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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2012-00412-01

Fecha
4 de agosto de 2022
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2012-00412-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1°) Modifícase la sentencia proferida el 4 de octubre de 2018 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca la cual queda así: PRIMERO: Declárase patrimonial y extracontractualmente responsable a la Fiscalía General de la Nación por los daños antijurídicos causados por la privación injusta de la libertad que padeció la señora Rocío Soto de Cárdenas en el marco del proceso penal seguido en su contra por el delito de lavado de activos. SEGUNDO: Como consecuencia, condénase a la Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de perjuicio moral, las siguientes sumas de dinero: a) Para la actora Rocío Soto de Cárdenas la suma equivalente a treinta y tres punto dieciséis (33.16) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia. b) Para cada uno de los actores Pedro Nel Cárdenas Betancourt, Claudia Jimena Cárdenas Soto, Catalina María Cárdenas Soto y Luz Adriana Cárdenas Soto la suma equivalente a dieciséis punto cincuenta y ocho (16.58) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia. c) Para cada uno de los actores Fernando Soto Villegas, Jairo Soto Villegas, Consuelo Soto Villegas, Álvaro Soto Villegas, Lucy Soto Villegas y Esperanza Soto Villegas la suma equivalente a nueve punto noventa y cuatro (9.94) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia. TERCERO: Como consecuencia, condénase a la Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de lucro cesante, la siguiente suma de dinero: Para Rocío Soto de Cárdenas la suma de doce millones quinientos treinta y ocho mil setenta y siete pesos ($12.538.077). CUARTO: La Fiscalía General de la Nación remitirá con destino a la señora Rocío Soto de Cárdenas una misiva en la que exprese disculpas a raíz de la privación de la libertad de la cual fue objeto y reconozca que ella no era responsable del delito por el que fue privada de su libertad, conforme a los términos señalados en esta providencia. QUINTO: Deniéganse las demás pretensiones de la demanda. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-31-000-2012-00412-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

4 de agosto de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, cuatro (4) de agosto dos mil veintidós (2022)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 76001-23-31-000-2012-00412-01 (63.880)
Actor: ROCÍO SOTO DE CÁRDENAS Y OTROS
Demandado: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA - PRIVACIÓN DE LA
LIBERTAD (LEY 600 DE 2000)

Síntesis del caso: la señora Rocío Soto de Cárdenas fue vinculada a una investigación
penal y se le impuso medida de aseguramiento por la supuesta comisión del delito de lavado
de activos. En la etapa de juicio fue absuelta por considerar que no cometió la conducta
punible. La Sala modifica la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por la Fiscalía General de la
Nación y la parte actora (fls. 794 a 804 cdno. apelación) en contra de la sentencia
proferida el 4 de octubre de 2018 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
(fls. 736 a 778 cdno. apelación) mediante la cual se dispuso lo siguiente:

“RESUELVE

PRIMERO. Por lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia
DECLÁRASE a la NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN,
administrativamente responsable por los perjuicios ocasionados a ROCÍO
SOTO DE CÁRDENAS, con ocasión de la privación de la libertad a que
esta última se vio abocada por virtud de la medida de aseguramiento
impuesta en su contra, la cual ocurrió entre el 4 de mayo de 2006 y el 9
de diciembre de 2008.

SEGUNDO. CONDENAR a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a
pagar como indemnización las siguientes sumas:

POR PERJUICIOS MORALES:

2.1. Para ROCÍO SOTO DE CÁRDENAS en su calidad de víctima directa,
la suma de 100 SMLMV.

2.2. Para PEDRO NEL CÁRDENAS BETANCOURT como su cónyuge, la
suma de 100 SMLMV.

2.3. Para CLAUDIA JIMENA, CATALINA MARÍA y LUZ ADRIANA
CÁRDENAS SOTO como sus hijas, la suma de 100 SMLMV para cada

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Actor: Rocío Soto de Cárdenas y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

una de ellas.

2.4. Para FERNANDO, JAIRO, CONSUELO, ÁLVARO, LUCY y
ESPERANZA SOTO VILLEGAS como sus hermanos, la suma de 50
SMLMV para cada uno de ellos.

POR PERJUICIOS MATERIALES-DAÑO EMERGENTE:

2.5. Para ROCÍO SOTO DE CÁRDENAS, la suma de $136.546.570.

POR PERJUICIOS MATERIALES-LUCRO CESANTE CONSOLIDADO:

2.6. Para ROCÍO SOTO DE CÁRDENAS la suma de $42.712.962.

TERCERO. NIÉGASE las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO. Dese cumplimiento a esta sentencia en los términos previstos
en los artículos 192 del CPACA. De igual forma, desde la ejecutoria de
esta sentencia las sumas adeudadas generarán intereses moratorios
conforme las previsiones de los artículos 192 -incisos 3 y 5- y 195 numeral
4 del CPACA.

QUINTO. De acuerdo con lo expuesto en la parte motiva, CONDÉNASE
en constas de instancia a la NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN. LIQUÍDENSE por la Secretaría de la corporación (…).” (fls. 777
a 778 cdno. apelación - mayúsculas y negrillas del original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito radicado ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 8
de noviembre de 2012 (fl. 610 cdno. 1) los señores Rocío Soto de Cárdenas, Pedro
Nel Cárdenas Betancourt, Claudia Jimena Cárdenas Soto -quien actúa en nombre
propio y en representación de la menor Valeria Ramírez Cárdenas-, Catalina María
Cárdenas Soto, Luz Adriana Cárdenas Soto, Fernando Soto Villegas, Jairo Soto
Villegas, Consuelo Soto Villegas, Álvaro Soto Villegas, Lucy Soto Villegas y
Esperanza Soto Villegas, por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio del
medio de control de reparación directa consagrado en el artículo 140 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA,
presentaron demanda contra la Fiscalía General de la Nación (fls. 595 a 608 cdno.
1) con las siguientes súplicas:

“3.1.1 Que la NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN es
patrimonial, administrativa y extracontractualmente responsable de los
perjuicios morales, materiales y daños a la vida de relación, causados a
los demandantes por la privación injusta de la libertad de la señora ROCÍO
SOTO DE CÁRDENAS.

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Actor: Rocío Soto de Cárdenas y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

3.1.2 Como consecuencia de la declaración anterior, la NACIÓN-
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, es responsable por la privación
injusta de la libertad de la señora ROCÍO SOTO DE CÁRDENAS y debe
indemnizar a los demandantes por los perjuicios materiales, morales y
daño en la vida de relación ocasionados así:

3.1.2.1 A la señora ROCÍO SOTO DE CÁRDENAS en calidad de
perjudicada directa así:

3.1.2.1.1 PERJUICIOS MATERIALES: Condenar a la NACIÓN-
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, como reparación del daño
ocasionado, a pagar a la perjudicada señora ROCÍO SOTO DE
CÁRDENAS o quien represente legalmente sus derechos, los perjuicios
de orden material (daño emergente y lucro cesante) objetivados y
subjetivos, actuales y futuros, los cuales estimo como mínimo en la suma
de $334.000.000 o conforme a lo que resulte probado dentro del presente
proceso, teniendo en cuenta el principio de indemnización integral.

