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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00484-00

Fecha
27 de febrero de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00484-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 14 “Sentencia T-102 de 2006.” 15 En este mismo sentido se pronunció la Sala en un caso similar, el cual fue analizado en la providencia de 23 de marzo de 2023, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 11001-03-15- 000-2023-01047-00. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Noé Cabra Cano Demandados: La Nación, Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00484-00 PRIMERO: Declárase la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca- Amazonas ambas del Consejo Superior de la Judicatura, por las razones expuestas. SEGUNDO: Deniégase la falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. TERCERO: Declárase improcedente la acción de tutela de la referencia, por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional. CUARTO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-00484-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

27 de febrero de 2025

Demandante: Noé Cabra Cano
Demandados: La Nación, Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00484-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00484-00
Demandante: NOÉ CABRA CANO
Demandados: LA NACIÓN, RAMA JUDICIAL- DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente
por falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en
ejercicio de la acción de amparo prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Noé Cabra Cano por intermedio de apoderado judicial, invocó la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.

Consideró vulneradas dichas garantías con ocasión de la providencia del 26
de septiembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, que confirmó la sentencia
dictada por el Juzgado 62 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá el
28 de noviembre de 2022, que declaró probada la excepción de caducidad
dentro del medio de control de reparación directa instaurado en contra de la
Nación- Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el
Ministerio de Defensa Nacional- Fuerza Aérea Colombiana y la Caja de Retiro
de las Fuerzas Militares, con radicado 11001-33-43-062-2022-00012-00/01.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora solicitó:

PRIMERA: Que se TUTELEN los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO y al ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, los

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Demandante: Noé Cabra Cano
Demandados: La Nación, Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y otro
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cuales están siendo vulnerados a mi defendido, por la Sentencia del 26 de
septiembre de 2024 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección A, que confirmó la Sentencia de Primera
Instancia.

SEGUNDA: Que se REVOQUE la Sentencia del 26 de septiembre de 2024
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección A, por medio del cual se confirmó la Sentencia de Primera
Instancia.

TERCERA: Que se PROFIERA decisión sustitutiva disponiendo la
admisión de la Acción de Reparación Directa con Radicado
Nº.110013343062-2022-00012-00 (1ra instancia).

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

1.3. Hechos

La Sala encontró demostrados los supuestos fácticos que a continuación se
relacionan, los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la
sentencia:

Indicó el accionante que ingresó a la Escuela de Suboficiales de la Fuerza
Aérea- ESUFA como estudiante desde el 24 de enero de 2000 hasta el 16 de
diciembre de 2002.

Expuso que con la expedición del Decreto Ley 1790 de 2000 por parte del
Gobierno Nacional que modificó el Decreto 1211 de 1990, se defraudaron las
expectativas legítimas de los estudiantes que se encontraban en las escuelas
de formación militar por cuanto se reformó la jerarquía militar vigente para el
momento del ingreso.

Afirmó que, de haberse protegido la expectativa legítima al ingresar al
escalafón militar, debió ser con el grado de Técnico Cuarto y no como
Aerotécnico como acaeció, por lo cual siempre ostentó un grado inferior al
que debía tener, lo que le impidió ascender conforme a los tiempos de
servicio hasta el grado de Técnico Subjefe, con lo cual su asignación de retiro
hubiere sido de mayor cuantía.

Informó que presentó demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa contra la Nación- Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República- DAPRE, Ministerio de Defensa Nacional- Fuerza
Aérea Colombiana- FAC y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares-
CREMIL, con el fin de obtener el pago de los perjuicios ocasionados con la
expedición del Decreto 1790 de 2000, proceso que correspondió al Juzgado
62 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, con el radicado11001-33-
43-062-2022-00012-00.

Estimó que el daño consistió en los saldos de los sueldos básicos a que tenía
derecho conforme al grado que le correspondía durante el tiempo de servicio
activo y los dejados de recibir de haberse reconocido y liquidado su

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asignación de retiro como técnico subjefe.

En sentencia del 28 de noviembre de 2022, el Juzgado de conocimiento
declaró probada la excepción de caducidad del medio de control conforme lo
indica el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y en consecuencia se inhibió de estudiar el fondo
del asunto.

Expuso la autoridad con fundamento en providencia de la corporación1 que el
término de caducidad del medio de control de reparación directa para obtener
el pago de los perjuicios ocasionados con la expedición del Decreto 1790 de
2000 se debe contar desde el día siguiente al 14 de septiembre de 2000,
fecha en la que se publicó y entró en vigencia y no desde que se reconoció a
Noé Cabra Cano su asignación de retiro.

