Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04975-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04975-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-04975-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
25 de noviembre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04975-00
Demandante: Jonathan Javier Rincón Castro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04975-00
Demandante: JONATHAN JAVIER RINCÓN CASTRO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Procede estudio de
fondo porque se acreditó el cumplimiento de los requisitos generales / DEFECTO
FÁCTICO – Se configura en este caso, porque la autoridad judicial no valoró en forma
adecuada e integral las pruebas que acreditaban el daño a salud y el lucro cesante.
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Jonathan Javier Rincón
Castro contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A.
I. ANTECEDENTES
Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda
1. El 17 de septiembre de la presente anualidad, el señor Jonathan Javier Rincón
Castro interpuso acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de
justicia, con ocasión de la sentencia proferida el 1º de agosto de 2024, en el
proceso de reparación directa con radicado 11001-33-36-033-2020-00139-01,
mediante la cual confirmó el fallo de primera instancia que accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda. Formuló las siguientes pretensiones (se
transcriben):
Solicito respetuosamente se amparen los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y confianza legítima
de Jonathan Javier Rincón Castro y, como consecuencia de ello, se declare
parcialmente sin validez, ni efectos jurídicos la sentencia de fecha primero
(1°) de agosto de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección "A", proceso
con radicado No. 11001333603320200013901, en lo concerniente a la
negación de los perjuicios materiales y daño a la salud correspondientes a la
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Demandante: Jonathan Javier Rincón Castro
víctima directa.
Se requiere que el citado Tribunal profiera una nueva providencia en la que,
con miras a que se respete el precedente judicial proferido por el Consejo de
Estado y las pruebas aportadas al proceso, se declare administrativa y
extracontractualmente responsable a La Nación - Ministerio de Defensa -
Ejército Nacional, por los perjuicios materiales y daño a la salud causados a
Jonathan Javier Rincón Castro, y determinados por la jurisprudencia
contenciosa administrativa, en especial sentencias de unificación de 28 de
agosto de 2014.
2. De la demanda de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los
siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
3. El joven Jonathan Javier Rincón Castro, junto a sus padres y hermanos,
presentaron demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional, con el fin de que se le declarara responsable de los
perjuicios derivados de las lesiones que padeció el primero de los mencionados,
mientras prestaba servicio militar obligatorio. Al proceso le correspondió el
radicado 11001-33-33-033-2020-00139-00.
4. El Juzgado 33 Administrativo de Bogotá accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, en sentencia proferida durante la audiencia inicial
que se celebró el 26 de agosto de 2021.
5. Luego de encontrar acreditado el daño que sufrió el demandante mientras
prestaba el servicio militar obligatorio, el a-quo consideró que había lugar a
declarar la responsabilidad patrimonial de la entidad demandada bajo el régimen
de responsabilidad objetivo de daño especial, toda vez que se demostró que el
daño padecido tuvo relación directa con la prestación del servicio, «por causa y
razón del mismo», y le generó al afectado una disminución de la capacidad laboral
equivalente al 10,5%; además, no se acreditó ninguna causal eximente de
responsabilidad.
6. Por consiguiente, se impuso condena por concepto de perjuicios morales, la
cual se tasó de acuerdo con el porcentaje de pérdida de capacidad dictaminada
por la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional y los parámetros establecidos
por el Consejo de Estado, en sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 31.172.
7. Se negó el reconocimiento de indemnización por daño a la salud y perjuicios
materiales, con fundamento en el siguiente razonamiento:
En el presente caso, de conformidad con el material probatorio allegado al
proceso, se tiene:
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Demandante: Jonathan Javier Rincón Castro
(i) En la Junta Médico Laboral No. 200369 del 1 de diciembre de 2019 al
directo afectado le fueron dictaminadas como secuelas "A) LUMBALGIA CON
POP ARTRODES/S".
(i) Adicionalmente, en la citada Acta de Junta Médico Laboral y el Tribunal
Médico de Revisión Militar y de Policía, se determinó que en atención por
ortopedia del 24 de septiembre de 2019, se anuncia como secuela "limitación
para levantar peso para estar en una misma posición por tiempo prolongado,
de pronóstico bueno"; pero a efectos de las consecuencias que en materia de
salud, es decir, lo que le puede generar dicha secuela, no se encuentra
demostrado a efectos que pueda ser tasado y reconocido por el Juzgado.
En consecuencia, por no encontrarse probado el daño a la salud reclamado
por el actor, no se le reconocerá al señor JONATHAN JAVIER RINCÓN
CASTRO - directo afectado- suma alguna.
(…)
El lucro cesante como perjuicio, implica demostrar precisamente, la
expectativa objetiva de remuneración antes de la existencia del daño, que se
dejará de recibir por parte del demandante.
En el caso concreto, se tiene lo siguiente:
El perjuicio reclamado -pérdida de la capacidad laboral-, no se encuentra
demostrado por el demandante JONATHAN JAVIER RINCÓN CASTRO, pues
no se encuentra probada la disminución de su capacidad productiva, por el
accidente que sufrió durante la prestación de su servicio militar y que motiva
la presente demanda.
No se encuentra probado que la secuela descrita en el Acta de Junta Médica
Laboral elaborada por la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, impida al
demandante realizar actividades de orden general y común de cualquier
persona.
No se demostró por parte del demandante algún índice de incapacidad de
orden laboral, que conlleve a la prosperidad de la pretensión reclamada.
En consecuencia, encuentra el Despacho que el señor Jonathan Javier
Rincón Castro no probó los perjuicios materiales solicitados, en la modalidad
de lucro cesante (consolidado y futuro), razón por la cual, la pretensión habrá
de negarse.
8. No se impuso condena en costas porque no se aportó prueba tendiente a
demostrar su causación.
