Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07877-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07877-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-07877-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
2 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., dos (2) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2025-07877-001
Demandante : Gabriel Isaac Alzate Alzate, Marisol Alzate Arcila y Allison
Giselly Rodríguez Alzate
Demandado : Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B
Vinculados : Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional
y Juzgado Treinta y Ocho (38) Administrativo de Bogotá,
Sección Tercera
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia, reparación directa, lesión
conscripto
Decisión : Sentencia de primera instancia
Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela
incoada por los señores Gabriel Isaac Alzate Alzate, Marisol Alzate Arcila y Allison
Giselly Rodríguez Alzate contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por los actores frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará
lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo
pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela.
Los señores Gabriel Isaac Alzate Alzate, Marisol Alzate Arcila y Allison Giselly
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Expediente electrónico disponible en Samai.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-07877-00
Demandantes: Gabriel Isaac Alzate Alzate y otras
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B
Rodríguez Alzate, quienes actúan en nombre propio, interpusieron el presente
recurso de amparo con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad,
presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B.
Por consiguiente, solicitaron dejar sin efectos la sentencia del 21 de noviembre de
2025, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B modificó y revocó parcialmente la providencia del 18 de junio
del mismo año, en la que el Juzgado Treinta y Ocho (38) Administrativo de Bogotá,
Sección Tercera accedió parcialmente a las pretensiones formuladas en la
demanda de reparación directa promovida contra la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional - Ejército Nacional (expediente 11001-33-36-038-2024-00059-01), para
emitir una condena en abstracto. En su lugar, pidieron que se ordene a la autoridad
accionada proferir un nuevo fallo «[…] valorando el dictamen pericial aportado, sin exigir el
cumplimiento de una TARIFA LEGAL POROBATORIA inexistente en nuestra legislación,
consistente en la obligación de aportar una Junta Médico Laboral Militar ».
1.3 Hechos2.
De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por los
accionantes, se puede evidenciar que el señor Gabriel Isaac Alzate Alzate fue
reclutado por el Ejército Nacional con el propósito de prestar el servicio militar
obligatorio; sin embargo, mientras patrullaba en el municipio de Caucasia
(Antioquia), para el mes de abril de 2023, presentó brote en varias zonas del
cuerpo, lo que le generó cicatriz en pierna y pabellón auricular izquierdo, por lo
que tuvo que ser remitido al dispensario médico, donde se le diagnosticó
Leishmaniasis, razón por la cual fue sometido a tratamiento para dicha
enfermedad que le ha producido secuelas que conllevaron a una disminución de
su capacidad laboral en un 10.5%, según dictamen pericial por él aportado.
En virtud de lo anterior, el 11 de febrero de 2024, los actores promovieron medio
de control de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional
• Ejército Nacional (expediente 11001-33-36-038-2024-00059-01), encaminado a
que se le declarara administrativamente responsable de los agravios que les
ocasionó la mencionada lesión y se ordenara su compensación pecuniaria.
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Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 00002.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-07877-00
Demandantes: Gabriel Isaac Alzate Alzate y otras
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B
En dicho trámite contencioso-administrativo, conoció en primera instancia, el
Juzgado Treinta y Ocho (38) Administrativo de Bogotá, Sección Tercera que, con
sentencia de 18 de junio de 2025 accedió parcialmente a las pretensiones3, al
considerar que, «[…] está demostrada […] la ocurrencia de un daño […] antijurídico, toda vez
que el [señor señor Gabriel Isaac Alzate Alzate] no tiene el deber jurídico de soportarlo por el solo
hecho de prestar el servicio militar obligatorio; además, se estableció que la enfermedad es
imputable a la entidad demandada porque esa patología fue calificada como enfermedad laboral en
el dictamen pericial allegado».
