Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06247-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06247-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-06247-00
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
9 de diciembre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06247-00
Accionante: Gabriel Uripe Hincapié Cataño y otros
Se concede el amparo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá, D. C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06247-00
Accionantes: Gabriel Uripe Hincapié Cataño y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Reparación directa por lesiones /
Perjuicios morales / Daño a la salud / Defecto fáctico / Desconocimiento de las reglas
jurisprudenciales / Se concede el amparo, pues la autoridad judicial accionada desconoció
lo establecido en las providencias del 28 de agosto de 2014 y se niega frente al defecto
fáctico.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La sala resuelve la acción de tutela presentada por Gabriel Uripe Hincapié Cataño,
Magnolia del Socorro Cataño Yarce, Norelly del Carmen Cataño, Maricela del
Socorro Hincapié Cataño, Francy Verónica Cataño Yarce y Hernán Darío Hincapié
Orrego contra la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2023 por la Subsección
A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del
proceso de reparación directa adelantado por los actores contra la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015,
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta corporación.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06247-00
Accionante: Gabriel Uripe Hincapié Cataño y otros
Se concede el amparo
1.- El 15 de noviembre de 2024 Gabriel Uripe Hincapié Cataño, Magnolia del
Socorro Cataño Yarce, Norelly del Carmen Cataño, Maricela del Socorro Hincapié
Cataño, Francy Verónica Cataño Yarce y Hernán Darío Hincapié Orrego
presentaron, mediante apoderado judicial, una acción de tutela para obtener la
protección de sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia,
igualdad y debido proceso. Los accionantes consideran que esas garantías
fundamentales fueron vulneradas por la sentencia proferida el 30 de noviembre de
2023 por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que modificó la decisión del 3 de noviembre de 2021 proferida por
la Sección Tercera del Juzgado 38 Administrativo del Circuito de Bogotá que
accedió a las pretensiones de la demanda de reparación directa con radicado
11001-33-36-038-2018-00298-00/01, adelantado por los accionantes contra la
Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.
2.- Los accionantes formularon las pretensiones que se transcriben a continuación:
<<Solicito con todo respeto honorables consejeros, se amparen los derechos
constitucionales fundamentales al acceso a la administración de justicia, al derecho
a la igualdad, al derecho al debido proceso y al derecho fundamental a obtener una
reparación integral conculcados por la sentencia del 30 de noviembre de 2023,
notificada por medios electrónicos el 6 de diciembre de la misma anualidad, del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, donde
fuere ponente la honorable magistrada, Dra. Bertha Lucy Ceballos Posada, y por
medio de la cual se modificó la sentencia de primer grado del 03 de noviembre de
2021, proferida por el Juzgado Treinta y Ocho (38) Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, disponiendo que en su lugar que se profiera dentro de un término
razonable providencia de reemplazo que adopte las actuaciones necesarias
tendientes a mantener las directrices de las sentencias de unificación del Consejo
de Estado, en especial las determinadas en las sentencias del 23 de agosto de 2012
y la Sentencia unificadora del 14 de agosto de 2014 con estricto respeto a los
derechos fundamentales protegidos>>.
B. Hechos
3.- El 25 de junio de 2016 el señor Gabriel Uripe Hincapié Cataño sufrió un accidente
mientras conducía una motocicleta en el kilómetro 21+300 de la vía Pasto –
Mojarras (Nariño), al ser impactado por una camioneta de la Policía Nacional.
3.1.- En el Informe Policial de Accidentes de Tránsito 000012820 del 25 de junio de
2016, elaborado por las autoridades de Movilidad del departamento de Nariño, se
indicó que el vehículo automotor invadió el carril contrario y colisionó de frente con
la motocicleta en la que se transportaba el señor Gabriel Uripe Hincapié Cataño.
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Accionante: Gabriel Uripe Hincapié Cataño y otros
Se concede el amparo
3.2.- Como consecuencia del accidente, el señor Gabriel Uripe Hincapié Cataño fue
trasladado a un centro asistencial, adonde ingresó con <<trauma en miembro
superior e inferior izquierdo, cadera y región cervical>>. También se le
diagnosticaron traumatismos múltiples y relacionados, traumatismos en cadera y
muslo, muñeca y mano. A causa de dichas lesiones recibió atención médica hasta
el 12 de febrero de 2018.
