea susceptible de indemnización,
por cuanto no existe en el plenario documento alguno que dé cuenta de la magnitud
de las secuelas padecidas, ya que solo se sabe que tiene una pequeña cicatriz en
un brazo por la que un médico le asignó una pérdida de la capacidad laboral del
10%, lo cual no es suficiente para condenar al Ejército a pagar perjuicios materiales.

11. Adicionalmente, la autoridad judicial precitada revocó el reconocimiento del
daño a la salud porque no se probó que la enfermedad afectara gravemente la
capacidad física, psicológica o social del demandante y, además, la entidad
demandada brindó la atención médica y el tratamiento que éste requería, razón por
la cual aquel no sólo se curó, sino que además quedó sin secuelas invalidantes.

12. Como fundamentos de derecho, el accionante afirmó que el Tribunal
Administrativo de Antioquia, al expedir la Sentencia del 27 de marzo de 2025, aplicó
de forma indebida el régimen de responsabilidad objetivo, puesto que en el proceso
se probaron todos los elementos propios de dicho régimen, esto es, el daño
causado, la «carga especial» y el nexo causal.

13. Para soportar la anterior posición, citó (i) los fallos de tutela 11001-03-15-
000-2024-05723-00 y 11001-03-15-000-2023-07515-00/01 emitido por el Consejo
de Estado, (ii) las sentencias emitidas por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en el proceso de reparación directa con radicados 11001-3343-059-
2021-00212-00/01, 11001-33-36-032-2021-00343-01 y 11001-33-36-033-2022-
00144-00/01; (iii) las providencias dictadas por el Tribunal Administrativo de
Antioquia identificadas bajo los números 05001-33-33-002-2020-00147-00/01,
05001-33-33-034-2020-00217-00/01 y (iv) los proveídos por el Tribunal
Administrativo de Risaralda con radicados 66001-33-33-006-2017-00342-01 y
66001-33-33-001-2017-00348-01, en los cuales se analizó la responsabilidad del
Estado por lesiones generadas por la enfermedad de leishmaniasis a quienes
prestaron servicio militar obligatorio.

Intervenciones1

14. El Tribunal Administrativo de Antioquia afirmó que la acción de tutela no
cumplió con el requisito general de relevancia constitucional, toda vez que el
accionante pretende que se discuta nuevamente la responsabilidad del Estado por

1
El 4 de abril de 2025, la Subsección C de la Sección Tercera de esta corporación admitió la acción de tutela instaurada por
Ifraín Paba Díaz contra el Tribunal Administrativo de Antioquia y, adicionalmente, vinculó al Juzgado 12 Administrativo de
Medellín y a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.

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Accionante: Ifraín Paba Díaz

los perjuicios causados con ocasión de la enfermedad que contrajo mientras
prestaba el servicio militar, lo cual ya fue resuelto en primera y segunda instancia
del proceso ordinario.

15. Adicionalmente, consideró que se desvirtuó el propósito de la acción de
amparo, pues, actualmente, en Antioquia todas las sentencias emitidas por esa
corporación están siendo cuestionadas a través del mecanismo de amparo ante el
Consejo de Estado, como si se tratara de una tercera instancia para reabrir el debate
judicial con el fin de que se acojan las pretensiones.

16. Sin perjuicio de lo anterior y en caso de que decida estudiarse de fondo,
aseguró que no se configuró un defecto fáctico, ya que se realizó una valoración
integral del material probatorio, concluyendo que «no era procedente acceder a las
pretensiones de la demanda, por cuanto se reitera, la magnitud de la cicatriz “2,0 x
3,0 CMS DE FORMA OVALADA REGIÓN DORSAL – TERCIO DISTAL
ANTEBRAZO IZQUIERDA…” no permitía concluir que la misma afecte su imagen
corporal o que actualmente y a futuro le fuera a ocasionar secuelas que le impidieran
desarrollarse laboralmente».

