Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02760-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02760-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-02760-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
10 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., diez (10) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02760-00
Demandante: Daniel Felipe Bermúdez Rodríguez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A
Temas: Tutela contra providencia judicial / Reparación directa con
ocasión de lesiones de conscriptos / Topes indemnizatorios en
el reconocimiento del daño moral / No reconocimiento de
perjuicios a la salud y materiales, en la modalidad de lucro
cesante / Desconocimiento del precedente
Decisión: Negar el amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud formulada por Daniel Felipe Bermúdez Rodríguez en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
y desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud
1 . Daniel Felipe Bermúdez Rodríguez promovió solicitud de tutela con el fin de que
se ampararan sus derechos fundamentales a la igualdad y acceso a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la
sentencia proferida el 29 de abril de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, en el medio de control de
reparación directa identificado con el radicado 11001334306320220042901.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente1:
2.1. En ejercicio del medio de control de reparación directa presentó2 demanda
contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, con el fin de
que se les reconocieran y pagaran los perjuicios causados como consecuencia de
la enfermedad de leishmaniasis que padeció durante la prestación del servicio
militar obligatorio.
1 Archivo obrante en el índice 2 del Samai.
2 Y otros.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02760-00
Demandante: Daniel Felipe Bermúdez Rodríguez
2.2. El Juzgado Sesenta y Tres Administrativo de Bogotá, con sentencia del 7 de
febrero de 2024 accedió a las pretensiones de la demanda, por lo que condenó a la
institución militar, a título de daño moral, al pago de 10 SMLMV a favor de la víctima
directa y sus padres, y de 5 SMLMV para cada uno de sus hermanos. Así mismo,
negó el reconocimiento de los perjuicios a la salud y materiales reclamados. En
contra de esta decisión interpuso recurso de apelación, en aras de cuestionar el
monto del perjuicio reconocido y el no reconocimiento de los demás.
2.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A,
con sentencia del 29 de abril de 2025 confirmó lo resuelto por el a quo bajo
argumentos similares.
2.4.Sus derechos fundamentales fueron vulnerados por la corporación judicial
demandada al incurrir en desconocimiento del precedente contenido en
providencias de tutela del Consejo de Estado; en decisiones de reparación directa
proferidas por otras subsecciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y
de Antioquia; y en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 20143 proferida
por el Consejo de Estado.
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:
«[…] 2.2 Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al accionado, a
proferir nuevamente la sentencia de segunda instancia proferida dentro del proceso
radicado bajo el No. 11001334306320220042900, mediante la cual se confirmó la
sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado 63 Administrativo del Circuito
Bogotá y se condenó irrisoriamente al pago de DIEZ smlmv a favor de uno solo de los
demandantes y de cinco salarios para el resto de los actores.
2.3 Que se ordene al accionado que en el fallo que reemplace la sentencia cuya
anulación se solicita, aplique en debida forma las sentencias de unificación y las
sentencias que sobre el tema de indemnización de perjuicios observa el Consejo de
Estado y todos los Tribunales y Juzgados Administrativos del país, en especial las
SECCIONES B Y C DE LA SECCIÓN TERCERA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CUNDINAMARCA. Así mismo, que profiera sentencia en los término indicados en
fallo de tutela e incidente de desacato adjuntos, por ser un caso absolutamente idéntico
al ya revisado por el Honorable Consejo de Estado. […]». (sic)
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. El Juzgado Sesenta y Tres Administrativo de Bogotá4 solicitó no acceder al
amparo pretendido por cuanto la violación aducida por la parte demandante no se
configuró, aunado al hecho de que la tutela no es una tercera instancia en la que se
pueda pedir de nuevo lo pretendido en un proceso ordinario.
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Expediente 36149.
4 Archivo obrante en el índice 8 del Samai.
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Demandante: Daniel Felipe Bermúdez Rodríguez
4.1. Las decisiones adoptadas se fundamentaron en todas y cada una de las pruebas
aportadas al expediente, en concordancia con la normatividad y la jurisprudencia
contencioso-administrativa que rige la materia.
5. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
A5 solicitó declarar improcedente la tutela o, en su defecto, negar las pretensiones
de amparo. Así, después de referir cada una de las actuaciones relevantes
adelantadas en el asunto cuestionado y el contenido de las decisiones adoptadas,
resaltó que no se demostró en qué consistió la vulneración alegada, ni cuál fue la
conducta por acción u omisión de esa corporación judicial que pudiera amenazar o
vulnerar los derechos fundamentales invocados. Cuestión diferente es, la evidente
inconformidad frente a la decisión de segunda instancia.
6. Los demás terceros con interés en el resultado del proceso guardaron silencio.
2. Consideraciones
7. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia.
8. De conformidad con lo dispuesto en los artículo 86 de la Constitución Política y 37
del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 1.º del Decreto 333 del
6 de abril de 2021, esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
9. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo
del Consejo de Estado6 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 7. Al
respecto señaló lo siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
5 Archivo obrante en el índice 9 del Samai.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
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Demandante: Daniel Felipe Bermúdez Rodríguez
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[…]».
10. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
11. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado 8 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para
la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar
además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.
12. Ahora bien, la Corte Constitucional9 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante de manera constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que
se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
13. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos10, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales11.
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
10 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
11 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Demandante: Daniel Felipe Bermúdez Rodríguez
14. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema jurídico
15. La Sala deberá definir: ¿si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A vulneró los derechos fundamentales de la parte demandante
con ocasión de la sentencia del 29 de abril de 2025 al tasar los perjuicios morales
reconocidos en un valor inferior a los topes máximos fijados en sentencias de
unificación, y negar el daño a la salud y el lucro cesante pretendidos, con la que
incurrió, presuntamente, en desconocimiento del precedente?
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
16. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
2.4.2. Desconocimiento del precedente judicial
17. En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se recuerda
que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite
afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes relevantes
como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para promover la
seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la predictibilidad de
las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas.
Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo adecuado de estos,
como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones judiciales, presupuesto
esencial del Estado Social de Derecho.
18. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión previa
adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones
que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o semejantes
desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el juez, debe
ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad. El
adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el curso
de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas, salvo
si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan modificarlo.
19. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la
modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
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decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de
cosas actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.
20. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando
los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones que en su
concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa
modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello
reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad
que se derivara de la desobediencia al precedente.
2.4.3. Sobre el caso concreto
21. Daniel Felipe Bermúdez Rodríguez acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos
parcialmente la sentencia proferida el 29 de abril de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, en cuanto no
reconocido los perjuicios morales en los montos pretendidos, y negó aquellos
solicitados a título de daño a la salud y el lucro cesante.
22. Lo anterior, al considerar que la referida decisión judicial incurrió en
desconocimiento del precedente contenido en: i) providencias de tutela del Consejo
de Estado; (ii) sentencias de reparación directa proferidas por otras Subsecciones
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y de Antioquia; y (iii) la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 201412 proferida por el Consejo de Estado el 28 de
agosto de 2014.
23. Al descender a la situación particular planteada por la parte demandante, sea lo
primero advertir que, de la lectura del expediente contencioso-administrativo
11001334306320220042901 y el pronunciamiento cuestionado, es posible
evidenciar una motivación suficiente y coherente que justifica su sentido.
24. Para mayor claridad del asunto, la Sala recuerda que el Juzgado Sesenta y Tres
Administrativo de Bogotá con sentencia del 7 de febrero de 2024 accedió de manera
parcial a las pretensiones de la demanda, al encontrar acreditado que, durante la
prestación del servicio militar obligatorio, Daniel Felipe Bermúdez Rodríguez sufrió
de leishmaniasis, lo cual le dejó como secuela una cicatriz leve en economía
corporal, sin compromiso funcional, pero que produjo una pérdida de la capacidad
laboral del 10%.
