Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05723-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05723-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-05723-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
6 de diciembre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05723-00
Demandante: Hender Mosquera Cuesta
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., seis (6) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05723-00
Demandante: HENDER MOSQUERA CUESTA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL- Procede estudio de
fondo porque se acreditó el cumplimiento de los requisitos generales / DEFECTO
FÁCTICO – Se configura en este caso, porque la autoridad judicial no valoró en forma
adecuada e integral las pruebas que acreditaban el daño a salud.
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Hender Mosquera
Cuesta contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A.
I. ANTECEDENTES
Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda
1. El 23 de octubre de la presente anualidad1, el señor Hender Mosquera Cuesta
interpuso acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad, con ocasión de la sentencia
proferida el 30 de septiembre de 2024, en el proceso de reparación directa con
radicado 11001-33-43-065-2019-00234-01, mediante la cual modificó el fallo de
primera instancia que accedió, parcialmente, a las pretensiones de la demanda.
Formuló las siguientes pretensiones (se transcriben):
Que se protejan nuestros derechos fundamentales a la IGUALDAD y al
DEBIDO PROCESO.
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Se advierte que, el 13 de noviembre de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de fallo correspondiente.
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Demandante: Hender Mosquera Cuesta
2.2 Que, como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al
accionado, a proferir nuevamente la sentencia de segunda instancia proferida
dentro del proceso radicado bajo el No. 11001334306520190023401,
mediante la cual se modificó la sentencia de primera instancia proferida por el
Juzgado 65 Administrativo del Circuito Bogotá y se condenó irrisoriamente al
pago de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de
uno solo de los demandantes (HENDER MOSQUERA CUESTA) y negar el
reconocimiento a los demás demandantes.
2.3 Que se ordene al accionado que en el fallo que reemplace la sentencia
cuya anulación se solicita, aplique en debida forma las sentencias de
unificación y las sentencias que sobre el tema de indemnización de perjuicios
observa el Consejo de Estado y todos los Tribunales y Juzgados
Administrativos del país, en especial las SECCIONES (sic) B Y C DE LA
SECCIÓN TERCERA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA.
2. De la demanda de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los
siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
3. El señor Hender Mosquera Cuesta y otros presentó demanda de reparación
directa contra la Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional, con el fin de
que se le declarara responsable de los perjuicios sufridos a causa de la
enfermedad de Leishmaniasis cutánea que adquirió mientras prestaba servicio
militar obligatorio. Al proceso le correspondió el número de radicado 11001-33-43-
065-2019-00234-00.
4. El Juzgado 65 Administrativo de Bogotá accedió, parcialmente, a las
pretensiones de la demanda, en sentencia de 16 de diciembre de 2021. Manifestó
que la entidad demandada era responsable del daño reclamado, bajo el título de
imputación objetiva, por tratarse de lesiones sufridas por un conscripto; no
obstante, señaló seguidamente que aparecían probados «los supuestos de hecho
que dan lugar a que opere la presunción de falla (prestación del servicio militar
obligatorio y adquisición de la enfermedad dentro del complejo militar)».
5. El a-quo encontró acreditado el daño, a partir de las pruebas sobre la atención
médica que recibió el demandante en la Dirección de Sanidad del Ejército
Nacional, y el dictamen de pérdida de capacidad laboral aportada al proceso que
estableció un porcentaje del 22,5%. Así mismo, estimó que estaba probado el
nexo causal, por cuanto la enfermedad fue adquirida durante la prestación del
servicio militar.
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6. Para la tasación de los perjuicios de lucro cesante, moral y daño a la salud tuvo
en cuenta el porcentaje de pérdida de capacidad laboral aportada al proceso, así
como los parámetros fijados jurisprudencialmente por esta Corporación para ese
efecto.
7. Contra esa decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación, en el
que afirmó que el concepto médico aportado al plenario no reunía los requisitos de
validez y eficacia probatoria porque fue rendido por un solo médico especialista en
salud ocupacional, no por tres profesionales como ordena la ley; además, indicó
que no se encontraba acreditado el daño.
8. La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, a través de sentencia de 30 de septiembre de 2024, modificó el
fallo de primera instancia, para disminuir el monto de la indemnización fijada por
concepto de perjuicios morales, y negar en lo demás las pretensiones de la
demanda.
