Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07563-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07563-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-07563-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
11 de abril de 2024
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07563-01
Demandante: Nevardo Álzate Zuluaga
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07563-01
Demandante: Nevardo Álzate Zuluaga
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Temas: Tutela contra providencia judicial que reconoció la aplicación de las
Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, respecto de la sanción
moratoria por la consignación tardía de las cesantías. Presunta
violación de los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, a la confianza legítima y a la tutela judicial efectiva.
Ausencia de los defectos invocados.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora en contra de la sentencia
del 8 de febrero de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que
declaró improcedente la acción de tutela.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
el señor Nevardo Álzate Zuluaga, por intermedio de apoderado, promovió demanda en
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Demandante: Nevardo Álzate Zuluaga
orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad,
a la confianza legítima y la tutela judicial efectiva.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se deje sin efectos la sentencia del 25
de enero de 2023, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de
Medellín y la providencia de fecha 15 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicación 05001-33-33-005-2022-00002-01 y, en
su lugar, que se ordene al Tribunal proferir una nueva decisión en la cual revoque la
decisión adoptada por el Juzgado en primera instancia, por desconocer el
ordenamiento jurídico y vulnerar directamente la Constitución Política de Colombia.
1.1.2. Los hechos
Del escrito de tutela se extraen como hechos, los siguientes:
i) El 2 de octubre de 2020 el accionante solicitó el reconocimiento y pago de cesantías
parciales, las cuales fueron reconocidas por medio de la Resolución 202050059174
del 7 de octubre de 2020.
ii) Se presentó un error administrativo por parte de las entidades al momento de liquidar
y reconocer el derecho, debido a que el monto que se estableció en la Resolución
202050059174 del 7 de octubre de 2020, no correspondía al que tenía disponible en
la cuenta y que debía ser reconocido al accionante.
iii) Mediante la Resolución 202050080551 del 21 de diciembre de 2020, se corrigió el
yerro cometido en la Resolución anteriormente mencionada.
iv) El 19 de marzo de 2021, dichas cesantías fueron canceladas, razón por la cual
solicitó a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales
del Magisterio, al municipio de Medellín y a la Fiduciaria La previsora S.A, el pago de
la sanción moratoria.
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v) De acuerdo, con lo anterior, se presentó el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, conocido en primera instancia por el Juzgado Quinto
Administrativo Oral de Medellín, el cual reconoció dos días de salario por concepto de
mora en el pago de las cesantías.
vi) El Tribunal Administrativo de Antioquia conoció la segunda instancia, en la cual
confirmó la sentencia de primera instancia.
1.1.3. Los fundamentos jurídicos
El apoderado del accionante refirió como argumentos de tutela, los siguientes:
i) Incurrió en imprecisión, el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Quinto
Administrativo Oral del Circuito de Medellín, debido a que no se indicó si el municipio
de Medellín, aplicó lo estipulado en el Decreto 1272 del 23 de julio de 2018, al no darle
alcance al caso en concreto y establecer si fue aplicado para expedir la Resolución
202050059174 del 7 de octubre de 2018.
ii) Señaló la sentencia C-590 de 2005, como fundamento de la procedencia excepcional
de la acción de tutela contra providencia judicial, cuyo objetivo final, es el valor de
justicia respecto de la afectación de derechos fundamentales en una decisión
jurisdiccional.
iii) La relevancia constitucional es determinada por la violación flagrante de los
derechos fundamentales al debido proceso, en el núcleo esencial de la administración
de justicia y la prevalencia del derecho sustancial conforme a los artículos 29, 228 y
229 de la Constitución Política, a la igualdad y la confianza legítima, consagradas en
el artículo 13 y 83 de la norma en mención, el principio procesal iura novit curia, las
garantías judiciales y la tutela judicial efectiva contemplada en los artículos 1, 8 y 25
de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 93 de la constitución.
iv) El Decreto 1272 de 2018, con respecto a la resolución que reconoce el pago de las
cesantías, es determinante al establecer de manera precisa el computo de la sanción
moratoria en favor del docente, a quien ya se le concedió el reconocimiento del
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derecho, más aún cuando ambos accionados establecieron que sí existe derecho a
que se reconozca y pague la sanción moratoria, establecida en el artículo 5 de la Ley
1071 de 2006. Por lo tanto, se evidencia en primer lugar, el defecto sustancial, al no
estudiar la normatividad completa y aplicarla al caso concreto y, en segundo lugar, el
defecto factico, al no tener en cuenta que se presentaron una serie de errores
interadministrativos cometidos entre las entidades involucradas en el proceso de
expedición del acto que reconoce el pago de las cesantías y que, con ello se causó el
pago de la sanción moratoria en favor del docente.
v) En el caso en concreto, no está en discusión el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria del artículo 5 de la Ley 1071 de 2006; puesto que este ya se encuentra
reconocido por medio de la sentencia judicial, pero sí el estudio frente a las
circunstancias fácticas que dieron como resultado la declaratoria infundada de que
solo existe derecho a dos días de sanción.
vi) Conforme a lo anterior, y contrario a lo establecido por el despacho, debe tenerse
en cuenta que el término para contar los días de sanción moratoria debe ser a partir
de la expedición de la Resolución 202050059174 del 7 de octubre de 2020, debido al
incumplimiento de los procedimientos para la expedición del acto administrativo de
reconocimiento de cesantías establecido en el Decreto 1272 de 2018, y, al desacato
de los procedimientos descritos para su corrección, los cuales están contemplados en
el artículo 97 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
1.2. Actuación procesal
1.2.1. El 15 de enero de 2024, el consejero Omar Joaquín Barreto Suárez admitió la
acción de tutela y ordenó, entre otras cosas, lo siguiente:
i) Notificar por el medio más expedito y eficaz a los magistrados que integran el
Tribunal Administrativo de Antioquia y al Juzgado Quinto Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Medellín, quienes podrán contestar la acción de tutela y allegar los
documentos que pretendan hace valer como pruebas, dentro de los tres (3) días
siguientes al recibido del respectivo oficio.