12 Expediente 36149.
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Demandante: Daniel Felipe Bermúdez Rodríguez
25. En virtud de lo anterior, encontró demostrada la responsabilidad de la entidad
demandada ya que la lesión se produjo por causa y razón de la actividad militar, y
la condenó al pago de los perjuicios morales en 10 SMLMV a favor de la víctima
directa y de sus padres, y en 5 SMLMV para cada uno de sus hermanos; y negó el
reconocimiento de los perjuicios a la salud y materiales reclamados.
26. Contra la anterior decisión la parte demandante interpuso recurso de apelación
con el fin de que se modificará lo resuelto respecto a los perjuicios, al considerar
que se desconoció el precedente jurisprudencial existe al respecto, como quiera
que: i) el perjuicio moral no se reconoció en el tope máximo de 20 SMLMV de
acuerdo con lo señalado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014
del Consejo de Estado; y ii) se deben reconocer los perjuicios negados, los cuales
se acreditaron con el Acta de Junta Médico Laboral, cuyo contenido evidenciaba el
porcentaje de la pérdida de capacidad laboral y las afecciones padecidas por la
víctima directa.
27. Por su parte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A estimó confirmar lo resuelto por el a quo, bajo las siguientes
consideraciones:
«[…] 3.20. A fin de resolver este cargo de apelación, la Sala recuerda que, mediante
sentencia de unificación del 28 de agosto de 201411, tratándose de lesiones personales,
el Consejo de Estado fijó seis rangos de gravedad o levedad de la lesión, determinados
por el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral del lesionado, y cinco niveles de
relación afectiva con respecto a la víctima directa, como lineamientos para la
compensación del perjuicio moral en estos eventos, así:
• Se presumirían los perjuicios morales, para la víctima directa y para las víctimas
indirectas que se encontraren en los dos primeros niveles de relación afectiva, así: i)
Nivel 1: padres, hijos, cónyuges y compañeros permanentes; ii) Nivel 2: abuelos,
hermanos y nietos; casos en los cuales se exigía la prueba del parentesco, estado civil
y/o convivencia de los compañeros.
• Para los niveles 3 a 5, que comprenden los demás familiares y terceros damnificados,
se requería para el reconocimiento de perjuicios morales, la prueba de la relación
afectiva.
3.21. En el caso concreto, se constata que, la situación del señor Daniel Felipe Bermúdez
Rodríguez quedó establecida con la Junta Médico Laboral donde se registró que padeció
de leishmaniasis y que dejó como secuela “CICATRICES LEVES EN ECONOMÍA
CORPORAL , SIN COMPROMISO FUNCIONAL- CICATRIZ HIPERCRÓMICA EN
REGIÓN CERVICAL, SOBRE C 7 DE 1*2 CM” que causo una pérdida de capacidad del
10%, razón por la cual, la lesión del demandante se encontraba dentro del rango
establecido en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014, “Igual o superior al
10% e inferior al 20%”.
3.22. Frente al término “HIPERCROMICA”, conviene destacar que, en la literatura
médica, se ha establecido lo siguiente:
“Introducción: las hipercromías adquiridas son enfermedades benignas de la piel, que se
caracterizan por manchas hipercrómicas que varían en su color, dependiendo de su
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etiología; además son uno de los principales motivos de consulta dermatológica, por lo
que es importante determinar su etiología para su tratamiento correcto.”
“HIPERCRÓMICAS O MANCHAS POR HIPERPIGMENTACIÓN
Se producen por una sobreproducción o aumento de melanina, pigmento encargado del
color en la piel de nuestro cuerpo. Estas generalmente tienen un incremento del tono
natural de la piel comparado con la tez normal del paciente.
Se caracterizan por un color que va del pardo al marrón oscuro o el grisáceo y tienden a
darse en zonas expuestas al sol, como son la cara, las manos y los brazos. Son, por
ejemplo, pecas, lunares o manchas de la piel por la edad.”
