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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02704-01

Fecha
13 de agosto de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutiérrez Arguello
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02704-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia de tutela del 5 de junio de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-02704-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello

13 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-02704-01
Demandante FRANCISCO JAVIER LAGARES ESPITIA
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
TERCERA, SUBSECCIÓN A
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. La relevancia
constitucional. Desconocimiento del precedente judicial. Medio de
control de reparación directa: lesiones sufridas por conscriptos
(reconocimiento y tasación)

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor Francisco Javier Lagares
Espitia, contra el fallo de tutela del 5 de junio de 2025, proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, que dispuso:
«PRIMERO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor Francisco
Javier Lagares Espitia, por las razones expuestas en la parte motiva.»

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 7 de mayo de 20251, el señor Francisco Javier Lagares Espitia, actuando en
nombre propio, interpuso acción de tutela contra la Subsección A de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por considerar que esa
autoridad judicial vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad al emitir la sentencia del 29 de abril de 20252.
En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:
«2.1. Que se protejan nuestros derechos fundamentales a la IGUALDAD y al DEBIDO
PROCESO.
2.2. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al accionado, a proferir
nuevamente la sentencia de segunda instancia proferida dentro del proceso radicado
bajo el No. 11001334306220190023500, mediante la cual se MODIFICÓ la sentencia de
primera instancia proferida por el Juzgado 62 Administrativo del Circuito Bogotá y se
condenó irrisoriamente al pago de ONCE smlmv a favor del suscrito.
2.3. Que se ordene al accionado que en el fallo que reemplace la sentencia cuya anulación
se solicita, aplique en debida forma las sentencias de unificación y las sentencias que
sobre el tema de indemnización de perjuicios observa el Consejo de Estado y todos los
Tribunales y Juzgados Administrativos del país, en especial las SECCIONES B Y C DE
LA SECCIÓN TERCERA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA. Así
mismo, que profiera sentencia en los término[s] indicados en fallo de tutela e incidente
de desacato adjuntos, por ser un caso absolutamente idéntico al ya revisado por el
Honorable Consejo de Estado.»

1
La acción de tutela se radicó a través de correo electrónico dirigido al buzón electrónico de la Secretaría General del
Consejo de Estado. Samai, índice 2.
2
Aunque la sentencia acusada se consigna como año de expedición 2024, de conformidad con los datos registrados en el
aplicativo Samai, se observa que, el ingreso al despacho para fallo fue del 11 de abril de 2025 y que se dictó la decisión
el “29/04/2025”. Además, en el expediente aportado se corrobora que en el oficio de la notificación de la providencia se
indicó que su calenda era del 29 de abril de 2025.

1

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02704-01
Demandante: Francisco Javier Lagares Espitia

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. Francisco Javier Lagares Espitia y otros promovieron medio de control de
reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional
para que se declarara su responsabilidad administrativa y patrimonial,
derivada de las lesiones que este sufrió cuando prestaba su servicio militar
obligatorio en el Batallón de Infantería 3 Junín. Como consecuencia de lo
anterior, requirieron la indemnización de los perjuicios materiales e
inmateriales descritos en la demanda.

En los antecedentes del caso se lee: «El joven Francisco José Lagares Espitia fue
reclutado por el Ejército Nacional (…) cuando se encontraba en perfecto estado de salud
tal y como consta en los respectivos exámenes médicos de ingreso a la institución.
Mientras patrullaba en la jurisdicción el corregimiento de Puerto Triana en Caucasia y
siendo el mes de febrero de 2019, le inició un brote en su región cervical nodal derecha
debiendo ser remitido al Dispensario Médico, donde fue diagnosticado con Leishmaniasis
(…). Fue sometido a dictamen de pérdida de la capacidad laboral ocasionada por la
deformidad física (…), dictamen que arrojó una disminución de su capacidad laboral del
10,5%»3.

2.2. El conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado 62 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá (radicación 11001-33-43-062-2019-00235-00) que, en
sentencia del 21 de marzo de 2024, declaró de oficio la falta de legitimación
en la causa por activa de Natalia Espitia Acosta, SDVE, CVVE, LJVE y NYEA,
Lorenzo Espitia Villalba y Carmen Acosta López.
Establecido lo anterior, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda y condenó al Ejército Nacional al pago de perjuicios morales a favor
del lesionado en el monto de 11 SMLMV y condenó en costas a la parte
demandada, las cuales tasó en $216.666.
En la parte motiva de la providencia, la autoridad judicial argumentó la decisión
de negar el perjuicio a la salud y el lucro cesante en que no se demostró que
las afectaciones padecidas por la víctima directa tuvieran incidencia relevante
en su calidad de vida y en que en el Acta de Junta Médica no se estableció
compromiso funcional derivado de las lesiones con algún impacto en el
desarrollo de actividades laborales.
2.3. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra esta decisión.
Argumentó que era equivocado declarar la falta de legitimación en la causa
por activa debido a diferencias en el nombre del registro civil, sin que ello fuera
discutido en el proceso y sin decretar pruebas de oficio.
De otro lado, cuestionó que no se aplicaran las tablas indemnizatorias
establecidas en el precedente contencioso para definir la tasación del perjuicio
moral, omisión que redujo el reconocimiento del rubro de 20 a 11 SMLMV.

Agregó que la deformidad física permanente que sufrió la víctima configura un
perjuicio a la salud y que el acta de la Junta Médico Laboral justifica el
reconocimiento del lucro cesante.
Como sustento de sus argumentos, los demandantes relacionaron sentencias
proferidas por el Consejo de Estado, en proceso de reparación directa y de
tutela, y sentencias del Tribunal Administrativo de Antioquia y de otras
Subsecciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

3
Expediente ordinario de reparación directa Páginas 3 y 4 de la demanda de reparación directa 2019-00235-00, remitido
por el Juzgado 62 Administrativo de Bogotá. Archivo denominado «DemandaYAnexos»

2

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Demandante: Francisco Javier Lagares Espitia

2.4. En memorial posterior a la admisión del recurso de apelación, la parte actora
aportó sentencia de tutela emitida en un asunto con identidad fáctica al suyo,
en el que se ampararon los derechos del actor y solicitó que fuera tenida en
consideración para decidir el caso particular. La mencionada providencia se
profirió en proceso constitucional 110010315-2024-05723-00.

