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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04641-00

Fecha
26 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04641-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declárase improcedente la acción de tutela de la referencia, por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-04641-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

26 de septiembre de 2024

Demandante: Centro Tecnológico De Cúcuta
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Rad: 11001-03-15-000-2024-04641-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04641-00
Demandante: CENTRO TECNOLOGICO DE CÚCUTA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

Temas: Tutela contra providencia judicial. Falta de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir la solicitud formulada por la parte actora en ejercicio
de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86 y
desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Edwin Hernney Duarte Gómez, en representación del Centro
Tecnológico de Cúcuta, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, con el fin de obtener el amparo de sus
derechos fundamentales al fundamentales a la igualdad y al debido proceso.

La parte accionante consideró vulneradas tales garantías con la sentencia
proferida por la autoridad accionada del 11 de julio de 2024, que confirmó la
decisión proferida en primera instancia por el Juzgado 5° Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Cúcuta del 26 de marzo de 2021, dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado en su contra.

1.2. Pretensiones

El accionante solicitó «Que se protejan los derechos al debido proceso y a la
igualdad, conforme a esto, revocar y dejar sin efecto las sentencias emitidas por
el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Cúcuta, y el Tribunal Administrativo De
Norte De Santander».

1.3. Hechos

Los siguientes son los supuestos fácticos, jurídicamente relevantes, que se
encuentran acreditados en el expediente:

La señora Rosalba Martínez Torres interpuso demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra el Centro Tecnológico
1
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Demandante: Centro Tecnológico De Cúcuta
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Rad: 11001-03-15-000-2024-04641-00

de Cúcuta, con el fin de obtener la nulidad del acto administrativo 0971,
proferido el 12 de septiembre de 2016, mediante el cual se negó la existencia de
un contrato realidad.

El proceso correspondió por reparto al Juzgado Quinto Administrativo Oral del
Circuito de Cúcuta. Mediante sentencia del 26 de marzo de 2021, el despacho
declaró la nulidad del acto administrativo acusado y, a su vez, dedujo la
existencia de una relación laboral. Por último, condenó al accionante a pagar el
valor correspondiente a las prestaciones sociales, derivadas de la relación
laboral reconocida y cotizar al respectivo fondo de pensiones las sumas
faltantes por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le
correspondía como empleador.

La entidad demandada interpuso recurso de apelación. La decisión fue
confirmada por el Tribunal Administrativo de Norte De Santander, quien se
abstuvo de condenar en costas en esa instancia.

1.4. Sustento de la petición

El tutelante sostuvo que la decisión emitida por el Tribunal accionado incurre en
un defecto sustantivo, debido a que, realizó una errónea interpretación o
aplicación de la norma que regula el tipo de relación entre la demandante y el
demandado.

Argumentó que, conforme a lo establecido por La ley 80 de 1993, en su art. 32
numeral 3°, «el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se
vincula excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o
para desarrollar labores especializadas que no pueden asumir el personal de
planta y que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista,
toda vez que debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los
términos del contrato y de la ley contractual»

Manifestó que, la Corte Constitucional se pronunció, en sentencia C-154 de
1997, en la cual, dejó claras las diferencias entre el contrato de prestación de
servicios y el de carácter laboral. En ese orden de ideas, el elemento de
subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato
laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe
entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto
en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad
de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; contrario
sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o
dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante
de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la
labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del
servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones
sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de
servicios independiente.

Por otra parte, alegó que, conforme al material probatorio, desconocieron que la
relación contractual fue interrumpida dado que cada uno de los contratos
suscritos fue terminado en cuanto a su tiempo de ejecución y liquidado
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conforme las normas que rigen la contratación. A su vez, resultaba lógico que,
por la profesión de la accionante, las gestiones contratadas no variaran, sin que
constituya prueba de una relación laboral sino de la mera naturaleza de las
actividades que configuran el objeto contractual de los distintos contratos,
atendiendo a la necesidad de la entidad.

Señaló que, en la demanda presentada por la parte accionante existió una
ineptitud, puesto que, lo idóneo era demandar la nulidad de cada de uno de los
actos de liquidación de los contratos, por lo que se presenta una caducidad de
la acción. Adicionalmente, no se agotó la “vía gubernativa” dado que contra el
oficio demandado procedía el recurso de apelación y el cual no se presentó. Por
lo tanto, Existe una improcedencia de la acción para revivir términos ya
expirados y una ausencia de explicación sobre el concepto de violación del acto
demandado.

