Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06363-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06363-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06363-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
13 de febrero de 2025
Demandantes: Uriel Panadero Romero y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06363-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06363-00
Demandantes: URIEL PANADERO ROMERO Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META
Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente
por falta de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en
ejercicio de la acción de amparo prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Los señores Uriel Panadero Romero, Yuly Alexandra Panadero Castañeda,
Uriel Panadero Molina, María Romero Duarte, José Benito Panadero Romero,
Olga Lucía Panadero Romero, María Consuelo Panadero Romero y Brayan
Stiveen Panadero Castañeda por intermedio de apoderado judicial invocaron
la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad
y desconocimiento del precedente.
Consideraron vulneradas dichas garantías con ocasión de la providencia del
11 de julio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, mediante
la cual se revocó la sentencia dictada por el Juzgado 1 Administrativo del
Circuito Judicial de Villavicencio el 6 de mayo de 2016, dentro del medio de
control de reparación directa instaurado en contra de la Nación - Rama
Judicial y la Fiscalía General de la Nación con radicado 50001-33-33-001-
2014-00069-00/01.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte actora solicitó:
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Demandantes: Uriel Panadero Romero y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06363-00
1. DECLARAR que EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META, ha
vulnerado los derechos incoados por mis representados.
2. CONCEDER la tutela del derecho al debido proceso de mis
prohijados.
3. DEJAR SIN EFECTO la sentencia proferida el 11 de julio de 2024,
proferida por EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META.
4. Que, en consecuencia, se le ORDENE al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL META, que dentro de los 40 días siguientes
a la notificación de la providencia, emita una decisión de remplazo, en
el sentido de acceder a las súplicas de la demanda, analizando el
caso también bajo el régimen de DAÑO ESPECIAL, valorando todas
y cada una de las pruebas obrantes en el expediente.
La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
1.3. Hechos
La Sala encontró demostrados los supuestos fácticos que a continuación se
relacionan, los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la
sentencia:
El día 8 de octubre de 2011 el señor Uriel Panadero Romero se desplazaba
desde el municipio de San José del Guaviare al de Villavicencio en vehículo
del servicio público de placas XZG471, automotor que fuera objeto de retén de
la Policía Nacional en el peaje ubicado a la entrada del municipio de Acacías-
Meta.
En la inspección realizada al vehículo, la autoridad encontró en el baúl once
paquetes que contenían base de coca, motivo por el cual el accionante y el
señor Marco Antonio Ramírez Romero fueron detenidos y puestos a
disposición de la Fiscalía 11 Local del municipio de Guamal (Meta ) siéndoles
legalizada la captura por parte del Juez Promiscuo Municipal de Castilla la
Nueva con funciones de Control de Garantías en audiencia del día 10 de
octubre de 2011 por los delitos de tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes e impuso medida de aseguramiento de detención preventiva
en establecimiento carcelario.
La Fiscalía 12 Especializada de Villavicencio en escrito del 2 de diciembre de
2011 radicó solicitud de preclusión de la investigación en favor del señor Uriel
Panadero Romero ante la imposibilidad de desvirtuar la presunción de
inocencia, por cuanto no se encontraron elementos materiales probatorios
para seguir con la investigación, petición resuelta por el Juzgado Segundo
Penal del Circuito Especializado de Villavicencio en audiencia del 6 enero de
2012 declaró la preclusión de la investigación por los delitos investigados ,
por cuanto no se logró establecer la participación del ciudadano Panadero
Romero, disponiendo en consecuencia su libertad.
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Informó la parte accionante que la privación injusta de la libertad del señor
Panadero Romero acaecida desde el 8 de octubre de 2011 hasta el 6 de
enero de 2012 ocasionó grandes perjuicios morales, materiales a todo su
núcleo familiar, que debe ser resarcido por la Fiscalía General de la Nación y
la Nación- Rama Judicial.
