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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02021-00

Fecha
30 de mayo de 2025
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02021-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Declarar improcedente la petición de amparo respecto del cargo por defecto fáctico, en relación con la valoración probatoria que condujo a la autoridad judicial accionada a negar el perjuicio material en su modalidad de daño emergente. SEGUNDO. Amparar los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, a la salud, a la integridad física y a la reparación integral de los señores Luis Fernando, Miguel Ángel y Miguel Eduardo Suárez Pérez; Filadelfio Antonio Suárez Clemente, Dari del Carmen Pérez Salcedo y Felipa María Clemente Santero, vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, en lo relativo a los perjuicios por daño a la salud y lucro cesante. TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, dejar sin efectos la sentencia de 27 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, en el proceso de reparación directa con radicado 11001-33-43-065-2020-00242-01, para que, en el término de treinta (30) días, contado a partir de la notificación del presente fallo, profiera una providencia de reemplazo en la que valore el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar, con miras al reconocimiento del daño a la salud y el lucro cesante reclamados, según lo señalado en las consideraciones de este fallo. CUARTO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-02021-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

30 de mayo de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02021-00
Demandante: Luis Fernando Suárez Pérez y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02021-00
Demandante: LUIS FERNANDO SUÁREZ PÉREZ Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Procede estudio de
fondo porque se acreditó el cumplimiento de los requisitos generales / DEFECTO FÁCTICO
– Se configura en este caso, porque la autoridad judicial no valoró en forma adecuada e
integral las pruebas que acreditaban el daño a salud y el lucro cesante.

La Sala1 decide la acción de tutela instaurada por los señores Luis Fernando, Miguel
Ángel y Miguel Eduardo Suárez Pérez; Filadelfio Antonio Suárez Clemente, Dari del
Carmen Pérez Salcedo y Felipa María Clemente Santero contra la Subsección A de
la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

1. El 7 de abril de la presente anualidad, los señores Luis Fernando, Miguel Ángel y
Miguel Eduardo Suárez Pérez, Filadelfio Antonio Suárez Clemente, Dari del Carmen
Pérez Salcedo y Felipa María Clemente Santero interpusieron acción de tutela
contra la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales de acceso
a la administración de justicia, a la salud y a la integridad física2, con ocasión de la
sentencia proferida el 27 de febrero de 20253, en el proceso de reparación directa
con radicado 11001-33-43-065-2020-00242-01. Formularon las siguientes
pretensiones (transcripción textual):

1
Se advierte que el 30 de abril de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente,
para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2
Los accionantes también consideraron desconocido el principio de prevalencia del derecho
sustancial sobre las formalidades.
3
De entrada, se advierte que la providencia cuestionada tiene fecha del 27 de febrero de 2024, sin
embargo, según lo afirmó la parte demandante, en realidad fue proferida el 27 de febrero de 2025,
por lo que, consultado el sistema de información judicial SAMAI, la Sala observa que la mencionada
sentencia se registró, el 27 de febrero de 2025, en el índice 15 del referido expediente electrónico,
luego se concluye pudo tratarse de un error de digitación durante la proyección de la sentencia.

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1

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02021-00
Demandante: Luis Fernando Suárez Pérez y otros

1. Declarar que mediante la sentencia de fecha 27 de febrero de 2025. Proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera Subsección
A, bajo el Radicado No. 11001-33-43-065-2020- 00242-01 donde fungen como
demandante: LUIS FERNANDO SUAREZ PEREZ Y OTROS y como
demandado: NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL,
se vulneraron los siguientes derechos fundamentales de mis poderdantes:
error en la valoración de las pruebas, negación del acceso a la
administración de justicia, desconocimiento del precedente judicial,
derecho a la salud y a la integridad física.

2. Dejar sin efecto la sentencia de segunda instancia Proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera Subsección A, bajo el
Radicado No. 11001-33-43-065-2020-00242-01 donde fungen como
demandante: LUIS FERNANDO SUAREZ PEREZ Y OTROS y como
demandado: NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL,
por la violación de los derechos fundamentales antes señalados.

3. Emitir una nueva sentencia en el proceso de la referencia, donde se
modifique la sentencia y se ordene indemnización de perjuicios ocasionados a
Luis Fernando Suarez Pérez en la modalidad de perjuicio material y el perjuicio
en salud se le reconozcan los 20 salarios mínimos legales mensuales vigente
de acuerdo a los lineamientos del H. Consejo de Estado.

4. En caso de no proceder la petición anterior, Ordenar al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que emita una nueva sentencia, en el proceso
de la referencia, donde que declare la responsabilidad administrativa de la
demandada por los daños ocasionados en la modalidad de perjuicio material
a la víctima directa es decir a Luis Fernando Suarez Pérez y el perjuicio en
salud se le reconozcan los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes al
joven Luis Fernando Suarez Pérez de acuerdo a los lineamientos del H.
Consejo de Estado.

2. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes

3. En ejercicio del medio de control de reparación directa, los señores Luis
Fernando, Miguel Ángel y Miguel Eduardo Suárez Pérez; Filadelfio Antonio Suárez
Clemente, Dari del Carmen Pérez Salcedo y Felipa María Clemente Santero
demandaron a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, con el fin de
que se les declarara administrativa y patrimonialmente responsables por las
lesiones que sufrió el primero de los demandantes - fractura de la epífisis superior
de la tibia y herida de la rodilla derecha, con diagnóstico específico de fractura de la
tuberosidad de la tibia derecha – mientras prestaba el servicio militar obligatorio, lo
que le generó una disminución de la capacidad laboral del 18.78%.

4. Al proceso se le asignó el radicado 11001-33-43-065-2020-00242-00 y
correspondió, por reparto, al Juzgado 65 Administrativo de Bogotá, que, en
sentencia del 30 de mayo de 2023, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda. El a quo argumentó que, en el caso en concreto, se probó el daño
antijurídico que consistió en las lesiones que sufrió el señor Luis Fernando Suárez,
mientras prestaba el servicio militar obligatorio, motivo por el que accedió a la
reparación de los perjuicios morales con fundamento en un régimen de

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Demandante: Luis Fernando Suárez Pérez y otros

responsabilidad objetiva, pero negó las pretensiones respecto de los perjuicios
materiales (daño emergente y lucro cesante) y del daño a la salud.

5. Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación. Allí
afirmó que, con el dictamen de la Junta de Calificación Médico Laboral, se acreditó
la existencia del grave perjuicio a la salud que padece el señor Suárez Pérez y que
devino del accidente laboral del que fue víctima mientras se encontraba prestando
el servicio militar obligatorio, por lo que tal afectación era imputable a las entidades
demandadas.

6. En cuanto al perjuicio material, en su modalidad de daño emergente y lucro
cesante, alegó que aquel estaba probado con el acta del grupo de caballería
Mecanizado No.10 «General Gabriel Reveiz Pizarro», en virtud de la cual, se realizó
un examen médico de evacuación y se hizo referencia a que el señor Suárez Pérez
presentaba una herida en la rodilla, razón por la cual fue calificado como «no apto».
De manera que, a su juicio, la lesión no fue sólo una cicatriz, sino que constituía una
secuela que afectaba considerablemente la vida laboral de la víctima.

7. Mediante sentencia del 27 de febrero de 2025, la Subsección A de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca4 modificó la sentencia de
primera instancia, en el sentido de adicionar la condena en relación con el daño a
la salud, para lo cual reconoció a la víctima directa la suma equivalente a 7 SMLMV.

8. Para el ad quem, pese a que el dictamen de la Junta Regional de Calificación de
Invalidez determinó que el demandante tenía una pérdida de capacidad laboral
correspondiente al 18.78%, lo cierto es que allí se hizo referencia a varias lesiones,
a saber: i) fractura de la epífisis superior de la tibia, ii) herida de la rodilla, iii)
deficiencias por disestesia secundaria a neuropatía periférica o lesión de médula
espinal y dolor crónico somático y iv) deficiencias por alteración de las extremidades
superiores e inferiores.

9. Con fundamento en lo anterior, argumentó que, sin desconocer que en el acápite
de los hechos se hizo referencia a un dolor de espalda generado a causa de una
afectación a la médula espinal, lo cierto es que en el expediente no obraba
manifestación alguna relacionada con los diagnósticos por disestesia secundaria a
neuropatía o lesión en la médula espinal, ni con la afectación del sistema central y
periférico, calificados por la Junta Regional de Calificación de Invalidez en el
dictamen rendido durante el proceso.

10. De modo que, para efectos de tasar el perjuicio a la salud, no podía tenerse en
cuenta el porcentaje que se le otorgó al diagnóstico denominado «deficiencias por
disestesia secundaria a neuropatía periférica o lesión de médula espinal y dolor

4
Providencia con salvamento de voto de la magistrada Beatriz Teresa Galvis Bustos, quien se apartó
del razonamiento mayoritario por considerar que el reconocimiento de la indemnización por concepto
de daño a la salud debió realizarse teniendo en cuenta la totalidad de la pérdida de capacidad laboral
determinada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, es decir, sobre el 18.78% y no, como
lo consideró la Sala mayoritaria, únicamente respecto del porcentaje por la deficiencia denominada
«alteración de miembros inferiores».

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Demandante: Luis Fernando Suárez Pérez y otros

crónico somático», pues, insistió tales afecciones no fueron alegadas por la parte
demandante.

11. En ese sentido, afirmó que teniendo en cuenta que, desde la presentación de la
demanda, la parte actora hizo referencia únicamente al daño generado con ocasión
de la herida por proyectil de arma de fuego en su rodilla derecha y que, en el
dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, se otorgó una pérdida
de capacidad laboral del 7% a la deficiencia «por alteración de miembros inferiores»,
sólo sobre tal porcentaje se realizaría la tasación de los perjuicios.

12. Asimismo, argumentó que, si bien en la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 20145 se asignaron unos montos indemnizatorios en relación con los
rangos porcentuales correspondientes a la gravedad de la lesión, lo cierto es que
allí no se determinó la forma en la que el juez de la reparación debe aplicar las
tablas y los criterios establecidos, luego, de conformidad con el principio de
proporcionalidad y en atención a los criterios de la lógica y la sana crítica , realizó
una operación matemática en virtud de la cual razonó: «si el 10% de incapacidad
laboral equivale a una indemnización correspondiente a 10 SMLMV, entonces el 7%
de incapacidad equivale una indemnización de 7 SMLMV».

13. Con fundamento en lo anterior, reconoció al señor Luis Fernando Suárez Pérez,
en su calidad de víctima directa, la suma equivalente a 7 SMLMV, por concepto de
daño a la salud.

14. Por otro lado, indicó que no había lugar al reconocimiento de los perjuicios
materiales solicitados, como quiera que la parte demandante no acreditó su
causación.

15. Concretamente, en lo atinente al daño emergente, señaló que en el recurso de
apelación no se expuso ningún argumento dirigido a controvertir las razones que
condujeron al juez de primera instancia a negar las pretensiones relativas a dicho
perjuicio. Además, indicó que, en todo caso, en el expediente no obraba prueba
alguna que diera cuenta de que el demandante hubiera recibido tratamientos
médicos o que hubiera incurrido en una pérdida económica como consecuencia del
accidente que originó el daño.

16. Ahora bien, aclaró que, en criterio de la Sala Mayoritaria, no debe reconocerse
el lucro cesante únicamente con fundamento en el dictamen de pérdida de
capacidad laboral, pues dicha prueba documental debe ser valorada en su
integridad junto con las otras pruebas aportadas al proceso y «en virtud del principio
de independencia judicial y sana crítica».

17. Por lo anterior, precisó que el Acta Regional de Calificación de Invalidez que
dictaminó la pérdida de capacidad laboral del señor Luis Fernando Suárez Pérez no
resultaba suficiente para sostener que las lesiones que se le generaron como

5
Exp. 25000-23-26-000-2000-00340-01 (28832), M.P. Danilo Rojas Betancourth.

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consecuencia del accidente fueran «restricciones de tipo laboral», en otras palabras,
no generaba certeza de que la víctima estuviera «en imposibilidad de trabajar».

18. Adicionalmente, sostuvo que el acta de examen médico de evaluación en el que
se calificó al señor Suárez Pérez como «no apto», hace referencia exclusivamente
a las actividades de orden militar, más no, a las ordinarias y era simplemente un
«examen médico de evacuación que se realiza a los soldados que se retiran del
servicio».

19. En el escrito de tutela, la parte actora adujo que la providencia del 27 de febrero
de 2025 adolece de defecto fáctico, por «error en la valoración probatoria». En su
criterio, el Tribunal accionado pasó por alto que en el expediente quedó acreditado
que el señor Suárez Pérez padece una «limitación funcional evidente, real, obvia y,
grave» y que los tres diagnósticos calificados por la Junta de Regional de
Calificación de Invalidez fueron ocasionados a raíz del accidente de trabajo.

