Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06650-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06650-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-06650-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
19 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D. C., 19 de agosto de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06650-01
Demandante: Alexander Giraldo López y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | REPARACIÓN DIRECTA – Lucro
cesante| Defecto fáctico – Relevancia constitucional| Perjuicios morales| Defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente –Ampara.
Síntesis del caso: Los accionantes enjuiciaron la sentencia que, en segunda instancia, redujo
los perjuicios morales de la víctima directa, revocó la indemnización de perjuicios morales
a la madre y hermanos, y revocó el reconocimiento del daño a la salud a la víctima directa,
y mantuvo la negación del lucro cesante.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por la parte demandante contra la Sentencia de
27 de enero de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, que negó el amparo solicitado2.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 3 de diciembre de 2024, Alexander Giraldo López y su núcleo
familiar3, mediante apoderada judicial, presentaron una acción de tutela
contra la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales
al debido proceso y a la igualdad, con ocasión de la Sentencia de 12 de
septiembre de 2024, proferida en el proceso de reparación directa Rad.
11001-33-36-037-2018-00195-01.
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “Primero. Negar el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad y debido proceso de Alexander Giraldo
López, Pastora López Tangarife, Dana Sharik Rojas López, Laura Sofia Rojas López, Alejandro Giraldo López, Yuliana
Rojas López y Arnulfo Giraldo López, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”.
3 Pastora López Tangarife (madre), Dana Sharik Rojas López, Laura Sofia Rojas López, Alejandro Giraldo López,
Yuliana Rojas López y Arnulfo Giraldo López (hermanos).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06650-01
Demandante: Alexander Giraldo López y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca
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2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):
“PRIMERA: Conceder el amparo a los derechos fundamentales del debido
proceso e igualdad a favor de Alexander Giraldo López, Pastora López
Tangarife, Dana Sharik Rojas López, Laura Sofia Rojas López, Alejandro Giraldo
López, Yuliana Rojas López y Arnulfo Giraldo López.
SEGUNDA: Revocar la sentencia proferida en septiembre 12 de 2024, por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A en
segunda instancia, que resolvió modificar el fallo de primera instancia, negar
pretensiones dentro de la acción de reparación directa No.
11001333603720180019501.
TERCERA: dejar sin efecto la sentencia proferida en septiembre 12 de 2024 por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, en
el proceso de reparación directa, interpuesto por los ciudadanos Alexander
Giraldo López y su núcleo familiar contra la Nación – Ministerio de Defensa −
Ejército Nacional. Expediente 11001333603720180019501.
CUARTA: Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, que emita una nueva sentencia dentro del proceso de
acción de reparación directa, interpuesta por el ciudadano Alexander Giraldo
López y su núcleo familiar, contra la Nación – Ministerio de Defensa − Ejército
Nacional, expediente 11001333603720180019501, teniendo en cuenta el
cumplimiento de los requisitos de transparencia, suficiencia, interpretación
favorable, deber objetivo de devolver a los soldados conscriptos sanos salvos a
sus hogares, inversión de la carga probatoria y las reglas establecidas por el H.
Consejo de Estado en la resolución de procesos en casos idénticos”.
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
identificaron los siguientes:
4. 1) El 6 de octubre de 2016, Alexander Giraldo López, declarado apto
en exámenes médicos, se incorporó al Ejército Nacional para prestar servicio
militar obligatorio. El 11 de julio de 2017, mientras cumplía funciones de
centinela en la Base Militar de Balsillas (Caquetá), fue herido en el pecho
con el arma de dotación de otro soldado, y luego atendido en el Hospital
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo (Neiva).
5. 2) El 28 de julio de 2021, la junta médica laboral de la Dirección de
Sanidad del Ejército Nacional determinó que el soldado presentaba una
“cicatriz en economía corporal con moderado defecto estético sin
limitación funcional” y una disminución de la capacidad laboral del 13%.
6. 3) Por estos hechos, los accionantes presentaron demanda de
reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional, ya que las lesiones excedieron las cargas propias del servicio
militar.