3.3.- El señor Hincapié Cataño fue valorado por el Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses el 28 de junio, el 12 de julio, el 19 de agosto y el 3 de
octubre de 2016 y el 7 de febrero de 2017. En estas valoraciones se le dio una
incapacidad laboral definitiva de 85 días y unas <<secuelas médico legales>>.
3.4.- El señor Gabriel Uripe Hincapié Cataño y su grupo familiar1 presentaron una
demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional, para que se le declarara patrimonialmente responsable de los perjuicios
materiales (lucro cesante consolidado y futuro) e inmateriales (perjuicios morales y
daño a la salud) causados con ocasión de las lesiones sufridas por el señor Hincapié
Cataño.
3.5.- Mediante sentencia del 3 de noviembre de 2021 la Sección Tercera del
Juzgado 38 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá accedió a las pretensiones
de la demanda. Indicó que en el dictamen pericial rendido por el médico especialista
en salud ocupacional y medicina laboral José William Vargas Arenas, se estableció
que el señor Hincapié Cataño tuvo una incapacidad permanente parcial del 38.64%,
con fecha de estructuración 25 de junio de 2016.
a. Afirmó que se trataba de un daño antijurídico, pues el señor Hincapié Cataño
padeció unas lesiones dolorosas que limitaron su movilidad durante la
convalecencia y que perduran en la actualidad, debido a su condición de
incapacidad permanente parcial, tal como se constató en el informe pericial de
clínica forense y en el dictamen pericial allegado al proceso de reparación directa.
b. Expuso que ni el señor Hincapié Cataño ni sus familiares se encontraban en la
obligación de soportar el daño, pues su motocicleta y el vehículo oficial con el que
colisionó se desplazaban en carriles contrarios, y si cada uno de ellos hubiese
conservado su carril, el accidente no se hubiera producido.
1 Magnolia del Socorro Cataño Yarce (madre) y Norelly del Carmen Cataño, Maricela del Socorro Hincapié
Cataño, Francy Verónica Cataño Yarce y Hernán Darío Hincapié Orrego (hermanos).
3
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Accionante: Gabriel Uripe Hincapié Cataño y otros
Se concede el amparo
c. Añadió que el daño antijurídico era imputable a la Nación - Ministerio de Defensa
– Policía Nacional, pues ocurrió como consecuencia de la invasión del carril
contrario por parte de la camioneta de propiedad de la entidad demandada,
presuntamente por exceso de velocidad en una vía húmeda, lo que ocasionó la
pérdida de control del vehículo automotor. Resaltó que si bien no existía certeza de
esto último, la demandada no demostró una causa extraña tendiente a romper el
nexo de causalidad frente al daño padecido por la víctima.
d. En consecuencia, reconoció los perjuicios morales2 de los demandantes de
conformidad con lo dispuesto en la sentencia del 28 de agosto de 2014 proferida
por la Sección Tercera del Consejo de Estado e indicó que para los familiares que
se encuentran en los niveles 1 y 2 establecidos en esa sentencia, no era necesario
probar el padecimiento moral.
e. Negó los perjuicios por lucro cesante consolidado pues el señor Hincapié Cataño
se desempeñaba como soldado profesional del Ejército Nacional y, a la fecha, se
encontraba en servicio activo sin ningún detrimento de las prestaciones salariales.
Reconoció el lucro cesante futuro porque el señor Hincapié Cataño está obligado a
su retiro como miembro del Ejército Nacional a los 45 años, oportunidad en la que
saldrá del mercado laboral con limitaciones en su dinámica corporal.
d. Reconoció el perjuicio por daño a la salud3.
3.6.- La parte demandada apeló la decisión4. Mediante sentencia del 30 de
noviembre de 2023 la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca modificó la decisión de primera instancia, en el
sentido de (i) reducir la suma a indemnizar por perjuicios morales frente al señor
Hincapié Cataño y negar la indemnización a la madre y los hermanos de la víctima;
(ii) reducir la suma a indemnizar por concepto de daño a la salud y (iii) negar la
indemnización por lucro cesante.