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ii) Comunicar por el medio más expedito y eficaz al Ministerio de Educación Nacional,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al distrito de Medellín y a la
Fiduciario La Previsora S.A., como tercero con interés en las resultas del proceso.
iii) Tener como pruebas las aportadas por la parte actora con la acción de tutela,
documentos que reposan en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
iv) Solicitar al Tribunal Administrativo de Antioquia y al Juzgado Quinto Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Medellín, para que allegaran al correo de la Secretaria
General de la Corporación, el expediente correspondiente al medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001 33 33 005 2022 00002
00/01 instaurado por el accionante contra la Nación, Ministerio de Educación, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales de Magisterio, el distrito de Medellín y la Fiduciaria
La Previsora S.A.
v) Reconocer personería para actuar al abogado Yohan Alberto Reyes Rosas, como
apoderado judicial de la parte demandante, conforme al poder anexado con la acción
de tutela.
1.2.2. El 17 de enero de 2024, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó
del proveído al señor Nevardo Antonio Álzate Zuluaga, al Tribunal Administrativo de
Antioquia, al Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, a la
Fiduprevisora S. A., al Ministerio de Educación Nacional, al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y al distrito de Medellín.
1.2.3. El 19 de enero de 2024, el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de
Medellín remitió el enlace para consulta del expediente requerido.
1.3. Contestación de la demanda
1.3.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia.
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Demandante: Nevardo Álzate Zuluaga
El 19 de enero de 2024, el magistrado Carlos Cristopher Viveros Echeverri, solicitó
declarar improcedente la acción de tutela, en atención de lo siguiente:
i) En la acción de tutela se aduce que la sentencia dictada por el Tribunal incurre en
defecto sustantivo, defecto procedimental absoluto y defecto factico, al desconocer el
ordenamiento jurídico que rige el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por
pago tardío de las cesantías, es decir, lo que contempla el Decreto 1272 de 2018.
ii) Con respecto a la tutela contra providencia judicial, es de tener en cuenta que los
artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, fueron declarados inexequibles por la
Corte Constitucional en la sentencia C– 543 de 1994; no obstante, ha aceptado la tutela
contra providencia judicial de manera excepcional, cuando se infringen de manera
clara, manifiesta, grave e inminente los derechos fundamentales de una persona.
iii) En el presente caso, si bien se cumplen con los requisitos de procedibilidad de la
acción de tutela, no se configuran los defectos planteados por la parte accionante, toda
vez que a) frente al defecto sustantivo, es dable mencionar que la providencia judicial
objeto de cuestionamiento contiene una aplicación del régimen legal que regula la
sanción moratoria por mora en el pago tardío de las cesantías de los docentes; b) con
respecto al defecto factico, en la providencia tutelada se dio una adecuada
interpretación del material probatorio obrante en el expediente; de acuerdo a los
errores que se cometieron en el trámite administrativo es importante aclarar que influyo
como causa eficiente, el hecho de que el demandante solicitó la liquidación de sus
cesantías por un valor superior al disponible en el su cuenta y que además, no puso
en conocimiento tal situación cuando se le notifico el acto administrativo de
reconocimiento; c) finalmente, plantea un defecto procedimental, del cual se observa
que no se argumentaron razones que pongan en evidencia falencias o yerros durante
el proceso que puedan sustentar este cargo y, por lo tanto, no está llamado a
prosperar.
1.3.2. El Juzgado Quinto Administrativo Oral de Medellín
El 19 de enero de 2024, la juez Diana Patricia Ureña Sanabria, solicitó negar la acción
de tutela, y señaló lo siguiente:
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i) El 31 de julio de 2012 la Sala Plena del Consejo de Estado, unifico su criterio en
cuanto a la procedencia de la tutela contra providencia judicial, en razón a las distintas
posturas que se habían desarrollado en su interior, en la cual se estableció que se
debía analizar las solicitudes de tutela presentadas contra providencia judicial y
estudiar sí se vulneraba algún derecho fundamental; adicionalmente, adoptó los
criterios establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, para
establecer la procedencia de esta como mecanismo residual y excepcional.
ii) Analizada la providencia atacada, se advierte que se realizó el estudio
correspondiente que permitió concluir la cantidad de días que se debían reconocer por
sanción moratoria y, además, insistir en que el juez de tutela debe respetar la
interpretación jurídica del juez natural, por lo cual no le corresponde cuestionar las
decisiones adoptadas dentro del ámbito de su competencia.
iii) En el caso concreto, de acuerdo al defecto factico planteado por el accionante, este
despacho no incurrió en la vulneración de ninguno de los derechos invocados por el
accionante, toda vez que se respetaron sus derechos procesales, los términos y las
oportunidades para oponerse a las decisiones proferidas por cada una de las
instancias, contando cada decisión con la motivación jurídica y jurisprudencial
correspondiente.