3.1.2.1.2 PERJUICIOS MORALES: Estos perjuicios los estimo en suma
equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes al
momento de efectuarse el pago del mismo, en razón del daño moral
causado por la privación injusta de su libertad.

3.1.2.1.3 DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN: Los estimo en 100 salarios
mínimos legales mensuales vigentes al momento de efectuar el pago del
mismo. Este perjuicio se configura en el presente caso por el tiempo que
la perjudicada permaneció detenida injustamente, no teniendo la
posibilidad de realizar actividades placenteras que se pueden realizar solo
estando en libertad, tales como disfrutar de actividades recreativas con
sus hijos, salir de paseo con su familia, tener una vida sexual en
condiciones normales y dignas y en general disfrutar de su libertad, la cual
se vio afectada por una decisión injusta de mantenerla privada de aquella
sin haber cometido delito alguno.

3.1.2.2 Al señor PEDRO NEL CÁRDENAS BETANCOURT, en su
condición de esposo de la perjudicada, así:

3.1.2.2.1 PERJUICIOS MORALES: Estos perjuicios los estimo en la suma
equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el
cónyuge, en razón del daño moral causado por la privación injusta de la
libertad de su esposa.

3.1.2.2.2 DAÑO EN LA VIDA DE RELACIÓN: Los estimo en 100 salarios
mínimos legales mensuales vigentes al momento de efectuar el pago del
mismo. Por el no goce de disfrute familiar, personal, íntimo con su pareja
y la unidad familiar de los mismos, cuya reclusión impidió estos placeres
entre los esposos.

3.1.2.3 a CLAUDIA JIMENA CÁRDENAS SOTO, CATALINA MARÍA
CÁRDENAS SOTO Y LUZ ADRIANA CÁRDENAS SOTO, en su
condición de hijas de la perjudicada, así:

3.1.2.3.1 PERJUICIOS MORALES: Estos perjuicios los estimo en suma
equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada
una, para un total de 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes al
momento de efectuar el pago del mismo, en razón del daño moral causado
por la privación injusta de la libertad de su madre.

3.1.2.3.2 DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN: Los estimo en 100 salarios

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Actor: Rocío Soto de Cárdenas y otros
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mínimos legales mensuales vigentes para cada una, para un total de 300
salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de efectuar el
pago del mismo. Por el no goce del disfrute familiar, personal, con sus
hijos y la unidad familiar de los mismos, cuya reclusión impidió estos
placeres entre la perjudicada como madre y sus hijas.

3.1.2.4 A la menor VALERIA RAMÍREZ CÁRDENAS, representada para
todos los efectos legales por su madre Claudia Jimena Cárdenas Soto, en
calidad de nieta legítima de la perjudicada, así:

3.1.2.4.1 PERJUICIOS MORALES: Estos perjuicios los estimo en suma
equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes al
momento de efectuar el pago del mismo, en razón del daño moral causado
por la privación injusta de la libertad de su abuela.

3.1.2.4.2 DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN: Los estimo en 100 salarios
mínimos mensuales vigentes al momento de efectuar el pago del mismo
para la nieta de la perjudicada por el no goce de las relaciones familiares
entre su abuela y nieta que siempre fueron unidas y que por muchos
meses fueron separadas y sufrieron esta distancia.

3.1.2.5 A los señores FERNANDO SOTO VILLEGAS, JAIRO SOTO
VILLEGAS, CONSUELO SOTO VILLEGAS, ÁLVARO SOTO
VILLEGAS, LUCY SOTO VILLEGAS Y ESPERANZA SOTO VILLEGAS,
en calidad de hermanos legítimos de la perjudicada, así:

3.1.2.5.1 PERJUICIOS MORALES: Estos perjuicios los estimo en suma
equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada
uno, para un total de 600 salarios mínimos legales mensuales vigentes al
momento de efectuar el pago del mismo, en razón de la detención injusta
de su hermana (…).” (fls. 595 a 608, 613 a 615 cdno. 2 - mayúsculas y
negrillas del original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte demandante expuso en el
escrito contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:

1) El 18 de mayo de 2006, la Fiscalía Décima Especializada de Bogotá decretó una
medida de aseguramiento de detención preventiva la que posteriormente fue
sustituida por detención domiciliaria en contra de la señora Rocío Soto de Cárdenas
por el delito de lavado de activos.

2) El 27 de julio de 2010, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cali profirió
sentencia absolutoria por considerar que la procesada no cometió la conducta
punible.

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Actor: Rocío Soto de Cárdenas y otros
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3) La privación injusta de la libertad a que estuvo sometida la señora Soto de
Cárdenas le ocasionó tanto a ella como a su núcleo familiar perjuicios inmateriales
y materiales los cuales deben ser indemnizados (fls. 595 a 608, 613 a 615 cdno. 2).

3. Contestación de la entidad demandada

Por auto del 8 de febrero de 2013, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
admitió la demanda y ordenó la notificación personal del Fiscal General de la Nación
(fls. 617 a 619 cdno. 1).

Mediante escrito radicado el 6 de agosto de 2013, la Fiscalía General de la Nación
se opuso a las pretensiones de la demanda y esgrimió los siguientes argumentos
en su defensa:

1) La detención preventiva impuesta en contra la señora Rocío Soto de Cárdenas
tuvo como fundamento dos indicios graves de responsabilidad de manera que se
cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 356 del Código de
Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos.

2) No siempre que una persona haya sido privada de la libertad como consecuencia
de una orden de captura o una medida de aseguramiento se configura una falla en
la prestación del servicio.

3) Hay lugar a desestimar los perjuicios solicitados por la parte actora en la medida
que superan los topes establecidos por la jurisprudencia de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo (fls. 648 a 657 cdno. 1).

4. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en providencia del 4 de octubre de
2018 declaró la responsabilidad patrimonial y extracontractual de la Fiscalía General
de la Nación.

Como argumentos de su decisión el a quo señaló que la privación de la libertad que
padeció la señora Rocío Soto de Cárdenas fue injusta porque la medida de
aseguramiento interpuesta en su contra por el delito de lavado de activos no cumplió

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Actor: Rocío Soto de Cárdenas y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

con los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico (fls. 736 a 778 cdno.
apelación).

