Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-01560-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-01560-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2023-01560-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
28 de julio de 2023
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veintiocho (28) de julio de dos mil veintitrés (2023).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2023-01560-01
Demandante: DANIEL ALCIDES PANESSO RUEDA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
LESIONES DE CONSCRIPTO. RECONOCIMIENTO DEL
LUCRO CESANTE. SE ACCEDE AL AMPARO PORQUE SE
DESCONOCIÓ EL PRECEDENTE. NO ES POSIBLE EXIGIR
LA PRUEBA DE QUE ANTES DE SU PERIODO DE
CONSCRIPCIÓN EL SOLDADO EJERCÍA UNA ACTIVIDAD
PRODUCTIVA PUES ELLO DESCONOCE EL
PRECEDENTE DE ESTA CORPORACIÓN.
Síntesis del caso: se cuestionó la providencia de segunda instancia que accedió a las
pretensiones de una demanda de reparación directa por las lesiones que sufrió un soldado
conscripto en un entrenamiento, pero negó el reconocimiento del lucro cesante debido a que no
se acreditó que el soldado de 19 años ejerciera algún oficio que le generara un ingreso económico
antes de prestar el servicio militar obligatorio.
Se revocará la decisión que declaró improcedente la acción de tutela y, en su lugar, se accederá
al amparo porque se desconoció el precedente jurisprudencial, según el cual, se presume que
una vez terminan de prestar el servicio militar obligatorio, se presume que los soldados
conscriptos desempeñarán una actividad productiva.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia
de 8 de mayo de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado mediante la cual se dispuso:
“PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
(mayúsculas fijas del original - archivo disponible en medio magnético a través
del aplicativo SAMAI).
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-01560-01
Actor: Daniel Alcides Panesso Rueda
Acción de tutela
I. ANTECEDENTES
Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló1, en síntesis, lo
siguiente:
1) El 12 de marzo de 2016, el soldado regular Daniel Alcides Panesso Rueda tropezó y
seguidamente le cayó bloque de cemento en el dedo índice de la mano izquierda mientras
prestaba el servicio militar obligatorio en Santa Rosa de Osos, por lo cual debió ser
sometido a una cirugía y a fisioterapia.
2) Esa lesión le generó una pérdida de capacidad laboral del 12%, según dictamen
expedido por la médica ocupacional María Cristina Cortes2.
3) El actor y sus familiares presentaron demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional para
que se declarara la responsabilidad patrimonial del Estado por los hechos antes descritos.
4) El 18 de diciembre de 2020, el Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial de
Medellín profirió sentencia de primera instancia en la que negó las pretensiones de la
demandada por considerar que se configuró el hecho exclusivo de la víctima porque la
caída del demandante se produjo por su falta de cuidado y atención.
5) La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que manifestó que la lesión
se produjo en el desarrollo del servicio, por lo que se debía declarar la responsabilidad
con base en el régimen de responsabilidad objetivo por daño especial.
6) Mediante sentencia de 21 de marzo de 2023, la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró
la responsabilidad patrimonial del Estado por las lesiones que sufrió el conscripto, sin
embargo, negó el lucro cesante porque no se acreditó que desempeñara algún oficio
1
El escrito se radicó el 27 de marzo de 2023.
2
El dictamen médico que corrobora la pérdida de capacidad laboral del 12% que se aportó al
proceso de medio de control de reparación directa fue suministrado por parte de la medico
ocupacional María Cristina Cortes y no por la junta medico laboral como institución idónea para
aportar dicha pérdida de capacidad laboral. (Expediente digital, Rad. 05001-33-33-035-2016-
00910-01, Cuaderno de primera instancia, (1c063-092) Reforma demanda.pdf, fl. 2 - 7.)
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-01560-01
Actor: Daniel Alcides Panesso Rueda
Acción de tutela
antes de ingresar a prestar el servicio militar obligatorio ni el valor que devengaba por
ello.
Fundamento de la vulneración
La parte actora alegó como desconocida la sentencia de unificación de 28 de agosto de
2014 proferida por la Sección Tercera de esta Corporación sobre el reconocimiento del
lucro cesante en casos de privaciones de la libertad3 y otras sentencias del Consejo de
Estado sobre el reconocimiento del lucro cesante en casos de lesiones sufridas por
soldados conscriptos, en las que se presume que aquellos inician su vida productiva una
vez finalizan la prestación del servicio obligatorio, por lo tanto, a partir de la culminación
de la militancia, se les debe reconocer ese perjuicio que se relacionarán más adelante.
Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:
“2.1 Que se protejan mis derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO y al
DEBIDO PROCESO.
2.2 Que, como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al accionado,
a proferir nuevamente la sentencia de segunda instancia proferida dentro del
proceso radicado bajo el No. 05001 33 33 035 2016 00910 01, mediante el cual
se revocó la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado 35
Administrativo del Circuito Buga y se accedió parcialmente a las súplicas de la
demanda.
2.3 Que se ordene al accionado que en el fallo que reemplace la sentencia cuya
anulación se solicita, aplique en debida forma la sentencia de unificación y las
sentencias que sobre el tema de lucro cesante observan el Consejo de Estado
y todos los Tribunales y Juzgados Administrativos del país”. (archivo
disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI).
Actuación procesal
Mediante auto de 30 de marzo de 2023, la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó la notificación a los magistrados
integrantes del Tribunal Administrativo de Antioquia, al Ejército Nacional y los señores
Margoth Rueda, María Vanessa, Margoth Margely, Arián Adolfo, María Norelcy y María
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Radicación no. 68001-23-31-000-2002-02548-01, MP Hernán Andrade Rincón.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-01560-01
Actor: Daniel Alcides Panesso Rueda
Acción de tutela
Elizabeth Panesso, en calidad de terceros con interés, con el fin de que allegaran un
informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.
Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia de 8 de mayo de 2023, la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela habida cuenta que el interés
de la parte actora era emplearla como una instancia adicional al proceso de reparación
directa con base en los siguientes argumentos:
Los accionantes pretendieron que nuevamente se valorara la responsabilidad de las
demandadas con el fin de que se accediera favorablemente a sus pretensiones, con la
excusa de que se incurrió en un supuesto desconocimiento del precedente judicial.
De la revisión de las providencias invocadas no se advierte la configuración de un defecto
por desconocimiento del precedente judicial, ya que no guardan identidad fáctica con el
caso objeto de estudio.
Impugnación
La parte actora reprodujo los argumentos iniciales del escrito de tutela relacionados con
que, tiene derecho al reconocimiento del lucro cesante con base en la jurisprudencia de
esta corporación sobre esa materia, y sostuvo que no pretendió emplear la tutela como
una tercera instancia, pues planteó unos defectos puntuales contra la providencia judicial
que fueron debidamente sustentados.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) el caso concreto y 3) el
desconocimiento del precedente en el caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-01560-01
Actor: Daniel Alcides Panesso Rueda
Acción de tutela
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
2. El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Sala Primera
de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia con el fin de que se proteja su
derecho constitucional al debido proceso, presuntamente vulnerados con la sentencia de
segunda instancia que, si bien accedió a las pretensiones de demanda de reparación
directa encaminadas a obtener la indemnización por la lesión que sufrió el soldado
conscripto Panneso Rueda, negó el reconocimiento del lucro cesante.
En la sentencia de primera instancia, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado declaró la falta de relevancia constitucional del asunto habida cuenta que el
interés de la parte actora era convertir la acción de tutela como una tercera instancia.
En la impugnación, la parte actora reprodujo los argumentos iniciales del escrito de tutela
y sostuvo que no pretendió emplear la tutela como una tercera instancia, pues planteó
unos defectos puntuales contra la providencia judicial que fueron debidamente
sustentados.
Contrario a lo considerado por el a quo, el debate que se propone en sede de tutela sí
reviste relevancia constitucional, en la medida que lo que el actor controvierte es un
presunto desconocimiento del precedente judicial, habida cuenta que si bien se condenó
a la demandada por las lesiones que sufrió en su periodo de conscripción no se le
reconoció el lucro cesante, debate que tiene una evidente relación con el derecho a la
reparación integral y el debido proceso.
Además, contrario a lo señalado por la primera instancia, no se advierte que ello
constituya una reiteración de lo discutido en el proceso ordinario, pues incluso en este
caso la sentencia ordinaria de primera instancia fue adversa a sus pretensiones, por lo
cual los defectos que se predican se le endilgaron al tribunal de segunda instancia, sin
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-01560-01
Actor: Daniel Alcides Panesso Rueda
Acción de tutela
que se advierta que los argumentos empleados en la acción de tutela coincidan con
aquellos del proceso ordinario, razón por la cual se tendrá por superado dicho
presupuesto.
