Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07522-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07522-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-07522-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
3 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTISIETE (27) ESPECIAL DE DECISIÓN
Consejera ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá D.C., tres (3) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07522-00
Demandante: ROCÍO SOTO DE CÁRDENAS Y OTROS
Demandado: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Temas: Recurso extraordinario de revisión. Causal 5 del artículo 250 del
CPACA. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la
que no procede recurso de apelación.
SENTENCIA
La Sala Veintisiete Especial de Decisión resuelve el recurso extraordinario de
revisión interpuesto por los señores Rocío Soto de Cárdenas, Pedro Nel Cárdenas
Betancourt, Claudia Jiménez Cárdenas Soto, Catalina María Cárdenas Soto, Luz
Adriana Cárdenas Soto, Fernando Soto Villegas, Jairo Soto Villegas, Consuelo Soto
Villegas, Álvaro Soto Villegas, Lucy Soto Villegas y Esperanza Soto Villegas1, en
contra de la sentencia del 4 de agosto de 2022 proferida por la Sección Tercera,
Subsección B del Consejo de Estado que modificó la sentencia proferida en
primera instancia por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 4 de octubre
de 20182.
I. ANTECEDENTES
1.1. Del proceso ordinario
El 9 de abril de 2012 los señores Rocío Soto de Cárdenas, Pedro Nel Cárdenas
Betancourt, Claudia Jiménez Cárdenas Soto, Catalina María Cárdenas Soto, Luz
Adriana Cárdenas Soto, Fernando Soto Villegas, Jairo Soto Villegas, Consuelo Soto
Villegas, Álvaro Soto Villegas, Lucy Soto Villegas y Esperanza Soto Villegas,
instauraron demanda de reparación directa para que se declarara patrimonialmente
responsable a la Fiscalía General de la Nación por los perjuicios que se les ocasionó
con la privación injusta de la libertad de la señora Rocío Soto de Cárdenas, quien
estuvo investigada penalmente por el delito de lavado de activos, entre el 2006 y el
27 de julio de 2010 cuando el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de
Cali profirió sentencia absolutoria que cobró ejecutoria el 7 de septiembre del mismo
año.
La entidad demandada en su contestación se opuso a las pretensiones al considerar
que la medida restrictiva de la libertad no fue producto de una vía de hecho ni
1
Del proceso de reparación directa también hizo parte Valeria Ramírez Cárdenas, sin embargo, esta no fue objeto de la
condena tanto en primera como en segunda instancia y tampoco otorgó poder en el Recurso Extraordinario de Revisión
2
Expediente No. 76001-23-31-000-2012-00412-01
Recurso Extraordinario de Revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07522-00
Demandante: Rocío Soto de Cárdenas
vulneró el debido proceso y en todo caso se ajustó a los elementos probatorios
obrantes para la época en la investigación.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia de primera instancia
dictada el 4 de octubre de 20183, accedió a las pretensiones de la demanda por
considerar que la Fiscalía impuso la medida de aseguramiento a la señora Rocío Soto
de Cárdenas sin constatar el mínimo de requisitos legales que la reclamante no estaba
en el deber de soportar. En consecuencia, ordenó el reconocimiento de perjuicios
morales y materiales en las modalidades de lucro cesante y daño emergente en favor
de los demandantes.
La anterior decisión fue apelada por ambas partes, así:
La Fiscalía General de la Nación planteó que la medida impuesta no fue caprichosa,
estuvo ajustada a la ley y, por ende, la señora Rocío Soto de Cárdenas estaba
obligada a soportar la privación de la libertad, lo que impide declarar la responsabilidad
de la entidad.
La parte demandante solicitó el reconocimiento del perjuicio derivado de la
afectación o vulneración relevante de bienes o derechos protegidos convencional y
constitucionalmente, así como la publicación de un aviso en el que conste que la
señora Rocío Soto de Cárdenas quedó absuelta de los delitos imputados en un
diario de amplia circulación nacional o departamental, a título de justicia restaurativa.
La Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado en sentencia del 4 de agosto
de 20224, al resolver los recursos de apelación, modificó la sentencia de primera
instancia en relación con el reconocimiento de los perjuicios, en los siguientes
términos:
«1) Modificase la sentencia proferida el 4 de octubre de 2018 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca la cual queda así:
PRIMERO: Declárase patrimonial y extracontractualmente responsable a la Fiscalía
General de la Nación por los daños antijuridicos causados por la privación injusta de la
libertad que padeció la señora Rocío Soto de Cárdenas en el marco del proceso penal
seguido en su contra por el delito de lavado de activos.
SEGUNDO: Como consecuencia, condenase a la Fiscalía General de la Nación a pagar
por concepto de perjuicio moral, las siguientes sumas de dinero:
a) Para la actora Rocío Soto de Cárdenas la suma equivalente a treinta y tres punto
dieciséis (33.16) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la ejecutoria
de la sentencia de segunda instancia.
b) Para cada uno de los actores Pedro Nel Cárdenas Betancourt, Claudia Jimena
Cárdenas Soto, Catalina María Cárdenas Soto y Luz Adriana Cárdenas Soto la suma
equivalente a dieciséis punto cincuenta y ocho (16.58) salarios mínimos legales
mensuales vigentes a la fecha de la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia.
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Recurso Extraordinario de Revisión
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Demandante: Rocío Soto de Cárdenas
c) Para cada uno de los actores Fernando Soto Villegas, Jairo Soto Villegas, Consuelo
Soto Villegas, Álvaro Soto Villegas, Lucy Soto Villegas y Esperanza Soto Villegas la
suma equiválete a nueve punto noventa y cuatro (9.94) salarios mínimos legales
mensuales vigentes a la fecha de la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia.
TERCERO: Como consecuencia, condenase a la Fiscalía General de la Nación a pagar
por concepto de lucro cesante, la siguiente suma de dinero:
Para Rocío Soto de Cárdenas la suma de doce millones quinientos treinta y ocho mil
setenta y siete pesos ($12.538.077).
CUARTO: La Fiscalía General de la Nación remitirá con destino a la señora Rocío Soto
de Cárdenas una misiva en la que exprese disculpas a raíz de la privación de la libertad
de la cual fue objeto y reconozca que ella no era responsable del delito por el que fue
privada de su libertad, conforme a los términos señalados en esta providencia.
QUINTO: Deniéganse las demás pretensiones de la demanda.
2) Condenase en costas a la Fiscalía General de la Nación, Fíjese por concepto de
agencias en derecho la suma de un millón setecientos dieciséis mil quinientos ochenta
pesos ($1.716.580). Por Secretaría liquídense los gastos procesales.»
1.2. Recurso Extraordinario de Revisión
En esta ocasión, se interpone el recurso extraordinario de revisión5 en contra de la
sentencia del 4 de agosto de 2022 dictada por la Sección Tercera, Subsección B del
Consejo de Estado, con fundamento en la causal prevista en el numeral 5 del artículo
250 del CPACA, esto es, «(e)xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación».
Exponen que la sentencia recurrida desconoce los principios de non reformatio in
pejus, congruencia y debido proceso, por dos razones:
Primero, porque el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la
Nación no presentó motivos de inconformidad ni reparos respecto de la sentencia
de primera instancia y se limitó a citar sentencias de la Corte Constitucional
relacionadas con la medida de aseguramiento, así como una sentencia del Consejo
de Estado sobre el error judicial, que no era materia de litigio y, pese a mencionar
una sentencia del Consejo de Estado sobre la privación injusta de la libertad, no se
solicitó la revocatoria, modificación o complementación de la sentencia impugnada,
por lo cual los demandantes fueron apelantes únicos. Además, los perjuicios
reconocidos a los demandantes no fueron objeto del recurso de apelación, lo cual
limitaba la competencia del ad quem.
En segundo lugar, de considerar que el recurso de apelación interpuesto por la
Fiscalía está bien fundamentado, el ad quem solo podía pronunciarse sobre la
detención injusta y no sobre otros aspectos de inconformidad que no fueron
apelados; por ende, la falta de congruencia y coherencia generan la invalidez de la
sentencia.