2.5. El 28 de marzo de 2025, la magistrada ponente que tenía a cargo el proceso
ordinario en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dispuso pasar el
expediente al magistrado que seguía en turno debido a que su proyecto de
sentencia fue derrotado.

2.6. En sentencia del 29 de abril de 2025, la Subsección A de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca modificó la decisión de primera
instancia, así:
«PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de primera instancia de fecha veintiuno (21) de marzo
de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Juzgado Sesenta y Dos (62) Administrativo de
Bogotá, y en su lugar quedará así:
PRIMERO: DECLARAR DE OFICIO la falta de legitimación en la causa por activa de los demandantes (…), de
acuerdo a lo considerado.
SEGUNDO: DECLARAR administrativamente responsable a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO
NACIONAL por la secuela adquirida por el señor FRANCISCO JAVIER LAGARES ESPITIA durante la prestación de
su servicio militar, conforme las consideraciones expuestas precedentemente.
TERCERO: CONDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL a reconocer y pagar
por concepto de perjuicios morales a favor del señor FRANCISCO JAVIER LAGARES ESPITIA una suma equivalente
a 11 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
(sic) QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, con base en las consideraciones precedentes.

SEGUNDO: Sin condena por concepto de costas (expensas y gastos procesales) ni agencias
en derecho, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.»

En relación con las tablas de indemnización contenidas en las sentencias de
unificación del Consejo de Estado y el valor probatorio del acta de Junta
Médico Laboral, en la parte motiva de la providencia se indicó que las
sentencias de unificación no regularon la forma como el juez debe aplicar las
tablas ni los criterios para tasar los casos en los que el porcentaje de gravedad
de la lesión varie según el porcentaje de pérdida de capacidad en un mismo
rango, cuestión que debe resolverse, a su juicio, en aplicación del principio de
proporcionalidad.
De otro lado, advirtió que no hay postura unificada del órgano de cierre sobre
el valor probatorio del acta de Junta Médico Laboral a efectos del
reconocimiento del lucro cesante.
Finalmente, precisó que para la Sala de la que hace parte no es de recibo que
la tasación de perjuicios en casos de responsabilidad extracontractual del
Estado sea definida por autoridades médicas, pues ello desconoce la
valoración integral de las pruebas y la autonomía del juez de la causa.
Esta providencia fue notificada a las partes a través de correo electrónico
remitido a los sujetos procesales el 30 de abril de 20254.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora alegó que la sentencia de segunda instancia proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
afectó sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.

Argumentó que la decisión desconoció órdenes previas del Consejo de Estado
emitidas en casos con similitud fáctica, relativos a lesiones padecidas por
4
Samai para tribunales administrativos, índice 21.

3

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02704-01
Demandante: Francisco Javier Lagares Espitia

conscriptos. En particular, relacionó la sentencia de tutela proferida en el proceso
constitucional 11001-03-15-000-2024-04975-00, con ponencia de la magistrada
Adriana Marín.

Afirmó que en el proceso se acreditó, sin controversia, la pérdida de la capacidad
laboral que sufrió el conscripto superior al 10%, pero el tribunal accionado optó por
inaplicar las tablas indemnizatorias establecidas en el precedente de unificación del
Consejo de Estado, desconociendo así el precedente vertical en materia de
reparación directa, los fallos de tutela y procesos ordinarios de su propia corporación
que en situaciones similares han reconocido el perjuicio a la salud y el lucro cesante.

Agregó que la negativa del tribunal a reconocer el daño a la salud condicionándolo
a una afectación funcional de un órgano representa un retroceso jurisprudencial en
relación con el criterio de daño fisiológico, que ya había sido superado por la Sección
Tercera del Consejo de Estado. En similar sentido, reprochó que se negara el lucro
cesante bajo la premisa de que el lesionado no desarrollaba una actividad laboral al
momento en que ocurrió el daño, esto, aunque la jurisprudencia contenciosa ha
indicado de manera pacífica que la capacidad productiva se presume y no depende
de la ocupación efectiva al momento del daño5.

Finalmente, advirtió que dos magistrados de la Sala de Decisión accionada insisten
en apartarse del precedente del Consejo de Estado, incluso, después de que han
sido requeridos en incidentes de desacato al cumplimiento de estas subreglas. Por
ello, solicitó que se tome en consideración la tutela fallada recientemente en un caso
similar6, en la que se ordenó aplicar el precedente unificado del Consejo de Estado
sobre la indemnización a conscriptos por daño a la salud y lucro cesante.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En auto del 12 de mayo de 2025, el despacho ponente de primera instancia
admitió la acción de tutela presentada por Francisco Javier Lagares Espitia
contra la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. Asimismo, vinculó, en calidad de terceros con interés, al
Juzgado 62 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá; a la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional; así como a los señores
Nataly Yohany Espitia Acosta (madre de la víctima directa y quién actuaba en nombre
propio y en representación de los menores SDVE, CVVE, LJVE y NYEA) , Lorenzo
Espitia Villalba y Carmen Acosta López, dada su calidad de sujetos procesales
en el medio de control de reparación directa 11001-33-43-062-2019-00235-
00/01.

Solicitó a los jueces del proceso ordinario que remitan vía electrónica, al correo
de la Secretaría General de esta Corporación, el expediente correspondiente
al proceso de reparación directa sub examine. Y dispuso que se surtiera la
notificación de las partes y de los terceros.

