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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07247-01

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07247-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 11 de diciembre de 2025, proferida por la Subsección “A” de la Sección Segunda de esta Corporación y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela, por las razones expuestas en esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001 03 15 000 2025 07247 01 Accionante: John Arnold Manotas Medina y otros Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-07247-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

12 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2025 07247 01
Accionante: John Arnold Manotas Medina y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Revoca la providencia impugnada y, en su lugar, declara
improcedente la acción de tutela por no cumplir el
requisito general de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el Tribunal Administrativo de Antioquia1
en contra del fallo de tutela proferido el 11 de diciembre de 2025, por la Subsección “A”
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que amparó parcialmente los derechos
fundamentales del accionante.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor John Arnold Manotas Medina y Lorena Medina, actuando en nombre propio y en
representación de Stefany Berrocal Medina, Yulieth Patricia Medina y Jeimy Julieth
Manotas Medina, interpusieron acción de tutela con el propósito de obtener la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración
de justicia, los cuales consideraron vulnerados por el Tribunal, al proferir la sentencia de
segunda instancia de 12 de noviembre de 2025, dentro del medio de control de reparación
directa con radicado núm. 05001 33 33 012 2016 00755 00/01. Para ello formularon las
siguientes pretensiones2:

2.1 Que se protejan nuestros derechos fundamentales aludidos.

2.2 Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al Honorable
Tribunal Administrativo de Antioquia a proferir nuevamente la sentencia de
segunda instancia dictada dentro del proceso radicado bajo el No 05001 33
33 012 2016 00755 01 mediante el cual se REVOCÓ la sentencia de primera
instancia proferida por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de
Medellín.

1 En adelante el Tribunal.
2
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2025 07247 00.

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Accionante: John Arnold Manotas Medina y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

1.1 Que se ordene al accionado que en el fallo que reemplace la sentencia cuya
anulación se solicita, profiera una sentencia con sujeción a las pruebas
aportadas al plenario, con fundamento en el precedente jurisprudencial que
sobre daño a conscriptos existe y, en especial, que profiera una sentencia
aplicando con cordura los conceptos de daño moral, a la salud y lucro
cesante como reiteradamente se le ha ordenado por el Consejo de Estado, a
quién ha decidido desconocer sistemáticamente (ver por ejemplo proceso
11001-03-15-000-2025-01951- 01) en el que claramente se le explico la
diferencia entre daño y perjuicio - error en el que hoy extrañamente vuelve a
incurrir-.

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante señaló que, mientras se encontraba prestando el servicio militar, sufrió una
lesión que le generó secuelas, como consta en la historia clínica de sanidad militar. Con
ocasión de ello, promovió demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa
contra el Ejército Nacional.

Indicó que el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Medellín3, mediante sentencia
de primera instancia, declaró la responsabilidad del Estado por el daño antijurídico sufrido
durante su conscripción.

No obstante, afirmó que el Tribunal revocó dicha decisión bajo el argumento:

[…]consistente en que al haber sido incorporado el dictamen pericial aportado
con demanda como una prueba documental, la supuesta inexistencia de
dictamen pericial al interior del proceso impide considerar que surja
responsabilidad del estado; es decir, en esta extrañísima sentencia, la ausencia
de un dictamen pericial conlleva a concluir que no hay responsabilidad del
demandado. […]

Como fundamento de la acción de tutela, sostuvo que se incurrió en una indebida
aplicación del régimen de responsabilidad por daños causados a conscriptos, al
efectuarse una valoración probatoria irrazonable por la supuesta ausencia de dictamen
pericial y desconocerse la prueba documental relativa a la pérdida de capacidad laboral.

Finalmente, alegó que la providencia cuestionada desconoció el precedente
jurisprudencial del Consejo de Estado sobre la responsabilidad objetiva del Estado frente
a conscriptos, pues, estando probadas la lesión y la pérdida de capacidad laboral, no
podía negarse la indemnización por la ausencia de un dictamen pericial idóneo, ya que
ello constituye un apartamiento injustificado del precedente y vulnera sus derechos
fundamentales.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 18 de noviembre de 20254 y correspondió por reparto a la
Subsección “A” de la Sección Segunda de esta Corporación que, por auto de 20 de

3 En adelante el Juzgado.
4 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2025 07247 00.

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Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

noviembre de 20255 la admitió y dispuso notificar6 al Tribunal Administrativo de Antioquia,
como parte accionada; así como vincular a la Nación- Ministerio de Defensa Nacional –
Ejercito Nacional.

