Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06247-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-06247-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de tutela contra providencias judiciales: procede estudio
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06247-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-06247-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
21 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06247-01
Accionante: GABRIEL URIPE HINCAPIÉ CATAÑO Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
-SECCIÓN TERCERA- SUBSECCIÓN A
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES - Procede estudio
de fondo porque se acreditó el cumplimiento de los requisitos generales / DEFECTO
SUSTANTIVO Y FÁCTICO – Se configura en este caso, porque la autoridad judicial
no aplicó las sentencias de unificación establecidas para casos de indemnización
de perjuicios morales y daño a la salud en caso de lesiones.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la parte accionada
en contra de la sentencia del 9 de diciembre de 2024, proferida por la Subsección
B de la Sección Tercera de esta Corporación, que amparó los derechos invocados
por los demandantes.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 15 de noviembre de 2024, Gabriel Uripe Hincapié Cataño, Magnolia del
Socorro Cataño Yarce, Norelly del Carmen Cataño, Maricela del Socorro Hincapié
Cataño, Francy Verónica Cataño Yarce y Hernán Darío Hincapié Orrego
presentaron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A, con el fin de que se protejan sus derechos
fundamentales de acceso a la Administración de Justicia, a la Igualdad, al debido
proceso y a obtener una Reparación Integral.
Hechos relevantes
2. El 25 de junio de 2016, el señor Gabriel Uripe Hincapié Cataño sufrió un accidente
de tránsito, como consecuencia del impacto con un vehículo de propiedad de la
Policía Nacional, que le produjo lesiones en su cuerpo, particularmente en su
extremidad inferior izquierda, y una incapacidad permanente.
3. La víctima y sus familiares presentaron demanda de reparación directa en contra
de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, con el fin de obtener la
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06247-01
Accionante: Gabriel Uripe Hincapié Cataño y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
indemnización de los perjuicios causados. El conocimiento del asunto correspondió,
en primera instancia, al Juzgado 38 Administrativo del Circuito de Bogotá, autoridad
judicial que, en sentencia del 3 de noviembre de 2021, accedió parcialmente a las
pretensiones.
4. La mencionada providencia fue apelada por la Policía Nacional, por lo que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 30 de noviembre
de 2023, la modificó, en el sentido de reducir la condena impuesta y solamente
reconocer perjuicios morales y de daño a la salud a la víctima directa, en un monto
menor al fijado en primera instancia.
5. Los demandantes interpusieron recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia contra el fallo de segunda instancia; sin embargo, este fue rechazado
por esta Corporación, mediante auto del 7 de mayo de 2024, por no cumplirse con
la cuantía establecida para su procedencia.
Pretensiones
6. La parte demandante solicitó lo siguiente:
“se amparen los derechos constitucionales fundamentales al Acceso a la
Administración de Justicia, al Derecho a la Igualdad, al Derecho al Debido
Proceso y al Derecho Fundamental a obtener una Reparación Integral
conculcados por la sentencia del 30 de Noviembre de 2023, notificada por
medios electrónicos el 06 de diciembre de la misma anualidad, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, donde fuere
ponente la Honorable Magistrada, Dra. Bertha Lucy Ceballos Posada, y por
medio de la cual se modificó la Sentencia de primer grado del 03 de noviembre
de 2021, proferida por el Juzgado Treinta y Ocho (38) Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, disponiendo que en su lugar que se profiera dentro de un
término razonable providencia de reemplazo que adopte las actuaciones
necesarias tendientes a mantener las directrices de las Sentencias de
Unificación del Consejo de Estado, en especial las determinadas en las
sentencias del 23 de agosto de 2012 y la Sentencia Unificadora del 14 de agosto
de 2014 con estricto respeto a los derechos fundamentales protegidos”.
Fundamentos de la demanda de tutela
7. En criterio de la parte demandante, la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca desconoció la pérdida de capacidad laboral de la
víctima directa, acreditada, entre otras pruebas, con el dictamen pericial aportado
en el proceso ordinario, y sus implicaciones para el reconocimiento y pago de los
daños materiales, morales y a la salud. En este sentido, sostuvo que la sentencia
incurrió en defecto sustantivo por error en la interpretación de las normas relativas
al pago de perjuicios, y defecto fáctico por indebida valoración probatoria de la
experticia y de los registros civiles de nacimiento que acreditaban el parentesco del
señor Gabriel Hincapié Cataño con su madre y hermanos, con las consecuencias
correspondientes, de cara a la indemnización de los perjuicios inmateriales.