En consecuencia, el cómputo del término de caducidad de dos años previsto
en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, feneció el 15 de septiembre de 20002 con lo que
se establece que al 19 de enero de 2022, fecha de presentación de la
demanda se ejercitó fuera del término concedido en la norma citada.

La parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la
sentencia proferida, el que fue decidido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A en sentencia del 26 de
septiembre de 2024, la que confirmó la dictada en primera instancia.

El Ad-quem, contrario a lo sostenido por el apelante de que la expectativa
legítima es un daño continuado o de tracto sucesivo sin que haya podido
acceder a la justicia mientras estuvo activo en la carrera militar, encontró que
el daño aludido es de naturaleza instantánea que se identifica en un momento
preciso3, lo que también se predica si se aplica el término de caducidad desde
que ingresó el demandante al escalafón militar el 17 de diciembre de 2002.

1.4. Sustento de la petición

La parte actora invoca el defecto de violación directa de la Constitución en
virtud del cual se le vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso,
el acceso a la administración de justicia, proyecto de vida y principios como la
confianza legítima para negar sin fundamento la responsabilidad del Estado
por el hecho del Legislador.

En cuanto a los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia y al principio de la prevalencia del derecho
1 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto julio 21 de 2016 Exp. 56.772 M.P. Jaime Orlando

Santofimio Gamboa.
2 Los dos años terminaban en el 2002.
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,

C.P. Nicolás Yepes Corrales providencia del 24 de enero de 2024 radicado
25000233600020150079701 y C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas radicado
47001233300020140004601.

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sustancial, expuso que como consecuencia de la efectiva oportunidad y
capacidad de impulsar pretensiones jurisdiccionales, es posible entablar un
proceso justo, recto y garantista, que decida sobre los derechos en
controversia, trámite en el cual puede configurarse un defecto procedimental
por “exceso ritual manifiesto” cuando se renuncia de manera consciente del fin
último del derecho sustancial por extremo rigor en la aplicación de las normas
procesales como acaeció con relación al cómputo de la caducidad, el que se
debe flexibilizar teniendo en cuenta las circunstancias particulares que se
presentaron en el asunto.

Así mismo relató que la sentencia cuestionada desconoció que, el daño al
proyecto de vida se hace exigible en razón a su vínculo directo con los
derechos fundamentales de libertad y trabajo, ya que la realización personal y
profesional del accionante encaminadas a desarrollar una carrera dentro de la
Fuerza Aérea Colombiana y la garantía de ingresar al escalafón militar en el
grado de Técnico Cuarto como fue ofrecido por la Escuela de Suboficiales de
la Fuerza Aérea, sin que haya sido posible exigir la protección de sus
derechos dada la situación de subordinación e indefensión comprometiendo
su proyecto de vida, su derecho al trabajo, seguridad social, libre desarrollo de
la personalidad, educación y el mínimo vital tanto personal como el de su
núcleo familiar.

1.5. Trámite e intervenciones

Mediante auto del 5 de febrero de 2025, el despacho ponente admitió la
acción de tutela, ordenó notificar esta decisión a la parte actora, a la Nación,
Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a los
magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A.

Además, vinculó como terceros con interés al Departamento Administrativo de
la Presidencia de la República (DAPRE), al Ministerio de Defensa Nacional-
Fuerza Aérea Colombiana (FAC), a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
(CREMIL) y al Juzgado 62 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.

Remitidas las respectivas comunicaciones4, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1. Consejo Superior de la Judicatura-Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial

En escrito enviado el 6 de febrero de 2025, el abogado adscrito a la Unidad de
Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de
conformidad con el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con
las funciones de la entidad contenidas en la Ley 270 de 1996, expuso que en
ningún momento la autoridad fue vinculada como extremo accionado o tercero
con interés dentro del medio de control promovido por el accionante así como

4 Mediante oficios enviados por correo electrónico el 22 de enero de 2025. Índice 7 Samai.

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tampoco estar dentro de sus funciones la de dejar sin efectos decisiones
proferidas en el trámite de procesos judiciales.

En consecuencia, solicitó la desvinculación de la acción de amparo, y negar
las pretensiones de la demanda por no existir vulneración de los derechos
fundamentales invocados por el actor.

1.5.2. Consejo Superior de la Judicatura- Dirección Seccional de
Administración Judicial de Cundinamarca- Amazonas

El director (E) solicitó declarar improcedente la acción en razón a la falta de
legitimación en la causa por pasiva por cuanto en los hechos y pretensiones
indicadas en la acción de amparo ninguna vulneración se le endilga.