De igual forma, requirió al Juzgado para que allegara copia digital del expediente
correspondiente al proceso identificado con el radicado núm. 05001 33 33 012 2016
00755 00/01.

3.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia7 allegó informe en el que solicitó que se
denieguen las súplicas de la acción de tutela, por cuanto en la decisión cuestionada no
se realizó una interpretación contraria a derecho; por el contrario, esta se encuentra
fundada en la normatividad aplicable, sin que se avizore yerro judicial alguno.

Adujo que la providencia cuestionada se ajustó a derecho y valoró adecuadamente el
material probatorio, pues el dictamen médico particular fue incorporado como prueba
documental y no como un peritaje debidamente practicado y controvertido.

Además, señaló que la parte actora no atendió la prueba de oficio decretada ni controvirtió
oportunamente las decisiones procesales, por lo que la acción de tutela refleja
únicamente una inconformidad con el fallo y no la configuración de una vía de hecho.

3.3. El Ministerio de Defensa Nacional- Ejercito Nacional8 presentó informe en el que
solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda, pues, a su juicio, la solicitud de
amparo resulta improcedente.

Señaló que la presente acción de tutela no cumple con los requisitos necesarios para
habilitar su estudio, en tanto el accionante no realizó un análisis de los presupuestos
específicos de procedencia ni acreditó la presunta vulneración de derecho fundamental
alguno.

Indicó que, si bien en el escrito de tutela se alude a una supuesta vulneración de derechos
fundamentales con ocasión de la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada,
en ninguno de sus acápites se expone una argumentación concreta que sustente o
justifique tal aseveración.

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia
de 11 de diciembre de 2025, amparó parcialmente los derechos fundamentales invocados
por el accionante.

El juez de tutela de primera instancia verificó el cumplimento de los requisitos generales
de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial y concluyó que todos se
encontraban satisfechos. En consecuencia, procedió al estudio de fondo.

5 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2025 07247 00.
6 Esta orden se cumplió el 25 de noviembre de 2025. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la

Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2025 07247 00.
7 Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2025 07247 00.
8
Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 07247 00.

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Accionante: John Arnold Manotas Medina y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

Sostuvo que, en el proceso ordinario, el Tribunal había reconocido que el conscripto sufrió
una lesión en el pie izquierdo con ocasión del servicio militar, encontrando acreditados
los elementos de la responsabilidad estatal. Sin embargo, revocó la sentencia favorable
al demandante de primera instancia al considerar que no estaba demostrada la pérdida
de capacidad laboral mediante dictamen emitido por autoridad competente, pues solo se
aportó una valoración médica particular.

Advirtió que el Tribunal confundió la prueba del daño antijuridico con la prueba de la
cuantificación de los perjuicios. Precisó que la declaratoria de responsabilidad estatal
exige únicamente la acreditación de los tres elementos del artículo 90 de la Constitución,
mientras que la pérdida de capacidad laboral es relevante parta determinar la magnitud
del daño y tasar los perjuicios, pero no para negar la responsabilidad.

Asimismo, señaló que, aun si la prueba aportada no era idónea para cuantificar el daño,
el Tribunal podía condenar en abstracto o reconocer perjuicios morales con base en el
arbitrio judicial y las máximas de la experiencia, dado que el daño a la integridad física
estaba demostrado.

Concluyó que el Tribunal incurrió en un defecto fáctico en su dimensión negativa, al
valorar indebidamente las pruebas y fundamentar en ello la negativa de la
responsabilidad. Por tanto, amparó el derecho al debido proceso, dejó sin efectos la
sentencia cuestionada y ordenó proferir una decisión de reemplazo.