9. Contra esa decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación con el
fin de que se accediera al reconocimiento de la indemnización, a título de daño a
la salud y perjuicios materiales, estos últimos en la modalidad de lucro cesante.
Manifestó que las lesiones que sufrió el joven Rincón Castro en la columna y en la
pierna derecha le generaron una incapacidad permanente, que le imposibilita
desarrollar «actividades normales de una persona de su edad, incluyendo
actividades deportivas y rutinarias por la limitación física, dolores y secuelas
dictaminadas»; además, indicó que existe una postura pacífica y reiterada en el
Consejo de Estado que reconoce lucro cesante a favor de los conscriptos que
sufren lesiones, a partir del porcentaje de disminución de capacidad laboral.
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Demandante: Jonathan Javier Rincón Castro
10. Resaltó que el Acta de Junta Médica Laboral es la prueba idónea para
demostrar la disminución de la capacidad laboral de una persona y afirmó que «no
puede considerarse que el ámbito militar es el único que exige una capacidad
física y psicológica completa, porque el mundo laboral civil contiene esas mismas
exigencias. Es claro que quien recibe una lesión que afecta su integridad queda
inhabilitado para ejercer cualquier labor que le demande habilidades completas».
11. La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, a través de sentencia de 1º de agosto de 2024, confirmó el fallo de
primera instancia.
12. Hizo alusión a cierta jurisprudencia del Consejo de Estado relacionada con el
daño a salud, e hizo énfasis en la sentencia de unificación de 28 de agosto de
2014, proferida en el proceso con radicado interno 28.832, a través de la cual se
fijaron lineamientos para la reparación de ese daño. Con base en lo anterior,
estableció que «el juez debe determinar el porcentaje de la gravedad o levedad de
la afectación corporal o psicofísica, debidamente probada dentro del proceso,
relativa a los aspectos o componentes funcionales, biológicos y psíquicos del ser
humano».
13. Señaló que, «conforme la última valoración realizada al señor Jonathan Javier
Rincon Castro, el diagnóstico fue únicamente limitación en grado mínimo en
columna dorsal y lumbar, sin que se haya hecho referencia a la lesión en la rodilla
derecha y alguna secuela al respecto. En consecuencia, sin desconocer que a la
víctima directa se le dictaminó una pérdida de la capacidad laboral del 10.5%, lo
cierto es que, con los medios de prueba aportados al plenario, no se demostró el
daño a la salud en alguna variable, conforme lo establecido en la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2014». Por lo anterior, concluyó que «la parte
actora incumplió con su carga procesal probatoria».
14. En lo que respecta al lucro cesante, adujo que ese tipo de perjuicio exige
demostrar la expectativa objetiva de remuneración anterior al daño que se dejará
de percibir por causa del daño, lo cual, en su concepto, no se acreditó en el
proceso. Agregó que «tampoco se aportaron pruebas que demuestren que las
secuelas sufridas por el actor "(i) dolor dorsal y en rodilla derecha limitación para
levantar peso para estar en una misma posición por tiempo prolongado y (ii)
lumbalgia con posoperatorio artrodesis", tengan incidencia en la actividad laboral o
económica del demandante, más aún cuando en el Acta de Junta Médica Laboral,
se indica que por las lesiones que padeció el señor JONATHAN JAVIER RINCON
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CASTRO, fue calificado como no apto para actividad militar. Es decir, se hace
referencia únicamente a las actividades de orden militar más (sic) no ordinarias».
15. Coligió que no existía certeza de que el demandante estuviera en imposibilidad
de trabajar o que presentara algún grado de invalidez, «respecto de la actividad
laboral». Refirió, además, que en el Consejo de Estado no existía una posición
unificada sobre el valor probatorio del Acta de Junta Médico Laboral para el
reconocimiento del lucro cesante, tal como lo indicó la Subsección C de la Sección
Tercera en sentencia de 14 de febrero de 2019, a través de la cual resolvió una
acción de tutela.
16. Añadió que «en el sub judice no hay ningún medio de prueba que acredite que
el señor Jonathan Javier Rincón Castro, no se haya podido desempeñar en algún
oficio o profesión, como consecuencia de las secuelas dictaminadas en el Acta de
Junta Médico Laboral».
17. No se impuso condena en costas de la segunda instancia, por cuanto la
entidad demandada no intervino en esa instancia.
18. Una de las magistradas que integra la Subsección A de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca salvó su voto frente a la anterior
decisión, por cuanto consideró que el Acta de Junta Médico Laboral constituye
prueba idónea y suficiente para demostrar el daño a la salud y el perjuicio material
por lucro cesante.
19. En la solicitud de amparo que ocupa la atención de la Sala se afirmó que la
sentencia cuestionada vulneró los derechos fundamentales del accionante al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad, por
haber incurrido en un exceso ritual manifiesto, por defecto fáctico y por
desconocimiento del precedente judicial.
20. Explicó que el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y el defecto
fáctico se presentan, «puesto que la decisión de negar los perjuicios materiales y
de daño a la salud es producto de un estudio incorrecto de las pruebas
documentales que obran en el proceso, cuya valoración integral permite
determinar que la víctima sufrió lesiones que le generaron una disminución de la
capacidad laboral y secuelas de por vida».
21. En cuanto al desconocimiento del precedente, refirió que el Consejo de Estado
ha entendido que cuando existe un porcentaje de disminución de la capacidad
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laboral debe reconocerse el lucro cesante, sin importar las circunstancias
laborales presentes o las proyecciones a futuro de la víctima directa. En este
punto, hizo mención a la sentencia de 1º de julio de 2004, proferida en el proceso
con radicado 14.494.