Asimismo, la Sala advierte que en el presente asunto también se cumplen los restantes
requisitos genéricos de procedibilidad, por cuanto: i) se agotaron todos los medios de
defensa judiciales disponibles al alcance de la persona afectada, sin que sea procedente
algún otro; ii) se cumplió con el requisito de la inmediatez4; iii) no se atacó una sentencia
de tutela y iv) la parte actora identificó de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos que estimó transgredidos.
En consecuencia, la Sala procederá a analizar si la providencia cuestionada adolece de
un desconocimiento del precedente jurisprudencial, en materia de reconocimiento de
lucro cesante.
De entrada, se advierte que la inconformidad de la parte actora y la razón de la tutela se
afincó únicamente en la negativa al reconocimiento del lucro cesante al señor Panesso,
ya que en lo demás se condenó a las demandadas al pago de los perjuicios causados.
Así las cosas, en los términos en que ha sido propuesta la controversia, la Sala revocará
la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela y, en su
lugar, accederá al amparo invocado por considerar que se configuró el defecto alegado,
por las razones que pasarán a exponerse:
3. El desconocimiento del precedente judicial
a. Caracterización
El precedente judicial ha sido definido como “aquel conjunto de sentencias previas al caso
que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico
constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al
momento de dictar sentencia5”.
4
La providencia atacada el 21 de marzo de 2023 y la acción de tutela se promovió el 27 siguiente del
mismo año, esto es, dentro de los seis (6) meses siguientes.
5
Corte Constitucional, sentencia T-1029 de 2012.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-01560-01
Actor: Daniel Alcides Panesso Rueda
Acción de tutela
En esos términos, el precedente corresponde a una o varias decisiones previas
relevantes para la solución de un nuevo asunto en el que se plasma el criterio pacífico y
reiterado y se dictan una serie de reglas o parámetros para abordar los casos que, en lo
sucesivo, tengan una estricta y real relación con aquel. Como ante casos con supuestos
fácticos y jurídicos similares se debe otorga un tratamiento jurídico similar, la sentencia
precedente debería determinar el sentido de la decisión posterior en aras de garantizar
la igualdad de las partes ante la ley y la seguridad jurídica en las decisiones judiciales.
No obstante, como lo ha considerado la Corte Constitucional6 es necesario precisar que
no todo el contenido de una sentencia posee “fuerza normativa de precedente”, pues ello
solo será predicable de la “ratio decidendi”. En efecto, para mayor claridad sobre dicho
punto recuérdese que en la estructura de las providencias judiciales es posible identificar
tres partes i) la parte resolutiva o decisum, en la que se profieren las órdenes vinculantes
para las partes del proceso y que constituye la solución al problema jurídico examinado;
ii) la ratio decidendi, compuesta por las consideraciones o razones que sustentan,
motivan y justifican la decisión adoptada, y iii) los obiter dicta o dichos de paso, que no
son más que aquellos argumentos de argumentos de referencia, complementarios o de
contexto que no son vinculantes ni necesarios para la resolución del asunto.
Se insiste, de las tres partes solo la segunda, esto es, la ratio decidendi posee fuerza de
precedente siempre que ella “i) establezca una regla relacionada con el caso a resolver
posteriormente; ii) haya servido de base para solucionar un problema jurídico semejante,
o una cuestión constitucional similar a la que se estudia en el caso posterior; y (iii) los
hechos del caso o las normas juzgadas en la providencia anterior sean semejantes o
planteen un punto de derecho parecido al que se debe resolverse posteriormente7”.
Asimismo, no toda providencia judicial constituye precedente aplicable al caso, por el
contrario, hay asuntos que pese a su similitud corresponden a un mero antecedente
judicial, sin la fuerza vinculante necesaria propia del precedente para establecer una regla
cuya aplicación deba necesariamente ser atendida.
6
Corte Constitucional, sentencia SU-380 de 2021.
7
Corte Constitucional, sentencia T-459 de 2017.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-01560-01
Actor: Daniel Alcides Panesso Rueda
Acción de tutela
Partiendo del supuesto de que “no todo lo que dice una sentencia es pertinente para la
definición de un caso posterior”, la Corte Constitucional diferenció entre lo que se
denomina antecedente jurisprudencial y precedente, en sentido estricto.
