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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02704-00

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02704-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor Francisco Javier Lagares Espitia, por las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-02704-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

5 de junio de 2025

Demandante: Francisco Javier Lagares Espitia
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A
Rad: 11001-03-15-000-2025-02704-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02704-00
Demandante: FRANCISCO JAVIER LAGARES ESPITIA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A

Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara la
improcedencia por no cumplir el requisito de la
relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la solicitud formulada por la parte actora, en
ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 constitucional y
desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de la Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Francisco Javier Lagares Espitia, actuando en nombre propio,
instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A, con el fin de que le fueran protegidos sus
derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso.

El accionante consideró vulneradas tales garantías con la providencia del 29

1

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Demandante: Francisco Javier Lagares Espitia
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A
Rad: 11001-03-15-000-2025-02704-00

de abril de “2024 (sic)”1, mediante la cual la autoridad judicial modificó el fallo
de primera instancia dentro del proceso de reparación directa instaurado por
el actor y otros contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército
Nacional, sin reconocer el perjuicio moral en 20 smlmv, ni acceder al
reconocimiento por concepto de lucro cesante y perjuicio a la salud. Este
proceso se identificó con el radicado 11001-33-43-062-2019-00235-00/01.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte accionante solicitó:

2.1 Que se protejan nuestros derechos fundamentales a la IGUALDAD y al
DEBIDO PROCESO.

2.2 Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al
accionado, a proferir nuevamente la sentencia de segunda instancia
proferida dentro del proceso radicado bajo el No.
11001334306220190023500, mediante la cual se MODIFICÓ la sentencia
de primera instancia proferida por el Juzgado 62 Administrativo del Circuito
Bogotá y se condenó irrisoriamente al pago de ONCE smlmv a favor del
suscrito.

2.3 Que se ordene al accionado que en el fallo que reemplace la sentencia
cuya anulación se solicita, aplique en debida forma las sentencias de
unificación y las sentencias que sobre el tema de indemnización de
perjuicios observa el Consejo de Estado y todos los Tribunales y Juzgados
Administrativos del país, en especial las SECCIONES B Y C DE LA
SECCIÓN TERCERA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA. Así mismo, que profiera sentencia en los término[s]
indicados en fallo de tutela e incidente de desacato adjuntos, por ser un
caso absolutamente idéntico al ya revisado por el Honorable Consejo de
Estado.

1.3. Hechos

La parte accionante señaló que se encontraba en perfecto estado de salud
cuando ingresó en forma obligatoria a prestar servicio militar al Ejército
Nacional, lo cual se corroboró en los rigurosos exámenes de ingreso a la
institución.

1
En la sentencia demandada se refiere como año de expedición 2024, pero de conformidad
con los datos registrados en el aplicativo Samai, se observa que, el ingreso al despacho para
fallo fue del “11/04/2025” y que se dictó la decisión el “29/04/2025”. Adicionalmente, de las
pruebas aportadas al plenario, se encuentra que en el oficio de la notificación de la
providencia se indicó que esta era de fecha “29/04/2025”, dato que se corrobora en tanto
que el auto que ordenó la remisión del expediente al magistrado que seguía en turno (por
ponencia derrotada) es del 28 de marzo de 2025.

2

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Demandante: Francisco Javier Lagares Espitia
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A
Rad: 11001-03-15-000-2025-02704-00

Mencionó que, durante la prestación del servicio, sufrió de “leishmaniasis”
una enfermedad profesional, tal y como consta en su historia clínica, lo que le
generó sometimiento a tratamiento con «glucantime» y pérdida de capacidad
laboral, de conformidad con el dictamen que obra en el expediente y
elaborado por Sanidad Militar.

Refirió que interpuso demanda de reparación directa contra la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, la cual fue definida en
primera instancia mediante sentencia del 21 de marzo de 2024, en la que el
Juzgado Sesenta y Dos Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de
Bogotá accedió parcialmente a las pretensiones, condenando a la institución
militar al pago de los perjuicios morales por la suma de 11 smlmv.

Expresó que, a su vez, negó el reconocimiento del perjuicio a la salud porque
no se demostró que la secuela padecida por la víctima directa afectara su
vida y además, en el Acta de la Junta Médica no se estableció que estuviera
comprometido funcionalmente; adicionalmente, negó el lucro cesante porque,
pese a las secuelas, no se generó una limitación que le impidiera
desempeñarse en actividades laborales. En dicha providencia se resolvió:

PRIMERO: DECLARAR DE OFICIO la falta de legitimación en la causa por
activa de los demandantes NATALIA ESPITIA ACOSTA, SEBASTIÁN
DAVID VARGAS ESPITIA, CHAIRA VALENTINA VARGAS ESPITIA, LUIS
JAVIER VARGAS ESPITIA, NATALI YOHANA ESPITIA ACOSTA,
LORENSO ESPITIA VILLALBA y CARMEN ACOSTA LÓPEZ, de acuerdo
a lo considerado.

SEGUNDO: DECLARAR administrativamente responsable a la NACIÓN –
MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL por la secuela
adquirida por el señor FRANCISCO JAVIER LAGARES ESPITIA durante la
prestación de su servicio militar, conforme las consideraciones expuestas
precedentemente.

TERCERO: CONDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –
EJÉRCITO NACIONAL a reconocer y pagar por concepto de perjuicios
inmateriales en la modalidad de daño moral a favor del señor FRANCISCO
JAVIER LAGARES ESPITIA una suma equivalente a 11 salarios mínimos
legales mensuales vigentes.

CUARTO: CONDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –
EJÉRCITO NACIONAL al pago de las costas en favor de la parte
demandante, lo cual incluye los gastos procesales y las agencias en
derecho las cuales se tasan en $216.666, de conformidad con la parte
considerativa de la providencia.

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Demandante: Francisco Javier Lagares Espitia
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A
Rad: 11001-03-15-000-2025-02704-00

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, con base en las
consideraciones precedentes.