2 A Gabriel Uripe Hincapié Cataño y a su madre Magnolia del Socorro Cataño les reconoció 60 SMLMV. A sus
hermanos les reconoció una indemnización equivalente a 30 SMLMV, para cada uno.
3 En un monto de 60 SMLMV.
4 Controvirtió el reconocimiento de indemnización por concepto de perjuicios morales, daño a la salud y lucro
cesante futuro, pues el señor Hincapié Cataño pertenece a las Fuerzas Militares, por lo que debió realizarse la
Junta Médico Laboral o en su defecto, la Junta Regional de Calificación de Invalidez, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 42 de la Ley 100 de 1993. Expuso que no había lugar al reconocimiento del lucro cesante
futuro porque el señor Hincapié Cataño recibirá una asignación de retiro cuando cumpla los 45 años, y porque
la alegada disminución de la capacidad laboral no fue impedimento para que continuara con sus labores de
soldado profesional.
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Accionante: Gabriel Uripe Hincapié Cataño y otros
Se concede el amparo
a. Expuso que, contrario a lo indicado en la sentencia de primera instancia, la
disminución de la capacidad laboral no constituye una tarifa legal para establecer la
indemnización de los perjuicios, pues lo determinante es el fundamento fáctico y
probatorio del caso concreto a partir de los medios de prueba que obren en el
expediente para establecer la gravedad del daño.
b. Señaló que la cuantificación del perjuicio moral debe ser proporcional al daño y
debe tener en cuenta las circunstancias particulares del caso. Añadió que como el
señor Hincapié Cataño tiene como secuela una perturbación funcional de su
miembro inferior izquierdo, reconocería una suma de 40 SMLMV por concepto de
perjuicios morales; sin embargo, frente a la madre y los hermanos de la víctima,
afirmó que no se acreditó la ocurrencia de un perjuicio moral, pues no se allegó
ninguna prueba que acreditara el dolor, la aflicción o el sentimiento de congoja por
parte de aquellos.
c. Frente al daño a la salud, indicó que se configuró una alteración a la salud y al
desempeño de las actividades cotidianas del señor Hincapié Cataño, por lo que
reconoció una indemnización de 40 SMLMV.
d. Finalmente, respecto del lucro cesante señaló que el señor Hincapié Cataño
permaneció como soldado profesional activo, por lo que no se acreditó una
afectación de su capacidad productiva. En consecuencia, revocó el reconocimiento
de la indemnización por ese concepto.
3.7.- Los accionantes presentaron un recurso extraordinario de unificación
jurisprudencial. Mediante providencia del 7 de mayo de 2024 la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado rechazó el recurso por improcedente.
C. Fundamentos de la vulneración
4.- Los accionantes señalan que:
4.1.- La autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico, pues valoró
indebidamente el dictamen de pérdida de capacidad laboral, el cual fue practicado
y sometido a la debida contradicción por parte de la demandada.
4.2.- Alegan que el hecho de que la víctima siguiera prestando sus servicios al
Ejército Nacional no significa que el daño no sea cierto y determinado, sino que por
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Accionante: Gabriel Uripe Hincapié Cataño y otros
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el resto de su vida probable tendrá que trabajar con una capacidad de trabajo inferior
a los demás en el porcentaje calificado, con el esfuerzo, desgaste y dificultad que
ello implica. Por estas razones, consideran que merece la indemnización por lucro
cesante consolidado y futuro que fue negado en la sentencia.
4.3.- Afirman que no se valoraron los registros civiles de nacimiento válidamente
aportados con la demanda, que acreditaron el parentesco de la víctima con su
madre y sus hermanos.
4.4.- La autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo porque no
tuvo en cuenta el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, que dispone que la valoración
de los daños atenderá a los principios de reparación integral y equidad y observará
los criterios técnicos actuariales.