5
«CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA SALA PLENA
Consejero ponente: HERNAN ANDRADE RINCON|(E) Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil catorce (2014)
Radicación número: 68001-23-31 000-2002-02548-01(36149) Actor: JOSE DELGADO SANGUINO Y OTROS
Demandado: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL; CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO
PIZA RODRÍGUEZ Bogotá D.C., cuatro (4) de julio de dos mil diecinueve (2019) Referencia: Radicación: Demandante:
Demandado: Temas: ACCIÓN DE TUTELA 11001-03-15-000-2019-01105-01 GERMÁN MORENO OLIVEROS
SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN TERCERA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA; “CONSEJERO
PONENTE: HERNÁN ANDRADE RINCÓN (E) Bogotá, D. C., septiembre diez (10) de dos mil catorce (2014). Proceso
No: 520012331000200100299 02 (32.421); Consejero Ponente: Danilo Rojas Betancourt Bogotá D.C., 29 de abril de 2015
Expediente: 37177 Radicación: 500012331000200320322 01 Actor: Jairo René Roa Sierra y otros Demandado: Nación-
Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional; Consejero ponente: HERNÁN ANDRADE RINCÓN (E) Bogotá, D.C.,
diez (10) de septiembre de dos mil catorce (2014) Radicación No.: 520012331000199708765 01 Expediente: 28.437»
6
«CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA Rodríguez Bogotá D.C., cuatro (4) de julio de dos mil diecinueve
(2019) Referencia: Radicación: Demandante: Demandado: Temas: Acción DE TUTELA 11001-03-15-000-2019-01105-01
GERMÁN MORENO OLIVEROS SUBSECCIÓN A DE LA Sección TERCERA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA»

4

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Demandante: Francisco Javier Lagares Espitia

4.2. La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca intervino por conducto del ponente de la decisión cuestionada
quien se opuso a la prosperidad de las pretensiones por estimar que la acción
de tutela no satisface el requisito general de relevancia constitucional.

Indicó que en la acción de tutela se discute el desconocimiento del precedente
del Consejo de Estado que, presuntamente, respalda el reconocimiento del
tope máximo de perjuicio moral y la valoración del acta de Junta Médico
Laboral como prueba suficiente para reconocer el perjuicio a la salud y el lucro
cesante; pero destacó que este argumento y las providencias que lo soportan
ya habían sido invocados en el recurso de apelación y analizados en la
sentencia acusada, lo que daba cuenta de que la tutela se instauró como una
instancia adicional al proceso ordinario.

En todo caso, el magistrado argumentó que no se configuró el defecto por
desconocimiento del precedente, dado que en el asunto analizado prima la
independencia judicial y la valoración probatoria integral según las
particularidades del caso, comoquiera que no existe posición unificada sobre
el valor probatorio del acta de Junta Médico Laboral.

Precisó que la sentencia de unificación del 2014 no impone conceder el tope
de la indemnización, sino que permite la aplicación del principio de
proporcionalidad para tasar la modalidad del perjuicio analizado. Agregó que,
el reconocimiento de perjuicios en otros procesos se explica en circunstancias
fácticas diferentes en casos sin efectos erga omnes.

De otro lado, advirtió que esa Sala aplicó los criterios de equidad y reparación
integral, diferenciando entre grados de afectación laboral dentro de un mismo
rango indemnizatorio.

Además, consideró que el acta de Junta Médico Laboral debe valorarse en
conjunto con otros medios de prueba, dado que no existe regla jurisprudencial
que obligue a reconocer los perjuicios teniendo como única fuente de
información ese documento.

En esa línea, explicó que en el caso que se analiza no se acreditó que la lesión
causara una afectación anatómica o funcional grave, ni que se justificara el
reconocimiento del lucro cesante, más aún si se considera que el dictamen
indicó que el demandante podía continuar desempeñándose laboralmente.

Así las cosas, insistió en que la acción de tutela no tiene por propósito reabrir
el debate probatorio ni cuestionar la interpretación judicial adoptada en la
segunda instancia.

5. Providencia impugnada

La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 5 de junio de
2025, declaró improcedente la acción de tutela al advertir que pretendía utilizarse
como una instancia adicional para insistir en los mismos argumentos expuestos en
el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia dentro del proceso
ordinario, relacionados con la tasación del daño moral y el reconocimiento de
perjuicios por daño a la salud y lucro cesante.

En la decisión de primera instancia se estableció que los fundamentos de la acción
de tutela, así como las sentencias invocadas para respaldarla, ya habían sido
estudiados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sentencia
acusada.

5

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Dicho tribunal concluyó que debía confirmarse la determinación sobre el
reconocimiento y tasación de perjuicios, al tratarse de una conclusión razonable
derivada de las pruebas del proceso y su valoración conforme a los principios de
unidad de la prueba y de proporcionalidad.

En consecuencia, consideró que lo pretendido con la acción de tutela era reabrir el
debate legal y probatorio ya resuelto por la autoridad judicial en la segunda
instancia.

Agregó que, aunque se relacionaron varias providencias proferidas por el Tribunal
Administrativo de Antioquia y otras Subsecciones de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca no es posible analizar el desconocimiento del
precedente horizontal comoquiera que «las salas que emitieron esas decisiones no son la
misma que dictó la providencia hoy controvertida».

En cuanto al caso similar citado en el escrito de tutela, proceso ordinario 2020-
00139, en el que la Sala aquí accionada profirió sentencia de reemplazo el 10 de
abril de 2025, en cumplimiento de un fallo de tutela que le ordenó valorar el acta de
Junta Médico Laboral para reconocer el perjuicio a la salud y el lucro cesante, el a
quo precisó que esa controversia no refiere a la protección de un derecho
fundamental, sino a la interpretación judicial adoptada en un caso concreto.

4. Impugnación

El señor Lagares Espitia presentó impugnación contra la sentencia de tutela de
primera instancia.

Reprochó la conclusión del a quo relativa a que el caso no tenía relevancia
constitucional, pues considera que obedece a un modelo preestablecido que no se
corresponde con la realidad del caso particular. Esto, debido a las numerosas
sentencias de tutela emitidas por el Consejo de Estado en caso de reconocimiento
y tasación de perjuicios en eventos de lesiones causadas a conscriptos en las que
se ha amparado los derechos de los accionantes al encontrar acreditado el
desconocimiento del precedente judicial. Como sustento, citó varios apartes de una
sentencia reciente de tutela, dictada en el proceso con radicado 11001-03-15-000-
2024-05723-00 contra la misma Sala de Decisión que obra aquí como accionada.