5. Recursos de apelación

1) El 26 de octubre de 2018, la Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de
apelación y las razones de inconformidad con el fallo de primera instancia se
resumen así:

a) Sus actuaciones se surtieron de conformidad con la Constitución Política y las
disposiciones procedimentales y sustanciales aplicables al caso concreto de suerte
que no es predicable declarar su responsabilidad patrimonial.

b) La señora Rocío Soto de Cárdenas se encontraba en la obligación de soportar la
privación de su libertad porque la investigación penal seguida en su contra estuvo
acorde al ordenamiento jurídico, además, se respetaron sus garantías procesales
(fls. 794 a 800 cdno. apelación).

2) El 29 de octubre de 2018, la parte actora interpuso recurso de apelación y las
razones de inconformidad con el fallo de primera instancia se resumen así:

a) Si bien la jurisprudencia del Consejo de Estado modificó la tipología de daño a la
vida de relación lo cierto es que hay lugar a reconocer una indemnización por la
afectación o vulneración relevante de bienes o derechos convencional y
constitucionalmente protegidos, así como reconocer una medida de justicia
restaurativa pues, de los elementos materiales probatorios se tiene acreditado que
se quebrantó los derechos a la honra y buen nombre de la víctima directa y su familia
(fls. 801 a 804 cdno. apelación).

6. Actuación surtida en segunda instancia

Por auto del 28 de junio de 2019 (fl. 821 cdno. apelación) se admitieron los recursos
de apelación y el 13 de septiembre de 2019 (fl. 824 cdno. apelación) se corrió
traslado a las partes para que presentaran los alegatos de conclusión por el término
común de diez (10) días y por el mismo lapso al Ministerio Público para que emitiera
concepto.

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Actor: Rocío Soto de Cárdenas y otros
Reparación directa
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En dicha oportunidad procesal la Fiscalía General de la Nación señaló que el daño
consistente en la privación de la libertad no fue probado, pues no obra documento
que así lo respalde (fls. 826 a 836 cdno. apelación), mientras que la parte actora
sostuvo los mismos argumentos expuestos durante el proceso (fls. 854 a 862 cdno.
apelación).

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia, 2) objeto de
la apelación y competencia del ad quem, 3) análisis de la impugnación, 4)
conclusión y, 5) condena en costas.

1. Objeto de la controversia

La controversia planteada busca determinar si la restricción de la libertad que
soportó la señora Rocío Soto de Cárdenas es pasible de comprometer la
responsabilidad de la demandada y si como consecuencia de ello hay lugar a
reparar los perjuicios reclamados por los actores.

2. Objeto de la apelación y competencia del ad quem

Sobre el punto, cabe advertir que en el asunto de la referencia la Fiscalía General
de la Nación y la parte actora formularon recurso de apelación, de manera que la
apelación en principio se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante y no
es posible examinar o resolver lo que no fue objeto del recurso.

Por lo anterior, la Sala en esta providencia tomará las siguientes determinaciones:

1) Decidirá el fondo del asunto porque encuentra reunidos los presupuestos para
fallar, entre ellos la oportunidad en la presentación de la demanda. En efecto, la
decisión proferida el 27 de julio de 2010 por el Juzgado Quinto Penal del Circuito
Especializado de Santiago de Cali que absolvió a la señora Rocío Soto de Cárdenas
del delito de lavado de activos quedó ejecutoriada el 7 de septiembre de 2010
(constancia de ejecutoria, fl. 411 cdno. 1), de manera que la parte actora tenía en

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principio hasta el 8 de septiembre de 2012 para presentar la demanda de reparación
directa; sin embargo, dicho término se suspendió desde el 19 de julio de 2012 hasta
el 4 de septiembre de 2012, tiempo en que se surtió la conciliación prejudicial (fl.
594 cdno. 1), y desde el 23 de octubre de 2012 al 9 de noviembre, tiempo en que
no corrieron los términos por causa de un paro judicial1, mientras que la demanda
fue interpuesta el 8 de noviembre de 2012 (fl. 610 cdno. 1), en ese sentido se
satisface el ejercicio del medio de control dentro del término previsto por el literal i
numeral 2 del artículo 164 del CPACA.

2) Modificará la decisión de primera instancia de modo que: i) declarará la
responsabilidad patrimonial y extracontractual de la Fiscalía General de la Nación,
ii) reconocerá una indemnización por concepto de perjuicios morales, iii) reconocerá
una indemnización por concepto de lucro cesante, iv) reconocerá una medida de
reparación no pecuniaria por la afectación al derecho al buen nombre y v) se
negarán las demás pretensiones.

3. Análisis de la impugnación

En los términos en que ha sido planteada la controversia la sentencia apelada será
modificada por las razones que se exponen a continuación.

3.1 La privación de la libertad

En atención a lo afirmado por la Corte Constitucional en sentencias C-037 de 1996
y SU-072 de 20182 la metodología adecuada para abordar el estudio de
responsabilidad en los casos de privación injusta de la libertad debe hacerse de la
siguiente manera: i) en primer lugar se identifica la existencia del daño, esto es,
debe estar probada la privación de la libertad de la que en este caso se derivan los
perjuicios reclamados por los actores; ii) en segundo lugar, se analiza la legalidad
de la medida de privación de la libertad desde una óptica subjetiva, esto es, se

1
Revisada la página web de la Rama Judicial, la secretaria general del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca María Gladys Loaiza Montoya en constancia visible en el sistema de gestión judicial
puso de presente lo siguiente: “Que desde el día 23 de octubre de 2012 hasta el 9 de noviembre de
2012 inclusive, no corrieron términos, teniendo en cuenta que ASONAL JUDICIAL, cerró las puertas
de acceso al Palacio Nacional donde nos encontramos ubicados, por motivo del paro judicial”. Dicha
constancia se puede conocer en el siguiente link:
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/2216175/4023586/Reanudacion+de+terminos+13-11-
2012.PDF
2
Corte Constitucional, sentencia SU-072 de 2018, MP José Fernando Reyes Cuartas.

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estudia si esta se ajustó o no a los parámetros dados por el ordenamiento
constitucional y legal para decretar la restricción de la libertad, tanto en sus motivos
de derecho como de hecho; iii) en tercer lugar, y solo en el caso de no probarse la
existencia de una responsabilidad subjetiva, la misma se analiza por un régimen
objetivo (daño especial); iv) en cuarto lugar, en el caso de que se considere que hay
sustento para declarar la responsabilidad estatal, ya fuere en un régimen subjetivo
o uno objetivo, se procederá a verificar a qué entidad debe imputarse el daño
antijurídico; v) aparte de lo anterior, en todos los casos, debe realizarse el análisis
de la culpa de la víctima como causal excluyente de responsabilidad; vi) finalmente,
en caso de condena, se procede a liquidar los perjuicios.

