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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07738-00

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07738-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por Diana Marcela Ortiz Charry y otros, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada la presente providencia, Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-07738-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-07738-00
Demandante DIANA MARCELA ORTIZ CHARRY Y OTROS
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
TERCERA, SUBSECCIÓN A
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. La
relevancia constitucional. Desconocimiento del precedente judicial.
Medio de control de reparación directa: lesiones sufridas por
conscriptos. Daño a la Salud.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir, en primera
instancia, la acción de tutela instaurada por Diana Marcela Ortiz Charry y otros de
conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 2 de diciembre de 20251, Juan Sebastián Mancera Ortiz y Diana Marcela Ortiz
Charry, quienes actúan en nombre propio y en representación del menor EJGO,
interpusieron acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por considerar que esa autoridad judicial
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad al emitir la
sentencia del 20 de noviembre de 2025.

En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:
«2.1 Que se protejan nuestros derechos fundamentales a la IGUALDAD y al DEBIDO
PROCESO.
2.2 Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al accionado, a proferir
nuevamente la sentencia de segunda instancia proferida dentro del proceso radicado
bajo el No. 11001333603320230023800, mediante la cual se modificó la sentencia de
primera instancia y se denegó el reconocimiento del perjuicio inmaterial por daño a la
salud.
2.3 Que se ordene al accionado que en el fallo que reemplace la sentencia cuya anulación
se solicita, aplique en debida forma la jurisprudencia reiterada y pacífica que sobre
reconocimiento de daño a la salud existe no sólo en Consejo de Estado sino en todos y
cada uno de los Tribunales Administrativos del País.» (Subraya la Sala)

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. Los señores Juan Sebastián Mancera Ortiz (víctima directa); Diana Marcela Ortiz
Charry (madre de la víctima directa), actuando en nombre propio y en

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Samai, índice 2.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07738-00
Demandante: Diana Marcela Ortiz Charry y otros

representación del menor Esteban Jesús Giraldo Ortiz (hermano de la víctima
directa), promovieron el medio de control de reparación directa contra la Nación,
Ministerio de Defensa, Ejército Nacional para que se declarara su
responsabilidad administrativa y patrimonial por las lesiones que sufrió el señor
Mancera Ortiz cuando prestó el servicio militar obligatorio. Como consecuencia
de lo anterior, requirieron la indemnización de los perjuicios materiales e
inmateriales descritos en la demanda.

En los antecedentes del caso se lee: «El Joven JUAN SEBASTIAN MANCERA ORTIZ
fue reclutado por el Ejército Nacional, cuando se encontraba en perfecto estado de salud tal y
como consta en los respectivos exámenes médicos de ingreso a la institución. De acuerdo a
Informativo Administrativo por Lesión No. 03 de 22 de noviembre de 2022, el día 04 de mayo
de 2022, mientras (…) se encontraba en la cocina colaborando con la preparación de
alimentos para la población del batallón de Tolemaida, sufrió quemadura tras haberse
derramado en sus pies una olla con agua hirviendo. De acuerdo al informativo anexo, la lesión
ocurrió EN EL SERVICIO Y POR CAUSA Y RAZÓN DEL MISMO (…). Con ocasión de la
lesión y de conformidad con dictamen de pérdida de capacidad laboral aportado, las
quemaduras en el cuerpo del militar le han generado una pérdida de capacidad laboral del
10%»2 (sic para toda la cita).