22. Agregó que esa postura fue confirmada en sede de tutela por la Subsección B
de la Sección Tercera de esta Corporación, en sentencia de 28 de julio de 2023,
rad. 2023-01560-01, en la que estimó que se había desconocido el precedente en
un caso de contornos fácticos y jurídicos similares, en el que también se debatía la
responsabilidad del Estado por los daños padecidos por un conscripto. Además,
hizo alusión a la sentencia de 4 de diciembre de 2023, proferida por la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el proceso con radicado
53.446, en la que mantuvo la postura de la Corporación y reconoció que el lucro
cesante para soldados conscriptos sólo exige la comprobación de una merma en
la capacidad laboral.
23. Mencionó la sentencia de 14 de mayo de 2020, proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado en la acción de tutela con radicado 11001-03-15-
000-2019-04741-01, en la que se afirmó que la Sección Tercera sí ha tenido una
postura pacífica en torno al reconocimiento del lucro cesante en caso de daños a
conscriptos, a partir del Acta de Junta Médico Laboral.
24. Sobre el reconocimiento del lucro cesante conforme al porcentaje de
disminución de capacidad laboral dictaminado por una Junta Médica, señaló las
providencias del 11 de octubre de 2021 y del 7 de marzo de 2002, proferidas por
la Sección Tercera del Consejo de Estado, en los procesos con radicado interno
49.448 y 21.871. Explicó que el Acta de Junta Médico Laboral se ha constituido en
el documento idóneo para demostrar las afectaciones laborales que sufre la
víctima no solo en el ámbito militar sino en cualquier tipo de actividad productiva,
sumado a que al provenir de la entidad demandada confiere mayor certeza sobre
las secuelas que genera la lesión al demandante.
25. En lo que respecta al daño a la salud, aludió a la sentencia de unificación de
28 de agosto de 2014, proferida por la Sección Tercera de esta Corporación, y
concluyó que hay lugar a otorgar medida de reparación por dicho daño, toda vez
que el Acta de Junta Médico Laboral aportada al proceso dictaminó una
disminución de la capacidad laboral del demandante del 10,50%. En su criterio,
«la víctima permanece con secuelas como la lumbalgia con pop artrodesis que le
limita levantar peso, permanecer en una misma posición por tiempo prolongado,
realizar actividades diarias como caminar, trotar, subir o bajar escaleras, ejecutar
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deportes de alto impacto o actividades de recreación que, con un sano y razonable
estudio, se concluye su imposibilidad de desarrollar actividades normales o de
placer, y utilizar todo su potencial físico para trabajar».
26. Agregó que el accionante sufrió las lesiones cuando tenía 19 años y tendrá
secuelas durante toda su vida, por cuanto son de carácter permanente; agregó
que el dolor supone una merma en la calidad de vida, «una pérdida de la
satisfacción personal del paciente, un deterioro de su entorno inmediato y un coste
y repercusión muy altos».
Trámite impartido e intervenciones
27. Mediante auto de 19 de septiembre de 2024 se admitió la solicitud de amparo,
se ordenó vincular al proceso a los señores Carmen Aliria Castro Velandia, Óscar
Darío Rincón Haro, Shirley Juliana Rincón Castro, Jham Carlos Rincón Castro y
Yurley Daniela Rincón Castro, así como al Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional como terceros con interés; se decretaron como pruebas los documentos
allegados con la demanda; se requirió el envío del expediente digital del proceso
ordinario y se ordenó notificar la decisión a la autoridad judicial accionada, al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a los terceros interesados y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
28. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca manifestó que la solicitud de
amparo es improcedente porque carece de relevancia constitucional, en tanto sus
argumentos no se orientan a evidenciar la vulneración de derechos
fundamentales, sino a que el juez de tutela se convierta en una tercera instancia
del proceso de reparación directa.
29. Agregó que lo pretendido en la acción constitucional equivale a lo que solicitó
el interesado en el recurso de apelación que instauró contra el fallo de primera
instancia en el proceso ordinario, ocasión en la que se analizaron los argumentos
expuestos y las pruebas obrantes en el expediente. Adujo que la inconformidad
versa sobre la valoración probatoria que realizó la Sala, «lo cual se encuentra en
un campo restringido para el juez de tutela, salvo que se advierta irracionalidad o
capricho, circunstancias que en este caso no se presentan», y el hecho de que no
se comparta la decisión adoptada «no habilita al juez de tutela para volver a
estudiar un asunto que ya fue decidido por el Tribunal accionado».
30. Señaló que no incurrió en desconocimiento del precedente del Consejo de
Estado, dado que no existe una postura unificada sobre el valor probatorio del
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Acta de Junta Médico Laboral para reconocer el lucro cesante en el caso de
conscriptos, tal como lo afirmó la Subsección C de la Sección Tercera de esa
corporación, mediante sentencia de 14 de febrero de 2019, en la acción de tutela
con radicado 11001-03-15-000-2018-03665-01, en la que sostuvo que «algunas
subsecciones han sostenido que dicho medio de prueba es suficiente para
demostrar los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante y otras han
afirmado que el acta debe ser valorada de manera conjunta con las otras pruebas
obrantes».
31. Al respecto, mencionó que en el proceso de reparación directa no obraban
pruebas que acreditaran que las secuelas dictaminadas tuvieran incidencia en la
actividad laboral o económica del accionante, máxime porque en el Acta de Junta
Médico Laboral aportada se hizo referencia únicamente a actividades de orden
militar, no ordinarias. Por esa razón, se concluyó que dicha prueba «no era un
medio probatorio que demostrara la disminución en la salud del afectado, en
función de las labores ordinarias»; ademas, en cuanto al daño a la salud, las
pruebas valoradas no acreditaron dicho daño «en alguna variable».
32. Afirmó que no se configuró el defecto fáctico ni procedimental, pues no se
omitió el decreto de ninguna prueba; tampoco se hizo una valoración arbitraria o
se dejó de valorar alguno de los medios acreditativos allegados. De otro lado, no
se impuso un procedimiento como obstáculo para la eficacia del derecho
sustancial, en un exceso ritual manifiesto.