9. Señaló que la capacidad psicofísica del personal de la Fuerza Pública se definía
a través de un procedimiento reglado ante la Junta Médico Laboral, la cual estaba
integrada por 3 médicos. Con ese enfoque, le negó mérito probatorio al dictamen
de pérdida de capacidad laboral aportado por la parte demandante, por considerar
que no se demostró la idoneidad de quien lo rindió, dado que sólo la Junta Médico
Laboral y el Tribunal Médico Laboral de Revisiòn Militar y de Policía tenían
competencia para emitir ese concepto. Consideró, así, que «la calificación sobre la
pérdida de capacidad laboral del demandante a través de ese medio de prueba,
no genera el convencimiento sobre el hecho en controversia: la materia es
competencia de un órgano especial, definido en la norma que la regula».
10. Consideró que el grado de afectación que sufrió el accionante podía probarse
con otros medios acreditativos. En relación con el perjuicio moral, adujo que no
existía una «posición armónica que defina cómo se deben aplicar los criterios de
unificación en estos casos» y concluyó que las pruebas aportadas no daban
cuenta de la gravedad de los perjuicios reclamados por los demandantes, dado
que, en su criterio, «ninguna prueba da cuenta de que el demandante hubiese
presentado alguna disminución de la capacidad laboral con motivo del daño
alegado». Por consiguiente, en aplicación del arbitrio judicial, estimó una
indemnización a favor del señor Hender Mosquera Cuesta, equivalente a 10
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salarios mínimos legales mensuales vigentes, a partir de las secuelas que se
consignaron en la historia clínica (cicatrices en piernas, brazos y cara) y el
perjuicio moral que esto le generó.
11. Se negó indemnización por ese concepto respecto de los demás
demandantes, toda vez que no se acreditó el dolor, la aflicción o el sentimiento de
congoja de los hermanos del afectado, «ni conduce a inferir el trato familiar o
afectivo existente entre ellos, o la convivencia en el mismo hogar. (…) Tampoco se
demostró un nivel de afectación mayor que justifique la indemnización a esos
familiares por ese concepto».
12. En cuanto al daño a la salud, refirió que este se configura por «la afectación o
limitación de la integridad psicofísica de la persona, es decir en el ámbito físico,
psicológico o sexual, siempre que el daño derive de una afectación a la salud»,
para lo cual, el juez debe tener en cuenta «las secuelas de las lesiones que
alteren el comportamiento y desempeño de la persona en su entorno social y
cultural». Agregó que según la jurisprudencia del Consejo de Estado para tasar
este perjuicio debe tenerse en cuenta las consecuencias de la lesión y su
gravedad; así mismo, «ni las Juntas Médicas Laborales, ni los demás dictámenes
que determinen la disminución de la capacidad laboral de la víctima pueden
considerarse tarifa legal para acreditar este perjuicio». Aludió también a los
criterios de ponderación que se enlistaron en la sentencia de 28 de agosto de
2011, proferida en el radicado interno 31.172.
13. Afirmó que «la tesis mayoritaria de esta Sala parte por precisar que la prueba
de la disminución de la capacidad laboral no determina una presunción, o
demostrar hechos como: la alteración a la salud, las condiciones de vida, el
desempeño de actividades cotidianas, entre otras». Y concluyó que «la historia
clínica da cuenta que el demandante sufrió múltiples cicatrices corporales a causa
de la leishmaniasis. Sin embargo, no está demostrado que dicha secuela afecte la
integridad psicofísica del demandante, o le cause alteración anatómica o
restricción para realizar una actividad rutinaria». Por consiguiente, revocó la
indemnización reconocida en primera instancia, por concepto de daño a la salud.
14. Con un razonamiento similar negó el reconocimiento de medida de reparación,
por lucro cesante. Adujo que «la tesis mayoritaria de esta Subsección destaca que
“la carga procesal probatoria en materia de perjuicio material, corresponde al
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demandante; por consiguiente, no opera tampoco la noción de arbitrio judicial”. Y
que debe probarse que la pérdida de la capacidad laboral afectó la capacidad
productiva para realizar actividades de orden general y común de cualquier
persona».
15. Sostuvo que en el proceso no se acreditó que el señor Hender Mosquera
Cuesta realizaba alguna actividad productiva antes de ingresar a prestar el
servicio militar obligatorio y «la sola edad productiva no lo demuestra, ni que
hubiera perdido alguna oportunidad laboral. Tampoco consta que las cicatrices le
hubiesen causado alguna secuela que impida al demandante desempeñar alguna
actividad productiva».
16. La demanda de tutela afirma que la providencia antes referida vulneró los
derechos a la igualdad y el debido proceso de los demandantes, porque
desconoció dos sentencias de unificación sobre el reconocimiento del lucro
cesante y los montos indemnizatorios por perjuicios inmateriales.