1.3.3. EL Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
El abogado Alejandro Hoyos Zuluaga, en calidad de apoderado del Distrito Especial
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, solicitó declarar improcedente la
acción de tutela, para tal efecto señaló lo siguiente:
i) Del escrito de tutela comparado con las providencias proferidas por el Tribunal
Administrativo de Antioquia y el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Medellín, se advierte que en el presente caso la discusión planteada
corresponde principalmente a aspectos de naturaleza legal que ya fueron debidamente
evacuados con la suficiente carga argumentativa dentro de lo actuado en el trámite del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, situación que de manera patente
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demuestra que la discusión se plantea frente al reconocimiento de un derecho de tipo
económico.
ii) La Corte Constitucional, en sentencia SU-573 de 2019 y el Consejo de Estado, en
pronunciamientos recientes de casos análogos, han planteado que la acción de tutela
contra sentencias que deciden la configuración o no de la sanción moratoria, es
improcedente por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional. A su vez, la
Corte Constitucional, en la sentencia referida anteriormente, deja claro la inexistencia
de defectos sustanciales, cuando el reparo obedece a la inconformidad del actor en
relación a los criterios legales aplicados por el juez natural.
iv) Conforme a lo anterior, la sentencia SU-573 de 2019, estableció unos elementos
que deben cumplirse para que el asunto cobre relevancia constitucional, de manera
que, si no se logra configurar ninguno de ellos, la acción de tutela será improcedente.
El presente caso no cumple con el requisito de relevancia constitucional y, en razón a
ello no se puede amparar.
1.3.4. El Ministerio de Educación Nacional
El 18 de enero de 2024, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Walter Epifanio Asprilla
Cáceres, solicitó declarar improcedente la acción de tutela, dados los siguientes
argumentos:
i) En el presente caso no se demuestra que las vulneraciones a las garantías
procesales y fundamentales invocadas comprometan gravemente la existencia o
supervivencia del accionante, ni el acceso a la administración de justicia; además, se
presenta como debate procesal una controversia de naturaleza estrictamente
económica, un litigio que involucra intereses privados, situación que excede la
competencia del juez de tutela, por carecer de absoluta relevancia constitucional,
situación en la cual debería declararse improcedente la presente acción de tutela.
ii) De conformidad con la naturaleza de la función judicial e independencia y autonomía
de quienes la cumplen, se debe resaltar que ningún superior jerárquico en el orden
administrativo o jurisdiccional podrá insinuar, exigir, determinar o aconsejar a un
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funcionario judicial para imponerle decisiones o criterios que deba adoptar en sus
providencias, debido a que los operadores judiciales deben ser autónomos e
independientes , pues solo así los casos puestos a su conocimiento podrán ser fallados
con imparcialidad, aplicando mandatos estrictamente definidos por el legislador, de tal
modo que se cumpla la verdadera misión constitucional de administrar de justicia.
iii) Al respecto de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
la Corte Constitucional, se pronunció en la sentencia C-590 de 2005, que fue reiterada
por la sentencia de unificación SU128 de 2001, en la cual en síntesis se estableció que,
aunque en principio no procede la acción de tutela contra providencias judiciales, lo
cierto es que no se opone a aquellos supuestos excepcionales en los cuales se vulnere
o amenace derechos fundamentales.
iv) En ese orden de ideas, si existe una eventual transgresión de un derecho
fundamental, es el extremo activo quien deberá probar que el juez de conocimiento se
apartó del ámbito legal para desplegar actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico.
Por esa razón y de acuerdo al caso concreto, no se evidencia que se vulneraron
derechos al accionante y que nos encontramos ante una inminente causal de
improcedencia de la acción de tutela.
1.3.5. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
La Fiduprevisora S. A., en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo
del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, solicitó declarar i)
improcedente la acción y desvincular a la entidad del trámite de tutela al no estar
legitimados en la causa por pasiva y ii) la inexistencia de vulneración de los derechos
fundamentales invocados por el accionante. Señaló, lo siguiente:
i) Con respecto a la sentencia del 6 de agosto de 2012, proferida por la Corte
Constitucional y el estudio del caso concreto, es preciso señalar que el accionante
dirige la acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia y otro, y se
establece que, en el libelo y anexos de la tutela no se encuentra prueba alguna a través
de la cual se pruebe que la Fiduprevisora S. A en calidad de vocera y administradora
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del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Fomag, se encuentre
vulnerando derechos fundamentales.
ii) Conforme a lo manifestado por la accionante frente a la presunta vulneración de los
derechos fundamentales se hace necesario anotar lo dicho por la Corte en sentencia
T-130 de 2014, en la cual dispuso que la acción de tutela como mecanismo de amparo
constitucional se torna improcedente, entre otras, cuando no existe una actuación u
omisión del agente accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o
vulneración de las garantías fundamentales en cuestión.
1.4. Sentencia impugnada
El 8 de febrero de 2024, el Consejo de Estado, Sección Quinta, negó la solicitud de
desvinculación presentada por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y declaró improcedente la acción de tutela, dados los siguientes
considerandos:
i) Es del caso negar la solicitud de desvinculación del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, por cuanto su vinculación se dio en calidad de tercero con
interés, al poder verse afectada con la decisión que se adopte.
ii) Con respecto al requisito de relevancia constitucional se debe precisar que la Corte
Constitucional en sentencia su-215 de 2022, reiteró que es un presupuesto que tiene
como objetivo proteger el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias
del juez de tutela y del juez ordinario y, además, previene que la tutela se convierta en
un mecanismo subsidiario para reabrir debates meramente legales ya superados.
ii) De acuerdo con lo anterior, en la sentencia SU-573 de 2019, la Corte señaló que la
controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no meramente legal y/o
económico y que según la jurisprudencia constitucional las discusiones de orden legal,
es decir, las relativas a un derecho de índole económico, deben ser resueltas mediante
los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite.
