Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01047-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2023 › Radicado 11001-03-15-000-2023-01047-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01047-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-01047-00
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
23 de marzo de 2023
Demandante: Jhovanny Ospina Marulanda
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío,
Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01047-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá D.C., veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01047-00
Demandante: JHOVANNY OSPINA MARULANDA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO, SALA
TERCERA DE DECISIÓN
Temas: Tutela contra providencia judicial. Sanción moratoria e
indemnización por el pago tardío de los intereses a las
cesantías a docente. Improcedencia por no cumplir con el
requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El señor Jhovanny Ospina Marulanda, por conducto de apoderado judicial,
presentó acción de tutela1 contra el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala
Tercera de Decisión, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia, junto con el principio a la seguridad jurídica, con
ocasión de la providencia proferida el 16 de febrero de 2023.
Lo anterior, por cuanto la mencionada autoridad judicial confirmó la sentencia de
29 de junio de 2022 dictada por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito
Judicial de Armenia, mediante la cual se negó las pretensiones de la demanda
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que el
actor promovió contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante Fomag) y el
municipio de Armenia (Quindío). 2
1
Mediante escrito radicado el 27 de febrero de 2023 en la ventanilla virtual del Consejo de Estado
con solicitud 6237.
2
Proceso identificado con radicado 63001-3333-006-2022-00032-00/02.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Jhovanny Ospina Marulanda
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío,
Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01047-00
1.2. Pretensiones
En consecuencia, el accionante solicitó:
“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL
QUINDÍO en la sentencia proferida el día 16 de febrero de 2023, en el
expediente rad. No. 63001-3333-006-2022-00032-02, transgredió los derechos
fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL,
SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA
APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE
DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO
A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA
PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL
DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante,
por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la
ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la
jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los
derechos fundamentales de la accionada.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO; dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de
precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las
sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H.
Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y
pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda (...).” (Negrilla del
texto original – sic a toda la cita)
La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
1.3. Hechos
El señor Ospina Marulanda relató que desde el 17 de julio de 2006 se
desempeña como docente vinculado al municipio de Armenia (Quindío) y, por
ello, le debían consignar el 15 de febrero de 2021 las cesantías correspondientes
al servicio que prestó durante el año 2020, lo que no sucedió en esa fecha.
Afirmó que el 14 de julio de 2021 solicitó a la Secretaría de Educación del
referido ente territorial y al Fomag el reconocimiento de la sanción por mora
prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 19903, así como la indemnización por el
pago tardío de los intereses a las cesantías, según el artículo 1º de la Ley 52 de
19754, pero no obtuvo respuesta de fondo.
Indicó que en vista de lo anterior, promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional
• Fomag y el municipio de Armenia (Quindío), para que se dejara sin efectos el
acto administrativo ficto negativo que se configuró.
Señaló que del asunto conoció el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito
Judicial de Armenia que, en sentencia de 29 de junio de 2022, negó las súplicas
de la demanda tras advertir que el régimen de cesantías de los docentes es
3
“Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras
disposiciones.”
4
“Por la cual se reconocen intereses anuales a las cesantías de los trabajadores particulares.”
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Jhovanny Ospina Marulanda
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío,
Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01047-00
especial, de modo que no es comparable al que prevé la Ley 50 de 1990,
extendido a empleados públicos afiliados a fondos privados conforme con la Ley
344 de 19965.
Explicó que en dicha decisión se concluyó que la sanción e indemnización
reclamadas resultaban incompatibles en razón del principio de inescindibilidad
normativa, pues en la regulación de los educadores no existe la obligación de
consignar anualmente el auxilio por las entidades territoriales al Fomag.
Mencionó que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, toda
vez que en el evento de no reglarse una situación específica en el régimen
especial, era dable traer del general la norma que cubra el vacío normativo,
razón por la cual los docentes oficiales se equiparan a los empleados públicos.
Sostuvo que el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Tercera de Decisión
mediante sentencia de 16 de febrero de 2023 confirmó el fallo del a quo, al
encontrar que él es un profesor oficial debidamente escalafonado y está afiliado
al Fomag, así que pertenece al régimen de cesantías anualizado contemplado en
la Ley 91 de 1989.6
Adujo que esa colegiatura concluyó que en la reglamentación de los docentes se
determina específicamente la forma en la que se pagan las cesantías, al igual
que sus intereses, por lo que no es posible aplicar una diferente. Además,
precisó que no era posible aplicar el precedente fijado en la sentencia SU-098 de
2018, dado que los supuestos fácticos allí analizados eran diferentes a su caso.
1.4. Sustento de la petición
A juicio del tutelante, la autoridad judicial cuestionada incurrió en defecto
sustantivo por indebida interpretación de las leyes 91 de 1989, 50 de 1990 y 344
de 1996, toda vez que en estas sí se prevé la posibilidad de reconocer la sanción
moratoria y la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías a
favor de los docentes afiliados al Fomag.
Puntualizó que el Ministerio de Educación Nacional debe acogerse a los
postulados que garantizan los derechos laborales de los profesores, pues si bien
es cierto que de la evolución normativa se desprende la descentralización del
servicio educativo en cabeza de las entidades territoriales, también lo es que
ninguna ley despojó a la Nación de la obligación que tiene de consignar al
respectivo fondo las prestaciones correspondientes.