17. Reprochó que se hubieran reconocido diez salarios mínimos legales
mensuales vigentes, por perjuicios morales, pese a que se demostró que el
accionante sufrió una pérdida de la capacidad laboral equivalente al 22,5% lo que
implicaba la aplicación de las tablas de indemnización dispuestas por el Consejo
de Estado, mediante sentencia de unificación, tal como lo han realizado los
Tribunales Administrativos de Antioquia y Cundinamarca en más de una docena
de sentencias, de las que adjuntó copia. Manifestó que la decisión adoptada en
relación con el perjuicio moral es arbitraria.
18. Aseguró que la decisión de negar el daño a la salud revela un retroceso
jurisprudencial y la reducción de la noción de ese perjuicio al daño fisiológico que
refiere la afectación funcional de un órgano. Hizo alusión al salvamento de voto
presentado por una de las magistradas del Tribunal, que se opuso a la postura
asumida para negar el daño a la salud y los perjuicios materiales.
19. Indicó que la línea trazada por el Tribunal es desafiante de las posturas
establecidas por el Consejo de Estado en sus sentencias de unificación. Frente al
lucro cesante, señaló que la exigencia de probar una actividad laboral al momento
del daño desconoció la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014,
proferida en el proceso con radicado interno 36.149, y la jurisprudencia pacífica de
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esta Corporación que avala la presunción según la cual toda persona en edad
productiva devenga, por lo menos, el salario mínimo legal mensual vigente. Hizo
referencia a 12 sentencias proferidas por el Consejo de Estado, en las que
reconoció indemnización por lucro cesante, a partir del Acta de Junta Médico
Laboral, en casos de lesiones sufridas por personal de las Fuerzas Armadas.
20. Precisó que «el precedente invocado señala que, por regla general, el acta de
junta médico laboral es la base para el reconocimiento y liquidación de la
indemnización por lucro cesante. Pero lo anterior sin desconocer situaciones
especiales como la ocurrida en la sentencia del 27 de septiembre de 2013 (05001-
23-31-000-1999-02915-01), que se abstuvo de liquidar la indemnización con base
en el acta de junta médico laboral, pero no porque no fuera una prueba válida e
idónea para tal fin, sino por cuanto había posibilidad de recuperación. La propia
acta de junta médica señaló que había posibilidad de recuperación y, por ende, la
Sección Tercera decidió condenar en abstracto».
21. Hizo mención a una sentencia de tutela en la que se amparó del derecho a la
igualdad de la parte demandante, vulnerado por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A en un caso de contornos fácticos y
jurídicos similares a los que se debatieron en el proceso de reparación directa, así
como a ciertas providencias de esta Corporación que repararon el lucro cesante
de soldados lesionados, con base en el porcentaje de pérdida de capacidad
laboral establecida en acta médico laboral.
22. Añadió que el entendimiento según el cual los soldados sólo pueden acudir a
las juntas militares para probar la magnitud de sus lesiones impone una tarifa legal
probatoria, sin sustento legal; además, contraría los pronunciamientos que existen
al respecto y que acuden a la condena en abstracto en esos casos, «pues no
puede llegarse a la insensatez de indicar que la ausencia de dictamen válido
supone ausencia de prueba de daño. En realidad, la confusión que presenta la
ponente es indigna de su cargo, pues confunde daño con perjuicio, ausencia de
prueba de pérdida de capacidad laboral con ausencia de secuelas».
23. Finalmente, señaló que «si la honorable ponente consideró (infamemente) que
el dictamen aportado no es válido, pero tampoco quiso ordenar una condena en
abstracto (por su confusión sobre daño y la intensidad del perjuicio) pues al acudir
al arbitrio jamás debió burlarse de los demandantes y otorgar 10 smlmv a favor de
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uno de ellos y negar su reconocimiento a los demás, pues lejos del arbitrio incurrió
en una arbitrariedad digna de ser corregida con vehemencia por el superior».
Trámite impartido e intervenciones
24. Mediante auto de 31 de octubre de 2024 se admitió la solicitud de amparo, se
ordenó notificar la decisión a la autoridad judicial accionada, a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado y, como terceros interesados, al ministerio de
defensa nacional y al comandante general de la Armada Nacional; y se tuvieron
como pruebas los documentos allegados con la demanda.
25. La magistrada ponente de la sentencia cuestionada señaló que la tutela carece
de relevancia constitucional, como lo señalaron en casos anteriores las Secciones
Primera y Segunda de esta Corporación, al definir asuntos similares. Agregó que
no dejó de aplicarse el precedente, por el contrario, se tuvo en cuenta la sentencia
de unificación relativa a perjuicios morales y se estableció que el dictamen
aportado al proceso no tenía eficacia para demostrar la pérdida de capacidad
laboral por la prestación del servicio militar, pues esa materia es competencia de
un órgano especial, definido en la norma que lo regula. Por esa razón, se acudió al
arbitrio judicial y a los demás medios de prueba para tasar el perjuicio moral.