SEXTO: Una vez ejecutoriado este fallo, previo al archivo del expediente,
por secretaría liquídense los gastos del proceso, en caso de remanentes
devuélvanse al interesado. Pasados dos años, sin que el interesado los
haya reclamado la Secretaría declarara la prescripción de los mismos a
favor del Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de la
Administración Judicial. SÉPTIMO: Liquidados los gastos, ARCHIVAR el
expediente.

Señaló que presentó recurso de apelación contra la anterior decisión, el cual
resolvió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A con decisión del 29 de abril de 2025, así:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de primera instancia de fecha
veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el
Juzgado Sesenta y Dos (62) Administrativo de Bogotá, y en su lugar
quedará así:

‘PRIMERO: DECLARAR DE OFICIO la falta de legitimación en la
causa por activa de los demandantes NATALIA ESPITIA ACOSTA
y/o NATALY YOHANY ESPITIA ACOSTA, SEBASTIÁN DAVID
VARGAS ESPITIA, CHAIRA VALENTINA VARGAS ESPITIA, LUIS
JAVIER VARGAS ESPITIA, NATALI YOHANA ESPITIA ACOSTA,
LORENSO ESPITIA VILLALBA y CARMEN ACOSTA LÓPEZ, de
acuerdo a lo considerado.

SEGUNDO: DECLARAR administrativamente responsable a la
NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL por
la secuela adquirida por el señor FRANCISCO JAVIER LAGARES
ESPITIA durante la prestación de su servicio militar, conforme las
consideraciones expuestas precedentemente.

TERCERO: CONDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA
– EJÉRCITO NACIONAL a reconocer y pagar por concepto de
perjuicios morales a favor del señor FRANCISCO JAVIER LAGARES
ESPITIA una suma equivalente a 11 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, con base
en las consideraciones precedentes.’

SEGUNDO: Sin condena por concepto de costas (expensas y gastos
procesales) ni agencias en derecho, conforme a lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

4

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Demandante: Francisco Javier Lagares Espitia
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A
Rad: 11001-03-15-000-2025-02704-00

TERCERO: Por Secretaría de la Sección Tercera NOTIFICAR esta
decisión: a) A las partes, a los correos electrónicos visibles en el
expediente. b) Al representante del Ministerio Público. Lo anterior, de
conformidad a las direcciones electrónicas que reposan en el plenario.

CUARTO: En firme este fallo devuélvase el expediente al Juzgado de
origen.2

Esta providencia se notificó vía electrónica el 30 de abril de 2025, conforme
con las pruebas aportadas al plenario, lo cual se constata con el registro del
aplicativo SAMAI. Particularmente, en relación con la parte actora se indicó lo
siguiente en la diligencia de notificación:

CUNDINAMARCA-25000, miércoles, 30 de abril de 2025
NOTIFICACIÓN No.: 66245
Señor(a):
FRANCISCO JAVIER LAGARES ESPITIA Y OTROS
eMail: gomez_1980@hotmail.com
ACTOR: FRANCISCO JAVIER LAGARES ESPITIA Y OTROS
DEMANDANDO: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO
NACIONAL
RADICACIÓN: 11001-33-43-062-2019-00235-01
ACCION DE REPARACION DIRECTA – Apelaci[ó]n Sentencia

Para los fines pertinentes me permito informarle que en providencia del
29/04/2025 el H. Magistrado(a) Dr(a) JUAN CARLOS GARZON
MARTINEZ de Sección Tercera Subsección A, dispuso Sentencia en el
asunto de la referencia.
…3

1.4. Sustento de la petición

La parte actora consideró vulnerados sus derechos fundamentales con la
sentencia de segunda instancia, en atención a que la “ponente registró
proyecto que al parecer acogía las pautas que en innumerable veces el
superior le ha ordenado en tema conscriptos”; sin embargo, la ponencia fue
derrotada y, en su concepto, se profirió una providencia en franca oposición a
la tesis que el Consejo de Estado le había ordenado aplicar en el fallo de
tutela del expediente 11001-03-15-000-2024-04975-00, que considera que se
trata de un caso idéntico al suyo.

Añadió que en la providencia acusada se inaplicaron las tablas

2
Transcripción literal del texto original.
3
Sic para la cita.

5

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indemnizatorias dispuestas por esta corporación, pese a que en el proceso
se acreditó, sin objeción alguna, una pérdida de capacidad laboral superior al
10%.

Hizo referencia, como antecedente dictado en sede de tutela, el proceso
11001-03-15-000-2015-01120-00, con demandante Giovanni Gutiérrez Cruz
y otros, y demandado el Ejército Nacional; asimismo, adjuntó algunas
decisiones de los Tribunales Administrativos (Antioquia y Cundinamarca)
que, en casos idénticos (daño a conscripto), acuden a las tablas de
indemnización dispuestas por la “sentencia de unificación respectiva”.

Citó un salvamento de voto de un magistrado del tribunal demandado (exp.
11001-33-43-060-2020-00058-02) relativo al desconocimiento de las tablas
indemnizatorias.

Señaló que, tal postura, únicamente la desconocen los dos magistrados que
suscribieron la providencia objeto de tutela.

Añadió que se vulneró su derecho a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia por denegar el perjuicio a la salud, “volviendo a
años antepasados de daño fisiológico” y por denegar lucro cesante a pesar
de que demostró la pérdida de capacidad laboral.

Destacó que es reprochable la postura de la sentencia demandada respecto
de denegar el daño a la salud bajo el argumento de que solo procede cuando
hay afectación funcional de un órgano, lo cual implica un “retroceso
jurisprudencial de décadas, volviendo al daño fisiológico ya abolido por la
Sección Tercera del Consejo de Estado”, cuya tesis desconoce la autoridad
judicial demandada.

Expuso que, tenía derecho al reconocimiento del lucro cesante a conscripto
en los términos el Consejo de Estado, por tratarse de un soldado regular, la
víctima no percibía remuneración alguna, dado que el vínculo para con el
Estado surgió del cumplimiento del deber constitucional de defensa de la
independencia, de la soberanía nacional y de las instituciones públicas y, por
lo mismo, tal relación no revistió carácter laboral.

