Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01951-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01951-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01951-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
16 de mayo de 2025
Radicado: 11001031500020250195100
Accionante: Efraín Paba Díaz
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01951-00
Accionante: Efraín Paba Díaz
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela
TEMAS: Tutela contra providencia judicial. Requisitos de procedencia-Relevancia
Constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela promovida por Efraín Paba
Díaz en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Efraín Paba Díaz, actuando en nombre propio1, presentó escrito de tutela en el que
solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a
la administración de justicia y a la igualdad, los cuales consideró vulnerados por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, con ocasión de la sentencia proferida el 27 de
marzo de 2025, en el trámite del medio de control de reparación directa identificado
bajo el radicado núm. 05001-33-33-012-2020-00229-00/01.
2. Hechos
La causa petendi del escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica2:
2.1. El actor manifestó que durante el período que prestó su servicio militar
obligatorio se contagió de leishmaniasis, enfermedad que fue tratada con
Glucantime y derivado de ello disminuyó su capacidad laboral en un 10% según
dictamen médico.
1 Índice 00002 aplicativo SAMAI, con certificado núm. E03261A4DE565015 3A2D1FCCD384768A
7363665508289FF7 314585E0A5D031FE.
2 Ibídem. / actuaciones del proceso ordinario incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace electrónico:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=05001333301220200
0229010500123
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Accionante: Efraín Paba Díaz
2.2. En ese orden de ideas, presentó demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa en contra de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional,
para que se declarara la responsabilidad extracontractual de la entidad, así como el
pago de los perjuicios de orden material y moral.
2.3. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Doce Administrativo del
Circuito de Medellín bajo el radiado número 05001-33-33-012-2020-00229 01, el
cual profirió sentencia el 5 de junio de 2024 en la que accedió a las pretensiones de
la demanda.
2.4. Contra dicha decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación ante
el Tribunal Administrativo de Antioquia, autoridad judicial que profirió fallo el 27 de
marzo de 2025, en el que revocó lo ordenado por el a quo y, en su lugar, negó lo
pretendido.
3. Pretensiones y argumentos de la tutela
3.1. En su demanda de tutela la parte actora solicitó al juez constitucional: i) amparar
sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y a la igualdad. Como consecuencia de ello, pidió ii) dejar sin efecto la
sentencia del 27 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia y, iii) ordenar a la aludida autoridad judicial que profiera una decisión de
reemplazo en la que tenga en cuenta las pruebas aportadas al plenario, así como
la jurisprudencia aplicable al caso.
3.2. Como fundamento de la acción de tutela manifestó, en síntesis, que la parte
accionada incurrió en un defecto sustantivo, pues a pesar de que el asunto se
analizó bajo el régimen de responsabilidad objetiva por daño especial, en su criterio
se aplicó de forma errónea. Lo anterior, al considerar que en el proceso ordinario se
demostró la responsabilidad del Estado, ya que del acervo probatorio se advertía
que la enfermedad surgió dentro del tiempo en el que fue soldado conscripto.
Sin embargo, consideró que la autoridad judicial de segunda instancia no aplicó en
debida forma este régimen de responsabilidad, por lo que, negó las pretensiones de
la demanda, al considerar que no se llevó a cabo un dictamen médico idóneo.
3.3. Asimismo, señaló que el Tribunal Administrativo de Antioquia desconoció el
precedente jurisprudencial. Como argumento citó varias providencias entre las
cuales mencionó los fallos de tutela proferidos por el Consejo de Estado bajo los
radicados núm. 11001-03-15-000-2024-05723-00 y 11001-03-15-000-2023-07515-
00/01. Asimismo, citó apartes de las sentencias proferidas por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en los procesos de reparación directa identificados
bajo los radicados núms. 11001-3343-059-2021-00212-00/01, 11001-33-36-032-
2021-00343-01, 11001-33-36-033-2022-00144-00/01; de las providencias dictadas
por el Tribunal Administrativo de Antioquia identificados con radicado núm. 05001-
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Accionante: Efraín Paba Díaz
33-33-002-2020-00147-00/01, 05001-33-33-034-2020-00217-00/01 y, de los fallos
proferidos por el Tribunal Administrativo de Risaralda, en procesos de reparación
directa con radicados núms. 66001-33-33-006-2017-00342-01 y 66001-33-33-001-
2017-00348-01; los cuales versaron sobre las lesiones generadas por la aludida
enfermedad a quienes prestaron servicio militar obligatorio.