Aclaró que las sentencias proferidas por los Tribunales Administrativos no
constituyen precedente por cuanto no emanan de su superior con funciones de
unificación de jurisprudencia.
26. En lo que respecta al daño a la salud manifestó que «no se probó la afectación
o limitación a la integridad sicofísica» del demandante ni que las cicatrices en su
cuerpo le produjeran «una alteración, anomalía, defecto o pérdida que restrinja,
limite o impida su desempeño social o familiar».
27. Adujo que no desconoció el precedente jurisprudencial sobre lucro cesante
porque no hay sentencia de unificación al respecto para los eventos de lesiones
personales, como sí la hay para los casos de privación injusta de la libertad.
Añadió que según indicó la Subsección C de la Sección Tercera de esta
Corporación, la jurisprudencia no es uniforme respecto del valor probatorio del
Acta de Junta Médico Laboral para acceder al reconocimiento de ese tipo de
perjuicio material.
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28. Explicó que en el caso concreto no se demostró que la infección por
Leishmaniasis hubiese causado alguna secuela en el demandante que le impida
desempeñar alguna actividad productiva y tampoco se probó alguna actividad
laboral «antes de ingresar a prestar el servicio militar obligatorio, ni que hubiera
perdido alguna oportunidad laboral».
29. Señaló que si bien se enunciaron varias sentencias del Consejo de Estado que
presumieron el desarrollo de una actividad productiva a partir de la finalización del
servicio militar obligatorio, el accionante «no cumplió la carga de precisar por qué
esas sentencias se refieren a supuestos fácticos similares y son aplicables al
asunto». Agregó que la sentencia de tutela proferida en el radicado 11001-03-15-
000-2023-01560-01 no constituía un precedente porque los supuestos fácticos no
resultaban aplicables al asunto, además, al ser una acción de tutela abordó
problemas jurídicos distintos a los que se debaten en la reparación directa.
30. Finalmente, afirmó que los argumentos de la tutela apuntan a controvertir las
motivaciones razonadas de la sentencia, no a sustentar la vulneración de
derechos fundamentales.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Problema Jurídico
31. La Sala deberá verificar si se superan los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela. Sólo en el evento de que se reúnan estas
exigencias, se analizará si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A incurrió en los defectos endilgados y, por ende, vulneró los
derechos fundamentales invocados por el accionante.
Análisis de la Sala
32. De la inmediatez. La tutela cumple con este requisito, toda vez que la
sentencia de segunda instancia fue proferida el 30 de septiembre de 2024, y la
solicitud de amparo se presentó el 23 de octubre siguiente, esto es, dentro de los
seis meses siguientes a su expedición. Este término resulta razonable, sin
necesidad de determinar la fecha de notificación de la sentencia de segundo
grado.
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33. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.
34. Subsidiariedad2. La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro
medio de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección
debe ser idónea y eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o
amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe
perjuicio irremediable y, de concurrir, concederá el amparo impetrado.
35. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un
campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de
protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer
que la Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales
igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
36. El asunto que se estudia cumple el requisito de subsidiariedad, porque se
agotaron los medios de defensa disponibles en el proceso ordinario.
37. De la relevancia constitucional. Esta Subsección ha sido consistente en
estimar que el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se limita
a señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los
defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i)
una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como
tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.
38. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente3 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción
de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos
ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole
patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este
instrumento constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se
2
En este acápite, la Sala acoge y reitera las consideraciones de la Sección Cuarta de esta
Corporación, expuestas, entre otras, en las siguientes providencias de tutela: (i) sentencia del 1º
de junio de 2016 (expediente 2015-03373-00), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y (ii)
sentencia del 1º de junio de 2017 (expediente 2017-00150-00), M.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto (e).
3
Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
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adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de
cada especialidad.
39. La tutela sólo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión
de marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el
simple señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino
porque, en efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha
desbordado el alcance de un derecho fundamental.
40. Al revisar las premisas expuestas por la parte demandante, la Sala concluye
que la solicitud de amparo posee relevancia constitucional, por cuanto se discute
la vulneración de derechos de raigambre constitucional, como el debido proceso y
la igualdad, a través de argumentos que señalan un desconocimiento del
precedente y un análisis equivocado de las pruebas que llevó a desconocer la
existencia y acreditación del daño a la salud y el lucro cesante, y determinó un
valor irrisorio como medida de reparación por el perjuicio moral.
