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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07563-00

Fecha
8 de febrero de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07563-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Niégase la solicitud de desvinculación elevada por la FIDUPREVISORA S.A. (Como Administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor Nevardo Antonio Álzate Zuluaga contra el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado 5° Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-07563-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

8 de febrero de 2024

Demandante: Nevardo Antonio Álzate Zuluaga
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07563-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07563-00
Demandante: NEVARDO ANTONIO ÁLZATE ZULUAGA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Sanción moratoria por
pago tardío de cesantías parciales. Improcedencia por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir la acción de tutela de la referencia consagrada en
la Constitución Política, artículo 86, y desarrollada por el Decreto 2591 de
1991, en consonancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

El señor Nevardo Antonio Álzate Zuluaga, por intermedio de apoderado
judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia y el Juzgado 5° Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Medellín, con el fin de que le sean protegidos sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, a la confianza legítima y a la tutela judicial
efectiva.

Consideró vulneradas dichas garantías al incurrir presuntamente en evidente
defecto sustancial, defecto procedimental absoluto y defecto fáctico al
proferir las providencias de 15 de agosto de 2023 y 25 de enero de la misma
anualidad por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado 5°
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín respectivamente, dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en la cual se
le reconoció el derecho al pago de la sanción moratoria la cual ascendía a 2
días de retardo.

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Demandante: Nevardo Antonio Álzate Zuluaga
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07563-00

1.2 Pretensiones

En consecuencia, formuló la siguiente pretensión:

“1. Se amparen los derechos fundamentales de mi poderdante, conculcados
por la Sentencia del 15 de agosto de 2023, notificada el 16 de agosto de
2023, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA y la
Sentencia de fecha 25 de enero de 2023, notificada por correo electrónico el
día 25 de enero de 2023, proferida por el JUZGADO QUINTO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN, en el trámite del
medio de control de Nulidad y Restablecimiento del derecho identificado con
el Radicado No.05001-33-33-005-2022-00002-01, en contra de La Nación –
Ministerio de Educación Nacional . Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, Departamento de Antioquia y Fiduciaria La Previsora S.A., al
vulnerar los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la
confianza legítima y las garantías judiciales y la tutela judicial efectiva,
consagradas en la Constitución Política de Colombia, como resultado de
desconocer abiertamente el ordenamiento jurídico aplicable al caso y
vulnerar directamente la Constitución Política de Colombia.

2. Que como consecuencia de la anterior decisión se profiera una orden
judicial con destino al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, para
que dicte una sentencia de reemplazo que revoque la sentencia del 25 de
enero de 2023, proferida por el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO
ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN, bajo los parámetros de justicia que
establezca el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo en su rol de
Juez Constitucional”.

1.3. Hechos

La solicitud se sustenta en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son
relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

El señor Nevardo Antonio Álzate Zuluaga requirió pago de sus cesantías
parciales las cuales le fueron reconocidas por medio de la Resolución
202050059174 del 7 de octubre de 2020 y canceladas hasta el día 19 de
marzo de 2021, razón por la cual solicitó a la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, al municipio de Medellín y a la Fiduciaria La Previsora S.A el
pago de la sanción moratoria.

Señaló que la Fiduciaria La Previsora S.A revisó el Acto Administrativo que le
reconoció dicho pago y dio un concepto negativo del mismo por cuanto el
valor solicitado excedía el monto que el docente tenía disponible.

Indicó que mediante la Resolución 202050080551 del 21 de diciembre de
2020 el municipio de Medellín procedió a aclarar la Resolución
202050059174, pero no se limitó a la corrección del error numérico, sino que
modificó de fondo la decisión al cambiar el monto reconocido al docente.

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Por lo anterior, presentó demanda dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional- Fondo de Prestaciones Sociales de Magisterio el cual, en primera
instancia lo dirimió el Juzgado 5° Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Medellín, que, pese a reconocer que al accionante le asistía el derecho al
pago de la sanción moratoria, declaró que dicha mora ascendía a solo 2
días.