3.23. Quiere significarse que, en el presente asunto, la enfermedad padecida por la
víctima directa (leishmaniasis), únicamente dejó como secuela una cicatriz leve, sin
compromiso funcional y de carácter hipercrómica (es decir, mancha con un tono
diferente).
3.24. En consecuencia, la Sala CONFIRMARÁ la condena impuesta a la Entidad
demandada, a título de perjuicios morales, teniendo en cuenta que se tasó en 10 SMLMV
y su pérdida de capacidad laboral fue del 10 %, por lo que se concluye que atendió: i)
las reglas expuestas en la sentencia de unificación del H. Consejo de Estado del 28 de
agosto de 2014; ii) las reglas de proporcionalidad; iii) el porcentaje de disminución de la
capacidad dictaminado (10%); y iv) las secuelas establecidas por la Junta Medica
Laboral. […]». (sic)
28. Por otra parte, en cuanto al perjuicio a la salud consideró que no fue acreditado
que la secuela padecida por la víctima directa afectara su vida, además, de que en
el Acta de Junta Médica tampoco se indicó que esta le generara algún compromiso
funcional, por lo cual concluyó que:
«[…] 3.34. De lo expuesto, se puede concluir que, las sentencias de unificación
jurisprudencial del Consejo de Estado proferidas del 28 de agosto de 2014, en los
expedientes número 31170 y 28832, atendieron todo lo concerniente a la indemnización
del perjuicio a la salud y unificaron los criterios necesarios para su indemnización, sin
establecer que este perjuicio se presume, por el contrario, se determinó que, la víctima
debe presentar pruebas suficientes para demostrar la afectación en la salud y el impacto
en su vida.
3.35. En el caso concreto, al revisar las pretensiones de la demanda, se observa que la
parte actora solicitó por perjuicio a la salud 20 SMLMV, afirmando que: “dicho perjuicio
se probará con la historia clínica respectiva y con el dictamen médico laboral que será
aportado. Con dichos documentos, se probarán las secuelas que la lesión sufrida por el
soldado le han generado en su salud y como ellas han repercutido en su normal vivir,
pues hoy es una persona lisiada.” (Negrillas fuera del texto)
[…]
3.38. Quiere significarse que, tal como se indicó en el acápite de perjuicio moral, en el
presente asunto, según el Acta de Junta Médico Laboral, la secuela fue únicamente una
cicatriz leve, sin compromiso funcional y de carácter hipercrómica (es decir, mancha con
un tono diferente). En ese sentido, contrario a lo afirmado por el apelante, no se aportó
prueba que respaldara la afirmación según la cual, esa situación generó un perjuicio a la
salud y la víctima directa hoy en día, es una persona “lisiada”.
3.39. Tampoco se demostró que: (i) la enfermedad y su secuela hayan ocasionado una
alteración anatómica y funcional del actor, que indiscutiblemente afectara su integridad
psicofísica; (ii) o que la cicatriz generó traumatismo y afectó el desarrollo normal del
señor DANIEL FELIPE BERMÚDEZ RODRÍGUEZ.
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Demandante: Daniel Felipe Bermúdez Rodríguez
3.40. En este orden de ideas, la Sala no evidencia que, la parte actora haya cumplido
con sus cargas procesales probatorias, en el sentido de acreditar sus afirmaciones según
las cuales, la víctima directa es una persona lisiada y que la secuela dictaminada ha
incidido en su vida porque le genera una perturbación en su salud.