20. Además, expuso que sólo tuvo certeza sobre los efectos del daño - es decir,
acerca de las otras lesiones que devinieron con ocasión de éste y que no eran
notables a simple vista- luego de que se realizara el dictamen médico de la Junta
Regional de Calificación de Invalidez. Por lo tanto, la exigencia del Tribunal
accionado, en cuanto a que en la demanda se no se especificaron los diagnósticos
de disestesia secundaria a neuropatía o lesión a médula espinal, ni tampoco los
relacionados con el sistema nervioso central y periférico, resultaba excesiva y
vulneraba sus derechos fundamentales.

21. Agregó que es evidente y lógico que la lesión inicial de la rodilla, causada por
un disparo con arma de fuego, hubiera generado también otras secuelas o lesiones.
De manera que, la interpretación y valoración probatoria efectuada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en la sentencia censurada vulnera su derecho a
una reparación integral y desconoce el principio de primacía del derecho sustancial
sobre las formas jurídicas.

22. En conclusión, afirmó que la providencia atacada es una «decisión judicial
injusta», porque: i) no se le otorgó el monto indemnizatorio establecido en la
sentencia de unificación, conforme al porcentaje de disminución en el perjuicio en
salud, pues, de acuerdo con los criterios fijados en dicha providencia, debía
reconocérsele, por este concepto, la suma correspondiente a 20 SMLMV y ii) como
quiera que se negó el reconocimiento de los perjuicios materiales en la modalidad
de daño emergente y lucro cesante, bajo el argumento de que no se probó que la
lesión del 18.75% le afectara en su desempeño laboral.

B. Trámite impartido e intervenciones

23. Mediante auto del 9 de abril de 20256, el despacho sustanciador del proceso
admitió la acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal

6
SAMAI, índice 7.

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Administrativo de Cundinamarca y vinculó al ministro de Defensa Nacional y al
comandante general del Ejército Nacional, en calidad de terceros con interés.
Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

24. La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca7 pidió que se declarara improcedente la petición de amparo, por
considerar que los argumentos expuestos por la parte accionante están dirigidos a
controvertir las razones que se esgrimieron en la providencia censurada y no están
relacionados con la supuesta vulneración de los derechos fundamentales de los
accionantes, motivo por el que, según afirmó, carece de relevancia constitucional.

25. Ahora bien, en relación con el defecto fáctico, indicó que en la providencia
atacada no se incurrió en una indebida valoración probatoria, pues las
inconformidades planteadas en el escrito de amparo coinciden, en su integridad,
con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, sobre los cuales, según
afirmó, se emitió el pronunciamiento de segunda instancia.

26. Agregó que no resulta aceptable que la parte actora afirme no haber tenido
conocimiento del Acta de la Junta Médico Laboral al momento de presentar la
demanda. En consecuencia, tampoco es admisible que, mediante la presente
acción constitucional, se pretenda controvertir un medio de prueba que fue
debidamente aportado al plenario y, por lo tanto, conocido por los sujetos
procesales.

27. Así, luego de reiterar los argumentos expuestos en la providencia del 27 de
febrero de 2025, expuso que las inconformidades de los accionantes están
relacionadas con el resultado de la valoración probatoria, campo restringido para el
juez de tutela, salvo que se evidencie que el juez natural incurrió en irracionalidad o
capricho, circunstancias que no se presentan en este caso.

28. Finalmente, señaló que no existe una posición jurisprudencial unificada sobre el
valor probatorio del acta de la Junta Médico Laboral para acreditar el reconocimiento
del perjuicio material en la modalidad de lucro cesante. De modo que, la tesis de la
Sala Mayoritaria consiste en que como quiera que el referido medio de prueba no
es suficiente para demostrar la existencia del mencionado perjuicio, aquel debe ser
valorado junto a otros medios de convicción que permitan establecer con certeza
que las lesiones de la víctima generan una frustración de la expectativa objetiva de
remuneración antes del daño.

29. Por lo tanto, dado que en el caso de estudio no existían otros elementos de
prueba permitieran establecer con certeza que el señor Luis Fernando Suárez
Pérez, presentaba dificultad para caminar y/o alguna afectación funcional que le
impidiera trabajar, y tampoco sobre si las afecciones de las que adolece tiene alguna
incidencia en su actividad laboral o económica en actividades de tipo común, no
había lugar a efectuar el reconocimiento del lucro cesante.

7
SAMAI, índice 11.

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30. El Juzgado 65 Administrativo de Bogotá8 allegó copia digital del expediente
de reparación directa con radicado 11001-33-43-065-2020-00242-00/01, pero no se
pronunció respecto de la petición de amparo.

31. El Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional y la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado no intervinieron, pese a que fueron debidamente notificados del
auto admisorio de la demanda.

II. CONSIDERACIONES
C. Competencia

32. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37 del
Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de
2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).

D. Problema Jurídico

33. En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los
requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional para la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales. Sólo en el evento de que se
cumplan tales exigencias, se abordará el fondo del asunto, con el fin de establecer
si la providencia del 27 de febrero de 2025 adolece de defecto fáctico, por indebida
valoración probatoria y, por ende, con ella se vulneraron los derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia, a la salud y a la integridad
física de los accionantes.

E. Análisis de la Sala

Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

34. Inmediatez: la tutela cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que la
sentencia de segunda instancia fue proferida el 27 de febrero de 2025 y notificada
el 4 de marzo siguiente, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 7 de
abril del año en curso, esto es, dentro de los seis meses siguientes a su expedición.
Este término resulta razonable, sin necesidad de determinar la fecha de notificación
de la sentencia de segundo grado.

35. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.

36. Subsidiariedad9. La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro
medio de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la

8 SAMAI, índice 10.
9
En este acápite, la Sala acoge y reitera las consideraciones de la Sección Cuarta de esta
Corporación, expuestas, entre otras, en las siguientes providencias de tutela: (i) sentencia del 1º de

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configuración de un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección
debe ser idónea y eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o
amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe
perjuicio irremediable y, de concurrir, concederá el amparo impetrado.

37. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un
campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de
protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer
que la Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales
igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

38. El asunto que se estudia cumple el requisito de subsidiariedad, porque se
agotaron los medios disponibles en el proceso ordinario y porque las razones que
sustentan los defectos alegados no encajan en las causales previstas en la ley para
la procedencia de los recursos extraordinarios.