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Demandante: Alexander Giraldo López y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca
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7. 4) El 19 de abril de 2023, el Juzgado 37 Administrativo de Bogotá
accedió parcialmente a las pretensiones, al considerar que el daño ocurrió
con ocasión del servicio militar obligatorio, sin que la demandada acreditara
que la víctima estuviera realizando actuaciones personales, en “franquicia”
o en permiso. Con base en la jurisprudencia del Consejo de Estado4,
reconoció perjuicios morales a la víctima directa y a su familia5, a partir de
los registros civiles y de la disminución de la capacidad laboral valorada en
un 13%. Asimismo, reconoció a la víctima directa el daño a la salud6, en un
valor de 20 SMLMV. No obstante, negó el lucro cesante al no acreditarse
que la víctima percibiera ingresos por alguna actividad laboral antes de
ingresar al servicio militar.
8. 5) El 21 de abril de 2023, la parte demandante solicitó la corrección
de la sentencia, debido a que, aunque en la parte motiva se reconocieron
perjuicios morales a Yuliana Rojas López y Dana Sharik Rojas López en
calidad de hermanas de la víctima directa, en la parte resolutiva se omitió
consignar sus nombres y el monto de la indemnización. Por tal motivo,
mediante Auto de 11 de julio de 2023, el Juzgado 37 Administrativo de
Bogotá ordenó incluir a Yuliana Rojas López y a Dana Sharik Rojas López y
reconoció a cada una la suma de 10 SMLMV por perjuicios morales.
9. 6) Ambas partes interpusieron recurso de apelación contra la decisión
anterior. La demandante insistió en el reconocimiento del lucro cesante, de
conformidad con los criterios del Consejo de Estado, por haberse probado
el daño y la disminución de la capacidad laboral. Asimismo, citó la
Sentencia de 10 de marzo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Radicado 2018-05901, que reconoció dicho perjuicio
con base en el acta de la junta médica laboral y, pese a que no se
estableció una limitación funcional, consideró que no podía desconocerse
la pérdida de capacidad laboral determinada. Por su parte, el Ejército
invocó el hecho de un tercero, y solicitó reducir los perjuicios morales de
manera equitativa y revocar el daño a la salud.
10. 7) El 12 de septiembre de 2024, la Subsección A de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca modificó la decisión de
primera instancia para otorgar únicamente indemnización por perjuicios
morales a Alexander Giraldo López, pero en un monto reducido.
11. Señaló que la cuantificación del perjuicio moral debía ser
proporcional al daño y a las circunstancias que lo originaron, a fin de evitar
4 Sentencia de 28 de agosto de 2014, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, Exp. 31172.
5 Alexander Giraldo López (víctima directa) 20 SMLMV, Pastora López Tangarife (madre) 20 SMLMV, Alejandro
Giraldo López 10 SMLMV, Laura Sofia Rojas López 10 SMLMV y Arnulfo Giraldo López 10 SMLMV (hermanos).
6 Conforme con la Sentencia de 28 de agosto de 2014, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado,
Exp. 28832.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06650-01
Demandante: Alexander Giraldo López y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca
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que el juez se limitara únicamente a verificar la disminución de la capacidad
laboral. Sustentó este razonamiento “en la inexistencia de precedente
jurisprudencial alguno o de una posición armónica que defina cómo se
deben aplicar los criterios de unificación en estos casos. Por el contrario, hay
diversas tesis e interpretaciones de los parámetros fijados en la sentencia de
unificación7”. Concluyó que, en aplicación del principio de
proporcionalidad, debía reducir el monto de la condena de 20 a 13 smlmv,
considerando el 13% de la pérdida de capacidad laboral y el hecho de que
la víctima presentaba una cicatriz sin limitación funcional.
12. Respecto de los demás demandantes, revocó el reconocimiento de
perjuicios morales, al estimar que las “ninguna prueba del proceso alude al
dolor, la aflicción, o el sentimiento de congoja de la madre y hermanos del
afectado, ni conduce a inferir el trato familiar o afectivo existente entre ellos,
o la convivencia en el mismo hogar”. Tampoco se acreditó un nivel de
afectación que justificara la indemnización a estos familiares.
