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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07550-01

Fecha
4 de abril de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07550-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar fundado el impedimento manifestado por el doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez para conocer del asunto de la referencia, por las razones expuestas. Segundo: Revocar la sentencia del 1° de febrero de 2024, proferida por el Consejo de Estado – Sección Quinta, que rechazó por improcedente la acción de tutela de la referencia. En su lugar: Tercero: Negar el amparo solicitado mediante la acción de tutela presentada por la parte accionante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Cuarto: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Quinto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-07550-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

4 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D. C. cuatro (4) de abril de dos mil veinticuatro (2024).

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07550-01
Accionante: Joaquín Alberto Gutiérrez Marín y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A

Tema: Acción de tutela por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva.
Caducidad del medio de control de reparación directa. Perjuicios causados con
ocasión de la ejecución del proyecto de construcción de obras asociadas con la
atención de emergencia y mitigación de los efectos del fenómeno de «La Niña».
Decisión: Se revoca la decisión primera instancia que rechazó por improcedente
la acción por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional y, en su
lugar, se niegan las pretensiones de la demanda.

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ANTECEDENTES

La Subsección decide la impugnación presentada por la parte accionante en
contra de la sentencia del 1° de febrero de 2024, proferida por el Consejo de
Estado – Sección Quinta, que rechazó por improcedente la acción de tutela
interpuesta por los señores Joaquín Alberto, Lorenzo Andrés e Israel Andrés
Gutiérrez Marín y por la señora Mónica Patricia Marín de Agua, a través de
apoderado, en contra el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A.

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ACCIÓN DE TUTEL A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07550-01
Ac c i o n a n t e : J o a q u í n Al b e r t o G u t i é r r e z M a r í n y o t r o s

1. HECHOS

La parte accionante radicó medio de control de reparación directa en contra de
la Nación – Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, del Fondo
Nacional de Calamidades (hoy Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de
Desastres) – Subcuenta Colombia Humanitaria, de Fiduprevisora S.A., de la
Corporación Autónoma Regional del Magdalena y del señor Eduardo Cayón
Márquez, con el fin que se les declarara patrimonial y administrativamente
responsables por los perjuicios causados con ocasión de la ejecución del
proyecto de construcción de obras asociadas con la atención de emergencia y
mitigación de los efectos del fenómeno de «La Niña»1, las cuales causaron la
inundación de un predio de su propiedad y la pérdida de sus cultivos de palma
africana.

Al proceso le fue asignado el radicado núm. 47001-23-33-000-2013-10029-01 y
le correspondió al Tribunal Administrativo del Magdalena que, por medio de
sentencia del 7 de febrero de 2014, negó las pretensiones de la demanda. Contra
dicha decisión se presentó recurso de apelación resuelto por el Consejo de
Estado – Sección Tercera – Subsección A que, a través de providencia del 4 de
septiembre de 2023, revocó lo fallado en primera instancia y, en su lugar, declaró
la caducidad de la acción.

2. PRETENSIONES

La parte accionante solicita:

«1. Ampare los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia o tutela
judicial efectiva de mis representados, y en consecuencia:

2. Ordene dejar sin efectos la SENTENCIA DE FECHA (04) DE SEPTIEMBRE DE
DOS MIL VEINTITRÉS (2023) DE LA SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
• DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE

1 Estas obras se adelantaron en el curso del contrato de obra civil núm. 003 del 17 de mayo de 2011, el cual tuvo como

objeto «la construcción de obras asociadas con la atención de la emergencia y la mitigación de sus efectos a partir del
fenómeno de La Niña 2010-2011, mediante la conformación de diques en el sector Margen derecha del Río Fundación
en el municipio de Aracataca; margen derecha Rio Ariguani en el municipio de Algarrobo y en la Margen derecha Río
Fundación en el municipio de El Reten».

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ESTADO por medio de la cual revoca la sentencia de primera instancia y declara la
caducidad de la acción de reparación directa dentro de la causa radicada bajo el número
47001-23-33-000-2014-10029-0, y en su lugar:

3. Ordene a LA SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN A- DE LA SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO a resolver de
fondo el recurso de apelación interpuesto el 19 de septiembre de 2017 en contra de la
sentencia del dieciséis (16) de Agosto de dos mil diecisiete (2017) del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA Despacho 01- Sala de Oralidad proferida
dentro del proceso de Reparación Directa radicado bajo el número 47001-23-33-000-
2014-10029-0, dentro del término máximo de 40 días conforme el artículo 120 del CGP».