Adujo que le resulta “preocupante” que el tribunal demandado, que pese a
que fue requerido en el incidente de desacato respectivo, pretenda
desconocer el fallo de tutela dictado por la Sección Tercera del Consejo de
Estado en el proceso 11001-03-15-000-2024-04975-00, en el que ya se le
había indicado la manera en que debía fallar los asuntos por daño a la salud;
sin embargo, aseguró que esa subsección se niega a acatar dicho

6

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Demandante: Francisco Javier Lagares Espitia
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antecedente del superior como si se tratara de una autoridad ajena a la
jurisprudencia del país. Al respecto, agregó:

Siguiendo en su línea desafiante con el Consejo de Estado y sus
sentencias de unificación que claramente la subsección A considera
inapropiadas, olímpicamente indican que deniegan el lucro cesante de un
conscripto a pesar de demostrarse su pérdida de capacidad laboral,
desconociendo no sólo una sentencia de unificación, sino la pacífica
jurisprudencia del Consejo de Estado, por lo que me permito traer a
colación las siguientes sentencias y su contenido: veamos.

4.4.1 SENTENCIA DE UNIFICACIÓN SOBRE PERJUICIO MATERIAL4
…
4..4.2 SENTENCIA DE TUTELA EN CASO IDÉNTICO AL HOY
TUTELADO5
…
4.4.3 SENTENCIA EN PROCESO ORDINARIO QUE DISPONE
PARAMETROS ECONOCIMIENTO (sic) LUCRO EN CONSCRIPTO6
…
4..4.4 SENTENCIA EN PROCESO ORDINARIO QUE DISPONE
PARAMETROS ECONOCIMIENTO (sic) LUCRO EN CONSCRIPTO7
…
4.6 SENTENCIA EN PROCESO ORDINARIO QUE DISPONE
PARAMETROS ECONOCIMIENTO (sic) LUCRO EN CONSCRIPTO8
…
4.4.5 SENTENCIA DE TUTELA RECIENTE SOBRE EL TEMA LUCRO
CESANTE A CONSCRIPTO
…9

4
“CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION
TERCERA SALA PLENA Consejero ponente: HERNAN ANDRADE RINCON|(E) Bogotá,
D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil catorce (2014) Radicación número: 68001-23-31-
000-2002-02548-01(36149) Actor: JOSE DELGADO SANGUINO Y OTROS Demandado:
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL”
5
“CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ Bogotá D.C., cuatro (4)
de julio de dos mil diecinueve (2019) Referencia: Radicación: Demandante: Demandado:
Temas: ACCIÓN DE TUTELA 11001-03-15-000-2019-01105-01 GERMÁN MORENO
OLIVEROS SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN TERCERA DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA”. En esta cita, se refiere también la sentencia del
27 de septiembre de 2013 (05001- 23-31-000-1999-02915-01),
6
“CONSEJERO PONENTE: HERNÁN ANDRADE RINCÓN (E) Bogotá, D. C., septiembre
diez (10) de dos mil catorce (2014). Proceso No: 520012331000200100299 02 (32.421).
Actor: Carlos Andrés Meneses Bolaños Demandado: Nación – Ministerio de Defensa –
Armada Nacional
7
Consejero Ponente: Danilo Rojas Betancourth Bogotá D.C., 29 de abril de 2015
Expediente: 37177Radicación: 500012331000200320322 01 Actor: Jairo René Roa Sierra y
otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional”
8
“Consejero ponente: HERNÁN ANDRADE RINCÓN (E) Bogotá, D.C., diez (10) de
septiembre de dos mil catorce (2014) Radicación No.: 520012331000199708765 01
Expediente: 28.437 Actor: Jesús Evergito Tenorio Bagui y otros”
9
Transcripción del texto original.

7

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Sostuvo que, en ese mismo sentido, podría traer a colación, además de una
sentencia de unificación, “cientos y cientos” de decisiones jurisprudenciales
que indican que la capacidad productiva se presume, que no se indemniza
por la actividad al momento de la lesión sino por la pérdida de una capacidad
productiva que se tenía y, por el contrario, resulta imposible encontrar una
sola decisión del Consejo de Estado que establezca que al no tenerse una
actividad laboral al momento de la lesión se deba denegar el perjuicio
material reclamado.

Solicitó que se tenga en cuenta la decisión de tutela reciente que en un
asunto idéntico la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió
precisamente en contra de la autoridad demandada, en un caso exacto y que
nuevamente la Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
decide fallar sin ninguna consideración a las órdenes jurisprudenciales de su
superior.

1.5. Trámite

Mediante auto del 12 de mayo de 2025 se admitió la acción de tutela y
ordenó notificar a los magistrados que integran la Subsección A de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

A su vez, se dispuso la vinculación del Juzgado Sesenta y Dos Administrativo
de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, de la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Ejército Nacional, así como de los señores Nataly Yohany
Espitia Acosta (madre de la víctima directa y quién actuaba en nombre propio
y en representación de los menores Sebastián David Vargas Espitia, Chaira
Valentina Vargas Espitia, Luis Javier Vargas Espitia y Natali Yohana Espitia
Acosta), Lorenzo Espitia Villalba y Carmen Acosta López.

1.6. Contestación e intervenciones

1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A

El magistrado ponente de la decisión demandada se opuso a la prosperidad
de la acción de tutela al considerar que no cumple con el requisito de la
relevancia constitucional.

En relación con el desconocimiento del precedente y la vulneración al
derecho de acceso a la administración de justicia al debido proceso e
igualdad, recordó que debe primar la independencia judicial que, en cada
caso, debe efectuarse una valoración probatoria integral de acuerdo con las

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circunstancias fácticas planteadas en la respectiva demanda y que los
efectos de los fallos de tutela son inter partes.

Destacó que el reconocimiento de los perjuicios que se efectuó dentro del
expediente de tutela “2020-139” que se citó como apoyo del recurso de
apelación interpuesto en sede ordinaria y en sede constitucional, se hizo en
cumplimiento a lo ordenado por el Consejo de Estado en la decisión que
resolvió el incidente de desacato, por lo que en la providencia se consignó
que: “la Sala no tiene alternativa de valoración probatoria, y en ese sentido
dará cumplimiento a la orden constitucional, resaltando que la competencia
del juez de tutela no puede suplir, ni interferir en la independencia del juez
ordinario”.