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iii) Se advierte entonces, que en la controversia planteada por el accionante versa
sobre una interpretación de tipo legal, que no impacta la garantía de los derechos
fundamentales invocados sino patrimoniales, debido a que el accionante consideró en
su entender que, por sanción moratoria le debían ser reconocidos muchos más días,
competencia que es exclusiva del juez ordinario.
1.5. Impugnación
El 15 de febrero de 2024, el apoderado del accionante presentó escrito en el que
impugnó la decisión de primera instancia en orden a que se revoque y, en su lugar,
se amparen los derechos fundamentales por cuanto considera que se encuentra
configurado el defecto fáctico. Para dichos efectos, reitero la situación fáctica
planteada en el escrito de tutela y expuso lo siguiente:
i) El despacho judicial hace una interpretación restrictiva y desfavorable, toda vez que
declara improcedente el amparo con fundamento en que el debate se presenta sobre
una interpretación argumentativa, lo cual es incorrecto, debido a que en el caso objeto
de análisis lo que se presento fue un error de la administración, que tuvo que ser
soportado por el accionante.
ii) A través de la Resolución núm. 202050059174 del 7 de octubre de 2020, se
reconoció el pago de la prestación, de forma posterior la fiducia efectuó la revisión de
dicho acto administrativo emitiendo un concepto negativo, por cuanto este excedía el
monto que el docente tenía disponible en su cuenta. Con la Resolución núm.
202050080551 del 21 de diciembre de 2020, el municipio de Medellín, aclaró dicho
acto administrativo, en la cual no se limitó solamente a la corrección del valor numérico,
sino que cambio la decisión de fondo al corregir el monto reconocido al docente.
iii) El reconocimiento de la sanción moratoria opera desde el momento en que el
peticionario radica su solicitud de pago de cesantías parciales el 2 de octubre de 2020,
y cesa en el momento en que la entidad fiduciaria efectúa el pago el 27 de febrero de
2021. A partir del día siguiente de radicada la solicitud, se cuentan los 15 días hábiles
en los cuales la entidad estaba obligada a dar respuesta con la respectiva resolución,
dicho plazo iba hasta el 26 de octubre de 2020.
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2. Consideraciones
2.1. Competencia
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 Constitucional y el inciso 2, artículo 25
del Acuerdo n.º 080 de 20191, según el cual «Las tutelas que sean de competencia del
Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto
por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y
serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien
le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de la
presente impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por la Sección
Quinta de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedibilidad para controvertir la sentencia del 15 de agosto de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 05001-33-33-
005-2022-00002-01. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la
adopción de la referida providencia se vulneraron los derechos fundamentales
invocados por la parte actora.
2.3. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un
medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la
protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública».
1Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.
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El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y estableció en sus artículos 11, 12
y 40 la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales
ejecutoriadas. Estos artículos, posteriormente fueron declarados inexequibles por la
Corte Constitucional, en sentencia C-543 de 1992, al considerarse que atentaban
contra los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, además de trasgredir la
autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas por
la Constitución.
Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad de
manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la acción
de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones
de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda
causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no puede
hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.
En este entendido, la jurisprudencia constitucional2 ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial, desarrollando diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la sentencia
C-590 de 20053, en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que
hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar su procedencia una vez cotejada
la validez de su interposición.
De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que
cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta
2
T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567
de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de
2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
3
Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial,
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».
El Consejo de Estado en sentencia del 31 de julio de 20124, unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa, observando para ello los parámetros fijados por la
ley y la jurisprudencia.
Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia de 5 de
agosto de 20145 se acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación
o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, término de
inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los
parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.
2.4. Causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales
Además del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela, el accionante debe demostrar que la vulneración que imputa a la
providencia judicial se adecúa, al menos, a una de las causales específicas de
4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García
González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
5
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez.
Expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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procedibilidad del amparo6 contra providencias judiciales, es decir, que la
actuación judicial se encuentre inmersa en alguno de los siguientes vicios o defectos:
a) el defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; b) el
defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente
al margen del procedimiento establecido; c) el defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión; d) el defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) el error
inducido, que ocurre cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) la decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad
de su órbita funcional; g) el desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado; y, h) la violación directa de la Constitución, que se predica cuando, de
manera ostensible y flagrante, la decisión del órgano judicial contradice los postulados
recogidos en la Carta Política.
Como se observa, a pesar de que en cada caso se confirme la procedencia general
de la acción de tutela, es necesario verificar la presencia de alguno de los defectos y
vicios mencionados, pues lo que subyace en la acción es la censura de una decisión
judicial, cuya modificación implicaría alterar el principio constitucional de la seguridad
jurídica.
2.5. Verificación del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la
acción de tutela en el asunto sub lite
6
Mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional reunió las causales genéricas y específicas
de procedibilidad del amparo contra providencias judiciales, estableciendo un total de ocho causales.