3. INFORMES

La acción de tutela fue admitida mediante auto del 18 de diciembre de 2023 a
través del cual se ordenó notificar como accionado al Consejo de Estado –
Sección Tercera – Subsección A y como terceros interesados en las resultas de
este proceso al Tribunal Administrativo del Magdalena, a la Nación – Ministerio
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Fondo Nacional de Calamidades
(Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres) – Subcuenca Colombia
Humanitaria, a la Fiduprevisora S.A., a la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres, a la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, al
señor Eduardo Cayón Márquez, a Consultores del Desarrollo S.A., a la
Corporación Autónoma Regional de Río Grande del Magdalena, al
Departamento Nacional de Planeación, al Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Ministerio del Interior y al municipio
de Aracataca – Magdalena.

3.1. El Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A solicitó que se
nieguen las pretensiones de la demanda, por cuanto no se cumple con el
requisito de relevancia constitucional, dado que con la petición de amparo se
pretende que se analicen nuevamente los supuestos fácticos y jurídicos sobre
los cuales se declaró la caducidad de la acción, aspectos que ya se debatieron
en el trámite del proceso ordinario.

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Expuso que, el término de caducidad empieza a correr a partir de la ocurrencia
del hecho o la omisión, y, cuando no puede conocerse en el mismo momento
cuáles son sus consecuencias, debe tenerse en cuenta, la fecha en la que se
determina que el perjuicio es irreversible y el afectado tiene conocimiento de ello.

De igual modo, adujo que el hecho de que los efectos del daño se extiendan
indefinidamente después de su consolidación, no puede evitar que el término de
caducidad comience a correr, «porque si ello fuera así en los casos en los cuales
los perjuicios tuvieran carácter continuado y permanente, la acción nunca
caducaría».

3.2. El Tribunal Administrativo del Magdalena efectuó un recuento de las
actuaciones surtidas en el curso del medio de control indicando que no existe
vulneración alguna de derechos fundamentales.

3.3. La Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible pidió que se
nieguen las pretensiones de la tutela porque no se configura el defecto fáctico
alegado. Sostuvo que en la providencia acusada se realizó un análisis suficiente
y detallado del acervo probatorio para concluir que la acción de encuentra
caducada.

3.4. La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Pública señaló que no
vulneró los derechos fundamentales de la parte accionante por lo que debe
rechazarse por improcedente la acción de la referencia.

3.5. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo manifestó que en la
providencia acusada se reconoció una causal de terminación objetiva de la
acción, como lo es la caducidad, por lo que, contrario a lo postulado en la
demanda constitucional, sí se tuvo en cuenta el valor de las pruebas obrantes en
el expediente del medio de control.

3.6. La Nación – Ministerio del Interior, el municipio de Aracataca,
Magdalena y el Departamento Nacional de Planeación solicitaron su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva.

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4. SENTENCIA IMPUGNADA

El Consejo de Estado – Sección Quinta, a través de sentencia del 1° de febrero
de 2024, rechazó por improcedente la acción de tutela de referencia por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional. Sostuvo que la parte
accionante no especificó la forma en la que consideraba debía valorarse el
material probatorio para incidir en el sentido de la decisión demandada, pues se
limitó a indicar que «se incurrió en una valoración no ajustada a los cauces
racionales», lo cual denota es una inconformidad de los demandantes respecto
de la valoración probatoria.

En ese sentido, expuso que los accionantes pretenden convertir la acción
constitucional en una tercera instancia, pues no es suficiente que la parte
interesada refiera que con la decisión judicial se transgredieron determinados
derechos constitucionales, sino que es necesario que la afectación o
transgresión logre: i) cumplir con la carga de argumentativa derivada de una
providencia judicial en abierta contradicción de los mandatos constitucionales y,
ii) que implique la intervención del juez constitucional.

5. IMPUGNACIÓN

Contra la decisión precitada la parte accionante presentó impugnación mediante
escrito en el cual indicó que en el presente asunto se plantea la violación del
derecho fundamental al acceso a la administración de justicia en el marco de una
declaratoria de caducidad dentro de un proceso contencioso administrativo de
reparación directa, «decisión que impide que las pretensiones indemnizatorias
incoadas y controvertidas en un recurso de apelación sean estudiadas de fondo
por la administración de justicia», y por consiguiente es un parámetro objetivo
frente a la vulneración iusfundamental, lo cual sí se relaciona con la relevancia
constitucional de la acción.