Inconformes con esa decisión, tanto los demandantes como la Nación - Ministerio
de Defensa Nacional - Ejército Nacional interpusieron recursos de apelación,
desatados el 21 de noviembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, en el sentido de confirmar la
responsabilidad del Estado, pero modificar los valores reconocidos por daños
morales y revocar la negativa de otorgar perjuicios materiales, en la modalidad de
lucro cesante y a la salud en favor de la víctima directa, los cuales ordenó liquidar
en trámite incidental, al estimar que, «[…] en tratándose de miembros de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional la calificación de las lesiones por pérdida de la capacidad laboral
debe realizarse por la respectiva dependencia de la entidad, es decir, el Tribunal Médico Laboral de
las Fuerzas Militares y la Policía Nacional», por lo que, «[…] a fin de establecer de manera
certera el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que padece la víctima y efectuar la
correspondiente liquidación […] a que haya lugar [dispuso que] sea practicada […] la respectiva
Junta Médica Laboral […]» y, para ello, condenó en abstracto.
Sobre la precedente situación, los tutelantes sostienen que la providencia
censurada incurre en defecto fáctico, al «[…] cre[ar] una TARIFA LEGAL PROBATORIA
inexistente en nuestra legislación tal y como ya lo tiene absoluta [y] reiteradamente establecido el
[…] Consejo de Estado en todas sus Secciones [4]», máxime, cuando el dictamen pericial
aportado fue elaborado por un médico con amplia trayectoria y ex miembro de la
Junta Regional de Calificación de Antioquia, por lo que es válido y debe ser
valorado.
II. TRÁMITE PROCESAL
3
Por cuanto, aunque reconoció perjuicios materiales, no lo hizo en el monto solicitado por los demandantes ni en la modalidad
de lucro cesante, además, no accedió a los perjuicios morales reclamados por todos los actores y negó la condena en costas
deprecada.
4
Para el efecto mencionó las siguientes sentencias: (i) 5 de junio de 2025, Sección Segunda, Subsección B, expediente
11001-03-15-000-2025- 02737-00, C. P. Jorge Edison Portocarrero Banguera; (ii) 11 de abril de 2025, Sección Tercera,
Subsección B, expediente 11001-03-15-000-2025-01601-00, C. P. Fredy Ibarra Martínez; (iii) 18 de septiembre de 2025,
Sección Segunda, Subsección A, expediente 11001-03-15-000-2025-01951-01, C. P. Juan Camilo Morales Trujillo; (iv) 5 de
junio de 2025, Sección Quinta, 11001-03-15-000-2025-02705-00, C. P. Luis Alberto Álvarez Parra; y (v) 27 de noviembre de
2025, Sección Cuarta, expediente 11001-03-15-000-2025-06842-00, C. P. Luis Antonio Rodríguez Montaño.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-07877-00
Demandantes: Gabriel Isaac Alzate Alzate y otras
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B
Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto del 16 de
diciembre de 2025, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión, se (i)
ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B; y (ii) dispuso vincular a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional -
Ejército Nacional y al Juzgado Treinta y Ocho (38) Administrativo de Bogotá,
Sección Tercera, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.
2.1 Contestaciones de la acción.
2.1.1 El Juzgado Treinta y Ocho (38) Administrativo de Bogotá, Sección
Tercera solo adjuntó el enlace digital del expediente ordinario con radicado 11001-
33-36-038-2024-00059-01, pero no emitió pronunciamiento alguno frente a los
hechos y pretensiones expuestos en la presente acción de tutela.
2.1.2 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B y la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional
guardaron silencio en la oportunidad prevista para el efecto.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia.
Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud
de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y
333 de 2021.
3.2 La acción.
La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por
los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como
mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos fundamentales,
permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que, resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que, se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-07877-00
Demandantes: Gabriel Isaac Alzate Alzate y otras
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3.3 Problema jurídico.
Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo de 21
de noviembre de 2025, mediante el cual el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B modificó y revocó parcialmente la
providencia del 18 de junio del mismo año, en la que el Juzgado Treinta y Ocho
(38) Administrativo de Bogotá, Sección Tercera accedió parcialmente a las
pretensiones formuladas en la demanda de reparación directa promovida contra la
Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional (expediente 11001-33-
36-038-2024-00059-01), para emitir una condena en abstracto; y, en caso
afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al debido proceso, acceso
a la administración de justicia e igualdad invocadas en la solicitud de amparo.