4.5.- Se configuró un desconocimiento del precedente jurisprudencial, pues la
providencia cuestionada contraría los criterios de unificación jurisprudencial
establecidos en las sentencias del 23 de agosto de 2012 y el 28 de agosto de 2014
respecto del daño moral y su presunción para el núcleo familiar cercano.
D. Oposiciones e intervenciones
5.- La Sección Tercera del Juzgado 38 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá
(tercero con interés) allegó el expediente digital del proceso de reparación directa.
6.- La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (accionado) solicitó que se declarara la improcedencia de la acción
de tutela por incumplimiento del requisito de inmediatez y relevancia constitucional.
7.- El Ministerio de Defensa – Policía Nacional (tercero con interés) solicitó que se
negara el amparo, pues no se vulneraron los derechos fundamentales invocados
por los actores.
II. CONSIDERACIONES
8.- La sala negará el amparo frente al defecto fáctico alegado y concederá el amparo
de los derechos fundamentales invocados por los accionantes frente a todo lo
demás. En consecuencia, dejará sin efectos la sentencia de segunda instancia
proferida el 30 de noviembre de 2023 por la Subsección A de la Sección Tercera
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06247-00
Accionante: Gabriel Uripe Hincapié Cataño y otros
Se concede el amparo
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el proceso de reparación directa
con radicado 11001-33-36-038-2018-00298-01.
E. Se encuentran satisfechos los requisitos generales que habilitan la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
9.- Los requisitos generales se cumplen pues: (i) los accionantes indicaron de
manera clara los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el asunto
es de evidente relevancia constitucional porque se afirma la vulneración de los
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, debido proceso
e igualdad y se identificaron los vicios o defectos en los que habría incurrido la
providencia acusada (desconocimiento del precedente jurisprudencial, defecto
sustantivo y defecto fáctico); (iii) se encuentra cumplido el requisito de
subsidiariedad porque los actores utilizaron todos los mecanismos judiciales a su
alcance para obtener la protección de sus derechos fundamentales; incluso,
acudieron al recurso extraordinario de unificación para exigir el cumplimiento de los
parámetro fijados por el Consejo de Estado en una sentencia de unificación; sin
embargo, el recurso fue rechazado por la cuantía, de ahí que el término para
interponer la tutela se contará a partir de la fecha de notificación del auto (iv) la
solicitud se presentó en un término prudencial (inmediatez), puesto que la
providencia mediante la cual se rechazó el recurso extraordinario de unificación
jurisprudencial se notificó el 15 de mayo de 2024 y la tutela se presentó el 15 de
noviembre de 2024, es decir, dentro del término de los seis meses precisado tanto
por esta Corporación5 como por la Corte Constitucional6; y (v) no se trata de una
decisión proferida en sede de tutela.
10.- Se evidencia que el recurso extraordinario de unificación fue presentado por los
accionantes en término, de manera que no es posible concluir que pretendían revivir
el término de la inmediatez de la acción de tutela; por el contrario, esta fue
presentada oportunamente.
F. La autoridad judicial accionada realizó una valoración integral de las
pruebas allegadas al proceso de reparación directa
11.- Los accionantes afirman que se configuró un defecto fáctico en tanto, a su
juicio, se valoró indebidamente el dictamen de pérdida de capacidad laboral para
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-
01(IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6 Corte Constitucional, sentencia T-031 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06247-00
Accionante: Gabriel Uripe Hincapié Cataño y otros
Se concede el amparo
efectos del reconocimiento del lucro cesante y la autoridad judicial accionada no
señaló la razón para dejar sin sustento ese elemento de prueba.
11.1.- No obstante, la sala evidencia que la autoridad judicial accionada sí valoró la
referida prueba. El tribunal afirmó que, si bien se aportó un dictamen pericial en
relación con la disminución de la capacidad laboral del señor Hincapié Cataño en el
que se estableció que este tuvo una pérdida del 38.64%, se acreditó que
permaneció ejerciendo su labor como soldado profesional del Ejército Nacional.