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Demandante: Rocío Soto de Cárdenas
1.3. Trámite procesal
El 22 de marzo de 20246 se admitió el recurso extraordinario de revisión, luego de
haber sido cumplidos los requisitos del auto inadmisorio7, y se ordenó notificar a la
Fiscalía General de la Nación demandada en el proceso ordinario, al ministerio
público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la que se surtió el
2 de abril de 20248.
El 5 de noviembre de 20249 se tuvieron como pruebas los documentos allegados
por la parte actora.
1.4. Intervenciones
La Fiscalía General de la Nación10, se opuso al recurso extraordinario de revisión y
solicitó desestimarlo. Manifiesta que este instrumento no se puede convertir en una
tercera instancia para revivir el debate de la responsabilidad estatal de las anteriores
instancias, y que los demandantes no presentan argumentos y documentos que
sustente su procedencia, porque los alegados no se enmarcan en ninguna de las
causales previstas en el artículo 250 del CPACA.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sala Veintisiete Especial de Decisión del Consejo de Estado es competente para
conocer del presente asunto, en virtud del recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la parte demandante, de conformidad con lo establecido en los
artículos 24911 y 10712 del CPACA.
Ello, en atención a la competencia que le asigna el artículo 249 del CPACA, de
conformidad con la distribución de negocios al interior del Consejo de Estado
dispuesta en el artículo 29 del Acuerdo No. 80 de 201913.
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Artículo 249. Competencia. “De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones
del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la
decisión. (…)”. Norma declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-450 de 2015
12
Artículo 107. Integración y composición. (…) Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además
de las reguladas en este Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de nulidad por inconstitucionalidad.
Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por cada una de las secciones que la conforman, con exclusión
de la que hubiere conocido del asunto, si fuere el caso.
La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que al respecto establezca el
reglamento interno.”
13
Reglamento del Consejo de Estado. Artículo 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de
competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:
1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo
de Estado. (…)”.
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Demandante: Rocío Soto de Cárdenas
2.2. Ejercicio oportuno del recurso extraordinario
La sentencia recurrida se expidió el 4 de agosto de 2022, se notificó el 14 de diciembre
de 2022 y el término de ejecutoria corrió entre el 15 y 19 del mismo mes y año. Los
demandantes presentaron el recurso extraordinario de revisión el 13 de diciembre de
202314, esto es, dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia,
conforme lo exige el inciso primero del artículo 251 del CPACA.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer si la providencia de 4 de agosto de 2022, proferida
por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en la causal
de revisión prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA.
Para resolver dicho interrogante, la Sala se referirá a: (i) la naturaleza del recurso
extraordinario de revisión y el alcance de la causal de nulidad originada en la
sentencia; y (ii) al caso concreto, esto es, si se desconocieron los principios de no
reformatio in pejus, congruencia y debido proceso.
2.4. Recurso extraordinario de revisión – marco normativo y jurisprudencial
El recurso extraordinario de revisión, en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, constituye una excepción al principio de inmutabilidad de las
sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada.
Este pretende la infirmación de la providencia por resultar contraria a la justicia
y al derecho, con miras a que se produzca una nueva decisión, ajustada a la ley.
El legislador estableció de manera taxativa las causales que habilitan la
procedencia del recurso extraordinario de revisión, previendo un uso indebido de
este medio de impugnación que significara la apertura de un nuevo debate
probatorio o interpretativo y, con ello, la autorización para una tercera instancia.
Las causales de revisión, en vigencia del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se encuentran enumeradas en
el artículo 250, según se transcribe a continuación:
«Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el
recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra
de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados
penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.
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4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el
pronunciamiento de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor
derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo
del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad
a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las
partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión
si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.»
Por su parte, el artículo 252 de la misma normativa establece que el recurso debe
interponerse mediante escrito que deberá contener: i) la indicación de las partes y
sus representantes, ii) el nombre y domicilio del recurrente, iii) los hechos u
omisiones que le sirvan de fundamento, y iv) la indicación precisa y razonada de la
causal invocada.
De lo anterior se desprende que uno de los requisitos formales de la demanda
consiste en invocar con precisión cuál es la causal de nulidad que se estima
configurada, con indicación clara y exacta de los motivos y hechos que le sirven de
fundamento, los cuales, en orden a ser analizados, deben estar estrechamente
relacionados con el vicio alegado.