13. Por otra parte, revocó el reconocimiento del daño a la salud al
considerar que no se limitaba “a la disminución de la capacidad laboral,
sino que la parte demandante tenía el deber de probar la afectación de las
variables afectadas con la lesión. Sin embargo, no está demostrado que la
cicatriz hubiese afectado la integridad psicofísica del demandante, o que
cause alteración anatómica o restricción para realizar una actividad
rutinaria”. Manifestó que el Consejo de Estado determinó que el juez debía
tener en cuenta las secuelas de las lesiones que alteraban el
comportamiento y desempeño de la persona en su entorno social y cultural
para aplicar los montos8. En consecuencia, no existe prueba alguna de que
la cicatriz hubiese afectado su capacidad psicofísica.
14. En relación con el lucro cesante, confirmó el razonamiento de la
primera instancia, al no existir prueba indicativa de que la víctima “realizara
7 Se trascribe pie de página 7 de la providencia: “En igual sentido se pronunció esta sala en las sentencias del 17
de noviembre de 2016, exp. 110013333603120140008201, 02 de septiembre de 2016, exp.
11001333603820130039801, M.P. Bertha Lucy Ceballos Posada y 02 de junio de 2016, exp.
11001333603820130043501, M.P. Juan Carlos Garzón Martínez, entre otros. 8 Una de estas posiciones establece que
la aplicación de la tabla que contiene los parámetros en mención debe ser aplicada de manera uniforme,
independiente a la gravedad de la lesión, siempre que se ubiquen en el mismo rango. Esta ratio decidendi se
puede observar en las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección A, sentencia del 16
de agosto de 2018, C.P: Marta Nubia Velásquez Rico. Radicado 270012131000201110226-01(50776); Consejo de
Estado, Sección Tercera Subsección B, sentencia del 06 de noviembre de 2018, C.P: Ramiro Pazos Guerrero.
Radicado 81001233100020100005001(46434); Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección A, sentencia del 28
de marzo de 2019, C.P: Marta Nubia Velásquez Rico. Radicado 110010315000201803551 01 (AC). Existe otra posición
que determina que la indemnización debe obedecer al arbitrio judicial y a un juicio de proporcionalidad, siempre
y cuando no se modifique el parámetro establecido. Al respecto, consultar las siguientes sentencias: Consejo de
Estado, Sección Tercera Subsección A, sentencia del 24 de mayo de 2018, M.P: Marta Nubia Velásquez Rico.
Radicado 76001233100020080095901 (47004); Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección A, sentencia del 13
de noviembre de 2018, M.P: Marta Nubia Velásquez Rico. Radicado 52001233100020070046702 (60405); Consejo
de Estado, Sección Segunda Subsección B, sentencia del 07 de noviembre de 2018, M.P: César palomino Cortés,
Radicado 110010315000201803551 00 (AC)”.
8 Se trascribe pie de página 12 de la providencia “Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2014, Rad. 23001233100020010027801(28804), C.P. Stella Conto Díaz del Castillo”.
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Demandante: Alexander Giraldo López y otros
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca
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alguna actividad productiva antes de ingresar a prestar el servicio militar
obligatorio y la sola edad productiva no lo demuestra, ni que hubiera
perdido alguna oportunidad laboral”. Tampoco consta que la cicatriz le
impidiera desempeñar alguna actividad productiva; por el contrario, la
prueba que fundamentó el reconocimiento de ese perjuicio demostraba
que la víctima era apta para continuar con la actividad militar y que la
cicatriz no causó una limitación funcional.
15. Como fundamento de la vulneración de sus derechos, la parte actora
señaló que la Sentencia de 12 de septiembre de 2024, al modificar el monto
de los perjuicios morales para la víctima directa y negarlo para la madre y
los hermanos, revocar el daño a la salud y confirmar la negación del lucro
cesante, incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente del Consejo de Estado y en un defecto fáctico por error en la
valoración de las pruebas.
16. Respecto del defecto sustantivo por el desconocimiento del
precedente, la parte accionante sostuvo que el fallo desconoció: (1) la
Sentencia de Unificación de 28 de agosto de 2014, exp. 31172, al establecer
un nuevo criterio de proporcionalidad y disminuir el monto de los perjuicios
de la víctima directa. Sostuvo que los criterios fijados por la jurisprudencia son
invariables y “no dan oportunidad a interpretaciones del juzgador ya que el
mismo no cuenta con el conocimiento médico y por lo tanto deberá ceñirse
a los rangos acordados”.