3.4. De otro lado, adujo que no se aplicó de manera adecuada la jurisprudencia
relacionada con la tasación de perjuicios, al considerar que el Tribunal accionado
arribó a la conclusión de que por el simple hecho de que no exista perturbación
funcional de algún órgano, no se haya generado un daño resarcible, pues la
enfermedad que sufrió dejó secuelas estéticas permanentes, las cuales el Estado
está en la obligación de reparar. Adicionalmente, asumió que la falta de
reconocimiento de los perjuicios solicitados obedeció a la condición
socioeconómica, por lo que adujo que con esta decisión le fue vulnerado su derecho
a la igualdad.
4. Trámite de tutela e intervenciones
4.1. Mediante auto del 4 de abril de 20253, se admitió la solicitud de tutela, se
dispuso la vinculación como terceros con interés al Juzgado Doce Administrativo
del Circuito de Medellín y a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional;
asimismo, se ofició al Tribunal Administrativo de Antioquia y al Juzgado Doce
Administrativo del Circuito de Medellín para que remitieran al trámite constitucional
el expediente identificado bajo el radicado núm. 05001-33-33-012-2020-00229-
00/01.
4.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia4 al oponerse al amparo, adujo que
la tutela es improcedente. Enfatizó que el accionante pretendió a través de la
presente solicitud que se discutiera nuevamente sobre los perjuicios que consideró
que son derivados de la enfermedad padecida mientras prestó el servicio militar
obligatorio, debate que ya fue zanjado ante el juez natural de la causa.
Ahora, consideró que, a partir de las pruebas incorporadas en el plenario, pudo
concluir que no era procedente acceder a las pretensiones, por cuanto la magnitud
de la cicatriz, por sí sola, no afectaba su imagen corporal o que en el presente o en
el futuro ocasionara secuelas que impidieran el desarrollo laboral del actor. Por lo
anterior, consideró que no se configuró el defecto fáctico.
De otro lado, frente a la indebida tasación de perjuicios arguyó que no existió dentro
de la sentencia consideración alguna respecto de la condición socioeconómica del
accionante, en el sentido estricto de que “debía soportar la cicatriz que tiene en su
3 Índice 00004 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. 070B93D8C4325E14 93815306BE765B25
4279A08FBCB396E1 0AF06F2F21EA3642.
4 Índices 00008 y 00010 con certificado núm. 2DC99D6935396AFE 8ECDE64ACD33BA81
0595AE8E692AB65D 32D8F315438AA311 / Índice 00012 con certificado núm.
4D3E97F8D2F87ED7 90711274670C2D43 2A0E3339EFC509FC DDFA7C68A57F52DA.
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Accionante: Efraín Paba Díaz
cuerpo” y mucho menos que si perteneciera a otra clase social se le hubiera
concedido sus pretensiones, afirmación que consideró calumniosa.
4.3. El Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Medellín5 aportó las
actuaciones del proceso ordinario, sin embargo, guardó silencio frente a los hechos
relacionados en la solicitud de amparo y se limitó a manifestar que sus actuaciones
estuvieron sujetas al debido proceso y con respeto de las garantías constitucionales
que le asisten a las partes.