Se precisa que el recurso de revisión no procede para controvertir las razones del
fallo ni para corregir los errores de apreciación de los hechos y de las pruebas, en
que, a juicio de la recurrente, hubiera incurrido el fallador. Un entendimiento distinto
equivaldría a convertir el recurso en un juicio en que se discutirían nuevamente los
hechos, ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada15.
En los términos de la sentencia del 11 de octubre de 200516, «no se trata de
controvertir la corrección o incorrección del juzgamiento, ni de corregir los errores de
apreciación de los hechos y de las pruebas, en que a juicio del recurrente hubiera podido
incurrir el fallador, pues eso equivaldría a convertir el recurso en un juicio contra el fondo
de la sentencia, discutiendo nuevamente los hechos, ya dilucidados con fuerza de cosa
juzgada; sino de la inobservancia de las reglas propias de la sentencia, que vician su
validez».
La parte actora invocó la causal de revisión contenida en el numeral 5° del artículo
250 del CPACA, la cual, exige los siguientes presupuestos: i) que exista nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso, y ii) que contra dicha providencia
no proceda recurso de apelación.
En relación con el primer elemento –nulidad originada en la sentencia- esta
Corporación ha precisado que, en los aspectos no regulados por el CPACA, resultan
15
Sentencias del 16 de agosto de 2018, expediente con radicado número: 23001-33-31-003-2007-00107-01 [47300], Sección
Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, M.P. Guillermo Sánchez Luque Consejo de Estado, que reitera la sentencia
del 11 de octubre de 2005, Rad. 00794-00 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
16
Expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2003-00794-01 M.P. Ligia López Díaz, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo.
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Demandante: Rocío Soto de Cárdenas
aplicables al proceso contencioso administrativo las normas del CPC o del CGP,
según la vigencia de dichas normas respecto del proceso que se tramita.
En el presente asunto, el recurso extraordinario de revisión se interpuso en vigencia
del CPACA y del CGP17, de manera que procede remitirse al artículo 133 de este
último ordenamiento que enlista las causales de nulidad del proceso.
Adicionalmente, en concordancia con lo expuesto por la Corte Constitucional 18, se
ha dicho que la nulidad no se restringe a las causales que contempla el
ordenamiento procesal civil, sino que se deriva, también, de la violación del debido
proceso estatuido en el artículo 29 de la Constitución Política.
En sentencia de 8 de mayo de 201819, la Sala Plena del Consejo de Estado le dio
un nuevo alcance a la causal de nulidad originada en la sentencia, para señalar que
«todo lo anterior permite afirmar sin ambages que los eventos definidos tradicionalmente
por la jurisprudencia de esta Corporación como constitutivos de nulidades originadas en la
sentencia, no son taxativos (…) la subregla jurisprudencial, así definida, deberá aplicarse
por parte de los jueces de esta Jurisdicción, con mesura, ponderación, proporcionalidad y
adecuación a cada caso. Un criterio a tener en cuenta para efectos de lo anterior es el
cumplimiento o no, de los fines funcionales del derecho, por parte de la providencia
revisada».
La Corte Suprema de Justicia, por su parte, ha aclarado que «no es la nominación de
la causal de nulidad lo que habilita su estudio, sino la sustentación fáctica que de ella se
haga»20.
En sentencia de 8 de mayo de 201921 el Consejo de Estado, sostuvo que «dada la
naturaleza extraordinaria del recurso de revisión, se prevé, como uno de los requisitos para
su procedencia, que las razones o motivos que constituyen las causales del recurso no
hayan sido provocadas ni le sean imputables al afectado con la sentencia, en el entendido
de que este recurso no consagra una nueva instancia, ni prevé oportunidades para que las
partes subsanen conductas omisivas o negligentes en las que hubiesen podido incurrir
durante el trámite del proceso».