33. Los señores Carmen Aliria Castro Velandia y Óscar Darío Rincón Haro
señalaron que se encuentran muy preocupados con el estado de salud de su hijo,
«pues sufre de constantes dolores de columna y rodilla derecha, limitándole para
hacer fuerza, levantar objetos pesados, permanecer en una misma postura, se le
ha dificultado conseguir trabajo afectándole su vida económica y moral a su corta
edad». Solicitaron indemnizar justamente las lesiones padecidas por su hijo
Johnathan Javier Rincón Castro.
34. El Juzgado 33 Administrativo de Bogotá remitió el enlace del expediente digital
requerido, el 25 de septiembre de 2024.
35. En proveído de 28 de octubre de 2024, el magistrado a quien le correspondió
el conocimiento del asunto ordenó remitir el expediente al despacho de la
consejera que sigue en turno, por cuanto el proyecto de sentencia que presentó
ante la Sala fue derrotado en sesión de 25 de octubre de 2024.
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II. C O N S I D E R A C I O N E S
Problema Jurídico
36. La Sala deberá verificar si se superan los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela. Sólo en el evento de que se reúnan estas
exigencias, se analizará si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, incurrió en los defectos endilgados y, por ende, vulneró los
derechos fundamentales cuya protección se reclama.
Análisis de la Sala
37. Inmediatez: la tutela cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que la
sentencia de segunda instancia fue proferida el 1º de agosto de 2024 y la solicitud
de amparo se presentó el 17 de septiembre siguiente, esto es, dentro de los seis
meses siguientes a su expedición. Este término resulta razonable, sin necesidad
de determinar la fecha de notificación de la sentencia de segundo grado.
38. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.
39. Subsidiariedad1. La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro
medio de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección
debe ser idónea y eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o
amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe
perjuicio irremediable y, de concurrir, concederá el amparo impetrado.
40. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un
campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de
protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer
que la Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales
igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
41. El asunto que se estudia cumple el requisito de subsidiariedad, porque se
agotaron los medios disponibles en el proceso ordinario y porque las razones que
sustentan los defectos alegados no encajan en las causales previstas en la ley
para la procedencia de los recursos extraordinarios.
1
En este acápite, la Sala acoge y reitera las consideraciones de la Sección Cuarta de esta
Corporación, expuestas, entre otras, en las siguientes providencias de tutela: (i) sentencia del 1º
de junio de 2016 (expediente 2015-03373-00), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y (ii)
sentencia del 1º de junio de 2017 (expediente 2017-00150-00), M.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto (e).
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42. Relevancia constitucional. Esta Subsección ha sido consistente en estimar
que el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se limita a
señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos
contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una
carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera
instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.
43. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente2 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción
de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos
ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole
patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este
instrumento constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se
adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de
cada especialidad.
44. La tutela sólo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión
de marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el
simple señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino
porque, en efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha
desbordado el alcance de un derecho fundamental.
45. Al revisar las premisas expuestas por la parte demandante, la Sala concluye
que la solicitud de amparo posee relevancia constitucional, por cuanto se discute
la vulneración de derechos de raigambre constitucional, como el debido proceso y
la reparación integral, a través de argumentos que advierten sobre un análisis
equivocado de las pruebas que llevó a desconocer la existencia y acreditación del
daño a la salud y el lucro cesante.
46. En la demanda se expusieron con suficiencia los motivos por los cuales se
considera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en los defectos
endilgados, lo cual denota una verdadera tensión entre la razonabilidad de la
decisión enjuiciada y el alcance de los derechos fundamentales invocados en la
tutela, y no la intención de utilizar la acción de tutela como una instancia adicional
al proceso de reparación directa, como afirmó la autoridad judicial demandada en
su contestación.
2
Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
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Análisis de los defectos alegados
47. En la demanda se acusó a la autoridad judicial accionada de haber incurrido
en (i) defecto fáctico por el «estudio incorrecto de las pruebas documentales que
obran en el proceso, cuya valoración integral permite determinar que la víctima
sufrió lesiones que le generaron una disminución de la capacidad laboral y
secuelas de por vida», y (ii) desconocimiento del precedente, por cuanto se obvió
la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado, que ha reconocido el daño
a la salud y el lucro cesante «cuando se demuestran afectaciones a la integridad
psicofísica de la víctima». Se hizo mención, también, a un exceso ritual manifiesto,
por las mismas razones que sustentaron el defecto fáctico.
48. Analizado el asunto, encuentra la Sala que el reproche relacionado con la
configuración de un defecto fáctico está llamado a prosperar.
49. En efecto, el objeto del proceso de reparación directa apuntaba a la
responsabilidad patrimonial del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por los
daños que padecieron los demandantes en esa causa, a raíz de las lesiones que
sufrió el joven Jonathan Javier Rincón Castro en su integridad física, durante la
prestación del servicio militar obligatorio.
50. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A,
negó el reconocimiento de la indemnización solicitada a título de daño a la salud y
lucro cesante, por cuanto, en su criterio, no se acreditaron esos perjuicios en el
proceso. Al valorar el Acta de Junta Médica Laboral que se le practicó al
demandante manifestó que, aunque allí se dictaminó una pérdida de capacidad
laboral del 10,5%, lo cierto es que no constituía prueba de alguna de las variables
mencionadas en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014, para
entender configurado el daño a la salud, ni permitía conocer si las secuelas
anotadas tenían alguna incidencia en actividades laborales o económicas, de
índole no militar.
51. El razonamiento efectuado en la sentencia cuestionada no atiende a criterios
de validez, en tanto denota un análisis fragmentado de la prueba aportada y
desconoce los supuestos de hecho que se acreditaron a través de dicho medio de
convicción.
