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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05226-01

Fecha
29 de enero de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05226-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero. REVOCAR la sentencia del 11 de noviembre de 2025 proferida por Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante la cual declaró improcedente la acción y, en su lugar, NEGAR el amparo solicitado, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 5- 0 5 22 6- 0 1 Segundo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-05226-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

29 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05226-01
Accionantes: David Santiago Flórez Trejos
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A.

Tema: Derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. Reparación directa. Negativa de reconocimiento
del lucro cesante por pérdida de capacidad debida a lesión en servicio
militar obligatorio. NIEGA AMPARO

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la
sentencia del 11 de noviembre de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, a través de la cual declaró improcedente la acción.

ANTECEDENTES

El señor David Santiago Flórez Trejos pretende que se protejan sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, los cuales considera vulnerados por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, con la sentencia proferida el 13 de
julio de 2025 en el medio de control de reparación directa, al que se le asignó el
número de radicado 11001-33-43-065-2022-00312-01.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

El accionante narró que prestó su servicio militar obligatorio en la Armada Nacional
en el grado de infante de marina bachiller en el Batallón Fluvial de Infantería de
Marina 51 del municipio de Puerto Carreño, Meta.

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Que el 16 de julio de 2021, estando en el Puesto Fluvial Avanzado núm. 41 ubicado
en el municipio de Puerto López, sufrió una lesión en la rodilla derecha, durante el
entrenamiento en polígono ordenado por sus superiores, debido a que se
desprendió la rótula de su posición.

Que la Junta Médica Laboral de la Dirección de Sanidad le diagnosticó «luxación
recidivante de la rótula de la rodilla derecha y mal alineamiento patelofemoral,
actualmente con inestabilidad persistente y dolor patelofemoral», por lo que le
asignó una disminución de la capacidad laboral del 19.50 % y se calificó su lesión
como «incapacidad permanente parcial», mediante el Acta 151-2024 del 6 de junio
de 2024.

Que por lo anterior instauró demanda de reparación directa en contra de la Nación-
Ministerio de Defensa Nacional-Armada Nacional y el 18 de diciembre de 2024, el
Juzgado Sesenta y Cinco Administrativo de Bogotá declaró la responsabilidad de la
entidad y la condenó únicamente al pago de perjuicios morales a su favor, por lo
que interpuso recurso de apelación.

Que el 31 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, modificó la sentencia recurrida, en el sentido de ordenar el
reconocimiento de los perjuicios de daño a la salud, pero negó el reconocimiento de
los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante porque no se demostró
que realizaba una actividad productiva antes de ingresar a prestar el servicio militar
obligatorio o que hubiera perdido alguna oportunidad laboral.

Considera que la autoridad judicial de segunda instancia desconoció el precedente
judicial de la Sección Tercera del Consejo de Estado que ha reiterado la
improcedencia de exigir la demostración de una actividad productiva o la pérdida de
una oportunidad laboral a quienes se encuentran prestando servicio militar
obligatorio y, en cambio, ha reconocido los perjuicios materiales por lucro cesante
con la disminución de la capacidad laboral de los conscriptos, pues no resulta
razonable ni proporcional exigirles dicha acreditación.

Que si bien la sentencia discutida fundamentó la negativa del reconocimiento del
lucro cesante en la sentencia de unificación del 18 de julio de 2019 (expediente
44.572), a través de la cual se eliminó la presunción consistente en que toda
persona en edad productiva percibe al menos un salario mínimo, y en los
parámetros fijados para acceder a dicho reconocimiento, no lo es menos que estos
no son aplicables a todos los casos, como en el de los conscriptos, quienes antes
del servicio militar obligatorio estaban estudiando y durante la prestación de dicho
servicio no podían tener un vínculo laboral.

Que la Sección Tercera del Consejo de Estado se ha pronunciado sobre el particular
en las sentencias i) del 28 de julio de 2023 (exp. 11001-03-15-000-2023-01560-01),
en la que resaltó la posición reiterada de la corporación sobre la materia; ii) del 24
de enero de 2024 (exp.23001-23-33-000-2014-00100-01, 58631) y iii) del 4 de
diciembre de 2023 (exp. 13001-33-31-004-2011-00275-01, 53446).