4.4. La Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional6 solicitó declarar la
improcedencia de la solicitud de amparo, al advertirse que el asunto controvertido
por la parte actora ya fue objeto de estudio por la autoridad judicial accionada y que
el mecanismo constitucional no constituye una tercera instancia que permita reabrir
el debate resuelto por el juez natural, sino que tiene por objeto verificar si la entidad
judicial accionada incurrió en la vulneración de derechos fundamentales, situación
que en el presente asunto no se configuró.
Agregó que las pretensiones tienen su origen en un debate estrictamente legal y
probatorio el cual ya fue expuesto dentro del proceso de reparación directa, por lo
que no le corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional,
toda vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia
judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una
instancia adicional.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Efraín
Paba Díaz al ser el titular de los derechos que afirma fueron vulnerados, dado que
actuó como demandante en el trámite del medio de control de reparación directa
adelantado bajo el radicado núm. 05001-33-33-012-2020-00229-00/01.
5 Índice 00009 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. 7A377ECE32423FAE 9FA101F07271DEFD
5DB5F27F82A5F056 B05B2306F2F157B2.
6 Índice 00011 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. 6FA2A2342C1C6479 F895F23352A47804
3A7B752F3A95FEF2 D407225EDBD5C154.
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Accionante: Efraín Paba Díaz
2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Antioquia, por cuanto actuó como juez dentro del proceso
mencionado y fue su actuación a la que la parte accionante atribuyó la vulneración
de su garantía constitucional.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar
un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de
fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los
defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la
Corte Constitucional a través de la sentencia C-590 de 20057 indicó que estas
proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela8 y otros de carácter
específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto 9.
7 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
8 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
9 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se
presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber:
a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que
ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es,
cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto
material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes
o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos
y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo
condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g)
desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme
al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación
de sus postulados.
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Accionante: Efraín Paba Díaz
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”10.
4.1. Relevancia constitucional
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que
el asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga
una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el
juez constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la
vez que garantiza la autonomía e independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”11.
En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el
debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o
económicos; y, iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a
demostrar la configuración de un defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte,
el estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.
De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales,
el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o
de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas;
iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o
10 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
11 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
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Accionante: Efraín Paba Díaz
violatoria de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez
constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos
constitucionales.
Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte
de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención
del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o
repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el
interés público, ya que el asunto debe trascender el interés particular de las partes
y generar un efecto más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad
y fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.
Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que
ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la
causa ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los
defectos definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto12.
5. Caso concreto
La Sala anuncia que la presente acción constitucional no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, por las razones que se exponen a continuación:
5.1. Al revisar el escrito de tutela, se advierte que el actor argumentó que la parte
accionada incurrió en un defecto sustantivo pues, a pesar de que al presente asunto
se resolvió según el régimen de responsabilidad objetiva por daño especial, a su
juicio, no se dio correcta aplicación, pues se demostró que adquirió la enfermedad
durante el período en el que prestó el servicio militar obligatorio, por ende, el daño
sufrido debía ser resarcido.
Además, enfatizó en que la autoridad judicial desconoció el precedente
jurisprudencial, citando diferentes providencias proferidas por varios Tribunales y
dos sentencias de tutela dictadas por esta Colegiatura, los cuales versaron sobre
las lesiones generadas por leishmaniasis a quienes prestaron su servicio militar
obligatorio.