41. En la demanda se expusieron con suficiencia los motivos por los cuales se
considera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en los defectos
endilgados, lo cual denota una verdadera tensión entre la razonabilidad de la
decisión enjuiciada y el alcance de los derechos fundamentales invocados en la
tutela, mas no la intención de utilizar la acción de tutela como una instancia
adicional al proceso de reparación directa.
Análisis del caso concreto
42. El asunto se contrae a determinar si la autoridad judicial enjuiciada desconoció
el precedente jurisprudencial sentado por esta Corporación, para la reparación del
daño moral, el daño a la salud y el perjuicio material en la modalidad de lucro
cesante; así, mismo, si se realizó una valoración defectuosa de las pruebas, en
concreto, del acta médico laboral aportada al proceso, que condujo a negar
indemnización por concepto de daño a la salud y lucro cesante, y a modificar la
reparación concedida por perjuicios morales.
43. De entrada la Sala advierte que le asiste razón al accionante, en los
argumentos que refieren el desconocimiento de la postura jurisprudencial unificada
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proferida por esta Corporación en torno al daño a la salud, en cuanto a su noción y
alcance, por parte de la decisión cuestionada.
44. La jurisprudencia de esta Corporación ha entendido que el daño a la salud se
corresponde con cualquier lesión o alteración a la unidad corporal o psicológica
de la persona, de carácter permanente o temporal. En sentencia de unificación de
28 de agosto de 20144 se acogió la definición de daño a la salud, relativa a la
«afectación o limitación a la integridad psicofísica de la persona», encaminado a
cubrir «no sólo la modificación de la unidad corporal sino las consecuencias que
las mismas generan, razón por la que, sería comprensivo de otros daños como el
estético, el sexual, el psicológico, entre otros».
45. Se resaltó en esa decisión que «el concepto de salud comprende diversas
esferas de la persona, razón por la que no sólo está circunscrito a la interna, sino
que comprende aspectos físicos y psíquicos, por lo que su evaluación será mucho
más sencilla puesto que ante lesiones iguales corresponderá una indemnización
idéntica5. Por lo tanto, no es posible desagregar o subdividir el daño a la salud o
perjuicio fisiológico en diversas expresiones corporales o relacionales (v.gr. daño
estético, daño sexual, daño relacional familiar, daño relacional social), pues este
tipo o clase de perjuicio es posible tasarlo o evaluarlo, de forma más o menos
objetiva, con base en el porcentaje de invalidez decretado por el médico legista.
El daño a la salud se repara con base en dos componentes: i) uno objetivo
determinado con base en el porcentaje de invalidez decretado y ii) uno subjetivo,
que permitirá incrementar en una determinada proporción el primer valor, de
conformidad con las consecuencias particulares y específicas de cada persona
lesionada».
46. El asunto que fue materia de controversia en el proceso de reparación directa
se relacionaba con la responsabilidad patrimonial del Ministerio de Defensa-
Armada Nacional por los daños que padecieron los demandantes en esa causa, a
4
Consejo de Estado, Sección Tercera, rad. 05001-23-31-000-1997-01172-01(31170), M.P.
Enrique Gil Botero. En esta decisión se acogieron los criterios contenidos en las sentencias de
unificación del 14 de septiembre de 2011, proferidas por la Sección Tercera del Consejo de
Estado, en los procesos con radicado interno 19.031 y 38.222, en torno a la noción y alcance del
daño a la salud.
5
“Este estado de cosas no sólo deja la sensación de desorden, sino que también crea
desigualdades entre víctimas, cuyos intereses aparecen, en igual medida, dignos de protección;
así pues, el problema de fondo es el de establecer los límites, que deben ser “límites razonables”,
determinados sí, en términos jurídicos.” CORTÉS, Edgar Ob. Cit. Pág. 57.
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raíz de la enfermedad de Leishmaniasis cutánea que adquirió el joven Hender
Mosquera Cuesta mientras prestaba servicio militar obligatorio, y las secuelas que
de allí se generaron.
47. Para probar el daño a la salud se aportó al plenario copia de la historia clínica
de la Dirección de Sanidad, en la que se confirmó el tratamiento que recibió el
demandante por la enfermedad de Leishmaniasis cutánea, la cual le fue
diagnosticada el 9 de abril de 2019 y le mereció una orden de incapacidad, desde
ese día hasta el 28 de abril siguiente; en ese documento se registró que la
enfermedad ocasionó la siguientes secuelas: «cicatrices hipertróficas generalizadas
13 en MID, 19 MII 6 glúteos, 15 msi, 11 msd, con cicatriz hipotrófica en cara de 1.5 X 1.5
CM» . También se allegó un concepto de medicina ocupacional, que dio cuenta de
las numerosas cicatrices en la cara y las extremidades inferiores y superiores del
accionante, generadas por las úlceras que produjo la enfermedad.