2.2. El conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado 33 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá (radicación 11001333603320230023800) que, en
sentencia del 20 de agosto de 2024, accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda y condenó al Ejército Nacional por las lesiones que padeció el
señor Mancera Ortiz cuando prestaba el servicio militar. En consecuencia,
condenó a la entidad al pago de perjuicios morales, así: 11 salarios mínimos
mensuales legales vigentes (SMLMV) a favor de Juan Sebastián Mancera Ortiz
y de su señora madre, Diana Marcela Ortiz Charry. Además, se reconoció el
monto de 3 SMLMV a favor del menor EJGO, en calidad de hermano de la
víctima directa.
El juzgado negó las demás pretensiones de la demanda. En la parte motiva de
la providencia, la autoridad judicial argumentó que, aunque se acreditó la
lesión y una pérdida de capacidad laboral del 10%, no se demostró una
afectación psicofísica autónoma y relevante que justificara una indemnización
independiente a la del daño moral. Asimismo, negó el reconocimiento del lucro
cesante alegando la falta de prueba de una disminución real de la capacidad
productiva o de ingresos dejados de percibir al no acreditarse que la limitación
impidiera al actor desarrollar actividades laborales.
2.3. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra esta decisión.
Argumentó que el a quo valoró indebidamente los perjuicios. Sostuvo que,
respecto del daño moral, se desconocieron las tablas de indemnización de la
Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dado que debió
reconocerse 20 SMLMV y no 11 SMLMV, y que fue arbitrario limitar la
indemnización del hermano de la víctima directa a 3 SMLMV.
Agregó que fue equivocado negar el reconocimiento del daño a la salud, dado
que las cicatrices permanentes constituyen una afectación indemnizable,
aunque no se pierda la funcionalidad de los órganos. En cuanto al lucro
cesante, alegó que la pérdida del 10% de la capacidad laboral implica una
limitación productiva que debía ser resarcida.
Finalmente, indicó que aportó precedentes de casos similares que respaldan
sus argumentos.

2
Expediente ordinario de reparación directa Página 1 de la demanda de reparación directa. Consultado en SAMAI para
juzgados administrativos. Proceso nro. 11001333603320230023800, índice 12.

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Demandante: Diana Marcela Ortiz Charry y otros

2.4. En sentencia del 20 de noviembre de 2025, la Subsección A de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca modificó la decisión de
primera instancia, así:
«PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de primera instancia, proferida el veinte (20) de agosto
de dos mil veinticuatro (2024), por el Juzgado Treinta y Tres (33) Administrativo de Bogotá, la
cual quedará así:
“PRIMERO: Declarar a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL,
responsable por los perjuicios patrimoniales causados a la parte demandante, por la lesión
que sufrió el señor JUAN SEBASTIAN MANCERA ORTIZ -directo afectado-, cuando prestaba
el servicio militar obligatorio, de conformidad con lo explicado en precedencia
SEGUNDO: En consecuencia, condenar a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –
EJÉRCITO NACIONAL, a pagar las siguientes indemnizaciones:
2.1. Por concepto de perjuicios morales:
2.1.1. A favor del señor JUAN SEBASTIAN MANCERA ORTIZ (victima) en el equivalente a
veinte (20) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes a la fecha de ejecutoria de la
sentencia.
2.1.2 A favor de DIANA MARCELA ORTIZ CHARRY (madre) en el equivalente a veinte (20)
Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia.
2.1.3 A favor de ESTEBAN JESUS GIRALDO ORTIZ (hermano) en el equivalente a diez (10)
Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia.
TERCERO: Denegar las demás pretensiones de la demanda (…)”
SEGUNDO: Sin condena por concepto de costas (expensas y gastos procesales) ni agencias
en derecho, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.»

El tribunal advirtió que no hay postura unificada del órgano de cierre sobre el
valor probatorio del acta de Junta Médico Laboral a efectos del reconocimiento
del lucro cesante y del daño a la salud. Lo anterior, porque la parte actora no
probó una afectación psicofísica autónoma, más allá de las cicatrices.
Respecto del lucro cesante, reiteró que no se presume y que el porcentaje de
pérdida de la capacidad laboral, por sí solo, no acredita una pérdida económica
ni ingresos dejados de percibir.
2.5. La sentencia registró salvamento de voto parcial de la magistrada Beatriz
Teresa Bustos quien se apartó de la decisión de negar el daño a la salud.
Argumentó que no era necesario demostrar una alteración funcional o
anatómica permanente, ni identificar de manera expresa una variable
específica de afectación para que este daño sea indemnizable. Dijo que,
conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, las afectaciones
temporales también constituyen daño a la salud.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora alegó que la sentencia de segunda instancia proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
afectó sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, porque
«desconoce la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre reconocimiento del perjuicio inmaterial
por daño a la salud».

