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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06558-00

Fecha
23 de enero de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06558-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Disponer tener como accionantes a los señores Daniel Alejandro Hernández Galvis, Juan Felipe Hernández Galvis y Daisy Carolina Hernández Galvis, por lo expuesto en esta providencia. SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela de la referencia, por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-06558-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

23 de enero de 2025

Demandantes: Alcides Hernández Tamayo y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06558-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06558-00
Demandantes: ALCIDES HERNÁNDEZ TAMAYO Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C

Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente
por falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en
ejercicio de la acción de amparo prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Los señores Alcides Hernández Tamayo y María Nelly Galvis Escobar en
nombre propio y en representación de sus hijos menores Daniel Alejandro,
Juan Felipe y Daisy Carolina y Yenifer Marín Galvis padres y hermanos de
Jhon Edwin Hernández Galvis así como también María Azucena Escobar
Galvis, Aurentino Hernández Londoño, Soloangel Tamayo Galvis en sus
calidades de abuelos de la víctima, invocaron la protección de sus derechos
fundamentales a la vida, a la igualdad, a la prevalencia del derecho sustancial
sobre el procesal, de acceso a la administración de justicia, al mínimo vital, a
la reparación integral, al debido proceso y al principio de legalidad.

Consideraron vulneradas dichas garantías con ocasión de la providencia del 6
de junio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C, mediante la cual se revocó la condena
impuesta en el numeral segundo y confirmó en todo lo demás la sentencia
dictada por el Juzgado 36 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá el 30
de junio de 2022, dentro del medio de control de reparación directa instaurado
en contra de la Nación- Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional,
con radicado 11001-33-36-036-2018-00032-00/01.

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Demandantes: Alcides Hernández Tamayo y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06558-00

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora solicitó:

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO
PROCESO, A LA IGUALDAD,PREVALENCIA DEL DERECHO
SUSTANCIAL SOBRE EL PROCESAL, AL ACCESO A
LAADMINISTRACION DE JUSTICIA, AL MÍNIMO VITAL, REPARACIÓN
INTEGRAL, Y AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, toda vez que las
sentencias de 30 de junio de 2022 del juzgado Treinta y Seis (36)
Administrativo de Bogotá y la de 6 de junio de 2024 del tribunal
administrativo de Cundinamarca, sección tercera, subsección C en el
proceso de medio de control de reparación directa con radicado No.
11001-33-36-036-2018-00032-01, debido que se incurrió en un defecto
sustantivo pues se observa que de manera errada, desconocieron las
pruebas aportadas durante el debate procesal, el precedente judicial
relacionado con la muerte conscriptos.

SEGUNDO: Que se DEJE SIN EFECTOS las providencias proferidas
dentro del proceso con radicado de referencia, y en su lugar:

TERCERO: Se ordene a la accionada proferir una nueva providencia
donde se ACCEDA A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA INCOADA,
teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la ley y la
jurisprudencia que versa sobre la presente Litis.1

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

1.3. Hechos

La Sala encontró demostrados los supuestos fácticos que a continuación se
relacionan, los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la
sentencia:

Indicaron los accionantes que el señor Jhon Edwin Hernández Galvis el 12 de
febrero de 2015, ingresó a prestar el servicio militar obligatorio como soldado
regular adscrito al Batallón Especial Energético y Vial No. 18 “Gral. Eustorgio
Salgar” e incorporado con posterioridad a la unidad militar Grupo de
Caballería Mecanizado No. 18 “Gr. Gabriel Reveiz Pizarro”- GMRPI.

Relataron que miembros del Ejército Nacional le comunicaron telefónicamente
a su padre Alcides Hernández Tamayo el fallecimiento de su hijo el día 24 de
diciembre de 2015, como consecuencia de recibir descarga eléctrica al
subirse a un poste de alta tensión con el fin de conectar cable para cargar un
teléfono celular.