52. En efecto, se observa que al proceso de reparación directa se aportó el Acta
de Junta Médico Laboral No. 200369 de 11 de diciembre de 2019, la cual fue
confirmada por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía,
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mediante Acta TML20-2-209 MDNSG-TML-41-1 de 30 de noviembre de 2020. Los
informes periciales determinaron que el señor Jonathan Javier Rincón Castro
sufrió una incapacidad permanente y una disminución de su capacidad laboral del
10,5%. Del acta suscrita en el año 2019 se destacan las siguientes anotaciones (la
transcripción es literal y puede incluir errores):
Fecha: 24/09/2019 Servicio: ORTOPEDIA
FECHA INICIO: SOLICITUD TRAUMA PELVIS Y RODILLA DERECHA TIENE
INFORMATIVO ADMINISTRATIVO POR LESIONES DE # 004 DEL 06 DE
ABRIL DEL 2018 GRUPO BASAN REGISTRO QUE EL 05 DE MARZO DEL
2018 SUFRE CAIDA DE 7 METROS DE ALTURA CON TRAUMA EN
REGION LUMBOSACRA PELVIS Y RODILLA IZQUIERDA SIGNOS Y
SINTOMAS:
RX 03/11/2018 COLUMNA DISTAL FIJACION POSTERIOR T3 A T4
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SIN SIGNOS DE ABRIMIENTO
FRACTURA DE TS Y 17 REDUCIDOS A PROCESO DE CONSOLIDACION
ACORDE A TIEMPO DE EVOLUCION RX RODILLA 11/03/2018 DERECHA
NORMAL EX PELVIS 11/08/2018 NORMAL ETIOLOGIA:
TRAUMATICA TRATAMIENTOS VERIFICADOS: TRAE EPICRISIS
HOSPITAL CLINICA MEDICAL 19/03/2018 REDUCCION ABIERTA
FRACTURA COLUMNA TORACICA CON INSTRUMENTACION CLINICA
DEL DOLOR FISIATRIA FISIOTERAPIA. ESTADO ACTUAL: MARCHA
NORMAL CICATRIZ EN REGION LUMBAR GRADO 1 DOLOROSA
ESPASMO PARA VERTEBRAL LUMBAR NO HAY DEFICIT NEUROLOGICO
RODILLA DERECHA CON ROCE PARELOSENSORIAL DOLOROSO
DIAGNOSTICO: POP ARTRODECIS COLUMNA TORÁCICA MARZO 2017.
FRACTURA DE T5 Y 17 VERTEBRAS
CONTUSION RODILLA DERECHA SECUELAS: DOLOR DORSAL Y EN
RODILLA DERECHA LIMITACION PARA LEVANTAR PESO PARA ESTAR
EN UNA MISMA POSICION POR TIEMPO PROLONGADO PRONOSTICO:
BUENO. CONDUCTA A SEGUIR: CONTROL PERIODICO POR ORTOPEDIA
COLUMNA / NEUROCIRUGIA (EXT) 144974.
(…)
V. SITUACION ACTUAL
A. ANAMNESIS
SE REALIZA JUNTA MEDICA DE RETIRO. CON 18 MESES, EN EL
MOMENTO REFIERE LUMBALGIA PERSISTENTE, QUE SE LE EXACERBA
CON CARGAR PESO, NIEGA OTRA SINTOMATOLOGIA, NO APORTA
DOCUMENTACION.
B. EXAMEN FÍSICO
TA: 120/80 MMHG FC: 82 LAT X MIN FR: 17 R XMIN T: 37°C. INGRESA A
SALA DE JUNTAS POR SUS PROPIOS MEDIOS, SE EVIDENCIA EN
BUENAS CONDICIONES GENERALES, SIN USO DE ELEMENTOS DE
APOYO, CONCIENTE, ORIENTADO EN TIEMPO Y ESPACIO, CUELLO:
MOVIL, NO LIMITACION FUNCIONAL. SIN ADENOPATÍAS. NO
ALTERACIÓN DE FUNCIÓN. C/P: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS NO
SOPLOS, NO AGREGADOS, MURMULLO VESICULAR CONSERVADO EN
AMBOS CAMPOS PULMONARES. ABD: DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A
LA PALPACIÓN NO MEGALIAS, RUIDOS PERISTALTICOS.
EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES: NO DOLOR, NO
LIMITACION FUNCIONAL, NO DEFORMIDAD, NO EDEMA, NO ROCE
PATELAR. DORSO: LEVE DOLOR A LA PALPACION EN VERTEBRAS
LUMBARES, LASEGUE NEGATIVO, SIN DIFICULTAD PARA LA MARCHA.
SNC: NO DEFICIT NEUROLOGICO APARENTE.
VI. CONCLUSIONES
A-DIAGNOSTICO POSITIVO DE LAS LESIONES O AFECCIONES:
1). EXPOSICION AL RUIDO, VALORADO MEDIANTE AUDIOMETRIA
TONAL SERIADA. CON AGUDEZA AUDITIVA EN OIDO DERECHO Y EN
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Demandante: Jonathan Javier Rincón Castro
OIDO IZQUIERDO DENTRO DE LOS LIMITES NORMALES, VALORADO
POR EL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA, DESCARTANDO
PATOLOGIA. 2). DURANTE EL SERVICIO POR CAUSA Y RAZON DEL
MISMO, PRESENTA FRACTURA TS Y T7, CON POP ARTRODESIS Y
CONTUSION EN RODILLA SUSCEPTIBLE DE MANEJO MEDICO,
VALORADO POR EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA Y ORTOPEDIA, QUE
DEJA COMO SECUELA:
A. LUMBALGIA CON POP ARTRODESIS
B- CLASIFICACION DE LAS LESIONES O AFECCIONES Y CALIFICACION
DE CAPACIDAD PSICOFISICA PARA EL SERVICIO
INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL
NO APTO - PARA ACTIVIDAD MILITAR.