3.1.1 Existencia del daño

Se encuentra debidamente acreditado que la señora Rocío Soto de Cárdenas
estuvo privada de la libertad por el delito de lavado de activos en establecimiento
carcelario entre el 4 de mayo de 20063 al 8 de junio de 20064 y en detención
domiciliaria desde el 9 de junio de 20065 al 11 de diciembre de 20086; no obstante,
se advierte que en relación con el segundo periodo de detención el a quo señaló
que la actora estuvo detenida hasta el 9 de diciembre de 2008, aspecto que se
tendrá en cuenta porque no fue impugnado por la parte interesada lo que lleva a
inferir que estuvo de acuerdo con dicha decisión.

3.1.2 Análisis del caso concreto

Con la finalidad de estudiar la existencia de la privación injusta de la libertad la Sala
encuentra que en el expediente se acreditan los siguientes hechos relevantes:

1) El 28 de abril de 2006, se ordenó la captura de la señora Rocío Soto de Cárdenas
la que se materializó el 4 de mayo de 2006, y en la misma fecha fue escuchada en
diligencia de indagatoria (fls. 289 a 291, 295, 298 a 310 cdno. 1).

3
De conformidad con el acta de derechos del capturado (fl. 295 cdno. 1).
4
De conformidad con el certificado expedido por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (fl.
712 cdno. 1).
5
Ibidem.
6
De conformidad con el certificado expedido por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (fl.
712 cdno. 1).

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2) El 18 de mayo de 2006, se resolvió la situación jurídica de la señora Rocío Soto
de Cárdenas con medida de aseguramiento de detención preventiva en
establecimiento carcelario por el delito de lavado de activos de manera que se
ordenó al director de la cárcel El Buen Pastor que la mantuviera privada de la
libertad. Como argumentos de la decisión se destacan los siguientes:

a) La señora Soto de Cárdenas giró cuatro cheques de un total de cuarenta millones
de pesos de su cuenta personal del Banco Real a favor del señor Bernardo Martínez
Romero quien es un reconocido lavador de activos al servicio del Cartel de Cali.

b) Los cheques presentan la marquilla “solo” que es un signo distintivo de títulos
valores con lo que se lavan activos.

c) Del análisis de los extractos bancarios de la cuenta personal de la señora Soto
de Cárdenas se observan fluctuaciones en consignaciones que van desde los treinta
y ocho millones de pesos a los ciento veinticuatro millones de pesos.

d) Un informe de la Superintendencia Bancaria advirtió que las consignaciones
efectuadas por la señora Soto de Cárdenas no se compadecen con los ingresos
que declaró la misma.

e) La detención preventiva es necesaria para garantizar la comparecencia de la
sindicada, preservar la prueba y proteger a la comunidad (fls. 166 a 288, 297 cdno.
1).

3) El 25 de abril de 2007, se calificó el mérito del sumario con resolución de
acusación por el delito de lavado de activos (fls. 17 a 165 cdno. 1).

4) El 4 de diciembre de 2008, el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado
de Cali revocó la medida de aseguramiento de detención preventiva sustituida por
detención domiciliaria por considerar que no se demostró que la procesada
pretendía entorpecer la labor probatoria y que era un peligro para la comunidad, en
consecuencia, concedió su libertad inmediata previa suscripción de acta de
compromiso. Como antecedentes procesales se puso de presente que el 5 de junio
de 2006 la medida de aseguramiento de detención preventiva fue sustituida por la
detención domiciliaria (fls. 311 a 332 cdno. 1).

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5) El 9 de diciembre de 2008, la autoridad judicial solicitó al director del
establecimiento carcelario El Buen Pastor dejarla en libertad provisional (fl. 333
cdno. 1).

6) El 27 de julio de 2010, el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de
Santiago de Cali profirió sentencia absolutoria por considerar que no era
responsable de la conducta punible endilgada. Al respecto, sostuvo que: i) no se
acreditó el origen de los bienes del señor Bernardo Martínez Romero, ii) no se
demostró que las consignaciones realizadas por la señora Soto de Cárdenas
procedían de actividad ilícita, iii) no se comprobó que la señora Soto de Cárdenas
tuvo vínculos con el señor Bernardo Martínez Romero (fls. 335 a 409 cdno. 1).

Es necesario recordar que el artículo 28 de la Constitución Política establece que el
derecho a la libertad solo puede restringirse en virtud de mandamiento escrito de
autoridad judicial competente en cumplimiento de las formalidades legales y por
motivos previamente definidos en la ley.

Por su parte, el artículo 355 autoriza como medida cautelar la imposición de medida
de aseguramiento consistente en detención preventiva con la finalidad de garantizar
la comparecencia del sindicado al proceso, impedir su fuga o la continuación de su
actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir o deformar
elementos probatorios importantes para la instrucción o entorpecer la actividad
probatoria.

Los artículos 356 y 357 establecen que la detención preventiva es procedente
cuando contra el sindicado resulten por lo menos dos indicios graves de
responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas en el proceso y
cuando la Fiscalía General de la Nación impute un delito cuya pena mínima exceda
de 4 años, que sea alguno de los delitos previstos en el mismo artículo 357, o que
el sindicado ya estuviese condenado mediante sentencia ejecutoriada por otro delito
que tuviera pena de prisión.

De conformidad con lo expuesto en la resolución del 18 de mayo de 2006, se tiene
que la fiscalía dictó la medida de aseguramiento en contra de la aquí actora con
fundamento en las siguientes consideraciones, las que señaló constituían indicios
graves de responsabilidad, a saber: i) el haber girado dos cheques de un total de

12

Expediente 76001-23-31-000-2012-00412-01 (63.880)
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cuarenta millones de pesos a favor del señor Bernardo Martínez Romero quien,
según la fiscalía, era un reconocido lavador de activos al servicio del Cartel de Cali,
ii) la circunstancia de que los cheques presentaban una marquilla que era un signo
distintivo de títulos valores con lo que se lavan activos, iii) en la cuenta personal de
la procesada se observaron fluctuaciones en consignaciones que iban desde los
treinta y ocho millones de pesos a los ciento veinticuatro millones de pesos, y iv) un
informe de la Superintendencia Bancaria advirtió que las consignaciones efectuadas
por la señora Soto de Cárdenas no se compadecen con los ingresos que declaró la
misma.

Frente a los anteriores elementos, la Sala observa que los mismos no revestían la
calidad de indicios graves.

En efecto, en relación con los cheques girados a favor del señor Bernardo Martínez
Romero y que presentaban una marquilla que era un signo distintivo de títulos
valores con lo que se desarrollaban actividades ilícitas no era suficiente para edificar
un indicio de responsabilidad, pues no tenía la propiedad de demostrar que la
señora Rocío Soto de Cárdenas participara de la conducta de lavado de activos sin
que previamente se demostrara que el dinero provenía de la actividad ilícita.