Los señores Uriel Panadero Romero en nombre propio y en representación
de su menor hijo Brayan Stiveen Panadero Castañeda, y Ana Rocío
Castañeda Pérez, Yuly Alexandra Panadero Castañeda, Uriel Panadero
Molina, María Romero Duarte, Ana Mercedes Panadero Romero, José Benito
Panadero Romero, Olga Lucía Panadero Romero, María Consuelo Panadero
Romero, Norbey Fernando Panadero Romero y Ana Delia Panadero Romero
como integrantes del grupo familiar por intermedio de apoderado judicial,
instauraron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa
en contra de la Nación- Fiscalía General de la Nación y la Nación- Rama
Judicial, proceso que correspondió al Juzgado 1 Administrativo Oral del
Circuito de Villavicencio con el radicado 50001-33-33-001-2014-00069-00/01.
En sentencia del 6 de mayo de 2016, el Juzgado de conocimiento accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda para declarar administrativa y
solidariamente responsables a las demandadas por los perjuicios
ocasionados a los demandantes como consecuencia de la privación injusta
de la libertad de la que fue objeto el señor Uriel Panadero Romero,
condenando al pago de las sumas mencionadas en los puntos segundo y
tercero de la providencia, así como también al pago de las costas y agencias
en derecho.
Expuso que si bien se vinculó al citado al proceso penal, para la Fiscalía
estaba claro que el mismo no había incurrido en la conducta constitutiva del
hecho punible, pues tal deducción se establecía del material probatorio
obrante al expediente y que sirvieron de fundamento para solicitar ante el
Juez de Control de Garantías la imposición de la medida de aseguramiento y
con posterioridad la preclusión de la investigación a la que accedió el
Juzgado de conocimiento, lo que lleva a concluir que su decreto se tornó
injusta la privación de la libertad del demandante.
De igual manera aclaró que al Juez de lo Contencioso Administrativo no le
corresponde valorar nuevamente el caudal probatorio recaudado por la
autoridad penal, por el contrario, se circunscribe en establecer si la medida de
privación de la libertad fue injusta por el hecho de haber dispuesto la misma
autoridad, decisión de preclusión o absolución lo que da lugar a declarar la
responsabilidad del Estado al configurarse una de las eventualidades
previstas para la procedencia de la misma bajo el régimen objetivo.
La parte actora y demandada interpusieron recurso de apelación en contra de
la sentencia proferida, impugnación que fuera decidido por el Tribunal
Administrativo del Meta en providencia del 11 de julio de 2024 mediante la
cual revocó en su integridad la proferida en primera instancia, para en su
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lugar negar las pretensiones y sin condena en costas de segunda instancia.
El ad-quem indicó que al momento de la imposición de la medida de
aseguramiento de detención preventiva se cumplieron los requisitos exigidos
por la normativa para tomar dicha decisión sin que las circunstancias de
hecho y prontitud con la que se desencadenó la suerte del demandante, la
privación de su libertad haya resultado injusta, por lo que debía ser
soportada.
Refirió que conforme a sentencias del Consejo de Estado1 el hecho de que
una persona sea privada de libertad y con posterioridad en el proceso penal
sea beneficiada con la preclusión de la investigación, no es suficiente para
declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, ya que se debe establecer
si la medida restrictiva resultó injusta y en consecuencia genere un daño
antijurídico imputable a la administración.
Indicó con base en el análisis del material probatorio allegado al expediente,
que la medida de aseguramiento resultó legal, razonable y proporcional, pues
cumplió con los requisitos previstos en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004,
por cuanto el informe de la policía nacional da fe que la captura de los
implicados lo fue en flagrancia en el momento en que trasportaban los 14
kilos de cocaína en el vehículo en el que se trasportaban con lo que se
infiere razonablemente que era partícipe de la conducta delictiva investigada,
sustancia que resultó positiva para cocaína y sus derivados.
De igual manera con relación a la necesidad de la medida, expuso que
conforme al acta de audiencia de imposición de la medida la autoridad se
expresó que a pesar que el señor Uriel Panadero Romero no tenía
antecedentes judiciales, no se podía desconocer la naturaleza de la conducta
punible, por lo que se tornaba necesaria para asegurar el cumplimiento de la
eventual pena que se impusiera.
Manifestó que no resultaba pertinente aplicar el régimen objetivo de
responsabilidad por daño especial, pues, la absolución no se produjo por la
acreditación de la inocencia material del demandante, es decir, porque el
hecho no existió, la persona no lo cometió o la conducta no constituye delito,
ya que se dio por virtud de la ruptura de la unidad procesal generada por la
declaración posterior de su primo Marco Antonio Ramírez al afirmar que el
señor Panadero Romero no estaba enterado del cargamento que
transportaba.