Indicó que no se desconoce el precedente jurisprudencial del Consejo de
Estado, puesto que frente a la tasación del perjuicio moral y la valoración
probatoria del acta de junta médica para establecer o no el reconocimiento
de perjuicios a la salud y materiales, no existe una posición unificada.

Mencionó que se realizó una adecuada valoración probatoria, de manera que
no se desconoció el precedente jurisprudencial como lo considera el
accionante, pues por el contrario basó su decisión en las pruebas allegadas
al proceso.

Adujo que en ningún momento desconoció un precedente judicial unificado,
ni mucho menos profirió una decisión arbitraria o caprichosa, ya que, siendo
consiente del panorama jurisprudencial actual, y que en todo caso debe
existir una valoración integral de los medios de prueba, consideró que había
lugar a “confirmar (sic) la sentencia de primera instancia”, al no encontrar el
desconocimiento de las providencias.

En relación con la valoración del Acta de Junta Médico Laboral para el
reconocimiento del perjuicio a la salud y material en modalidad de lucro
cesante, sostuvo que lo pretendido por el accionante mediante la acción de
tutela es lo mismo que solicitó a través del recurso de apelación presentado
contra la sentencia proferida en primera instancia, lo cual corresponde a
argumentos que fueron analizados en la providencia demandada. Señaló
que, cuestión diferente es que se haya resuelto “confirmar” la decisión de
negar tanto lucro cesante, como daño a la salud.

Expuso que, en la sentencia cuestionada, se precisó que no existía un
desconocimiento de precedente invocado en el recurso de apelación, habida
cuenta que, no existe sentencia de unificación o precedente judicial vertical,
que determine que el Acta de la Junta Médico Militar es suficiente para

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acreditar el perjuicio a la salud y el perjuicio material en modalidad de lucro
cesante.

Indicó que, aunque la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado10 en una acción de tutela afirmó que algunas subsecciones han
sostenido que el Acta de Junta Médica es suficiente para demostrar los
perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante y otras han afirmado
que dicha prueba debe ser valorada de manera conjunta con los otros
medios de prueba, también lo es que la Subsección A de la Sección Tercera
de la misma corporación11 ha determinado que “…a la fecha NO EXISTE
UNA REGLA JURISPRUDENCIAL QUE DEBA SER ACATADA POR LA
JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LA
MATERIA…”. Agregó que la Sección Quinta del Consejo de Estado en un
fallo de tutela también mencionó que no existe una posición unificada sobre
el tema12.

Resaltó que, frente al perjuicio a la salud, en la sentencia cuestionada se
precisó que a efectos de su reconocimiento se requiere una adecuada
demostración por parte del demandante en ejercicio de sus propias cargas
procesales probatorias, si se tiene en cuenta que la sentencia de unificación
del 28 de agosto de 2014, aunque estableció los criterios necesarios para su
indemnización, no determinó que este perjuicio se presume.

Indicó que el Consejo de Estado, mediante sentencia de unificación del 15 de
agosto de 201813 concluyó que en la sentencia de 28 de agosto de 2014 la
Sección Tercera no se pronunció sobre la forma en que debe probarse el
daño a la salud, y, por el contrario, aseveró que la liquidación sería fijada en
ejercicio del arbitrio judicial, teniendo en cuenta la gravedad y naturaleza del
daño.

Sostuvo que, en el caso concreto, al analizar de manera íntegra los medios
probatorios, encontró que no se demostró, en los términos solicitados en la
demanda, que: (i) la enfermedad y su secuela hayan ocasionado una
alteración anatómica y funcional del actor “lisiado”, que indiscutiblemente

10
Sentencia del 14 de febrero de 2019, Rad. 11001-03-15-000-2018-03665-01 (AC), C.P.
Jaime Enrique Rodríguez Navas.
11
Sentencia de tutela cuatro (4) de diciembre de dos mil veinte (2020)- CONSEJO DE
ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERA -
SUBSECCIÓN A, Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Radicación
número: 11001-03-15-000-2020-02994-01(AC).
12
Sentencia de tutela veinticinco (25) de abril de dos mil diecinueve (2019). CONSEJO DE
ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA Consejero
ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO Radicación número: 11001-03-15-000-2019-01105-
00(AC).
13
CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 15 de agosto del 2018. C.P.
Jaime Enrique Rodríguez Navas; Exp. 55.972.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Francisco Javier Lagares Espitia
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A
Rad: 11001-03-15-000-2025-02704-00

afectara su integridad psicofísica, o (ii) que la cicatriz generó traumatismo y
afectó el desarrollo normal del señor Francisco Javier Lagares Espitia.

Agregó que, en cuanto al lucro cesante, se debía advertir que, tal como se
indicó en la sentencia objeto de tutela, no es de recibo que se deba
reconocer el lucro cesante únicamente con fundamento en que a la víctima
directa se le dictaminó un porcentaje de pérdida de capacidad laboral, más
cuando en la misma se estableció que el demandante “PUEDE CONTINUAR
DESEMPEÑÁNDOSE EN ACTIVIDADES DE LA VIDA CIVIL DE ACUERDO
A SU PERFIL OCUPACIONAL”.

Recordó que en dicho fallo se estableció que, frente al reconocimiento de
perjuicio material en la modalidad de lucro cesante, no existe posición
unificada sobre el valor probatorio del acta Junta Médica Laboral.

Destacó que este mecanismo no procede para cuestionar los fundamentos
jurídicos de las providencias, ni para controvertir la actividad interpretativa del
juez, máxime cuando el accionante no demostró en qué consistió la
vulneración de su derecho al debido proceso, ni acreditó cuál es la conducta
por acción u omisión que amenace o viole el derecho fundamental de
igualdad, por cuanto no existe ningún argumento del accionante en este
sentido.