Al respecto, se observa que en diligencia de indagatoria la investigada manifestó
que para la época de los hechos tenía una cuenta personal con el Banco Real y que
desde allí se manejaban los dineros de la empresa Clínica Champagnat Ltda. de la
cual era socia fundadora, tales como pago de nómina o pago a terceros, en la
medida que la compañía tenía sus cuentas embargadas; asimismo, sostuvo que los
cheques girados desde su cuenta personal a nombre del señor Bernardo Martínez
Romero se hizo por instrucción de su socio mayoritario Álvaro Soto y que no conoce
al receptor del mismo así como desconoce el respaldo del título valor como las
firmas, sellos y cuentas que aparecen allí. Fue enfática en señalar que sus socios
le pasaban una relación de los proveedores para girarles cheques con dineros que
provenían del objeto social de la clínica.

Así las cosas, se observa que si bien la actora aceptó remitir desde su cuenta
personal unos cheques a favor del señor Martínez Romero no lo es menos que
explicó los motivos por los cuales realizó dicha actuación, de modo que la fiscalía
debió adelantar otras labores de investigación dirigidas a desvirtuar las afirmaciones

13

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Apelación sentencia

de la sindicada para que los señalamientos efectuados en su contra no se quedaran
en el campo de meras suposiciones o conjeturas.

Por su parte, en relación con el hecho consistente en que desde la cuenta personal
de la aquí actora se observaron fluctuaciones en consignaciones que iban desde
los treinta y ocho millones de pesos a los ciento veinticuatro millones de pesos no
evidenciaban su responsabilidad en el delito de lavado de activos más aun cuando
en la indagatoria explicó los motivos por los cuales existieron movimientos con
dichos valores desde su cuenta personal, aspecto que al ente acusador le
correspondía investigar, por tanto, a partir de ello tampoco se podía configurar un
indicio grave de responsabilidad.

Finalmente, el hecho de que un informe de la Superintendencia Bancaria advirtiera
que las consignaciones efectuadas por la señora Soto de Cárdenas no se
compadecían con los ingresos que declaró la misma era una circunstancia que no
la comprometía penalmente con la conducta investigada, pues no se argumentó de
qué manera se relacionaba dicha acción con el lavado de activos.

De otro lado, se advierte que no hay evidencia de que se haya justificado la
necesidad de la medida de conformidad con el artículo 3 de la Ley 600 del 2000, el
cual establece lo siguiente: “(…) La detención preventiva, en los términos regulados
en este código, estará sujeta a la necesidad de asegurar la comparecencia al
proceso del sindicado, la preservación de la prueba y la protección de la
comunidad”.

Si bien al momento de decretarse la detención preventiva se sostuvo que esta era
necesaria para garantizar la comparecencia de la sindicada, preservar la prueba y
proteger a la comunidad lo cierto es que tal razonamiento se dio en el marco de la
generalidad pues no se advirtió cuáles eran los supuestos elementos materiales
probatorios que pretendía alterar, además no la sustentó con base en argumentos
convincentes y pruebas que dieran cuenta que la aquí demandante pretendía evadir
a la administración de justicia u ocultar algún otro tipo de evidencia o que procuraba
seguir con la supuesta comisión del punible. Es preciso advertir que esta medida
debía estar justificada por tratarse de un instrumento que restringe el derecho
fundamental a la libertad.

14

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Apelación sentencia

En virtud de lo anterior está demostrado que no se cumplieron los requisitos legales
exigidos para proferir medida de aseguramiento en contra de la señora Rocío Soto
de Cárdenas toda vez que no existieron dos indicios graves de responsabilidad en
su contra de conformidad al artículo 356 del Código de Procedimiento Penal ni se
evidenció que se haya justificado su imposición según lo establecido en el artículo
3 ibidem, circunstancia que hizo injusta la privación de la libertad.

3.2 Entidad a quien se le imputa el daño

Por tratarse de una medida de aseguramiento dictada bajo la vigencia del Código
de Procedimiento Penal contenido en la Ley 600 del 2000, el daño causado por la
privación de la libertad le es imputable en principio tanto a la Fiscalía General de la
Nación como a la Nación-Rama Judicial.

A la Fiscalía General de la Nación le es imputable desde el momento de su captura
hasta la fecha de ejecutoria de la resolución de acusación pues de conformidad con
el artículo 400 ibídem es a partir de ese momento que asume competencia sobre el
asunto el juez encargado del juzgamiento y el procesado deja de estar a cargo de
la fiscalía7. A la Nación-Rama Judicial le es imputable desde el día siguiente de la
ejecutoria de la resolución de acusación instante en el que adquiere competencia8
para revocar la medida de aseguramiento si no se reúnen los requisitos de
necesidad para mantenerla vigente hasta el momento en que el actor recuperó su
libertad.

7
El artículo 400 de la Ley 600 del 2000 preveía: “Con la ejecutoria de la resolución de acusación
comienza la etapa del juicio y adquieren competencia los jueces encargados del juzgamiento y el
Fiscal General de la Nación o su delegado la calidad de sujeto procesal. Al día siguiente de recibido
el proceso por secretaría se pasarán las copias del expediente al despacho y el original quedará a
disposición común de los sujetos procesales por el término de quince (15) días hábiles, para preparar
las audiencias preparatoria y pública, solicitar las nulidades originadas en la etapa de la investigación
y las pruebas que sean procedentes”.
8
En efecto, el artículo 363 de la Ley 600 de 2000 establece que “durante la instrucción, de oficio o a
solicitud de los sujetos procesales, el funcionario judicial revocará la medida de aseguramiento
cuando sobrevengan pruebas que la desvirtúen”. Se advierte que la Corte Constitucional declaró
exequible dicha normatividad, a través de la sentencia C-774 de 2001, bajo el argumento que
procede la revocatoria cuando no subsista la necesidad de mantener vigente la medida de
aseguramiento.

15

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En el caso concreto se demandó únicamente a la Fiscalía General de la Nación de
modo que el daño antijurídico se imputará solamente a esta entidad, así: desde el
4 de mayo de 20069 hasta el 8 de mayo de 200710.

3.3 Culpa exclusiva de la víctima

De conformidad con el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 y lo señalado por la Corte
Constitucional en sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 201811 en el presente
caso no se evidenció conducta alguna de la señora Rocío Soto de Cárdenas digna
de reproche y que además tuviera incidencia exclusiva en la decisión de privarla de
su libertad.

3.4 Determinación de los perjuicios y su reparación

Satisfechos los elementos requeridos para la declaratoria de responsabilidad
patrimonial de la entidad demandada en relación con la privación injusta de la
libertad de la señora Rocío Soto de Cárdenas la Sala entrará a verificar la
acreditación de los perjuicios cuya reparación reclama la parte demandante.

