Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-33-000-2013-10029-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-33-000-2013-10029-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 47001-23-33-000-2013-10029-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
4 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., cuatro (04) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 47001-23-33-000-2013-10029-01 (60.440)
Demandante: Joaquín Israel Gutiérrez Galvis y otros
Demandados: Nación – Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible y otros
Medio de control: Reparación directa
Temas: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – Daños causados a los particulares por
obra pública / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN
DIRECTA - Su cómputo inicia desde la ocurrencia del daño o desde cuando el
afectado tuvo conocimiento de este, lo último que ocurra – En el presente caso se
demandó por fuera del término legal establecido.
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
Se solicita la reparación de los daños causados como consecuencia de la
construcción irregular del dique del Río Fundación que ocasionó la inundación del
predio de propiedad de la parte demandante.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la sentencia antes indicada, mediante la cual el Tribunal
Administrativo del Magdalena decidió la demanda de reparación directa
presentada el 7 de febrero de 2014 1 por los señores Joaquín Israel Gutiérrez
Galvis (propietario) y Mónica Patricia Marín de Agua, quienes actúan en nombre
propio y en representación de sus dos menores hijos Lorenzo Andrés y Joaquín
Alberto Gutiérrez Marín, y el señor Israel Andrés Gutiérrez Marín, en contra de la
Nación – Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fondo Nacional
de Calamidades (ahora Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres) -
Subcuenca Colombia Humanitaria - Fiduprevisora S.A., Corporación Autónoma
Regional del Magdalena (en adelante CORPAMAG) y el señor Eduardo Cayón
Márquez, con el fin de que se les declare solidaria y patrimonialmente
responsables por el referido daño.
1 Folio 20 del cuaderno 1.
Radicación: 47001-23-33-000-2013-10029-01 (60.440)
Actor: Joaquín Israel Gutiérrez Galvis y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Ambiente y otros
Referencia: Reparación directa
2. Como fundamento fáctico de la demanda, se narró que desde el 11 de junio
de 1992, el señor Joaquín Israel Gutiérrez Galvis es propietario de la finca
denominada “La Esperanza” ubicada en el municipio de Aracataca (Magdalena),
contigua al Río Fundación y que de las 9 hectáreas que la componen, destinó 8 de
ellas para el cultivo de palma africana, para lo cual tuvo que adecuar su predio con
sistemas de drenajes y riegos, aradas, rastrada y cincelada, aplicación de
correctivo, vías de ingreso, siembra de cobertura y sembrado y mantenimiento de
la palma.
3. Señalaron que como consecuencia de la ola invernal ocurrida entre el año
2010 y 2011, por el fenómeno natural de “La Niña”, el Ministerio del Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible suscribió con el Fondo Nacional de Calamidades
• Subcuenta Colombia Humanitaria - Fiduprevisora S.A., el convenio
interadministrativo 1005-09-046-2011, cuyo objeto era “aunar esfuerzos entre
ellos, para adelantar las actividades conducentes a asegurar la atención y
restablecimiento de las condiciones ambientales en las zonas afectadas por la
emergencia invernal, ocasionadas por el fenómeno de la niña 2010-2011, la
mitigación de sus efectos y prevenir la ocurrencia de nuevas situaciones de
emergencias”.
4. En atención a lo anterior, CORPAMAG formuló un proyecto de construcción de
obras asociadas con la atención de emergencia y la mitigación de sus efectos a
partir del fenómeno de “La Niña” en el departamento del Magdalena, por valor de
$10.383’.395.486, para lo cual suscribió el convenio interadministrativo 43 del 27
de abril de 2011 con el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible,
cuyo objeto consistió en establecer los términos y condiciones para la inversión de
los recursos destinados a atender y restablecer las condiciones ambientales en las
zonas afectadas por la emergencia ambiental.
5. El departamento del Magdalena, CORPAMAG y el ingeniero Eduardo Cañón
Marques, celebraron el contrato de obra civil 003 del 17 de mayo de 2011, el cual
tuvo como objeto “la construcción de obras asociadas con la atención de la
emergencia y la mitigación de sus efectos a partir del fenómeno de La Niña 2010-
2011, mediante la conformación de diques en el sector Margen derecha del Río
Fundación en el municipio de Aracataca; margen derecha Rio Ariguani en el
municipio de Algarrobo y en la Margen derecha Río Fundación en el municipio de
El Reten”. Dichas obras iniciaron en el mes de mayo de 2011 y finalizaron en el
mes de septiembre próximo.
6. Afirmaron que durante la ejecución de tales obras, se realizaron trabajos de
construcción del dique en el predio “La Esperanza” de propiedad del señor
Joaquín Israel Gutiérrez Galvis, quien en su momento guardó silencio en tanto
consideró que los mismos le traerían beneficios; sin embargo, una vez concluidas
las labores -en septiembre de 2011-, observó que el dique no contaba con
2
Radicación: 47001-23-33-000-2013-10029-01 (60.440)
Actor: Joaquín Israel Gutiérrez Galvis y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Ambiente y otros
Referencia: Reparación directa
sistemas de drenaje, había sido tamponado con tierra el desagüe artificial de su
finca y se obstruyó el desagüe natural del predio vecino, del que también se servía
el bien “La Esperanza”.