17. Asimismo, señaló que al revocar el reconocimiento de perjuicios a los
demás familiares se desconoció la regla de unificación, pues la madre y los
hermanos solo debían acreditar el parentesco como indicador de la
cercanía afectiva y, por ende, de la causación del perjuicio moral. En
consecuencia, era posible inferir los sentimientos de dolor, angustia o
aflicción padecidos por estos familiares. Agregó, que el Consejo de Estado
no estableció una carga probatoria adicional para las víctimas.
18. (2) La Sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 288049, al revocar el
daño a la salud, dado que para probar este perjuicio no se requiere
estrictamente una prueba con determinada especialidad de conocimiento
científico, ya que tal exigencia resta confiabilidad y veracidad al contenido
del acta de la junta médica laboral, sin “anteponer una prueba de igual o
mayor relevancia que lo desvirtúe”. Sostuvo que la historia clínica y el acta
de la junta médica eran pruebas suficientes para acreditar dicho perjuicio.
9 También, para sustentar su posición citó algunos apartes del salvamento de voto de la sentencia aquí enjuiciada,
en los que se alude a la Sentencia de tutela 4 de abril de 2024, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, Radicado 11001-03-15- 000-2023-07515-00, en la que se estudió las Sentencia de Unificación
de 28 de agosto de 2014 expedientes 31172 y 31170.
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca
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Además, afirmó que no era relevante si la afección no representaba una
limitación funcional, pues cualquier alteración de la integridad corporal o
psicológica sufrida por un conscripto configuraba este perjuicio.
19. Por otra parte, sostuvo que la autoridad accionada incurrió en un
defecto fáctico al confirmar la negación del lucro cesante, porque no tuvo
en cuenta que el acta de calificación acreditó la disminución de la
capacidad laboral de la víctima. Consideró que exigir una prueba de
vinculación laboral o de actividad económica previa a la conscripción
constituía una carga procesal desproporcionada e imposible de cumplir en
la mayoría de los casos, dado que el reclutamiento solía coincidir con el
inicio de la vida productiva, que se daba con la mayoría de edad.
1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación
20. Mediante Sentencia de 27 de enero de 2025, la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado negó el amparo solicitado. Indicó
que no se desconoció el precedente al disminuir el monto de la
indemnización de la víctima directa y revocar los perjuicios morales para sus
familiares, pues la decisión se sustentó en la levedad de la lesión sufrida por
el conscripto, acreditada como una cicatriz sin limitación funcional. Añadió
que, debido a dicha levedad, no se configuró la presunción alegada.
21. En relación con el daño a la salud, precisó que no se desconoció la
jurisprudencia unificada, sino que el razonamiento se basó en que la
valoración no podía ser únicamente cuantitativa, sino principalmente
cualitativa, en atención a la gravedad de la afectación psicofísica.
22. Respecto del defecto fáctico, concluyó que la falta de valoración de
las pruebas en el sentido pretendido por la parte actora no configuraba
dicho defecto. Recordó que el juez natural tiene la facultad de determinar
la pertinencia, utilidad y conducencia de los medios de prueba. En este
caso, se realizó una valoración objetiva, integral y razonada de los
elementos probatorios, y se concluyó que no se demostró que la víctima
desarrollara una actividad laboral o productiva antes de la conscripción.
23. La parte accionante impugnó la decisión, reiteró los argumentos de la
acción de tutela y enfatizó en la configuración de un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente y de un defecto fáctico.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Fijación de la controversia. 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.3. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos
fundamentales. 2.4. Conclusiones.
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
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2.1. Fijación de la controversia
24. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedencia de la acción de tutela, si la Subsección A de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como juez de segunda
instancia, al modificar y revocar los perjuicios morales, revocar el daño a la
salud y confirmar la negación del reconocimiento del lucro cesante,
desconoció la jurisprudencia aplicable y los hechos probados y si, con ello,
vulneró los derechos al debido proceso e igualdad de la parte accionante.