Dicho esto, solicitó que se analice de fondo la jurisprudencia del Consejo de Estado
sobre soldados en estado de conscripción, aduciendo que a partir de ese análisis
se podrá concluir sin dificultad la vulneración de los derechos invocados en el escrito
de tutela.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19917, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

7
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.

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2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales8
y especiales9 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional 10 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes de este proceso, corresponde a la Sala
establecer si le asistió razón al a quo al declarar la improcedencia de la acción de
tutela incoada por el señor Francisco Javier Lagares Espitia, por no satisfacer el
presupuesto de relevancia constitucional.
En caso de superar tal estudio, y de encontrar acreditados los demás requisitos de
procedencia general de la acción de tutela contra providencias judiciales, se
analizará si al proferir la sentencia del 29 de abril de 2025 en el medio de control de
reparación directa 11001-33-43-062-2019-00235-00/01, la Subsección A de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en defecto
por desconocimiento del precedente judicial, de conformidad con los argumentos
expuestos por la parte accionante.
4. Requisito de relevancia constitucional: su alcance y análisis en el caso
particular
4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento.
Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional.
Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos
que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a

8
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
9
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
10
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.

7

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Demandante: Francisco Javier Lagares Espitia

partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la
Sentencia T–248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para
determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».11 Es necesario que el
interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la
providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.

En línea con el último criterio de la relevancia constitucional, corresponde al
juez verificar que la tutela no se esté utilizando como si fuera una instancia
adicional al proceso en el cual se profirió la providencia atacada. Para tal
propósito, le corresponde estudiar si los cargos expuestos en el proceso en
que se profirió la providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito de
tutela son iguales; y si estos fueron resueltos integralmente por el juez natural.

4.2. En el escrito de tutela se plantean tres inconformidades principales frente a la
sentencia del 29 de abril de 2025: (i) que el tribunal tasara el perjuicio moral
desconociendo los montos establecidos en la sentencia de unificación del 28
de agosto de 2014, expediente 31.172; (ii) que negara el reconocimiento del
perjuicio a la salud con fundamento en tesis jurisprudenciales ya superadas
por el órgano de cierre de lo contencioso administrativo; y (iii) que se negara
el reconocimiento del lucro cesante, en clara contradicción con la sentencia de
unificación emitida por el Consejo de Estado sobre la materia.

11
Ibidem.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02704-01
Demandante: Francisco Javier Lagares Espitia

En cuanto al primer cargo, el accionante señaló que bastaba con citar un
precedente idéntico al caso analizado, en el que se concedió el amparo de los
derechos. Aportó los siguientes datos de identificación de la providencia: «Rad.
11001031500020150112000, demandante GIOVANNI GUTIERREZ CRUZ Y OTROS,
demandado: Ejercito Nacional.» Adicional a lo anterior, solicitó que se
consideraran las sentencias de los Tribunales Administrativos de Antioquia y
de Cundinamarca en los que, en casos que calificó como idénticos al
estudiado, se aplicaron las tablas de indemnización previstas en las sentencias
de unificación respectivas para tasar perjuicios. Afirmó que los únicos
magistrados que desconocen dichas reglas son quienes suscribieron la
sentencia cuestionada.

Respecto del daño a la salud, reprochó que se hubiera negado su
reconocimiento bajo el argumento de que solo procede cuando se acredita la
afectación funcional de un órgano, criterio que, según sostuvo, desconoce el
desarrollo jurisprudencial en la materia y revive el antiguo concepto de daño
fisiológico. Señaló que el Consejo de Estado, en sede de tutela, ya ha
advertido a la autoridad accionada la forma en la que debe analizar este tipo
de perjuicio, pero esta ha sido renuente a acatar tales pronunciamientos.

En respaldo de lo anterior, citó la sentencia de tutela del 25 de noviembre de
2024, proferida en el proceso constitucional 11001-03-15 000-2024-04975-00,
con ponencia de la magistrada María Adriana Marín.

En relación con el lucro cesante, cuestionó que se hubiera negado pese a estar
debidamente acreditado mediante el Acta de Junta Médico Laboral, en la que
se dictaminó una pérdida de la capacidad laboral del 10%.

Indicó que la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó
el criterio para el reconocimiento del lucro cesante en casos de privación
injusta de la libertad12, e invocó otras sentencias de tutela en las que se
ampararon los derechos de conscriptos lesionados y se reconoció esta
modalidad de perjuicio.

4.3. Estos argumentos de disenso son, en esencia, los mismos que la parte
demandante expuso en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
de primera instancia del 21 de marzo de 2024, en el que alegó el
desconocimiento del precedente contencioso administrativo sobre el
reconocimiento y tasación de los perjuicios morales.

A continuación, se relacionan los apartes relevantes de dicho recurso, tal como
fueron expuestos en la sentencia del 29 de abril de 202513:

Cargo del recurso Fundamentación
Desacuerdo con la tasación del El Juzgado desconoció las tablas indemnizatorias establecidas
daño moral por la Sala Plena de la Sección Tercera del H. Consejo de
Estado y la suma reconocida no repara el daño de los
demandantes quienes esperaron 3 años a que se profiriera la
sentencia de primera instancia. Hace referencia a sentencia de
tutela donde el H. Consejo de Estado ha amparado los
derechos de los accionantes al no acatarse las tablas
indemnizatorias contempladas en la sentencia de unificación.
Considera que, en el presente asunto, se debió reconocer la
suma de 20 SMLMV y no 11 SMLMV.

12
En el escrito de tutela se hizo referencia a la sentencia de unificación emitida el 28 de agosto de 2014 en el proceso de
reparación directa 68001-23-31-000-2002-02548-01 (36149), M.P. Hernán Andrade Rincón
13
Página 3 de la sentencia del 29 de abril de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

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Demandante: Francisco Javier Lagares Espitia

Cargo del recurso Fundamentación
Desacuerdo con el no El Juez negó dicho reconocimiento, argumentando que no se
reconocimiento del daño a la acreditó la perturbación funcional. Sin embargo, en el caso en
salud concreto, una deformidad en el cuerpo de carácter permanente
(como se evidencia en el Acta de Junta), genera una
perturbación en la salud, de lo contrario no se habría otorgado
un porcentaje de pérdida de capacidad laboral.
Desacuerdo con el no No es de recibo que se haya negado dicho perjuicio, por
reconocimiento del lucro cuanto quien pierde un porcentaje de capacidad laboral, es
cesante evidente que padece una secuela para desempeñarse en
algunas áreas laborales, y en el presente asunto, conforme el
Acta de Junta Médica, la víctima directa tiene una disminución
en su capacidad laboral del 10%. Hace referencia a sentencia
de tutela donde el H. Consejo de Estado a amparado los
derechos de los accionantes al haber negado lucro cesante.