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2.5.1. Se agotaron los medios de defensa judicial como quiera que contra el fallo
objeto de la acción de tutela, no proceden otros medios ordinarios de defensa, ni las
causales previstas para la interposición del recurso extraordinario de revisión.
2.5.2. Se presentó con inmediatez porque la sentencia examinada fue proferida el
15 de agosto de 2023 y la acción de tutela se instauró el 15 de diciembre de 20237,
con lo cual se satisfacen los parámetros fijados por la Sala Plena del Consejo de
Estado, sobre el término para su ejercicio, que no debe sobrepasar los seis meses.
2.5.3. Los hechos y los argumentos en que se fundamenta la acción de tutela
guardan coherencia lógica y temporal.
2.5.4. La presente demanda no se dirige a controvertir una sentencia de tutela,
toda vez que la providencia censurada fue proferida al interior de un proceso en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
2.5.5. El asunto tiene relevancia constitucional. La sentencia de primera instancia
declaró improcedente la acción de tutela al considerar que los argumentos plasmados
en el escrito de tutela ya fueron resueltos por la autoridad judicial en la providencia
cuestionada, y que la controversia propuesta por el accionante, se reduce a un debate
estrictamente legal y económico.
Sobre el particular, debe indicarse que se satisface el presupuesto de relevancia
constitucional porque en el sub lite se pretende la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la confianza legítima y a la tutela
judicial efectiva, los que se advierten presuntamente amenazados con la decisión del
15 de agosto del 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Séptima de Oralidad, que confirmó la sentencia del Juzgado Quinto Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Medellín, el día 25 de enero de 2023.
En consecuencia, corresponde examinar si la causal de procedibilidad invocada —
defecto fáctico— se encuentra debidamente argumentada y si se subsumen en la
7
Índice 2 del expediente con radicado 11001-03-15-000-2023-07563-00
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decisión cuestionada los presupuestos jurisprudenciales para su procedencia, los
cuales se integran de los siguientes elementos:
• Defecto fáctico
De acuerdo con la Corte Constitucional, se está en presencia de un defecto fáctico
cuando, al examinarse la providencia judicial objeto de la tutela, «resulta incuestionable
que el juez carece de apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en
el que se sustenta la decisión»8.
En ese sentido, ha señalado la Corte que el defecto fáctico puede presentarse en una
dimensión positiva o en una dimensión negativa (omisiva) de la valoración y práctica
de las pruebas que realice el funcionario judicial. La primera comprende valoraciones
inadecuadas, mientras que la segunda, implica omisiones en el decreto o la práctica y
la valoración de las pruebas. Asimismo, ha expresado que no todo vicio en la
valoración probatoria culmina en una vía de hecho. De ahí que sólo sea factible fundar
una acción de tutela en este defecto cuando se observa que la valoración probatoria
es manifiestamente arbitraria.
En palabras de la Corte:
[e]l error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto y que tenga una incidencia directa en la decisión,
pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la evaluación
probatoria del juez de conocimiento9. [Negrillas fuera del texto]
De acuerdo con las características del sub examine, la Sala hará énfasis en la hipótesis
denominada «defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio» 10,
cuando advierta que el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
apartarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio
8
Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1998, T-213 de 2008 y T-1021 de 2005, entre otras.
9
Corte Constitucional, sentencia T-1021 de 2005. M. P. Jaime Araujo Rentería.
10
Corte Constitucional. sentencia T-781 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
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el asunto jurídico debatido11; o cuando a pesar de existir pruebas ilícitas, no se
abstiene de excluirlas y, por el contrario, con base en ellas fundamenta su decisión 12.
En términos generales, de acuerdo con una sólida línea jurisprudencial establecida por
la Corte Constitucional, el supuesto de indebida valoración probatoria se configura,
entre otros, en los siguientes eventos: (i) cuando el funcionario judicial, en contra de la
evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente
probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de
existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la
decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto,
esto es, cuando se adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin
un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas
manifiestamente inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en
un proceso ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad
sino porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto
11 Mediante sentencia T-450 de 2001, por ejemplo, se declaró la configuración de este defecto, debido a que un
juez de familia, dentro de un proceso de aumento de cuota alimentaria, en contravía de la evidencia probatoria y
sin un apoyo fáctico claro, decidió incrementarla en detrimento del demandado. Textualmente se consignó: «en el
expediente no existen pruebas o indicios que avalen la posibilidad de aumentar la cuota alimentaria de la manera
como lo hizo el juez competente, y si bien tras su determinación existe una clara intención encaminada a proteger
los derechos de la niña, reprochando a su vez la indisposición que demostró el padre durante el trámite del proceso,
estas no son razones suficientes para justificar la decisión, pues aquí también está en juego el respeto al debido
proceso que se predica de toda actuación judicial. Por eso, tiene razón el juez de instancia a quien le correspondió
conocer de la tutela, cuando afirma que: «a pesar de que se adopte la tesis que el juez en algunas materias de
familia puede fallar más allá de lo pedido o por fuera de lo pedido, lo que si no puede hacer es más allá o por fuera
de lo probado, ya que en tal caso la decisión sólo responde a su propio arbitrio, contradiciendo el deber de
motivación o fundamentación de la providencia, lo cual vulnera ostensiblemente el debido proceso». Por estas
razones el fallo de instancia será confirmado».