Argumentó que la decisión desconoció las subreglas que sobre el daño a la salud
había establecido la Sección Tercera del Consejo de Estado en casos con similitud
fáctica, en tanto relativos a lesiones padecidas por conscriptos. En particular,
relacionó la sentencia de tutela proferida en el proceso constitucional 11001-03-15-
000-2024-06650-01 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, con ponencia del magistrado Alberto Montaña Plata. También invocó la
sentencia de tutela del 30 de mayo de 2025, proferida por la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, con ponencia de la magistrada María
Adriana Marín en el proceso de tutela 11001-03-15-000-2025-02021-00, en los

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apartes citados, se lee que el reconocimiento del daño a la salud procede ante
cualquier alteración a la integridad psicofísica.

Agregó que la negativa del tribunal a reconocer el daño a la salud condicionándolo
a una afectación funcional de un órgano representa un retroceso jurisprudencial en
relación con el criterio de daño fisiológico, que ya había sido superado por la Sección
Tercera del Consejo de Estado.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. El 9 de diciembre de 2025, el despacho ponente requirió a la parte demandada
para que allegara el registro civil de nacimiento del menor EJGO,
individualizara las personas que actuaron como demandantes en el proceso
ordinario y para que explicara cómo se configuran en el caso particular los
requisitos de procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias.

4.2. En el escrito de subsanación, la parte actora insistió en que la vulneración de
derechos fundamentales se da por desconocer la sentencia de unificación de
la Sección Tercera del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2014, relativa
al reconocimiento del daño a la salud. Relacionó como fundamento de la
procedencia de la acción la sentencia del 21 de febrero de 2025, proferida por
el magistrado Fernando Alexei Pardo en el proceso nro. 11001-03-15-000-
2024-06247-01. Además, expuso su inconformidad con la valoración de las
pruebas y la relevancia del caso, así:
«Se aduce la vulneración de nuestros derechos fundamentales, con ocasión de no
reconocimiento del perjuicio material a la salud, no obstante prueba de lesión por quemaduras
durante el servicio militar obligatorio y pérdida de la capacidad laboral. Sobre los requisitos de
procedencia de la acción de tutela, basta con acudir al pronunciamiento del Consejo de
Estado, que en caso idéntico protegió los derechos fundamentales de los accionantes sobre
estos requisitos indicó (…). En la tutela de la referencia, al igual que en el caso idéntico traído
a colación y en sentencia proferida por la SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO
se cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues se ha vulnerado una sentencia
de UNIFICACIÓN de la Sección Tercera del Consejo de Estado».

4.3. En auto del 16 de enero de 2026, el despacho ponente admitió la acción de
tutela presentada por Diana Marcela Ortiz Charry y otros contra la Subsección
A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Asimismo, vinculó en calidad de terceros con interés al Juzgado 33
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá; a la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Ejército Nacional y al Ministerio Público, dada su calidad de
sujetos procesales en el medio de control de reparación directa 11001-33-36-
033-2023-00238-00/01. También dispuso la notificación a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado en los términos del artículo 612 del Código
General del Proceso.

Finalmente, se ofició a los jueces del proceso ordinario para que remitan, vía
electrónica, el expediente del proceso de reparación directa sub examine. Y
dispuso que se surtiera la notificación de las partes y de los terceros.

4.4. La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca intervino por conducto del ponente de la decisión cuestionada,
quien se opuso a la prosperidad de las pretensiones por estimar que la acción
de tutela no satisface el requisito general de relevancia constitucional.

Indicó que en la acción de tutela se discute el desconocimiento del precedente
del Consejo de Estado que, presuntamente, respalda que el acta de Junta
Médico Laboral es prueba suficiente para reconocer el perjuicio a la salud y el
lucro cesante; pero destacó que este argumento y las providencias que lo

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soportan ya habían sido invocados en el recurso de apelación y analizados en
la sentencia acusada, lo que daba cuenta de que la tutela se instauró como
una instancia adicional al proceso ordinario. Dijo que el accionante pretende
convertir la acción de tutela en una tercera instancia para reabrir un debate
probatorio que ya fue resuelto en el curso del proceso ordinario.