2
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06247-01
Accionante: Gabriel Uripe Hincapié Cataño y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
8. Según se indicó en la demanda, la pérdida de capacidad laboral que afrontó la
víctima resultaba suficiente para aplicar la sentencia de unificación proferida por
esta Corporación el 28 de agosto de 2014 y, por tanto, acceder a los perjuicios
materiales e inmateriales en el tope establecido jurisprudencialmente para la víctima
directa y sus familiares.
Trámite en primera instancia
9. Mediante auto del 21 de noviembre de 20241, el despacho sustanciador admitió
la tutela de la referencia, ordenó notificar a los accionados y dispuso la vinculación
del Ministerio de Defensa – Policía Nacional y del Juzgado 38 Administrativo de
Bogotá.
Intervenciones
10. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
A, a través de la magistrada ponente de la sentencia censurada, afirmó que no se
cumplió con el requisito de inmediatez y lo que pretenden los demandantes es
agotar una instancia adicional para debatir aspectos probatorios o sustanciales2.
11. El Juzgado 31 Administrativo de Bogotá remitió el expediente de reparación
directa 110013336038201800298-00 y no se pronunció respecto de los hechos que
originaron la demanda de tutela3.
12. La Policía Nacional afirmó que no se vulneraron los derechos colectivos de los
demandantes y que, en todo caso, la tutela resulta improcedente, en tanto no se
probó la existencia de perjuicio irremediable.
La sentencia en primera instancia
13. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio de
sentencia del 3 de septiembre de 2024, resolvió:
“PRIMERO: AMPÁRANSE los derechos fundamentales invocados por los
accionantes frente a los reparos relacionados con el desconocimiento de las
reglas jurisprudenciales y NIÉGASE el amparo frente al defecto fáctico alegado.
SEGUNDO: DÉJASE SIN EFECTOS la sentencia del 30 de noviembre de 2023
proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca en el proceso de reparación directa con radicado 11001-33-
36-038- 2018-00298-01.
TERCERO: ORDÉNASE a la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca dictar, dentro de los diez (10) días siguientes
1 Índice 5 de Samai.
2Índice 12 de Samai, gestión en otros despachos.
16RECIBEPRUEBAS_ANEXO20240624700pdf(.pdf) NroActua 12.
3 Índice 10 de Samai, gestión en otros despachos.
3
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06247-01
Accionante: Gabriel Uripe Hincapié Cataño y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
a la notificación de esta providencia, una nueva sentencia que se ajuste a lo
dispuesto en la parte motiva de la presente decisión.
CUARTO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz. QUINTO: Si esta decisión no fuere impugnada dentro de los
tres (3) días siguientes a su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión”.
14. Como fundamento de la decisión sostuvo que no se acreditó el defecto fáctico
alegado, porque el tribunal accionado sí analizó la prueba pericial que obraba en el
expediente; sin embargo, concluyó que no había lugar a reconocer los perjuicios
materiales, a título de lucro cesante futuro, en consideración a que la víctima directa
del daño continuó desempeñándose en el Ejército Nacional, circunstancia que
desvirtuaba la afectación económica derivada de la actividad laboral.
15. Respecto del daño moral y el daño a la salud, manifestó que la providencia
censurada desconoció la pauta jurisprudencial fijada en las sentencias del 28 de
agosto de 2014 (expedientes 31172 y 31170) respecto de esta tipología de
perjuicios, cuando se trata de lesiones personales, dado que no tuvo en cuenta que
la pérdida de capacidad laboral del afectado superaba el 34% y desconoció la
implicación que ello tenía, de cara a la indemnización a la cual tenían derecho la
víctima directa y sus familiares.
La impugnación
16. El tribunal accionado, a través de la magistrada ponente de la sentencia
cuestionada, impugnó el fallo de primera instancia e insistió en que no se vulneraron
los derechos fundamentales de los demandantes ni se desconoció la jurisprudencia
aplicable al caso concreto.
17. Al respecto, sostuvo que en la providencia proferida en sede de reparación
directa se estudió la gravedad de la lesión presentada por el demandante y se llegó
a la conclusión que esta no le impedía desarrollar las actividades propias de su
cargo en el Ejército Nacional, a tal punto que seguía vinculado a la institución.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Acción de tutela contra providencias judiciales
18. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo
de 31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales4.
19. Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena
de la Corporación adoptó los las reglas fijadas por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de esta acción contra
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 31 de julio de 2012,
exp. 2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González.
4
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06247-01
Accionante: Gabriel Uripe Hincapié Cataño y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional
para la protección de derechos fundamentales, como lo señala el artículo 86
superior y, por ende, se consideró que el amparo frente a decisiones judiciales no
puede ser ajeno a esas características5.
20. Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha sostenido que los requisitos
generales para la procedencia del mecanismo de amparo de derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados, son6:
21. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional,
dado que el juez no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia, so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir
a otras jurisdicciones.
• Que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
• Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se haya
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración.
• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora.
• Que la parte actora identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos afectados y que hubiere alegado tal
situación en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.
• Que no se trate de sentencias de tutela.
22. A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala
Plena de esta Corporación, son los siguientes:
• El defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
• El defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014, exp. 2012-02201-01 (IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 23 de
febrero de 2017, exp. 2016-03336-00 (AC), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, entre muchas otras
providencias.
5
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06247-01
Accionante: Gabriel Uripe Hincapié Cataño y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
• El defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
• El defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
• El error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
• La decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
• El desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
• La violación directa de la Constitución Política.
23. Así las cosas, la Corporación ha determinado que le corresponde al juez de
tutela verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal
manera que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura,
por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, los cuales deben ser
alegados por el interesado7.
Caso concreto
24. En el presente asunto, previo a examinar los argumentos de la impugnación, la
Sala advierte que sí se cumplen los requisitos para analizar la controversia, por las
siguientes razones:
• El asunto reviste relevancia constitucional, en tanto tiene características que
permiten interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política y/o determinar el
alcance de un derecho fundamental, no se trata de una discusión meramente legal
o de contenido estrictamente económico y se justificó de manera razonada la
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 7 de
diciembre de 2016, exp. 2016-00134-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 7 de diciembre de 2016, exp.
2016-02213-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp.
2016-02568-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, entre otras.
Corte Constitucional, sentencias SU-556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; SU-542 de
2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; SU-490 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y
SU-659 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
6
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06247-01
Accionante: Gabriel Uripe Hincapié Cataño y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
vulneración de las garantías de los accionantes por cuenta de la decisión judicial
censurada.
• Se cumple con el requisito de inmediatez, dado que, a pesar de que la sentencia
censurada fue proferida el 30 de noviembre de 2023, lo cierto es que, la parte
demandante, a efectos de agotar los mecanismos judiciales que estimaba
pertinentes para controvertir la decisión, interpuso oportunamente el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, el cual fue concedido por el tribunal
accionado; sin embargo, fue rechazado por esta Corporación, mediante auto del 7
de mayo de 2024 -por no cumplir con el requisito de cuantía previsto en el artículo
257.5 del CPACA8-, notificado el 15 del mismo mes y año, motivo por el cual, al
haberse interpuesto la demanda de tutela el 15 de noviembre de 2024, se concluye
que se hizo dentro del plazo de 6 meses, circunstancia que implica el cumplimiento
de este presupuesto para la solicitud de amparo constitucional.
• La carga argumentativa de la demanda permite establecer que se afirmó la
vulneración de derechos fundamentales, sin que haya otro mecanismo procesal
idóneo para su protección.
25. Del análisis del expediente, la actuación hasta aquí adelantada y la impugnación
presentada por la autoridad judicial accionada, resulta razonable concluir que la
controversia gira en torno al estudio que efectuó el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, respecto de la indemnización de
perjuicios con ocasión de las lesiones que sufrió Gabriel Uripe Hincapié Cataño,
como consecuencia de un accidente de tránsito en el que estuvo involucrado un
vehículo oficial.
26. Desde esta perspectiva, lo primero que debe señalar la Sala es que el Juzgado
38 Administrativo de Bogotá accedió parcialmente a las pretensiones formuladas en
el proceso de reparación directa, en los siguientes términos:
“PRIMERO: DECLARAR que la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL – POLICÍA NACIONAL, es administrativa y patrimonialmente
responsable de los perjuicios padecidos por los demandantes, con motivo de
las graves lesiones sufridas por el señor GABRIEL URIPE HINCAPIE
CATAÑO, en hechos ocurridos el 25 de junio de 2016, en la vía Pasto -
Mojarras, kilómetro 21+300, municipio de Chachagüí, (Nariño), cuando fue
embestido por una camioneta perteneciente y conducida por un miembro activo
de la Policía Nacional.