Por lo anterior, interpuso recurso de apelación para lo que señaló que el juez
de primera instancia no tuvo en cuenta que se presentó un error
administrativo por parte de las entidades al momento de liquidar el tiempo de
las cesantías, por lo que fue necesario emitir la Resolución 202050080551
del 21 de diciembre de 2020 y que se partió de esta resolución para
contabilizar la mora y no desde el 7 de octubre de 2020.

En segunda instancia el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala 7 de
Oralidad, mediante providencia del 15 de agosto de 2023 confirmó la anterior
decisión. Dicho tribunal concluyó que

«(…) no resulta admisible lo que se alega por parte de la
demandante, en el sentido de establecer que, la tardanza en el pago
se debió a un error exclusivo de la administración, pues en el yerro
presentado, causa eficiente de ello, resulta siendo igualmente el
hecho de que aquel, no solo solicitó un valor de cesantías muy
superior al del que disponía en el Fondo, sino, que además una vez
notificado el acto administrativo errado mediante el cual se le
reconoce el pago de unas cesantías por valor superior al disponible,
omite poner de presente este hecho y reportar a la entidad la
novedad correspondiente».

Señaló entonces que, “la conducta de la parte demandante influyó de
manera relevante en la negativa inicial al pago y el retroceso que sufrió el
mismo, deviene evidente que, los términos (45 días hábiles) para efectuar el
pago, debían iniciar a contarse a partir del día 21 de diciembre de 2020,
fecha en la que se expide la resolución aclaratoria 20205008551 pues es en
ella en la que definitivamente se establecen los valores correctos a
cancelar».

1.4. Sustento de la vulneración

El accionante manifestó que las autoridades accionadas no tuvieron en
cuenta que se presentó un error administrativo por parte de las entidades al
momento de liquidar el tiempo de las cesantías lo cual se reflejó en la
Resolución 202050059174 de octubre 7 de 2020 y que lo manifestado por el
Tribunal Administrativo de Antioquia depositó la carga de la corrección de
estos errores en el señor Álzate Zuluaga.

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Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
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Expresó que dichas autoridades incurrieron en un evidente defecto
sustancial, defecto procedimental absoluto y defecto fáctico, debido a la
inobservancia del ordenamiento jurídico que rige el reconocimiento y pago de
la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías.

Que la solicitud de reconocimiento de sus cesantías la realizó el 2 de octubre
de 2020 y la resolución fue expedida el 7 del mismo mes y año y que si bien
mediante otra resolución de 21 de diciembre de 2020 se efectuó una
corrección que modificó el fondo de la decisión, la sanción moratoria opera
desde el momento en que el peticionario radicó la solicitud de pago de sus
cesantías parciales.

1.5. Trámite

Por auto del 15 de enero de 2024, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados del Tribunal
Administrativo de Antioquia y al Juzgado 5° Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Medellín, para que, si lo consideraba del caso, intervinieran en el
presente proceso en calidad de accionados.

Asimismo, se dispuso vincular como terceros interesados al Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, al distrito de Medellín y a la Fiduciaria La Previsora S.A, para que
efectúen las manifestaciones que consideren pertinentes.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Ministerio de Educación Nacional. El jefe de la oficina jurídica del
ministerio, solicitó declarar improcedente la acción de tutela en razón a que
el debate tiene una naturaleza estrictamente económica que involucra
intereses privados situación que excede la competencia del juez de tutela por
carecer de absoluta relevancia constitucional

1.6.2. FIDUPREVISORA S.A. (Como Administradora del Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio) a través de su coordinadora de
tutelas solicitó declarar improcedente la acción de tutela y a su vez sea
desvinculada por no estar legitimada en la causa por pasiva.

Adujo que la acción de amparo se dirigió contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia y otro por lo que se puede establecer que la Fiduprevisora S.A no
vulneró derecho alguno del accionante toda vez que las pruebas allegadas
en el escrito de tutela no guardan relación entre la Fiduprevisora S.A. y el
actor.

1.6.3 Alcaldía de Medellín mediante apoderado solicitó que no deben
acogerse los planteamientos que alega la parte accionante y por ende debe
declararse improcedente dicha acción de amparo.