5.2. Ahora bien, del análisis de los aspectos abordados en la sentencia de segunda
instancia dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que puso fin a la
actuación ordinaria, así como de las pruebas incorporadas al proceso, se advierte
que el ad quem arribó a las siguientes conclusiones:
12 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
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Accionante: Efraín Paba Díaz
“(…) Se haya acreditado en el plenario que el joven Ifrain Paba Diaz mientras
se encontraba Orgánico al servicio del Batallón de Ingenieros No. 14 Batalla
de Calibio cumpliendo la prestación de su servicio militar obligatorio,
desarrolló la enfermedad de Leishmaniasis, enfermedad esta diagnosticada
el 3 de diciembre de 2019 por exámenes de laboratorio clínico en el
Dispensario Médico de Puerto Berrio de la Dirección de Sanidad del Ejército
Nacional. Esta enfermedad le generó una “CICATRIZ HIPOCROMICA 2,0 X
3,0 CMS DE FORMA OVALADA REGION DORSAL TERCIO DISTAL
ANTEBRAZO IZQUIERDA, CON BORDES HIPERCROMICOS, SIN
BORDES ACTIVOS, NO ADENOPATIAS” (sic a todo), cicatriz no quirúrgica
y no susceptible de corrección. (…)
En este contexto, la autoridad judicial accionada señaló que el demandante logró
acreditar la existencia del daño, el cual se materializó en la enfermedad
leishmaniasis y la cicatriz generada como consecuencia de aquella.
No obstante, en cuanto a la antijuridicidad del daño, concluyó lo siguiente:
“No cabe la menor duda que, de acuerdo con el artículo 176 del Código
General del Proceso, el juez debe valorar en conjunto el acervo probatorio y
acorde con las reglas de la sana crítica, por lo tanto, visto que al señor Efraín
Paba Diaz no se le realizó el examen de retiro de que trata el artículo 8° del
Decreto 1796 de 2000, no acudió a valoración médica por parte de la Junta
Médico Militar y/o Tribunal Militar luego del retiro del servicio, aun cuando la
historia clínica de la Dirección de Sanidad del Ejército, indique que éste
presentó la enfermedad de Leishmaniasis esto no es suficiente para declarar
judicialmente responsable a la entidad demandada, por cuanto ante el juicio
de imputación, no se llegó a la convicción que dicho daño sea de naturaleza
tal que merezca ser indemnizado, ya que el profesional en medicina en la
valoración realizada establece una pérdida de la capacidad del 10%
fundamentado en unas “lesiones adquiridas en el servicio, con causa y razón
del mismo”, lesiones estas que consisten en:
“CICATRICES NO QUIRURGICAS DE CUALQUIER LOCALIZACION Y NO
SUSCEPTIBLES DE CORRECCION GRUPO 10 ARTICULO 86 LESIONES Y
AFECCIONES DE LA PIEL NUMERAL 10-004 INDICE DE LESION GRADO
MINIMO 2 EXTRAPOLANDO EN LA TABLA A DE VALUACION DE
INCAPACIDADES PORCENTAJE DISMINUCION DE LA CAPACIDAD
LABORAL PARA LA EDAD DE 21ANOS EQUIVALE 10.0% EXTRAPOLANDO
EN LA TABLA “A” EL VALOR 10,0% CON LA EDAD DEL SOLDADO
(21ANOS): NOS DA UN INDICE DE 2 ESTE INDICE SE EXTRAPOLA EN LA
TABLA C “INDEMNIZACION EN MESES DE SUELDO DE '/z A 54 MESES
OFICIALES - SUBOFICIALES -CIVILES - SOLDADOS - GRUMETES
AGENTES Y ALUMNOS DE ESCUELA DE FORMACION” PARA EL RANGO
DE EDAD 21 ANOS: EQUIVALE A 4.25 MESES DE SUELDO”
Así, el profesional en medicina establece una pérdida de la capacidad laboral
del 10% con ocasión de una cicatriz, y si bien indica determinar dicho
porcentaje conforme a lo establecido en el grupo 10 del artículo 86 numeral
10-004 del Decreto 94 de 1989, en ningún momento establece en que
consiste realmente esa pérdida o cual es la función laboral que se ve limitada
o las actividades que no podrá realizar.