En todo caso, el magistrado argumentó que no se configuró el defecto por
desconocimiento del precedente, dado que en el asunto analizado prima la
independencia judicial y la valoración probatoria integral según las
particularidades del caso, comoquiera que no existe posición unificada sobre
el valor probatorio del acta de Junta Médico Laboral a efectos de reconocer el
daño a la salud. Además, consideró que el acta de Junta Médico Laboral debe
valorarse en conjunto con otros medios de prueba, dado que no existe regla
jurisprudencial que obligue a reconocer los perjuicios teniendo como única
fuente de información ese documento.

En esa línea, explicó que, la Sala de Decisión sí aplicó la jurisprudencia de
unificación, pero concluyó que las secuelas acreditadas eran cicatrices
hipercrómicas sin afectación funcional, respecto de las cuales no se demostró
una afectación real a la salud. Aclaró que el precedente no obliga a un
reconocimiento automático del daño, sino que exige verificar su acreditación
en cada caso. Finalmente, el magistrado rechazó la alegada vulneración del
derecho a la igualdad, al explicar que los fallos de tutela citados por el
accionante tienen efectos inter-partes y responden a supuestos fácticos
diferentes.

4.5. La juez 33 Administrativa del Circuito de Bogotá aseguró que no incurrió
en ningún vicio y que, por el contrario, garantizó los derechos de las partes en
el curso del medio de control de reparación directa analizado.

Manifestó que la inconformidad de la parte accionante se dirige
exclusivamente contra la sentencia de segunda instancia, por lo que solicitó
que se desvinculara al despacho de la acción de tutela.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913 fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales4

3
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
4
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);

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y especiales5 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional6 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Es por tal razón que la procedencia de la acción contra providencias
judiciales exige una mejor fundamentación del vicio que se le atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.

3. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes de este proceso, corresponde a la Sala
determinar si la acción de tutela promovida por Diana Marcela Ortiz Charry y otros,
cumple el presupuesto general de procedencia de la relevancia constitucional,
exigido para el estudio excepcional de acciones de amparo contra providencias
judiciales.

Al respecto se precisa que, aunque en el escrito de tutela no se identifican de
manera específica los defectos en los que presuntamente habría incurrido la
autoridad judicial accionada, una lectura integral de la demanda permite advertir que
la inconformidad de la parte actora se dirige contra el juicio de valoración probatoria
de la accionada y la aplicación del precedente judicial en relación con el
reconocimiento del daño a la salud.

Así las cosas, en caso de superarse este análisis inicial y de encontrar acreditados
los demás requisitos de procedencia general de la acción de tutela contra
providencias judiciales, la Sala deberá establecer si la Subsección A de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en defecto por
desconocimiento del precedente judicial y en defecto fáctico, al proferir la sentencia
del 20 de noviembre de 2025, dentro del medio de control de reparación directa
110013336033-2023-00238-00/01.

4. Requisito de relevancia constitucional: su alcance y análisis en el caso
particular

4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento.

Con base en la anterior premisa, la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente
relevancia constitucional.

iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
5
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
6
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.

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Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este
requisito, esta Sala de decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del
Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por
la Corte Constitucional en la sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos
criterios orientadores:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».7 Es necesario que el
interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la
providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.

En línea con el último criterio de la relevancia constitucional, corresponde al
juez verificar que la tutela no se esté utilizando como si fuera una instancia
adicional al proceso en el cual se profirió la providencia atacada. Para tal
propósito, le corresponde estudiar si los cargos expuestos en el proceso en
que se profirió la providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito de
tutela son iguales; y si estos fueron resueltos integralmente por el juez natural.