3.4.1 Perjuicios morales

El Consejo de Estado en sentencia de unificación de jurisprudencia del 29 de
noviembre de 202112 manifestó que en casos de privación injusta de la libertad los
perjuicios morales se infieren para la víctima directa, su cónyuge, compañero o
compañera permanente y sus parientes en primer grado de consanguinidad siempre
y cuando acrediten la calidad con la cual concurren al proceso; la sentencia de igual
forma señaló que para los demás parientes de la persona que fue objeto de

9
Fecha en que la señora Rocío Soto de Cárdenas fue capturada por orden de la de la Fiscalía
General de la Nación a través de una de sus delegadas (fls. 289 a 291, 295 cdno. 1).
10
Aunque en el proceso no reposa la constancia de ejecutoria de la resolución acusatoria proferida
el 25 de abril de 2007 lo cierto es que puede determinarse con base en los artículos 187, 178 y 179
del Código de Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos -Ley 600 de 2000-. En el
proceso no obra prueba que dé cuenta de cuándo se llevó a cabo la notificación de la resolución que
precluyó la investigación y por lo tanto con base en las reglas de notificación se infiere que quedó
ejecutoriada el 8 de mayo de 2007.
11
Corte Constitucional, sentencia SU-072 de 2018, MP José Fernando Reyes Cuartas.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de
unificación jurisprudencial del 29 de noviembre de 2021, expediente 46.681, MP Martín Bermúdez
Muñoz.

16

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privación debe acreditarse el padecimiento sufrido pues la prueba del parentesco
no es un indicio suficiente13.

De igual forma, en dicha providencia se establecieron unos criterios para el cálculo
de la indemnización según el tiempo de privación del afectado directo y se dispuso
lo siguiente:

“45.1.- Si la privación de la libertad tiene una duración igual o inferior a un
mes, una suma fija equivalente a cinco salarios mínimos legales
mensuales vigentes (5 SMLMV).

45.2.- Si la privación de la libertad tiene una duración superior a un mes:

a.- Por cada mes adicional transcurrido, sin importar el número de días
que tenga el mes, cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (5
SMLMV).

b.- Por cada día adicional al último mes transcurrido, una fracción
equivalente a 0,166 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la cual
se obtiene de dividir cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes
(5 SMLMV) por 30 días.

c.- La cuantía se incrementará hasta cien salarios mínimos legales
mensuales vigentes (100 SMLMV), indemnización que recibirá la víctima
directa cuando esté detenida por 20 meses o más tiempo, con el objeto
de mantener el tope máximo jurisprudencial, de acuerdo con la
jurisprudencia antes indicada.

En la sentencia se adujo que la indemnización no era igual para todos los
demandantes y, por tal motivo se dispuso que para los parientes en el primer grado
de consanguinidad, su cónyuge o su compañero o compañera permanente se les
podría otorgar hasta el cincuenta por ciento (50%) de lo reconocido a la víctima
directa; para los demás demandantes, cuando acrediten los perjuicios morales, el

13
El magistrado ponente participó en la decisión y se apartó parcialmente de la misma por
considerar, entre otros aspectos, que la presunción del perjuicio moral no se debía limitar a la víctima
directa, su cónyuge, compañero o compañera permanente y parientes en primer grado de
consanguinidad, sino que también esta debía ser extensiva a otros parientes que incluso pueden
sufrir incluso más que la persona que es objeto de privación; de igual forma, no compartió las criterios
de tasación de la sentencia que se realizaron para los parientes de la víctima directa; sin embargo,
con todo ello se debe seguir la sentencia de unificación jurisprudencial en cumplimiento del artículo
10 de la Ley 1437 de 2011.

17

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tope máximo sería el treinta por ciento (30%) de lo reconocido al privado de la
libertad14.

Así mismo, se señaló que cuando la privación ha sido por detención domiciliaria, a
la indemnización que normalmente corresponde por detención en establecimiento
carcelario, se le realizará una deducción del 50%, en tanto la persona que estuvo
detenida en detención domiciliaria no tuvo las mismas restricciones de quien estuvo
en detención intramural, pues a manera de ejemplo, mientras una persona detenida
en establecimiento carcelario no puede gozar el estar rodeado permanentemente
de sus seres queridos, una persona con detención domiciliaria sí.

Las reglas de la sentencia de unificación son de aplicación inmediata de modo que
al seguir las mismas se tiene que la señora Rocío Soto de Cárdenas -al haber
estado privada de su libertad entre el 4 de mayo de 2006 hasta el 8 de mayo de
2007 a cargo de la Fiscalía General de la Nación- le corresponde una indemnización
equivalente a treinta y tres punto dieciséis (33.16) smlmv15.

Por su parte, a los señores Pedro Nel Cárdenas Betancourt, Claudia Jimena
Cárdenas Soto, Catalina María Cárdenas Soto y Luz Adriana Cárdenas Soto, en su
calidad de cónyuge e hijas de la víctima directa16 por haber acreditado el sufrimiento
moral que padecieron con la privación de su familiar17, la Sala les reconocerá el

14
Es de destacar que en la sentencia se estableció que las reglas allí contenidas debían aplicarse
en forma inmediata y sin reservas, lo que también incluía a las demandas presentadas antes del 28
de agosto de 2013. Para las demandas presentadas desde el 28 de agosto de 2013 y hasta la
expedición de la sentencia, si las partes no solicitaron pruebas para acreditar el perjuicio moral con
fundamento en que bastaba la prueba del parentesco para presumir el perjuicio moral, el juez puede
hacer uso de sus facultades oficiosas para que la prueba del perjuicio se allegue con el fin de
garantizar el debido proceso.
15
Salarios mínimos legales mensuales vigentes.
16
El señor Pedro Nel Cárdenas Betancourt es el cónyuge de la víctima directa (registro civil de
matrimonio, fl. 16 cdno. 1); Claudia Jimena Cárdenas Soto, Catalina María Cárdenas Soto y Luz
Adriana Cárdenas Soto son hijas de la víctima directa (registros civiles de nacimiento, fls. 6 a 8 cdno.
1).
17
En el proceso reposan los testimonios de los señores Carmen Campo Rivera, María Patricia
Vásquez y Federico Ramírez, quienes refirieron cómo conocieron a la demandante y a su núcleo
familiar, dieron los nombres de su cónyuge e hijas. En relación con la privación de la libertad de la
víctima directa, la primera señaló que: “también me di cuenta la parte familiar y moral porque esta
gente comenzó a sufrir mucho pues eran muchachas que siempre dependían económicamente de
su madre esa gente estaba sufriendo demasiado, cuando tenían que ir a las visitas eso era terrible
(…) sus hijas estaban sufriendo mucho (…) he visto que las hijas sufrieron mucho, (…) su familia, su
esposo, (…)”. La segunda manifestó que: “tienen un vínculo muy estrecho con sus hijas (…) este
hecho las afectó mucho tanto económicamente como moralmente (…) empezó una decadencia muy
grande para su familia, su esposo y sus hijas”. Y el tercero adujo que: “era una familia muy unida
vivían muy bien, su relación con sus hijas era excelente (…) con Don Pedro se fue distanciando su
relación fue muy duro.” (fl. 691 cdno. 690 cdno. 1).