1.5.3. Juzgado 62 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá

La titular del despacho judicial en informe del 7 de febrero del presente año,
señaló que el proceso fue adelantado en debida forma bajo el procedimiento
prescrito en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, sin que haya vulnerado derecho fundamental alguno al
accionante, constituyendo los argumentos de la acción de amparo en un
simple desacuerdo con lo decidido tanto en primera como segunda instancia.

1.5.4. Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

Mediante escrito de la apoderada judicial de la entidad manifestó que no
existió vulneración alguna a los derechos fundamentales del debido proceso y
de acceso a la administración de justicia del demandante ya que tuvo a su
disposición los medios de defensa y se benefició de todas las etapas
procesales.

Expuso que constituye cosa juzgada la sentencia cuestionada y en firme, sin
que sea permitido plantear de nuevo el pleito por existir aspectos comunes de
partes, procedimiento, juez y naturaleza de la decisión, por lo cual se pretende
con la presente acción de amparo se reconozcan unas peticiones que ya
fueron debatidas y sobre las cuales existen pronunciamientos judiciales de
fondo.

Por lo tanto, solicitó se declare improcedente la acción de tutela por cuanto las
sentencias judiciales han sido falladas conforme al ordenamiento jurídico para
el caso.

1.5.5. Presidencia de la República

La entidad convocada por intermedio de mandataria judicial indicó que se
evidencia inexistencia de vulneración a los derechos fundamentales del actor
e invoca la falta de legitimación en la causa por pasiva por cuanto la autoridad
administrativa no violó o amenazó por acción u omisión los derechos del

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demandante sin que en sus funciones fijadas por el Decreto 2647 de 2022 se
encuentre la de proferir providencias judiciales a pesar de integrar la parte
demandada en el proceso ordinario.

En consecuencia, solicitó se le desvincule de la acción de tutela.

1.5.6. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A

Expuso la magistrada ponente de la decisión cuestionada que, al estudiar los
argumentos expuestos en la apelación, la sala confirmó la decisión declarar la
caducidad del medio de control instaurado ya que desde el pronunciamiento
del Decreto 1790 de 2000 el demandante conoció la afectación a sus
expectativas laborales ante la reforma a la remuneración y condiciones del
empleo al que había optado, sin que sea admisible contarlo desde el retiro del
servicio.

Indica que antes de configurarse violación directa a la Constitución, lo cierto
es que los cuestionamientos son reiteración de las inconformidades
planteadas en las instancias ordinarias, en las que fueron ampliamente
debatidas y analizadas.

Así mismo manifestó que el tutelante se enfoca en la interpretación de normas
sobre ascensos en la Fuerza pública y la facultad discrecional de la entidad,
asunto de naturaleza legal y económica que no tiene relevancia constitucional.

Solicitó declarar improcedente la acción de tutela porque no tiene fundamento
constitucional, ya que se limita a aspectos de interpre3tación legal y
económicos y no se evidencia situación de indefensión que justifique la
intervención del juez constitucional.

A pesar de haber sido notificados en debida forma, el Ministerio de Defensa
Nacional- Fuerza Aérea Colombiana (FAC), no se pronunciaron.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el numeral 5 del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021, así como por el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación .

2.2. Cuestión Previa
La Sala accederá a la solicitud de falta de legitimación en la causa por pasiva
formulada por la -Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Dirección

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Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca- Amazonas ambas del
Consejo Superior de la Judicatura por no haber integrado la parte demandada
en el proceso de reparación directa.

De igual manera se negará la petición de falta de legitimación en la causa por
pasiva formulada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República ya que su vinculación fue como tercero con interés por haber
integrado la parte demandada en el proceso ordinario.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala analizar si la solicitud de tutela cumple con los
requisitos de procedibilidad adjetiva y, de superarse lo anterior, deberá
verificar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, al presuntamente incurrir en violación
directa a la Constitución al proferir la sentencia del 26 de septiembre de 2024.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes temas: i) el criterio
de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales; ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y
finalmente, de encontrarse superados se estudiará, iii) el caso concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de
20125, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema6.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección,
decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte
resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción contra providencias
judiciales7.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados
hasta el momento jurisprudencialmente”.

5 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN

DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada
Ponente: María Elizabeth García González.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena

antes reseñada.
7 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela

contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta
providencia.

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Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 20148, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia
judicial.

2.5. Estudio sobre la relevancia constitucional

La Corte Constitucional en la sentencia SU 215 de 2022, en cuanto a la
procedencia de la acción constitucional de cara a este requisito, indicó:

40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez
debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra
una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. (…) (Énfasis
de la Sala)

La Sala en sentencia del 29 de septiembre de 20229, modificó la postura que
tenía hasta ese momento sobre el estudio del requisito de relevancia
constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente
que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se
pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional.