Manifestaron que a pesar de la información, en el informativo administrativo
por muerte No. 004 del 25 de diciembre de 2015 elaborado por el deceso de
Jhon Edwin Hernández Galvis se indicó como causa de su fallecimiento el
haber escalado sin autorización un poste de alta tensión con el fin de cargar
baterías de los radios de combate XTS2250 y APX5000 utilizados por las

1 Trascripción literal con posibles errores.

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tropas, cuando en respuesta a derecho de petición la entidad demandada
informó que todos los radios utilizados por las tropas se cargaban con baterías
desechables.

Afirmaron que el informe rendido era incoherente, al indicar que varios
miembros del pelotón se dirigían a cargar las baterías en casas cercanas a su
lugar de operación, lo que constituyó violación al Derecho Internacional
Humanitario por cuanto los militares no podían involucrar a terceros civiles en
el conflicto armado.

Sostuvieron que hubo falla en el servicio al no haber impedido sus superiores
el ascenso del soldado al poste por su propia iniciativa, lo que conlleva a la
responsabilidad patrimonial para el pago de los perjuicios causados.

Los señores Alcides Hernández Tamayo y María Nelly Galvis Escobar en
nombre propio y en representación de sus hijos menores Daniel Alejandro,
Juan Felipe y Daisy Carolina y Yenifer Marín Galvis en sus calidades de
padres y hermanos de Jhon Edwin Hernández Galvis así como también María
Azucena Escobar Galvis, Aurentino Hernández Londoño, Soloangel Tamayo
Galvis en sus calidades de abuelos de la víctima por conducto de apoderado
judicial, instauraron demanda en ejercicio del medio de control de reparación
directa en contra de La Nación- Ministerio de Defensa Nacional - Ejército
Nacional proceso que correspondió al juzgado 36 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, con el radicado 11001-33-36-036-2018-00032-00.

En sentencia del 30 de junio de 2022, el Juzgado de conocimiento declaró
probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima y en consecuencia
negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte
demandante, al concluir que la muerte del soldado Jhon Edwin Hernández
Galvis no era imputable a la entidad por cuanto su causa no fue el servicio
mismo, sino la imprudencia de la víctima, quien por su propia iniciativa y en
contra de las instrucciones de sus superiores se trepó al poste de alta tensión
del cual recibió una descarga eléctrica que le produjo su fallecimiento.

Expuso que los argumentos en cuanto a la inconsistencia del informe
administrativo por muerte en el sentido de que para la época de los hechos el
Ejército Nacional utilizaba baterías desechables y el de infringir el Derecho
Internacional Humanitario al involucrar a terceros civiles en el conflicto
armado fueron desvirtuados, ya que se estableció que la fuerza armada
también disponía de baterías que se recargaban con corriente eléctrica como
también ser admisible cargarlas en casa de civiles dada la circunstancia
especial de encontrarse en un territorio sin alteraciones graves de orden
público como era el departamento de Boyacá.

La parte hoy accionante interpuso recurso de apelación en contra de la
sentencia proferida, que fuera decidido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C en sentencia del 6 de junio de
2024, mediante la cual revocó la condena en costas impuesta en primera

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instancia y confirmó en todo lo demás la providencia del 30 de junio de 2022.

Como fundamento de su decisión, indicó:

“. . . . . .
Recapitulando, la Sala concluye que no se probó una falla en el servicio
derivada de la infracción de los deberes de cuidado y protección que le
asistía al Ejército respecto del señor Hernández Galviz, porque se
demostró que el personal militar intentó impedir que el conscripto subiera
al poste de energía eléctrica y, por el contrario, no se acreditó que se le
hubiese dado la orden de emprender su ascenso ni que contara con
autorización para ello.

Además, no se probaron las inconsistencias que la parte actora alegó
frente al informe administrativo por muerte, por lo que la información allí
consignada no se entiende desvirtuada, y tampoco se demostró que la
versión relatada en el medio de comunicación La Patria tenga algún
respaldo fáctico, con lo cual se descarta la existencia de una versión
paralela que la institución hubiese intentado ocultar.