7. Afirmaron que el 19 de septiembre de 2011 y el 20 de octubre próximo, el
señor Joaquín Israel Gutiérrez Galvis radicó sendos documentos ante
CORPAMAG, a través de los cuales le puso de presente: (i) los daños que le
habían causado a su bien inmueble, tales como daños en el portón de hierro de la
entrada de la finca, inundación permanente del lote por no tener salida las aguas y
destrucción de la trocha que se tenía cerca la orilla del río, (ii) que al menos 5
hectáreas de sus cultivos de palma africana estaban enfermas y, (iii) que existía la
posibilidad de que se inundaran sus cultivos ante la falta del sistema de drenaje en
el dique.
8. En respuesta a lo anterior, mediante oficio del 27 de octubre de 2011,
CORPAMAG puso de presente que el predio “La Esperanza” había sido
intervenido por autorización verbal del señor Gutiérrez Galvis; sin embargo, dijo la
parte demandante, a pesar de que dicha entidad reconoció que en tal inmueble se
realizaron obras públicas y sabía de los daños causados al mismo, ésta no
procedió a tomar ninguna medida para corregir y evitar más daños en el predio.
9. Debido a las fuertes lluvias del 2011, producidas por el fenómeno de “La Niña,
el agua del Río Fundación superó el límite del dique e ingresó a la finca “La
Esperanza”, sin que pudiera retornar al mentado río por la falta del terraplén y por
el taponamiento de los drenajes, lo cual produjo graves inundaciones en 5
hectáreas del mentado inmueble, que terminó con la muerte progresiva de los
cultivos de palma africana en febrero de 2012.
10. Así las cosas, indicó que las demandadas estaban llamadas a responder
patrimonialmente por la construcción irregular del dique en el sector margen
derecha del rio Fundación, hecho que causó la inundación del predio “La
Esperanza” y la consiguiente pérdida de sus cultivos de palma africana2.
La defensa
11. El Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible se opuso a la
prosperidad de las pretensiones; para tal efecto invocó la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva, así como también la de caducidad del medio
de control, pues debía tenerse como fecha de conocimiento del daño el 19 de
septiembre de 2011, cuando el señor Joaquín Israel Gutiérrez Galvis radicó una
2 Folios 1 a 20 del cuaderno 1.
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Radicación: 47001-23-33-000-2013-10029-01 (60.440)
Actor: Joaquín Israel Gutiérrez Galvis y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Ambiente y otros
Referencia: Reparación directa
petición ante CORPAMAG, en la que le puso de presente los daños que había
sufrido su predio por la construcción del dique3.
12. Por su parte, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la
Fiduprevisora S.A., mediante escritos separados, se opusieron a la prosperidad de
las pretensiones, para cuyo efecto adujeron que el contrato 003 del 17 de mayo de
2011 se suscribió únicamente entre CORPAMAG y el ingeniero Eduardo Cayón
Márquez, sin la participación de éstas en ninguna etapa contractual, lo que forzaba
a concluir sobre su ausencia de legitimación en la causa4.
13. El ingeniero Eduardo Cayón Márquez también se opuso a la prosperidad de
las pretensiones dirigidas en su contra, bajo el dicho de que el predio “La
Esperanza” no fue intervenido con las obras públicas de construcción del dique, en
atención a que el contrato 003 del 17 de mayo de 2011 no contempló ese
inmueble, sino lugares y predios distintos al mismo. Aunado a lo anterior, sostuvo
que las palmas africanas en cuestión, para la época de los hechos objeto de la
discusión, estaban próximas a entrar en su periodo de envejecimiento, máxime
que se encontraban sembradas dentro de la ronda hídrica del Río Fundación y,
por tanto, fueron alcanzadas por las aguas de éste; entonces, si las mismas fueron
muriendo progresivamente fue por circunstancias ajenas a la ejecución de dicha
obra5.
14. CORPAMAG se opuso igualmente a las súplicas planteadas. Manifestó que
fue diligente en sus actuaciones y que las mismas estuvieron sujetas al plan de
acción para la atención a la emergencia presentada en el departamento del
Magdalena para los años 2010-2011, fue así que priorizó acciones en 13
municipios del departamento del Magdalena. Por otra parte, propuso las
excepciones de falta de legitimación en la causa y de caducidad del medio de
control de reparación directa6.
15. Por su parte, Consultores del Desarrollo S.A. (en adelante Condesa), quien
fue llamado al proceso en garantía, así como la Corporación Autónoma Regional
de Río Grande del Magdalena (en adelante Cormagdalena), vinculada a este
asunto en calidad de demandada, manifestaron que los daños se produjeron por
una situación constitutiva de fuerza mayor, en tanto el fenómeno de “La Niña”
constituyó un desastre natural con unas consecuencias y dimensiones
extraordinarias e imprevisibles para el Estado. Asimismo, propusieron la excepción
de caducidad del medio de control7.
3 Folios 179 a 203.
4 Folios 266 a 270 y 243 a 250 del cuaderno 1, respectivamente.
5 Folios 281 a 291 del cuaderno 1.
6 Folios 756 a 786 del cuaderno 7.
7 Folios 554 a 565 y 758 a 769 del cuaderno 2, respectivamente.
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Actor: Joaquín Israel Gutiérrez Galvis y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Ambiente y otros
Referencia: Reparación directa
16. El Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo de
la Presidencia de la República, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio
(vinculado a este proceso en calidad de litis consorte necesario), el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y el Ministerio del Interior, vinculados al proceso de la
referencia en calidad de demandados, coincidieron en señalar que de los hechos
de la demanda y de las pruebas aportadas junto a la misma, no se desprendía
ningún tipo de actuación de éstas en el daño alegado, razón suficiente para que se
declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva para ser parte de este
asunto8.