4.2. En el escrito de tutela, se discute que la autoridad accionada, en la sentencia
del 20 de noviembre de 2025, negara el reconocimiento del daño a la salud
con fundamento en tesis jurisprudenciales ya superadas por el órgano de
cierre de lo contencioso administrativo. En concreto, la parte actora reprochó
que se hubiera negado su reconocimiento bajo el argumento de que solo
procede cuando se acredita la afectación funcional de un órgano, criterio que,
según sostuvo, desconoce el desarrollo jurisprudencial en la materia y revive
el antiguo concepto de daño fisiológico. Señaló que el Consejo de Estado, en

7
Ibidem.

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sede de tutela, ya ha advertido a la autoridad accionada la forma en la que
debe analizar este tipo de perjuicio, pero esta ha sido renuente a acatar tales
pronunciamientos.

En respaldo de lo anterior, citó las sentencias de tutela: fallo del 30 de mayo
de 2025, proferida en el proceso constitucional 11001-03-15-000-2025-02021-
00, con ponencia de la magistrada María Adriana Marín; fallo del 19 de agosto
de 2025, emitido en el proceso 11001-03-15-000-2024-06650-01, con
ponencia del magistrado Alberto Montaña Plata y la sentencia del 21 de febrero
de 2025, emitida por el magistrado Fernando Alexei Pardo Flores en el proceso
de tutela 11001-03-15-000-2024-06247-01.

4.3. Estos argumentos de disenso son, en esencia, los mismos que la parte
demandante expuso en el recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia del 21 de marzo de 2024, en el que alegó, entre otros, el
desconocimiento del precedente contencioso administrativo sobre el
reconocimiento del daño a la salud.

A continuación, se relacionan los apartes relevantes de dicho recurso, tal como
fueron expuestos en la sentencia del 20 de noviembre de 20258:
«Del perjuicio a la salud: El Juez negó dicho reconocimiento, argumentando que no se acreditó
la perturbación funcional. Sin embargo: “la salud no se afecta únicamente cuando algún
órgano pierde funcionalidad ni mucho menos se requiere de demostración de perturbación
social o cultural. Para el caso concreto, tan claro es que una deformidad del cuerpo de carácter
permanente por cicatrices genera una perturbación a la salud, que si no fuera así, el manual
de calificación de pérdida de capacidad laboral no permitiría otorgarle puntaje alguno. (…) Me
permito adjuntar sentencias que en CASO IDÉNTICO al que hoy se apela, acogió todos y cada
uno de los argumentos que hoy se han expuesto.»

En memoriales posteriores9, el apoderado de la parte demandante solicitó que
en la decisión de la apelación, la Subsección A de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca tomara en consideración los
siguientes fallos de tutela proferidos por diferentes salas de la Sección Tercera
del Consejo de Estado: (i) sentencia de tutela del 6 de diciembre de 2024,
proferida dentro del proceso constitucional 11001-03-15-000-2024-05723-00,
con ponencia de la doctora María Adriana Marín; (ii) providencia del 21 de
marzo de 2025, proferida por la magistrada Adriana Marín en el curso de
incidente de desacato dentro de la acción de tutela
11001031500020240497501; (iii) sentencia de tutela del 19 de agosto de 2025,
emitida en el proceso de tutela 11001-03-15-000-2024-06650-01, con
ponencia del magistrado Alberto Montaña Plata; y (iv) sentencia del 21 de
febrero de 2025, emitida en la acción de tutela 11001-03-15-000-2024-06247-
01, con ponencia del magistrado Fernando Alexei Pardo.