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II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
según el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

2. Cuestión previa

El consejero Jorge Iván Duque manifestó encontrarse incurso en la causal de
impedimento consagrada en el numeral 5.º del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal, que reza: «5. Que exista amistad íntima o enemistad grave
entre alguna de las partes, denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario
judicial», toda vez que sostiene una amistad entrañable con las magistradas
Marta Nubia Velásquez Rico y María Adriana Marín, quienes suscribieron la
providencia cuestionada.

En este orden de ideas, la Sala de Subsección declarará fundado el impedimento
para conocer del presente asunto, en consideración a que la afirmación señalada
por el consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez se ajusta al presupuesto fijado en
el dispositivo mencionado.

3. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes descritos, la Sala de Subsección considera
que el problema jurídico se circunscribe a establecer si el Consejo de Estado –
Sección Tercera – Subsección A, con la sentencia del 4 de septiembre de 2023,
incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales invocados en
protección.

4. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992

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y 1382 de 2000, y se creó para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre que no se disponga de otro
medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello, se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en
esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar
justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo
constitucional cuando desborda los límites que la Carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en
esa medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica,
la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad
de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia

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constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.

Igualmente, la doctrina constitucional ha señalado las causales especiales,
indicando que la acción resulta procedente únicamente en aquellos eventos en
los cuales se vean afectados derechos fundamentales, al verificar la ocurrencia
de uno de los siguientes eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o
procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación,
(v) violación directa de la Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.

4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.

4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados se encuentran plenamente
individualizados.

4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
de 6 meses desde la expedición de la última providencia cuestionada (4 de
septiembre de 2023).

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4.1.4. Contrario a lo señalado en primera instancia, el asunto a resolver es de
marcada relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer una
posible vulneración ius fundamental como consecuencia de unas causales
específicas de procedibilidad en que presuntamente incurrió la autoridad judicial
demandada y frente a la cual la parte accionante alega la vulneración de su
derecho fundamental al acceso a la administración de justicia.

De conformidad con lo anterior, la Sala de Subsección revocará la decisión de
primera instancia que rechazó por improcedente la acción de tutela de la
referencia por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional y, en su
lugar, procederá a resolver el fondo de la controversia.

5. Caso concreto

La parte accionante alega la configuración de un defecto fáctico por la indebida
valoración de los informes técnicos del ingeniero agrónomo Miguel Oliveros
Vázquez que fueron sustentados en audiencia, los cuales trataban sobre la
revisión y el proceso de muerte del cultivo producto de la inundación, que
resultaban de inexorable observancia para confirmar que el daño no era de fácil
constatación.

Al respecto, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, se
advierte que el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A para
resolver el medio de control de reparación directa tuvo en cuenta lo siguiente:

«26. Conforme al material probatorio allegado al proceso se tiene acreditado que desde
el 11 de junio de 1992, el señor Joaquín Israel Gutiérrez Galvis es propietario del bien
inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria 225-785, referido en el certificado de
tradición de la oficina de instrumentos públicos de Fundación del 27 de septiembre de
2013, como un predio rural denominado “La Esperanza”, ubicado en el municipio de
Aracataca (Magdalena), el cual consta de 9 hectáreas.

27. Asimismo, se tiene acreditado que mediante contrato civil de obra 003 del 17 de mayo
de 2011 suscrito entre la Corporación Autónoma Regional del Magdalena y el señor
Eduardo Cayón Márquez se contrató “La construcción de obras asociadas con la
atención de la emergencia y la mitigación de sus efectos a partir del fenómeno de La
Niña 2010-2011, mediante la conformación de diques en el sector Margen derecha Río

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Fundación en el municipio de Aracataca; margen derecha Río Ariguaní en el municipio
de Algarrobo y en la Margen derecha del Río Fundación en el municipio de El Reten”.

28. También se encuentra probado, según el acta de liquidación por mutuo acuerdo del
23 de septiembre de 2011, que el mentado contrato inició a ejecutarse el 25 de mayo de
2011 y terminó el 22 de septiembre siguiente.