48. La constatación del padecimiento que aquejó la salud del accionante
evidencia, por sí sola, la equivocación en la que incurrió el Tribunal, al concluir
que no se demostró un daño a la salud, aludiendo para ello a argumentos que en
el contexto analizado resultan irracionales, por lo contraevidente que resultan a la
luz de las pruebas allegadas, que daban cuenta de la enfermedad que adquirió el
accionante mientras prestó servicio militar obligatorio, el tratamiento que recibió
por esa causa y las consecuencias en su piel derivadas de tal afección.
49. Resulta, así, cuestionable que el Tribunal exigiera la acreditación de
circunstancias adicionales a la afectación psicofísica para reconocer la existencia
de un daño a la salud, en un abierto desconocimiento de la postura unificada
establecida por esta Corporación que se ocupó de definir el daño a la salud y
determinar su alcance. Se recalca, en este punto, que el daño a la salud también
comprende las alteraciones de tipo estético, sean temporales o permanentes.
50. Se precisa, además, que la sentencia que unificó el criterio relacionado con el
daño a la salud corresponde a la proferida el 28 de agosto de 2014, en el proceso
con radicado 05001-23-31-000-1997-01172-01(31.170), cuyos lineamientos deben
ser observados por todos los operadores judiciales, en tanto su finalidad fue
garantizar la aplicación uniforme de la interpretación del derecho en situaciones
con similares supuestos jurídicos y fácticos. Pese a lo anterior, los topes de
indemnización que se fijaron en dicha providencia sí pueden ser modificados por
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el juez, cuando se advierta una mayor gravedad o intensidad del perjuicio sufrido,
como en efecto se explicó en esa decisión.
51. La sentencia de unificación proferida en la misma fecha, en el proceso con
radicado 50001-23-15-000-1999-00326-01(31172) -a la que aludió el Tribunal para
exigir la acreditación de alguna de las variables enlistadas en esa decisión-, se
ocupó de unificar la jurisprudencia en lo relativo a la reparación del daño moral en
caso de lesiones; luego es claro que sólo los criterios que fueron materia de
unificación constituyen precedente, y los demás argumentos que hacen parte de la
providencia, aunque reflejan la postura de la Sala que profirió la decisión, versan
sobre el asunto específico y no deben necesariamente extenderse al estudio de
otros casos.
52. El yerro en el razonamiento que llevó a negar la existencia del daño a la salud
impone ordenar que se profiera una decisión de reemplazo ceñida a las pautas
jurisprudenciales establecidas por esta Corporación frente a ese daño en concreto.
No ocurre lo mismo frente a las críticas elevadas en torno al supuesto
desconocimiento del precedente e indebida valoración probatoria que condujo a la
negación del lucro cesante y a la modificación de la indemnización fijada por
concepto de perjuicios morales.
53. Ciertamente, la censura del accionante en ese punto se centra en la indebida o
nula valoración que, en su criterio, se hizo del concepto rendido por médico
ocupacional, el cual aportó al plenario. Adujo que en ese concepto técnico se fijó
un porcentaje de disminución de la capacidad laboral del señor Hender Mosquera
Cuesta por las secuelas que le produjo la enfermedad de Leishmaniasis cutánea,
el cual debió tenerse en cuenta para tasar la indemnización por perjuicios morales
y el lucro cesante futuro; además, refirió que el juzgador pudo imponer condena en
abstracto, pero en cambio acudió al arbitrio judicial, y estableció una suma irrisoria
como medida de reparación.
54. Para dilucidar el aspecto que es materia de censura, se hará alusión a las
razones que tuvo en cuenta el Tribunal para restar valor probatorio al acta médico
laboral aportada al proceso. Sobre la calificación de la pérdida de capacidad
laboral por la prestación del servicio militar obligatorio, explicó el ad-quem lo
siguiente:
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El régimen prestacional de los miembros de la fuerza pública está justificado
de manera especial en normas constitucionales.
13. Esa especialidad se debe a las funciones especiales asignadas a los
cuerpos armados: la defensa de la soberanía y la independencia, la integridad
del orden constitucional, el mantenimiento de las condiciones necesarias para
el ejercicio de los derechos y libertades públicas y la garantía de un
convivencia pacífica y justa. (…)
Dicho régimen fue regulado inicialmente por el Gobierno Nacional mediante el
Decreto 0094 de 1989, que estableció lo relativo a la capacidad sicofísica del
personal de las fuerzas militares y la Policía Nacional, entre otros. También lo
referente a las incapacidades, invalideces e indemnizaciones a las que tiene
derecho ese personal. (…)
El Decreto 0094 de 1989 fue derogado tácitamente por el Decreto 1796 de
2000 que reguló de manera más específica y completa la materia, salvo lo
relacionado con la clasificación de las lesiones que derivan en inaptitud o
incapacidad, así como los respectivos índices y las tablas para determinar el
porcentaje de disminución de la capacidad laboral y la correspondiente
indemnización; aspectos regulados en los artículos 47 a 88 del Decreto 094
de 1989.