C- Evaluación de la disminución de la capacidad laboral.
LE PRODUCE UNA DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD LABORAL DEL
DIEZ PUNTO CINCUENTA POR CIENTO (10.5%) DEL (100%) RESTANTE Y
DCL ACUMULADA TOTAL DEL (10.5%).
53. El dictamen aludido demuestra, de manera clara e irrefutable, las afecciones
en la salud padecidas por el accionante, que incluso le significaron una
disminución de su capacidad laboral, de forma permanente. La constatación de
ese hecho evidencia, por sí sola, la valoración defectuosa en la que incurrió el
Tribunal, al concluir que no se demostró un daño a la salud, aludiendo para ello a
argumentos que distan de lo realmente acreditado en el proceso. De hecho,
además del Acta de Junta Médico Laboral, se aportaron al expediente de
reparación directa otros medios de convicción que daban cuenta de las lesiones
que sufrió el accionante en su integridad física, entre estos, el informativo
administrativo por lesiones proveniente del Ejército Nacional y los controles por
neurocirugía y ortopedia.
54. Desconoció el Tribunal que el daño a la salud se corresponde con cualquier
lesión o alteración a la unidad corporal o psicológica de la persona, de carácter
permanente o temporal. Ciertamente, la sentencia de 28 de agosto de 20143, que
unificó el criterio empleado por la Sección Tercera del Consejo de Estado
respecto del daño a la salud, acogió la definición de la «afectación o limitación a la
integridad psicofísica de la persona», encaminado a cubrir «no sólo la
modificación de la unidad corporal sino las consecuencias que las mismas
generan, razón por la que, sería comprensivo de otros daños como el estético, el
sexual, el psicológico, entre otros».
55. En dicha providencia de unificación se resaltó que:
3
Consejo de Estado, Sección Tercera, rad. 05001-23-31-000-1997-01172-01(31170), M.P.
Enrique Gil Botero. En esta decisión se acogieron los criterios contenidos en las sentencias de
unificación del 14 de septiembre de 2011, proferidas por la Sección Tercera del Consejo de
Estado, en los procesos con radicado interno 19.031 y 38.222, en torno a la noción y alcance del
daño a la salud.
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[E]l concepto de salud comprende diversas esferas de la persona, razón por
la que no sólo está circunscrito a la interna, sino que comprende aspectos
físicos y psíquicos, por lo que su evaluación será mucho más sencilla puesto
que ante lesiones iguales corresponderá una indemnización idéntica4. Por lo
tanto, no es posible desagregar o subdividir el daño a la salud o perjuicio
fisiológico en diversas expresiones corporales o relacionales (v.gr. daño
estético, daño sexual, daño relacional familiar, daño relacional social), pues
este tipo o clase de perjuicio es posible tasarlo o evaluarlo, de forma más o
menos objetiva, con base en el porcentaje de invalidez decretado por el
médico legista. El daño a la salud se repara con base en dos componentes:
i) uno objetivo determinado con base en el porcentaje de invalidez decretado
y ii) uno subjetivo, que permitirá incrementar en una determinada proporción
el primer valor, de conformidad con las consecuencias particulares y
específicas de cada persona lesionada.
56. El Tribunal optó por referenciar una sentencia también proferida el 28 de
agosto de 20145, en la que la Sección Tercera de esta Corporación, unificó lo
concerniente a la tasación y liquidación del perjuicio moral. En esa providencia se
estudió el daño a la salud pretendido por la parte demandante, pero se mencionó
que su reconocimiento y tasación debía atender los criterios fijados en la
sentencia de unificación de la misma fecha, en el expediente 31.170, y, sin
efectos de unificación, se mencionó que el operador judicial debía tener en
cuenta las siguientes variables para la reparación del daño a la salud:
• La pérdida o anormalidad de la estructura o función psicológica, fisiológica o
anatómica (temporal o permanente)
• La anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u
otra estructura corporal o mental.
-La exteriorización de un estado patológico que refleje perturbaciones al nivel
de un órgano.
• La reversibilidad o irreversibilidad de la patología.
• La restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad normal
o rutinaria.
• Excesos en el desempeño y comportamiento dentro de una actividad normal
o rutinaria.
• Las limitaciones o impedimentos para el desempeño de un rol determinado.
• Los factores sociales, culturales u ocupacionales.
• La edad.
• El sexo.
• Las que tengan relación con la afectación de bienes placenteros, lúdicos y
agradables de la víctima.
• Las demás que se acrediten dentro del proceso.
57. Como se aprecia, las dos sentencias de unificación aludidas fueron diáfanas
en establecer que la reparación del daño a la salud procede ante la afectación o
alteración de la integridad psicofísica de una persona, y su tasación, con fines de
reparación, debe atender los criterios de unificación indicados en la sentencia con
radicado interno 31.170, la que admitió la posibilidad de otorgar una indemnización
4
Original de la cita: Este estado de cosas no sólo deja la sensación de desorden, sino que
también crea desigualdades entre víctimas, cuyos intereses aparecen, en igual medida, dignos de
protección; así pues, el problema de fondo es el de establecer los límites, que deben ser “límites
razonables”, determinados sí, en términos jurídicos. CORTÉS, Édgar Ob. Cit. Pág. 57.
5
Consejo de Estado, Sección Tercera, rad. 50001-23-15-000-1999-00326-01(31172), M.P. Olga
Mélida Valle de la Hoz.
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superior, en los eventos en los que se demuestre un daño de mayor gravedad o
intensidad. Para esa tarea resultarían pertinentes los criterios enunciados en la
sentencia proferida en el radicado interno 31.172.