Conforme a lo expuesto, la Sala, solamente encuentra certeza que el señor
Paba durante el tiempo que estuvo prestado el servicio militar obligatorio
adquirió la enfermedad de Leishmaniasis y que el Ejército le brindó el
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Accionante: Efraín Paba Díaz
tratamiento necesario para la regularización de su estado de salud; sin
embargo, no se evidencia la materialización de un daño antijurídico tal que
sea susceptible de indemnización, por cuanto no existe en el plenario
documento alguno que dé cuenta de la magnitud de las secuelas padecidas,
esto es, solo se sabe que tiene una pequeña cicatriz en un brazo por la que
un Médico le asignó una pérdida de la capacidad laboral del 10%, y es por
esta razón por la cual se revocará la decisión de condenar al Ejército a
reconocer el pago de perjuicios materiales.” (…)
En lo concerniente al daño a la salud, el Tribunal dispuso que:
“(…) Ahora, en lo que atañe al reconocimiento del denominado daño a la
salud reconocido en la sentencia de primera instancia, el mismo también será
revocado, por cuanto respecto a esta clase de perjuicios el porcentaje de la
gravedad o levedad de la afectación corporal o psicofísica, debe estar
debidamente probada dentro del proceso, relativa a los aspectos o
componentes funcionales, biológicos y psíquicos del ser humano, por lo cual
el juez deberá considerar las consecuencias de la enfermedad o accidente
que reflejen alteraciones al nivel del comportamiento y desempeño de la
persona dentro de su entorno social y cultural que agraven la condición de la
víctima, la pérdida o anormalidad de la estructura o función psicológica,
fisiológica o anatómica (temporal o permanente), La anomalía, defecto o
pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u otra estructura corporal o
mental, entre otros; sin embargo, en el presente, aun cuando está acreditado
que el demandante padeció de la enfermedad de leishmaniasis, también se
encuentra probado que la entidad demandada brindó la atención médica y el
tratamiento que éste requería, razón por la cual el joven Ifrain Paba Diaz no
sólo se curó, sino que además quedó sin secuelas invalidantes, tal y como
se lee en el estudio médico realizado por el Profesional Fernando Vargas
Quintana (…)”
En conclusión, para el Tribunal accionado, los elementos probatorios permitieron
constatar que si bien, el actor adquirió la enfermedad mencionada en virtud de la
prestación del servicio militar obligatorio, lo único que demostró fue la existencia de
la cicatriz, que de por sí, no representó una limitación laboral que conllevara a
resarcir el daño que pregonó antijurídico.
Los elementos señalados en precedencia le permiten a la Sala inferir, con claridad,
que el debate planteado en este caso fue adecuadamente examinado por el juez
competente. Asimismo, no se aprecia que la decisión haya sido dictada de forma
arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos y fundamentos normativos, ni que
se hayan trasgredido los derechos fundamentales de la parte actora durante el
desarrollo del proceso ordinario.
Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y
explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a
través del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de
manera clara que no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, sino que, para entender
como acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
se requiere demostrar: i) su existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su
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Accionante: Efraín Paba Díaz
carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela debe aportar elementos suficientes
que permitan al juez constitucional advertir tal vulneración13.
5.3. A partir de lo anterior, para la Sala es claro que la parte actora pretende imponer
su interpretación normativa sobre las consideraciones expuestas por la autoridad
enjuiciada, así como su discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar con
el debate surtido en el trámite del proceso primigenio, sin que haya demostrado la
violación de los derechos fundamentales para el que pidió su protección.
Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada por
la parte accionante está encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite
del proceso de reparación directa, toda vez que reitera argumentos de índole legal
y probatorio desarrollados en el marco del proceso ordinario, sin esbozar las
razones concretas por las cuales los derechos fundamentales invocados fueron
vulnerados con la providencia atacada, lo que escapa de la órbita del juez
constitucional, toda vez que la decisión censurada se sustenta en el principio de
autonomía judicial.