En la sentencia T-830 de 2012, esa Corporación se pronunció al respecto en los términos
que a continuación se explican:
“El (…) –antecedente- se refiere a una decisión de una controversia anterior a
la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de
vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de Derecho
(e.g. conceptos, interpretaciones de preceptos legales, etc.) que guían al juez
para resolver el caso objeto de estudio. Por tanto, los antecedentes tienen un
carácter orientador, lo que no significa (a) que no deban ser tenidos en cuenta
por el juez a la hora de fallar, y (b) que lo eximan del deber de argumentar las
razones para apartarse, en virtud de los principios de transparencia e igualdad.
(…)
[Entretanto, el] –precedente-, por regla general, es aquella sentencia o conjunto
de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio
en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las que en su
ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve
también para solucionar el nuevo caso”.
Luego entonces, puede predicarse la existencia de un precedente en los eventos en los
cuales:
“(i) los hechos relevantes que definen el asunto pendiente de fallo son
semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan un caso del pasado.
(ii) la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado,
constituye la pretensión del caso presente.
(iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en una distinta o más específica
que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”.
No obstante lo anterior y pese a la fuerza vinculante del precedente, se acepta que los
jueces se aparten de este bajo las siguientes condiciones: i) deben hacer explícitas las
razones por las cuales se abstienen de aplicar el precedente y se apartan del mismo, lo
que se ha denominado cumplimiento de la “carga de transparencia”; ii) están llamados a
demostrar que los argumentos que ofrecen, desarrollan y amplían de mejor manera el
contenido de los derechos, principios y valores constitucionales objeto de protección,
pues no cualquier motivo constituye una razón válida para “justificar” el apartamiento del
precedente, exigencia que se reconoce como la “carga de argumentación”.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-01560-01
Actor: Daniel Alcides Panesso Rueda
Acción de tutela
b. Análisis del desconocimiento del precedente en el caso concreto
1) La parte demandante alegó que el tribunal demandado desconoció la sentencia de
unificación de 28 de agosto de 2014 proferida por la Sección Tercera del Consejo de
Estado, en la cual se unificó la jurisprudencia de la Corporación en el sentido de disponer
que para que proceda el reconocimiento del lucro cesante se debe acreditar que la
víctima al momento de la ocurrencia de la privación injusta de la libertad se encontraba
en edad productiva8.
2) Asimismo, señaló como desatendidas unas providencias proferidas por esta misma
Corporación sobre el reconocimiento de la indemnización por lucro cesante en casos de
lesiones sufridas por personal de las fuerzas armadas, en las cuales se determinó la
presunción de una actividad productiva a partir de la finalización del servicio militar
obligatorio, reconocimiento que se debe hacer con base en el dictamen de pérdida de
capacidad laboral. Al respecto, se relacionan las providencias invocadas:
i) Sentencia del 25 de agosto de 2009: se reconoció el lucro cesante consolidado y futuro,
con base en el porcentaje de pérdida de capacidad laboral dictado por la respectiva junta
médico laboral9.
ii) Sentencia del 27 de septiembre de 2013: se condenó en abstracto al lucro cesante,
consolidado y futuro, por las lesiones psicológicas que sufrió un conscripto10.
iii) Sentencia del 20 de febrero de 2014: se condenó al lucro cesante consolidado,
tomando como base el salario mínimo legal vigente a la fecha de la sentencia, más el
25% de las prestaciones sociales y lucro cesante futuro, por las lesiones psicológicas que
sufrió un conscripto11.
8
Radicación no. 68001-23-31-000-2002-02548-01 (36149), MP Hernán Andrade Rincón,
9
Radicación no. 1800123-31-000-1995-0574301 (15793), MP Myriam Guerrero Escobar.
10
Radicación no. 0500123-31-000-1999-02915-01 (29259); MP Stella Conto Díaz del Castillo.
11
Radicación no. 2000123-31-000-2001-01388-00 (30132) MP Stella Conto Díaz Castillo.