Advertida la ausencia de una falla en el servicio, lo siguiente será
establecer cuál título de imputación objetiva podría aplicarse para
resolver el caso en concreto.

2.2.2.2. Aplicación del régimen objetivo de responsabilidad.
.....
Inicialmente, la Subsección descarta la aplicación del régimen de
responsabilidad por riesgo excepcional, en la medida en que, si bien la
distribución y conducción de energía eléctrica es una actividad
peligrosa36, en el presente caso el Ejército Nacional no creó para el
conscripto una situación riesgosa a partir de dicha actividad. Ello, pues,
como se indicó, la institución castrense no le ordenó al soldado el manejo
de energía para desarrollar una actividad propia del servicio, con lo cual
no puede catalogarse la muerte del señor Hernández Galviz como la
concreción del riesgo permitido.

Sin embargo, en el sub examine sí es posible analizar la responsabilidad
del Estado por daño especial37, toda vez que, en ejercicio de una
actividad lícita, como es la prestación del servicio militar obligatorio, se
causó un daño anormal, distinto a la restricción de derechos y libertades
que comporta la conscripción.

Ahora, para esta Sala es claro que no siempre que el conscripto sufra un
daño dentro de la prestación del servicio militar, el Estado debe
responder de manera inmediata o automática en virtud de rompimiento
del equilibrio de la igualdad frente a las cargas públicas, pues deben
analizarse todas las circunstancias fácticas que rodearon el caso y, en
especial, si: i) el daño estuvo relacionado con la prestación del servicio
militar obligatorio, esto, tal como lo ha sostenido el Consejo de Estado, es
decir demostrar el nexo de causalidad entre el daño y la prestación del
servicio militar obligatorio; y ii) si se presentó un eximente de
responsabilidad.

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Demandantes: Alcides Hernández Tamayo y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C
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…..
A partir de lo anterior se concluye, prima facie, que el daño antijurídico se
ocasionó en el servicio y en razón de éste, pues es cierto que, de no
haber prestado servicio, el señor Hernández Galviz no habría ascendido
al poste en el que halló su muerte. Con ello estaría acreditado el nexo de
causalidad.

No obstante, el nexo se rompe al haber ocurrido una causa extraña como
es la culpa exclusiva de la víctima, derivada de la infracción del deber de
autocuidado que le asistía al propio conscripto. Veamos: ….

Lo relevante frente a este caso es que el soldado dispuso de su propio
cuerpo, contrariando las órdenes de sus superiores, sin que se haya
demostrado que sobre él existió fuerza, intimidación, coacción o la
creación de circunstancias que minaran su voluntad, de tal suerte que no
puede aceptarse que el descuido y la desobediencia de un subordinado
comprometa la responsabilidad del Estado, pues se estaría alentando la
indisciplina frente a comportamientos que para este tipo de personal
están prohibidos.

Conforme a lo expuesto, la Sala considera que le asiste razón al a quo al
haber declarado probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima,
dado que fue el comportamiento de la víctima directa la única causa
eficiente del daño, mismo que resulta completamente ajeno a la
demandada, por las razones anteriormente señaladas.

1.4. Sustento de la petición

La parte actora indicó como defectos con los cuales se vulneraron sus
derechos fundamentales invocados, el fáctico, sustancial, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución.

Expuso con relación al defecto fáctico el desconocimiento del informativo
administrativo por muerte No. 004 de 2015 mediante el cual se acredita que la
muerte del soldado Jhon Edwin Hernández Galvis se produjo por motivos del
servicio al recibir una descarga eléctrica mientras se desplazaba con equipo
de combate a cargas baterías de los radios XTS 2250 y APX 5000.

En cuanto al sustantivo indicó que al estar ante una responsabilidad objetiva,
bastaba probar el daño antijurídico y la imputación a la entidad pública, en
este caso, el ejército. Pero, el juez de instancia incurrió en una indebida
aplicación del título de imputación, acudiendo a una responsabilidad subjetiva
y, por ende, usando la falla del servicio probada como título de imputación
aplicable al caso concreto.