Finalmente, descartó el desconocimiento del precedente, al considerar que las
providencias citadas por el actor eran fallos de tutela que no constituían precedente
obligatorio para el caso concreto.

5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN

5.1. Inconforme con la decisión de primera instancia, el Tribunal presentó impugnación
donde manifestó lo siguiente:

Adujo que, en el caso concreto, las pretensiones fueron negadas debido a que no se
acreditó el daño, pues no se practicó examen médico de retiro ni se demostró que el
trámite ante la Junta Médico Laboral hubiera culminado con una calificación de pérdida
de capacidad laboral.

Señaló que, aunque inicialmente se solicitó como prueba pericial la valoración por la
Junta Médico Laboral, la parte demandante reformó la demanda y aportó un concepto
médico particular que fue incorporado solo como prueba documental y no como dictamen
pericial debidamente decretado y controvertido.

Además, no se impulsó la práctica de la prueba de oficio ordenada por el Juzgado ni se
controvirtieron oportunamente las decisiones que negaron valor pericial al concepto
privado. En consecuencia, se concluyó que no se probó la pérdida de capacidad laboral
indemnizable y, por tanto, no se acreditó el daño.

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Accionante: John Arnold Manotas Medina y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

5.2. Por auto proferido el 22 de enero de 2026 se concedió la impugnación9 y la misma fue
asignada a esta Sección por acta de reparto de 3 de febrero de 202610.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 11, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 201512, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202113, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo
de 201914, modificado por el Acuerdo núm. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido
por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.

6.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente15:

6.2.1. El accionante, actuando a través de apoderado judicial, presentó demanda en
ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional, con el propósito de que se declarara
administrativamente responsable a dicha entidad por las lesiones que afirmó haber
sufrido durante la prestación del servicio militar. El conocimiento del proceso
correspondió al Juzgado, y se le asignó el número único de radicación 05001 33 33 012
2016 00755 00.

6.2.2. Mediante sentencia de 28 de agosto de 2019, el Juzgado accedió a las
pretensiones de la demanda. Contra dicha decisión, el Ministerio de Defensa interpuso
recurso de apelación.

6.2.3. Por medio de sentencia de 12 de noviembre de 2025, el Tribunal revocó la
providencia impugnada y negó las pretensiones de la demanda.

9 Visto en el índice 22 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2025 07247 00.
10 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2025 07241 01.
11 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la

impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
12 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
13 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
14 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
15 Lo que se desprende del expediente identificado con el radicado núm. 68001 23 33 000 2019 00810

00/01.

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6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Teniendo en cuenta lo que es motivo de impugnación, y comoquiera que el a quo
descendió a estudiar los defectos invocados por la parte actora, la Sala considera
necesario resolver si, en este caso, frente a los reparos expuestos en el escrito de tutela
y analizado en el fallo de primera instancia, se reúne el requisito general de relevancia
constitucional, y para ello, examinará: (i) los criterios que la jurisprudencia constitucional
ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.

6.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que:

[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […]16.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

A partir de la sentencia C - 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en la sentencia SU -
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades17:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 18. De manera

16 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
17 Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
18 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29

de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente nro. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.

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que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar dicho requisito de procedibilidad.

6.3.2. Caso concreto

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Frente a este elemento, la Corte Constitucional ha dicho que19:

[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal […].
(Se destaca).

En la sentencia SU- 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.

En igual sentido anotó que “como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se
destaca).

En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional
está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y como una
instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la autonomía e independencia
del juez natural.

La Sala considera que, en este evento no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la compone, esto es, impedir que
la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces, no está superado.

Lo anterior, por cuanto la petición de amparo está siendo utilizada por la parte actora para
reabrir el debate resuelto en el proceso de reparación directa, dado que sus
inconformidades están encaminadas a controvertir la valoración probatoria y
jurisprudencial realizada por el juez natural de la causa.

En igual sentido, alegó que la providencia cuestionada desconoció el precedente de la
Sección Tercera del Consejo de Estado según el cual el Estado responde objetivamente

19 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.