Ahora bien, el Decreto 1796 definió la capacidad psicofísica como «el
conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes y potencialidades de orden
físico y psicológico que deben reunir las personas a quienes se les aplique el
presente decreto, para ingresar y permanecer en el servicio, en consideración
a su cargo, empleo o funciones» (artículo 2°). Y estableció en las
autoridades médico-laborales de las fuerzas militares y de la Policía
Nacional la competencia para valorar esa capacidad psicofísica «con
criterios laborales y de salud ocupacional» (inciso segundo artículo 2° y
artículo 14 y siguientes). (…)
Es decir que los organismos médico-laborales y de policía son los
competentes para valorar a los miembros de las fuerzas militares (artículo 23)
cuando se presenta una disminución de la capacidad psicofísica y de trabajo
por una lesión o enfermedad adquirida durante el servicio, mediante un
trámite reglado que culmina con la fijación del índice de disminución de
capacidad laboral.
Ese trámite también procede para definir la situación médico laboral para el
retiro del personal (artículo 8 Decreto 1796 de 2000), examen que es
definitivo y de carácter obligatorio en todos los casos. Además, el interesado
– por cuenta propia – puede acudir a los establecimientos de sanidad militar
para su práctica, en caso de no haberlo hecho dentro del plazo estipulado.
(…)
Es decir que la capacidad sicofísica del personal de la fuerza pública se
define bajo un procedimiento reglado, por un organismo determinado y
especializado y con parámetros técnicos definidos en normas especiales.
26. En efecto, quien valora y califica la capacidad psicofísica de los miembros
de la fuerza pública es la Junta Médico Laboral: un organismo que debe ser
conformado por tres médicos de planta de la dirección de sanidad del
establecimiento militar o de policía, de los cuales uno será representante de
medicina laboral (artículo 17), y ejercen su función bajo criterios laborales y de
salud ocupacional especializados para las funciones de las fuerzas armadas.
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55. Con base en ese razonamiento concluyó que el médico ocupacional que rindió
el concepto aportado al proceso, quien es ajeno al cuerpo médico de los
establecimientos militares y de policía, y no estaba legitimado para calificar la
pérdida de la capacidad laboral de una persona durante la prestación del servicio
militar obligatorio, pues esa tarea está reservada a la Junta Médico Laboral y el
Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía.
56. Aclaró que la capacidad del sujeto que produce la prueba es requisito para su
validez, pues «el órgano de la prueba (en este caso, el perito) debe ser idóneo. Tal
idoneidad del perito incluye la competencia prevista en las normas especiales de
quien califica la pérdida de la capacidad laboral por la prestación del servicio
militar, pues es materia de reserva legal (decretos legislativos 94 de 1989 y 1796
de 2000), debido a la naturaleza especial de los servicios y los sujetos de la fuerza
pública».
57. Aceptó que en casos excepcionales la valoración puede ser realizada por las
Juntas Regionales de Calificación de Invalidez, únicamente cuando estas actúan
como peritos, según lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 1352 de 2013.
58. Coligió, a partir de lo anterior, que, si la ley estableció que la calificación de la
pérdida de capacidad laboral de quienes prestan el servicio militar compete a los
organismos especializados de la Fuerza Pública, «entonces el perito de parte no
tiene competencia legal -condición de la idoneidad del experto-, para determinar
ese mismo hecho bajo los parámetros técnicos definidos en las normas que
regulan la calificación».
59. Por consiguiente, decidió negarle mérito probatorio al concepto médico
mencionado «porque: i) quien lo rindió no demostró la idoneidad profesional y ii) la
competencia para determinar los índices y la disminución de la capacidad laboral
del señor Hender Mosquera Cuesta por la lesión causada durante su actividad
militar recae en un órgano especializado y definido en normas legales».
60. De la exposición de motivos reseñada advierte la Sala que, en el caso
particular, no se impuso una tarifa legal probatoria ni se desconoció el contenido
del acta médico laboral que se aportó al proceso.
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61. En realidad, la razón por la cual se descartó la prueba en comento radicó en la
imposibilidad de constatar la idoneidad del médico que rindió el concepto de
pérdida de capacidad laboral, aspecto que impedía otorgarle mérito probatorio.