De acuerdo con lo anterior, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, propuso resolver los siguientes problemas
jurídicos en la sentencia de segunda instancia:
«(…) En segundo lugar, se deberá determinar ¿si el a quo desconoció las tablas
indemnizatorias establecidas por la Sala Plena de la Sección Tercera del H. Consejo de
Estado, al haber reconocido por perjuicio moral a favor de la víctima directa 11 SMLMV?
En tercer lugar, se deberá establecer ¿si se debe reconocer el perjuicio a la salud, debido a
que, en criterio del apelante, una deformidad en el cuerpo de carácter permanente genera una
perturbación en la salud?
Finalmente, se deberá resolver ¿si le asiste razón al apelante, en el sentido que se debe
reconocer el perjuicio material (lucro cesante), porque no se puede desconocer la Junta
Médica aportada, el porcentaje de pérdida de capacidad dictaminado y las secuelas?»
(Subraya la Sala)

4.4. En este contexto, tal como se concluyó en la primera instancia, se advierte que
con la interposición de la acción de tutela el actor pretende prolongar el debate
jurídico del proceso ordinario en relación con el acatamiento de las reglas de
decisión previstas en las sentencias de unificación aplicables, así como la ratio
de las sentencias de tutela que el actor considera relevantes para el
reconocimiento y tasación de los perjuicios por daño moral, daño a la salud y
lucro cesante en el caso particular. El escrito de tutela reproduce, incluso, los
mismos argumentos ya expuestos en la apelación y analizados por las
autoridades judiciales de instancia.
4.5. Así las cosas, se observa que, en la sentencia acusada, el tribunal inicia su
análisis refiriéndose al principio de proporcionalidad como criterio para tasar
los perjuicios en casos de lesiones, con fundamento en la sentencia de
unificación pertinente y la valoración probatoria del acta de la Junta Médico
Laboral.
En cuanto al primer aspecto, precisó que las sentencias de unificación no
regulan la forma en que el juez de la reparación debe aplicar las tablas
indemnizatorias cuando, aun ubicándose las secuelas en el mismo rango, el
grado de afectación laboral sea diferente. Bajo esa premisa, estimó que
otorgar el mismo monto de indemnización a estos casos sería contrario al
principio de equidad; por lo que el juez de la causa debe aplicar el principio de
proporcionalidad para fijar el monto según la magnitud del daño probado, y no
asignar de manera automática el valor máximo previsto en la tabla.
Respecto del valor probatorio del Acta de Junta Médico Laboral, el tribunal
advirtió que no existe una postura unificada en el Consejo de Estado que la
considere suficiente por sí sola para acreditar el perjuicio a la salud o el lucro
cesante. En consecuencia, la determinación de su fuerza probatoria

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Demandante: Francisco Javier Lagares Espitia

corresponde al juez natural de la causa, en el marco de una valoración
individual y conjunta de los medios de convicción.

Finalmente, expresó que no es admisible que sean las autoridades médicas
quienes, en últimas, definen la existencia de un perjuicio en asuntos de
responsabilidad extracontractual del Estado, pues esta labor corresponde al
juez natural de la causa, quien debe fijar la indemnización mediante un juicio
probatorio razonable, tomando como referencia las sentencias de unificación
aplicables y el principio de proporcionalidad.

4.6. Con base en lo anterior, el tribunal procedió con el análisis del daño moral a la
luz de los argumentos expuestos en la apelación. Recordó que, en la primera
instancia, el juez reconoció 11 SMLMV, con fundamento en la pérdida de
capacidad laboral que se fijó en el 10%, tasación que fue reprochada por los
apelantes quienes solicitaron la aplicación de la tabla de indemnización de la
sentencia de unificación (Rad. 31172,) y que se reconociera el monto de 20
SMLMV.

Sobre la solicitud de aplicación del precedente de unificación con fundamento
en el Acta de Junta Médico Laboral, la Subsección A de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca argumentó:

«A fin de resolver este cargo de apelación, la Sala recuerda que, mediante sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2014 14 tratándose de lesiones personales, el Consejo de
Estado fijó seis rangos de gravedad o levedad de la lesión, determinados por el porcentaje de
la pérdida de la capacidad laboral del lesionado, y cinco niveles de relación afectiva con
respecto a la víctima directa, como lineamientos para la compensación del perjuicio moral en
estos eventos, así:
• Se presumirían los perjuicios morales, para la víctima directa y para las víctimas indirectas
que se encontraren en los dos primeros niveles de relación afectiva, así: i) Nivel 1: padres,
hijos, cónyuges y compañeros permanentes; ii) Nivel 2: abuelos, hermanos y nietos;
casos en los cuales se exigía la prueba del parentesco, estado civil y/o convivencia de
los compañeros.
• Para los niveles 3 a 5, que comprenden los demás familiares y terceros damnificados, se
requería para el reconocimiento de perjuicios morales, la prueba de la relación afectiva.
En el caso concreto, la situación del señor FRANCISCO JAVIER LAGARES ESPITIA, quedó
establecida en el Acta de junta médico Laboral, donde se registró que padeció de
leishmaniasis lo cual dejó como secuela: “CICATRICES LEVES EN ECONOMIA CORPORAL,
SIN COMPROMISO FUNCIONAL (CICATRIZ EN REGION CERVICAL DE 0.3 X 0.5 CM
HIPERCROMICA), que causó una pérdida de capacidad del 10%, razón por la cual, la lesión
del demandante se encontraba dentro del rango establecido en la sentencia de unificación de
28 de agosto de 2014, “Igual o superior al 10% e inferior al 20%”.
Frente al término “HIPERCROMICA”, en la literatura médica, se ha establecido lo siguiente
(…)
Quiere significarse que, en el presente asunto, la enfermedad padecida por la víctima directa
(leishmaniasis), únicamente dejó como secuela una cicatriz leve, sin compromiso funcional y
de carácter hipercrómica (es decir, mancha con un tono diferente).
Así entonces, de conformidad con: i) las reglas expuestas en la sentencia de unificación del
H. Consejo de Estado del 28 de agosto de 2014; ii) las reglas de proporcionalidad; iii) el
porcentaje de disminución de la capacidad dictaminado; y iv) la secuela establecida por la
Junta Medica Laboral; en principio la indemnización a favor de la víctima directa sería 10
SMLMV. Sin embargo, teniendo en cuenta que la parte actora es apelante único, no se puede
hacer más gravosa su situación y en consecuencia, la Sala confirma la decisión de primera
instancia que reconoció a favor de la víctima directa el equivalente a 11 SMLMV.»