3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales.
El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional
que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de
derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con
la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido de
forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.
La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista
de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela
contra decisiones judiciales, dado que, no obstante, el reconocimiento del principio
de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de
una providencia judicial, derechos fundamentales.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994
se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera
calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando
se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i)
defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en
una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando
resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder
a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico,
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-07877-00
Demandantes: Gabriel Isaac Alzate Alzate y otras
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se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada,
carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que
aparece en aquellos eventos en los que se actúa completamente al margen del
proceso establecido.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante
sentencia C-590 de 2005, se destacó el carácter excepcional de la acción de tutela,
vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos
fundamentales.
Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos
excepcionales de aplicación, los cuales, deben satisfacerse plenamente para
identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden
estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan
derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se
profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.
Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales
genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar su excepcionalidad, la
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cual, solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta
procedente.
Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión
que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto
procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen
del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador
carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la
decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente
y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido,
se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y
esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi)
decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones;
(vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y
(viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial
supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que, si bien no
se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas
que afectan derechos fundamentales.
Por otra parte, se destaca que, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales5, rectificó su posición
mediante sentencia de 31 de julio de 20126, en el sentido de disponer que, la acción
constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos
fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente,
así como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que,
esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes
5
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016,
C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993,
AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-
03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
6
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-07877-00
Demandantes: Gabriel Isaac Alzate Alzate y otras
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B
expuestos7.
3.5 Caso concreto.
Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, por cuanto recae sobre una presunta indebida
valoración probatoria que, de comprobarse, conllevaría a la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia
e igualdad de los tutelantes; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede
recurso alguno; (iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto
quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se
satisface, en la medida en que la providencia atacada quedó ejecutoriada el 12 de
diciembre de 20258 y la solicitud de amparo se presentó dos días antes, el 10 de
los mismos mes y año, es decir, dentro de los 6 meses; y (v) la sentencia acusada
no desató una acción de tutela.
En razón a que, se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
del asunto bajo la causal específica denominada defecto fáctico invocada por los
accionantes.
3.5.1 Defecto fáctico.
Sea lo primero anotar que, una providencia judicial se encuentra viciada por defecto
fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin contar con
supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión» 9.
La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos aspectos
o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta cuando el
funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no apta para
7
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-
00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-
01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-
00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-
01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas
Monsalve.
8
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 4 de diciembre de 2025, motivo
por el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 9 de los mismos mes y año, conforme al artículo
205 (numeral 2) del CPACA.
9
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
8
Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-07877-00
Demandantes: Gabriel Isaac Alzate Alzate y otras
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ello. Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto negativo que alude
a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en los eventos
en que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar suficiente
material probatorio que lo demuestra10.
En el presente caso, los demandantes sostienen que la decisión reprochada incurre
en defecto fáctico, al «[…] cre[ar] una TARIFA LEGAL PROBATORIA inexistente en nuestra
legislación tal y como ya lo tiene absoluta [y] reiteradamente establecido el […] Consejo de Estado
en todas sus Secciones[11]», máxime, cuando el dictamen pericial aportado fue
elaborado por un médico con amplia trayectoria y ex miembro de la Junta Regional
de Calificación de Antioquia, por lo que es válido y debe ser valorado.
Ahora bien, en el presente asunto se observa que la autoridad accionada, en la
decisión judicial objeto de reproche, concluyó:
[…] Dado que la afectación se presentó durante la prestación del servicio militar
obligatorio, es claro que durante su vinculación con la institución se generó un daño
irreparable para la víctima, por lo tanto, al existir un nexo lógico y razonable con la
actividad para la cual fue incorporado el uniformado, es notable que deba existir una
responsabilidad a cargo del Estado.