58. La Sala advierte que en el caso analizado el Tribunal desconoció el material
probatorio que daba cuenta de la afectación que sufrió el accionante en su
espalda y en la rodilla derecha, producto del accidente que presentó mientras
prestaba servicio militar obligatorio, lesiones que le generaron secuelas
permanentes, consistentes en lumbalgia (dolor en la zona lumbar) y limitación para
levantar peso y estar en una misma posición por tiempo prolongado, e incluso le
implicaron la práctica de una cirugía denominada «Artrodesis», la cual consiste en
la fusión permanente de dos o más huesos de la columna vertebral para que no
haya movimiento entre ellos6, todo lo cual fue ignorado en el fallo en cuestión.
59. De forma inexplicable, la autoridad judicial demandada realizó una valoración
fraccionada del Acta de Junta Médica Laboral, de la que únicamente coligió la
disminución de la capacidad laboral del accionante para desarrollar actividades de
la vida militar, sin prestar consideración a la valoración médica que le precedió y
que de forma incuestionable estableció las lesiones y secuelas que sufrió el
accionante en su integridad física.
60. Llama la atención de la Sala que la decisión de negar el daño a la salud y el
lucro cesante se hubiera fundado, supuestamente, en los lineamientos fijados en
la sentencia de unificación relativa al daño moral, sin reparar en que esa decisión,
por coincidencia, analizó un caso relacionado con las lesiones padecidas por un
conscripto y reconoció indemnización a los demandantes, justamente por
concepto de daño a la salud y perjuicio material en la modalidad de lucro cesante,
a partir del porcentaje de disminución de capacidad laboral dictaminado por la
Dirección de Sanidad, en la respectiva Acta de Junta Médica Laboral, con un
incremento en el caso del daño a la salud, por razón de la grave afectación que
padeció la víctima.
61. Aún más, el entendimiento del juzgador accionado, que impuso una especie
de tarifa legal para acreditar la alteración del estado de salud y el lucro dejado de
percibir por la limitación para desarrollar una tarea específica, ignoró la libertad
probatoria con la que cuentan las partes para probar los supuestos de hecho en
los que fundan sus pretensiones y creó una exigencia ficticia, según la cual
debería aportarse una prueba técnica o científica adicional que acreditara la
6
Información tomada de la Biblioteca Nacional de Medicina «Medline Plus», según consulta
realizada el 18 de noviembre de 2024.
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Demandante: Jonathan Javier Rincón Castro
mengua psicofísica de una persona por cada trabajo que realice o aspire realizar
en el futuro. Cosa distinta es que no se hubiera aportado al proceso ordinario
ningún dictamen de organismo competente para evaluar la pérdida de capacidad
sicofísica (Junta Médico Laboral, Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía o
Juntas de Calificación de Invalidez), caso en el cual, dependiendo de las
particularidades de la controversia, eventualmente podría admitirse como
razonable una conclusión como la que sentó el Tribunal en el sub examine.
62. La interpretación que se hizo del alcance del Acta de Junta Médico Laboral
aportada al proceso, según la cual esa prueba resultaba idónea para demostrar la
disminución de la capacidad para ejecutar tareas de la vida militar, mas no de la
cotidianidad, tampoco se muestra lógica. Ciertamente, la actividad militar no se
reduce al servicio activo en campo, pues comprende múltiples facetas y abarca
distintas áreas, algunas administrativas; además, dicho informe, aunque calificó al
demandante como no apto para la actividad militar, de ninguna manera estableció
que las valoraciones y hallazgos anotados, únicamente, fueran aplicables a las
labores que desempeña un soldado regular, por lo que no le era dable al juzgador
efectuar una interpretación restrictiva de ese tipo, para desconocer las lesiones
que se dictaminaron a partir de las valoraciones médicas que recibió el
demandante por parte del organismo competente y que daban cuenta de su
afectación física.
63. En síntesis, la afirmación de la sentencia cuestionada acerca del
incumplimiento de la carga procesal probatoria para acreditar el daño a la salud y
el lucro cesante no se compadece con la realidad, porque en el proceso quedó
plenamente demostrado que el señor Jonathan Javier Rincón Castro sufrió
alteraciones en su integridad física, concretamente, en su espalda y rodilla
derecha, las que, debido a su gravedad, le generaron una disminución en la
capacidad sicofísica del 10,5%.
64. La valoración defectuosa del material probatorio da lugar a la configuración de
un defecto fáctico, en su dimensión negativa.
65. En efecto, de acuerdo con la Corte Constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando la autoridad judicial incurre en un «yerro ostensible, flagrante y
manifiesto en el decreto y práctica de pruebas, así como en su valoración, que
tenga incidencia directa en la decisión adoptada»7. Asimismo, ha identificado dos
dimensiones: (i) la positiva, que se configura, por ejemplo, «cuando se valora un
7
Sentencia SU-048 de 2022.
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elemento probatorio cuya ilegitimidad impide incluirlo en el proceso» y, (ii) la
negativa «que se concreta cuando se niega la prueba o se valora de manera
arbitraria, irracional y caprichosa, o cuando se omite la valoración y sin razón se
da por no probado el hecho»8.
66. En relación con la dimensión negativa, ha precisado la alta corte mencionada,
que uno de los supuestos en los que se configura es cuando se realiza una
valoración por completo equivocada o contraevidente. Al respecto, la Corte ha
considerado lo siguiente:
[…] existe indebida valoración probatoria, entre otros, cuando «i) la autoridad
judicial adopta una decisión desconociendo las reglas de la sana crítica, es
decir, que las pruebas no fueron apreciadas bajo la óptica de un pensamiento
objetivo y racional, ii) realiza una valoración por completo equivocada o
contraevidente, iii) fundamenta la decisión en pruebas que por disposición de
la ley no son demostrativas del hecho objeto de discusión, iv) valora las
pruebas desconociendo las reglas previstas en la Constitución y la ley, v) la
decisión presenta notorias incongruencias entre los hechos probados y lo
resuelto, vi) decide el caso con fundamento en pruebas ilícitas y, finalmente
vii) le resta o le da alcance a las pruebas no previsto en la ley». En otras
palabras, se configura el defecto fáctico por indebida valoración probatoria
cuando el juez aprecia y da valor a elementos materiales probatorios de forma
«completamente equivocada»9.