Los apartes transcritos de la providencia cuestionada, dan cuenta que el
tribunal accionado tomó en consideración la sentencia de unificación para

14
«Consejo de Estado, Sección Tercera -Sala Plena-. Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2014. Expediente:
31.172. C.P. Olga Mélida Valle De La Hoz.»

11

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tasar el perjuicio moral, conforme al porcentaje de pérdida de capacidad
laboral consignado en el Acta de Junta Médica Laboral y además, aplicó, como
herramientas para tasar el perjuicio, el principio de proporcionalidad y el
estudio de las secuelas establecidas en el documento técnico. A partir de estas
pruebas y principios, concluyó que la indemnización a favor del lesionado
debía tasarse en 10 SMLMV. Sin embargo, mantuvo la decisión de primera
instancia por tratarse de un único apelante.

Así las cosas, se tiene que el asunto planteado en la tutela sobre la aplicación
de la sentencia de unificación al caso concreto fue un aspecto estudiado por
la autoridad judicial accionada y tenido en cuenta para la tasación del daño
moral en este asunto, lo que evidencia que se toma el mecanismo
constitucional como una instancia adicional para insistir en argumentos que no
prosperaron en el curso del proceso ordinario.

Se precisa que la inconformidad de la parte actora con el análisis desplegado
por la autoridad accionada no configura un escenario de vulneración de
derechos fundamentales ni habilita al juez de tutela para intervenir en asuntos
jurídicos y fácticos que competen al juez natural de la causa, en ejercicio de
su autonomía e independencia y con sujeción a la exigencia de motivación y
sana crítica.

4.7. Ahora, en lo que respecta al lucro cesante, en la acción de tutela se alegó el
desconocimiento del precedente establecido en la sentencia del 28 de agosto
de 2014, expediente 36.149, así como de otras sentencias de tutela proferidas
por el Consejo de Estado, al haberse negado el reconocimiento de esta
modalidad de perjuicio, pese a que, según el actor, se encontraba
suficientemente acreditado con el acta de Junta Médico Laboral.

Frente a la sentencia de unificación invocada en la tutela, esta Sección precisa
que tal providencia no es aplicable al caso concreto, pues, si bien unificó
criterios para la tasación del lucro cesante, lo hizo en casos de privación injusta
de la libertad y no en caso de lesiones de conscriptos, como el que ocupa la
atención de esta Sala.

Por otra parte, se evidencia que la Subsección A de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca valoró el contenido del Acta de Junta
Médico Laboral al analizar la posibilidad de reconocer el lucro cesante. No
obstante, a partir del estudio de su contenido, concluyó que la lesión sufrida,
dada su levedad, no acreditaba una incidencia real en el desarrollo laboral o
profesional del demandante.

A continuación, se relaciona el aparte pertinente de la sentencia:

«Así entonces, en cada caso en concreto debe analizarse los respectivos medios probatorios
que tengan como finalidad demostrar la CAUSACIÓN del perjuicio reclamado, en el caso
concreto: lucro cesante.
3.65 En el presente FRANCISCO JAVIER LAGARES ESPITIA adquirió Leishmaniasis durante
la prestación del servicio militar obligatorio; b) de acuerdo con el acta de junta médico laboral,
la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional dictaminó: i) una pérdida de capacidad laboral
del 10%; ii) sin embargo, estableció que el demandante era Apto y que “PUEDE CONTINUAR
DESEMPEÑANDOSE EN ACTIVIDADES DE LA VIDA CIVIL DE ACUERDO A SU PERFIL
OCUPACIONAL”.
3.66 Bajo este contexto, en criterio de esta Sala, no es de recibo que, se deba reconocer el
lucro cesante únicamente con fundamento en que a la víctima directa se le dictaminó un
porcentaje de pérdida de capacidad laboral, cuando en la misma se establece que el señor
LAGARES ESPITIA puede continuar desempeñándose en actividades de la vida civil.