Concluyó que la inconformidad del demandante se centró en la valoración
probatoria que se efectuó en la providencia acusada, por lo que el hecho de
que no se comparta la decisión no habilita al juez de tutela para volver a
estudiar un asunto que ya fue decidido por el tribunal demandado.

1.6.2. Juzgado Sesenta y Dos Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial
de Bogotá

Este despacho informó que la dirección de notificación electrónica de
Carmen Acosta López y otros, relacionada en el escrito de la demanda
dentro del proceso de reparación directa No. 11001-33-43-062-2019-00235-
00, es la siguiente: gomez_1980@hotmail.com

1.7. Intervención posterior de la parte actora

Con memorial enviado el 26 de mayo de 2025, el demandante aportó copia
de la “…sentencia de la SUBSECCION A DEL HONORABLE TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA (subsección objeto de tutela dentro
del asunto de la referencia 11001031500020250270400) que en fallo del 15
de mayo decidió cambiar su postura y en caso idéntico al de la tutela,

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Demandante: Francisco Javier Lagares Espitia
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A
Rad: 11001-03-15-000-2025-02704-00

accedió a indemnizar conforme lo hacen las SALAS B y C de la misma
Sección y tal y como se indicó en la demanda de tutela, es decir,
reconociendo la razón al hoy tutelante”14. Adjuntó la providencia en mención.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la primera instancia de la acción
de tutela adelantada contra la decisión judicial demandada, según lo previsto
en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 201515, así como en el Acuerdo 80
de 12 de marzo de 2019.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala verificar si con la decisión demandada se vulneraron
los derechos fundamentales de la parte actora, puesto que modificó el fallo
de primera instancia dentro del proceso de reparación directa que se
identificó con el radicado 11001-33-43-062-2019-00235-00/01, instaurado por
el actor y otros contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército
Nacional, sin otorgarle como indemnización por el perjuicio moral el tope de
20 smlmv, ni acceder al reconocimiento por concepto de lucro cesante y
perjuicio a la salud.

Por lo anterior, se revisarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la
Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial; (ii) el estudio sobre los requisitos de procedencia adjetiva y,
finalmente, de encontrarse superados se estudiará (iii) el fondo del asunto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio
de 201216, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:

…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción
de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas
Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29

14
Transcripción del texto original.
15
Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
16
Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de
tutela - Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González. Negrilla fuera de texto.

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de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la
vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia,
que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de
providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.17

Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado
su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia,
conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten
contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho
fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará
ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta
el momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela
constituye un mecanismo residual y excepcional para la protección de
derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por
ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial
no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo
–procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto –procedencia adjetiva–.18

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos

17
Ibidem.
18
Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto de
2004 y C-590 de 2005.

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expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado,
se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4. Examen de los requisitos: Procedencia adjetiva

2.4.1. Relevancia constitucional

Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU 215 de 26 de junio de
2022 explicó que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa
juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo constitucional
contra una decisión judicial “...el juez de tutela debe limitarse a analizar los
yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante,
pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la
providencia reprochada’.”

En ese sentido, el alto tribunal Constitucional consideró que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias
o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.

A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional “protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales” y explicó en detalle los criterios que se deben tener en
cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:

...(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
(ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción
de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos

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fundamentales.19

En el presente asunto, se observa que, la parte accionante solicita que se
tutelen sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, que
consideró vulnerados con la providencia del 29 de abril de 2025, mediante la
cual la autoridad judicial modificó el fallo de primera instancia dentro del
proceso de reparación directa identificado con el radicado 11001-33-43-062-
2019-00235-00/01 e instaurado por el actor y otros contra la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional.

De modo que, el demandante pretende que se declare sin efectos la
sentencia demandada y, por consiguiente, se ordene a la autoridad judicial
acusada proferir una nueva sentencia de reemplazo, en la que se tase el
perjuicio moral en 20 smlmv y a su vez, se acceda al reconocimiento por
concepto de lucro cesante y perjuicio a la salud en el equivalente a 20 smlmv
conforme los lineamientos establecidos en la sentencia de unificación del
Consejo de Estado20 y lo dispuesto dentro de un fallo de tutela proferido
dentro del expediente con radicado 11001-03-15-000-2024-04975-00 (con el
cual se ordenó a la misma autoridad demandada que dictara una providencia
de remplazo en el expediente de reparación directa 2020-00139).

En lo particular, se encuentra que la demanda de reparación directa la
promovió el accionante junto a otras personas en contra de la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, por las lesiones que
padeció mientras prestaba su servicio militar obligatorio.

Mediante sentencia del 21 de marzo de 2024, el Juzgado Sesenta y Dos
Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda. En tal sentido, frente a los
perjuicios morales, procedió a indemnizar a la víctima directa, por la suma de
11 smlmv, en aplicación al principio de proporcionalidad y, a su vez, negó el
perjuicio a la salud, y los materiales reclamados.

Mediante escrito radicado el 1° de abril de 2024, la parte actora formuló
recurso de apelación contra la anterior decisión, el cual sustentó en que el
juez de instancia desconoció el precedente jurisprudencial en materia del
reconocimiento de perjuicios, puesto que:

19
Destacado por la Sala.
20
Al respecto, el actor hizo mención del siguiente pronunciamiento de unificación:
“CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION
TERCERA SALA PLENA Consejero ponente: HERNAN ANDRADE RINCON|(E) Bogotá,
D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil catorce (2014) Radicación número: 68001-23-31-
000-2002-02548-01(36149) Actor: JOSE DELGADO SANGUINO Y OTROS Demandado:
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL”

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a) No se cuantificó en debida forma el perjuicio moral al no reconocer el tope
máximo de 20 smlmv de acuerdo con lo señalado en la sentencia de
unificación de 28 de agosto de 2014 proferida por el Consejo de Estado, sino
que se reconoció 11 smlmv (con lo que se desconocieron las tablas
indemnizatorias). En la alzada se indicó:

2.2 Del perjuicio moral: El Juzgado desconoció las tablas indemnizatorias
establecidas por la Sala Plena de la Sección Tercera del H. Consejo de
Estado y la suma reconocida no repara el daño de los demandantes
quienes esperaron 3 años a que se profiriera la sentencia de primera
instancia. Hace referencia a sentencia de tutela donde el H. Consejo de
Estado ha amparado los derechos de los accionantes al no acatarse las
tablas indemnizatorias contempladas en la sentencia de unificación.
Considera que, en el presente asunto, se debió reconocer la suma de 20
SMLMV y no 11 SMLMV.

b) Se debe reconocer el perjuicio a la salud y perjuicio material (en la
modalidad de lucro cesante), porque de conformidad con el material
probatorio (Acta de Junta Médico Laboral), estaba demostrado el porcentaje
de pérdida de capacidad laboral y las afecciones sufridas por el señor
Lagares Espitia. En el recurso de apelación señaló:

2.3 Del perjuicio a la salud: El Juez negó dicho reconocimiento,
argumentando que no se acreditó la perturbación funcional. Sin embargo,
en el caso en concreto, una deformidad en el cuerpo de carácter
permanente (como se evidencia en el Acta de Junta), genera una
perturbación en la salud, de lo contrario no se habría otorgado un
porcentaje de pérdida de capacidad laboral.

2.4 Del perjuicio material (lucro cesante): No es de recibo que se haya
negado dicho perjuicio, por cuanto quien pierde un porcentaje de capacidad
laboral, es evidente que padece una secuela para desempeñarse en
algunas áreas laborales, y en el presente asunto, conforme el Acta de Junta
Médica, la víctima directa tiene una disminución en su capacidad laboral del
10%. Hace referencia a sentencia de tutela donde el H. Consejo de Estado
[h]a amparado los derechos de los accionantes al haber negado lucro
cesante.

c) Hizo referencia a sentencias de reparación directa proferidas por otras
Subsecciones de los Tribunales Administrativos de Cundinamarca y de
Antioquia, así como a providencias del Consejo de Estado, en sede de tutela,
las cuales adjuntó a su alzada.

Asimismo, se observa que el recurso de apelación fue concedido el 15 de
mayo de 2024 y que, con posterioridad a su admisión en segunda instancia
el 5 de julio de la misma anualidad, la parte actora allegó el fallo de tutela de

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un asunto presuntamente idéntico al suyo, proferido en el expediente 11001-
03-15-000-2023-07515-00, en el cual mediante sentencia el 4 de abril de
2024, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B amparó los
derechos fundamentales del señor Cleimer Duguan Fabra Mejía. A su vez,
presentó otro memorial con el cual puso de presente otro asunto similar,
relativo al proceso 11001-03-15-000-2024-05723-00.

Posteriormente, mediante providencia del 28 de marzo de 2025, la
magistrada que tenía a su cargo el proceso ordinario en donde se profirió la
sentencia hoy cuestionada, ordenó pasar el expediente al funcionario que
seguía en turno. Luego, la parte demandante el 9 de abril de 2025 aportó
copia del auto del 21 de marzo de 2025, con el cual el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A resolvió el incidente de desacato en el
expediente de tutela 11001-03-15-000-2024-04975-0121, junto con memorial
de la misma fecha en el manifestó lo siguiente:

…habiéndome percatado de la derrota de proyecto de sentencia y cambio
de ponente y siendo inminente una sentencia en la que no se reconozca
lucro cesante ni se reconozcan perjuicios conforme a lo establecido por la
Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, nuevamente me
permito solicitar que previo a proferirse sentencia se tenga en cuenta auto
proferido por el Consejo de Estado en INCIDENTE DE DESACATO
(ACTOR JAVIER RINCON) que ordenó a esta Sala proferir un fallo
conforme a parámetros indemnizatorios del Consejo de Estado y con
reconocimiento de perjuicios inmateriales (moral y salud) y lucro cesante
EN CASO ABSOLUTAMENTE IDÉNTICO AL DE LA REFERENCIA y
respetuosamente, ruego tener en cuenta sentencia de tutela reiteradas
sobre el asunto que vienen profiriéndose en contra de esta Subsección en
forma reiterada por el Honorable Consejo de Estado, siendo esta una
oportunidad para acoger la jurisprudencia tal y como es debido y esperado.

En consecuencia, ruego a la Honorable Sala que atendiendo a que la
derrota del proyecto fue anterior al auto del Consejo de Estado que ordena
a la Sala acatar el precedente en asunto conscriptos, se haga una nueva

21
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04975-01. Demandante: JONATHAN JAVIER RINCÓN
CASTRO. Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
TERCERA, SUBSECCIÓN A. Referencia: RESUELVE INCIDENTE DE DESACATO. En esta
providencia se decidió:
PRIMERO. Dejar sin efectos la sentencia de 6 de febrero de 2025, proferida por la Sala
mayoritaria de la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en el proceso de reparación directa con radicado 11001-33-36-033-2020-
00139-01.
SEGUNDO. Ordenar a los magistrados que integran la Subsección A del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación
de esta providencia, den estricto cumplimiento al fallo de tutela dictado el 25 de noviembre
de 2024, en los precisos términos indicados por esta Subsección, y remitan la información
que dé cuenta de ello al día siguiente del vencimiento de dicho plazo.
…

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valoración del asunto teniendo en cuenta las directrices del superior.

Finalmente, el magistrado ponente del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A dictó sentencia el 29 de abril
de 2025, con la cual modificó la sentencia de primera instancia, al considerar
lo siguiente:

i) En relación con las tablas de indemnización y el valor probatorio del acta
de la Junta Médica, la autoridad judicial sostuvo:

3.24 Se parte por precisar que, las sentencias de unificación, no regularon
la forma como el Juez de la reparación debe aplicar las tablas y los criterios
allí establecidos, en casos en donde el porcentaje de gravedad de la lesión
y las secuelas sufridas fueran diferentes en un caso y en otro, pero ambos,
se encontraran en el mismo rango de reparación.