Cuestionó el hecho de que en la providencia objeto de reproche se indicara que
en la unidad de caja que posee el Fomag para el manejo de los recursos de la
salud, las pensiones y las cesantías, también existen recursos del Ministerio de
Educación Nacional y el Fomag, pues esto no es cierto.
5
“Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden
unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.”
6
“Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.”
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Jhovanny Ospina Marulanda
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío,
Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01047-00
Refirió que el tribunal accionado desconoció el precedente fijado por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-098 de 2018 y por la Sección Segunda del
Consejo de Estado7, pues aunque existían dos posiciones en torno al tema
controvertido, actualmente se ha acogido una interpretación favorable, según la
cual, a los educadores oficiales vinculados después del 1º de enero de 1990 les
resulta aplicable la Ley 50 de 1990.
1.5. Trámite, contestaciones e intervenciones
Mediante auto de 1º de marzo de 2023, el magistrado ponente admitió la acción
de tutela, ordenó notificar esta decisión al actor y como demandado al Tribunal
Administrativo del Quindío, Sala Tercera de Decisión. Además, vinculó al
Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Armenia, al Ministerio de
Educación Nacional - Fomag y al alcalde de Armenia, por tener interés en el
resultado del presente mecanismo constitucional.
Remitidas las respectivas comunicaciones8, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.5.1. Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Armenia
La juez titular del despacho se pronunció con escrito enviado el 2 de marzo del
año en curso, por medio del cual solicitó “negar por improcedente” la tutela por no
cumplir el requisito de relevancia constitucional, toda vez que lo pretendido por el
actor es discutir nuevamente los argumentos esbozados en la providencia en
cuestión, como si esta acción fuera una tercera instancia.
Resaltó que la controversia planteada por el tutelante es de orden legal y
económico, pues se debate la aplicación de las normas previstas a los
trabajadores de derecho privado, la cual no es aplicable a los docentes oficiales,
quienes gozan de un régimen especial, respecto del cual no se avizora
vulneración al derecho a la igualdad ni al principio de favorabilidad.
1.5.2. Fiduciaria La Previsora S.A.
Intervino con memorial de 3 de marzo del presente año en calidad de vocera y
administradora del patrimonio autónomo del Fomag, por medio del cual indicó
que la tutela es improcedente y pidió su desvinculación por falta de legitimación
en la causa por pasiva, toda vez que no es la entidad competente para revocar o
modificar actos administrativos y tampoco transgredió los derechos
fundamentales del accionante.
7
Trajo a colación, entre otras, las sentencias proferidas el 6 de agosto de 2020, rad. 08001-23-
33-000-2013-00666-01; 24 de enero de 2019, rad. 76001-23-31-000-2009-00867-01; 2 de
diciembre de 2019, rad. 08001-23-33-000-2014-00173-01; 10 de junio de 2020, rad. 08001-23-33-
000-2014-00208-01; 22 de octubre de 2020, rad. 08001-23-31- 000-2014-00254-01; 2 de
noviembre de 2020, rad. 08001-23-33-000-2014-00132-01 y 17 de junio de 2021, rad. 08001-23-
31-000-2014-00815-01.
8
Mediante oficios enviados por correo electrónico el 2 de marzo de 2023.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Jhovanny Ospina Marulanda
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío,
Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01047-00
1.5.3. Jhovanny Ospina Marulanda
Mediante documento enviado el 10 de marzo de 2023 el apoderado del
demandante reiteró los argumentos que expuso en el escrito de tutela y
consideró que en los informes rendidos en el presente trámite no se demostró por
qué la autoridad judicial accionada no vulneró sus derechos fundamentales
invocados.
1.5.4. La Secretaría del Tribunal Administrativo del Quindío remitió el expediente
digital del medio de control promovido por el señor Ospina Marulanda y los
demás vinculados, pese a que fueron debidamente notificados de la existencia
del presente trámite, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el numeral 2° del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20199.
2.2. Cuestión previa
Antes de resolver el fondo del asunto, la Sala observa que la Fiduciaria La
Previsora S.A., en condición de vocera y administradora del patrimonio autónomo
del Fomag, solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva, petición que será denegada teniendo en cuenta que su vinculación
obedeció al interés que le asiste en las resultas de este proceso, dado que
integró la parte demandada del proceso dentro del cual se profirió la decisión
cuestionada, mas no como la entidad contra la cual se encuentre dirigido el
reparo señalado por el actor.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala analizar si la solicitud de tutela cumple con los requisitos
de procedibilidad adjetiva y, de superarse lo anterior, deberá verificar si el
Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Tercera de Decisión vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y
de acceso a la administración de justicia, junto con el principio a la seguridad
jurídica del actor, al presuntamente incurrir en defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio
de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales; ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y
finalmente, de encontrarse superados se estudiará, iii) el fondo del reclamo.