Con relación al desconocimiento del precedente jurisprudencial los
accionantes no indicaron el precedente desconocido y mucho menos la regla
o sub-regla contenida en sentencia dictada por el órgano de cierre que obligue
a su aplicación a la controversia.

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1.5. Trámite e intervenciones

Mediante auto del 3 de diciembre de 2023, el despacho admitió la acción de
tutela, ordenó notificar esta decisión a la parte actora y a los magistrados que
integran el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C y al Juzgado 36 Administrativo de Bogotá.

Además, vinculó como tercero con interés a la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional- Ejército Nacional.

Remitidas las respectivas comunicaciones2, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C

En escrito enviado el 11 de diciembre de 2023, el magistrado ponente de la
providencia cuestionada expuso que el juez de primera instancia estableció
que la muerte del señor Hernández Galviz no era atribuible a la demandada,
ya que se acreditó la culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de
responsabilidad, en la medida que el conscripto decidió subir a un poste de
energía en el que recibió una descarga eléctrica que ocasionó su muerte, sin
que se lo haya ordenado sus superiores y a pesar de las indicaciones de que
no lo hiciera .

Manifestó que a pesar de que en el escrito de apelación la parte actora afirmó
que el caso debía estudiarse bajo el régimen del daño especial, lo cierto es
que las afirmaciones realizadas están destinadas a demostrar la existencia
de una falla en el servicio y, al tiempo, se invocó la aplicación del régimen de
responsabilidad objetiva; motivo por el cual se indicó que primero se realizó el
estudio de la existencia de una falla en el servicio y, en caso de no encontrarla
acreditada, se continuaba con el régimen objetivo.

En ese orden, se concluyó que no existió una falla en el servicio por cuanto se
adoptaron las medidas para impedir que el conscripto subiera al poste de
energía eléctrica, sin que se haya acreditado que obedeció a una orden
impartida y mucho menos que el hecho dañoso haya sido ocultado por la
parte demandada.

Acto seguido, se precisó que el régimen objetivo de responsabilidad debía
aplicarse bajo el título de daño especial, método en virtud del cual se podría
tener por acreditado el nexo de causalidad, lo cierto es que aquel se rompió
por la culpa exclusiva de la víctima al desobedecer la orden de no subir al
poste de energía como tampoco los intentos para descender, a pesar de lo
cual continuó su ascenso.

2 Mediante oficios enviados por correo electrónico el 4 de diciembre de 2024.

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Indicó que la acción de tutela carece de relevancia constitucional, ya que lejos
de plantear un juicio de validez frente al orden constitucional colombiano, la
parte actora utiliza el amparo como una instancia adicional al proceso de
reparación directa para reabrir la controversia ya decidida por el juez natural,
por la simple inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces de
instancia.

De igual manera expuso el incumplimiento de los requisitos específicos o
sustantivos de procedibilidad con relación al defecto fáctico ya que se valoró
de manera razonable más de quince pruebas dentro de las cuales se
encontraban presente las notas de prensa, el acta del informativo
administrativo por muerte No. 004 de 2015, el registro civil de defunción, las
declaraciones recepcionadas, con las que se descarta la configuración del
defecto invocado.

Con relación al defecto sustantivo manifestó que el estudio del caso bajo el
régimen de la falla en el servicio obedeció a los argumentos expuestos en la
sustentación del recurso de apelación dirigidos a establecer una actuación
irregular de la administración.

No obstante, al no probar la parte actora la falla en el servicio, la Subsección
estudió el caso bajo el régimen de responsabilidad objetiva- daño especial,
con lo cual se absolvió el argumento planteado por los demandantes en el
recurso de apelación, para concluir que tampoco las pretensiones estaban
llamadas a prosperar al quebrantar el nexo de causalidad por haber operado
una causa extraña, como fue la culpa exclusiva de la víctima.

En cuanto a los defectos de desconocimiento del precedente y violación
directa de la Constitución indicó que no se realizó desarrollo alguno, motivo
por el cual deben descartarse.