De acuerdo con lo anterior, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, propuso resolver, entre otros, el siguiente
problema jurídico en la sentencia de segunda instancia: «(…) en segundo lugar, se
deberá establecer ¿si hay lugar a reconocer el perjuicio a la salud, debido a que, en criterio
del apelante, una deformidad en el cuerpo de carácter permanente genera una perturbación
en la salud? (…)»

4.4. En este contexto, se advierte que con la interposición de la acción de tutela el
actor pretende prolongar el debate jurídico del proceso ordinario en relación
con el acatamiento de las reglas de decisión previstas en las sentencias de
unificación aplicables, así como la ratio de las sentencias de tutela que el actor

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Página 3 de la sentencia del 29 de abril de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
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Samai para tribunales administrativos. Proceso nro. 11001333603320230023801, índices 8, 10 y 11

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considera relevantes para el reconocimiento y tasación del daño moral en el
caso particular.
4.5. En lo que refiere al daño a la salud en la sentencia acusada, el tribunal recordó
que en la apelación se discutió que, aunque no hubiera perturbación funcional,
la existencia de una deformación permanente en el cuerpo constituye una
perturbación a la salud. Frente a ese argumento, la autoridad accionada en la
sentencia manifestó que, conforme a los fallos de unificación del Consejo de
Estado, el daño a la salud es un perjuicio inmaterial que busca compensar la
afectación a la unidad corporal de la persona, no el dolor moral ni la pérdida
patrimonial.
Agregó que, para su reconocimiento se requiere probar cuál de las variables
relacionadas en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 está
acreditada en el caso concreto y a efectos de su tasación el juez deberá
atender a su gravedad según los rangos establecidos en la tabla de
indemnización. En esa línea, subrayó que el precedente no releva la carga
probatoria, no invierte la prueba ni impone al juez determinar de oficio la
variable aplicable, sino que el juez decide con lo acreditado.
Dijo que, en el caso concreto, la parte actora solo alegó la pérdida de
capacidad laboral del 10% y la existencia de cicatrices hipercrómicas, pero no
demostró alteración funcional, afectación psicológica, limitaciones a la vida
cotidiana ni impedimentos laborales. La Sala mayoritaria de decisión consideró
que se trató de secuelas meramente estéticas, sin demostración de un impacto
funcional.
Se relaciona un extracto relevante de la sentencia acusada:
«(…) 3.12 En ese orden, el perjuicio a la salud se traduce en una modificación por disminución
de la integridad psicofísica del sujeto o de su funcionalidad.
3.13 Sobre el citado perjuicio, las sentencias del Consejo de Estado12-13, han venido
reiterando los supuestos de la Sentencia de Unificación del 14 de septiembre de 2011 (Exp.
38.222, C.P. Enrique Gil Botero), indicando que el reconocimiento al perjuicio a la salud se
encuentra sujeto a lo que se pruebe en el proceso, y a la demostración de la gravedad de la
lesión, debidamente motivada y razonada.
3.14 Adicionalmente, en la Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2014, se agrega que,
el daño a la salud contiene diferentes variables, que serán definidas de acuerdo con lo probado
en cada caso en concreto
(…) En ese orden de ideas, se hace necesario resaltar: (i) que la Sentencia de Unificación, en
ninguna de sus consideraciones, en materia del daño a la salud, releva a la parte demandante,
de su propia carga procesal probatoria; menos consagra alguna inversión de la misma; (ii)
tampoco señala de manera expresa y clara que sea el juez de oficio, el que determine cuál de
las variables opera en el caso concreto y; (iii) cuestión diferente, es que el juez decida, con
base en lo probado, cuál variable está demostrada.
b) Que en el concepto médico aportado se estableció que el conscripto tiene “diagnóstico:
CICATRIZ QUEMADURA EN REGIÓN DORSAL AMBOS PIES”
c) Que las pruebas aportadas, no demuestran una alteración anatómica o funcional —ni obra
prueba de afectación psicológica— que afecte su vida cotidiana.
d) Que no se acreditó restricción en la capacidad de movimiento, limitación permanente ni
impedimento para el desempeño de sus actividades personales o laborales.
e) No se evidencia que la parte actora haya cumplido con sus cargas procesales probatorias,
en el sentido de acreditar sus afirmaciones según las cuales, la víctima directa es una persona
lisiada, la secuela dictaminada ha incidido en su vida porque le genera una perturbación en su
salud.
f) No existe elemento de juicio que dé certeza de una afectación funcional o psicofísica
relevante en el conscripto JUAN SEBASTIAN MANCERA ORTIZ, derivada de accidente y
secuelas.