5.4. En cuanto al cargo por desconocimiento del precedente citado en la solicitud
de amparo presentada, consistente en la omisión de la aplicación al caso concreto
el contenido de apartes de varios pronunciamientos del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Tribunal Administrativo de Antioquia y Tribunal Administrativo de
Risaralda, así como sentencias de tutela proferidas por esta Corporación, la Sala
precisa que el precedente14 se constituye en un pilar del Estado de Derecho, pues
busca asegurar la coherencia en la aplicación del ordenamiento jurídico, a través de
las decisiones judiciales que sean razonablemente previsibles. Por su alcance, se
constituye en una herramienta de protección de los principios de la confianza
legítima y la buena fe al momento de resolver un caso sometido a su jurisdicción.
Adicionalmente, su origen radica en la autoridad judicial que lo crea, por lo que
existen dos clases de precedente a saber: el horizontal y el vertical. El primero,
comprende “aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el
mismo operador judicial”; mientras que el segundo, “se relaciona con los
lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar
jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional. Así, para
la mayoría de los asuntos, el precedente vertical que deben seguir los funcionarios
judiciales es determinado por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de
Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción. En los casos
en los que no son susceptibles de ser revisados por las autoridades mencionadas,
son los tribunales los encargados de establecer criterios hermenéuticos para los
operadores judiciales inferiores”15.
13 Sentencia SU215 de 2022.
14 Sentencia SU 113/2018 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
15 Ibidem.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01951-00
Accionante: Efraín Paba Díaz
Según lo expuesto, y de la revisión de la jurisprudencia mencionada, en primer
lugar, si bien, la parte actora identificó los fallos de tutela que debieron ser tenidos
en cuenta por la autoridad, no precisó alguna regla vinculante que haya debido
considerarse y cuya aplicación era imperiosa para adoptar la decisión atacada;
además, se tiene que los efectos de este tipo de pronunciamientos son inter-partes16
y no como erróneamente considera el accionante.
En segundo lugar, en las sentencias proferidas en procesos de reparación directa
en casos con identidad fáctica a la del presente caso, proferidos por diferentes
tribunales, estas atañen a un pronunciamiento judicial, sin que por el hecho de que
verse en los mismos hechos, ello permita concluir que constituye precedente
horizontal con fuerza vinculante y obligatoria de una sentencia de unificación. Por
tanto, no se puede concluir que estas providencias componen un precedente en el
cual, el juez natural de la causa debió basar su estudio.
Sumado a lo anterior, la parte accionante no desarrolló un análisis metodológico y
comparativo que permitiera establecer la identidad jurídica entre esos fallos, así
como la inaplicación de alguna regla de unificación y la decisión aquí cuestionada.
El respeto al precedente exige no solo la referencia a decisiones previas, sino
también la exposición clara y estructurada de los puntos de coincidencia entre los
casos analizados, con el fin de demostrar que el fallo objeto de censura se apartó
injustificadamente de la jurisprudencia aplicable. En este caso, la falta de un estudio
detallado de los elementos de similitud impidió verificar si existía o no una
contradicción con el precedente alegado. Por lo anterior, no se advirtió una carga
argumentativa suficiente que sustentara el cargo formulado, lo que imposibilita su
análisis de fondo en la presente decisión.
5.4. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y
subsidiaria, por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de
los derechos fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una
posible agresión proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión
proferida por esta, sin que ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un
nuevo estudio del caso como si fuera una instancia adicional a lo ya surtido.
En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada17, lo que se opone a que use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o
16 Lo anterior, de conformidad con el contenido del artículo 48 de la Ley 270 de 1996, en el que dispone que”
(...) Las decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acción de tutela tienen carácter obligatorio únicamente
para las partes. Su motivación sólo constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces”. Así como el
contenido de la sentencia SU349 de 2019. MP. Diana Fajardo Rivera.
17 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
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Accionante: Efraín Paba Díaz
de interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso
ordinario18.
Así las cosas, la Sala concluye que la acción de tutela no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, por lo que procederá a declarar su improcedencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por
Efraín Paba Díaz en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, por no superar
el requisito de relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.
Notifíquese y Cúmplase,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
LMMT
18 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.
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