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por los daños sufridos por los conscriptos durante el servicio militar, salvo que demuestre
una causa extraña que lo exonere de responsabilidad.

Ahora bien, de la revisión de la providencia cuestionada, se advierte lo siguiente:

[…] de los documentos aportados al expediente, no se observa que la parte
demandante hubiera cumplido el llamado realizado por el despacho a través del
auto fechado del 12 de julio de 2018, en lo relacionado con la documentación
requerida por la Dirección de Sanidad, en tanto, no existe constancia de radicación
alguna ante dicha dependencia de sanidad de lo solicitado, no vislumbrando
tampoco diligencia alguna de la parte demandante dirigida a aportar siquiera la
copia del documento de identidad al 150% del señor Manotas Medina, tal como
fue requerido.

Por el contrario, de manera posterior, el apoderado de la parte demandante
presentó memorial el 12 de julio de 2018, insistiendo en la incorporación al plenario
del dictamen médico laboral aportado con el escrito de reforma a la demanda,
petición que fundamenta en el hecho de no ser posible la realización de la junta
médico laboral ordenada por la Juez, sin argumentar las razones por las cuales
dicha junta no se llevó a cabo.

Dicha solicitud fue resuelta por auto del 16 de julio de 2018, providencia en la cual
el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Medellín indicó que ante la
imposibilidad de la realización de la Junta Médico Laboral ordenada como prueba
de oficio, el despacho consideró procedente no practicar la prueba, no siendo
procedente acceder a lo peticionado por la parte demandante.

Advirtiendo el Despacho en la misma providencia que el dictamen sería valorado
como prueba documental, al no haber sido emitido por el organismo o autoridad
encargada del dictamen.

En consecuencia, se advierte que las decisiones del Juzgado Doce Administrativo
Oral del Circuito de Medellín no fueron controvertidas por el apoderado de la parte
demandante, de donde se extrae que no hubo inconformidad alguna con el hecho
de negar el concepto aportado por la profesional en salud ocupacional como
dictamen pericial, quedando sometida la parte a la prueba de oficio decretada y
frente a la cual no mostró diligencia alguna para que se llevara a cabo, omitiendo
igualmente pronunciarse cuando por auto del 16 de julio de 2018 se tuvo por no
practicada la prueba, es decir, el dictamen de oficio ordenado.

Frente a este aspecto, esta Sala debe hacer claridad en cuanto a advertir que, si
bien el concepto médico especializado fue referenciado como dictamen pericial,
su incorporación al expediente se dio como una mera prueba documental,
términos en los cuales, de su contenido puede extraerse y tenerse como un hecho
probado, el daño sufrido por el señor John Arnold Manotas, es decir, la lesión
acaecida en hechos del 30 de enero de 2016, lo cual también se encuentra
plenamente descrito en el informe administrativo por lesiones, historia clínica y
otros documentos. Sin embargo, el informe emitido por la profesional no puede en
esta oportunidad tenerse en cuenta para acreditar la pérdida de capacidad laboral
indemnizable, en tanto, ésta solo se entiende acreditada con una prueba técnica
decretada por el operador judicial como dictamen pericial y bajo las reglas
diseñadas para su incorporación, debiéndose agotar como es debido, su efectiva
contradicción.

En consecuencia, no habiéndose incorporado el concepto allegado como
dictamen pericial y no habiéndose efectuado por ende su contradicción en los

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términos del artículo 219 de la Ley 1437 de 2011, no es posible darle valor
probatorio a la pérdida de capacidad allí contemplada.

[…]

Por otra parte, es preciso advertir que pese a que la jurisprudencia reciente del
Consejo de Estado ha permitido valorar un dictamen de pérdida de capacidad
laboral emitido por un particular, dicha situación se torna procedente cuando la
incorporación de dicho medio probatorio se efectúa directamente como dictamen
pericial y siempre y cuando frente al mismo se hubiera llevado a cabo la respectiva
contradicción, citando el perito a la audiencia de pruebas, oportunidad en la que
la contraparte puede ejercer su derecho de defensa y contradicción, lo cual se
evidencia en las sentencias de tutela proferidas recientemente por la máxima
Corporación Contencioso Administrativa y en las cuales se vislumbra que los
conceptos de pérdida de capacidad laboral allí allegados fueron incorporados al
expediente como dictamen pericial y frente a ellos se surtió la respectiva
valoración.