17. Igualmente, sostuvo que no se incurrió en desconocimiento del precedente
judicial, puesto que, por un lado, no inobservó el régimen de imputación objetivo,
sino que consideró que con los elementos de juicio aportados al proceso no se
encontraba configurado un daño susceptible de ser indemnizado. En esos términos,
solicitó desestimar la acción de la referencia.

18. El Juzgado 12 Administrativo de Medellín indicó que las actuaciones en
el medio de control de reparación directa y la decisión que puso fin al proceso se
adoptaron luego de un estudio minucioso y detallado de cada uno de los medios
probatorios que reposan en el expediente. De otra parte, aclaró que el Tribunal
Administrativo de Antioquia no ha devuelto el expediente digital, por lo que solo
remitirá el expediente de primera instancia y la sentencia de segunda instancia.

19. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional manifestó que el
accionante omitió señalar con claridad los defectos en que presuntamente incurrió
el Tribunal Administrativo de Antioquia al momento de proferir la decisión que
rechazó sus pretensiones. Además, resaltó que el actor pone de presente
discusiones estrictamente legales y probatorias que ya fueron dilucidadas dentro
del proceso ordinario, por lo que no le corresponde al juez constitucional hacer un
pronunciamiento adicional ya que ello implicaría desconocer el principio de
autonomía e independencia judicial y desconocería el objeto de la acción de tutela
convirtiéndolo en una instancia adicional.

20. En todo caso, aseguró que el Tribunal Administrativo de Antioquia no
vulneró ningún derecho fundamental, comoquiera que revocó la sentencia de
primera instancia con base en los precedentes judiciales aplicables al caso y en un
profundo análisis probatorio. Por lo anterior, solicitó declarar improcedente la
presente acción.

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Accionante: Ifraín Paba Díaz

Sentencia impugnada

21. El 16 de mayo de 2025, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado declaró improcedente la acción de tutela por no gozar de relevancia
constitucional, comoquiera que el caso fue adecuadamente examinado por la
autoridad accionada y, además, no observó que la decisión se hubiese dictado de
forma arbitraria, sin respaldo de los hechos y fundamentos normativos ni que
hubiese transgredido los derechos fundamentales de la parte actora durante el
desarrollo del proceso ordinario.

22. Por lo anterior, consideró que la parte accionante pretende imponer su
interpretación normativa sobre las consideraciones expuestas por la autoridad
accionada, así como su discrepancia con la decisión adoptada, con el fin de
continuar el debate surtido en el trámite en el medio de control de reparación directa,
ya que reiteró los argumentos de índole legal y probatorio esgrimidos en el marco
del proceso ordinario, sin esbozar las razones concretas por las cuales las garantías
invocadas fueron vulneradas con la providencia censurada, lo que escapa de la
órbita del juez constitucional.

23. Sin perjuicio de lo anterior, explicó que si bien la parte actora identificó los
fallos de tutela que debieron ser tenidos en cuenta por la corporación accionada, no
precisó ninguna regla vinculante que hubiese dejado de aplicarse.

24. Adicionalmente, aclaró que las sentencias proferidas en los procesos de
reparación directa emitidas por diferentes tribunales no constituyen precedente
horizontal con fuerza vinculante y obligatoria de una sentencia de unificación, por lo
que no puede concluirse que estas componen un precedente en el cual el juez
natural de la causa debió basar su estudio. Además, la parte accionante no
desarrolló un análisis metodológico y comparativo que permitiera establecer la
identidad jurídica entre esos fallos.

25. Finalmente, resaltó que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y
subsidiaria, por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de
los derechos fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una
posible agresión proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión
proferida por esta, sin que ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un
nuevo estudio del caso como si fuera una instancia adicional a lo ya surtido.

Impugnación

26. La parte accionante impugnó la anterior decisión, para lo cual afirmó que el
juez de primera instancia se basó en un modelo preestablecido de la Subsección C

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Accionante: Ifraín Paba Díaz

de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a pesar de que en otras secciones y
subsecciones hay decisiones favorables sobre el tema que aquí se discute.

27. Consideró que no podía declararse la falta de relevancia constitucional,
cuando existe una clara vulneración de derechos fundamentales, ya que se rechazó
la responsabilidad del Estado por la ausencia de un dictamen pericial específico,
confundiendo daño con perjuicio.