1.4. Sustento de la petición
La parte actora indicó como defectos con los cuales se vulneraron sus
derechos fundamentales, el fáctico, el sustantivo y desconocimiento del
1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del
15 de agosto de 2018, Exp. 66001-23-31-000-2010-00235 01 (46.947)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 24
de septiembre de 2020, Exp: 81001-23-31-000-2011-00067-01(52829)
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precedente constitucional.
Expuso con relación al defecto fáctico que el Juez Promiscuo Municipal de
Castilla la Nueva con funciones de Control de Garantías al momento de
imponer la medida de aseguramiento no tenía pruebas con las cuales se
podía inferir razonadamente que el señor Uriel Panadero Romero pudiera ser
autor o partícipe del delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.
Por el contrario, no se tuvo en cuenta que el citado explicó y aclaró que el
conductor del vehículo lo transportaba para realizar una diligencia que
requería y que desconocía lo que este transportaba, lo que constituía un nexo
ocasional con la sustancia hallada en el automotor, sin que el informe de
policía constituya prueba idónea para respaldar la medida de aseguramiento
como lo ha señalado la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de
Estado2.
Así mismo, no se tuvo en cuenta lo dispuesto en el artículo 308 del Código de
Procedimiento Penal en el sentido de argumentar con medios probatorios la
decisión de que el procesado no iba a comparecer al proceso o que
constituyera un peligro para la sociedad o que tuviera la capacidad para
ocultar, destruir, entorpecer o deformar elementos probatorios importantes
para la instrucción.
Afirmaron, que en la sentencia del 11 de julio de 2024 se configuró un defecto
fáctico por deficiente valoración probatoria, por cuanto se acreditó que la
decisión de restringir preventivamente la libertad del señor Uriel Panadero
Romero sí fue inapropiada, irrazonable y arbitraria.
En cuanto al defecto material o sustantivo indicó que, al estar ante una
responsabilidad objetiva, bastaba probar el daño antijurídico y la imputación a
las entidades demandadas. Pero, el juez de instancia incurrió en una indebida
aplicación del título de imputación, acudiendo a una responsabilidad subjetiva
para determinar que la medida de aseguramiento fue apropiada y razonable,
debiendo asumir el procesado su trámite.
Con relación al desconocimiento del precedente jurisprudencial los
accionantes no indicaron el precedente desconocido y mucho menos la regla
o sub-regla contenida en sentencia dictada por el órgano de cierre que obligue
a su aplicación a la controversia.
1.5. Trámite e intervenciones
Declarado infundado el impedimento manifestado por el ponente del trámite
tutelar mediante auto del 5 de diciembre de 2024, a través de providencia del
12 del mismo mes y año, el despacho admitió la acción de tutela, ordenó
2 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 7 de octubre de 2020
radicado 54001-23-31-000-2008-00361-01. CP Nicolás Yepes Corrales.
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notificar esta decisión a la parte actora y a los magistrados que integran el
Tribunal Administrativo del Meta.
Además, vinculó como terceros con interés al Juzgado 1 Administrativo del
Circuito Judicial de Villavicencio, a la fiscalía general de la Nación y a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
Así mismo, ordenó comunicar la existencia de la acción de tutela a los
señores Ana Rocío Castañeda Pérez, Ana Mercedes Panadero Romero, Ana
Delia Panadero Romero y Norbey Fernando Panadero Romero quienes
también integraron la parte demandante en el proceso de reparación directa
promovido por el señor Uriel Panadero Romero y otros.
Remitidas las respectivas comunicaciones3, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.5.1. Consejo Superior de la Judicatura- Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
En escrito del 16 de diciembre de 2024, la abogada adscrita a la Unidad de
Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, solicitó
de conformidad con el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia
con la Ley 2770 de 1996 se declare su falta de legitimación pasiva por no
haber dictado la sentencia con la cual se haya vulnerado los derechos
fundamentales de los accionantes como tampoco tener entre sus funciones
la de dejar sin efectos decisiones judiciales o insinuar el sentido de sus
decisiones.
A pesar de lo anterior, expresó que con el escrito de tutela se pretende revivir
un litigio que se llevó a cabo bajo las ritualidades de rigor y con las garantías
que le asiste a cada uno de los sujetos procesales.