39. Relevancia constitucional. Esta Subsección ha sido consistente en estimar
que el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar
los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la
providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga i) una carga
argumentativa mínima y ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia
o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

40. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente10 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni
en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en
juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada
especialidad.

41. La tutela sólo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de
marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el simple
señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino porque,
en efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha desbordado el
alcance de un derecho fundamental.

42. Al revisar las premisas expuestas por la parte demandante, la Sala concluye
que la solicitud de amparo posee relevancia constitucional, por cuanto se discute la
vulneración de derechos de raigambre superior, como los de: acceso a la
administración de justicia, a la salud y a la integridad física, a través de argumentos

junio de 2016 (expediente 2015-03373-00), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y (ii) sentencia
del 1º de junio de 2017 (expediente 2017-00150-00), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (e).
10
Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.

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que advierten sobre un posible análisis equivocado de las pruebas que condujo a
desconocer la existencia y acreditación del daño a la salud y el lucro cesante.

43. Lo anterior, por cuanto la autoridad judicial accionada negó el reconocimiento
de las pretensiones relativas al daño a la salud y a los perjuicios materiales, bajo el
argumento de que el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de
Invalidez, por sí mismo, no daba cuenta de una afectación a la actividad laboral y
económica del demandante y en la medida en que en el mismo sólo se otorgó un
7% de pérdida de capacidad laboral al diagnóstico de deficiencia por alteración a
los miembros inferiores, único daño que fue reclamado en la demanda.

44. Para los accionantes, dicha decisión incurrió en una indebida valoración
probatoria, porque únicamente con la referida prueba técnica se tuvo conocimiento
de que el hecho dañoso generó otras lesiones que no eran perceptibles a simple
vista pero que, no sólo están íntimamente relacionadas con el hecho que originó el
daño, sino que, además, provienen de él de manera directa.

45. En ese sentido, y dado que de demostrarse lo anterior se estaría ante una
decisión que impuso a los demandantes una barrera injustificada para acceder a la
administración de justicia, en el caso en concreto, la Sala estima necesario realizar
el análisis de fondo del cargo planteado en la demanda. Además de que, en el
evento en que se configurara el defecto endilgado, a la providencia censurada, dicho
yerro tendría tal incidencia en ella que podría alterar el sentido de la decisión, con
el fin de garantizar la justicia material y la reparación efectiva e integral de las
víctimas.

F. Análisis de los defectos alegados

46. En la demanda se acusó a la autoridad judicial accionada de haber incurrido en
defecto fáctico, por «error en la valoración probatoria» y vulneración al principio
constitucional de primacía del derecho sustancial sobre las formalidades.
Puntualmente, alegó que el Tribunal accionado desconoció que el medio de prueba
pericial practicado en el curso del proceso no sólo estaba encaminado a acreditar
las lesiones que sufrió el señor Luis Fernando Suárez Pérez con ocasión de un
accidente laboral ocurrido mientras prestaba servicio militar obligatorio, sino que,
además, tenía el objeto de determinar las secuelas a futuro, es decir, en su sentir,
el referido documento acreditaba también el perjuicio material en su modalidad de
lucro cesante.

47. Adicionalmente, sostuvo que el Tribunal accionado incurrió en un yerro al negar
la reparación del perjuicio a la salud con fundamento en el porcentaje total de
pérdida de capacidad laboral que se le dictaminó al señor Suárez Pérez, pues obvió
que las otras lesiones, específicamente las relacionadas con los diagnósticos de
disestesia secundaria a neuropatía y las afecciones del sistema nervioso central y
periférico, devenían lógicamente de la lesión principal y, evidente es decir, de la
herida en la rodilla.

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48. Con fundamento en lo anterior, pidió que se dejara sin efectos la sentencia del
27 de febrero de 2025 y que se ordenara a la Subsección A de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que dictara una providencia de
reemplazo «se ordene indemnización de perjuicios ocasionados a Luis Fernando
Suarez Pérez en la modalidad de perjuicio material y el perjuicio en salud se le
reconozcan los 20 salarios mínimos legales mensuales vigente de acuerdo a los
lineamientos del H. Consejo de Estado».

49. En primer lugar, la Sala precisará que, de acuerdo con la doctrina y la
jurisprudencia, los perjuicios materiales están compuestos por dos conceptos: el
lucro cesante y el daño emergente. El lucro cesante constituye, como bien lo indicó
el Tribunal accionado en la providencia censurada, la expectativa objetiva de
remuneración que se ve frustrada por la ocurrencia del daño antijurídico, mientras
que, el daño emergente, por su parte, tiene que ver con los gastos y/o pérdidas que
afectaron el patrimonio de la víctima al momento en el que se generó el siniestro.

50. Así las cosas, de entrada, la Sala debe aclarar que, en relación con el perjuicio
material en la modalidad de daño emergente, no se advierte configurado el defecto
fáctico alegado por los accionantes, porque, como se explicará, la valoración
probatoria y la definición que del litigio realizó la Subsección A de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sobre ese punto en específico, es
absolutamente razonable, proporcional, adecuada y coherente con el objeto de la
controversia.

51. En efecto, se observa que la parte actora solicitó por concepto de daño
emergente que se ordenara a la demandada «continuar los tratamientos médicos y
demás procedimientos que sean necesarios para la recuperación de esta lesión»,
sin embargo, como acertadamente lo consideró la autoridad judicial accionada en
la sentencia atacada, es deber de la parte demandante acreditar la causación del
referido perjuicio. Luego, resulta apenas razonable que no hubiera lugar al
reconocimiento alguno por dicho concepto si en el expediente no obraba ningún
elemento de convicción que le permitiera al juez establecer que la víctima recibió
algún tratamiento médico o que con ocasión del daño aquella tuvo que incurrir en
algún gasto, que, en consecuencia, hubiera generado para ella una pérdida de tipo
económico, afectando así su patrimonio.

52. Surge entonces evidente la conclusión de que la negativa del reconocimiento
del daño emergente encontró su fundamento en que la parte actora no cumplió la
carga de acreditar su causación, sumado al hecho de que como lo indicó el Tribunal
accionado, si bien en el recurso de apelación se solicitó revocar la sentencia de
primera instancia y, en su lugar, acceder al reconocimiento el mencionado perjuicio,
lo cierto es que la parte recurrente no expuso ningún argumento dirigido a sustentar
su petición, ni a controvertir los motivos que fundamentaron la decisión impugnada
en ese punto.