3.25 Para la Sala, reconocer una indemnización igual a dos personas que
tuvieren un grado de afectación laboral diferente, pero que se encuentren
dentro del mismo baremo indemnizatorio, contraviene los principios de
equidad y de reparación integral y, por lo tanto, esta Sala es de la tesis que
se debe aplicar el principio de proporcionalidad.
…

3.32 Asimismo, conviene precisar que no existe precedente unificado en
materia de valoración probatoria del Acta de Junta Médico Laboral, a
efectos del reconocimiento de lucro cesante.
…
3.36 Quiere significarse que, para esta Sala no es de recibo que en casos
de responsabilidad extracontractual del Estado y en materia de causación
de perjuicios, sean las autoridades médicas las que definan y en
consecuencia, se desconozca el debate probatorio y las competencias del
funcionario judicial. Cuestión diferente es que, después de valorar los
medios de prueba se establezca la indemnización correspondiente acorde
con los parámetros establecidos den la sentencia de unificación del
Consejo de Estado y aplicando el principio de proporcionalidad.

ii) Frente al perjuicio moral, el tribunal consideró:

3.42 Quiere significarse que, en el presente asunto, la enfermedad
padecida por la víctima directa (leishmaniasis), únicamente dejó como
secuela una cicatriz leve, sin compromiso funcional y de carácter
hipercrómica (es decir, mancha con un tono diferente).

3.43 Así entonces, de conformidad con: i) las reglas expuestas en la
sentencia de unificación del H. Consejo de Estado del 28 de agosto de
2014; ii) las reglas de proporcionalidad; iii) el porcentaje de disminución de

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la capacidad dictaminado; y iv) la secuela establecida por la Junta Medica
Laboral; en principio la indemnización a favor de la víctima directa sería 10
SMLMV.

3.44 Sin embargo, teniendo en cuenta que la parte actora es apelante
único, no se puede hacer más gravosa su situación y en consecuencia, la
Sala confirma la decisión de primera instancia que reconoció a favor de la
víctima directa el equivalente a 11 SMLMV.

iii) Respecto del perjuicio a la salud, en la sentencia cuestionada se indicó:

3.58 Quiere significarse que, tal como se indicó en el acápite precedente,
en el asunto, según el Acta de Junta Médico Laboral, la secuela fue
únicamente una cicatriz leve, sin compromiso funcional y de carácter
hipercrómica (es decir, mancha con un tono diferente). En ese sentido,
contrario a lo afirmado por el apelante, no se aportó prueba que respaldara
la afirmación según la cual, esa situación generó perjuicio a la salud y la
víctima directa hoy en día, es una persona “lisiada”.

3.59 Tampoco se demostró que: (i) la enfermedad y su secuela hayan
ocasionado una alteración anatómica y funcional del actor, que
indiscutiblemente afectara su integridad psicofísica; (ii) la cicatriz generó
traumatismo y afectó el desarrollo normal del señor FRANCISCO JAVIER
LAGARES ESPITIA.

3.60 En este orden de ideas, la Sala no evidencia que la parte actora haya
cumplido con sus cargas procesales probatorias, en el sentido de acreditar
sus afirmaciones según las cuales, la víctima directa es una persona
lisiada, la secuela dictaminada ha incidido en su vida porque le genera una
perturbación en su salud.

iv) En cuanto al perjuicio material- lucro cesante, en la providencia
demandada se indicó:

3.65 En el presente FRANCISCO JAVIER LAGARES ESPITIA adquirió
Leishmaniasis durante la prestación del servicio militar obligatorio; b) de
acuerdo con el acta de junta médico laboral, la Dirección de Sanidad del
Ejército Nacional dictaminó: i) una pérdida de capacidad laboral del 10%; ii)
sin embargo, estableció que el demandante era Apto y que “PUEDE
CONTINUAR DESEMPEÑANDOSE EN ACTIVIDADES DE LA VIDA CIVIL
DE ACUERDO A SU PERFIL OCUPACIONAL”.

3.66 Bajo este contexto, en criterio de esta Sala, no es de recibo que, se
deba reconocer el lucro cesante únicamente con fundamento en que a la
víctima directa se le dictaminó un porcentaje de pérdida de capacidad
laboral, cuando en la misma se establece que el señor LAGARES ESPITIA
puede continuar desempeñándose en actividades de la vida civil.

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…

3.68 Conforme lo expuesto, para la Sala el indicado medio de prueba Acta
de Junta Médico Laboral] [ no es suficiente, ya que no otorga certeza del
lucro cesante que se reclama y las notas clínicas tampoco acreditan la
causación del perjuicio.

3.69 Aun si se aceptara que, en el caso en concreto, el Acta de Junta
Medico Laboral expedida por la Dirección de Sanidad, constituye el medio
probatorio pertinente, conducente y suficiente para fundamentar la
causación del lucro cesante, no se puede perder de vista que, ese
documento debe ser valorado en su integridad junto con las otras pruebas
aportadas y en virtud del principio de independencia judicial y sana critica.

3.70 Lo anterior, no conlleva a afirmar que se esté imponiendo una
determinada tarifa legal probatoria, por el contrario, se trata del
cumplimiento de las cargas probatorias, a efectos de tener certeza y llegar
al convencimiento de la causación del lucro cesante.

3.71 En conclusión, la Sala no tiene certeza de la pérdida de una utilidad
monetaria a causa del daño si se tiene en cuenta que, en el Acta de Junta
Médica se determinó que el señor LAGARES ESPITIA era apto y que no
tiene una limitante para “desarrollar actividades laborales de la vida civil de
acuerdo con su perfil ocupacional”

3.72 Quiere significar la Sala que, el argumento del apelante según la cual,
la pérdida de capacidad laboral conlleva a que la persona tenga secuelas
para desempeñarse en algunas áreas laborales al no tener el 100% de su
capacidad, no resulta de recibo, debe reiterarse que en el sub judice no hay
ningún medio de prueba que acredite que el señor FRANCISCO JAVIER
LAGARES ESPITIA, no se haya podido desempeñar en algún oficio o
profesión, como consecuencia de las secuelas dictaminadas por la Junta
Médico Laboral de la Dirección de Sanidad, adicionalmente, se insiste, no
existe posición unificada sobre el valor probatorio del acta Junta Médica
Laboral para el reconocimiento del perjuicio material- lucro cesante.
…