17. Luego de surtirse el debate probatorio 9, en la oportunidad para alegar, la
parte demandante insistió en los argumentos de la demanda y se opuso a la
prosperidad de las excepciones propuestas10, mientras que las demandadas, el
litis consorte necesario y la llamada en garantía reiteraron lo dicho con los escritos
de contestación11.
El Ministerio Público guardó silencio.
La decisión objeto de impugnación
8 Folios 837 a 839, 842 a 857, 859 a 867 y 873 a 874 del cuaderno 2.
9 Mediante auto proferido en audiencia inicial del 2 de febrero de 2016 se abrió el período
probatorio, dentro del cual se allegaron los siguientes medios de prueba:
● Registros civiles de nacimiento de Israel Andrés, Lorenzo Andrés y Joaquín Alberto Gutiérrez
Marín.
● Declaración juramentada de la unión marital de Joaquín Israel Gutiérrez Galvis y Mónica
Patricia Marín de Agua.
● Certificado de tradición de la oficina de instrumentos públicos de Fundación del 27 de
septiembre de 2013.
● Solicitud del 19 de septiembre de 2011 radicada ante CORPAMAG.
● Solicitud del 20 de octubre de 2011 radicada ante CORPAMAG.
● Oficio del 27 de octubre de 2011 expedido por CORPAMAG, por medio del cual responde la
petición del 20 de octubre de 2011.
● Oficio del 2 de octubre del 2013 expedido por CORPAMAG, a través del cual informa cuales
eran los predios del municipio de Aracataca donde se están desarrollando las obras para mitigar el
efecto de la ola invernal.
● Certificación del 2012 de Extractara Tequendama en la que se referencia el valor del kilo de
corozo de palma para el marzo 2012.
● Copias informes técnico por parte del ingeniero Agrónomo Miguel Oliveros Vásquez.
● Contrato de obras 003 del 17 de mayo de 2011 celebrado entre CORPAMAG y Eduardo Cayón
Márquez.
● Convenio Interadministrativo 43 de 2011 celebrado entre el Ministerio del Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible y CORPAMAG.
● Copia auténtica del contrato de interventoría 1 de 2011, suscrito entre CORPAMAG y la
Empresa Consultores del Desarrollo S.A., y demás documentos relacionados con ese negocio
jurídico.
● Informe del IDEAM sobre la evolución del último fenómeno de la niña en Colombia, en los años
2010-2011, que contiene gráficas con mapas de anomalías en la región Caribe y en especial el
Departamento del Magdalena.
10 Folios 1874 a 1883 del cuaderno 1.
11 Folios 1797 a 1873 y 1885 a 2024 del cuaderno 4.
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Actor: Joaquín Israel Gutiérrez Galvis y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Ambiente y otros
Referencia: Reparación directa
18. El Tribunal Administrativo del Magdalena negó las pretensiones de la
demanda, por considerar que las inundaciones que dieron lugar a los daños
producidos en el predio “La Esperanza” no fueron producto de las obras realizadas
por la Administración Pública demandada, sino por un hecho que se catalogó
como “sin precedentes” por el IDEAM, como lo fue el fenómeno de “La Niña”, el
cual generó el desbordamiento del dique del río Fundación.
19. Agregó que, en gracia de discusión, de admitirse que el desbordamiento del
dique no fue por un hecho imprevisible, las pretensiones de la demanda tampoco
estaban llamadas a prosperar, por cuanto las obras públicas fueron realizadas en
la franja de la ronda hídrica de que trata el artículo 83 de la Ley 2811 de 1974, la
cual no fue respetada por la parte demandante, quien sembró las palmas africanas
en dicha zona sin conservar la respectiva distancia de 30 metros sobre la orilla del
rio, para la conservación ambiental de ese tipo de franjas12.
II. RECURSO DE APELACIÓN
20. En su recurso de apelación, la parte actora cuestionó la declaratoria de
fuerza mayor, pues partió de afirmar que la causa de las inundaciones por
represamiento de agua se debió a la construcción irregular del dique, dado que se
taponaron los desagües de la finca en comento, se cambió la dinámica hidráulica
del predio, lo que produjo que las aguas de escorrentías y del río que superaban
el límite del dique, se remansaran en la parte baja de la finca en un área de 5
hectáreas cultivadas con palma de aceite, las que murieron progresivamente por
falta de oxigenación, situación que fue denunciada oportunamente ante las
autoridades respectivas y que ahora son demandadas en este asunto, las cuales
no tomaron las acciones tendientes a ayudar y mitigar el daño. Por lo tanto,
agregó que las demandadas sí contaban con la información respectiva porque les
fue suministrada por el actor, así como sobre la predicción de una inundación de
su predio antes del desastre, lo que implicaba que el citado fenómeno de la fuerza
mayor no fue sorprendente o repentino y, por ende, se incumplía con el requisito
de la imprevisibilidad a efectos de declarar configurado tal eximente de
responsabilidad13.
21. En el término para alegar de conclusión, CORPAMAG, Fiduprevisora S.A., el
señor Eduardo Cayón Márquez, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio,
Consultores del Desarrollo S.A., el Departamento Nacional de Planeación, la
Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 14 ,
reiteraron los argumentos esbozados a lo largo del proceso; mientras que las
demás partes y el Ministerio Público guardaron silencio.