53. Ahora bien, es necesario precisar que en el escrito de amparo tampoco se
esgrimieron argumentos tendientes a demostrar que sí se probó la causación del

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daño emergente, pues la parte actora se limitó a solicitar que en el fallo de
reemplazo se otorgara el reconocimiento de los «perjuicios materiales» – lo que,
como se indicó antes, incluye los conceptos de daño emergente y lucro cesante -.

54. En los términos expuestos, resulta imperativo concluir que el cargo por defecto
fáctico, en relación con el reconocimiento de perjuicios materiales en la modalidad
de daño emergente, no está llamado a prosperar. En primer lugar, porque carece
de relevancia constitucional, pues la decisión censurada en ese punto específico es
razonable, proporcional y adecuada y, en segundo lugar, en la medida en que la
demanda carece una carga argumentativa mínima para cuestionar su validez.

55. No ocurre lo mismo, sin embargo, con el cargo por indebida apreciación
probatoria del dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, para
acreditar el daño a la salud que padece el demandante y la causación de los
perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante. Eventos en los que, como
se explicará a continuación, la Sala encuentra que el reproche de los accionantes
está llamado a prosperar.

56. En efecto, el objeto del proceso de reparación directa apuntaba a que se
declarara la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación - Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional por los daños que padecieron los demandantes, a raíz
de las lesiones que sufrió el joven Luis Fernando Suárez Pérez en su integridad
física, mientras se encontraba prestando el servicio militar obligatorio.

57. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A,
negó el reconocimiento de la indemnización solicitada a título de daño a la salud y
lucro cesante, por cuanto, en su criterio, no se acreditaron esos perjuicios en el
proceso.

58. Al valorar el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez que se
le practicó al señor Suárez Pérez, el ad quem argumentó que, aunque allí se
dictaminó una pérdida de capacidad laboral del 18.78%, lo cierto es que como la
parte demandante hizo referencia exclusivamente a la lesión en su rodilla derecha,
sólo había lugar a reconocer el porcentaje de pérdida correspondiente a la
deficiencia denominada «alteración de miembros inferiores», pero no lo relativo a la
afectación por disestesia secundaria a neuropatía, la lesión en la médula espinal ni
la afección al sistema nervioso central y periférico. Asimismo, indicó que la
mencionada prueba documental no permitía establecer con certeza que las
secuelas anotadas tenían alguna incidencia en actividades laborales o económicas
del demandante, de índole no militar.

59. Sin embargo, revisado el expediente y el dictamen referido, la Sala observa que
el razonamiento anterior no atiende a criterios de validez, en tanto denota
claramente un análisis fragmentado de la prueba aportada y desconoce los
supuestos de hecho que se acreditaron a través de dicho medio de convicción.

60. En efecto, se observa que en el proceso de reparación directa se aportó y
practicó el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Bolívar del

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13 de septiembre de 2022. El informe pericial determinó que el señor Luis Fernando
Suárez Pérez tiene una incapacidad permanente parcial y una disminución de su
capacidad laboral del 18.78%.

61. Del dictamen referido se destacan las siguientes anotaciones (la transcripción
es literal y puede incluir errores):

Valoraciones del calificador o equipo interdisciplinario.

Fecha: 06/09/2022. Especialidad: Medicina Laboral.

Sabanal - Córdoba - 22 años Paciente remitido por Juzgado Sesenta y Cinco
Administrativo Del Circuito Judicial De Bogotá DC sección tercera, para
dictamen pericial para que esta JRCI valore las lesiones sufridas por el joven
Luis Fernando Suárez Pérez, se determine grado de invalidez, calificación
de origen y el porcentaje de pérdida de capacidad laboral.

Suceso. 20-08/2019. remitido de unidad militar en contexto de herida por arma
de fuego a nivel de miembro inferior derecho cargo de centinela en calidad de
prestación del servicio militar, cuando se le sale al compañero el tiro del arma
al ingresara al otra sección. Con fractura de la tibia derecha, con manejo
conservador con yeso por ortopedia en Saravena. Arauca. Se encontraba a casi
3 meses de su salida.

A la fecha refiere dolor leve a moderado en zona lateral externa de rodilla
derecha, se exacerba con la marcha prolongadas y cuclillas. Examen físico:
cicatriz sana a nivel de sitio de ingreso y salida del proyectil zona lateral externa
rodilla derecha., con rest ama para la flexión completa del rodilla ipsilateral.
AP: niega.

Otros conceptos técnicos:
CC 1007640781 - Luis Fernando Suarez Pérez.

Masculino de 22 años. Diestro. No labora desde el evento ocurrido Ingresó al
ejército a los 18 años, para seguir en carrera militar.

Sufrió accidente: mientras se encontraba prestando Centinela y estaban
pasando un grupo de compañeros y a uno de ellos se le escapo un tiro de la
escopeta. Con impacto a nivel M inferior derecho. Con fractura de tibia der. El
disparo entró y salió. Con dolor y limitación funcional. Limita posturas de pie.

Con episodios de dolor en cara lateral superior M inf der
Con limitación para correr, limita levantar pesos. Con sensación punzante
en pierna der
Nunca ha laborado. Limita agacharse.

(…)
6. Fundamentos para la calificación del origen y/o de la pérdida de capacidad
laboral y ocupacional Título I – Calificación / Valoración de las deficiencias
Diagnósticos y origen

(…)
CIE Diagnóstic Diagnóstico Fecha Orige
10 o específico n
S8 Fractura de Fractura de Accid
21 la epífisis la ente
superior de tuberosidad de
la tibia

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de la tibia trabaj
derecha o
S8 Herida de la derecha Accide
10 rodilla nte de
trabajo

Deficiencias
(…)
Capítulo 12. Deficiencia por disestesia secundaria a neuropatía periférica
o lesión de médula espinal y dolor crónico somático.
Valor: 15.00%
Capítulo 14. Deficiencia por alteración de miembros inferiores Valor:
7.00%
Valor final de la combinación de deficiencias sin ponderar 20.95%
(…)
Calculo final de la deficiencia ponderada % (…) 10.48%

Título II Valoración del rol laboral, rol ocupacional y otras áreas ocupacionales
Rol laboral
(…)
Sumatoria rol laboral, autosuficiencia económica y edad 7,00%
Calificación otras áreas ocupacionales (AVD)

(…) Sumatoria total de otras áreas ocupaciones 1.3%
Valor final título II 8.30%

7. Concepto final del dictamen

Valor final de la deficiencia (Ponderado) Titulo I 10.48%

Valor final rol laboral, ocupacional y otras áreas ocupacionales – Titulo II 8,30%

Pérdida de la capacidad laboral y ocupacional (Título I + Título II) 18,78%
(…)

Nivel de pérdida: Incapacidad permanente parcial.
Ayuda de terceros ABC y AVD: no aplica.
Enfermedad de alto costo/catastrófica: no aplica.
Enfermedad degenerativa: no aplica.
Requiere de dispositivos de apoyo: no aplica.
Enfermedad progresiva: no aplica.”