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Indicó que la Subsección accionada también incurrió en los defectos fáctico y
procedimental por exceso ritual manifiesto, porque negó el reconocimiento del lucro
cesante al considerar que no demostró la afectación en su vida laboral civil, a pesar
de que con las pruebas obrantes en el proceso era posible llegar lógica y
razonablemente a dicha conclusión; concretamente, a partir del i) informe que rindió
el 4 de febrero de 2022 en el formato establecido para el reporte de accidentes y el
Informe Administrativo por Lesiones 002 del 27 de agosto de 2022, donde consta la
afectación que sufrió en la actividad física impuesta por sus superiores y que
transcurridos varios meses desde el accidente continuaba con fuertes dolores que
le impidieron realizar actividad física; ii) las historias clínicas del Hospital Local de
Puerto López, del Centro de Medicina Naval «CEMED y del Hospital Militar Central;
y iii) la Junta Médica Laboral 151-2024 del 6 de junio de 2024.

PRETENSIONES

El accionante solicitó que se deje sin efectos la sentencia del 31 de julio de 2025
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, respecto a la negativa frente al reconocimiento de los perjuicios
materiales en la modalidad de lucro cesante y, en consecuencia, se le ordene
proferir una decisión de reemplazo en la que reconozca dichos perjuicios, acorde
con las pruebas aportadas y los lineamientos jurisprudenciales sobre la materia.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 25 de agosto de 2025, se admitió la acción; se vinculó al Juzgado Sesenta y
Cinco Administrativo de Bogotá y a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-
Armada Nacional, como tercero con interés; y se corrió el traslado respectivo.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A,
afirmó que negó el reconocimiento de los perjuicios materiales, pues si bien el
conscripto tuvo una pérdida de capacidad laboral, lo cierto es que no se allegó
prueba indicativa de que realizara alguna actividad productiva antes de ingresar a
la Armada Nacional o que a raíz de la lesión hubiera perdido una oportunidad
laboral.

Que la anterior tesis tiene fundamento en la sentencia del 9 de abril de 2021 (exp.
55583), en la que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, resolvió
una reparación directa contra el Ejército Nacional por la muerte de un civil y
puntualizó la necesidad de acreditar una actividad económica lícita para el
reconocimiento de perjuicios materiales.

Concluyó que no vulneró los derechos fundamentales del actor; el trámite de
segunda instancia se ajustó a derecho; y la tutela no puede convertirse en una
tercera instancia para modificar decisiones judiciales que han hecho tránsito a cosa
juzgada.

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POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

El Juzgado Sesenta y Cinco Administrativo de Bogotá se limitó a allegar el
enlace del expediente del proceso de reparación directa objeto de esta acción.

La Nación-Ministerio de Defensa-Armada Nacional guardó silencio.

SENTENCIA IMPUGNADA

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante sentencia del 11
de noviembre de 2025, declaró improcedente la acción por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional, porque consideró que el argumento sobre la
vulneración de los derechos planteado por el accionante no resultaba suficiente para
explicar la trascendencia constitucional ni la necesidad de intervención del juez de
tutela.

Adujo que los reparos expuestos constituyeron meras diferencias interpretativas
respecto a la decisión del juez natural de la causa, lo que evidencia que la pretensión
del accionante es que se analicen aspectos que ya fueron alegados en el proceso
ordinario, puntualmente en el recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, y resueltos de forma razonada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, lo que torna en improcedente la
tutela.

IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia, al considerar que no es cierto que haya
reiterado argumentos y que estos hayan sido resueltos por el juez natural, pues los
desacuerdos planteados en el recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia de reparación directa se orientaron a discutir el análisis de las pruebas y,
especialmente, el valor probatorio de la Junta Médica Laboral, mientras que en esta
sede se estructuraron los cargos de desconocimiento del precedente, fáctico y
procedimental por exceso ritual manifiesto respecto a la conclusión de la autoridad
judicial de segunda instancia; consistente en que no estaba demostrado que hubiera
realizado una actividad productiva antes de ingresar a la Armada Nacional o que
hubiese perdido una oportunidad laboral por la lesión, y a que la declaratoria de no
apto era para la actividad militar.