12 Folios 2078 a 2098 del cuaderno del Consejo de Estado.
13 Folios 2119 a 2121 del cuaderno del Consejo de Estado.
14 Folios 2196 a 2198, 2776 y 2177, 2206 a 2218, 2166 a 2169, 2188 a 2193, 2181 a 2183, 2170 a
2175 y 2158 a 2165, respectivamente.
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Radicación: 47001-23-33-000-2013-10029-01 (60.440)
Actor: Joaquín Israel Gutiérrez Galvis y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Ambiente y otros
Referencia: Reparación directa
III. CONSIDERACIONES
22. Sin que se observe causal de nulidad que impida dictar sentencia, procede
la Sala a resolver el recurso de apelación formulado.
Objeto de la apelación
23. El ámbito del recurso interpuesto se circunscribe a verificar si se encuentra
probada la causal eximente de responsabilidad con fundamento en la cual el
Tribunal negó las pretensiones y, por ende, solo en caso de que se descarte tal
eximente, se indagará sobre los demás elementos de la responsabilidad que se
reclama.
24. Previo a abordar el análisis del recurso antes indicado, la Sala se ve
compelida a analizar la caducidad del medio de control, pues a pesar de no haber
sido un punto de apelación, se trata de un presupuesto procesal que debe
analizarse de manera oficiosa, cuando de por medio existan justificadas razones
para estimar que el debate sobre tal aspecto no se ha clausurado, máxime que,
en audiencia inicial del 2 de febrero de 2016, el Tribunal a quo dispuso resolver
sobre tal aspecto en la sentencia; sin embargo, no realizó análisis alguno ni
mucho menos decidió al respecto en tal providencia.
Sobre la oportunidad del medio de control ejercido
25. Ab initio, la Sala anuncia que revocará la decisión objeto de alzada, por
cuanto a partir de los elementos de prueba allegados, se impone concluir que se
encuentra configurado el fenómeno jurídico de la caducidad.
26. Conforme al material probatorio allegado al proceso se tiene acreditado que
desde el 11 de junio de 1992, el señor Joaquín Israel Gutiérrez Galvis es
propietario del bien inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria 225-785,
referido en el certificado de tradición de la oficina de instrumentos públicos de
Fundación del 27 de septiembre de 2013, como un predio rural denominado “La
Esperanza”, ubicado en el municipio de Aracataca (Magdalena), el cual consta de
9 hectáreas.
27. Asimismo, se tiene acreditado que mediante contrato civil de obra 003 del 17
de mayo de 2011 suscrito entre la Corporación Autónoma Regional del Magdalena
y el señor Eduardo Cayón Márquez se contrató “La construcción de obras
asociadas con la atención de la emergencia y la mitigación de sus efectos a partir
del fenómeno de La Niña 2010-2011, mediante la conformación de diques en el
sector Margen derecha Río Fundación en el municipio de Aracataca; margen
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Radicación: 47001-23-33-000-2013-10029-01 (60.440)
Actor: Joaquín Israel Gutiérrez Galvis y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Ambiente y otros
Referencia: Reparación directa
derecha Río Ariguaní en el municipio de Algarrobo y en la Margen derecha del Río
Fundación en el municipio de El Reten”15.
28. También se encuentra probado, según el acta de liquidación por mutuo
acuerdo del 23 de septiembre de 2011 16 , que el mentado contrato inició a
ejecutarse el 25 de mayo de 2011 y terminó el 22 de septiembre siguiente.
29. En relación con la caducidad de la acción de reparación directa, el artículo
136, numeral 8 del Código Contencioso Administrativo -vigente para el momento
de los hechos que aquí se discuten-17 señala que la demanda debe presentarse
en el término de dos años contados a partir de la ocurrencia del daño, bien se
trate de un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación
temporal o definitiva de un inmueble ajeno al Estado, por razón de una obra
pública o cualquier otra causa.
30. Respecto del análisis de caducidad, la jurisprudencia de esta Sección ha
sido unánime en señalar que debe efectuarse de acuerdo con las condiciones
particulares de cada caso, en tanto que el juez bien puede enfrentar situaciones
en las que: (i) ocurrido el hecho dañoso, inmediatamente se conoce el daño, por
su evidente notoriedad. En este escenario, el daño y el conocimiento de éste por
parte del lesionado son concomitantes, de lo cual se sigue que es ese único
momento a partir del cual se debe contar el término de caducidad, o (ii) cuando se
causa un daño, pero el lesionado no tuvo la oportunidad de conocerlo en el
momento de su ocurrencia, sino con posterioridad. En este evento será el
momento del conocimiento a partir del cual comenzará a computar el referido
término18.
31. La Sala ha destacado la relación existente entre el conteo del término de
caducidad, la naturaleza del daño y el momento en que el mismo se configura, a
partir de lo cual ha señalado que no todos los daños se constatan de la misma
forma en relación con el tiempo y que, en efecto, hay algunos cuya ocurrencia se
verifica en un preciso momento, mientras que hay otros que se extienden y se
prolongan en el tiempo19.
15 Folios 57 a 71 del cuaderno 1.
16 Folios 76 a 79 del cuaderno 1.
17 A pesar de que la demanda de la referencia se interpuso en vigencia de la ley 1437 de 2011 -entró a regir el
2 de julio de 2011-, en el caso particular resulta aplicable el artículo 136 del Decreto 01 de 1984, para efectos
del cómputo de la caducidad, puesto que los hechos que dieron origen al asunto de la referencia sucedieron
cuando la mentada codificación se encontraba vigente (inciso 2, artículo 40 Ley 153 de 1887).