62. El dictamen aludido demuestra, de manera clara e irrefutable, las afecciones en
la salud padecidas por el accionante, que incluso le significaron una disminución de
su capacidad laboral, de forma permanente, tanto así que a casi de tres meses de
finalizar la prestación del servicio sufrió una herida con arma de fuego a nivel del
miembro inferior derecho que, a su vez, le causó una fractura de la tibia con dolor
y limitación funcional. La constatación de ese hecho evidencia, por sí sola, la
valoración defectuosa en la que incurrió el Tribunal, al concluir que no se demostró
un daño a la salud, aludiendo para ello a argumentos que distan de lo realmente
acreditado en el proceso. De hecho, además del dictamen de la Junta Regional de
Calificación de Bolívar, se aportaron al expediente de reparación directa otros
medios de convicción que daban cuenta de las lesiones que sufrió el accionante en
su integridad física, entre estos, el informe administrativo por lesión 022 del 30 de
octubre de 2019, la constancia del 22 de marzo de 2020, suscrita por el
Administrador de Talento Humano Grupo de Caballería Mecanizado No. 18 «Gr

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Gabriel Reveiz Pizarro», las historias clínicas del hospital del Sarare del 20 de
agosto y del 10 de septiembre de 2019.

63. Desconoció el Tribunal que el daño a la salud se corresponde con cualquier
lesión o alteración a la unidad corporal o psicológica de la persona, de carácter
permanente o temporal. Ciertamente, la sentencia de 28 de agosto de 201411, que
unificó el criterio empleado por la Sección Tercera del Consejo de Estado respecto
del daño a la salud, acogió la definición de la «afectación o limitación a la integridad
psicofísica de la persona», encaminado a cubrir «no sólo la modificación de la
unidad corporal sino las consecuencias que las mismas generan, razón por la que,
sería comprensivo de otros daños como el estético, el sexual, el psicológico, entre
otros».

64. En dicha providencia de unificación se resaltó que:

[E]l concepto de salud comprende diversas esferas de la persona, razón por la
que no sólo está circunscrito a la interna, sino que comprende aspectos físicos
y psíquicos, por lo que su evaluación será mucho más sencilla puesto que ante
lesiones iguales corresponderá una indemnización idéntica12. Por lo tanto, no
es posible desagregar o subdividir el daño a la salud o perjuicio fisiológico
en diversas expresiones corporales o relacionales (v.gr. daño estético, daño
sexual, daño relacional familiar, daño relacional social), pues este tipo o clase
de perjuicio es posible tasarlo o evaluarlo, de forma más o menos objetiva, con
base en el porcentaje de invalidez decretado por el médico legista. El daño a
la salud se repara con base en dos componentes: i) uno objetivo determinado
con base en el porcentaje de invalidez decretado y ii) uno subjetivo, que
permitirá incrementar en una determinada proporción el primer valor, de
conformidad con las consecuencias particulares y específicas de cada persona
lesionada. (resaltado propio)

65. El Tribunal optó por referenciar una sentencia también proferida el 28 de agosto
de 201413, en la que la Sección Tercera de esta Corporación, unificó lo concerniente
a la tasación y liquidación del perjuicio moral. En esa providencia se estudió el daño
a la salud pretendido por la parte demandante, pero se mencionó que su
reconocimiento y tasación debía atender los criterios fijados en la sentencia de
unificación de la misma fecha, en el expediente 31.170, y, sin efectos de
unificación, se mencionó que el operador judicial debía tener en cuenta las
siguientes variables para la reparación del daño a la salud:

• La pérdida o anormalidad de la estructura o función psicológica, fisiológica o
anatómica (temporal o permanente)

11
Consejo de Estado, Sección Tercera, rad. 05001-23-31-000-1997-01172-01(31170), M.P. Enrique
Gil Botero. En esta decisión se acogieron los criterios contenidos en las sentencias de unificación
del 14 de septiembre de 2011, proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en los
procesos con radicado interno 19.031 y 38.222, en torno a la noción y alcance del daño a la salud.
12
Original de la cita: Este estado de cosas no sólo deja la sensación de desorden, sino que también
crea desigualdades entre víctimas, cuyos intereses aparecen, en igual medida, dignos de
protección; así pues, el problema de fondo es el de establecer los límites, que deben ser “límites
razonables”, determinados sí, en términos jurídicos. CORTÉS, Édgar Ob. Cit. Pág. 57.
13
Consejo de Estado, Sección Tercera, rad. 50001-23-15-000-1999-00326-01(31172), M.P. Olga
Mélida Valle de la Hoz.

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• La anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u otra
estructura corporal o mental.
-La exteriorización de un estado patológico que refleje perturbaciones al nivel
de un órgano.
• La reversibilidad o irreversibilidad de la patología.
• La restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad normal
o rutinaria.
• Excesos en el desempeño y comportamiento dentro de una actividad normal
o rutinaria.
• Las limitaciones o impedimentos para el desempeño de un rol determinado.
• Los factores sociales, culturales u ocupacionales.
• La edad.
• El sexo.
• Las que tengan relación con la afectación de bienes placenteros, lúdicos y
agradables de la víctima.
• Las demás que se acrediten dentro del proceso.

66. Como se aprecia, las dos sentencias de unificación aludidas fueron diáfanas en
establecer que la reparación del daño a la salud procede ante la afectación o
alteración de la integridad psicofísica de una persona, y su tasación, con fines de
reparación, debe atender los criterios de unificación indicados en la sentencia con
radicado interno 31.170, la que admitió la posibilidad de otorgar una indemnización
superior, en los eventos en los que se demuestre un daño de mayor gravedad o
intensidad. Para esa tarea resultarían pertinentes los criterios enunciados en la
sentencia proferida en el radicado interno 31.172.