SEGUNDO: CONDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL – POLICÍA NACIONAL, a pagar a los demandantes lo siguiente:
1.- A favor de GABRIEL URIPE HINCAPIÉ CATAÑO (víctima directa) la
cantidad de dinero equivalente a SESENTA SALARIOS MÍNIMOS LEGALES
MENSUALES VIGENTES (60 SMLMV) por concepto de perjuicios morales; la
cantidad de SESENTA SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES
VIGENTES (60 SMLMV) por concepto de daño a la salud; y la suma de
8 Cuatrocientos cincuenta (450) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos de
reparación directa.
7
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06247-01
Accionante: Gabriel Uripe Hincapié Cataño y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL OCHENTA Y
TRES PESOS ($62.409.083.oo) M/CTE., por concepto de lucro cesante futuro.
2.- A favor de MAGNOLIA DEL SOCORRO CATAÑO YARCE (madre) la
cantidad de dinero equivalente a SESENTA SALARIOS MÍNIMOS LEGALES
MENSUALES VIGENTES (60 SMLMV) por concepto de perjuicios morales.
3.- A favor de NORELLY DEL CARMEN CATAÑO, MARICELA DEL
SOCORRO HINCAPIÉ CATAÑO, FRANCY VERÓNICA CATAÑO YARCE y
HERNÁN DARÍO HINCAPIÉ ORREGO (hermanos), la cantidad de TREINTA
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (30 SMLMV) por
concepto de perjuicios morales, para cada uno de ellos (…)”.
27. La sentencia de primera instancia fue apelada por la parte demandada, con el
fin de que se le absolviera de responsabilidad o, en su defecto, se redujera la
indemnización, que estimó excesiva.
28. El tribunal accionado conoció en segunda instancia la controversia y modificó la
sentencia apelada, de la siguiente manera:
“PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 3 de noviembre de 2021, proferida
por el Juzgado Treinta y ocho Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
D.C., la cual quedará así:
PRIMERO: DECLARAR que la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL – POLICÍA NACIONAL, es administrativa y patrimonialmente
responsable de los perjuicios padecidos por los demandantes, con motivo de
las graves lesiones sufridas por el señor GABRIEL URIPE HINCAPIE
CATAÑO, en hechos ocurridos el 25 de junio de 2016, en la vía Pasto -
Mojarras, kilómetro 21+300, municipio de Chachagüí, (Nariño), cuando fue
embestido por una camioneta perteneciente y conducida por un miembro activo
de la Policía Nacional.
SEGUNDO: CONDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL – POLICÍA NACIONAL, a pagar a favor de GABRIEL URIPE
HINCAPIÉ CATAÑO (víctima directa) la cantidad de dinero equivalente a
CUARENTA SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (40
SMLMV) por concepto de perjuicios morales y CUARENTA SALARIOS
MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (40 SMLMV) por concepto de
daño a la salud.
TERCERO: Negar las demás pretensiones de la demanda (…)”.
29. Como se puede observar, en la providencia proferida por el tribunal se revocó
el reconocimiento del perjuicio material, en la modalidad de lucro cesante a favor de
la víctima directa, así como el del daño moral a favor de los familiares de la víctima
directa y se redujo a 40 SMLMV la indemnización para el afectado por los conceptos
de daño moral y a la salud.
30. Para revocar el reconocimiento de la indemnización a título de lucro cesante,
expuso el siguiente razonamiento:
“En ese contexto, la Sala considera necesario indicar que, contrario a lo referido
por el juez de primera instancia, la disminución de la capacidad laboral no
constituye una tarifa legal para establecer la indemnización de los perjuicios;
pues lo determinante es el fundamento fáctico y probatorio del caso concreto a
8
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06247-01
Accionante: Gabriel Uripe Hincapié Cataño y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
partir de los medios de prueba que obren en el expediente para establecer la
gravedad o levedad del daño.