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2021, exp. 48671, MP José
Roberto Sáchica Méndez, ver también sentencia del 6 de febrero de 2020, exp. 64877, MP Marta
Nubia Velásquez Rico (E), sentencia del 1 de junio de 2020, exp. 49079, MP Ramiro Pazos
Guerrero.
19 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de octubre de 2007, expediente con
radicación 25000-23-27-000-2001-00029-01(AG).
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Radicación: 47001-23-33-000-2013-10029-01 (60.440)
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Demandado: Nación – Ministerio de Ambiente y otros
Referencia: Reparación directa
32. En desarrollo de los anteriores conceptos, se ha diferenciado entre el daño
instantáneo o inmediato y el daño continuado o de tracto sucesivo. Por el primero,
se entiende aquél que resulta susceptible de identificarse en un momento preciso
de tiempo y que, si bien produce perjuicios que se pueden proyectar hacia el
futuro, este existe únicamente en el momento en que se produce, mientras que
por el segundo se entiende que se producen de manera sucesiva en el tiempo,
esto es, día a día sin que exista solución de continuidad.
33. Así, el término de caducidad empieza a correr a partir de la ocurrencia del
hecho o la omisión, y cuando no puede conocerse en el mismo momento cuáles
son sus consecuencias, debe tenerse en cuenta la fecha en la que se determina
que el perjuicio es irreversible y el afectado tiene conocimiento de ello. Ahora, el
hecho de que los efectos del daño se extiendan indefinidamente después de su
consolidación, no puede evitar que el término de caducidad comience a correr,
porque si ello fuera así, en los casos en los cuales los perjuicios tuvieran carácter
permanente, como ocurre cuando se construyen unas viviendas en el inmueble de
un particular, la acción no caducaría jamás20.
34. Descendiendo al caso materia de estudio, en cuanto al daño alegado, en el
libelo se afirmó que radica en la pérdida de los cultivos de palma africana que se
encontraban sembrados en 4 hectáreas de la finca “La Esperanza”, a raíz de los
trabajos irregulares de construcción del dique del Río Fundación, ubicado en el
municipio de Aracataca, los cuales terminaron con la inundación de dicho predio
causando la muerte progresiva del mentado cultivo.
35. Así, en las pretensiones de la demanda se solicitó declarar responsables
patrimonialmente a las demandadas “por los -daños antijurídicos- causados por
la muerte de los cultivos de palma africana en 4 hectáreas de la finca La
Esperanza de propiedad de Joaquín Israel Gutiérrez Galvis, por las inundaciones
al cultivo producidas por la ejecución irregular de trabajos públicos relativos a la
construcción del Dique en el sector margen derecha del Río Fundación en el
municipio de Aracataca Magdalena”.
36. El daño alegado se vincula al mismo momento que la palma africana
comenzó a presentar amenaza de destruirse, no importando si debido a las
fuertes lluvias del 2011, por el fenómeno de “La Niña, el agua del Río Fundación
superó el límite del dique e ingresó a la finca “La Esperanza”.
37. En el presente caso se encuentra probado que, previo a la finalización de la
obra de construcción del dique, mediante documento del 19 de septiembre de
201121, el señor Joaquín Israel Gutiérrez Galvis le manifestó a CORPAMAG que
20 Ver sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A proferida el 1 de octubre
de 2014, expediente con número de radicado 25000-23-26-000-2002-00343-01(33767).
21 Folio 30 del cuaderno 1.
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Radicación: 47001-23-33-000-2013-10029-01 (60.440)
Actor: Joaquín Israel Gutiérrez Galvis y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Ambiente y otros
Referencia: Reparación directa
con la ejecución de dicha obra se habría afectado su propiedad (La Esperanza).
Al respecto le señaló (se transcribe literal):
“Por medio del presente yo JOAQUIN GUTIERREZ GALVIS PEQUEÑO
PROPIETARIO DE LA FINCA LA ESPERANZA ubicada en la región de bocatoma
municipio de ARACATACA con un área de 8 has. en la cual están haciendo un
dique, a orillas del río fundación, la construcción de dicho dique me ha
perjudicado debido a que sin autorización han cogido material de mi predio
para hacer el dique, sacando más de 60 centímetros, cortando las raíces del
cultivo de palma lo cual conlleva a la muerte del cultivo y dejando una poza
que cuando llueve se inunda y el agua no tiene salida esto es muy
perjudicial para la palma que está instalada en mi predio lo cual les ocasiona
la muerte por inundación además me perjudican con la recolección ya que no se
puede transitar con tractor, YA QUE ME DAÑARON LA TROCHA QUE TENIA
CERCA DE LA ORILLA DEL RIO QUE ES LA PARTE MAS ALTA DE Ml PREDIO
Y POR DONDE NO SE PUEDE TRANSITAR DESPUÉS DE UNA Inundación, Ya
que la parte baja no se puede transitar con maquinaria debido a que queda con
humedad y el tractor y los animales se atollan las orillas del río no son para
sacarle material sino para reforestar si construyen un dique debe de ser con
material traído de otra parte para que no se perjudiquen los pequeños propietarios
del los predios.