[…]

Para ahondar en razones también debe advertirse que, no se observa que con el
concepto que la parte demandante pretendió se tuviera en cuenta como dictamen
pericial, se hubiesen aportado los documentos que exige el código general del
proceso, es decir, aquellos que acreditan la idoneidad y experticia del perito. Así
las cosas, en esta oportunidad no se cuenta con un medio de prueba que acredite
la condición física del demandante.

En ese orden, y circunscribiéndose a lo que fue objeto de la apelación presentada por el
Ministerio de Defensa Nacional en el proceso ordinario, en su condición de parte
demandada y único apelante, el tribunal accionado encontró que el informe médico
aportado por la hoy accionante no podía ser valorado como dictamen pericial para
acreditar la pérdida de capacidad laboral, por cuanto no fue incorporado ni contradicho
conforme a las reglas procesales aplicables, y además la parte demandante no actuó con
la diligencia necesaria para que se practicara la prueba pericial ordenada por el juez.

Con todo lo anterior, la Sala observa que la parte accionante está utilizando la acción de
tutela como una instancia o recurso adicional al proceso ordinario para cuestionar lo
decidido por el Tribunal accionado en la sentencia acusada e insistir en la existencia de
la responsabilidad patrimonial del Estado, lo cual ya fue objeto de debate en el proceso
de reparación directa.

En ese contexto, se advierte que la accionante pretende que el juez constitucional
reexamine un asunto ya decidido por el juez natural de la causa, con el propósito de
obtener una decisión distinta y favorable a sus intereses, lo cual desborda el carácter
excepcional y subsidiario de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Así, aunque la parte actora sostiene que la providencia acusada incurrió en las causales
específicas de procedencia de la tutela contra providencia judicial, lo que realmente se
evidencia es su desacuerdo con las conclusiones alcanzadas por el Tribunal accionado,
como juez natural de la causa, particularmente en lo relativo a la valoración del material
probatorio y a la acreditación de los presupuestos necesarios para declarar la
responsabilidad patrimonial del Estado.

En este punto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las pretensiones, las
excepciones y los hechos que proponen demandante y demandado, y que la decisión del

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Radicación: 11001 03 15 000 2025 07247 01
Accionante: John Arnold Manotas Medina y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

juez se fundamenta precisamente en las razones de la demanda y de la contestación, las
pruebas y el derecho que ellas ponen a su disposición.

Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las partes, está
ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución y la ley, en el
ámbito de sus competencias; y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones hiciera
el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por fuera de las
competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una acción que no
ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.

En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional el que
vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin competencia, entraría
en la valoración legal y fáctica del proceso, para modificar una decisión del juez
competente para conocer del caso, en el escaso término legal que le da la ley para
pronunciarse, y siguiendo un procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el
evidente riesgo de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.

Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse sobre las
cuestiones fácticas y de derecho que fueron el objeto del debate, porque así le fueron
planteadas por el demandante y el demandado en sus pretensiones, excepciones y
hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus
facultades constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad el llamado a
decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre
las partes que precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.

Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha atendido el
debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que se toma, cuando ella está
por fuera de los planteamientos que en los hechos y en derecho han formulado
demandante y demandado, pues, en este caso, la decisión puede comprometer el núcleo
fundamental del debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero es evidente que ese no es el
supuesto en la decisión que aquí se examina, ya que la parte accionante no alega que el
juez se haya desviado de los hechos o el derecho propuesto en el proceso.

En consecuencia, la Sala revocará el fallo proferido el 11 de diciembre de 2025, por la
Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en su lugar, se declarará
la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir el requisito general de relevancia
constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 11 de diciembre de 2025, proferida por la
Subsección “A” de la Sección Segunda de esta Corporación y, en su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE la acción de tutela, por las razones expuestas en esta providencia.

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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 12 de
marzo de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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