10
Expediente: 11001-03-15-000-2023-01560-01
Actor: Daniel Alcides Panesso Rueda
Acción de tutela
iv) Sentencia del 14 de mayo de 2014: se condenó por el lucro cesante en el caso de un
soldado conscripto que fue dado de abajo y se condenó al pago del perjuicio a partir de
la fecha en que cumplió 18 años12.
v) Sentencia del 28 de agosto de 2018: se condenó al pago de la referida indemnización
en el caso de un soldado profesional13.
vi) Sentencia del 25 de febrero de 2016: se reconoció el lucro cesante consolidado y
futuro con base en el dictamen emitido por la junta médica laboral, en el caso de un
policía14.
vii) Sentencia del 11 de abril de 2016: se reconoció lucro cesante consolidado y futuro en
favor de cada uno de los conscriptos, de conformidad con el porcentaje estimado por las
actas de las juntas médicas laborales15.
viii) Sentencia del 10 de mayo de 2016: se reconoce lucro cesante consolidado y futuro,
en el caso de un conscripto16.
ix) Sentencia del 14 de febrero de 2018: se reconoció la indemnización por lucro cesante,
con base en el acta de la junta médico laboral, en el caso de un soldado profesional17.
x) Sentencia del 9 de julio de 2018: se reconoció el lucro cesante consolidado y futuro
con base en el salario mínimo, en el caso de un conscripto18.
xi) Sentencia del 2 de agosto de 2018, se reconoció lucro cesante consolidado y futuro,
en el caso de un conscripto19.
12
Radicación no. 7600123-31-000-2000-02656-01 (33679), MP Hernán Andrade Rincón.
13
Radicación no. 50001-23-15-000-1999-00326-01 (31172), MP Olga Mélida Valle de la Hoz.
14
Radicación no. 73001-23-31000-2011-00090-01(48491), MP Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
15
Radicación no. 50001-23-31-000-2000-20274-01 (36079), MP Olga Mélida Valle de la Hoz.
16
Radicación no. 05001-23-31-000-2007-02410-01(47135), MP Guillermo Sánchez Luque.
17
Radicación no. 73001-23-31000-2011-0016701(52616), MP Danilo Rojas Betancourth.
18
Radicación no. 27001-23-31000-2006-0058501(41356), MP Jaime Enrique Rodríguez Navas.
19
Radicación no. 05001-23-31000-2010-01821-01(50234), MP Marta Nubia Velásquez Rico.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-01560-01
Actor: Daniel Alcides Panesso Rueda
Acción de tutela
xii) Sentencia del 21 de junio de 2018: se reconoció el lucro cesante consolidado y futuro,
en el caso de un conscripto20.
3) De igual manera se alegaron como desconocidas las siguientes providencias, a saber:
sentencia de tutela de 4 de julio de 2019, rad. 11001-03-15-000-2019-01105-01, MP Julio
Roberto Piza Rodríguez; sentencia de 10 de abril de 2014, rad. 52001-23-31-000-2001-
0029-02 (32421), MP Hernán Andrade Rincón; sentencia de 29 de abril de 2015, rad.
50001-23-31-000-2003-20322-01, MP Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 210 de
septiembre de 2014, rad. 52001-23-31-000-1997-08765-01. MP Hernán Andrade Rincón.
4) Sobre el particular, agregó que no era de recibo que el tribunal le negara el lucro
cesante a la víctima directa con fundamento en que no acreditó que desempeñara algún
oficio antes de ingresar a prestar el servicio militar obligatorio ni el valor que devengaba
por ello, ya que se le debía indemnizar porque la tesis pacífica de esta Corporación en
casos de soldados conscriptos es que se presume que una vez finalizado el servicio
obligatorio iniciarán su vida laboral, la cual se vería mermada por la pérdida de capacidad
laboral.
5) Pues bien, en la providencia cuestionada, la autoridad demandada le negó el
reconocimiento del lucro cesante al señor Panesso Rueda porque no probó alguna
actividad económica previa al ingreso al Ejército como soldado conscripto, con
fundamento en la sentencia de unificación de 18 de julio de 2019, en los siguientes
términos:
“En sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado el 18 de julio
de 2019, se indicó respecto al reconocimiento y liquidación de perjuicios
materiales en la modalidad de lucro cesante, lo siguiente:
(…)
1.1 Presupuestos para acceder al reconocimiento del lucro cesante 1.1.1 Por
concepto de lucro cesante sólo se puede conceder lo que se pida en la
demanda, de forma tal que no puede hacerse ningún reconocimiento
oficioso por parte del juez de la reparación directa; así, lo que no se pida en
la demanda no puede ser objeto de reconocimiento alguno.