18

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50% de lo reconocido a la víctima directa, esto es, a cada uno se les reconocerá la
suma de dieciséis punto cincuenta y ocho (16.58) smlmv.

Asimismo, a los señores Fernando Soto Villegas, Jairo Soto Villegas, Consuelo Soto
Villegas, Álvaro Soto Villegas, Lucy Soto Villegas y Esperanza Soto Villegas -
hermanos de la víctima directa18- se les reconocerá el 30% de la indemnización
reconocida a esta, esto es la suma de nueve punto noventa y cuatro (9.94) smlmv
para cada uno al haber probado la existencia del perjuicio moral19.

Se advierte que en relación con la menor Valeria Ramírez Cárdenas quien acudió
al proceso en calidad de nieta de la víctima directa, el a quo negó una indemnización
a su favor por perjuicios morales y en la medida que esta decisión no fue objeto de
apelación por la parte interesada se procederá a confirmar dicho aspecto.

3.4.2 Daño al buen nombre

El buen nombre hace referencia a la buena opinión que se forma de una
determinada persona, es decir el concepto favorable que se tienen los congéneres
o la comunidad de alguien en particular.

Con la privación de la libertad se envía un mensaje a la sociedad que existen
razones válidas para la detención de quien es objeto de una investigación penal,
esto significa que, según las reglas de la experiencia, una restricción al derecho
fundamental de libertad por la supuesta comisión de un hecho punible produce
necesariamente una afectación al derecho al buen nombre en el seno de la familia
y del círculo social o laboral del afectado, esto es, la sola medida tiene la
potencialidad suficiente para generar descrédito, señalamiento o estigmatización y
que por ser injusta la privación la víctima no tiene porqué soportar la vulneración a
su buen nombre; en este sentido no se podría exigir en general una prueba

18
Registros civiles de nacimiento (fls. 5, 7 a 15 cdno. 1).
19
Los testimonios de Carmen Campo Rivera, María Patricia Vásquez y Federico Ramírez quienes
refirieron cómo conocieron a la demandante, dieron los nombres de sus hermanos y también se
refirieron al perjuicio causado con la privación de la libertad de la víctima directa, la primera señaló
que: “he visto que las hijas sufrieron mucho, sus hermanos, su familia, su esposo”. La segunda
manifestó que: “tienen un vínculo muy estrecho con sus hijas así como con sus hermanos, (…) este
hecho las afectó mucho tanto económicamente como moralmente, sus hermanos son Fernando,
Jairo, Álvaro, Consuelo, Lucy y Esperanza (…) para la familia fue muy duro verla en ese estado”. Y
el tercero adujo que: “el núcleo está conformado por sus cinco hermanos Consuelo, Lucy, Esperanza,
Jairo y Álvaro (…) si era una familia muy unida, vivían muy bien su relación con sus hijas era
excelente, sus hermanos también quedaron marcados.” (fl. 691 cdno. 690 cdno. 1).

19

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específica porque dicha afectación se infiere de la privación de la libertad, de allí
que en estos casos la reparación del buen nombre puede ser muy relevante para
la víctima, incluso más que la indemnización pecuniaria.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos20 en aquellos casos en los que se
evidencia que la víctima ha sido ilegal y arbitrariamente privada de su libertad ha
ordenado como garantía destinada a restituir el derecho al buen nombre, que se
hagan publicaciones en las que se indique que el afectado es ajeno a todos los
cargos que se le imputaron.

Al encontrarse que existió una incriminación contenida en una providencia judicial
por la cual se le endilgó a la señora Rocío Soto de Cárdenas la participación en un
punible, que dio lugar a la imposición de una medida restrictiva de la libertad,
cuando finalmente finalizó el proceso por absolución, la Sala evidencia una
afectación al buen nombre de la demandante, de suerte que se torna en una
afectación relevante a bienes derechos o derechos convencional y
constitucionalmente amparados.

En este asunto la Sala estima que la privación de la libertad que sufrió la
demandante, que fue injusta, trajo como consecuencia necesaria la afectación al
derecho al buen nombre en el seno de su familia y de su círculo social o laboral,
por esto la Sala encuentra que la única forma de reparar este perjuicio es a través
de la rectificación como medida de reparación no pecuniaria y en tal sentido
dispondrá que la Fiscalía General de la Nación exprese disculpas a la señora Rocío
Soto de Cárdenas por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto
mediante de una misiva dirigida a la demandante.

Se ordenará, en consecuencia, a la Fiscalía General de la Nación que emita un
comunicado en el que se disculpe con la víctima por el perjuicio causado y

20
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador,
sentencia de 21 de noviembre de 2007. En esta oportunidad, la Corte Interamericana se ocupó de
decidir el caso de dos personas que habían sido investigadas y privadas ilegalmente de su libertad
por supuestamente pertenecer a una organización dedicada al tráfico internacional de narcóticos. La
detención de las víctimas fue ilegal y se prolongó injustificadamente. Aunque el Estado ecuatoriano
ordenó que se quitaran las publicaciones y registros que hacían alusión a los ilícitos por los cuales
las víctimas fueron investigadas, la Corte precisó que si bien con ello se buscaba restituir del buen
nombre de los actores, como medida de reparación integral de las víctimas se debía realizar una
publicación en la cual se señalara específicamente que fueron ilegal y arbitrariamente privadas de
su libertad, lo anterior, con la finalidad de restituir el buen nombre y como garantías de no repetición.

20

Expediente 76001-23-31-000-2012-00412-01 (63.880)
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reconozca que ella no era responsable del delito endilgado. De acuerdo con el
principio según el cual este tipo de reparaciones integrales debe concertarse con la
víctima, la demandante le informará a la demandada, dentro del mes siguiente a la
ejecutoria de esta providencia, si dicho documento solamente le será entregado en
físico a ella o sí, además, desea que se publique en las plataformas de
comunicación y difusión de la entidad, y a ello se procederá una vez así sea
comunicado. De no hacerse ninguna manifestación durante este lapso, se
entenderá que la víctima opta porque las disculpas se expresen de manera privada,
de suerte que así se cumplirá perentoriamente.

3.4.3 Lucro cesante

En relación con la indemnización solicitada por este perjuicio es preciso advertir que
para el momento en que la actora fue privada de la libertad tenía como oficio el de
ser la presidenta de la empresa Gestión Hospitalaria de Colombia21 y al no haberse
acreditado el monto de sus ingresos, se liquidará con fundamento en el salario
mínimo legal mensual vigente de conformidad con los parámetros de la sentencia
de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 18 de junio de 2019,
expediente número 44.572.