Al dique no le han dejado salida para las aguas lluvias y prevenir una posible
inundación que sobre pase el dique o se rompa por el mal material con que los
están construyendo convirtiendo las fincas del sector del dique en una laguna
ocasionando la muerte de todos los cultivos existentes ya que la palma es un
cultivo que no soporta inundaciones con más 8 días debido a que las raíces no
toman oxigeno y se pudren. al construir el dique taparon un dengue artificial que
tenía en el predio el cual salía las aguas lluvias y las que quedaban de la
inundación que no alcanzaban a salir por el desagüé natural que sale cerca a la
bocatoma de riego, también lo taparon por lo cual es evidente que este sector se
convierta en una laguna.
ADEMAS EL MATERIAL QUE ESTAN UTILIZANDO ES ARENA COGIDA DE
Ml TERRENO SIN Ml AUTORIZACION, MATERIAL QUE NO SOPORTA
UNA INUNDACION YA QUE ES MUY EROCIONABLE EL AREA APROXIMADA
EN Ml PREDIO ES DE UNOS 400 A 500 METROS QUE UTILIZARON MATERIAL
DEL PREDIO SACANDOLO DE LA ORILLA DEL MISMO DIQUE POR
CONSIQUIENTE DEJARON EL TERRENO MAS BAJO QUE EL NIVEL DEL RIO.
AL ENTRAN LA PRIMERA VEZ LA MAQUINARIA A Ml PREDIO SIN PERMISO
ROMPIERON EL PORTON DE HIERRO EL CUAL NO LO HAN ARREGLADO.
POR LO ANTERIOR LES PROHIBO LA ENTRADA Y HACER CUALQUIR
TRABAJO A Ml PREDIO HASTA QUE NO ARREGLEN TODOS LOS DAÑOS
QUE HAN OCASIONADO y den una solución a la salida del agua lluvia y una
posible inundación los desagües naturales no se pueden tapar al tapar los
desagües naturales las aguas lluvias se retienen y el nivel freático del suelo
aumento ocasionando la muerte de las raíces por falta de aireación los cultivos
como la palma no soportan altos niveles de nivel freático estos predios tienen el
nivel freático casi a nivel del río por lo cual deben de estar siempre con buenos
drenajes”.
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Radicación: 47001-23-33-000-2013-10029-01 (60.440)
Actor: Joaquín Israel Gutiérrez Galvis y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Ambiente y otros
Referencia: Reparación directa
38. Al no obtener respuesta a la anterior petición, el 20 de octubre de 2011 22 el
señor Joaquín Israel Gutiérrez Galvis volvió a manifestarle a CORPAMAG que
con la construcción del dique su predio se había visto afectado, pero esta vez
añadió que el 1 de octubre de 2011 su bien se inundó a raíz de que el dique se
reventó, con lo cual se vieron afectadas 5 hectáreas de palma, las cuales
permanecían encharcadas, estaban amarillentas y enfermas. Así lo sostuvo (se
transcribe literal):
“Por medio del presente yo JOAQUIN GUTIERREZ GALVIS PEQUEÑO
PROPIETARIO DE LA FINCA LA ESPERANZA ubicada en la región de bocatoma
municipio de ARACATACA con un área de 8 has. Cultivada hace más de 15 años
en palma africana la cual es el sustento de mi familia. En este pequeño predio
hicieron un dique, a orillas del río fundación, 1a construcción de dicho dique no la
hicieron con material resistente a las inundaciones como lo dije en mi carta del 19
de septiembre del 2010 sin tener respuesta de ella , por lo cual con una pequeña
creciente del día 1 de octubre el río reventó parte del dique en la finca vecina
del señor Gustavo ACEVEDO por dicho boquete entró el agua con fuerza
pasando por todo el centro de mi finca haciendo zanjas que no tienen salida
del agua por lo cual el lote de mi palma unas 5 has se encuentran inundadas
las cuales ya se están amarilleando por encharcamiento, ya que las agua
lluvias no tienen salida ni las que se desbordan del dique, y como me
taparon un desagüe que tenia construido en cemento y con tubos las aguas
permanecen estancadas. Además en la orilla del dique al sacar arena de mi
terrero dejaron el nivel de la tierra más bajo que el río por lo cual esta área
siempre estará inundadas como le cortaron las raíces a las palma estas
palmas están destinadas a morirse lo mismo que el lote que está inundado.
Al hacer el dique debilitaron la orilla del rio al sacarle tierra o arena para hacer el
dique ya que utilizaron arena de ambos lados, en parte tumbaron árboles, esto
traerá consecuencias como una posible desviación del río ya que con una crecida
grande del río se romperá el dique en la finca del señor Gustavo Acevedo por
donde se hizo el boquete el día 1 de octubre y en la finca mía también se llevara
el dique en las partes donde le sacaron tierra a orillas del río, como yo tengo la
mayor parte de la orilla del río sembrada con árboles y bambú esta resistirá mas.
Al romperse el dique las aguas se encausaran por un solo lugar y con la fuerza del
agua se llevara toda la tierra haciendo un cause del mismo río dividiendo nuestra
fincas. Anteriormente las aguas se expandían y no hacían daño ya que no bajan
con fuerza. los daños en este momento por la construcción del dique son los
siguientes:
1.- DAÑOS EN EL PORTON DE HIERRO DE LA ENTRADA DE ML FINCA EL
CUAL LO TUMBARON PARA PODER ENTRAR LA MAQUINARIA SIN ML
PERMISO.
2- BAJA PRODUCCION DE MI CULTIVO DE PALMA POR
PERMANECER ENCHARCADO.