1.1.2 Todo daño y perjuicio que el demandante pida que se le indemnice
por concepto de lucro cesante debe ser objeto de prueba suficiente que lo
acredite o, de lo contrario, no puede haber reconocimiento alguno (artículos
177 del C. de P. C. y 167 del C.G.P.14).
Así, para acceder al reconocimiento de este perjuicio material en los
eventos de privación injusta de la libertad debe haber prueba
20
Radicación no. 52001-23-31000-2008-00277-01(46471), MP Marta Nubia Velásquez Rico.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-01560-01
Actor: Daniel Alcides Panesso Rueda
Acción de tutela
suficiente que acredite que, con ocasión de la detención, la persona
afectada con la medida de aseguramiento dejó de percibir sus
ingresos o perdió una posibilidad cierta de percibirlos. Cuando la
persona privada injustamente de su libertad haya sido una ama de casa o
la persona encargada del cuidado del hogar, tendrá derecho a que se le
indemnice el lucro cesante, conforme a los términos y condiciones
consignados en la sentencia de unificación del 27 de junio de 2017,
proferida dentro del proceso con radicación 50001-23-31-000-2000-372-01
(33.945).
2.2.3.1 Aplicación del salario mínimo legal mensual
Cuando se acredite suficientemente que la persona privada injustamente
de la libertad desempeñaba al tiempo de su detención una actividad
productiva lícita que le proporcionaba ingresos y que no pudo continuar
desempeñando por causa de la detención, pero se carezca de la prueba
suficiente del monto del ingreso devengado producto del ejercicio de tal
actividad lícita o la privada de la libertad haya sido una ama de casa o la
persona encargada del cuidado del hogar, la liquidación del lucro cesante
se debe hacer teniendo como ingreso base el valor del salario mínimo legal
mensual vigente al momento de la sentencia que ponga fin al proceso de
reparación directa, lo cual se aplica teniendo en cuenta que, de
conformidad con lo previsto en la ley 100 de 1993, ese es el ingreso mínimo
o el salario base de cotización al sistema general de seguridad social
(artículos 15 y 204) y, además, que el artículo 53 constitucional ordena
tener en cuenta el principio de la “remuneración mínima vital y móvil” y que,
según el artículo 145 del Código Sustantivo del Trabajo, “… el salario
mínimo es el que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir a
las
necesidades normales y a las de su familia”.
En este orden de ideas se observa que, en la demanda se solicitó el
reconocimiento de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante
consolidado y futuro a favor de la víctima directa Daniel Alcides Panneso Rueda
por un valor total de $172.968.549; sin embargo, en la demanda no se hizo
mención a la actividad económica que desempeñaba el demandante, y de las
pruebas aportadas al expediente tampoco se observa que tuviera algún empleo
o ejerciera algún oficio con anterioridad a la prestación del servicio militar
obligatorio, teniendo en cuenta además que solo contaba con 19 años de edad
para la fecha de ocurrencia de los hechos; en consecuencia, como no fue
acreditada de forma adecuada la labor desempeñada, ni el valor que
devengaba por ella antes de ingresar a prestar el servicio militar, la Sala
dará cumplimiento al precedente jurisprudencial, y por tal razón, cualquier
reconocimiento por este rubro deberá ser negado”. (resaltado de la Sala)
6) A partir de la cita expuesta se advierte que, en efecto, la providencia cuestionada se
fundamentó en la sentencia de unificación del 18 de julio de 2019 que fue proferida en el
marco de un proceso de privación injusta de la libertad en el cual se estudió el daño
sufrido por una persona mayor de edad, por lo que cabía exigirle la prueba de que se
encontraba ejerciendo (o a punto de iniciar) una actividad lucrativa que pudiera configurar
un perjuicio cierto.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-01560-01
Actor: Daniel Alcides Panesso Rueda
Acción de tutela
7) Por su parte, en el caso concreto la autoridad demanda consideró que había lugar a
exigirle al conscripto la prueba de que antes de ingresar a prestar el servicio obligatorio
ejercía una actividad económica, ya que para el momento de los hechos era mayor de
edad (19 años) y como no probó esa condición, le negó la indemnización por ese
concepto.
8) Para resolver el problema jurídico propuesto, en primer lugar, se procederá a revisar
si en el caso concreto se desconoció la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014
invocada por la parte actora y, al respecto, la Sala encuentra que los supuestos fácticos
y jurídicos de esa providencia no resultan aplicables a este asunto, por un lado, porque
fue proferida en el marco de un proceso diferente –en el que se debatió la privación injusta
de la libertad– y, por otra, porque dicha tesis no se aplica actualmente por esta
Corporación en el caso de lesiones de conscriptos.