Sobre los vicios que pueden dar lugar a la nulidad de la sentencia, la jurisprudencia
contencioso administrativa ha identificado algunos supuestos22, que fueron
sintetizados en la sentencia de 31 de mayo de 201123, así:
17
El recurso extraordinario de revisión se interpuso el 6 de marzo de 2014, momento para el cual ya resultaba aplicable la
Ley 1564 de 2012 en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Al respecto, mediante auto de 25 de junio de 2014, rad. 2012-0395-01(IJ), la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de
esta Corporación manifestó que el Código General del Proceso entró en vigencia en la jurisdicción de lo contencioso
administrativa el 1° de enero de 2014, salvo las situaciones que se gobiernen por la norma de transición, al contarse con la
infraestructura necesaria para su correcta e idónea aplicación, a diferencia de la jurisdicción ordinaria que sí debió someterse
a una gradualidad, en orden a que se obtuvieran los elementos físicos, logísticos y estructurales para su implementación.
18
Ver sentencias C-491 de 1995, C-217 de 1996 y C-739 de 2001.
19
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Rad. REV-1998-153.
20
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, sentencia de 7 de diciembre de 1999, expediente No. C-5037.
21
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, rad. 2013-00035-00(46453), M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
22
Al respecto, se pueden consultar, por ejemplo, las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, 11 de mayo de 1998, Rad. REV-093; 18 de octubre de 2005, Rad. 2000-00239 y de 20 de octubre de 2009,
Rad. REV-2003-00133. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 11 de junio de 2009, Rad. 836-
06; y Sección Primera, sentencia de 14 de diciembre de 2009, Rad. 2006-00123.
23
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Rad. 11001-03-15-000-2008-00294-00, M.P. Mauricio
Torres Cuervo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07522-00
Demandante: Rocío Soto de Cárdenas
«En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta de
jurisdicción o competencia24, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso terminado
normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta sentencia
después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento,
aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, iv) cuando se dicta
sentencia como única actuación, sin el previo trámite correspondiente, v) cuando se
condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda o por causa diferente de la invocada en ésta25, vi) cuando se condena a quien
no ha sido parte en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia
después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión26
o, en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando la sentencia aparece
firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con un número de votos
diverso al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de
motivación27.»
También ha aceptado la corporación28, que esa providencia puede resultar viciada
por hechos externos que, si bien no están previstos como causales de nulidad
procesal, lo cierto es que sí pueden afectar la legalidad y justicia de la decisión, al
punto que desconocerían el artículo 29 de la Constitución Política (CP) 29, eventos
tales como: (i) se condena a la parte que no fue vinculada al proceso; (ii) se dicta a
pesar de que el proceso estaba legalmente suspendido o interrumpido; (iii) no
cuenta con el número de votos necesarios para la aprobación -en el caso de
decisiones de jueces colegiados-; y (iv) no tiene formal ni materialmente motivación,
entre otros. Se trata de vicios procesales que surgen al momento de la expedición
de la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación, y eso habilita la procedencia del recurso extraordinario de revisión.
Así mismo, se acepta la posibilidad de alegar como nulidad originada en la
sentencia, la causal que, aunque ocurrida en momento anterior a la emisión del fallo
definitivo no apelable, no pudo advertirse por el recurrente durante el curso del
proceso30, correspondiéndole al interesado la carga de probar que no tuvo la
oportunidad de proponer la nulidad. De lo contrario, la causal de revisión se
convertiría en un mecanismo para que las partes subsanen las omisiones en el
proceso ordinario y aleguen nulidades que pudieron proponer en la oportunidad
prevista en el ordenamiento jurídico procesal -art. 134 del CGP-31.
Esta Corporación ha previsto que la causal de nulidad originada en la sentencia
también comprende la violación al principio de congruencia, así:
«Ahora bien, la causal quinta del artículo 250 del CPACA también comprende i) La
violación del principio de congruencia cuando al accionado es condenado por
cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa
24
“Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de diciembre de 1997, Rad. REV-080”.
25
“Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 11 de mayo de 1998, Rad. REV-093”.
26
“Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección ‘A’, sentencia de 3 de febrero de 2009, Rad. REV-1998-00170”.
27
“Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de junio de 2005, Rad. REV-062”.
28
Ver, entre otras, la sentencia de 08 de mayo de 2018, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo (exp. 11001-03-15-000-
1998-00153-01 (REV), CP: Alberto Yepes Barreiro).