28. Mencionó las sentencias proferidas el 11 de abril y 5 de junio de 2025 por
la Subsección B de la Sección Tercera y por la Sección Quinta de esta corporación,
en las cuales se determinó que el Tribunal accionado incurrió en defecto fáctico al
no valorar adecuadamente la prueba pericial presentada, bajo el argumento errado
de que solo la Junta Médico Laboral podía acreditar la responsabilidad, lo cual se
consideró como una imposición de una tarifa legal inexistente.

29. Por último, destacó que el Consejo de Estado ya ha dejado claro que (i) no
existe tarifa legal en casos de responsabilidad del Estado por daños a conscriptos;
(ii) no puede confundirse daño con perjuicio por falta de un dictamen sobre pérdida
de capacidad laboral; y (iii) los elementos de la responsabilidad deben acreditarse
independientemente del monto de los perjuicios.

Actuación procesal en segunda instancia

30. El 22 de agosto de 2025, el despacho del magistrado ponente de la presente
decisión vinculó a Isaac Paba, Isela Paba, Mariela Díaz y Cristóbal Paba Mendoza,
quienes actuaron en nombre propio y en representación de sus hijos menores DPPI,
DPJE y DPJI, tras haber actuado como demandantes en el proceso de reparación
directa con radicado 05001-33-33-012-2020-00229-00/01, en el cual se profirió la
providencia objeto de análisis en esta sede.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

31. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Cuestión previa

32. Antes de plantear el problema jurídico objeto de análisis, la Sala advierte
que los cuestionamientos formulados por la parte accionante, relacionados con la
aplicación indebida del régimen de responsabilidad objetiva y el desconocimiento
de decisiones judiciales invocadas como precedentes, serán examinados bajo los
defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial, por ser las causales que
mejor se ajustan a los cargos propuestos en el escrito de amparo.

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Accionante: Ifraín Paba Díaz

Problema jurídico

33. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, si el Tribunal
Administrativo de Antioquia, al expedir la Sentencia del 27 de marzo de 2025, aplicó
adecuadamente el régimen de responsabilidad, conforme a las pruebas allegadas
al expediente; y (ii) se encontraba obligado a aplicar los pronunciamientos
invocados por el accionante como desconocidos.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

34. La presente acción de tutela cumplió con todos los requisitos generales de
procedencia, comoquiera que (1) se tiene acreditada la legitimación, tanto activa
como pasiva, puesto que Ifraín Paba Díaz es el titular de las garantías
constitucionales que se invocan como vulneradas, y el Tribunal Administrativo de
Antioquia fue la autoridad que profirió la decisión que se cuestiona en el escrito de
amparo; (2) no existe otro mecanismo judicial que permita a la parte actora procurar
la defensa de sus derechos constitucionales; (3) la acción de tutela se presentó el
2 de abril de 2025, es decir, dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la
Sentencia del 27 de marzo de 20252; (4) no se cuestionó una irregularidad procesal;
(5) se identificaron razonablemente los hechos y argumentos con fundamento en
los cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales; y (6) la tutela no se
interpone contra una providencia de igual naturaleza.

35. Contrario a lo decidido por el juez de tutela de primera instancia, la Sala
considera que (7) la controversia goza de relevancia constitucional, toda vez que
(a) el debate gira en torno a la presunta transgresión de los derechos fundamentales
al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia; (b) se
argumentaron con suficiencia los reparos alegados los cuales fueron adecuados a
las causales de defecto fáctico y desconocimiento del precedente judicial, por lo
que no constituyen una reiteración de los discutidos en el trámite ordinario ni
pretenden reabrir el debate; y (c) no se trata de un asunto de mera legalidad o
carácter eminentemente económico.

36. Por lo anterior, existe mérito suficiente para revocar la decisión de tutela de
primera instancia y estudiar de fondo los reparos planteados por la parte actora.