67. La Sala advierte que en el caso analizado el Tribunal desconoció el material
probatorio que daba cuenta de que el accidente que sufrió el accionante mientras
prestaba el servicio militar obligatorio, le generó una lesión en su rodilla derecha, la
cual devino lógicamente en el dolor de espalda que refirió desde la presentación de
la demanda; sin embargo, sin justificación alguna la autoridad judicial accionada
ignoró la evidente relación entre las deficiencias anotadas en el dictamen y pasó por
alto que la Junta Regional de Calificación determinó que el origen de ambas
afecciones fue un «accidente laboral».

68. Las lesiones antes referidas, que fueron desconocidas por la autoridad judicial
accionada, le generaron al señor Suárez Pérez secuelas permanentes, consistentes
en «deficiencia por disestesia secundaria a neuropatía periférica o lesión de médula
espinal y dolor crónico somático», la cual consiste en una sensación anormal e
incómoda causada por daño a los nervios periféricos 14. Dicha condición médica
generó tuvo las siguientes consecuencias «con limitación para correr, limita
levantar pesos, con sensación punzante en pierna derecha y limitación para
agacharse», todo lo cual fue ignorado por el Tribunal accionado.

69. De forma inexplicable, la autoridad judicial demandada realizó una valoración
fraccionada del dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de
Bolívar, del que únicamente coligió la disminución de la capacidad laboral del
accionante para desarrollar actividades de la vida militar, sin prestar consideración

14
Información tomada de la Biblioteca Nacional de Medicina «Medline Plus», según consulta
realizada el 16 de mayo de 2025.

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a la valoración médica que le precedió y que de forma incuestionable estableció las
lesiones y secuelas que sufrió el accionante en su integridad física.

70. Llama la atención de la Sala que la decisión de negar el daño a la salud y el
lucro cesante se hubiera fundado, supuestamente, en los lineamientos fijados en la
sentencia de unificación relativa al daño moral, sin reparar en que esa decisión, por
coincidencia, analizó un caso relacionado con las lesiones padecidas por un
conscripto y reconoció indemnización a los demandantes, justamente por concepto
de daño a la salud y perjuicio material en la modalidad de lucro cesante, a partir del
porcentaje de disminución de capacidad laboral dictaminado por la Dirección de
Sanidad, en la respectiva Acta de Junta Médica Laboral, con un incremento en el
caso del daño a la salud, por razón de la grave afectación que padeció la víctima.

71. Aún más, el entendimiento del juzgador accionado, que impuso una especie de
tarifa legal para acreditar la alteración del estado de salud y el lucro dejado de
percibir por la limitación para desarrollar una tarea específica, ignoró la libertad
probatoria con la que cuentan las partes para probar los supuestos de hecho en los
que fundan sus pretensiones y creó una exigencia ficticia, según la cual debería
aportarse una prueba técnica o científica adicional que acreditara la mengua
psicofísica de una persona por cada trabajo que realice o aspire realizar en el futuro.
Cosa distinta es que no se hubiera aportado al proceso ordinario ningún dictamen
de organismo competente para evaluar la pérdida de capacidad sicofísica (Junta
Médico Laboral, Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía o Juntas de
Calificación de Invalidez), caso en el cual, dependiendo de las particularidades de
la controversia, eventualmente podría admitirse como razonable una conclusión
como la que sentó el Tribunal en el sub examine.

72. La interpretación que se hizo del alcance del dictamen de la Junta Regional de
Calificación de Invalidez aportada al proceso, según la cual esa prueba resultaba
idónea para demostrar la disminución de la capacidad para ejecutar tareas de la
vida militar, mas no de la cotidianidad, tampoco se muestra lógica. Ciertamente, la
actividad militar no se reduce al servicio activo en campo, pues comprende múltiples
facetas y abarca distintas áreas, algunas administrativas; además, dicho informe,
aunque calificó al demandante como «no apto» para la actividad militar, de ninguna
manera estableció que las valoraciones y hallazgos anotados, únicamente, fueran
aplicables a las labores que desempeña un soldado regular, por lo que no le era
dable al juzgador efectuar una interpretación restrictiva de ese tipo, para desconocer
las lesiones que se dictaminaron a partir de las valoraciones médicas que recibió el
demandante por parte del organismo competente y que daban cuenta de su
afectación física.

73. En síntesis, la afirmación de la sentencia cuestionada acerca del incumplimiento
de la carga procesal probatoria para acreditar el daño a la salud y el lucro cesante
no se compadece con la realidad, porque en el proceso quedó plenamente
demostrado que el señor Luis Fernando Suárez Pérez sufrió alteraciones en su
integridad física, concretamente, en su espalda y rodilla derecha, las que, debido a
su gravedad, le generaron una disminución en la capacidad sicofísica del 18,78%.

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74. La valoración defectuosa del material probatorio da lugar a la configuración de
un defecto fáctico, en su dimensión negativa.

75. En efecto, de acuerdo con la Corte Constitucional, el defecto fáctico se configura
cuando la autoridad judicial incurre en un «yerro ostensible, flagrante y manifiesto
en el decreto y práctica de pruebas, así como en su valoración, que tenga incidencia
directa en la decisión adoptada»15. Asimismo, ha identificado dos dimensiones: (i)
la positiva, que se configura, por ejemplo, «cuando se valora un elemento probatorio
cuya ilegitimidad impide incluirlo en el proceso» y, (ii) la negativa «que se concreta
cuando se niega la prueba o se valora de manera arbitraria, irracional y caprichosa,
o cuando se omite la valoración y sin razón se da por no probado el hecho»16.

76. En relación con la dimensión negativa, ha precisado la alta corte mencionada,
que uno de los supuestos en los que se configura es cuando se realiza una
valoración por completo equivocada o contraevidente. Al respecto, la Corte ha
considerado lo siguiente:

[…] existe indebida valoración probatoria, entre otros, cuando «i) la autoridad
judicial adopta una decisión desconociendo las reglas de la sana crítica, es
decir, que las pruebas no fueron apreciadas bajo la óptica de un pensamiento
objetivo y racional, ii) realiza una valoración por completo equivocada o
contraevidente, iii) fundamenta la decisión en pruebas que por disposición de
la ley no son demostrativas del hecho objeto de discusión, iv) valora las pruebas
desconociendo las reglas previstas en la Constitución y la ley, v) la decisión
presenta notorias incongruencias entre los hechos probados y lo resuelto, vi)
decide el caso con fundamento en pruebas ilícitas y, finalmente vii) le resta o le
da alcance a las pruebas no previsto en la ley». En otras palabras, se configura
el defecto fáctico por indebida valoración probatoria cuando el juez aprecia y
da valor a elementos materiales probatorios de forma «completamente
equivocada»17.