46. Lo anterior adquiere relevancia en el asunto de la referencia, pues si bien
se aportó un dictamen pericial de parte en relación con la disminución de la
capacidad laboral del señor Gabriel Uripe Hincapié Cataño, está acreditado que
permaneció ejerciendo su labor, esto es, la de soldado profesional del Ejército
Nacional.
47. En efecto, al expediente se aportaron los desprendibles de nómina mensual
de soldados de abril y agosto de 2016, junio y septiembre de 2017
correspondientes al señor Hincapié Cataño (fls. 138 a 141, c.1) y el señor Carlos
Alberto Penagos Villa, indicó en su declaración del 9 de julio de 2020 (fls. 225 a
228, c.2), que la víctima continuaba como soldado profesional activo.
48. En concordancia, de la historia clínica se desprende la emisión de
recomendaciones para el reintegro laboral, consistentes en «evitar actividades
de hiperflexión de rodillas (arrodillar, acuchillarse (sic)). Evitar largas jornadas
de pie. Evitar cargar objetos mayores de 10 kg» (evolución médica del 5 de
febrero de 2018 de la especialidad de ortopedia y traumatología de Hospital
Universitario San Vicente de Medellín-Antioquia, fl. 101, c.1).
49. Con base en lo anterior, la alegada disminución de la capacidad laboral que
se alegó en la demanda, no corresponde a un daño indemnizable, en la medida
en que no es cierto ni actual, pues el señor Hincapié Cataño permaneció en el
ejercicio de su labor (…)”.
31. Respecto del daño moral, sostuvo que, a pesar de que el Consejo de Estado
unificó su postura respecto de la tasación de estos perjuicios en caso de lesiones,
resultaba necesario estudiar su magnitud, su origen y sus consecuencias, sin que
ello obedeciera a una labor “mecánica” del juez. Desde esta perspectiva, redujo la
indemnización a favor de la víctima directa y la negó frente a sus familiares, por no
haber acreditado la aflicción padecida por la afectación funcional que afrontó el
señor Gabriel Hincapié Cataño. Sobre el particular, el tribunal sostuvo:
“En ese sentido, la Sección Tercera de esa corporación también ha considerado
que la cuantificación del perjuicio moral debe ser proporcional al daño y tener
en cuenta las circunstancias particulares del origen y las consecuencias de la
lesión, según lo probado en cada caso.
57. Esas condiciones particulares en cada caso significan que la cuantificación
del valor de la indemnización exige un razonamiento del juez y no es una labor
mecánica, sin valorar las circunstancias propias de los hechos probados en el
respectivo proceso.
58. Por lo tanto, tal como se expuso en líneas anteriores, se acreditó que el
señor Gabriel Uripe Hincapié Cataño tiene como secuela una perturbación
funcional de su miembro inferior izquierdo, la Sala considera procedente el
reconocimiento de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como
indemnización por perjuicios morales.
59. No obstante, en lo referente a la madre y hermanos de la víctima, se tiene
que no se acreditó la ocurrencia de un perjuicio moral, pues no fue allegada
ninguna prueba que acreditara el dolor, la aflicción o el sentimiento de congoja
por parte de aquellos o, en su defecto, algún medio probatorio que permita inferir
el trato familiar o afectivo existente entre ellos (…)”.
9
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06247-01
Accionante: Gabriel Uripe Hincapié Cataño y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
32. Finalmente, en lo que atañe al daño a la salud, estimó que los dictámenes
relacionados con la pérdida de capacidad laboral no constituyen una tarifa legal para
su acreditación, de ahí que la valoración probatoria daba lugar a reconocer 40
SMLMV9.
33. Precisado lo anterior, la Sala observa que el motivo de reproche de los
accionantes con la sentencia que puso fin al proceso de reparación directa tiene
que ver con la interpretación equívoca de la sentencia de unificación proferida por
esta Corporación el 28 de agosto de 2014, respecto de la indemnización de los
perjuicios morales y daño a la salud derivados de lesiones y con el rigor probatorio
para el reconocimiento de lucro cesante cuando se presenta una pérdida de
capacidad laboral acreditada a través de la prueba pericial.
34. Con el fin de dirimir la controversia, la Sala advierte que la pérdida de capacidad
laboral del señor Gabriel Hincapié Cataño en un 38.64% fue un aspecto reconocido
por el juez de primera instancia, con las correspondientes consecuencias
indemnizatorias, en tanto que, para el tribunal solamente se consideró la existencia
de una perturbación funcional en su pierna izquierda, circunstancia que dio lugar a
la reducción de la condena.