29
Ver, entre otras, la sentencia de 11 de junio de 2024, Sala Tercera Especial de Decisión (exp. 11001-03-15-000-2023-
04329-00, CP: Wilson Ramos Girón).
30
Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 02 de marzo de 2010 (exp. 2001-0091-01, CP: Mauricio Torres Cuervo).
31
Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 06 de agosto de 2013 (exp. 2009-00687-00, CP: Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas).
8
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Demandante: Rocío Soto de Cárdenas
diferente a la invocada en ésta y, ii) Que la sentencia no se pronuncie sobre todos los
puntos litigiosos objeto del debate (cifra petita)32.»
2.5. Caso concreto
Los recurrentes alegan que el fallo 4 de agosto de 2022 incurrió en la causal de
revisión prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, esto es, «(e)xistir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación», con lo cual se desconocieron los principios del no reformatio in pejus,
congruencia y debido proceso, porque resolvió el recurso de apelación interpuesto
por la Fiscalía en el que no se presentaron argumentos que controvirtieran la
sentencia apelada y, se modificó y disminuyó la condena inicialmente impuesta.
La sentencia materia de revisión fue proferida en el proceso de reparación directa
por privación injusta de la libertad de la señora Rocío Soto de Cárdenas, quien
finalmente fue absuelta por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de
Cali, argumentando ausencia de responsabilidad.
Como fundamento fáctico del recurso se señaló que la providencia demandada
estaba viciada de nulidad, dado que:
i) Se vulneró la garantía de no reformatio in pejus, porque la sentencia se pronunció
respecto del recurso de apelación formulado por la Fiscalía, pese a que no formuló
los reparos concretos frente a la decisión, es decir que, no controvirtió la sentencia
de primera instancia, en virtud de lo cual, los demandantes fueron apelantes únicos.
ii) De considerar que el recurso de apelación formulado por la Fiscalía estaba
sustentado, el ad quem sólo podía pronunciarse sobre la detención injusta, sin que
se entendiera apelado totalmente el fallo, con fundamento en el artículo 328 del
CGP.
Previo a analizar los aspectos de inconformidad aludidos, se precisa, como se
señaló en el acápite anterior, que el recurso extraordinario de revisión autoriza el
examen de las sentencias en firme que han hecho tránsito a cosa juzgada,
únicamente bajo las causales determinadas en la ley, de acuerdo con la
interpretación jurisprudencial que de ellas se ha hecho, en tanto su finalidad es
garantizar la materialización de la justicia.
En ese entendido, no le está permitido al juez de conocimiento cuestionar la
valoración probatoria o la interpretación normativa efectuada por el fallador en la
providencia cuestionada o, en general, sobre el fondo del asunto y,
consecuentemente, tampoco es la oportunidad para que las partes subsanen
conductas omisivas o negligentes en las que hubiesen podido incurrir durante el
trámite del proceso.
32
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, Rad. REV 2014-00440-00.
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En el presente caso, la Fiscalía General de la Nación como entidad demandada
impugnó la sentencia de primera instancia por considerar que, la señora Rocío Soto
estaba en la obligación de soportar la privación de la libertad conforme la
Constitución y la ley. En dicho recurso se lee:
«(…) es evidente que en el caso que dio origen al proceso judicial administrativo, no
se cumplen las premisas que deben concurrir para la configuración del daño
antijurídico, toda vez que mi representada en el CUMPLIMIENTO DEL DEBER
LEGAL y en desarrollo del ius puniendi llevó a cabo la investigación y posterior
captura de la señora ROCÍO SOTO DE CÁRDENAS, a la luz de la Ley 600 de 2000.