Solicitó desestimar las pretensiones por no evidenciarse vulneración alguna
respecto de la DEAJ, al configurarse falta de legitimación material en la causa
por pasiva.
1.5.2. Fiscalía General de la Nación
Mediante comunicación suscrita por la profesional especializada de la
Dirección de Asuntos Jurídicos de la entidad con fundamento en el artículo 13
del Decreto 2591 de 1991 pidió se declare la falta de legitimación en la causa
por pasiva por no existir relación de causalidad de acción u omisión por parte
de la fiscalía y la actuación judicial cuestionada.
Indica que la acción de amparo no cumple con el requisito de la
subsidiariedad ya que la Ley 1437 de 2011 prevé recursos ordinarios y
extraordinarios para solicitar el amparo de sus derechos, sin que refiera vía o
3 Mediante oficios enviados por correo electrónico el 13 de diciembre de 2024.
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medio alguno, a menos que se demuestre la existencia de una amenaza
contundente en la consumación de un perjuicio irremediable, que haga
necesaria la intervención de un juez constitucional.
Expresó que la Corte Constitucional ha señalado que corresponde a la parte
actora identificar de manera precisa los hechos que generaron la vulneración
de sus derechos fundamentales, así como también sustentar tal afectación a
sus garantías en el proceso judicial.
Solicitó se declare improcedente la acción de tutela formulada, así como
también disponer la falta de legitimación en la causa por pasiva.
1.5.3. Tribunal Administrativo del Meta
En comunicación del 15 de enero de 2025, el magistrado ponente de la
decisión cuestionada manifestó que la providencia no incurre en los defectos
endilgados, ya que se indicaron las razones de hecho y de derecho que se
estimaron pertinentes y que sirvieron de soporte para la decisión adoptada,
motivo por el cual se ratificó en los fundamentos de la misma.
A pesar de haber sido notificada en debida forma, el titular del juzgado 1
Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio y demás terceros con
interés, no se pronunciaron.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el numeral 5 del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021, así como por el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación .
2.2. Cuestión Previa
La Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial solicitó la desvinculación
por falta de legitimación en la causa por pasiva, por no existir relación de
causalidad de acción u omisión por parte de la fiscalía y la actuación judicial
cuestionada, solicitud que se negará en atención a que fue citada como
tercera con interés por ser parte demandada en el proceso ordinario.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala analizar si la solicitud de tutela cumple con los
requisitos de procedibilidad adjetiva y, de superarse lo anterior, deberá
verificar si el Tribunal Administrativo del Meta, vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y desconocimiento del
precedente al dictar la providencia del 11 de julio de 2024 mediante la cual se
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revocó la sentencia dictada por el Juzgado 1 Administrativo del Circuito
Judicial de Villavicencio el 6 de mayo de 2016, dentro del medio de control de
reparación directa instaurado en contra de la Nación - Rama Judicial y la
Fiscalía General de la Nación con radicado 50001-33-33-001-2014-00069-
00/01.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes temas: i) el criterio
de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales; ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y
finalmente, de encontrarse superados se estudiará, iii) el caso concreto.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de
20124, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema5.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección,
decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte
resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción contra providencias
judiciales6.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados
hasta el momento jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 20147, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia
judicial.
2.5. Estudio sobre la relevancia constitucional
La Corte Constitucional en la sentencia SU 215 de 2022, en cuanto a la
procedencia de la acción constitucional de cara a este requisito, indicó:
4 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN
DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada
Ponente: María Elizabeth García González.
5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñada.
6 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta
providencia.
7 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto
de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica.
actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que
la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir
debates meramente legales. Para determinar si este requisito se
cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se
limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando
la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una
alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o
violatoria de derechos fundamentales. (…) (Énfasis de la Sala)
La Sala en sentencia del 29 de septiembre de 20228, modificó la postura que
tenía hasta ese momento sobre el estudio del requisito de relevancia
constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente
que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se
pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional.