[…]
Si bien el a quo realizó reconocimiento de indemnización en favor de los demandantes
por concepto de perjuicios morales, la Sala procederá a modificar dicha decisión en la
medida que no fue allegada Acta de Junta Médica Laboral realizada por la entidad, ni
se constata que las partes realizaran diligencias tendientes a su práctica, valoración
que por excelencia es el documento idóneo a fin de determinar la pérdida de capacidad
laboral que padecen los jóvenes que ingresan a prestar el servicio militar obligatorio.
Teniendo en cuenta lo anterior, dado que se demuestra con dictamen pericial realizado
por el Médico Gilberto Fernando Vargas Quintana, que la víctima quedó con secuelas
físicas y/o estéticas luego de padecer leishmaniasis consistente en cicatrices en pierna
y pabellón auricular izquierdos, resulta pertinente dar aplicación a las reglas previstas
en los eventos en que la cuantía de las pretensiones no haya sido debidamente
establecida en el desarrollo del proceso y se liquidará en trámite incidental que lo
promoverá la parte interesada tal y como se prevé en el artículo 193 del CPACA, bajo
los siguientes términos:
En ese contexto, es de precisar que en tratándose de miembros de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional la calificación de las lesiones por pérdida de la
capacidad laboral debe realizarse por la respectiva dependencia de la entidad, es decir,
el Tribunal Médico Laboral de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional; lo anterior, sin
perjuicio que en los juicios adelantados por esta jurisdicción puedan intervenir como
peritos las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez o los elaborados por
profesionales de la salud con capacidades y experiencia para hacerlo. En todo caso,
su valoración en la sentencia estará supeditada al cumplimiento de los requisitos de
10
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
11
Para el efecto mencionó las siguientes sentencias: (i) 5 de junio de 2025, Sección Segunda, Subsección B, expediente
11001-03-15-000-2025- 02737-00, C. P. Jorge Edison Portocarrero Banguera; (ii) 11 de abril de 2025, Sección Tercera,
Subsección B, expediente 11001-03-15-000-2025-01601-00, C. P. Fredy Ibarra Martínez; (iii) 18 de septiembre de 2025,
Sección Segunda, Subsección A, expediente 11001-03-15-000-2025-01951-01, C. P. Juan Camilo Morales Trujillo; (iv) 5 de
junio de 2025, Sección Quinta, 11001-03-15-000-2025-02705-00, C. P. Luis Alberto Álvarez Parra; y (v) 27 de noviembre de
2025, Sección Cuarta, expediente 11001-03-15-000-2025-06842-00, C. P. Luis Antonio Rodríguez Montaño.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-07877-00
Demandantes: Gabriel Isaac Alzate Alzate y otras
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B
eficacia que señale la ley.
[…]
En tal sentido, a fin de establecer de manera certera el porcentaje de pérdida de
capacidad laboral que padece la víctima y efectuar la correspondiente liquidación de
perjuicios a que haya lugar sea practicada por parte de la Dirección de Sanidad Militar
del Ejército Nacional, la respectiva Junta Médica Laboral, para lo cual la parte activa
con la presente providencia deberá solicitar su realización a la mayor brevedad posible
y la entidad demandada tiene el deber de fijar fecha con prontitud a fin de establecer la
minusvalía que padece el joven Gabriel Isaac Alzate Alzate […].
En el evento de que la entidad demandada en el lapso de 30 días siguientes a la
radicación de la solicitud de practica de Junta Médica Laboral elevada por el extremo
activo no haya fijado fecha para su realización o desplegado acciones para su
realización, la parte demandante podrá acudir inmediatamente ante la Junta Regional
de Calificación de Invalidez, a fin de lograr el dictamen pericial que determine la
minusvalía que padece la víctima, para lo cual se le otorga el plazo de 30 días para que
se surta aquella; en el evento que en el término otorgado no se pueda concretar la
valoración, deberá informar y demostrar las diligencias realizadas ante la respectiva
Junta Regional de Calificación de Invalidez, lo anterior, con el propósito de que pueda
realizar el dictamen pericial a través de profesional en salud que cuente con la
experticia técnica para rendir esta clase de valoraciones o conceptos clínicos.