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Demandante: Nevardo Antonio Álzate Zuluaga
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Señaló que los argumentos de las cuales se deriva la presunta vulneración
de los derechos fundamentales del actor corresponden principalmente a
aspectos de naturaleza legal que fueron debidamente evacuados dentro de
lo actuado en el curso del trámite del proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho y que con la acción de tutela se busca una
tercera instancia a fin de debatir de nuevo la discusión ya resuelta.

Indicó que la discusión se plantea frente al reconocimiento de un derecho de
tipo económico lo cual la vuelve improcedente por no cumplirse con el
requisito de relevancia constitucional.

1.6.4. Tribunal Administrativo de Antioquia. El magistrado ponente
manifestó que no le asiste razón al demandante al pretender indicar un yerro
en la interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas al caso en
tanto la providencia objeto de tutela contiene un estudio legal que regula la
sanción por mora por el pago tardío de las cesantías de los docentes
dispuesta en la Ley 1955 de 2019.

Considera que se dio una adecuada interpretación del material probatorio y
que los errores en que se incurrió en el trámite administrativo y que incidieron
en la expedición del acto administrativo aclaratorio de resolución por medio
de la cual se le reconocieron las cesantías del tutelante, influyó como causa
eficiente, el hecho de que el demandante solicitara un valor superior a las
cesantías disponibles en su cuenta del Fondo, por tanto la conducta del
demandante incidió en los errores que se evidenciaron en el acto que le
reconoció sus cesantías.

Considera que resulta improcedente ya que no cumple con los requisitos de
fondo exigidos para la prosperidad de la acción de tutela en contra de
providencias judiciales.

1.6.5. Juzgado 5° Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín.

La titular del despacho mediante oficio 003 de 2024, solicitó negar la acción
de tutela en consideración a que no incurrió en vulneración de ninguno de los
derechos fundamentales invocados, toda vez que se respetaron los derechos
procesales, así como los términos y oportunidades para oponerse a las
decisiones proferidas

Que realizado el estudio correspondiente se determinó el número de días de
sanción moratoria que se debían reconocer y manifiesta que el juez de tutela
debe respetar la interpretación jurídica del juez natural y por lo tanto no le
corresponde cuestionar las decisiones adoptadas dentro del ámbito de sus
competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de derecho
fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado

Por último, anexó el enlace del expediente electrónico contenido el aplicativo
onedrive del expediente 05001-33-33-005-2022-00002-00.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991,
2.2.3.1.2.1 numeral 5° del Decreto 1069 de 2015, modificado por el numeral
1° del Decreto 333 de 2021 y 25 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de
la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Cuestión Previa

La FIDUPREVISORA S.A. (Como Administradora del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio) a través de su coordinadora de
tutelas solicitó ser desvinculada del proceso por no estar legitimada por
pasiva, se anuncia que esta petición será denegada con fundamento en que
su llamado a este trámite se hizo en calidad de tercero con interés en las
resultas del proceso.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala analizar si la solicitud de tutela cumple con los
requisitos de procedibilidad adjetiva y, de superarse lo anterior, deberá
verificar si el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado 5°
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la confianza legítima y a la
tutela judicial efectiva al presuntamente incurrir en defecto sustancial,
defecto procedimental absoluto y defecto fáctico.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales; ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de
procedibilidad; y finalmente, de encontrarse superados se analizará, iii) el
fondo del reclamo.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio
de 20121, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:

«…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de
tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas
Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración

1 Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela

• Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.
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de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal
criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de
providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.»2 (Negrilla fuera de texto)

Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado
su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia,
conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se
presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados
hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la
decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará
ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «…fijados hasta
el momento jurisprudencialmente…». En efecto, sabido es que la tutela es
un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no
puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo
–procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto –procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del
asunto. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado,
se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como

2 Ibídem.

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una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. Estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad

En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que la
Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 reiteró que este
presupuesto “protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales” y explicó en detalle los criterios que se deben tener en
cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:

«(...) (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.» (Destacado por la Sala)

En concordancia con lo anterior, dicha Corte indicó en la sentencia SU-573
de 27 de noviembre de 2019 que “la controversia debe versar sobre un
asunto constitucional, pero no meramente legal y/o económico” y que según
la jurisprudencia constitucional, las discusiones de orden legal, es decir, las
relativas a un derecho de índole económico3 deben ser resueltas mediante
los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite4, comoquiera que “le
está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma imprudente en asuntos
de carácter netamente legal o reglamentario”5, so pena de involucrarse
en cuestiones que le corresponden definir a otras jurisdicciones.