3- PALMAS ENFERMAS POR ENCHARCAMIENTO Y POSIBLE MUERTE DEL
CULTIVO EN UN ÁREA DE 3 A 5 HECTÁREAS.
22 Folios 31 y 32 del cuaderno 1.
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Radicación: 47001-23-33-000-2013-10029-01 (60.440)
Actor: Joaquín Israel Gutiérrez Galvis y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Ambiente y otros
Referencia: Reparación directa
4- INUNDACLÓN PERMAMENTE DEL LOTE POR NO TENER SALIDA LAS
AGUAS Y AL SACAR TIERRA A UN NIVEL INFERIOR DEL RIO PERMANESE
UN ENCHARCAMIENTO PERMANTENTE.
5.-DESTRUCCION DE LA TROCHA QUE TENIA CERCA A LA ORILLA DEL RIO
POR LA ORILLA DEL DIQUE, PARA SACAR LA PRODUCCION DE ML
CULTIVO YA QUE ERA LA PARTE MAS ALTA, DEL LOTE QUE COLINDA CON
EL RIO. (…).
Esto es consecuencia por hacer un dique con material de la misma orilla del rio,
no utilizaron maquinaria adecuada, no se rigieron con un estudio técnico, no
notificaron ni llamaron a los propietarios de los predios, por lo cual lo hicieron sin
autorización, no cumplieron con la ley 80.
39. Del análisis de cada una de las peticiones radicadas por la parte actora ante
CORPAMAG, en las que expuso la situación de la finca “La Esperanza”,
encuentra la Sala que para 19 de septiembre de 2011 y 1 y 20 de octubre
siguiente, el señor Joaquín Israel Gutiérrez ya tenía pleno conocimiento de la
materialización del daño, pues en tales documentos, dijo, en su orden, que: (i) con
la construcción del dique en el Río Fundación, le habían cortando las raíces a su
cultivo de palma africana, lo cual conlleva a la muerte de las mismas, (ii) el 1 de
octubre de 2011, las aguas de dicho río reventaron parte del dique en la finca
vecina del señor Gustavo Acevedo y que, por dicho boquete entró agua a su
finca, por tanto, la misma se encontraba encharcada, (iii) a raíz de esto unas 5
hectáreas de palma se habían inundado y, finalmente, (iv) que las mismas se
estaban poniendo amarillentas y se encontraban enfermas.
40. En este orden, resulta claro que, por lo menos, desde la petición del 20 de
octubre de 2011, la parte actora tenía certeza de la concreción del daño
antijurídico por el que reclaman ahora una indemnización, esto es la ruina de sus
cultivos de palma africana.
41. Así las cosas, a partir del día siguiente a la fecha indicada -20 de octubre de
2011- debe iniciarse el cómputo del término de la caducidad. Contabilizarlo de
otra manera sería contrario a lo previsto en el artículo 136 del C.C.A., que dispone
que dicho término se cuenta a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la
acción u omisión causante del daño, o desde cuando el demandante tuvo
conocimiento del mismo.
42. De conformidad con lo anterior, a partir del 21 de octubre de 2011 hasta el
21 de octubre de 2013 se tenía plazo para interponer la demanda de reparación
directa; no obstante, dicho término se suspendió, en atención a que el 17 de
octubre de 2013 se radicó una solicitud de conciliación prejudicial, esto es,
faltando 5 días para que operara el fenómeno jurídico de la caducidad. Ahora
bien, tal diligencia se declaró fallida el día martes 14 de enero de 2014, según
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Actor: Joaquín Israel Gutiérrez Galvis y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Ambiente y otros
Referencia: Reparación directa
constancia de la Procuraduría 43 Judicial II para Asuntos Administrativos 23, en
ese orden, se tenía hasta el 21 de enero de 2014 para ejercer el medio de control
de reparación directa, pero como la demanda se formuló el 7 de febrero de 2014,
se concluye que resultó extemporánea, es decir, se formuló cuando ya había
operado el fenómeno jurídico de la caducidad.
43. Por consiguiente, la Sala revocará la sentencia recurrida y, en su lugar,
declarará probada la excepción de caducidad del medio de control.
Condena en costas
44. El artículo 365-4 del CGP indica que “... cuando la sentencia de segunda
instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a
pagar las costas de ambas instancias ...”. De cara al caso concreto, la Sala
precisa que la regla transcrita no resulta aplicable, toda vez que, como se expresó
en el acápite anterior, se revocará la sentencia de primera instancia, por
encontrarse acreditada la excepción de caducidad del medio de control de
reparación directa, lo que significa que no es total la revocatoria del fallo dictado
por el Tribunal a quo. Conviene señalar que la revocatoria total de la sentencia de
primera instancia en este caso se hubiese predicado en el evento de haber
accedido a las pretensiones de la demanda -total o parcialmente-, cosa que no
ocurrió. Es así que, a pesar de que en esta instancia se declarará la excepción de
caducidad -que implica la revocatoria de la determinación del a quo de negar las
pretensiones de la demanda, lo cierto es que esta decisión, al igual que la del
Tribunal, resulta desfavorable a los intereses de la parte demandante -aquí
apelante-, de manera que en el sub examine, materialmente, no puede
entenderse que se haya revocado totalmente el fallo del inferior.
45. Aclarado lo anterior, es necesario señalar que, de conformidad con el
artículo 188 del CPACA24 y con la disposición especial del artículo 365-1 del
CGP25, para el caso particular procede la condena en costas a cargo de la parte a
la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación, en este asunto a
la demandante.