35. Establecida la calificación de la disminución de la capacidad laboral de la víctima
directa, en tanto la existencia del dictamen pericial no está en discusión, ni hizo
parte de la impugnación, resulta pertinente hacer alusión al criterio unificado por la
Sala Plena de la Sección Tercera de esta corporación en la sentencia del 28 de
agosto de 201410, respecto de la indemnización de perjuicios morales en caso de
lesiones, en virtud del cual se dispuso lo siguiente:
Para el efecto se fija como referente en la liquidación del perjuicio moral, en los
eventos de lesiones, la valoración de la gravedad o levedad de la lesión
reportada por la víctima. Su manejo se ha dividido en seis (6) rangos: (…)
Deberá verificarse la gravedad o levedad de la lesión causada a la víctima
directa, la que determinará el monto indemnizatorio en salarios mínimos. Para
las víctimas indirectas se asignará un porcentaje de acuerdo con el nivel de
relación en que éstas se hallen respecto del lesionado, conforme al cuadro. La
gravedad o levedad de la lesión y los correspondientes niveles se determinarán
y motivarán de conformidad con lo probado en el proceso. Nivel No. 1.
Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno-
filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. Grado
de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes). Tendrán derecho
al reconocimiento de 100 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o
superior al 50%; a 80 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión
sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 60 SMLMV cuando la gravedad
de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 40 SMLMV si la
gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 20 SMLMV
cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al
9 Al respecto, se afirmó: “en el caso concreto, se tiene que de los medios de prueba a los que se
hizo referencia de manera precedente, es viable concluir que se configuró una alteración a la salud
y el desempeño de las actividades cotidianas del señor Gabriel Uripe Hincapié Cataño, por lo que se
reconocerá una indemnización de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por
concepto de daño a la salud” (negrilla del texto original).
10 Consejo de Estado, Sección Tercera, consejera ponente Olga Mélida Valle de De la Hoz,
expediente 50001-23-15-000-1999-00326-01(31172).
10
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06247-01
Accionante: Gabriel Uripe Hincapié Cataño y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
20% y, por último, a 10 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión
sea igual o superior a 1% e inferior al 10%”. Nivel No. 2. Donde se ubica la
relación afectiva, propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos,
hermanos y nietos). obtendrán el 50% del valor adjudicado al lesionado o
víctima directa, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como se
describe: tendrán derecho al reconocimiento de 50 SMLMV cuando la gravedad
de la lesión sea igual o superior al 50%; a 40 SMLMV en los eventos en que la
gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e 8 inferior al 50%; a 30
SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior
al 40%; a 20 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e
inferior al 30%; a 10 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o
superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 5 SMLMV en los eventos en
que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%. (se
destaca).
36. Así las cosas, la Sala observa que el estudio propuesto en la sentencia
cuestionada se apartó de la regla establecida en la sentencia de unificación y no
atendió a criterios jurídicos ni probatorios, sino que refleja una posición subjetiva
respecto del estado de salud de la víctima, en relación con la posibilidad de ejercer
una actividad productiva, lo cual dio lugar a la aplicación del arbitrio judicial en punto
del daño moral y el daño a la salud, a pesar de existir sentencia de unificación sobre
la materia, en una conducta que se aparta del derecho a la reparación integral en
casos de responsabilidad del Estado por lesiones.
37. Dicho de otra manera, como la sentencia del tribunal accionado desconoció una
pauta jurisprudencial, como se concluyó en primera instancia, sin exponer un
argumento suficiente para proceder en tal sentido, se impone concluir que ello
constituye una vía de hecho, como consecuencia de un defecto sustantivo, motivo
por el cual se dejará sin efectos, para que la autoridad judicial profiera una
providencia que se ajuste a la regla fijada por la Sala Plena de la Sección Tercera
de esta Corporación.
38. Respecto del daño a la salud, se advierte que también se desconoció la regla
fijada en la misma fecha -28 de agosto de 2014- por la Sala Plena de la Sección
Tercera frente a este tema, que reiteró la postura de unificación del 14 de
septiembre de 2011, en la que se precisó que existen dos supuestos para reconocer
el daño a la salud, i) el objetivo, que es el porcentaje de pérdida de la capacidad
laboral, y ii) el subjetivo, que sí propende por una carga probatoria, pero únicamente
a efectos de incrementar la indemnización en casos de máxima gravedad del
daño11.