[…]»

Asimismo, la autoridad judicial accionada sostuvo que el daño debía vincularse
al mismo momento que la palma africana comenzó a presentar amenaza de
destruirse, lo cual no podía considerarse cuando el agua del Río Fundación
superó el límite del dique e ingresó a la finca «La Esperanza», pues desde el 19
de septiembre de 2011 el señor Joaquín Israel Gutiérrez Galvis le manifestó a
CORPAMAG que con la ejecución de la obra de construcción del dique se habría
afectado su propiedad, siendo entonces esa fecha a partir de la cual el
accionante tuvo certeza de la concreción del daño.

De igual modo, en cuanto a la valoración de las pruebas sustentadas en
audiencia, la autoridad judicial accionada sí realizó una valoración de estas, sin
embargo, dado que encontró que el 20 de octubre de 2011 el demandante
presentó a CORPAMAG unos documentos que daban cuenta que sí tenía
conocimiento de la fecha de concreción del daño, no fue necesario entrar a
evaluar lo dicho en los informes técnicos sobre la revisión y el proceso de muerte
del cultivo producto de la inundación.

En efecto, de la petición interpuesta por el accionante en la fecha citada
previamente, se extrae que el señor Gutiérrez Galvis le expuso a CORPAMAG,
en su orden, que: «(i) con la construcción del dique en el Río Fundación, le
habían cortado las raíces a su cultivo de palma africana, lo cual conlleva a la
muerte de las mismas, (ii) el 1 de octubre de 2011, las aguas de dicho río
reventaron parte del dique en la finca vecina del señor Gustavo Acevedo y que,
por dicho boquete entró agua a su finca, por tanto, la misma se encontraba
encharcada, (iii) a raíz de esto unas 5 hectáreas de palma se habían inundado
y, finalmente, (iv) que las mismas se estaban poniendo amarillentas y se

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encontraban enfermas», de lo cual el Consejo de Estado consideró que
demostraba que ya tenía pleno conocimiento de la materialización del daño.

En ese sentido, esta corporación encontró que desde el 20 de octubre de 2011
debía iniciarse el cómputo del término de caducidad, pues a partir de esa fecha
la parte accionante tuvo certeza de la concreción del daño antijurídico por el que
reclama la reparación directa, es decir, la ruina de sus cultivos de palma. Así,
dado que interpuso la solicitud de conciliación prejudicial el 17 de octubre de
2013, era hasta el 21 de enero de 2014 que podía ejercer el medio de control y
no fue sino hasta el 7 de febrero de 2014 que presentó la demanda, cuando ya
había operado la caducidad.

En este orden de ideas, se estima que la providencia cuestionada, otorgó mayor
valor a unos elementos probatorios sobre otros, para tomar la decisión que
desfavorece los intereses del accionante; labor interpretativa, argumentativa y
probatoria que no vulnera los derechos fundamentales invocados, máxime
cuando la trascendencia de ellos se impone sobre los demás.

De tal manera que, la no valoración probatoria de los demás medios probatorios
no tiene la entidad suficiente para modificar la providencia atacada, dado que se
efectuó una interpretación razonable con el acontecer fáctico y probatorio
obrante en el proceso. Y aunque la parte tutelante no esté de acuerdo con esos
razonamientos, la divergencia de criterio no es suficiente para la prosperidad del
mecanismo constitucional, dado que no es un instrumento para definir cuál es el
planteamiento más adecuado para resolver la litis y tampoco se estableció como
tercera instancia de las decisiones proferidas en el ámbito de sus competencias
por las autoridades judiciales.

Motivo por el cual, se revocará la decisión de primera instancia, y en su lugar, se
denegará el amparo constitucional solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

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FALLA

Primero: Declarar fundado el impedimento manifestado por el doctor Jorge Iván
Duque Gutiérrez para conocer del asunto de la referencia, por las razones
expuestas.

Segundo: Revocar la sentencia del 1° de febrero de 2024, proferida por el
Consejo de Estado – Sección Quinta, que rechazó por improcedente la acción
de tutela de la referencia. En su lugar:

Tercero: Negar el amparo solicitado mediante la acción de tutela presentada por
la parte accionante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

Cuarto: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Quinto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

Impedido
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186
del CPACA

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