En ese sentido, señaló que el juez de tutela de primera instancia desatendió el
núcleo constitucional de los cargos planteados, esto son: i) el desconocimiento del
precedente de la Sección Tercera del Consejo de Estado sobre el lucro cesante en
casos de conscriptos; ii) la imposición de una carga probatoria imposible y
desproporcionada y iii) ignora la función probatoria de la Junta Médica Laboral, al
exigir una constatación expresa de la afectación laboral que se desprende del
acervo probatorio y de la propia incapacidad dictaminada.

Que los anteriores argumentos no fueron estudiados por el juez natural, ya que solo
surgieron en la segunda instancia, por lo que constituye una obligación analizarlos

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en esta sede, al tratarse de un problema exclusivamente constitucional, con el que
no se pretende reabrir un debate probatorio concluido ni controvertir la interpretación
efectuada, sino discutir la exigencia probatoria impuesta que desconoce el
precedente vinculante y que impuso al conscripto una carga imposible de satisfacer.

Afirmó que el juez de tutela no puede limitarse a un análisis superficial que ignore
el precedente y que desconozca la exigencia constitucional de garantizar la
supremacía de los derechos fundamentales, por lo cual solicitó acceder a las
pretensiones.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidades de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales y iii) caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21,
estas se enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones. (...).

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius
fundamental irremediable. (...)

1
Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2
M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción
de tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (...)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse
que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. (…)

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima
de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución.»3

3
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:

«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere
de una argumentación cualificada4.

(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene
‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia
reprochada”5. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis
únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el
juez constata alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de
una entidad tal que amerite la intervención urgente del juez de tutela6»

En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.

Análisis del caso concreto

A esta Subsección corresponde definir si se encuentra cumplido el requisito general
de procedencia de relevancia constitucional, que no se halló satisfecho en la
sentencia recurrida, así como las demás exigencias generales, pues solo de ser así,
habría lugar a analizar las inconformidades expuestas.

Al respecto, se considera que la acción sí supera dicha exigencia general, puesto
que lo pretendido por el accionante es lograr la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, los cuales considera vulnerados con la sentencia discutida por la incursión
en los defectos de desconocimiento del precedente judicial, fáctico y procedimental,
mas no plantear un asunto de mera legalidad, desconocer la autonomía e
independencia judicial del juez natural de la causa o convertir esta acción en una
instancia adicional al proceso ordinario.

En efecto, el solicitante del amparo procura demostrar la incursión en algunas de
las causales específicas establecidas por la Corte Constitucional que habilitan la
procedencia de la tutela cuando se discuten providencias judiciales, las cuales
sustentó de forma que resultan comprensibles sus desacuerdos respecto a la
providencia controvertida en esta sede y que podrían tener eventualmente una
incidencia en la decisión adoptada.

4
Sentencia SU-074 de 2022.
5
Sentencia SU-074 de 2022.
6
Sentencia SU-072 de 2018.

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En cuanto al cumplimiento de los demás requisitos generales de procedencia, se
observa que i) la acción se presentó con inmediatez, en la medida que la providencia
controvertida fue notificada mediante mensaje de datos enviado el 8 de agosto de
2025 y esta acción fue instaurada el 21 de ese mes y anualidad; ii) se agotaron los
mecanismos de defensa judicial; iii) se está invocando una irregularidad procesal
que podría tener un efecto decisivo en el proveído; iv) se identificaron claramente
los hechos generadores de la vulneración y los derechos estimados como
transgredidos; y v) no se trata de una sentencia de tutela.

Se procederá entonces al estudio de los desacuerdos planteados por el accionante,
previo recuento de los razonamientos que llevaron a la autoridad judicial accionada
en esta sede a negar el reconocimiento de los perjuicios materiales en la modalidad
de lucro cesante, aspecto discutido a través de esta acción.

La autoridad judicial precisó que el lucro cesante debía demostrarse, pues no existía
una presunción sobre el particular, como sí sucedía con el daño moral; en ese
sentido, expuso que se requería prueba de que la víctima ejercía una actividad
económica lícita, en los términos de la sentencia del 9 de abril de 2021 proferida por
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, (exp. 55583).