Análisis de vulneración alegada: estudio de los defectos

37. La Sala accederá al amparo solicitado frente al defecto fáctico y negará la
protección en relación con el cargo de desconocimiento del precedente judicial, por
las razones que a continuación pasan a exponerse:

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La providencia fue notificada el 1° de abril de 2025.

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38. Ifraín Paba Díaz solicitó la protección de sus derechos fundamentales, los
cuales consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo de Antioquia, al expedir
la Sentencia del 27 de marzo de 2025, comoquiera que incurrió en defecto fáctico,
toda vez que aplicó de manera inadecuada el régimen de responsabilidad objetivo,
por cuanto se probaron todos los elementos propios de dicho régimen, esto es, el
daño causado y el nexo causal.

39. Para resolver el anterior desacuerdo, la Sala considera necesario estudiar
los argumentos en que se apoyó la autoridad judicial precitada para revocar la
decisión del Juzgado 12 Administrativo de Medellín, que había accedido a las
pretensiones de la demanda. Así, se observa que el Tribunal Administrativo de
Antioquia, en primer lugar, indicó que, con base en las pruebas aportadas, debía
determinar si existía o no responsabilidad patrimonial del Estado según el régimen
objetivo y el título de imputación de daño especial.

40. En ese sentido, explicó que el primero de los elementos a revisar es el
daño, el cual debe ser antijurídico, esto es, que el Estado lo haya generado
produciendo una carga injustificada en el particular, que de no estar presente
impediría realizar cualquiera análisis de imputación. Así, señaló que se encuentra
acreditado que Ifraín Paba Díaz desarrolló la enfermedad de leishmaniasis mientras
prestaba el servicio militar obligatorio, la cual fue diagnosticada el 3 de diciembre de
2019 en el Dispensario Médico de Puerto Berrío de la Dirección de Sanidad del
Ejército Nacional.

41. Precisó que la incidencia de esa enfermedad en el desarrollo presente y
futuro de sus relaciones tanto personales como laborales debía ser acreditada
dentro del proceso con el fin de determinar el daño antijurídico y el grado de
afectación de este. Al respecto, afirmó que, aunque se probó que el señor Paba
Díaz no acudió a la valoración médica por parte de la Junta Médico Militar, no podía
pasarse por alto que la parte actora pretendía el reconocimiento de sus
pretensiones, con base en una evaluación médica que determinó una pérdida de
capacidad laboral equivalente al 10%. Sin embargo, aclaró que, según el Decreto
94 de 1989, solo la Junta Médico Laboral y el Tribunal Médico Laboral de Revisión
Militar y de Policía son las autoridades competentes para determinar la capacidad
psicofísica y la eventual invalidez o incapacidad de los miembros de la Fuerza
Pública.

42. Además, resaltó que el Consejo de Estado, en Sentencia del 9 de
septiembre de 2021 (Rad. 25000-23-42-000-2014-02760-01), sostuvo que «los
dictámenes de pérdida de capacidad laboral de los miembros de la Fuerza Pública,
que rindan las Juntas Regionales sólo pueden ser practicados por encargo judicial,
esto es, siempre y cuando sean decretados por el juez administrativo, luego, no
tienen valor probatorio los dictámenes aportados por las partes, y menos, cuando ni
la Junta Médica ni el Tribunal Médico Laboral fueron convocados previamente por
el interesado».

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43. En consecuencia, la autoridad accionada concluyó que no era posible
otorgar valor probatorio de dictamen a la evaluación médica presentada en el escrito
de demanda y que sirvió de fundamento para determinar el porcentaje de pérdida
de capacidad laboral, pero no porque no se haya realizado por la Junta Médica y/o
por el Tribunal Médico Laboral del Ejército, sino porque fue aportado directamente
por la parte actora sin que mediara encargo judicial para que se realizara el dictamen
referido, y, además, porque no se le efectuó la contradicción en los términos de los
artículos 219 de la Ley 1437 de 2011 y 228 del Código General del Proceso.