12 Este punto fue ampliamente estudiado en el caso que resuelto mediante sentencia SU-159 de 2002, en el cual
se examinó el hecho de que la prueba obtenida ilícitamente (grabación ilícita de comunicaciones) tendría la
virtualidad de comunicar su vicio a las demás pruebas del proceso. Sostuvo la Corte en aquella oportunidad: «sin
duda, la cuestión que merece el mayor análisis constitucional en este caso es la relativa a la vía de hecho por
defecto fáctico. La Corte encuentra que la grabación de la conversación telefónica fue excluida del acervo probatorio
tanto por la Fiscalía General como por la Corte Suprema de Justicia y que las pruebas que sirvieron de fundamento
a la resolución de acusación y a la sentencia condenatoria no son derivadas de dicha grabación, sino que provienen
de fuentes separadas, independientes y autónomas. El que la noticia criminis haya consistido en la información
periodística sobre la existencia de la grabación, no hace que todas las pruebas sean fruto de ella. En este caso,
claramente no lo fueron dado que la Fiscalía desplegó una actividad investigativa que la condujo a pruebas
independientes de la grabación, como el patrón de reuniones y llamadas antes y después de la adjudicación de las
emisoras, las certificaciones de las comunicaciones provenientes de las empresas de telefonía, los testimonios
sobre cómo se hizo la adjudicación por parte de integrantes del comité correspondiente, el análisis de la elaboración
y aplicación de una gráfica de criterios de adjudicación presentada por el petente, entre otras pruebas
completamente ajenas al contenido de la conversación ilícitamente interceptada y grabada (...) La Corte también
rechaza la insinuación de que una prueba ilícita contamina ipso facto todo el acervo probatorio. La Constitución
garantiza que la prueba obtenida con violación del debido proceso sea excluida del acervo. Pero no se puede
confundir la doctrina de los frutos del árbol envenenado con la teoría de la manzana contaminada en el cesto de
frutas. La primera exige excluir las pruebas derivadas de la prueba viciada, lo cual se deduce de la Constitución.
La segunda llegaría hasta exigir que además de excluir las pruebas viciadas, se anulen las providencias que se
fundaron en un acervo probatorio construido a partir de fuentes lícitas independientes de las pruebas ilícitas, el
cual, en sí mismo, carece de vicios y es suficiente para sustentar las conclusiones de las autoridades judiciales, sin
admitir ni valorar las manzanas contaminadas dentro de una canasta que contiene una cantidad suficiente de
pruebas sanas».
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debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de conocimiento da por probados hechos
que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso.
En armonía con lo anterior, y tal como lo ha advertido la Corte, sólo es factible fundar
una acción de tutela frente a un defecto fáctico, cuando se observa que la valoración
probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia es manifiestamente
arbitraria. El error en el juicio valorativo de la prueba «debe ser de tal entidad que
sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia
directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una
instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de
competencia»13.
En definitiva, se puede concluir que el juez incurre en el defecto fáctico, cuando pese
a los hechos probados en el caso concreto, renuncia a hacer valer la verdad jurídica,
de manera tan evidente, que su decisión se muestra forzada y contradictoria de la
lógica, la sana crítica y la libre convicción del fallador.
2.6. Hechos probados
Del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 05001-33-
33-005-2022-00002-00/01, la Sala establece lo siguiente:
i) El 11 de enero de 2022, el señor Nevardo Álzate Zuluaga, por intermedio de
apoderado, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra
de la Nación-Ministerio de Educación Nacional y el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, el municipio de Medellín y la fiduciaria La Previsora S. A, con
el fin de que se accediera a las siguientes declaraciones y condenas:
DECLARACIONES
1. Se declare la Nulidad del acto ficto o presunto configurado el día 7 de
agosto del 2021, por la Nación – Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al dar
respuesta negativa en forma ficta al derecho de petición radicado el 7 de
mayo de 2021, ante la Entidad, en donde se solicito el pago de la Sanción
Moratoria establecida en el artículo 5 de la ley 1071 de 2006.
13 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994.
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2. Se declare la Nulidad del acto ficto o presunto configurado el día 7 de
agosto del 2021, por el Municipio de Medellín, al dar respuesta negativa
en forma ficta del derecho de petición radicado el 7 de mayo de 2021, ante
la Entidad, en donde se solicitó el pago de la Sanción Moratoria establecida
en el artículo 5 de la ley 1071 de 2006.
3. Declarar la nulidad del Oficio No. 20211091270381 del 4 de junio del 2021,
a través del cual la Fiduciaria La Previsora S.A da respuesta en forma
negativa al derecho de petición radicado el día 7 de mayo del 2021,
tendiente al reconocimiento y pago en favor de mi mandante de la sanción
moratoria contemplada en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006.
4. Reconocer, liquidar y pagar la sanción moratoria por no haberse cancelado
a tiempo el valor reconocido por concepto de CESANTIAS en la Resolución
No. 202050059174 del 7 de octubre del 2020.
CONDENAS
1. Condenar a las demandadas Nación – Ministerio de Educación Nacional
– Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Municipio
de Medellín y Fiduciaria La Previsora S.A., A reconocer, liquidar y
pagar a favor de mi poderdante, la SANCIÓN MORATORIA establecida
en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006 por no haber cancelado a tiempo el
valor reconocido por cesantías en la Resolución No. 202050059174 del 7
de octubre del 2020, mora que ocurrió desde el día 18 de enero del 2021,
hasta la fecha de pago que fue el día 19 de marzo del 2021.