Solicitó con base en las consideraciones expuestas se declare la
improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito general de
procedibilidad de la relevancia constitucional, o en defecto negar el amparo
por no haberse acreditado que se hubiese incurrido en defecto alguno que
conlleve vulneración de derechos fundamentales.

1.5.2. Juzgado 36 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá

La secretaria del despacho judicial remitió el expediente digital sin que el
titular del despacho haya realizado pronunciamiento alguno a la acción de
tutela.

A pesar de haber sido notificada en debida forma, la Nación– Ministerio de
Defensa Nacional - Ejército Nacional no se pronunció.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el numeral 5 del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021, así como por el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación .

2.2. Cuestión Previa

Los señores Alcides Hernández Tamayo y María Nelly Galvis Escobar en su
escrito de tutela manifiestan actuar en representación de sus hijos menores
Daniel Alejandro, Juan Felipe y Daisy Carolina quienes conforme a los
registros civiles de nacimiento acompañados son mayores de edad, los que
también suscribieron la demanda de amparo.

En consecuencia, se tendrán también como parte accionante en la acción
constitucional.

2.3. Problema Jurídico

Corresponde a la Sala analizar si la solicitud de tutela cumple con los
requisitos de procedibilidad adjetiva y, de superarse lo anterior, deberá
verificar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C, vulneró los derechos fundamentales a la vida, a la igualdad, a
la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, de acceso a la
administración de justicia, al mínimo vital, a la reparación integral, al debido
proceso y al principio de legalidad, al presuntamente incurrir en los defectos
fáctico, sustancial, desconocimiento del precedente jurisprudencial y
violación directa de la Constitución.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes temas: i) el criterio
de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales; ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y
finalmente, de encontrarse superados se estudiará, iii) el caso concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de
20123, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas

3 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN

DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada
Ponente: María Elizabeth García González.

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Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema4.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección,
decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte
resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción contra providencias
judiciales5.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados
hasta el momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 20146, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia
judicial.

2.5. Estudio sobre la relevancia constitucional

La Corte Constitucional en la sentencia SU 215 de 2022, en cuanto a la
procedencia de la acción constitucional de cara a este requisito, indicó:

40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que
la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir
debates meramente legales. Para determinar si este requisito se
cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se
limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando
la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una
alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o
violatoria de derechos fundamentales. (…) (Énfasis de la Sala)

La Sala en sentencia del 29 de septiembre de 20227, modificó la postura que
tenía hasta ese momento sobre el estudio del requisito de relevancia

4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena

antes reseñada.
5 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela

contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta
providencia.
6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto

de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica.
actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29

de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil.

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constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente
que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se
pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional.

De esta manera, la Sala planteó que el estudio de la relevancia constitucional
debía estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte
Constitucional y acogidos por esta Corporación, que en concreto se refieren a:

i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales, ya que no basta que simplemente se aduzca
la vulneración de aquellos;

ii) Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al
proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada,
puesto que este mecanismo solo está instituido para proteger derechos
fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga
frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate
exclusivamente legal; y

iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una
vulneración ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque
estas controversias corresponde definirlas a los jueces ordinarios y el
mecanismo constitucional no puede convertirse en una tercera
instancia.

Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con
especial rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia
atacada se presenta una afectación desproporcionada a un derecho
fundamental producto de una actuación arbitraria.

Así, este requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración
de los derechos fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes
que permitan advertir tal situación a primera vista, especialmente cuando se
ejerce este mecanismo constitucional contra una sentencia de un órgano de
cierre8.

Bajo las anteriores consideraciones, se desarrollará el caso en particular.

2.6. Caso Concreto

La parte actora cuestionó la providencia del 6 de junio de 2024 proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C,

8 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.