46. En el presente caso se encuentra acreditada la gestión de los apoderados
de las entidades demandadas -CORPAMAG, Fiduprevisora S.A., el señor
23 Folio 23 del cuaderno 1.
24
“Artículo 188. Condena en costas [CPACA]. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán
por las normas del Código de Procedimiento Civil [actualmente Código General del Proceso]”
[aclaración añadida]”.
25
“Artículo 365. Condena en costas [CGP]. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se
condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente
el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto […]”
[énfasis y aclaración añadida].
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Demandado: Nación – Ministerio de Ambiente y otros
Referencia: Reparación directa
Eduardo Cayón Márquez, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio,
Consultores del Desarrollo S.A., el Departamento Nacional de Planeación,
Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público- frente a
la interposición del recurso de apelación, a través de la defensa ejercida en sus
escritos de alegatos de conclusión. La Sala estima suficiente dicha gestión para
que se disponga la fijación de agencias en derecho en la liquidación de las costas,
en favor de las demandadas en mención, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 365 y 366 del CGP.
47. Conviene señalar que, bajo las reglas del código en cita, la condena en
costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de
la parte a la cual se le imponen, toda vez que en el régimen actual dicha condena
se determina con fundamento en un criterio netamente objetivo, en este caso
frente a la parte a la que se le ha resuelto desfavorablemente el recurso de
apelación interpuesto, “... siempre que exista prueba de su existencia, de su
utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley ... 26.
48. La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el
Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 366 del CGP.
La fijación de agencias en derecho en segunda instancia
49. El Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda27, estableció las
tarifas de agencias en derecho.
50. En cuanto a los criterios para la fijación de las tarifas en los asuntos
contencioso administrativos, el artículo 3 del referido Acuerdo dispuso que debía
tenerse en cuenta la naturaleza, la calidad y la duración útil de la gestión realizada
por el apoderado, así como la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias
relevantes.
26
De acuerdo con la Corte Constitucional “ [...] La condena en costas no resulta de un obrar
temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su
derrota en el proceso o recurso que haya propuesto, según el artículo 365. Al momento de
liquidarlas, conforme al artículo 366, se precisa que tanto las costas como las agencias en derecho
corresponden a los costos en los que la parte beneficiaria de la condena incurrió en el proceso,
siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones
autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una
indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse como
una sanción en su contra [...]” [Sentencia C-157/13, M.P. Mauricio González Cuervo].
27 La demanda se presentó el 7 de febrero de 2014. El Acuerdo 1887 de 2003 fue derogado por el
Acuerdo PSAA16-1055410554 del 5 agosto de 2016; no obstante, este último solo entró a
aplicarse para los procesos judiciales iniciados a partir de su publicación.
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Radicación: 47001-23-33-000-2013-10029-01 (60.440)
Actor: Joaquín Israel Gutiérrez Galvis y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Ambiente y otros
Referencia: Reparación directa
51. En lo que a este caso interesa, resulta oportuno anotar que, en los procesos
con cuantía y que se adelantan ante esta jurisdicción, las agencias en derecho en
segunda instancia deben fijarse hasta en un 5% -límite máximo- del valor de las
pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia, según lo previsto en el
numeral 3.1.357 del artículo 6 del mencionado Acuerdo 1887 de 2003.
52. De acuerdo con lo señalado en el artículo 3 de dicho Acuerdo, se advierte
que la gestión procesal de los apoderados de CORPAMAG, Fiduprevisora S.A., el
señor Eduardo Cayón Márquez, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio,
Consultores del Desarrollo S.A., el Departamento Nacional de Planeación,
Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en esta
instancia fue coherente y consistente, pues la presentación de sus alegaciones
conclusivas así lo demuestran. En ese sentido, las agencias en derecho se fijan
en la suma de $6’417.123, monto que deberá ser pagado a favor de éstos -el cual
se les reconocerá, en partes iguales- con fundamento en la relación porcentual
del 1% de las pretensiones que fueron negadas en este proceso, que suman
($641’712.399).
53. Cabe agregar que, en este caso, el porcentaje de 1% obedece a la alta
cuantía de las pretensiones económicas de la demanda que fue declarada
extemporánea, que ascendieron a la suma de $641’712.399 y, en aplicación del
parágrafo 3° del artículo 3 del Acuerdo 1887 de 2003, que señala que “las tarifas
por porcentaje se aplicarán inversamente al valor de las pretensiones”; amén de
que aplicar otro porcentaje mayor resultaría demasiado oneroso para los
demandantes.
IV. PARTE RESOLUTIVA
54. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 16 de agosto de 2017 por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante la cual se negaron las súplicas
de la demanda; en consecuencia, DECLARAR la caducidad del medio de control
de reparación directa.
SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS, por la segunda instancia, a la parte
demandante
Para el efecto, las agencias en derecho de la segunda instancia se fijan en la
suma de seis millones cuatrocientos diecisiete mil ciento veintitrés pesos
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Radicación: 47001-23-33-000-2013-10029-01 (60.440)
Actor: Joaquín Israel Gutiérrez Galvis y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Ambiente y otros
Referencia: Reparación directa
($6’417.123) a cargo de la parte actora, momento que deberá ser pagado -en
partes iguales- en favor de CORPAMAG, Fiduprevisora S.A., el señor Eduardo
Cayón Márquez, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, Consultores del
Desarrollo S.A., el Departamento Nacional de Planeación, Presidencia de la
República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.
VF
16
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