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g) Finalmente, la Sala no desconoce que, en el concepto médico aportado se indicó: “PIEL
CICATRICES HIPERCRÓMICAS EN REGIÓN DORSAL DE AMBOS PIES QUE VA DESDE
REGIÓN SUPERIOR Y ANTEPIES CON RECORRIDO DE HACIA AMBOS HALLUX
VALGUS.”;
(…) i) Quiere significarse que, en el presente asunto, la secuelas (sic) se trata de unas
cicatrices de carácter hipercrómica (es decir, mancha con un tono diferente), sin que la parte
actora haya demostrado como esa situación le afecta su salud.
3.21 De manera que, al no encontrarse medio de prueba que acredite que las secuelas
conllevan un perjuicio a la salud, esto es, a su integridad psicofísica, psicológica o fisiológica,
o una alteración anatómica o una ausencia de capacidad para realizar una actividad normal o
rutinaria, la Sala CONFIRMARÁ la decisión de primera instancia que negó el reconocimiento
de este perjuicio...» (Subraya la Sala)

Visto lo anterior, se tiene que, en la determinación sobre el reconocimiento del
daño a la salud, la autoridad judicial accionada consideró la sentencia de
unificación del 28 de agosto del 2014 en la que se estableció el alcance del
daño, las variables a considerar para su reconocimiento y los parámetros para
su tasación. Pero al descender estas reglas al caso particular, consideró que
las pruebas del proceso no permitían tenerlo por acreditado, ya que la secuela
se trató de una cicatriz leve sin efecto funcional. Por lo tanto, estimó que esa
prueba no acreditaba una afectación real en la salud. Agregó que tampoco se
acreditó que la cicatriz generara algún traumatismo que impactara la
capacidad del accionante de desarrollar actividades cotidianas o rutinarias.

4.6. Así las cosas, aparece claro que los cargos expuestos en la acción de tutela
contra la decisión de negar el daño a la salud del señor Mancera Ortiz ha sido
ampliamente debatido en el curso del proceso ordinario y, en particular, que
sus consideraciones ya fueron analizadas por la Subsección A de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca quien de manera
motivada expresó el precedente aplicable, su alcance en el caso concreto y la
valoración de las pruebas.

Ahora, que la parte actora no comparta el análisis del precedente y la
valoración probatoria no es argumento suficiente para que el juez de tutela se
involucre en el análisis obviando la autonomía e independencia judicial en la
interpretación del marco jurídico y en el estudio individual y conjunto de los
medios de prueba, pues tal intromisión solo es permitida ante un escenario de
arbitrariedad o capricho que no fue demostrado por el accionante.

4.7. Conviene recordar en este punto que, a juicio de la Corte Constitucional, la
intromisión del juez constitucional en el juicio de valoración probatoria del
fallador natural de la causa es excepcional y se restringe a los eventos en que
la irregularidad sea ostensible, flagrante y manifiesta16 pues no es dable que la
acción de tutela se convierta en una instancia revisora de la actividad
probatoria del juez o que le imponga su apreciación sobre los medios de
convicción.

Esto, en procura de no afectar los principios de autonomía e independencia
judicial que adquieren significado en actos propios e intrínsecos del juez de la
causa, como la valoración de la prueba. Al respecto, la Corte Constitucional en
providencia reciente (sentencia T 018 de 2023), indicó:
«69. La libertad de la autoridad judicial para estudiar el material probatorio recaudado hace
que la intervención del juez constitucional en esa materia sea excepcional. De allí que la Corte,
siendo respetuosa de la autonomía e independencia judicial, haya sostenido que la acción de
tutela procede contra una sentencia, por incurrir en un defecto fáctico, cuando “la irregularidad
en el juicio valorativo sea ostensible, flagrante y manifiesta, es decir, de tal magnitud que incida
directamente en el sentido de la decisión proferida”» (Subraya la Sala)

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4.8. A juicio de esta Sección, lo expuesto permite concluir que lo pretendido por la
parte actora es imponer su propia interpretación jurisprudencial y valoración
probatoria frente a las consideraciones adoptadas por la autoridad judicial
demandada, reiterando su desacuerdo con el no reconocimiento del daño a la
salud. En realidad, con ello busca reabrir el debate ya resuelto en el proceso
ordinario sin acreditar una real vulneración de los derechos fundamentales
cuya protección invoca.