3.41. Conforme lo expuesto, la Sala CONFIRMARÁ la decisión del a quo de negar el
perjuicio a la salud. […]». (sic)
29. Por último, en cuanto al no reconocimiento del lucro cesante reclamado, dijo:
«[…] 3.45. En el presente asunto, se observa que: a) el señor DANIEL FELIPE
BERMÚDEZ RODRÍGUEZ adquirió Leishmaniasis durante la prestación del servicio
militar obligatorio; b) de acuerdo con el acta de junta médico laboral, la Dirección de
Sanidad del Ejército Nacional dictaminó: i) una pérdida de capacidad laboral del 10%; ii)
sin embargo, estableció que el demandante era Apto y que “PUEDE CONTINUAR
DESEMPEÑANDOSE EN ACTIVIDADES DE LA VIDA CIVIL DE ACUERDO A SU
PERFIL OCUPACIONAL”.
3.46. Bajo este contexto, en criterio de esta Sala, no es de recibo que, se deba reconocer
el lucro cesante únicamente con fundamento en que a la víctima directa se le dictaminó
un porcentaje de pérdida de capacidad laboral, cuando en la misma se establece que el
señor Rodríguez Bermúdez puede continuar desempeñándose en actividades de la vida
civil.
3.47. Adicionalmente, se debe resaltar que, el Acta de Junta Médico Laboral se emitió
con fundamento en el: (i) Decreto 94 de 198917 y (ii) Decreto 1796 del 200018 que guardan
relación con la capacidad sicofísica y aspectos relacionados con incapacidades e
indemnizaciones de miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, pero no
hace alusión al Decreto 1507 de 2014 “Por el cual se expide el Manual Único para la
Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”, el cual es el
instrumento técnico para evaluar la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional de
cualquier origen.
3.48. Conforme lo expuesto, para la Sala el indicado medio de prueba no es suficiente,
ya que no otorga certeza del lucro cesante que se reclama y las notas clínicas tampoco
acreditan este perjuicio.
3.49. Aun si se aceptara que, en el caso en concreto, el Acta de Junta Medico Laboral
expedida por la Dirección de Sanidad, constituye el medio probatorio pertinente,
conducente y suficiente para fundamentar la causación del lucro cesante, no se puede
perder de vista que, ese documento debe ser valorado en su integridad junto con las
otras pruebas aportadas y en virtud del principio de independencia judicial y sana critica.
3.50. Lo anterior, tampoco conlleva a afirmar que se esté imponiendo una determinada
tarifa legal probatoria, por el contrario, se trata del cumplimiento de las cargas
probatorias, a efectos de tener certeza y llegar al convencimiento de la causación del
lucro cesante.
3.51. En conclusión, la Sala no tiene certeza de la pérdida de una utilidad monetaria a
causa del daño si se tiene en cuenta que, en el Acta de Junta Médica se determinó que
el señor DANIEL FELIPE BERMÚDEZ RODRÍGUEZ era apto y que no tiene una limitante
para “desarrollar actividades laborales de la vida civil de acuerdo con su perfil
ocupacional”
3.52. Quiere significar la Sala que, el argumento del apelante según la cual, la pérdida
de capacidad laboral conlleva a que la persona tenga secuelas para desempeñarse en
algunas áreas laborales al no tener el 100% de su capacidad, no resulta de recibo, debe
reiterarse que en el sub judice no hay ningún medio de prueba que acredite que el señor
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02760-00
Demandante: Daniel Felipe Bermúdez Rodríguez
FRANCISCO JAVIER LAGARES ESPITIA, no se haya podido desempeñar en algún
oficio o profesión, como consecuencia de las secuelas dictaminadas por la Junta Médico
Laboral de la Dirección de Sanidad, adicionalmente, se insiste, no existe posición
unificada sobre el valor probatorio del acta Junta Médica Laboral para el reconocimiento
del perjuicio material- lucro cesante.