Por lo expuesto, se observa que en la sentencia demandada se indicó que: i)
aplicar el principio de proporcionalidad para tasar el perjuicio moral no
desconocía la sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de
2014, puesto que no se reguló la forma como el juez de la reparación debe
aplicar las tablas y los criterios establecidos; ii) no existe sentencia de
unificación que determine que el Acta de la Junta Médico Militar es suficiente
para acreditar el perjuicio a la salud y el perjuicio material en modalidad de
lucro cesante; iii) se determinó que la secuela por la leishmaniasis padecida

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Demandante: Francisco Javier Lagares Espitia
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A
Rad: 11001-03-15-000-2025-02704-00

por el conscripto fue una cicatriz hipercrómica (mancha) sin compromiso
funcional, mas no se probó que se tratara de una “persona lisiada” como se
afirmó en la demanda o que generara traumatismo o afectara el desarrollo
moral y; iv) confirmó la decisión en cuanto a la negativa del daño emergente
y lucro cesante, en atención a que en dicha acta se indicó que el actor era
apto para continuar desempeñándose en actividades de la vida civil de
acuerdo a su perfil ocupacional.

Así las cosas, para la Sala el asunto carece de relevancia constitucional
puesto que lo pretendido por la parte actora es reabrir el debate legal y
probatorio que efectuó la autoridad judicial de segunda instancia a partir de
los mismos argumentos que expuso en su recurso de apelación relativos a
que no se cuantificó en debida forma el perjuicio moral y que se debe
reconocer el perjuicio a la salud y perjuicio material (en la modalidad de lucro
cesante).

Lo mismo ocurre frente al cargo por desconocimiento del precedente, que se
podría adecuar al de la trasgresión al derecho a la igualdad, porque este
yerro no cuenta con la carga argumentativa mínima para ser estudiado.

Lo anterior, porque si bien se alegó que no se tuvo en cuenta diversas
providencias de algunos tribunales administrativos de Cundinamarca y
Antioquia, para que se configure un desconocimiento del derecho a la
igualdad, uno de los presupuestos es que las decisiones enjuiciadas deben
ser proferidas por la misma conformación de Sala en todos los casos.

De manera que, es posible concluir que las salas que emitieron esas
decisiones no son la misma que dictó la providencia hoy controvertida, por lo
que, no se podría predicar, el desconocimiento del precedente “horizontal”
alegado, o la obligación de la colegiatura que profirió el fallo cuestionado a
resolver en el mismo sentido de sus pares.

Particularmente, se advierte que la parte actora invocó la aplicación de un
caso similar en el que se dictó una segunda providencia de remplazo el 10 de
abril de 2025 en el proceso ordinario 2020-0013922, en el cual funge como

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En el expediente de tutela 11001-03-15-000-2024-04975-01, mediante sentencia del 25
de noviembre de 2024, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
amparó los derechos al debido proceso, acceso a administración de justicia y a la reparación
integral, ordenando a esta Corporación proferir una nueva sentencia, en la que se valorara el
Acta de Junta Médico Laboral con miras al reconocimiento del daño a la salud y lucro
cesante.
En cumplimiento de la orden de tutela, mediante providencia del 6 de febrero de 2025, se
profirió nuevo fallo, en el cual se dispuso: (i) conceder perjuicio a la salud de manera
proporcional y (ii) negar le lucro cesante.

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ponente el mismo magistrado de la providencia aquí acusada; aquella, con
ocasión del incidente de desacato que se formuló en la acción de tutela
11001-03-15-000-2024-04975-00 por la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado.

No obstante, si bien la providencia de remplazo se dictó el 10 de abril de
2025 en el referido proceso, es decir, antes de que se emitiera la sentencia
aquí demandada, ello ocurrió en cumplimiento de la decisión que resolvió el
incidente de desacato que se adelantó por incumplimiento del fallo de tutela
que accedió al amparo en ese asunto.

Tan es así, que en la sentencia que acató lo ordenado por el superior se
indicó lo siguiente: “…la Sala no tiene alternativa de valoración probatoria, y
en ese sentido dará cumplimiento a la orden constitucional, resaltando que la
competencia del juez de tutela no puede suplir, ni interferir en la
independencia del juez ordinario.”

Cabe resaltar que el carácter vinculante de las reglas o subreglas de derecho
creadas por las Altas Cortes, cuando actúan como órganos de cierre,
encuentra su fundamento en la jerarquía del juez, a sus funciones asignadas
por la norma superior y a la garantía de los principios de igualdad y seguridad
jurídica, así como, en la coherencia del ordenamiento jurídico.

Por lo expuesto, se encuentra que la controversia propuesta por la parte
accionante no se relaciona con el alcance, contenido o aplicación de un
derecho fundamental, sino que se refiere al análisis interpretativo aplicable al
caso concreto que efectuó la autoridad demandada; por lo que dista del fin
de la acción de amparo que no es otro que el de proteger garantías
fundamentales cuando se vean vulneradas o amenazadas, lo que no sucede
en este caso.

En ese orden, la Sala se permite destacar que la acción de tutela contra
providencias judiciales no debe ser vista como una tercera instancia para
traer a colación nuevamente los argumentos expuestos dentro del proceso
ordinario, sino que es un medio excepcionalísimo por medio del cual se
revalúan decisiones que recaen en la arbitrariedad, al sobrepasar los
principios rectores de la autoridad judicial.

No obstante, por auto del 21 de marzo de 2025, al resolver el incidente de desacato se
consideró que el tribunal incumplió la orden constitucional,

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De modo que, no se satisface el requisito de relevancia constitucional, en el
sentido riguroso que señaló la Corte Constitucional en las sentencias de
unificación 573 de 2019, 103 y 215 de 2022.

Por consiguiente, la Sala declarará improcedente la solicitud de tutela toda
vez que carece de dicho presupuesto, en atención a que lo pretendido es
convertir este mecanismo de amparo en una instancia adicional al proceso
ordinario.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el
señor Francisco Javier Lagares Espitia, por las razones expuestas en la parte
motiva.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

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Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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