62. En ese sentido, si bien esta Sala en otros casos6 ha accedido a solicitudes de
amparo por el entendimiento que ha realizado la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado para negar el reconocimiento del daño a la salud y
del lucro cesante, en asuntos en los que se debate la responsabilidad del
Ministerio de Defensa por lesiones sufridas por soldados regulares,
concretamente, al considerar que el Acta de Junta Médico Laboral de la Dirección
de Sanidad o del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía no
constituye prueba suficiente de esas afectaciones, en el presente asunto ocurre
una situación distinta.
63. En primer lugar, en el caso concreto no se aportó Acta de Junta Médico
Laboral para demostrar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral del
accionante, sino un concepto de un médico ocupacional que no demostró su
competencia para dictaminar sobre el impacto de las lesiones sufridas por el
demandante en la actividad militar, la cual, por su especialidad, amerita
conocimientos especiales y de hecho cuenta con regulación propia (Decreto 1796
de 20007), como bien explicó el Tribunal.
64. En segundo lugar, el accionante no se ocupó de explicar por qué no aportó al
proceso ordinario la respectiva Acta de Junta Médico Laboral o de Tribunal Médico
Laboral de Revisión Militar y de Policía, ni aludió a razones de fuerza mayor que le
hubieran obligado a acudir a un médico particular para lograr la calificación de sus
lesiones, ni mencionó cuáles eran las razones que le otorgaban a ese profesional
de la salud la competencia para emitir conceptos en un área reservada a los
organismos militares.
6
Por ejemplo, en las acciones de tutela con radicado 11001-03-15-000-2023-06236-00, 11001-03-
15-000-2023-03054-01 y 11001-03-15-000-2023-07457-00. Sentencias con salvamento de voto
del magistrado José Roberto Sáchica Méndez.
7
«Por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la
capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e
informes administrativos por lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las
Escuelas de Formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del
Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía
Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993»
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65. Cabe resaltar que, en materia de valoración probatoria, nuestro ordenamiento
jurídico se gobierna por el principio de la sana crítica, actividad en la cual el
fallador es libre de formarse su convencimiento sobre la verificación de los
enunciados fácticos, a partir de un análisis conjunto e integral de los elementos
probatorios, pero sujeta a las reglas de la lógica y de la experiencia, y no a una
convicción arbitraria, caprichosa o al margen de lo que revelen los medios de
prueba.
66. El escenario de la valoración probatoria es, en efecto, uno de esos en los que
con mayor claridad se refleja la autonomía e independencia del juez, pues allí el
legislador le da la facultad de formar su propio criterio de los hechos a partir de los
diferentes elementos de confirmación procesal.
67. En el sub-lite no se advierte una conculcación de derechos fundamentales por
una valoración arbitraria, irrazonable o contraevidente de las pruebas. Se observa,
en cambio, una decisión razonada que decidió apartarse de las conclusiones de
un concepto médico, por la imposibilidad de verificar la idoneidad y competencia
del especialista para conceptuar sobre la materia de la cual versó su dictamen,
argumento que no se muestra caprichoso ni arbitrario, sino consecuente con la
realidad procesal.
68. En ese orden de ideas, como no se contaba en el proceso con los elementos
para aplicar las tasas de indemnización fijadas por esta Corporación para la
reparación del perjuicio moral, el juzgador acudió a la equidad. El juicio, así
realizado, no se muestra ilógico ni irracional.
69. La omisión probatoria, a su turno, impidió acreditar la configuración de un lucro
cesante, el cual no podía ser inferido a partir de las pruebas allegadas al plenario.
70. De acuerdo con todo lo señalado, se dejará sin efectos el ordinal cuarto de la
sentencia de 30 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, en el proceso de reparación
directa con radicado 11001-33-43-065-2019-00234-01, para que, en el término de
treinta (30) días, contado a partir de la notificación del presente fallo, profiera una
providencia de reemplazo en la que valore las pruebas aportadas al proceso con
miras al reconocimiento, únicamente, del daño a la salud.
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71. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Amparar el derecho fundamental al debido proceso del señor Hender
Mosquera Cuesta, vulnerado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A.
SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos el ordinal
cuarto de la sentencia de 30 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, en el proceso
de reparación directa con radicado 11001-33-43-065-2019-00234-01, para que, en
el término de treinta (30) días, contado a partir de la notificación del presente fallo,
profiera una providencia de reemplazo en la que valore las pruebas aportadas al
proceso con miras al reconocimiento, únicamente, del daño a la salud, conforme a
lo señalado en las consideraciones de este fallo.
TERCERO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.
CUARTO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con salvamento parcial de voto
VF
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