Con las pruebas y argumentos, es claro que ROCÍO SOTO DE CÁRDENAS, se
encontraba en la obligación de soportar la investigación y medida de aseguramiento
que le fue impuesta por el presunto punible de LAVADO DE ACTIVOS, que por cierto
fue ajustada al ordenamiento constitucional y legal vigente para la época de los
hechos. de esta manera, la Fiscalía investigó los hechos puestos a su conocimiento
siendo diligente, apegándose en todo momento a lo dispuesto en los códigos en
materia de derecho de defensa, debido proceso y demás garantías de los procesados
y, por ello está lejos de ser tildada como constitutiva de falta o falla del servicio de la
administración, o de error, susceptibles de generar indemnización y
responsabilidades a la Entidad que represento. (…)
Así las cosas, no existe mérito para que mi prohijada sea condenada a pagar daños
morales, por el presunto error judicial, ya que su actuación no fue arbitraria, ni mucho
menos violando los derechos constitucionales. (…)
En este orden de ideas, de los hechos de la demanda y de las pruebas arrimadas a
este proceso administrativo se puede claramente observar y comprobar que los
funcionarios de la Fiscalía General de la Nación se apegaron a las normas legales
sustanciales y procedimentales vigentes al momento de los hechos, de lo cual no es
viable ni ajustado a derecho predicar que la Entidad incurrió en deficiencias,
negligencias, arbitrariedades, omisiones o errores, ni mucho menos en negligencia
en el adelantamiento del proceso penal, que produjeran falla o falta en la prestación
del servicio de justicia o de la administración.
Es importante aclarar que dentro del acervo probatorio recaudado no se establece en
ningún momento que la Fiscalía de conocimiento para la época, hayan dilatado
injustificadamente el proceso, sus actuaciones se limitaron a dar cumplimiento a la
ley, dando oportunidad a los sujetos procesales de recurrir sus decisiones, respetando
siempre el debido proceso y con observación de la plenitud de las formas propias del
juicio, lo que implica que dentro de la etapa de investigación el Fiscal esta obligado a
practicar las pruebas pertinentes, necesarias y conducentes con el fin de establecer
si los hechos investigados constituían o no delito y si los denunciados lo cometieron
o no, pues como lo establece la Constitución “toda persona se presume inocente
mientras no sea declarado culpable” por tanto, no puede el actor esperar a que se
tomen decisiones sin recaudar el material probatorio para sustentarlas, pues ello
violaría el debido proceso. (…)»
La Fiscalía, tras citar jurisprudencia sobre el error judicial, la falla en el servicio y la
privación injusta de la libertad, concluye solicitando:
«(...) que efectivamente se tenga en cuenta este escrito para decisiones posteriores,
aclarando que aunque el demandante fue privado de la libertad, no quiere decir que mi
representada llevó a cabo sus funciones de una manera caprichosa, sino por el contrario
buscando los objetivos concretos como la seguridad que el actor compareciera al
proceso y con el fin que el mismo no escapara de la acción de la justicia.»
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La parte actora también apeló solicitando se revoque el numeral tercero de la
sentencia y en su lugar se le reconozca la indemnización por la afectación o
vulneración relevante de bienes o derechos convencional y constitucionalmente
protegidos, así como una medida de justicia restaurativa, pues con fundamento en
la prueba recaudada, se concluye que:
«(…) Todo lo anterior, puso en entredicho el buen nombre de la perjudicada y de su
familia ante la sociedad, sin que a la fecha se tome una medida para limpiar su buen
nombre y el de su familia por un delito que no cometió, pero se dio a conocer a la luz
pública.
En ese orden de ideas, se debe conceder este perjuicio conforme al principio de
indemnización integral, ya que el denominado perjuicio “daño a la vida de relación”,
por ser una categoría desechada en la jurisprudencia unificada de la Sección Tercera
del Consejo de Estado no aplica en este momento al presente caso.
Se concluye entonces, que se debe conceder la indemnización por “afectación
relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados”, toda
vez que de los medios probatorios aportados al proceso se desprende la
configuración de esta categoría de perjuicios en cuantía de 30 SMLMV para el
perjudicado y su familia, como también se efectúe una justicia restaurativa a nivel de
dar a conocer a la comunidad de que el perjudicado fue absuelto de todos los delitos
imputados y dados a conocer por los diferentes medios de comunicación. (…)»
La Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado en sentencia de 4 de
agosto de 2022 modificó la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca el 4 de octubre de 2018 33 al considerar:
«(…) 2. Objeto de la apelación y competencia del ad quem
Sobre el punto, cabe advertir que en el asunto de la referencia la Fiscalía General de
la Nación y la parte actora formularon recurso de apelación, de manera que la
apelación en principio se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante y no es
posible examinar o resolver lo que no fue objeto del recurso.