A ese respecto, se recuerda que la jurisprudencia constitucional ha dicho que
la acción de tutela contra providencias judiciales no se instituyó como un
análisis de las mejores razones entre las expuestas en la decisión atacada y
la interpretación sostenida por el tutelante, en tanto que no obedece a su
naturaleza y propósito. De ahí que la simple disparidad de criterio no constituye
en sí misma una vulneración de derechos fundamentales.

De aceptar esa posibilidad, se desnaturalizaría la acción de tutela contra
providencias judiciales, como mecanismo excepcional. Es por tal motivo, que
de manera reiterada se ha sostenido que cuando se controvierten decisiones
judiciales, la procedencia del amparo está sujeta a que el asunto sea de tal
relevancia en materia constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo
una vulneración grosera o de bulto, lo que no ocurre en este caso.

4.9. De otro lado, la parte actora sostuvo que la Sección Tercera del Consejo de
Estado ha protegido de manera reiterada los derechos fundamentales de los
conscriptos en casos en los que se ha negado el reconocimiento del daño a la
salud, y reprochó que la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca persista en desconocer el precedente
constitucional de esta Corporación. En sustento de esta afirmación, citó los
procesos constitucionales 11001-03-15-000-2024-06650-01 y 11001-03-15-000-
2025-02021-00, en los cuales se habrían amparado los derechos
fundamentales de los accionantes en relación con la negativa a reconocer el
daño a la salud y se habría ordenado la emisión de providencias de reemplazo.

No obstante, esta Sala advierte que la sentencia de tutela del 6 de diciembre
de 2024, proferida en el proceso constitucional 11001-03-15-000-2025-02021-00,
fue posteriormente revocada en sede de impugnación por la Subsección C de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia de tutela del
15 de agosto de 202510, con ponencia del magistrado William Barrera Muñoz,
en la cual se declaró la improcedencia de la acción de tutela, al estimar que
no cumplía el requisito de relevancia constitucional.

De igual manera, resulta pertinente recordar que la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, en sentencia de tutela del 13 de agosto de 2025, proferida
en el proceso nro. 11001-03-15-000-2025-02704-01, declaró improcedente
una acción de tutela interpuesta contra la misma autoridad judicial con
fundamento en similares argumentos, al concluir que el mecanismo
constitucional fue utilizado como una instancia adicional para controvertir
decisiones adoptadas en el proceso ordinario.

En ese contexto, no le asiste razón a la parte actora cuando pretende derivar
de las providencias citadas la existencia de un precedente constitucional
consolidado que imponga el amparo de los derechos fundamentales de los

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Samai, proceso 11001-03-15-000-2025-02021-01. Resolutiva de la sentencia proferida en impugnación: «PRIMERO:
REVOCAR la sentencia de primera instancia de fecha treinta (30) de mayo de 2025, proferida por el Consejo de Estado-
Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera-Subsección A, que dejó sin efectos la sentencia de 27 de febrero
de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de CundinamarcaSección Tercera-Subsección A. SEGUNDO: Declarar
IMPROCEDENTE la acción de tutela, en los términos expuestos en la parte motiva de la presente sentencia.»

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conscriptos en todos los eventos en los que se haya negado el reconocimiento
del daño a la salud.

Por el contrario, las decisiones invocadas, no contienen reglas con vocación
de generalidad, sino que responden a valoraciones probatorias específicas
propias de cada caso, es decir, su alcance se encuentra estrictamente
condicionado a las particularidades fácticas y probatorias acreditadas en cada
proceso, razón por la cual no puede hablarse del desconocimiento de un
precedente constitucional obligatorio en la materia.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por Diana
Marcela Ortiz Charry y otros, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada la presente providencia, Enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión

Notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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