9) Por el contrario, la posición reiterada de esta Corporación en relación con el
reconocimiento del lucro cesante en casos de daños sufridos por soldados conscriptos
es que se entiende que a partir del retiro del servicio aquellos iniciarán su vida productiva,
tal como se expuso en la mayoría de las sentencias invocadas por la parte actora como
desconocidas21.
10) Además, para la liquidación de este perjuicio debe tenerse como como parámetro el
criterio aceptado jurisprudencialmente según el cual se presume que la víctima
devengaría, por lo menos, un (1) salario mínimo mensual vigente al momento de
ocurrencia de los hechos, por lo cual se tomará como base para la liquidación el valor del
salario mínimo legal mensual vigente para la fecha de la decisión, y no se incrementará
ningún porcentaje por concepto de prestaciones sociales si se advierte que para la fecha
de ocurrencia del daño el lesionado no tenía una relación laboral dependiente22.
11) En ese orden, se concluye que el tribunal accionado desconoció el precedente en
materia de reconocimiento del lucro cesante para soldados conscriptos, pues existe
identidad fáctica y jurídica entre aquellas y las invocadas en el sub lite, toda vez que se
trata de casos asociados a soldados lesionados por causa y razón del servicio en los
21
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 14 de julio de 2023,
22
Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 2 de marzo de 2022, rad. 05001-23-31-000-2010-002410-
01 (50.561), MP Fredy Ibarra Martínez; sentencia de 14 de julio de 2022, 05001-23-33-000-2010-00492-01
(52213), MP Martín Bermúdez Muñoz.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-01560-01
Actor: Daniel Alcides Panesso Rueda
Acción de tutela
cuales se probó una merma en capacidad laboral para efectos de demostrar el lucro
cesante, sin que sea posible exigir en tales casos la prueba del ejercicio de una actividad
productiva con antelación a la prestación del servicio militar obligatorio.
12) Aunado a lo expuesto, conviene decir que, en dos casos similares, la Sección Cuarta
del Consejo de Estado se pronunció en sede de acción de tutela en similares términos a
los aquí expuestos frente a la procedencia del reconocimiento del lucro cesante y, en esa
oportunidad, al igual que ocurre en sub lite, se concluyó que se desconoció el precedente
jurisprudencial fijado por la Sección Tercera del Consejo de Estado, toda vez que la
indemnización por lucro cesante había sido denegada por el juez de la reparación.
13) Así las cosas, la Sala advierte que se configuró un desconocimiento del precedente
actual de esta Corporación en materia de lucro cesante, el cual, de haber sido atendido,
habría conllevado a que se accediera al reconocimiento de ese perjuicio para la víctima
directa, en consecuencia, se ampararán los derechos de la parte actora.
14) Para tal efecto, como la controversia en este caso solo gira en cuanto a la negativa
en punto al reconocimiento de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante
se dejará parcialmente sin efectos la sentencia la sentencia 21 de marzo de 2023 en el
marco del proceso de reparación directa con radicación no. 05001-33-33-035-2016-
00910-01, únicamente en cuanto denegó dicho perjuicio, y se ordenará al Tribunal
Administrativo de Antioquia que emita una providencia de remplazo en la que se tenga
en cuenta el precedente aquí identificado y las consideraciones expuestas en esta
proivdencia.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.
FALLA
Revócase la sentencia de primera que declaró improcedente la acción de tutela
presentada por el señor Daniel Panesso Rueda por falta de relevancia constitucional. En
su lugar, disponese:
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-01560-01
Actor: Daniel Alcides Panesso Rueda
Acción de tutela
1°) Ampárense los derechos fundamentales invocados por la parte actora, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) En consecuencia, déjase parcialmente sin efectos la sentencia del 21 de marzo de
2023 proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia
al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación no. 05001-
33-33-035-2016-00910-0, en cuanto denegó el reconocimiento del lucro cesante a título
de perjuicios materiales, y ordénase a dicha autoridad que, en el término de diez (10)
días contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, profiera una
decisión en reemplazo en la cual se tengan en cuenta las consideraciones expuestas en
esta providencia.
3°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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