Finalmente, adujo que, no se configuró el elemento de la subordinación de la
relación pues la demandante gozó de autonomía para el desarrollo de los
objetos contractuales.

1.5. Actuaciones procesales

Mediante auto del 4 de septiembre de 2024, el despacho del magistrado
sustanciador admitió la solicitud de tutela y ordenó notificar esta decisión a los
magistrados del Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

Adicionalmente, dispuso comunicar la iniciación del trámite procesal al Juzgado
5°Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta, así como a la señora,
Rosalba Ramírez Torres por considerar que pueden tener interés en las resultas
del proceso.

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1. Tribunal Administrativo de Norte de Santander

Argumentó que en este caso se valoraron las pruebas documentales y
testimoniales aportadas al expediente, así como las normas y jurisprudencia
aplicable al caso concreto. Por lo cual, se encuentra acreditado que a la
demandante no solo se le sometió a horarios, sino también a reuniones, a
órdenes por parte de sus superiores, se le suministraba las herramientas para
adelantar su trabajo y ejercía una labor determinante para el funcionamiento
dentro de la organización, conforme a lo manifestado por el señor Jhon
Alexander Pérez Jaimes.

Por otra parte, resulta evidente que los argumentos realizados por la parte
accionante demuestran la inconformidad respecto del análisis y la decisión que
profirió esta Corporación, desfavorables a sus pretensiones.

1.5.2. Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta

Arguyo que, en la carpeta del expediente digital se constata el trámite que se le
ha dado al proceso con radicado No. 54-001-33-33-005-2017-00059-00, el cual
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se ha ceñido a la normatividad procesal y sustancial vigente, de tal suerte que
no se evidencia por parte de este juzgado amenaza o vulneración a los
derechos fundamentales de la parte demandada.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La Sala es competente para conocer en primera instancia la presente acción de
tutela, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 1991, el artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto No. 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
corporación.

2.2. Problemas jurídicos

Corresponde determinar si en este caso se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial (procedencia
adjetiva) establecidos por la Corte Constitucional.

En caso de superarse el examen de procedibilidad de la acción, se establecerá
si la providencia cuestionada, mediante la cual se condenó a la parte
accionante, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
decidido en su contra en segunda instancia, vulneran sus derechos
fundamentales.

En tales condiciones, se revisarán los siguientes aspectos: (i) criterio de esta
sección sobre procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii)
estudio sobre los requisitos de procedencia adjetiva y, finalmente, de
encontrarse superados, (iii) el fondo del asunto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20121, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:

…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento Jurisprudencialmente.2

1 Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -

Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.
2 Ibídem.

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Conforme al anterior precedente, es claro que la corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme
a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra
providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la
jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «…fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede
ser ajena a esas características.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:

i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal
entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y,
ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una tercera instancia que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4. Presupuesto de relevancia constitucional

La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, unificó los criterios
respecto del presupuesto de relevancia constitucional.

En el mencionado fallo la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial «…el juez de tutela debe limitarse a
analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el
accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la
providencia reprochada’. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una
providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo
teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre…».

5
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Demandante: Centro Tecnológico De Cúcuta
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Rad: 11001-03-15-000-2024-04641-00

El alto Tribunal Constitucional consideró que la acción de tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo
cuestionado, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.

A su vez precisó, que las finalidades de este requisito son las siguientes:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del
uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal3 (Énfasis de la Sala).

Luego de abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que
reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia
constitucional, la Corte consideró que el mecanismo de tutela no cumplía con
este postulado, en estos eventos:

i) Cuando no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental,

ii) Cuando involucra un debate eminentemente legal,

iii) Cuando plantea una discusión preponderantemente económica y,

iv) Cuando no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no
se demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.

2.5. Estudio del caso concreto

En el caso objeto de estudio, la parte actora asegura que le vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, puesto que,
considera que la autoridad judicial realizó una errónea interpretación o
aplicación de la norma.

De acuerdo a las pruebas allegadas al plenario se advierte que el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander analizó la jurisprudencia aplicable al
asunto, abordando las sentencias de unificación SU-040-2018 y la SUJ-025-CE-
S2-2021, así como, la proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Expediente 2539-2018. Además, en el caso concreto efectuó un análisis de todo
el material probatorio obrante en el plenario concluyendo que en el caso
concreto se acreditaron los elementos del contrato de trabajo dando como
consecuencia la declaratoria de existencia del contrato realidad.