En ese orden, se procederá a confirmar, modificar o revocar la decisión de
primera instancia.
2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
25. En este caso, la Sala revocará la sentencia impugnada y declarará la
improcedencia de la acción de tutela respecto del defecto fáctico, por no
haberse cumplido el requisito de relevancia constitucional, como pasa a
explicarse:
26. Para la Corte Constitucional, el requisito de relevancia constitucional
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los
jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se
convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.
En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido
identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a
asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta
se convierta en una instancia adicional10.
27. En sentido similar, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia
de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo
expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de
varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante
que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez
de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto11; (2) que la
solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener una instancia
10 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
11 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer
elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
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adicional al proceso ordinario12 y (3) que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad13.
28. Bajo este entendimiento, en el presente caso el defecto fáctico se
invocó como una extensión de los argumentos planteados en el recurso de
apelación del proceso ordinario. En la acción de tutela se insistió en el
reconocimiento del lucro cesante con base en el acta de la junta médica
laboral. No obstante, esos argumentos fueron estudiados y definidos por el
juez de la responsabilidad, al confirmar que no se acreditó dicho perjuicio
material, debido a que las secuelas de la lesión no impedían el desarrollo de
alguna actividad productiva, no se probó que antes de ingresar al servicio
militar devengara algún ingreso y el acta lo calificó como apto para
continuar la actividad militar, razón por la cual se incumplió la carga
probatoria para demostrar dicho perjuicio.
29. La Sala advierte que el accionante también planteó la interpretación
que el juez natural debía hacer sobre el material probatorio y la forma en
que el lucro cesante debía valorarse en casos que involucraran a
conscriptos, aspecto que excede la competencia del juez de tutela, pues el
objeto del amparo constitucional no es corregir la decisión judicial, sino
analizar su validez.
30. Respecto del defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente, la Sala encuentra que se cumplieron los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, porque no existe medio de defensa
judicial idóneo y eficaz que permitiera a la parte accionante alegar el
reparo planteado vía tutela y procurar la defensa de los derechos
presuntamente vulnerados. Hubo un plazo razonable entre la fecha de
notificación de la Sentencia de 12 de septiembre de 2024 (18/9/2024)14 y la
interposición de la presente acción de tutela (3/12/2024)15. No se enjuició un
fallo de tutela, pues la controversia se relacionó con una sentencia de
segunda instancia dictada en el marco de un proceso de reparación
directa. Se identificaron de manera clara, detallada y comprensible los
hechos y la presunta vulneración derivada de ellos.
31. Por último, se advierte que la controversia tiene relevancia
constitucional por tratarse de la presunta afectación de los derechos
12 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal
adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
13 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos
fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
14 De acuerdo con la información que reposa en SAMAI, el mensaje de datos fue enviado el 16 de septiembre de
2024.
15 Según acta Individual de reparto.
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fundamentales al debido proceso e igualdad de la parte accionante, con
ocasión de una providencia judicial cuyo debate central gira en torno al
defecto sustantivo por desconocimiento del precedente, argumentos que
no pudieron ser planteados durante el curso del proceso ordinario de
reparación directa. Esto cobra mayor relevancia si se considera que la
providencia cuestionada modificó y revocó los perjuicios morales y daño a
la salud que habían sido reconocidos en la decisión de primera instancia,
por lo que tal aspecto no pudo ser objeto de apelación y, en consecuencia,
no se pretende someter la controversia a una nueva instancia.
2.3. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos
fundamentales
32. La Sala revocará la decisión de primera instancia y accederá a las
pretensiones de la acción de tutela en relación con el defecto sustantivo
por desconocimiento del precedente, por las razones que se explican a
continuación:
33. En relación con el defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente, la Corte Constitucional ha sostenido que “el defecto sustantivo
por desconocimiento del precedente ocurre cuando, «por vía judicial, se ha
establecido una regla para solucionar un asunto determinado y esta es
inobservada por el juez al resolver un asunto similar”. El juez de tutela debe
«(i) determinar la existencia de un precedente o grupo de precedentes
aplicable y distinguir las reglas de decisión contenidos en ellos, (ii) constatar
que la regla de decisión cuestionada debió tener en cuenta ese
precedente o grupo de precedentes para no incurrir en un
desconocimiento del principio de igualdad y (iii) verificar si existieron razones
fundadas para apartarse del precedente, por ejemplo, la necesidad de
adoptar una decisión distinta con el fin de lograr una interpretación más
armónica con los principios constitucionales y más favorable a la vigencia y
efectividad de los derechos fundamentales»16”.