12

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3.67 Adicionalmente, se debe resaltar que, el Acta de Junta Médico Laboral se emitió con
fundamento en el: (i) Decreto 94 de 1989 y (ii) Decreto 1796 del 2000 que guardan relación
con la capacidad sicofísica y aspectos relacionados con incapacidades e indemnizaciones de
miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, pero no hace alusión al Decreto
1507 de 2014 “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la
Capacidad Laboral y Ocupacional”, el cual es el instrumento técnico para evaluar la pérdida
de la capacidad laboral y ocupacional de cualquier origen.
3.68 Conforme lo expuesto, para la Sala el indicado medio de prueba no es suficiente, ya que
no otorga certeza del lucro cesante que se reclama y las notas clínicas tampoco acreditan la
causación del perjuicio.
3.69 Aun si se aceptara que, en el caso en concreto, el Acta de Junta Médico Laboral expedida
por la Dirección de Sanidad, constituye el medio probatorio pertinente, conducente y suficiente
para fundamentar la causación del lucro cesante, no se puede perder de vista que, ese
documento debe ser valorado en su integridad junto con las otras pruebas aportadas y en
virtud del principio de independencia judicial y sana crítica.
3.70 Lo anterior, no conlleva a afirmar que se esté imponiendo una determinada tarifa legal
probatoria, por el contrario, se trata del cumplimiento de las cargas probatorias, a efectos de
tener certeza y llegar al convencimiento de la causación del lucro cesante.
3.71 En conclusión, la Sala no tiene certeza de la pérdida de una utilidad monetaria a causa
del daño si se tiene en cuenta que, en el Acta de Junta Médica se determinó que el señor
LAGARES ESPITIA era apto y que no tiene una limitante para “desarrollar actividades
laborales de la vida civil de acuerdo con su perfil ocupacional”.
3.72 Quiere significar la Sala que, el argumento del apelante según la cual, la pérdida de
capacidad laboral conlleva a que la persona tenga secuelas para desempeñarse en algunas
áreas laborales al no tener el 100% de su capacidad, no resulta de recibo, debe reiterarse que
en el sub judice no hay ningún medio de prueba que acredite que el señor FRANCISCO
JAVIER LAGARES ESPITIA, no se haya podido desempeñar en algún oficio o profesión, como
consecuencia de las secuelas dictaminadas por la Junta Médico Laboral de la Dirección de
Sanidad, adicionalmente, se insiste, no existe posición unificada sobre el valor probatorio del
acta Junta Médica Laboral para el reconocimiento del perjuicio material- lucro cesante.»
(Subraya la Sala)

De acuerdo con lo anterior, se reitera, el argumento expuesto sobre el peso de
convicción del Acta de Junta Médico Laboral fue analizado por el tribunal
accionado, quien expuso las razones por las que considera que ese medio de
prueba no otorga convicción en relación con la efectiva causación de esa
modalidad de perjuicio atendiendo a su contenido y al análisis de las demás
pruebas del proceso. Luego, se considera que lo indicado al respecto en el
escrito de tutela da cuenta de una diferencia frente al juicio de valoración
probatoria, pero no evidencia un escenario de vulneración de derechos que
justifique la intromisión del juez de tutela en el juicio de valoración probatorio
expuesto por el juez natural de la causa, pues implicaría una usurpación
injustificada de sus competencias a efectos de imponer el valor que debe darle
a las pruebas del proceso.
4.8. Finalmente, en lo que refiere al daño a la salud en la sentencia acusada, el
tribunal recordó que en la apelación se discutió que, aunque no hubiera
perturbación funcional, la existencia de una deformación permanente en el
cuerpo constituye una perturbación a la salud.
Frente a ese argumento, la autoridad accionada en la sentencia manifestó que,
conforme a las sentencias de unificación del Consejo de Estado, el daño a la
salud es un perjuicio inmaterial que busca compensar la afectación a la unidad
corporal de la persona, no el dolor moral ni la pérdida patrimonial. Agregó que,
para su reconocimiento se requiere probar cuál de las variables relacionadas
en la sentencia de unificación está acreditada en el caso concreto y a efectos
de su tasación el juez deberá atender a su gravedad según los rangos
establecidos en la tabla de indemnización.

De acuerdo con lo anterior, consideró:

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Demandante: Francisco Javier Lagares Espitia

«De las pruebas aportadas en el plenario el señor FRANCISCO JAVIER LAGARES ESPITIA:
(i) fue diagnosticado con leishmaniasis cutánea; (ii) recibió tratamiento, conforme notas de
enfermería de “Glucantime”; (iii) en el dictamen pericial (Acta de Junta Medico Laboral)
aportado se expuso que la secuela era “CICATRICES LEVES EN ECONOMIA CORPORAL,
SIN COMPROMISO FUNCIONAL (CICATRIZ EN REGION CERVICAL DE 0.3 X 0.5 CM
HIPERCROMICA), y se le dictaminó una pérdida de capacidad laboral del 10%, en el acta se
consignó: “B. EXAMEN FÍSICO PACIENTE EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, (…)
PIEL Y FANERAS: CICATRIZ EN REGION CERVICAL DE 0.3 X 0.5 CM HIPERCROMICA
3.58 Quiere significarse que, tal como se indicó en el acápite precedente, en el asunto, según
el Acta de Junta Médico Laboral, la secuela fue únicamente una cicatriz leve, sin compromiso
funcional y de carácter hipercrómica (es decir, mancha con un tono diferente). En ese sentido,
contrario a lo afirmado por el apelante, no se aportó prueba que respaldara la afirmación según
la cual, esa situación generó perjuicio a la salud y la víctima directa hoy en día, es una persona
“lisiada”.
Tampoco se demostró que: (i) la enfermedad y su secuela hayan ocasionado una alteración
anatómica y funcional del actor, que indiscutiblemente afectara su integridad psicofísica; (ii) la
cicatriz generó traumatismo y afectó el desarrollo normal del señor FRANCISCO JAVIER
LAGARES ESPITIA.
3.60 En este orden de ideas, la Sala no evidencia que la parte actora haya cumplido con sus
cargas procesales probatorias, en el sentido de acreditar sus afirmaciones según las cuales,
la víctima directa es una persona lisiada, la secuela dictaminada ha incidido en su vida porque
le genera una perturbación en su salud.» (Subraya la Sala)

Así las cosas, se tiene que en la determinación sobre el reconocimiento del
daño a la salud, la autoridad judicial accionada consideró la sentencia de
unificación del 28 de agosto del 2014 en la que se estableció el alcance del
daño, las variables a considerar para su reconocimiento y los parámetros para
su tasación. Pero al descender estas reglas al caso particular, consideró que
las pruebas del proceso no permitían tenerlo por acreditado, ya que la secuela
se trató de una cicatriz leve sin ningún efecto funcional. Por lo tanto, estimó
que esa prueba no acreditaba una afectación real en la salud ni respaldaba la
afirmación de los demandantes de que la víctima es en la actualidad una
«persona lisiada». Agregó que tampoco se acreditó que la cicatriz generara
algún traumatismo que impactara el desarrollo normal del hoy accionante.