Respecto del elemento de subordinación, la sala precisó:

“De la prueba testimonial practicada se desprende (i) la demandante se
desempeñó en el área de gestión del presupuesto y en el área de cartera (ii)

3 Sentencia SU 573 de 2019.

6
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que el señor Jhon Alexander Pérez Jaimes fungió como jefe inmediato de la
demandante (iii) que recibía órdenes del prenombrado y de la dirección
general, Así mismo, que debía asistir a las reuniones de la entidad (iv) que
tenía horarios de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm, el cual, se
extendió en algún tiempo hasta las 8: 00pm y los sábados medio día, y (v) que
el software y las herramientas utilizadas por la demandante para realizar su
actividad eran suministradas por la entidad.

Respecto a lo señado por el Consejo De Estado en SUJ-025-CE-S2-2021, la
sala considera que si bien el contratista puede ejercer control sobre la calidad
del servicio sin que ello implique limitar por sí mismo la voluntad del contratista
en ejecutar la labor para la cual fue contratada, toda vez que, pues de aceptar
lo contrario, implicaría que el contratante no pudiese ejercer actuaciones
tendientes a fiscalizar o vigilar el cumplimiento de la actividad contratada en
los términos señalados por las partes, lo cierto es que, aquello se debe realizar
desde la órbita de la coordinación administrativa y no ejerciendo una
subordinación sobre el aparente contratista, como fue en el sub lite, toda vez
que, los testimonios dan cuenta que la demandante fue sometida a horarios, se
le brindaban las herramientas necesarias para adelantar su labor y que era
sometida a ordenes y debía asistir a reuniones.”.

Frente a lo sostenido por el apelante, al considerar como sospechoso el
testimonio del señor Edgar peña soto, la sala indicó que:

La declaración es consistente con los demás medios de prueba que obran en el
plenario, toda vez que, los contratos de prestación de servicios dan cuenta de
la vinculación de la demandante en el área de cartera y en el área de gestión
del presupuesto en la entidad demandada, al igual que el testimonio De Jhon
Alexander Pérez Jaimes ratifico muchos aspectos mencionados por el
prenombrado.4

De acuerdo con los cargos formulados por la parte actora en la acción de tutela
instaurada, es evidente que lo pretendido en esta instancia, es que se suplante
la competencia del juez natural de la controversia, de manera que se analice el
caso concreto conforme a la apreciación jurídica de esta.

En este punto, cabe señalar que la Corte Constitucional precisó que la
acreditación del requisito de la relevancia constitucional “supone justificar
razonablemente la existencia de una restricción prima facie desproporcionada a
un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel”
y que la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a saber:

«(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional 5y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice
para discutir asuntos de mera legalidad; 6(ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente7, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en
una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces»8.
(Negrillas de la Sala).

4 Ver SAMAÍ índice 0014
5 Sentencia C-590 de 2005
6 Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008
7 Sentencia C-590 de 2005
8 Sentencia T-102 de 2006

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De lo anterior se colige que, lo perseguido por el Centro Tecnológico de Cúcuta
a través de este instrumento judicial es reabrir el análisis jurídico efectuado por
el juez ordinario, con el fin de que no sea adverso a sus intereses, convirtiendo
este mecanismo de amparo en una instancia adicional para que se resuelva una
controversia que se reduce a un debate estrictamente legal.9

En este punto, se reitera que en materia de tutelas contra providencias judiciales
le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en cuestiones de la órbita de
los jueces naturales de la causa. Por lo tanto, el estudio debe basarse
exclusivamente en los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por
los actores dentro del trámite de tutela, toda vez que, si se analizaran los
argumentos del accionante en torno a la no configuración de un contrato laboral,
en consonancia con la jurisprudencia aplicable al caso concreto, sin el contraste
de un indebido e irracional estudio por parte de la autoridad judicial, se atentaría
contra el principio de autonomía judicial y así, en últimas se convertiría el
mecanismo constitucional en una tercera instancia.10

En conclusión, la presente acción no supera el examen de procedencia general
en los términos de los lineamientos trazados por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-215 de 2022, por referirse a una disputa que tiene su origen en
una controversia de orden legal, tarea que ya fue abordada por los jueces
competentes durante el proceso judicial, y no en el alcance de un derecho
fundamental ni la interpretación, aplicación o desarrollo de la Constitución
Política, motivo por el cual se declarará su improcedencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Declárase improcedente la acción de tutela de la referencia, por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

9 En este mismo sentido se pronunció la Sala en un caso similar, el cual fue analizado en la

providencia de 23 de marzo de 2023, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 11001-03-15-000-
2023-01047-00.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15

de diciembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-04612-01.
8
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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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