Además, resaltó que la tesis mayoritaria de la Sala consistía en que la carga
probatoria del perjuicio material correspondía al demandante, por lo que no operaba
la noción de arbitrio judicial, sumado a que debía acreditarse que la pérdida de la
capacidad laboral afectó la facultad para realizar actividades de orden general y
común.

Efectuadas las anteriores precisiones, la Subsección consideró que en el caso no
se acreditó dentro del proceso las actitudes, aptitudes y conocimientos de la vida
laboral del demandante antes de ingresar a la institución militar, y afirmó que la
determinación de la pérdida de capacidad laboral en un 19.50 % por parte de la
Junta Médico Laboral evidenciaba que el demandante no era apto para la actividad
militar, pero no se estableció frente a tareas, labores, oficios y profesión
desempeñados por fuera de la institución.

Así, concluyó que no había lugar al reconocimiento del perjuicio reclamado, ya que
el demandante no allegó alguna prueba indicativa de que realizara alguna actividad
productiva antes de ingresar a la Armada Nacional o que a raíz de la lesión hubiera
perdido alguna oportunidad laboral.

Lo expuesto permite advertir que la decisión de negar el reconocimiento del lucro
cesante obedeció a dos razones puntuales: la falta de acreditación de que el
conscripto hubiera ejercido una actividad productiva antes de su ingreso a la
Armada Nacional para prestar servicio militar obligatorio o la ausencia de prueba de
que hubiera perdido una oportunidad laboral y el hecho de que la pérdida de
capacidad laboral definida por la Junta Médico Laboral no daba cuenta de su aptitud
por fuera de la institución castrense.

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En relación con el primer aspecto, no se observa que la autoridad judicial haya
incurrido en un desconocimiento del precedente judicial, pues, si bien el actor afirmó
que existían varios pronunciamientos de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
en los que se ha señalado la improcedencia de exigir la demostración de una
actividad laboral previo a los conscriptos para reconocer el lucro cesante, para lo
cual citó tres decisiones judiciales, lo cierto es que estas no constituyen precedente,
pues no fijaron una regla de obligatorio cumplimiento; sumado a que una de ellas
(sentencia del 28 de julio de 2023, exp. 11001-03-15-000-2023-01560-01) fue
proferida en sede de tutela y en otra (sentencia del 24 de enero de 2024, exp.23001-
23-33-000-2014-00100-01, 58631) no se analizó el aspecto aquí discutido, sino
únicamente la liquidación del perjuicio.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la Sala aquí accionada también
consideró que no se había demostrado que el conscripto hubiera perdido una
oportunidad laboral con ocasión de la lesión, situación que le hubiera generado un
perjuicio cierto y con la que hubiera podido evidenciar un lucro cesante futuro.

Al respecto debe precisar esta Sala que, si bien no le era exigible al actor acreditar
una vinculación laboral con anterioridad a la incorporación al servicio militar, la
pérdida del lucro cesante debía establecerse a futuro, y el Tribunal estableció que
la pérdida de capacidad laboral en el porcentaje determinado por la Junta Médico-
Laboral no lo incapacitaba para la vida laboral en el ámbito civil; lo que no resulta
irrazonable al no acreditarse que hubiera perdido alguna oportunidad laboral por
esa discapacidad o que esta le impidiera acceder a un empleo en condiciones
normales. Significa que, ante la falta de certeza del perjuicio, no era posible acceder
a su reconocimiento.

Ahora bien, debido a que no está demostrado el defecto invocado en relación con
uno de los argumentos de la autoridad judicial y que el análisis del segundo, esto
es, el valor probatorio del Acta de la Junta Médico Laboral, no tendría la entidad
necesaria para cambiar el sentido de la decisión, la Subsección se sustraerá de su
estudio.

En consecuencia, se revocará la sentencia del 11 de noviembre de 2025 proferida
por Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante la cual declaró
improcedente la acción y, en su lugar, se negará el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. REVOCAR la sentencia del 11 de noviembre de 2025 proferida por
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante la cual declaró
improcedente la acción y, en su lugar, NEGAR el amparo solicitado, de conformidad
con la parte motiva de esta providencia.

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Segundo. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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