34. Sobre la tasación de los perjuicios morales, la parte actora cuestionó
que el juez de segunda instancia hiciera uso del arbitrio judicial y
desconociera los montos establecidos en la Sentencia de Unificación de 28
de agosto de 2014, exp.31172, para el reconocimiento y liquidación de estos
en caso de lesiones.
35. La Sala advierte que, en la providencia anterior se fijaron como
referente 6 rangos o niveles para determinar el monto indemnizatorio por
perjuicios morales, que le correspondería a la víctima directa y a sus
16 Corte Constitucional, Sentencia SU-138 de 2024.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06650-01
Demandante: Alexander Giraldo López y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca
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familiares en los eventos de lesiones. Para ello, se indicó que el juez debía
verificar la gravedad o levedad de la lesión causada a la víctima directa,
de conformidad con lo probado en el proceso.
36. En consecuencia, la decisión constituía precedente aplicable a la
providencia enjuiciada, porque se fijaron referentes para el reconocimiento
y la tasación de los perjuicios morales por lesiones personales. En el caso
concreto, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca redujo los perjuicios morales reconocidos a la víctima
directa de 20 a 13 SMLMV, basándose en la pérdida de capacidad laboral
del 13% determinada en el acta de calificación, el criterio de
proporcionalidad del daño, las circunstancias de ocurrencia, el tipo de
secuelas y la diversidad de interpretaciones existentes sobre la aplicación
de los referentes indemnizatorios.
37. Frente a dicho razonamiento, la Sala concluye que no se desconoció
el precedente en cuanto al ajuste de la indemnización de la víctima directa,
pues el criterio de proporcionalidad no fue arbitrario y se sustentó en
elementos objetivos17.
38. No obstante, la autoridad enjuiciada sí desconoció el precedente del
Consejo de Estado al revocar el reconocimiento de los perjuicios morales de
la madre y de los hermanos de la víctima directa, porque la aflicción de los
familiares en grado más cercanos a la víctima directa se presume en el caso
de las relaciones “paternofiliales” (madre) y de segundo consanguinidad
(hermanos)18. Esto implica que los accionantes no tenían que probar su
dolor, tristeza o congoja, porque bastaba mostrar su parentesco con la
víctima directa.
39. En consecuencia, la autoridad judicial accionada deberá analizar la
indemnización de los perjuicios morales conforme con los referentes
indemnizatorios de la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado sobre
lesiones personales.
40. En relación con el daño a la salud, la Sala encuentra que la autoridad
accionada desconoció el precedente jurisprudencial de la Sentencia de
Unificación de 28 de agosto de 2014, exp. 2880419. Al respecto, esta Sala
evidenció que el tribunal revocó este perjuicio con fundamento en que la
cicatriz causada por el disparo no le produjo una limitación funcional y
consideró que no se probaron las variables de afectación, ni que hubiese
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 24 de
noviembre de 2020, Radicado 11001-03-15-000-2020-00550-01.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 9 de
diciembre de 2024, Radicado 11001-03-15-000-2024-06247-00.
19 Que, entre otros aspectos, reiteró los lineamientos de las Sentencia de 28 de agosto de 2014, 31172 y 31170.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06650-01
Demandante: Alexander Giraldo López y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca
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generado una alteración anatómica, una restricción para realizar una
actividad rutinaria o una afectación a su desenvolvimiento social, entre otros
aspectos. Asimismo, sostuvo que el juez de la responsabilidad no podía
limitarse únicamente al porcentaje de pérdida de capacidad laboral, pues
este no constituía tarifa legal probatoria.