Por lo anterior, la Sala en esta providencia tomará las siguientes determinaciones:
1) Decidirá el fondo del asunto porque encuentra reunidos los presupuestos para
fallar, entre ellos la oportunidad en la presentación de la demanda. (…)
2) Modificará la decisión de primera instancia de modo que: i) declarará la
responsabilidad patrimonial y extracontractual de la Fiscalía General de la Nación, ii)
reconocerá una indemnización por concepto de perjuicios morales, iii) reconocerá una
indemnización por concepto de lucro cesante, iv) reconocerá una medida de
reparación no pecuniaria por la afectación al derecho al buen nombre y v) se negarán
las demás pretensiones.»
De lo anterior, se observa en primer lugar que, al revisar el recurso interpuesto por
la Fiscalía, si bien no se pide expresamente que se deje sin efectos el fallo de
primera instancia, si hay argumentos que llevan a cuestionar la condena impuesta
a la entidad, porque señaló que su actuación se ajustó a las disposiciones legales
33
Expediente No. 76001-23-31-000-2012-00412-01
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vigentes, en virtud de las cuales se impuso la medida de aseguramiento a la
señora Rocío Soto de Cárdenas, se citó jurisprudencia para ello y se pidió no
condenar a la entidad al pago de perjuicios. Por lo tanto, la Sección Tercera,
Subsección B del Consejo de Estado, consideró debidamente sustentada la
impugnación y se pronunció de fondo sobre la responsabilidad de dicha entidad.
En ese orden de ideas, cuando la sentencia es impugnada por ambas partes, «(…)
el superior resolverá sin limitaciones» , conforme el artículo 328 del Código General
del Proceso, es decir que, el ad quem podía revisar la condena impuesta en materia
de perjuicios, sin que ello afectara la sentencia por incongruencia, máxime si se
tiene en cuenta que la condena se sustentó en la jurisprudencia de unificación
existente para la fecha.
Acorde con lo que viene de decirse, la decisión tildada de nula no viola los principios
del no reformatio in pejus, congruencia y debido proceso, dado que el juez de
segunda instancia no tenía límite para resolver; en consecuencia, se declarará
infundado el presente recurso extraordinario de revisión, porque no se configuró la
causal de nulidad invocada.
2.6. Costas
Según el artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de
2021 -norma vigente para la fecha de presentación de la demanda-, se condenará
en costas a la parte recurrente cuando se declare infundado el recurso
extraordinario de revisión que formuló. Así mismo, conforme con los artículos 188 y
306 ibidem, para la liquidación y ejecución de las costas se remitirá a la norma
procesal general.
En ese sentido, el artículo 361 del CGP establece que las costas están integradas
por los gastos procesales y por las agencias en derecho; y de acuerdo con el artículo
365-8 del mismo código, «[s]olo habrá lugar a su imposición cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
Respecto a las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso, no
procede su imposición al no estar demostrados en el expediente. Por el contrario,
como la Fiscalía General de la Nación designó apoderada para que ejerciera su
defensa en el proceso, quien presentó escrito de oposición, se condenará en costas
en el componente de agencias en derecho.
Según el artículo 366-4 del CGP y el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, expedido
por el Consejo Superior de la Judicatura, la tarifa de agencias en derecho,
tratándose del recurso extraordinario de revisión, se tasa entre uno (1) y veinte (20)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, la Sala considera razonable tasar las agencias en derecho en un (1)
salario mínimo legal mensual a favor de la Fiscalía General de la Nación, a la fecha
de ejecutoria de esta sentencia.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de
Decisión, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la sentencia del 4 de agosto de 2022 proferida por la Sección
Tercera, Subsección B del Consejo de Estado que modificó la sentencia proferida
en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 4 de
octubre de 2018.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante. Se fija por concepto de
agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual
vigente, a favor de la parte demandada.
Por Secretaría liquidar los gastos procesales.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
WILSON RAMOS GIRÓN (E)
Magistrada
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Magistrado
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Magistrado
Con aclaración de voto
MARÍA ADRIANA MARÍN
Magistrada
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