11.2.- Además, expuso que al expediente de reparación directa se aportaron los
desprendibles de nómina mensual de soldados de abril y agosto de 2016 y de junio
y septiembre de 2017 correspondientes al señor Hincapié Cataño y que el señor
Carlos Alberto Penagos Villa, en su declaración rendida en el proceso, expuso que
la víctima continuaba como soldado profesional activo.
11.3.- De conformidad con lo anterior, la autoridad judicial accionada indicó que el
lucro cesante se orienta a reparar la afectación de la capacidad productiva frustrada
por el daño antijurídico. Sin embargo, como el señor Hincapié Cataño permaneció
laborando como soldado profesional activo, no se encontró acreditada una
afectación de su capacidad productiva, máxime cuando no tuvo detrimento alguno
en sus prestaciones salariales.
11.4.- Por esta razón, la sala evidencia que la autoridad judicial accionada concluyó
razonablemente que no debía reconocerse al señor Hincapié Cataño la
indemnización por lucro cesante, en tanto el accionante no se encuentra
desprotegido y no tuvo una disminución salarial con ocasión de la pérdida de
capacidad laboral del 38.64%.
11.5.- De otro lado, los accionantes alegan que la autoridad judicial accionada omitió
la valoración de los registros civiles de nacimiento de los demandantes. Frente a
este punto, se evidencia que el tribunal accionado sí valoró los referidos registros
civiles, de los cuales se evidenció que el señor Hincapié Cataño es hijo de la señora
Magnolia del Socorro Cataño Yarce y de Gabriel Hincapié Pérez y hermano de
Norelly del Carmen Cataño, Maricela del Socorro Hincapié Cataño, Francy Verónica
Cataño Yarce y Hernán Darío Hincapié Orrego.
11.6.- Sin embargo, frente a los perjuicios morales de la madre y hermanos de la
víctima, afirmó que no se acreditó la ocurrencia de un perjuicio moral, pues no se
allegó ninguna prueba que acreditara el dolor, la aflicción o el sentimiento de
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06247-00
Accionante: Gabriel Uripe Hincapié Cataño y otros
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congoja por parte de aquellos o, en su defecto, algún medio probatorio que
permitiera inferir el trato familiar o afectivo existente entre ellos. Esta determinación
no corresponde a una afectación por falta de valoración probatoria sino a la
ausencia de pruebas en relación con ese perjuicio; sin embargo, este argumento
será analizado en el siguiente acápite, pues la sala evidencia que no se trata de una
afectación por un defecto fáctico, sino que tal razocinio guarda relación con el
desconocimiento de las reglas jurisprudenciales sobre la presunción del perjuicio
moral frente a la madre y los hermanos.
G. La autoridad judicial accionada desconoció las reglas jurisprudenciales
dispuestas en las sentencias del 28 de agosto de 2014 (expedientes 31172 y
31170)
12.- Los accionantes alegan que en la providencia cuestionada se incurrió en
desconocimiento de las reglas jurisprudenciales al reducir el monto de los perjuicios
morales reconocidos en la sentencia de primera instancia y al negar el
reconocimiento de los perjuicios morales de la madre y los hermanos de la víctima
directa.
12.1.- La sala advierte que en la sentencia proferida el 28 de agosto de 2014
(expediente 31172) la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado
unificó su jurisprudencia frente a los perjuicios morales a reconocer a la víctima
directa y sus familiares en caso de lesiones personales.