2. Condenar a las entidades demandadas a reconocer, liquidar y pagar la
indexación de la suma solicitada en el numeral anterior, desde la fecha de
pago de las cesantías y hasta la fecha de pago efectivo de la sanción
moratoria.
3. Condenar a las demandadas a reconocer, liquidar y pagar los intereses de
mora, sobre las sumas adecuadas, conforme a lo establecido en el Artículo
192 del C.P.A.C.A.
4. Condenar a las entidades demandadas a que den estricto cumplimiento a la
sentencia conforme lo dispone el artículo 189 y 192 del C.P.A.C.A.
5. Condenar en costas a las entidades demandadas tal y como lo dispone el
artículo 188 del C.P.A.C.A y lo regulado por el Código General del Proceso.
ii) El 25 de enero de 2023, el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Medellín accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, ordenando lo
siguiente14:
[…] PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS LAS EXCEPCIONES,
planteadas por el apoderado de la parte demandada, atendiendo las
consideraciones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: DECLÁRASE la nulidad del acto ficto configurado el día 7 de
agosto de 2021 generado por la falta de respuesta a la petición elevada por la
parte actora el día 7 de mayo de 2021, mediante la cual solicitó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por no cancelación oportuna de
sus cesantías.
TERCERO: CONDÉNASE a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO, pagar al señor NEVARDO ANTONIO ALZATE ZULUAGA una
indemnización equivalente a un día de salario por cada día de mora en el pago
14
Índice 11 del expediente con radicado 11001-03-15-000-2023-07563-00
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oportuno de sus cesantías, por el periodo comprendido entre el 25 DE
FEBRERO DE 2021 AL 26 DE FEBRERO DE 2021 que corresponde a 2 DÍAS
en los términos de la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006,
liquidable con base en el salario básico al momento de la causación de la
mora.
[…]
iii) El 15 de agosto de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de
Oralidad, confirmó la sentencia de primera instancia15.
2.7. Caso concreto. Análisis de la Sala
En la impugnación, el apoderado del señor Álzate Zuluaga, insiste en la violación de
los derechos fundamentales, toda vez que con la sentencia del 15 de agosto del 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, se configura el defecto fáctico por
valoración defectuosa del material probatorio.
2.7.1. Del defecto fáctico en el asunto en cuestión
Pues bien, examinado el contenido de la solicitud de amparo, así como el conjunto de
las pruebas arrimadas al proceso, esta Sala, no encuentra ningún elemento de juicio
que amerite la intervención del juez constitucional para controvertir la decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia.
Es pertinente mencionar que el acervo probatorio obrante dentro del expediente del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, permite al operador judicial
determinar, con sustento en las pautas de la sana crítica, que el accionante tiene
derecho al reconocimiento solamente de dos (2) días de sanción moratoria, por el pago
tardío de las cesantías.
En efecto, respecto al defecto fáctico, encuentra la Sala que el Tribunal Administrativo
de Antioquia, lejos de omitir el estudio de los elementos probatorios obrantes dentro
del proceso, logró analizar en su conjunto las pruebas documentales con plena eficacia
15 Índice 9 del expediente con radicado 05001-33-33-005-2022-00002-01
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y congruencia; y con base en ellas, darle una adecuada solución al problema jurídico
planteado en sede jurisdiccional.
Por tanto, la autoridad judicial accionada llevó a cabo un examen probatorio ajustado
a derecho, cuya conclusión se aprecia congruente en relación con las evidencias
documentales presentes dentro del proceso.
2.7.2. Del defecto sustantivo
De igual manera, en lo que concierne al presunto defecto sustantivo alegado en el
escrito de tutela, la Sala no encuentra ningún elemento de juicio que indique la
aplicación indebida de las normas o una interpretación errónea de estas por parte del
Tribunal. Por el contrario, es claro el análisis que realizó el órgano judicial para definir
el acto administrativo a partir del cual se comenzarían a contar los términos
establecidos en la Ley 244 de 199516, modificada por la Ley 1071 de 200617, para el
reconocimiento de la sanción moratoria.
Pues bien, en la providencia objeto de reproche, el Tribunal accionado sustentó su
decisión en un estudio sólido, de los aspectos importantes que rodearon el caso
concreto, con fundamento en la sentencia de unificación del Consejo de Estado, del
18 de julio de 2018, y en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006. Además, precisó que
si bien no existe razón alguna para excluir a los docentes del sector oficial del derecho
al pago oportuno de las cesantías contempladas en la Ley 244 de 1995, toda vez que
la ley, al referirse al concepto genérico de servidor público, no hace distinción alguna,
y en segundo lugar, que «…no es jurídicamente viable aplicar la sanción
moratoria aludida, en garantía del principio de unidad normativa, máxime
cuando los docentes se encuentran regulados por un régimen especial previsto
en las Leyes 91 de 1989, 962 de 2005 y el Decreto 2831 de 2005, que
consagran términos diversos al previsto en el sistema general…».
16
«Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores
públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones».
17 Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías
definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su
cancelación.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07563-01
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Conforme con lo anterior, manifestó el Tribunal que, en la sentencia de unificación del
18 de julio del 2018, se estudió el momento a partir del cual se puede exigir sanción
moratoria y se hizo claridad del salario a tener en cuenta para efectuar su liquidación.