44. Lo anterior, por cuanto en la contestación de la demanda, el Ejército pidió
que se citara al médico Fernando Vargas Quintana para que explicara su dictamen,
ya que era un profesional particular y no una autoridad pública. Sin embargo, el
Juzgado 12 Administrativo de Medellín, en aplicación del artículo 182 A de la Ley
2080 de 2021, omitió la realización de la audiencia de pruebas y dictó sentencia
anticipada, sin pronunciarse sobre ese dictamen, indicando que «en su valor legal
se apreciarán los documentos relacionados en el escrito de la demanda».

45. En esos términos, expuso que a Ifraín Paba Díaz no se le hizo examen de
retiro ni fue valorado por la Junta Médico Militar, por lo que a pesar de que la historia
clínica indicaba que este presentó la enfermedad de leishmaniasis esto, en su
criterio, no era suficiente para declarar judicialmente responsable a la entidad
demandada, por cuanto ante el juicio de imputación, no se llegó a la convicción que
dicho daño fuera de naturaleza tal que merezca ser indemnizado, ya que si bien era
cierto que el profesional en medicina en la valoración realizada estableció una
pérdida de la capacidad del 10% fundamentado en unas «lesiones adquiridas en el
servicio, con causa y razón del mismo, en ningún momento establece en que
consiste realmente esa pérdida o cual es la función laboral que se ve limitada o las
actividades que no podrá realizar».

46. Por tanto, la autoridad accionada solo encontró acreditado que el señor
Paba durante el tiempo que prestó el servicio militar obligatorio adquirió
leishmaniasis y que el Ejército le brindó el tratamiento necesario para la
regularización de su estado de salud; sin embargo, no evidenció la materialización
de un daño antijurídico tal que sea susceptible de indemnización, por cuanto en el
plenario no existe documento alguno que dé cuenta de la magnitud de las secuelas
padecidas, de ahí que debía revocarse la condena impuesta al Ejército frente al
reconocimiento de perjuicios materiales.

47. Ahora, frente al reconocimiento del daño a la salud concedido en primera
instancia, consideró que este también debía revocarse, comoquiera que la entidad
demandada brindó la atención médica y el tratamiento que el actor requería, razón
por la cual aquel no sólo se curó, sino que además quedó sin secuelas invalidantes,
mismo argumento que, a su juicio, resulta procedente para también revocar la
condena por daño moral.

48. Analizados los anteriores argumentos, la Sala encuentra pertinente precisar
que el artículo 90 de la Constitución Política establece que el Estado debe responder

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Accionante: Ifraín Paba Díaz

patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por
la acción o la omisión de las autoridades públicas. En cuanto a los elementos para
que proceda la responsabilidad del Estado, el Consejo de Estado ha señalado que
deben concurrir los elementos demostrativos de la existencia de: (i) un daño o lesión
de naturaleza patrimonial o extrapatrimonial, cierto y determinado, (ii) una conducta
jurídicamente imputable a la administración y (iii), cuando hubiere lugar a ella, una
relación o nexo de causalidad entre ambas, es decir, que el daño se produzca como
consecuencia directa de la acción u omisión de la autoridad pública de que se trate3.

49. En cuanto al régimen de responsabilidad aplicable para abordar la
responsabilidad extracontractual del Estado por los daños y lesiones padecidos por
quienes se vinculan a la fuerza pública por mandato constitucional y legal, el
Consejo de Estado ha declarado la responsabilidad del Estado por daños irrogados
a conscriptos, haciendo uso de regímenes de responsabilidad objetivos como daño
especial, por rompimiento del equilibrio frente a las cargas públicas o por riesgo
excepcional, cuando el daño ha sido la concreción de un riesgo propio de una
actividad peligrosa; sin que ello quiera decir que se privilegia algún régimen en
particular, ya que también se ha declarado la responsabilidad partir de un régimen
subjetivo de falla del servicio cuando así se halle demostrada, en virtud del principio
de iura novit curia4.

50. Ahora, en cualquiera de dichos eventos, la parte demandante debe
demostrar los elementos de la responsabilidad, sin que puedan presumirse.