3.53. De manera que, como la parte actora no cumplió con su carga probatoria de
acreditar el lucro cesante que solicitaba, la Sala CONFIRMARÁ la decisión de primera
instancia, que negó el reconocimiento de este perjuicio. […]». (sic)
30. De acuerdo con la información que antecede, se evidencia que el tribunal
demandado efectuó una interpretación razonable de la normatividad y la
jurisprudencia aplicables al reconocimiento de perjuicios morales en asuntos como
el del caso concreto, la cual se adecuó a los topes indemnizatorios fijados en la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, sin que su reconocimiento
máximo resulte obligatorio, pues, ello depende de la valoración que al respecto haga
el juez natural de la causa en su libre autonomía de cara a las pruebas que obren
en el expediente.
31. De otro lado, se observa que el tribunal demandado encontró que la cantidad
reconocida se compadece con el porcentaje de disminución de la capacidad
dictaminado (10%) y las secuelas establecidas por la Junta Médica Laboral, frente
a lo cual debe recordarse que el juez constitucional no puede invadir su
competencia, autonomía ni independencia en sus pronunciamientos, máxime,
cuando no se evidencia ninguna actuación arbitraria o caprichosa.
32. También se citó como desconocidos los fallos de tutela proferidos por el Consejo
de Estado: del 4 de julio de 201913, en el que se tuvo en cuenta el acta de la Junta
Médico Laboral como prueba para el reconocimiento del lucro cesante; del 28 de
julio de 202314, en el que se accedió al amparo pretendido; y del 25 de noviembre
de 202415, en el que se consideró que la providencia allí censurada incurrió en un
defecto fáctico por indebida valoración probatoria de cara al reconocimiento de
perjuicios por daño a la salud y material, en modalidad de lucro cesante. La
sentencia del 27 de septiembre de 201316 en la que el juez constitucional se abstuvo
de liquidar la indemnización con base en el acta de junta médico laboral, por cuanto
había posibilidad de recuperación; además de aportar decisiones proferidas por los
Tribunales Administrativos de Antioquia y Cundinamarca que refieren sobre la
aplicación de las tablas de indemnización establecidas en la sentencia de
unificación y un salvamento de voto.
33. En cuanto a tales pronunciamientos, se observa que fueron citados en el recurso
de apelación interpuesto dentro del proceso ordinario de reparación directa
cuestionado, y frente a los cuales el juez natural de la causa tuvo la oportunidad de
pronunciarse, punto en el que, debe recordarse que la tutela no puede utilizarse
13 Radicado 11001-03-15-000-2019-01105-01.
14 Radicado 11001-03-15-000-2023-01560-01.
15 Radicado 11001-03-15-000-2024-04975-00.
16 Radicado 05001- 23-31-000-1999-02915-01.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02760-00
Demandante: Daniel Felipe Bermúdez Rodríguez
como una tercera instancia para lograr un nuevo pronunciamiento al respecto.
Además, las sentencias de tutela tienen efectos Inter partes, sin que puedan
argüirse como precedentes desconocidos.
34. Sumado a ello, se precisa que en asuntos relacionados con la valoración
probatoria del acta de la junta médica para establecer el reconocimiento de
perjuicios a la salud y materiales no existe una posición unificada en el Consejo de
Estado, frente a lo cual, debe aclararse que el juez de tutela no puede actuar como
instancia de unificación al respecto, máxime, si se tiene en cuenta que en los
distintos pronunciamientos de unificación relacionados con perjuicios morales se ha
establecido que el juez natural de la causa es quien debe realizar la correspondiente
valoración probatoria.
35. Así las cosas, a juicio de esta Sala, la corporación judicial demandada realizó un
estudio del asunto desde la perspectiva del precedente jurisprudencial aplicable, por
tal motivo se debe concluir que no se configuró el desconocimiento invocado.
36. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración
de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
37. En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo que, se reitera,
este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.
3. Conclusión
38. En este orden de ideas, la Sala negará el amparo de los derechos fundamentales
de Daniel Felipe Bermúdez Rodríguez en la solicitud de tutela presentada contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Daniel Felipe
Bermúdez Rodríguez en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
11
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02760-00
Demandante: Daniel Felipe Bermúdez Rodríguez
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JAVD/LXRR
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
12
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