Es preciso advertir que si bien en la demanda la actora sostuvo que ganaba seis
millones de pesos mensuales y al proceso de la referencia se allegó un certificado
suscrito por la señora Carmen Campos (fl. 628 cdno. 1) quien afirmó ser la
contadora de la empresa Gestión Hospitalaria de Colombia y que señaló que la
demandante devengaba mensualmente seis millones de pesos, lo cierto es que no
hay lugar a tenerla en cuenta porque no se acreditó que aquella desempeñara dicha
actividad económica en la entidad, al encontrarse presuntamente vinculada a una
compañía formalizada debió aportarse al expediente elementos de convicción que
comprobaran sus labores, de aceptarse lo contrario, cualquier declaración sería
válida para reconocer una indemnización de esta trascendencia.

Tampoco hay lugar a reconocer el tiempo promedio en que una persona tarda en
conseguir empleo como lo hizo el a quo pues, de conformidad con la sentencia de
unificación referida, ello únicamente se aplica para aquellas personas que

21
Lo que se encuentra acreditado con los testimonios de los señores Carmen Campo Rivera, María
Patricia Vásquez y Federico Ramírez (fl. 690 cdno. 1).

21

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demuestren el tiempo que duraron en volver a emplearse y en la medida que esto
no se acreditó no hay lugar a reconocerlo.

En virtud de lo anterior se procederá a liquidar el perjuicio así:

S = Ra (1+ i)n – 1 S = $1.000.00022 (1+ 0.004867)12,20 – 1 S= $12.538.077
i 0.004867

En consecuencia, a la señora Rocío Soto de Cárdenas le corresponde por concepto
de perjuicios materiales por lucro cesante la suma de doce millones quinientos
treinta y ocho mil setenta y siete pesos ($12.538.077).

3.4.4 Daño emergente

La parte demandante pidió el reconocimiento de una indemnización por concepto
de daño emergente al haber incurrido en el pago de los honorarios profesionales
del abogado que asumió la defensa en la investigación penal seguida en contra de
la señora Rocío Soto de Cárdenas.

No obstante, es preciso advertir que si bien se aportó el contrato de prestación de
servicios y un certificado de paz y salvo (fls. 589 a 591 cdno. 1) lo cierto es que de
conformidad con los parámetros establecidos en sentencia de unificación de la
Sección Tercera23, no se acreditó en debida forma este perjuicio material, pues no
se aportaron las facturas o documentos equivalentes que den cuenta de su pago.
En consecuencia, se negará el reconocimiento por este aspecto.

4. Conclusión

En consecuencia, por estar demostrada la privación injusta de la libertad de la
señora Rocío Soto de Cárdenas hay lugar a declarar la responsabilidad
extracontractual de la demandada conforme a las consideraciones expuestas en
esta providencia.

22
Salario mínimo vigente para la fecha de la presente providencia.
23
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de julio de 2019, M.P. Carlos Alberto
Zambrano Barrera, Exp. 44572. En la referida sentencia se unificaron los criterios en materia de
reconocimiento y liquidación de perjuicios materiales por daño emergente y lucro cesante en los
casos de privación injusta de la libertad.

22

Expediente 76001-23-31-000-2012-00412-01 (63.880)
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5. Costas

El artículo 188 del CPACA estableció que “salvo en los procesos que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación
y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”, mientras
que el numeral 1° del artículo 365 del Código General del Proceso ordena condenar
en costas a la parte vencida en el proceso, costas que de conformidad con el artículo
361 ibidem están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados
durante el curso del proceso y por las agencias en derecho.

Para la fijación de las agencias en derecho se tendrán en cuenta los criterios
establecidos en el artículo tercero y sexto del Acuerdo 1887 de 2003 expedido por
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que señalan que
tratándose de asuntos de segunda instancia de los procesos tramitados ante la
jurisdicción contencioso administrativa, en procesos con cuantía, corresponde
“hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas
en la sentencia”.

En este caso se estima razonable tasar las agencias en derecho en el uno por ciento
(1%) del valor de las pretensiones reconocidas por la intervención del apoderado de
la parte accionante, cuya suma actualizada asciende a ciento setenta y un millones
seiscientos cincuenta y ocho mil setenta y siete pesos ($171.658.077). En
consecuencia, se fijan las agencias en derecho en la suma de un millón setecientos
dieciséis mil quinientos ochenta pesos ($1.716.580).

Por su parte, la liquidación de los gastos procesales se realizará por la Secretaría
de la Sección Tercera de la Corporación.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

23

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FALLA:

1°) Modifícase la sentencia proferida el 4 de octubre de 2018 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca la cual queda así:

PRIMERO: Declárase patrimonial y extracontractualmente responsable a
la Fiscalía General de la Nación por los daños antijurídicos causados por
la privación injusta de la libertad que padeció la señora Rocío Soto de
Cárdenas en el marco del proceso penal seguido en su contra por el delito
de lavado de activos.

SEGUNDO: Como consecuencia, condénase a la Fiscalía General de la
Nación a pagar por concepto de perjuicio moral, las siguientes sumas de
dinero:

a) Para la actora Rocío Soto de Cárdenas la suma equivalente a treinta
y tres punto dieciséis (33.16) salarios mínimos legales mensuales
vigentes a la fecha de la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia.

b) Para cada uno de los actores Pedro Nel Cárdenas Betancourt,
Claudia Jimena Cárdenas Soto, Catalina María Cárdenas Soto y Luz
Adriana Cárdenas Soto la suma equivalente a dieciséis punto cincuenta y
ocho (16.58) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de
la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia.

c) Para cada uno de los actores Fernando Soto Villegas, Jairo Soto
Villegas, Consuelo Soto Villegas, Álvaro Soto Villegas, Lucy Soto Villegas
y Esperanza Soto Villegas la suma equivalente a nueve punto noventa y
cuatro (9.94) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de
la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia.

TERCERO: Como consecuencia, condénase a la Fiscalía General de la
Nación a pagar por concepto de lucro cesante, la siguiente suma de
dinero:

Para Rocío Soto de Cárdenas la suma de doce millones quinientos treinta
y ocho mil setenta y siete pesos ($12.538.077).

CUARTO: La Fiscalía General de la Nación remitirá con destino a la
señora Rocío Soto de Cárdenas una misiva en la que exprese disculpas
a raíz de la privación de la libertad de la cual fue objeto y reconozca que
ella no era responsable del delito por el que fue privada de su libertad,
conforme a los términos señalados en esta providencia.

QUINTO: Deniéganse las demás pretensiones de la demanda.

2°) Condénase en costas a la Fiscalía General de la Nación. Fíjase por concepto
de agencias en derecho la suma de un millón setecientos dieciséis mil quinientos
ochenta pesos ($1.716.580). Por Secretaría liquídense los gastos procesales.

24

Expediente 76001-23-31-000-2012-00412-01 (63.880)
Actor: Rocío Soto de Cárdenas y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

3º) En firme este fallo, por Secretaría devuélvase el expediente al tribunal de origen
para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
Magistrado

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados
integrantes de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la
plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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