En razón al momento a partir del cual se causa la sanción moratoria, objeto de estudio
en el caso sub examine, indicó que el Consejo de Estado, en la referida sentencia de
unificación planteó dos hipótesis, la primera, «…en el evento en que falta
pronunciamiento o se produce un pronunciamiento tardío de la
Administración, el Consejo de Estado señaló que la sanción moratoria se
causará a partir del vencimiento de los 70 días hábiles siguientes a la
radicación de solicitud de cesantías», y la segunda, corresponde a «…el
evento en que se produzca acto escrito que reconoce las cesantías
dentro del término previsto para ello, es decir, dentro de los 15 días
siguientes al recibo de la solicitud, deberá partirse de la base que los términos
de notificación y ejecutoria del acto no se contabilizan como días de sanción
por mora, por lo tanto, el término de ejecutoria y, por ende, los 45 días
hábiles posteriores a ésta para que ocurra su pago efectivo, solo
empezarán a correr una vez se verifica la notificación del acto escrito
que las reconoce.»
Adicionalmente, el Tribunal presentó las siguientes consideraciones:
[…] Así, se tiene que, la petición de reconocimiento y pago data del 2 de octubre del
2020, razón por la cual, los 15 días que tenía la entidad territorial para resolver la
solicitud y expedir el acto administrativo fenecían el 23 de octubre del 2020, sin
embargo, la resolución se expide el 7 de octubre del 2020, es decir, dentro del término
legalmente concedido, ordenando el pago al docente de $ 13.533.800 conforme lo
había solicitado. Ahora bien, el 14 de octubre de 2020, el mencionado acto fue
notificado al interesado, desistiendo el señor Álzate Zuluaga de interponer recurso en
contra del mismo, evento ante el que, los 45 días para efectuar el pago de las cesantías
solicitadas vencían el 21 de diciembre del 2020.
El 14 de diciembre del 2020, la Fiduprevisora, negó la orden de pago, pues el docente
solicitó y le fue reconocida por concepto de pago de cesantías un valor de $13.533.800,
resultando este muy superior a la suma que aquel había solicitado y con la que contaba
en el respectivo Fondo1. Ante ello, la entidad territorial, debió efectuar un control de
legalidad a su propio acto, y en aras de no extender en el tiempo el trámite -pues lo
procedente hubiese sido notificar al peticionario tal negativa y solicitarle elevar el
requerimiento con el valor que efectivamente reposaba en el Fondo-, decidió aclarar el
acto administrativo y ajustar el reconocimiento y pago al valor existente en el Fondo,
estableciendo entre otras consideraciones que:
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Demandante: Nevardo Álzate Zuluaga
“Que una vez revisada la resolución N° 202050059174 del 07/10/2020 se verificó que
efectivamente se incluyeron dentro del acto administrativo los intereses a las cesantías
de los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, los cuales por temas de vinculación
pertenecen a cesantías definitivas, novedad que al momento de la notificación el
docente no reporto, por lo cual, se procede con el presente acto aclaratorio”.
Cabe recordar que el mencionado acto aclaratorio goza de presunción de legalidad y
lo allí expuesto no ha sido desvirtuado dentro del trámite del presente proceso, razón
por la que, a juicio de esta Sala, no resulta admisible lo que se alega por parte de la
demandante, en el sentido de establecer que, la tardanza en el pago se debió a un
error exclusivo de la administración, pues en el yerro presentado, causa eficiente de
ello, resulta siendo igualmente el hecho de que aquel, no solo solicitó un valor de
cesantías muy superior al del que disponía en el Fondo, sino que además, una vez
notificado el acto administrativo errado mediante el cual se le reconocen el pago de
unas cesantías por valor superior al disponible, omite poner de presente este hecho y
reportar a la entidad la novedad correspondiente.
Así, el que la solicitud de pago de las cesantías le haya sido negada, y que, en tal
virtud, el acto administrativo de reconocimiento y pago de las cesantías haya debido
aclararse a efectos de establecer un menor valor al solicitado por parte del
demandante, resulta igualmente atribuible a este, razón por la cual, no es de recibo
para esta Sala la tesis de la parte actora, según la cual, la mora deviene de un yerro
exclusivo de la administración. […]
De conformidad con lo expuesto, se tiene que el Tribunal advirtió, en primer término,
que el accionante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, no ataco la
validez de la Resolución 202050080551 del 21 de diciembre de 2021, por medio de la
cual se aclara el valor reconocido por concepto de cesantías y, en segundo término,
que dicho acto administrativo goza de presunción de legalidad, está en firme, y se
entiende expedido conforme a lo dispuesto en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.
Se colige, entonces, que el propósito del accionante es revivir un debate que culminó
en el marco del proceso ordinario y, por ese motivo, es necesario señalar que, a través
de la vía de amparo, se hacen valoraciones que no tienen alcance alguno para
desmeritar los atributos de independencia y autonomía funcional de los cuales están
investidos los operadores judiciales en el examen de los medios probatorios.
3. Conclusión
Con los anteriores argumentos la Sala revocará la sentencia impugnada que declaró
improcedente la acción de tutela y, en su lugar, denegará el amparo solicitado.
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Demandante: Nevardo Álzate Zuluaga
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia del 8 de febrero de 2024, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Quinta, que declaró improcedente la acción de tutela, en atención a
las consideraciones que preceden. En su lugar, se dispone:
Segundo. Denegar el amparo solicitado por el señor Nevardo Álzate Zuluaga, de
acuerdo con lo expuesto en este proveído.
Tercero. Ejecutoriada esta sentencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
ACVF
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