67. La libertad del fallador para valorar las pruebas conforme a la sana crítica
exige que determine el valor que le da un medio de convicción, que se motive la
razón por la cual le resta eficacia a uno en lugar de otro o, si se presentan varias
pruebas con conclusiones distintas, se ofrezca una explicación razonable del
porqué se acoge una versión en lugar de otra. Esa elección no puede ser
caprichosa, sino coherente con los hechos y los demás medios de prueba. Se
requiere, además, que esté precedida de una motivación convincente, pero, sobre
todo, prevalida de un análisis crítico, que no somero o superficial del contenido de
las pruebas.
68. La razonabilidad de la decisión ha sido entendida como el respeto a
parámetros de objetividad, integralidad y coherencia en la valoración de las
pruebas y la conclusión que de ellas se desprende. Se contrapone, así, al
concepto de arbitrariedad. Uno de los eventos que lleva a colegir la configuración
del defecto fáctico es cuando «la conclusión que se extrae de las pruebas que
obran en el expediente es ‘por completo equivocada’. Podría decirse que, en este
evento, la decisión puede ser calificada de irracional, toda vez que la conclusión
es diametralmente opuesta -siguiendo las reglas de la lógica- a la que se
8
Sentencia T-340 de 2023.
9
Sentencia T-340 de 2023.
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desprende del contenido de los materiales probatorios. Esta desproporción podría
ser identificada por cualquier persona de juicio medio»10.
69. En esa medida, si bien toda autoridad judicial cuenta con una amplia libertad
en el ejercicio valorativo, esa libertad no es absoluta, en tanto debe respetar
criterios de racionalidad y razonabilidad.
70. Se insiste en que las conclusiones del Tribunal, en el sentido de que se
incumplió con la carga de la prueba, resultan inaceptables en este caso, por
cuanto no se avizora descuido, dejadez o falta de actividad en el fin perseguido.
71. Obvió dicho juzgador que la parte demandante, en su íntima convicción, desde
la demanda consideró que el Acta de Junta Médica Laboral, expedida, valga
insistir, por organismo competente, era prueba idónea para establecer la pérdida
de la capacidad laboral y la tasación del daño a la salud y el lucro cesante,
expectativa que no estaba desprovista de razones, de acuerdo con todo lo
señalado.
72. Las falencias en la valoración probatoria tienen el alcance de desconocer el
principio y derecho fundamental a la reparación integral11, si se tiene en cuenta
que en el proceso no existía duda del daño, de la imputación ni de las secuelas,
sino una aparente diferencia de criterio para estimar el parámetro de tasación del
lucro cesante y del daño a la salud.
73. En el caso analizado, como se vio, la valoración de las pruebas por el Tribunal
se hizo de manera fragmentada, tanto así que valoró el Acta de Junta Médica y
fue el parámetro para fijar el monto de los perjuicios morales; en cambio, de
manera contradictoria le restó valor para efectos del daño a la salud y del lucro
cesante, a pesar de la explicación sobre la existencia de unas lesiones y secuelas.
10
Cita original: «Ferrer, J., (2005). Prueba y verdad en el derecho. Madrid, España. Marcial Pons.
Pág. 43. Sobre la libertad en la valoración, el autor en comento sostiene que: ‘[…] la libertad del
juez para determinar los hechos probados del caso sí está limitada por las reglas generales de la
racionalidad y la lógica, como ha sido también reconocido por la jurisprudencia. Es más, puede
entenderse que ésa es su única limitación, también jurídica. De ese modo, la determinación de los
hechos probados realizada contra las reglas de la lógica o, en general, de la racionalidad
supondría una infracción de la ley: para ello, basta interpretar las reglas que establecen la libre
valoración de la prueba de forma que ordenen la valoración mediante la utilización de la
racionalidad general’». Corte Constitucional, sentencia SU-129 de 2021, M.P. Jorge enrique
Ibáñez Najar.
11
LEY 446 DE 1998. ARTÍCULO 16. Valoración de daños. Dentro de cualquier proceso que se
surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las
cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos
actuariales.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04975-00
Demandante: Jonathan Javier Rincón Castro
74. La verificación del defecto fáctico aludido resulta suficiente para acceder al
amparo deprecado, por lo que la Sala se relevará del estudio del desconocimiento
del precedente y del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.
75. Como consecuencia, se dejará sin efectos la sentencia de 1º de agosto de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, en el proceso de reparación directa con radicado 11001-33-36-033-
2020-00139-01, para que, en el término de treinta (30) días, contado a partir de la
notificación del presente fallo, profiera una providencia de reemplazo en la que
valore el Acta de la Junta Médica Laboral con miras al reconocimiento del daño a
la salud y el lucro cesante reclamados.
76. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a
la administración de justicia y a la reparación integral del señor Jonathan Javier
Rincón Castro, vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A.
SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, dejar sin efectos la sentencia de
1º de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A, en el proceso de reparación directa con radicado
11001-33-36-033-2020-00139-01, para que, en el término de treinta (30) días,
contado a partir de la notificación del presente fallo, profiera una providencia de
reemplazo en la que valore el Acta de la Junta Médica Laboral con miras al
reconocimiento del daño a la salud y el lucro cesante reclamados, conforme a lo
señalado en las consideraciones de este fallo.
TERCERO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.
CUARTO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04975-00
Demandante: Jonathan Javier Rincón Castro
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con salvamento de voto
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20
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