[…]
En el caso de allegarse dictamen pericial privado, se aportará con el mismo la
correspondiente historia clínica de la víctima con la cual se constaten las afectaciones,
el profesional que lo practique deberá exponer las razones tenidas en cuenta para
tomar la decisión y exponer de forma clara las secuelas que tienen el joven al momento
de la valoración, es decir, el incidente de regulación de perjuicios estará dirigidos a
demostrar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que presenta Gabriel Isaac
Alzate Alzate.
La liquidación deberá hacerse en el trámite incidental de que trata el artículo 283 del
CGP, de conformidad con dictamen médico legal rendido por perito experto en clínica
y/o medicina laboral, conlleva do que sea necesario que se formule una estimación
razonable del valor de las pretensiones para el instante de la afectación con base en la
minusvalía, la cual será debidamente actualizada a la fecha de ejecutoria del auto que
apruebe el correspondiente incidente, lo procedente, dado que al establecerse el daño
antijurídico, corresponde determinar el quantum, por ello, al no lograr establecer éste,
lo correcto es que se resuelva en abstracto a través de trámite incidental previsto para
el efecto, y se liquide la prestación a que haya lugar. (Énfasis propio).
Con base en lo expuesto, se observa que, después de efectuar el correspondiente
estudio probatorio, la autoridad accionada sostuvo que, aunque se demostró el
daño antijuridico atribuible al Estado, con lo que era dable acceder a las
pretensiones formuladas por la parte actora dentro del proceso de reparación
directa con radicado 11001-33-36-038-2024-00059-01, lo cierto es que, a su juicio,
«[…] para establecer de manera certera el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que padece
la víctima y efectuar la correspondiente liquidación de perjuicios a que haya lugar […]», se debía
practicar por parte de la Dirección de Sanidad Militar del Ejército Nacional, la
respectiva Junta Médica Laboral, al considerar que «[…] en tratándose de miembros de
las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional la calificación de las lesiones […] [tenía que] realizarse
por la respectiva dependencia de la entidad […]».
10
Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-07877-00
Demandantes: Gabriel Isaac Alzate Alzate y otras
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B
Es decir, pese a que se aportó el dictamen pericial, en cuya evaluación médica se
determinó la pérdida de capacidad laboral equivalente al 10.5%, la autoridad
accionada le restó validez por no ser elaborada por las autoridades médico-
laborales, en su criterio, competentes para el personal de Oficiales, Suboficiales,
Soldados Profesionales y personal vinculado para la prestación del servicio militar
obligatorio de las Fuerzas Militares.
Sin embargo, para la Sala, la interpretación efectuada por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B es errada, si se tiene en cuenta
que, revisado el expediente ordinario aportado a estas diligencias, se evidenció
que, (i) el 11 de marzo de 2025, en audiencia inicial12, el Juzgado Treinta y Ocho
(38) Administrativo de Bogotá, Sección Tercera decretó de oficio la «[…]
DECLARACIÓN del Doctor GILBERTO FERNANDO VARGAS QUINTANA […], para que surta la
contradicción de la experticia visible en documento digital SAMAI
“001RADICACIONOFIC_CC7A26FEA8764FD6B5EC” páginas 62 a 76, y demás preguntas que se
le formulen en la audiencia virtual de pruebas»; (ii) el 21 de mayo siguiente se llevó a cabo
la audiencia de pruebas13, en la que compareció el referido profesional, quien,
además, acreditó ser médico egresado de la Universidad de Antioquia, especialista
en salud ocupacional, perito laboral calificador de invalidez y ex miembro de la
Junta Regional de Calificación de invalidez de Antioquia, con el fin de expresar las
razones y conclusiones consignadas en el «[…] CONCEPTO M[É]DICO LABORAL [de]
GABRIEL ISAAC ALZATE ALZATE», en el que determinó «[…] UNA P[É]RDIDA DE
CAPACIDAD LABORAL DE 10.5% […] DE ORIGEN: LESIONES ADQUIRIDAS EN EL SERVICIO
[…]», evidenciándose que el extremo pasivo no formuló oposición alguna ni allegó
otra prueba que lo desvirtuara, razón por la cual, para la Sala, no es de recibo que
se argumente, que no era idóneo o que no fue expedido por la autoridad
competente.