11 Al respecto se puede consultar la sentencia proferida el 5 de junio de 2024 por la Subsección B
de la Sección Segunda de esta Corporación (expediente 11001-03-15-000-2023-07515-01,
consejero ponente Juan Enrique Bedoya Escobar (E). En esa providencia se afirmó que: “(…) por
ende, no era exigible a la parte activa del proceso ordinario, demostrar, además del componente
objetivo -porcentaje de la pérdida de capacidad- uno subjetivo, como lo fuera acreditar la forma en
que se vio afectado el demandante en el desenvolvimiento de su ámbito social, familiar o recreativo;
esto es, las consecuencias del perjuicio; pues, esto último es necesario solo en el evento de que se
persiga incrementar el monto establecido con la valoración objetiva del perjuicio. Ello debido a que
la sentencia de unificación del 14 de septiembre de 2011, determinó que el daño a la salud es
reparable cuando se encuentra alterada la salud del reclamante, con el efecto de resarcirlo,
por lo que objetivamente dicho daño se acredita con el porcentaje de invalidez; lo cual debe
11
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06247-01
Accionante: Gabriel Uripe Hincapié Cataño y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
39. Desde esta perspectiva, resulta cuestionable que el tribunal demandado exigiera
a las víctimas la acreditación de circunstancias adicionales a la lesión y la
consecuente pérdida de capacidad laboral, determinada por autoridad competente,
máxime si se tiene en cuenta que no pretendían una indemnización adicional,
motivo por el cual esa situación desproporcionada también impone ordenar que se
profiera una sentencia de remplazo que tenga en cuenta la jurisprudencia sobre la
materia, apartándose de criterios que no fueron previstos en sede de unificación.
40. Finalmente, en lo que concierne a la indemnización por los perjuicios materiales
en la modalidad de lucro cesante, la Sala comparte el argumento expuesto por el
juez constitucional de primera instancia, en la medida en que hubo una valoración
del material probatorio recaudado, para concluir que no había lugar a
reconocimiento económico por ese concepto, motivo por el cual no se incurrió en el
defecto fáctico alegado y lo que ocurre es que los accionantes pretenden
controvertir nuevamente las conclusiones expuestas por el juez natural de la causa,
lo cual no es posible, desde la óptica de la naturaleza y la finalidad de la acción de
tutela.
41. En este orden de ideas, los argumentos relacionados con la negativa de esa
pretensión configuran más un motivo de disenso con el fallo censurado que una
verdadera configuración de un defecto fáctico, de ahí que el amparo solicitado frente
a este preciso tema no esté llamado a prosperar.
42. Finalmente, en lo que tiene que ver con el defecto fáctico derivado de la indebida
valoración de los registros civiles de nacimiento de los familiares de la víctima, la
Sala estima que lo que ocurrido fue que el razonamiento equivocado de la sentencia
censurada respecto de la acreditación de la pérdida de capacidad laboral, devino
en la inaplicación de la sentencia de unificación para la indemnización de los
perjuicios inmateriales en caso de lesiones, motivo por el cual no se tuvo en cuenta
el parentesco para la tasación de los perjuicios, pero no por una falta de análisis de
las pruebas, sino por el defecto sustantivo en que incurrió el tribunal accionado,
frente al cual se adoptarán las decisiones correspondientes, de acuerdo con lo que
hasta aquí se ha señalado.
43. Por lo anterior, la Sala considera que los argumentos formulados en la
impugnación no están llamados a prosperar, en la medida en que sí se demostró la
afectación de los derechos fundamentales de los demandantes, por cuenta de la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, motivo por el
cual se confirmará el fallo emitido por la Subsección B de la Sección Tercera de
esta Corporación.
ser resarcido por el operador judicial. Además de lo anterior, las referidas sentencias de unificación
no supeditaron el reconocimiento del daño a la salud a la comprobación de sus efectos, como lo
sería demostrar la forma en que se vio afectado el demandante en el desenvolvimiento de su ámbito
social, familiar o recreativo”.
12
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06247-01
Accionante: Gabriel Uripe Hincapié Cataño y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en las consideraciones
que anteceden.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con aclaración de voto
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
13
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.