51. Analizados los argumentos expuestos por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, la Sala considera que aquel incurrió en un defecto fáctico por no darle el
respectivo valor al dictamen/evaluación médica que determinó una pérdida de
capacidad laboral equivalente al 10% y, consecuencialmente, aplicó de manera
inadecuada el régimen de responsabilidad objetiva por daño especial, pues se
encontraba plenamente acreditado en el proceso que el señor Paba Díaz, mientras
prestaba el servicio militar obligatorio en el Batallón de Ingenieros No. 14 «Batalla
de Calibio» fue diagnosticado el 3 de diciembre de 2019 con leishmaniasis
cutánea».

52. De este modo, se observa que el anterior diagnóstico fue realizado durante
su vinculación como conscripto, es decir, en cumplimiento del deber constitucional
consagrado en el artículo 216 de la Constitución Política, que impone a los
ciudadanos el deber de tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan.
En esta medida, el demandante se encontraba bajo el mando y cuidado exclusivo
del Estado colombiano, quien le impuso una carga pública derivada del servicio
militar obligatorio y fue precisamente en esa condición de sometimiento que contrajo
la enfermedad, lo cual revela con suficiencia el elemento del daño antijurídico, al
tratarse de una afectación a la integridad personal que el afectado no estaba en la

3
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Sentencia del 23 de septiembre de 2015. Radicado 76001-23-
31-000- 2008-00974-01 (38522).
4
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Sentencia del 29 de abril de 2019. Radicado 19001-23-31-000-
2006-00561-01.

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Accionante: Ifraín Paba Díaz

obligación de soportar, en los términos reiterados por la jurisprudencia del Consejo
de Estado.

53. Adicionalmente, el nexo de causalidad entre el daño y la actividad estatal
está plenamente demostrado, al haber adquirido el demandante la enfermedad en
ejercicio de una carga pública impuesta por el Estado, sin que se probara por parte
de la entidad ninguna causa extraña, como hecho exclusivo y determinante de un
tercero o de la víctima, que rompa dicho nexo.

54. Así las cosas, se encontraban acreditados los elementos estructurales del
régimen de responsabilidad objetiva por daño especial, a saber: (i) daño antijurídico,
evidenciado en la enfermedad adquirida y la secuela física resultante; (ii) la
imputación del daño a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, por ser
la entidad que impuso y dirigió el cumplimiento de la carga pública; y (iii) el nexo de
causalidad, al ser evidente que la lesión fue consecuencia directa del cumplimiento
del deber constitucional de prestar el servicio militar obligatorio.

55. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Antioquia concluyó erradamente
que no se configuraba el daño antijurídico, bajo el argumento de que no se acreditó
la magnitud de las secuelas, pues el dictamen aportado al no había sido practicado
por la Junta Médica y/o por el Tribunal Médico Laboral del Ejército. No obstante, tal
apreciación desconoce que sobre la prueba de pérdida de capacidad laboral no
existe tarifa legal, así como que la existencia del daño antijurídico no depende de
su dimensión, sino de que lesione un interés legítimo que la víctima no esté
jurídicamente obligada a soportar.

56. Asimismo, no sobra aclarar que (1) no puede confundirse la prueba de los
perjuicios con la prueba del daño, ni mucho menos con el carácter cierto de este
último; y (2) si el juez de la responsabilidad estima que no existen pruebas sobre la
magnitud del daño y los perjuicios que derivan de él (materiales y/o inmateriales)
puede acudir a la figura de la condena en abstracto.

57. En consecuencia, se impone dejar sin efectos la sentencia proferida el 27
de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar, se dicte,
en el término de 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, una nueva
decisión conforme a los lineamientos aquí expuestos, esto es, que valore
adecuadamente el dictamen aportado por la parte actora5.