De esta manera, la Sala planteó que el estudio de la relevancia constitucional
debía estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte
Constitucional y acogidos por esta Corporación, que en concreto se refieren a:
i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales, ya que no basta que simplemente se aduzca
la vulneración de aquellos;
ii) Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al
proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada,
puesto que este mecanismo solo está instituido para proteger derechos
fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga
frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate
exclusivamente legal; y
iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una
vulneración ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque
estas controversias corresponde definirlas a los jueces ordinarios y el
mecanismo constitucional no puede convertirse en una tercera
instancia.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29
de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil.
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Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con
especial rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia
atacada se presenta una afectación desproporcionada a un derecho
fundamental producto de una actuación arbitraria.
Así, este requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración
de los derechos fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes
que permitan advertir tal situación a primera vista, especialmente cuando se
ejerce este mecanismo constitucional contra una sentencia de un órgano de
cierre9.
Bajo las anteriores consideraciones, se desarrollará el caso en particular.
2.6. Caso Concreto
La parte actora cuestionó la providencia del 11 de julio de 2024 proferida por
el Tribunal Administrativo del Meta, mediante la cual revocó la dictada por el
Juzgado 1 Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio el 6 de mayo de
2016 y en consecuencia negó las pretensiones de la demanda dentro del
medio de control de reparación directa instaurado en contra de la Nación -
Rama Judicial y la fiscalía general de la Nación con radicado 50001-33-33-
001-2014-00069-00/01.
El requisito de la relevancia constitucional como presupuesto general de la
acción de tutela tiene tres finalidades, a saber:
“(…) (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional10 y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera
legalidad11; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de
relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales12 y,
finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia
o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces13”.
Por tanto, en la controversia que se plantea en el marco de una acción de
tutela debe advertirse su trascendencia constitucional, pues de lo contrario, el
juez constitucional tendría que inmiscuirse en cuestiones que desbordan su
competencia y podrían desnaturalizar el carácter excepcional y especial de la
solicitud de amparo.
En tal ejercicio, se establece que la actora invocó como cargos los defectos
fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente que los desarrolló bajo su
interpretación de la valoración que de los medios probatorios realizó la
accionada, sin acreditar que la misma resultó irrazonable o caprichosa, o que
9 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.
10 “Sentencia C-590 de 2005.”
11 “Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008...”.
12 “Sentencia C-590 de 2005.”
13 “Sentencia T-102 de 2006.”
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Demandantes: Uriel Panadero Romero y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06363-00
fue erróneo el régimen jurídico aplicado a la controversia, o que se desatendió
una regla o sub-regla contenida en las sentencias mencionadas por el órgano
de cierre que obligue a su aplicación al caso concreto.
La Sala establece que de las argumentaciones propuestas en la acción de
tutela, se advierte que la controversia planteada por la parte actora no
impacta la garantía de derechos fundamentales, por cuanto la discusión de la
responsabilidad de los demandados como consecuencia de la privación de la
libertad del señor Uriel Panadero Romero, sin que le sea permitido reabrir
nuevamente ese debate ya zanjado por el juez natural, so pretexto de
pretender una interpretación favorable para sus intereses cuando no se
acreditó que la misma contraría de manera ostensible las disposiciones que
regulan la materia.
Entonces, el asunto en estudio gira en torno a una cuestión meramente legal,
pues la inconformidad de los accionantes se limita a la presunta valoración
insuficiente y/o errónea del Tribunal Administrativo del Meta de los medios
probatorios con los cuales se profirió medida de aseguramiento de detención
privativa de la libertad en establecimiento carcelario.
En este orden de ideas, la Sala declarará improcedente la solicitud de tutela
toda vez que el reclamo de la parte actora carece de relevancia constitucional,
al no exponer argumentos con los cuales se vislumbre que el proceder de la
accionada fue arbitrario que impacte la garantía de los derechos
fundamentales invocados, sino que lo pretendido es convertir este mecanismo
de amparo en una instancia adicional al proceso ordinario para que se
resuelva una controversia que se reduce a un debate meramente legal y
económico14.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: Niegáse la solicitud de falta de legitimación en la causa por
pasiva presentada por la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial.
SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela de la referencia, por
no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
TERCERO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
14 En este mismo sentido se pronunció la Sala en un caso similar, el cual fue analizado en la
providencia de 23 de marzo de 2023, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 11001-03-15-
000-2023-01047-00.
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CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”
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