En tales condiciones, se advierte que la controversia planteada por el señor
Nevardo Antonio Álzate Zuluaga versa sobre una cuestión de interpretación
de tipo legal, que no impacta la garantía de derechos fundamentales sino
patrimoniales, por cuanto considera que el Tribunal Administrativo de
Antioquia y el Juzgado 5° Administrativo Oral del Circuito judicial de Medellín
al proferir las providencias de 15 de agosto de 2023 y 25 de enero de la
misma anualidad vulneraron sus derechos fundamentales invocados al
reconocer solamente el derecho al pago de 2 días de sanción moratoria.

3 “No en todos los eventos en que se denuncie el desconocimiento de los derechos al
acceso a la administración de justicia y debido proceso se está ante un asunto relevante
constitucionalmente, pues si el reclamo se vincula de manera irrestricta a la satisfacción de
una pretensión de contenido económico, la discusión carecerá de tal relevancia.”
4 “Sentencia T-606 de 2000.”
5 “Ibid.2”

8

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Esto, debido a que consideró en su entender debían ser muchos más de
acuerdo a su interpretación legal por cuanto manifiesta que solicitó el pago
de la sanción moratoria en los términos del art. 5 de la Ley 1071 de 2006 y
por ende la mora operó entre el 20 de enero y 26 de febrero de 2021, lo que
equivale a un retardo de 38 días, por cuanto según su entender los días se
cuentan a partir de la solicitud la cual ocurrió el 2 de octubre de 2020.

Lo anterior dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho que promovió contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional-
Fondo de Prestaciones Sociales de Magisterio

Entonces, el asunto en estudio gira en torno a una cuestión legal y de
carácter económico, pues la inconformidad de la parte accionante se limita a
la interpretación de los días que por mora en el pago de cesantía debía
percibir, por tanto, la situación descrita es “de competencia exclusiva del juez
ordinario6”, por lo que el juez de tutela no le corresponde zanjar aspectos
como los que aquí se tratan.

Adicionalmente, cabe señalar que la Corte Constitucional precisó que la
acreditación del requisito de la relevancia constitucional “supone
justificar razonablemente la existencia de una restricción prima
facie desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo que
una simple relación con aquel” y que la relevancia constitucional tiene tres
finalidades, a saber:

«(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional7 y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad8; (ii) restringir el
ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que
afecten los derechos fundamentales9 y, finalmente, (iii) impedir que la acción
de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces10». (Destacado por la Sala)

Así pues, también se encuentra que las inconformidades planteadas por la
parte actora en el escrito de tutela coinciden con las consideraciones que
expuso para apelar la sentencia proferida por el Juzgado 5° Administrativo
del Circuito Judicial de Medellín, las cuales ya fueron abordadas por la
colegiatura accionada.

En este orden de ideas, la Sala declarará improcedente la solicitud de tutela
toda vez que el reclamo del señor Nevardo Antonio Álzate Zuluaga carece de
relevancia constitucional, en atención a que lo pretendido es convertir este
mecanismo de amparo en una instancia adicional al proceso ordinario para

6 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias

SU-573 de 2017 y C-590 de 2005.
7 “Sentencia C-590 de 2005.”
8 “Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008”.
9 “Sentencia C-590 de 2005.”
10 “Sentencia T-102 de 2006.”

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Demandante: Nevardo Antonio Álzate Zuluaga
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
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que se resuelva una controversia que se reduce a un debate estrictamente
legal y económico. 11

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

III.FALLA

PRIMERO: Niégase la solicitud de desvinculación elevada por la
FIDUPREVISORA S.A. (Como Administradora del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio)

SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el
señor Nevardo Antonio Álzate Zuluaga contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia y el Juzgado 5° Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Medellín.

TERCERO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

11 En este mismo sentido se pronunció la Sala en un caso similar, el cual fue analizado en la

providencia de 23 de marzo de 2023, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 11001-03-15-
000-2023-01047-00.
10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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