5
En el mismo sentido, recientemente, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado sostuvo: «Sin embargo,
revisado el expediente ordinario aportado a estas diligencias, se evidenció que, el 5 de mayo de 2023 se llevó a cabo la
audiencia de pruebas, en la que se presentó el mencionado «Dictamen de Pérdida de Capacidad Laboral de fecha 17 de
agosto de 2021» que la parte actora había solicitado se decretara, el cual, fue elaborado por Gilberto Fernando Vargas
Quintana, «[m]édico egresado de la Universidad de Antioquia, […] especialista en salud ocupacional, […] calificador de
invalidez, ex miembro de la Junta Regional de Calificación de invalidez de Antioquia, perito […] laboral», quien compareció a
esa diligencia con el fin de expresar las razones y las conclusiones de aquel, así como, el origen de su conocimiento,
evidenciándose que el extremo pasivo no formuló oposición alguna ni allegó otra prueba que lo desvirtuara, razón por la cual,
para la Sala, no es de recibo que se argumente, que no era idóneo o que no fue expedido por la autoridad competente.
En ese orden de ideas, se advierte que el fallo objeto de discusión incurrió en defecto fáctico al restarle valor probatorio al
dictamen pericial del médico que calificó en un 10% la disminución en la capacidad laboral del accionante»

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Accionante: Ifraín Paba Díaz

58. Ahora, en cuanto al cargo del desconocimiento de precedente judicial, la
Sala aclara que este no se encuentra estructurado, comoquiera que las providencias
que se invocan como desconocidas fueron emitidas por salas diferentes6 a la que
expidió el proveído que hoy se censura o por otros tribunales administrativos7, cuyas
decisiones no son vinculantes, conforme al principio de independencia judicial y, en
esa medida, tampoco puede predicarse la transgresión del derecho a la igualdad.

59. La misma suerte corre el desacuerdo relativo a la inobservancia de los fallos
proferidos por el Consejo de Estado el 5 de junio de 2024, el 11 de abril de 2025 y
el 12 de mayo de 2025, en los expedientes 11001-03-15-000-2023-07515-01,
11001-03-15-000-2025-01601-00 y 11001-03-15-000-2024-05723-01, en el igual
orden, puesto que fueron proferidos en sede de tutela, por lo que sus efectos, al ser
inter partes, no van más allá del caso objeto de controversia. Además, se resalta
que los últimos dos pronunciamientos fueron expedidos con posterioridad a la
providencia que aquí se reprocha, por lo que resultaría irrazonable exigirle a la
autoridad judicial accionada que acojan los lineamientos allí trazados.

Conclusión

60. Con fundamento en los anteriores argumentos, la Sala revocará el fallo de
tutela proferido el 16 de mayo de 2025 por la Subsección C de la Sección Tercera
de esta corporación, que declaró improcedente la acción de tutela, al encontrar
superado el requisito general de relevancia constitucional y, en su lugar, amparará
el derecho fundamental al debido proceso del accionante, en relación con el defecto
fáctico alegado.

61. En consecuencia, se dejará sin efectos la Sentencia del 27 de marzo de
2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia en el proceso de
reparación directa con radicado No. 05001-33-33-012-2020-00229-01 y se ordenará
a la autoridad judicial precitada dictar, en el término de los 20 días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia, una nueva decisión conforme a los lineamientos aquí
planteados.

62. Por otro lado, se negará la protección invocada, frente al cargo de
desconocimiento del precedente judicial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

6
05001-33-33-002-2020-00147-00/01, 05001-33-33-034-2020-00217-00/01.
7
Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Rad. 11001-3343-059-2021-00212-00/01, 11001-33-36-032-2021-00343-01 y
11001-33-36-033-2022-00144-00/01) y Tribunal Administrativo de Risaralda (Rad. 66001-33-33-006-2017-00342-01 y 66001-
33-33-001-2017-00348-01).

12
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Accionante: Ifraín Paba Díaz

III. RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el 16 de mayo de 2025 por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual
declaró improcedente la acción de tutela.

SEGUNDO. AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de Ifraín Paba
Díaz; en consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 27 de
marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia en el proceso de
reparación directa con radicado 05001-33-33-012-2020-00229-01 y ORDENAR a la
autoridad judicial precitada dictar, en el término de los 20 días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia, una nueva decisión conforme a los lineamientos aquí
planteados.

TERCERO. NEGAR en todo lo demás la solicitud de amparo.

CUARTO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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