En ese orden de ideas, para la Sala, el fallo objeto de discusión incurrió en defecto
fáctico al restarle valor probatorio al dictamen pericial del médico que calificó en un
10.5% la disminución en la capacidad laboral del señor Gabriel Isaac Alzate Alzate.
Aunado a lo anterior, cabe precisar que, como lo indicaron los demandantes, en
diversas oportunidades esta Corporación, en asuntos idénticos al suyo, en los que
se deprecó la indemnización derivada de lesiones por la enfermedad infecciosa
12
Índice 00010 de Samai, archivo 028.
13
Índice 00010 de Samai, archivo 030.
11
Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-07877-00
Demandantes: Gabriel Isaac Alzate Alzate y otras
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B
leishmaniasis adquirida durante la prestación del servicio militar obligatorio, accedió
a las súplicas de los demandantes teniendo en cuenta el dictamen pericial aportado,
principalmente, porque, «[…] sobre la prueba de pérdida de capacidad laboral no existe tarifa
legal»14.
Para la Sala, aunque no existe una posición unificada sobre la materia, dicho
fundamento, se ajusta al criterio más acogido, actual y vigente, según el cual, como
se consignó en párrafos precedentes, no solo la autoridad médica de las fuerzas
militares está facultada para establecer la pérdida de capacidad laboral cuando se
reclaman perjuicios derivados de lesiones infecciosas por Leishmaniasis adquirida
durante la prestación del servicio militar obligatorio, en tanto, se insiste, ello no está
constituido como una tarifa legal y, en todo caso, el dictamen pericial es un medio
de prueba útil cuando es realizado por un profesional especializado y con experticia,
como ocurre con el señor Gilberto Fernando Vargas Quintana, quien, se reitera,
acreditó ser médico egresado de la Universidad de Antioquia, especialista en salud
ocupacional, perito laboral calificador de invalidez y ex miembro de la Junta
Regional de Calificación de invalidez de Antioquia y, compareció a la audiencia de
pruebas dentro del trámite ordinario con radicado 11001-33-36-038-2024-00059-
01, para sustentar y absolver dudas sobre su análisis, sin que la entidad
demandada manifestara oposición alguna.
IV. DECISIÓN
Por las razones expuestas, la Sala considera que, en el presente asunto los actores
demostraron que la providencia de 21 de noviembre de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, incurrió
en defecto fáctico. Por tal motivo, se accederá a la solicitud de amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia e igualdad de los señores Gabriel Isaac Alzate Alzate,
14
Sentencia de 18 de septiembre de 2025, Sección Segunda, Subsección A, expediente 11001-03-15-000-2025-01951-01,
C. P. Juan Camilo Morales Trujillo.
12
Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-07877-00
Demandantes: Gabriel Isaac Alzate Alzate y otras
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B
Marisol Alzate Arcila y Allison Giselly Rodríguez Alzate, conforme a la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS el fallo de 21 de noviembre de 2025, por cuyo
conducto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B resolvió, en segunda instancia, el medio de control de reparación
directa promovido por los tutelantes contra la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional - Ejército Nacional (expediente 11001-33-36-038-2024-00059-01).
TERCERO. En consecuencia, ORDENAR al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B que, dentro del término de diez (10)
días siguientes a la notificación de esta providencia, dicte un nuevo fallo en el
aludido asunto ordinario, teniendo en cuenta las consideraciones planteadas en
esta decisión.
CUARTO. ADVERTIR a la autoridad indicada en el ordinal anterior, que el
incumplimiento de lo dispuesto en esta sentencia dará lugar a las sanciones
establecidas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en
la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
SEXTO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
13
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