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Demandantes: Alcides Hernández Tamayo y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06558-00

mediante la cual revocó la dictada por el Juzgado 36 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá el 30 de junio de 2022, en cuanto a la condena en
costas impuesta y confirmó la declaración de tener por probada la excepción
de culpa exclusiva de la víctima y en consecuencia la negativa de las
pretensiones de la demanda dentro del medio de control de reparación directa
instaurado en contra de la Nación- Ministerio de Defensa – Ejército Nacional,
con radicado 11001-33-36-036-2018-00032-00/01.

El requisito de la relevancia constitucional como presupuesto general de la
acción de tutela tiene tres finalidades, a saber:

“(…) (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional9 y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera
legalidad10; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de
relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales11 y,
finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia
o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces12”.

Por tanto, en la controversia que se plantea en el marco de una acción de
tutela debe advertirse su trascendencia constitucional, pues de lo contrario, el
juez constitucional tendría que inmiscuirse en cuestiones que desbordan su
competencia y podrían desnaturalizar el carácter excepcional y especial de la
solicitud de amparo.

En tal ejercicio, se establece que la actora invocó como cargos los defectos
fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución que los desarrolló bajo su interpretación de la valoración que de
los medios probatorios realizó la accionada, sin acreditar que la misma resultó
irrazonable o caprichosa, o que fue erróneo el régimen jurídico aplicado a la
controversia, o que se desatendió una regla o sub-regla contenida en las
sentencias mencionadas por el órgano de cierre que obligue a su aplicación al
caso concreto y la violación directa de la Constitución Política.

La Sala establece que de las argumentaciones propuestas en la acción de
tutela, se advierte que la controversia planteada por la parte actora no
impacta la garantía de derechos fundamentales, por cuanto la discusión de la
responsabilidad de la accionada como consecuencia del fallecimiento de Jhon
Edwin Hernández Galvis fue definida, sin que le sea permitido reabrir
nuevamente ese debate ya zanjado por el juez natural, so pretexto de
pretender una interpretación favorable para sus intereses cuando no se
acreditó que la misma contraría de manera ostensible las disposiciones que
regulan la materia.

9 “Sentencia C-590 de 2005.”
10 “Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008...”.
11 “Sentencia C-590 de 2005.”
12 “Sentencia T-102 de 2006.”

11

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Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C
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Entonces, el asunto en estudio gira en torno a una cuestión meramente legal,
pues la inconformidad de la parte accionante se limita a la presunta valoración
insuficiente y/o errónea del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C de los medios probatorios con los cuales se estableció
que la causa de la muerte del señor Hernández Galviz fue culpa exclusiva de
la víctima al desobedecer la orden de no subir al poste de energía como
tampoco los intentos para descender, a pesar de lo cual continuó su ascenso,
aspecto que no le corresponde zanjar al juez de tutela.

Así mismo, se aprecia que los argumentos planteados por la parte actora en el
escrito de tutela coinciden con las consideraciones que expuso en su
demanda, en el escrito mediante el cual sustentó el recurso de apelación en
contra de la sentencia proferida por el Juzgado 36 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, las que fueron abordadas en su totalidad por la accionada.

En este orden de ideas, la Sala declarará improcedente la solicitud de tutela
toda vez que el reclamo de la parte actora carece de relevancia constitucional,
al no exponer argumentos con los cuales se vislumbre que el proceder de la
accionada fue arbitrario que impacte la garantía de los derechos
fundamentales invocados, sino que lo pretendido es convertir este mecanismo
de amparo en una instancia adicional al proceso ordinario para que se
resuelva una controversia que se reduce a un debate meramente legal y
económico13.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: Disponer tener como accionantes a los señores Daniel Alejandro
Hernández Galvis, Juan Felipe Hernández Galvis y Daisy Carolina Hernández
Galvis, por lo expuesto en esta providencia.

SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela de la referencia, por
no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

TERCERO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

13 En este mismo sentido se pronunció la Sala en un caso similar, el cual fue analizado en la

providencia de 23 de marzo de 2023, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 11001-03-15-
000-2023-01047-00.

12

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CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”

13

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