9
Reglamento interno del Consejo de Estado.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Jhovanny Ospina Marulanda
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío,
Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01047-00
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
201210, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:
“…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como
se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo,
cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados
hasta el momento Jurisprudencialmente.”11 (Negrilla fuera de texto)
Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme
a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra
providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la
jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas
características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir
cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia
sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –
procedencia adjetiva–.12
En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado.
10
Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.
11
Ibídem.
12
Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto de 2004
y C-590 de 2005.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Jhovanny Ospina Marulanda
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío,
Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01047-00
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
“tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.5. Examen de los requisitos: Procedencia adjetiva
2.5.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que la
Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 reiteró que este
presupuesto “protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente
legales” y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para
verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:
“(...) (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que
la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii)
que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.” (Destacado por la Sala)
En concordancia con lo anterior, dicha Corte indicó en la sentencia SU-573 de 27
de noviembre de 2019 que “la controversia debe versar sobre un asunto
constitucional, pero no meramente legal y/o económico” y que según la
jurisprudencia constitucional, las discusiones de orden legal, es decir, las
relativas a un derecho de índole económico13 deben ser resueltas mediante los
mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite14, comoquiera que “le está
prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma imprudente en asuntos de
carácter netamente legal o reglamentario”15, so pena de involucrarse
en cuestiones que le corresponden definir a otras jurisdicciones.
En tales condiciones, se advierte que la controversia planteada por el actor versa
sobre una cuestión de interpretación meramente legal, que no impacta la
garantía de derechos fundamentales sino patrimoniales, por cuanto él considera
13
“No en todos los eventos en que se denuncie el desconocimiento de los derechos al acceso a
la administración de justicia y debido proceso se está ante un asunto relevante
constitucionalmente, pues si el reclamo se vincula de manera irrestricta a la satisfacción de una
pretensión de contenido económico, la discusión carecerá de tal relevancia.”
14
“Sentencia T-606 de 2000.”
15
“Ibid.2”
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Jhovanny Ospina Marulanda
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío,
Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01047-00
que el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Tercera de Decisión, en la
providencia de 16 de febrero de 2023, vulneró sus derechos fundamentales
invocados tras confirmar la decisión de primera instancia.
Esto, debido a que se negaron las pretensiones de la demanda dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió en su
condición de docente, con el propósito de obtener el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 199016, así como la
indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías, según el
artículo 1º de la Ley 52 de 197517.
De modo que el objeto del debate se centra en que, a juicio del tutelante, la
normativa que regula la liquidación anual de las cesantías de los servidores
públicos también aplica a los educadores oficiales y, por ello, se le debía
consignar al Fomag a más tardar el 14 de febrero de 2021 dicha prestación,
correspondiente al servicio que prestó durante el año anterior.
Entonces, el asunto en estudio gira en torno a una cuestión meramente legal y de
carácter económico, pues la inconformidad del señor Ospina Marulanda se limita
al pago de derechos patrimoniales –sanción moratoria e intereses anuales a las
cesantías–, más allá de estar orientado a la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso
a la administración de justicia, de modo que la situación descrita es “de
competencia exclusiva del juez ordinario18”, por lo que el juez de tutela no le
corresponde zanjar aspectos como el que aquí se trata.
Adicionalmente, cabe señalar que la Corte Constitucional precisó que la
acreditación del requisito de la relevancia constitucional “supone
justificar razonablemente la existencia de una restricción prima
facie desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo que una
simple relación con aquel” y que la relevancia constitucional tiene tres finalidades,
a saber:
“(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional19 y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice
para discutir asuntos de mera legalidad20; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales21 y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta
en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces22”. (Destacado por la Sala)
Así pues, también se encuentra que las inconformidades planteadas por la parte
actora en el escrito de tutela coinciden con las consideraciones que expuso para
apelar la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito
16
“Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras
disposiciones.”
17
“Por la cual se reconocen intereses anuales a las cesantías de los trabajadores particulares.”
18
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-
573 de 2017 y C-590 de 2005.
19
“Sentencia C-590 de 2005.”
20
“Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008”.
21
“Sentencia C-590 de 2005.”
22
“Sentencia T-102 de 2006.”
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Jhovanny Ospina Marulanda
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío,
Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01047-00
Judicial de Armenia, las cuales ya fueron abordadas por la colegiatura accionada.
Nótese que en la providencia cuestionada se explicó que no había una posición
unificada respecto al reconocimiento de la sanción moratoria prevista en la Ley
50 de 1990 al sector docente y se concluyó que no era posible aplicar el
precedente fijado en la sentencia SU-098 de 2018, toda vez que los supuestos
fácticos del caso allí analizado eran diferentes a los del actor.
En este orden de ideas, la Sala declarará improcedente la solicitud de tutela toda
vez que el reclamo del actor carece de relevancia constitucional, en atención a
que lo pretendido es convertir este mecanismo constitucional en una instancia
adicional al proceso ordinario para que se resuelva una controversia que se
reduce a un debate meramente legal y económico.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: Deniégase la solicitud de desvinculación propuesta por la Fiduciaria
La Previsora S.A.
SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Jhovanny Ospina Marulanda contra el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala
Tercera de Decisión, por los motivos descritos anteriormente.
TERCERO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.