12.2.- En dicha providencia se fijó como referente de la liquidación del perjuicio
moral, en los eventos de lesiones, la valoración de la gravedad o levedad de la
lesión reportada por la víctima, así:
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5
Gravedad Víctima Relación Relación Relación Relaciones
de la directa y afectiva del 2º afectiva del 3º afectiva del 4º afectivas no
lesión relaciones de de de familiares –
afectivas consanguinidad consanguinidad consanguinidad terceros
conyugales y o civil (abuelos, o civil o civil damnificados
paterno – hermanos y
filiales nietos)
SMLMV SMLMV SMLMV SMLMV SMLMV
Igual o 100 50 35 25 15
superior al
50%
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Accionante: Gabriel Uripe Hincapié Cataño y otros
Se concede el amparo
Igual o 80 40 28 20 12
superior al
40% e
inferior al
50%
Igual o 60 30 21 15 9
superior al
30% e
inferior al
40%
Igual o 40 20 14 10 6
superior al
20% e
inferior al
30%
Igual o 20 10 7 5 3
superior al
10% e
inferior al
20%
Igual 10 5 3.5 2.5 1.5
superior al
1% e
inferior al
10%
12.3.- De conformidad con lo anterior, la sala evidencia, en primer lugar, que la
autoridad judicial accionada no consideró lo establecido en dicha providencia, pues
pese a que en esta se estableció que cuando la gravedad de la lesión es igual o
superior al 30% e inferior al 40%, a la víctima directa y a su madre les
correspondería una indemnización de 60 SMLMV por concepto de perjuicios
morales. El tribunal accionado indicó que como el señor Hincapié Cataño tiene como
secuela una perturbación funcional de su miembro inferior izquierdo, resultaba
procedente el reconocimiento de 40 SMLMV. No obstante, la gravedad de su lesión
es igual o superior al 30% e inferior al 40%, pues en el dictamen pericial aportado
en el proceso de reparación directa se dispuso que la pérdida de capacidad laboral
del afectado era de 38.64%.
12.4.- Además, la autoridad judicial accionada indicó que la madre y los hermanos
de la víctima no acreditaron la ocurrencia de un perjuicio moral. La sala advierte que
la autoridad judicial accionada desconoció lo dispuesto por el Consejo de Estado
frente a la reparación de los perjuicios morales, en los cuales se ha establecido que
se presume la aflicción en los familiares en grados más cercanos a la víctima directa
(segundo grado de consanguinidad y primero civil).
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06247-00
Accionante: Gabriel Uripe Hincapié Cataño y otros
Se concede el amparo
12.5.- Al respecto, esta corporación ha dicho que existe una presunción de los
perjuicios morales causados a los parientes de la víctima del daño que se encuentra
sustentada en la lesión y que el hecho de que el parentesco se encuentre acreditado
es un indicio para la configuración de dicho perjuicio en los parientes hasta segundo
grado de consanguinidad y primero civil, a saber, padres, hermanos, abuelos e hijos
del afectado.
12.6.- Por lo anterior, la sala evidencia que la autoridad judicial accionada erró al
negar la indemnización por concepto de perjuicios morales a la madre y a los
hermanos de la víctima con el argumento de que no se probó la aflicción.
12.7.- Por otra parte, la sala evidencia que, frente al daño a la salud, en la
providencia cuestionada se reconoció al señor Hincapié Cataño un monto de 40
SMLMV. Sin embargo, esta corporación ha establecido que se debe tener en cuenta
la gravedad y naturaleza de la lesión padecida, e indicó que, cuando la gravedad es
igual o superior al 30% e inferior al 40%, el monto a indemnizar a la víctima es de
60 SMLMV, tal como se realizó en la sentencia de primera instancia.
12.8.- De acuerdo con lo expuesto, la sala evidencia que la autoridad judicial
accionada no dio aplicación a los criterios dispuestos en las sentencias de
unificación proferidas el 28 de agosto de 2014 para efectos de la indemnización de
los perjuicios morales y el daño a la salud.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: AMPÁRANSE los derechos fundamentales invocados por los
accionantes frente a los reparos relacionados con el desconocimiento de las reglas
jurisprudenciales y NIÉGASE el amparo frente al defecto fáctico alegado.
SEGUNDO: DÉJASE SIN EFECTOS la sentencia del 30 de noviembre de 2023
proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en el proceso de reparación directa con radicado 11001-33-36-038-
2018-00298-01.
TERCERO: ORDÉNASE a la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca dictar, dentro de los diez (10) días siguientes a la
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06247-00
Accionante: Gabriel Uripe Hincapié Cataño y otros
Se concede el amparo
notificación de esta providencia, una nueva sentencia que se ajuste a lo dispuesto
en la parte motiva de la presente decisión.
CUARTO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
QUINTO: Si esta decisión no fuere impugnada dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
SEXTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
12
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