De esta manera, la Sala planteó que el estudio de la relevancia constitucional
debía estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte
Constitucional y acogidos por esta Corporación, que en concreto se refieren a:

i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales, ya que no basta que simplemente se aduzca
la vulneración de aquellos;

ii) Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al
proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada,
puesto que este mecanismo solo está instituido para proteger derechos

8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto

de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica.
actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29

de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil.

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fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga
frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate
exclusivamente legal; y

iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una
vulneración ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque
estas controversias corresponde definirlas a los jueces ordinarios y el
mecanismo constitucional no puede convertirse en una tercera
instancia.

Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con
especial rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia
atacada se presenta una afectación desproporcionada a un derecho
fundamental producto de una actuación arbitraria.

Así, este requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración
de los derechos fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes
que permitan advertir tal situación a primera vista, especialmente cuando se
ejerce este mecanismo constitucional contra una sentencia de un órgano de
cierre10.

Bajo las anteriores consideraciones, se desarrollará el caso en particular.

2.6. Caso Concreto

La parte actora cuestionó la providencia del 26 de septiembre de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, que confirmó la sentencia dictada por el Juzgado 62
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá el 28 de noviembre de 2022,
que declaró probada la excepción de caducidad dentro del medio de control
de reparación directa instaurado en contra de la Nación-Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa
Nacional- Fuerza Aérea Colombiana y la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares, con radicado 11001-33-43-062-2022-00012-00/01.

El requisito de la relevancia constitucional como presupuesto general de la
acción de tutela tiene tres finalidades, a saber:

“(…) (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional11 y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera
legalidad12; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de
relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales13 y,

10 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.
11 “Sentencia C-590 de 2005.”
12 “Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008...”.
13 “Sentencia C-590 de 2005.”

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finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia
o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces14”.

Por tanto, en la controversia que se plantea en el marco de una acción de
tutela debe advertirse su trascendencia constitucional, pues de lo contrario, el
juez constitucional tendría que inmiscuirse en cuestiones que desbordan su
competencia y podrían desnaturalizar el carácter excepcional y especial de la
solicitud de amparo.

En tal ejercicio, se establece que la parte actora sostuvo que la autoridad
judicial interpretó la normativa que regula la caducidad del medio de control de
reparación directa de forma restrictiva y sin tener en cuenta las
particularidades del caso, lo que llevó a que incurriera a un exceso de ritual
manifiesto.

No obstante, no cumplió con la carga argumentativa suficiente para
determinar una posible tensión entre los derechos fundamentales invocados y
la providencia cuestionada, pues el tutelante se limitó a cuestionar la decisión
de declarar la caducidad sin exponer siquiera las razones por las cuales la
decisión es irracional y lesiva de garantías constitucionales.

La Sala establece que de las argumentaciones propuestas en la acción de
tutela, se advierte que la controversia planteada por la parte actora no impacta
la garantía de derechos fundamentales, por cuanto la controversia con
relación de haber declarado probada la excepción de caducidad del medio de
control de reparación directa fue definida, sin que sea permitido reabrir
nuevamente ese debate ya zanjado por el juez natural, so pretexto de
pretender una interpretación favorable para sus intereses cuando no se
acreditó que la misma contraría de manera ostensible las disposiciones que
regulan la materia.

En este orden de ideas, la Sala declarará improcedente la solicitud de tutela
toda vez que el reclamo de la parte actora carece de relevancia constitucional,
al no exponer argumentos con los cuales se vislumbre que el proceder de la
accionada fue arbitrario o que impacte la garantía de los derechos
fundamentales invocados, sino que lo pretendido es convertir este mecanismo
de amparo en una instancia adicional al proceso ordinario para que se
resuelva una controversia que se reduce a un debate meramente legal15.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

III. FALLA

14 “Sentencia T-102 de 2006.”
15 En este mismo sentido se pronunció la Sala en un caso similar, el cual fue analizado en la

providencia de 23 de marzo de 2023, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 11001-03-15-
000-2023-01047-00.

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Demandante: Noé Cabra Cano
Demandados: La Nación, Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00484-00

PRIMERO: Declárase la falta de legitimación en la causa por pasiva de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Dirección Seccional de
Administración Judicial de Cundinamarca- Amazonas ambas del Consejo
Superior de la Judicatura, por las razones expuestas.

SEGUNDO: Deniégase la falta de legitimación en la causa por pasiva
propuesta por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República.
TERCERO: Declárase improcedente la acción de tutela de la referencia, por
no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional.

CUARTO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”

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