41. Sobre el reconocimiento de perjuicios por daño a la salud, la Sección
Tercera de esta corporación ha indicado que se tendrá en cuenta la
gravedad y naturaleza de la lesión padecida para determinar el monto
indemnizatorio y para ello deberán analizarse las siguientes variables, de
conformidad con lo probado en cada caso (se trascribe):
“-La pérdida o anormalidad de la estructura o función psicológica, fisiológica o
anatómica (temporal o permanente)
• La anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u otra
estructura corporal o mental.
-La exteriorización de un estado patológico que refleje perturbaciones al nivel de un
órgano.
• La reversibilidad o irreversibilidad de la patología.
• La restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad normal o
rutinaria.
• Excesos en el desempeño y comportamiento dentro de una actividad normal o
rutinaria.
• Las limitaciones o impedimentos para el desempeño de un rol determinado.
• Los factores sociales, culturales u ocupacionales.
• La edad.
• El sexo.
• Las que tengan relación con la afectación de bienes placenteros, lúdicos y
agradables de la víctima.
• Las demás que se acrediten dentro del proceso20”.
42. De lo trascrito se puede advertir que, contrario a lo afirmado por el
tribunal, no se exige que la lesión o su correspondiente secuela produzcan,
de manera exclusiva, una alteración o limitación funcional en la víctima
directa, sino que, deberán analizarse todas las variables que en el caso
concreto se acrediten.
43. En el presente asunto y tal como lo tuvo por demostrado el tribunal, el
accionante sufrió “cicatrices en economía corporal con moderado defecto
estético sin limitación funcional”, las cuales, según las pruebas del proceso,
si bien no representaban una limitación funcional, sí configuran una
afectación física por el defecto en sus tejidos, la cual debió ser valorada por
el juez ordinario. Además, en virtud del principio de libertad probatoria, para
determinar la gravedad o levedad de la lesión se puede acudir a cualquier
medio de prueba previsto en la ley21, entre ellos el acta de calificación de
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de Unificación de 28 de
agosto de 2024, expediente 28804.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 4 de
abril de 2024, Radicado 11001-03-15-000-2023-07515-00.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06650-01
Demandante: Alexander Giraldo López y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca
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capacidad laboral u otros medios idóneos, de manera que el tribunal no
podía ignorar el criterio técnico establecido en dicha acta ni exigir otro
medio de prueba para acreditar alguno de los criterios fijados por la
jurisprudencia unificada.
44. En consecuencia, para la Sala también se configuró el defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente respecto del daño a la
salud. Por ello, se accederá a la solicitud de amparo y se ordenará que en
la sentencia se profiera un nuevo pronunciamiento que tenga en cuenta los
referentes indemnizatorios de la jurisprudencia unificada y el porcentaje de
disminución de capacidad laboral de la víctima directa.
2.4. Conclusiones
45. Con fundamento en las razones expuestas, la Sala revocará el fallo de
primera instancia y, en su lugar, declarará la improcedencia de la acción
de tutela respecto del defecto fáctico y amparará los derechos
fundamentales al debido proceso e igualdad en relación con el defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente. Dejará sin efectos
únicamente las órdenes que revocaron los perjuicios morales de la madre y
los hermanos, así como el daño a la salud de la víctima directa, contenidas
en la Sentencia de 12 de septiembre de 2024, proferida por la Subsección A
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el
proceso de reparación directa Rad. 11001-33-36-037-2018-00195-01, y
ordenará rehacer la actuación conforme a los lineamientos establecidos en
la parte motiva de esta sentencia.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 27 de enero de 2025, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que negó el
amparo solicitado, y en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de
tutela respecto del defecto fáctico y AMPARAR los derechos fundamentales
al debido proceso e igualdad de los accionantes en relación con el defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente, con fundamento en los
motivos dados.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06650-01
Demandante: Alexander Giraldo López y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca
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SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia de 12 de septiembre de 2024,
proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en el proceso de reparación directa Rad.
11001-33-36-037-2018-00195-01, únicamente en lo relacionado con las
órdenes que revocaron los perjuicios morales de la madre y los hermanos,
así como el daño a la salud de la víctima directa, y, en consecuencia,
ORDENAR a dicha autoridad judicial que profiera una nueva decisión, en la
cual atienda lo expuesto en la presente providencia.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin22.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
22 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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