4.9. Así las cosas, aparece claro que los cargos expuestos en la acción de tutela
contra la decisión de negar el daño a la salud del señor Lagares Espitia ha sido
ampliamente debatido en el curso del proceso ordinario y, en particular, que
sus consideraciones ya fueron analizadas por la Subsección A de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca quien de manera
motivada expresó el precedente aplicable, su alcance en el caso concreto y la
valoración de las pruebas. Ahora, que la parte actora no comparta la valoración
probatoria no es argumento suficiente para que el juez de tutela se involucre
en el análisis obviando la autonomía e independencia judicial en la
interpretación del marco jurídico y en el estudio individual y conjunto de los
medios de prueba, pues tal intromisión solo es permitida ante un escenario de
arbitrariedad o capricho que no fue demostrado por el accionante.

4.10. Conviene recordar en este punto que, a juicio de la Corte Constitucional, la
intromisión del juez constitucional en el juicio de valoración probatoria del
fallador natural de la causa es excepcional y se restringe a los eventos en que
la irregularidad sea ostensible, flagrante y manifiesta16 pues no es dable que la
acción de tutela se convierta en una instancia revisora de la actividad
probatoria del juez o que le imponga su apreciación sobre los medios de
convicción.

Esto, en procura de no afectar los principios de autonomía e independencia
judicial que adquieren significado en actos propios e intrínsecos del juez de la
causa, como la valoración de la prueba.

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Demandante: Francisco Javier Lagares Espitia

Al respecto, la Corte Constitucional en providencia reciente (sentencia T 018 de
2023), indicó:
«69. La libertad de la autoridad judicial para estudiar el material probatorio recaudado hace
que la intervención del juez constitucional en esa materia sea excepcional. De allí que la Corte,
siendo respetuosa de la autonomía e independencia judicial, haya sostenido que la acción de
tutela procede contra una sentencia, por incurrir en un defecto fáctico, cuando “la irregularidad
en el juicio valorativo sea ostensible, flagrante y manifiesta, es decir, de tal magnitud que incida
directamente en el sentido de la decisión proferida”» (Subraya la Sala)

4.11. A juicio de esta Sección, lo expuesto permite concluir que lo pretendido por la
parte actora es imponer su propia interpretación jurisprudencial y valoración
probatoria frente a las consideraciones adoptadas por la autoridad judicial
demandada, reiterando su desacuerdo con la tasación del perjuicio moral y el
reconocimiento del daño a la salud y el perjuicio por lucro cesante. En realidad,
con ello busca reabrir el debate ya resuelto en el proceso ordinario sin acreditar
una real vulneración de los derechos fundamentales cuya protección invoca.

A ese respecto, se recuerda que la jurisprudencia constitucional ha dicho que
la acción de tutela contra providencias judiciales no se instituyó como un
análisis de las mejores razones entre las expuestas en la decisión atacada y
la interpretación sostenida por el tutelante, en tanto que no obedece a su
naturaleza y propósito. De ahí que la simple disparidad de criterio no constituye
en sí misma una vulneración de derechos fundamentales.

De aceptar esa posibilidad, se desnaturalizaría la acción de tutela contra
providencias judiciales, como mecanismo excepcional. Es por tal motivo, que
de manera reiterada se ha sostenido que cuando se controvierten decisiones
judiciales, la procedencia del amparo está sujeta a que el asunto sea de tal
relevancia en materia constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo
una vulneración grosera o de bulto, lo que no ocurre en este caso.

4.12. Por otra parte, en el escrito de impugnación la parte actora reprochó que la
Sección Tercera del Consejo de Estado, en sede ordinaria y de tutela,
«siempre» ha protegido los derechos invocados por los conscriptos en casos en
los que se ha negado el reconocimiento del daño a la salud. Cita como ejemplo
varios apartes de un fallo de tutela reciente, emitido en el proceso
constitucional 11001-03-15-000-2024-05723-00, en el que se ampararon los
derechos del accionante en relación con la negativa a reconocer el daño a la
salud y se ordenó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A emitir una providencia de reemplazo en la que valore
las pruebas del proceso con miras al reconocimiento de esa categoría de daño.

Al respecto, esta Sala se permite advertir que, la sentencia de tutela invocada
por el actor que data del 6 de diciembre de 2024, proferida en el proceso
constitucional 11001-03-15-000-2024-05723-00, por la Sección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado fue, posteriormente, revocada en sede de
impugnación por la Subsección C de la Sección Tercera en sentencia de tutela
del 12 de mayo de 202515. En la reciente providencia, con ponencia de la
magistrada Adriana Polidura Castillo, se declaró la improcedencia de la acción
de tutela por no cumplir el requisito de relevancia constitucional.

Lo anterior, da cuenta de que la providencia invocada como antecedente no
acredita el requisito de vigencia para incidir en el análisis de esta acción de

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Samai, proceso 11001031500020240572301. Índice 008. Resolutiva de la sentencia proferida en impugnación:
«PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 6 de diciembre de 2024 por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado que amparó parcialmente los derechos del accionante y, en su lugar, DECLARAR la improcedencia
de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, en atención a lo expuesto en la
parte motiva de esta decisión.»

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02704-01
Demandante: Francisco Javier Lagares Espitia

tutela y evidencia, además, que no le asiste razón al actor cuando indica que
la Sección Tercera del Consejo de Estado siempre accede al amparo de los
derechos en casos de conscriptos cuando se ha negado el reconocimiento del
daño a la salud.

A ese respecto, valga agregar que tal consideración expuesta por el actor en
la impugnación se sustenta en algunos fallos de tutela emitidos por esta
Corporación en los que se ha amparado los derechos de personas en casos
relacionados con lesiones sufridas por conscriptos, en determinadas
circunstancias, pero debe destacarse que esas providencias tienen efectos
inter partes y que las decisiones están ligadas a aspectos probatorios
específicos de cada caso, no tanto así a reglas con vocación de generalidad
que hayan sido desconocidas.

5. Conclusión

Por lo anterior, esta Sala confirmará la decisión impugnada, proferida el 5 de junio
de 2025 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia
de la acción de tutela interpuesta por el señor Francisco Javier Lagares Espitia,
debido a que no supera el presupuesto general de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia de tutela del 5 de junio de 2025, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión

Notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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