77. La libertad del fallador para valorar las pruebas conforme a la sana crítica exige
que determine el valor que le da un medio de convicción, que se motive la razón por
la cual le resta eficacia a uno en lugar de otro o, si se presentan varias pruebas con
conclusiones distintas, se ofrezca una explicación razonable del porqué se acoge
una versión en lugar de otra. Esa elección no puede ser caprichosa, sino coherente
con los hechos y los demás medios de prueba. Se requiere, además, que esté
precedida de una motivación convincente, pero, sobre todo, prevalida de un análisis
crítico, que no somero o superficial del contenido de las pruebas.

78. La razonabilidad de la decisión ha sido entendida como el respeto a parámetros
de objetividad, integralidad y coherencia en la valoración de las pruebas y la
conclusión que de ellas se desprende. Se contrapone, así, al concepto de
arbitrariedad. Uno de los eventos que lleva a colegir la configuración del defecto
fáctico es cuando «la conclusión que se extrae de las pruebas que obran en el
expediente es ‘por completo equivocada’. Podría decirse que, en este evento, la

15
Sentencia SU-048 de 2022.
16
Sentencia T-340 de 2023.
17
Sentencia T-340 de 2023.

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decisión puede ser calificada de irracional, toda vez que la conclusión es
diametralmente opuesta -siguiendo las reglas de la lógica- a la que se desprende
del contenido de los materiales probatorios. Esta desproporción podría ser
identificada por cualquier persona de juicio medio»18.

79. En esa medida, si bien toda autoridad judicial cuenta con una amplia libertad en
el ejercicio valorativo, esa libertad no es absoluta, en tanto debe respetar criterios
de racionalidad y razonabilidad.

80. Se insiste en que las conclusiones del Tribunal, en el sentido de que se
incumplió con la carga de la prueba, resultan inaceptables en este caso, por cuanto
no se avizora descuido, dejadez o falta de actividad en el fin perseguido.

81. Obvió dicho juzgador que la parte demandante, en su íntima convicción, desde
la demanda consideró afirmó que la víctima sufría un dolor de espalda, como
consecuencia directa de las limitaciones de movilidad que presentó a raíz del
accidente, distinto es que no hubiera mencionado tal afección con el nombre técnico
que luego determinó el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez
expedido, valga insistir, por organismo competente y que, para los demandantes,
constituía la prueba idónea para establecer la pérdida de la capacidad laboral y la
tasación del daño a la salud y el lucro cesante, expectativa que no estaba
desprovista de razones, de acuerdo con todo lo señalado.

82. Las falencias en la valoración probatoria tienen el alcance de desconocer el
principio y derecho fundamental a la reparación integral19, si se tiene en cuenta que
en el proceso no existía duda del daño, de la imputación ni de las secuelas, sino
una aparente diferencia de criterio para estimar el parámetro de tasación del lucro
cesante y del daño a la salud.

83. En el caso analizado, como se vio, la valoración de las pruebas por el Tribunal
se hizo de manera fragmentada, tanto así que valoró el dictamen de pérdida de
capacidad laboral y fue el parámetro para fijar el monto de los perjuicios a la salud
reconocidos – aunque de manera fraccionada -, en cambio, de forma contradictoria
le restó valor para efectos del lucro cesante, a pesar de la explicación sobre la
existencia de unas lesiones y secuelas.

84. En consecuencia, dada la verificación del defecto fáctico aludido, la Sala
accederá al amparo solicitado.

18
Cita original: «Ferrer, J., (2005). Prueba y verdad en el derecho. Madrid, España. Marcial Pons.
Pág. 43. Sobre la libertad en la valoración, el autor en comento sostiene que: ‘[…] la libertad del juez
para determinar los hechos probados del caso sí está limitada por las reglas generales de la
racionalidad y la lógica, como ha sido también reconocido por la jurisprudencia. Es más, puede
entenderse que ésa es su única limitación, también jurídica. De ese modo, la determinación de los
hechos probados realizada contra las reglas de la lógica o, en general, de la racionalidad supondría
una infracción de la ley: para ello, basta interpretar las reglas que establecen la libre valoración de
la prueba de forma que ordenen la valoración mediante la utilización de la racionalidad general’».
Corte Constitucional, sentencia SU-129 de 2021, M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
19
Ley 446 de 1998. ARTÍCULO 16. Valoración de daños. Dentro de cualquier proceso que se surta
ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas,
atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02021-00
Demandante: Luis Fernando Suárez Pérez y otros

85. Como consecuencia, se dejará sin efectos la sentencia del 27 de febrero de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, en el proceso de reparación directa con radicado 11001-33-43-065-
2020-00242-01, para que, en el término de treinta (30) días, contado a partir de la
notificación del presente fallo, profiera una providencia de reemplazo en la que
valore el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar, con
miras al reconocimiento del daño a la salud y el lucro cesante reclamados.

86. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. Declarar improcedente la petición de amparo respecto del cargo por
defecto fáctico, en relación con la valoración probatoria que condujo a la autoridad
judicial accionada a negar el perjuicio material en su modalidad de daño emergente.

SEGUNDO. Amparar los derechos fundamentales de acceso a la administración
de justicia, a la salud, a la integridad física y a la reparación integral de los señores
Luis Fernando, Miguel Ángel y Miguel Eduardo Suárez Pérez; Filadelfio Antonio
Suárez Clemente, Dari del Carmen Pérez Salcedo y Felipa María Clemente Santero,
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, en lo relativo a los perjuicios por daño a la salud y lucro cesante.

TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, dejar sin efectos la sentencia de
27 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A, en el proceso de reparación directa con radicado
11001-33-43-065-2020-00242-01, para que, en el término de treinta (30) días,
contado a partir de la notificación del presente fallo, profiera una providencia de
reemplazo en la que valore el dictamen de la Junta Regional de Calificación de
Invalidez de Bolívar, con miras al reconocimiento del daño a la salud y el lucro
cesante reclamados, según lo señalado en las consideraciones de este fallo.

CUARTO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.

QUINTO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02021-00
Demandante: Luis Fernando Suárez Pérez y otros

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con salvamento parcial de voto
VF

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