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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03584-00

Fecha
8 de agosto de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03584-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la señora María del Carmen Pérez Botero contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03584-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

8 de agosto de 2024

Demandante: María del Carmen Pérez Botero
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia –
Sala Tercera de Oralidad
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03584-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03584-00
Demandante: MARÍA DEL CARMEN PÉREZ BOTERO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA
TERCERA DE ORALIDAD

Tema: Tutela contra providencia judicial. Relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir la acción de tutela de la referencia consagrada en
la Constitución Política, artículo 86, y desarrollada por el Decreto 2591 de
1991, en consonancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.
I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

La señora María del Carmen Pérez Botero, por intermedio de apoderado
judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Tercera de Oralidad con el fin de que le sean protegidos sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y al principio de gratuidad.

Consideró vulneradas dichas garantías por cuanto el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad mediante providencia de 10 de abril
de 2024, confirmó la sentencia proferida por el Juzgado 27 Administrativo del
Circuito Judicial de Medellín de 2 de agosto de 2023, y no condenó en
costas1.

1
En el proyecto se afirma que la tutela es porque en segunda instancia del proceso ordinario
«no se le condenó en costas», sin embargo, luego de analizar el escrito de tutela lo que se
puede inferir es que esta se presenta porque el fallo de segunda instancia confirmó en su
integridad la providencia de primera, lo que incluyó la condena en costas.

1

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Demandante: María del Carmen Pérez Botero
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia –
Sala Tercera de Oralidad
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03584-00

1.2 Pretensiones

En consecuencia, formuló la siguiente pretensión:

«Solicitó que se protejan los derechos al DEBIDO PROCESO,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO DE
GRATUIDAD, y conforme a esto se REVOQUE DE MANERA
PARCIAL la sentencia emitida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE ANTIOQUIA SALA CUARTA MAGISTRADO PONENTE BEATRIZ
ELENA JARAMILLO MUÑOZ radicado 05001333302720220001401 el
numeral segundo donde no condena en costas en esta instancia»2.

1.3. Hechos

La solicitud se sustenta en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son
relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

La señora María del Carmen Pérez Botero presentó demanda dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación
– Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y el departamento de Antioquia.

En dicha demanda solicitó se condenara a las entidades demandadas al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria contemplada en la Ley 50 de
1990 en su artículo 99 equivalente a un (1) día de salario por cada día de
retardo.

En primera instancia, el Juzgado 27 Administrativo del Circuito Judicial de
Medellín, mediante providencia del 2 de agosto de 2023, negó las
pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante,
razón por la cual, el extremo activo interpuso recurso de apelación el cual fue
resuelto en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia -
Sala Tercera de Oralidad que mediante providencia del 10 de abril de 2024,
confirmó el fallo de primera y en donde con relación a la condena en costa
manifestó:

«Conforme al artículo 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y del Contencioso Administrativo, adicionado por el
artículo de la Ley 2080 de 2021, no se condenará en costa dado que
no se encuentran probados».

Señaló entonces que, la entidad judicial accionada omitió dar un debido
proceso al curso que tomo el tema de la sanción de la Ley 50 de 1990 y no
se tuvo de presente el caso objeto de revisión de dicha sentencia y donde se
condenó en costas.

2 Transcripción original

2

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Demandante: María del Carmen Pérez Botero
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia –
Sala Tercera de Oralidad
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1.4. Sustento de la vulneración

El accionante manifestó que la autoridad accionada no tuvo en cuenta que
no aparecen probados gastos judiciales sufragados por la entidad
demandada ya que se trata de un asunto de puro derecho y tampoco
aparece probada la temeridad o la mala fe.

Indicó, que el artículo 188 del CPACA no impone una obligación perentoria
de asignar condena en costas y agencias en derecho, pues el deber que de
allí se desprende es la de emitir un pronunciamiento al respecto conforme a
la valoración del discurrir del debate procesal.

Hizo mención al artículo 229 de la Carta Política que garantiza el derecho de
toda persona para acceder a la administración de justicia y que en lo relativo
a la condena en costas, existía una divergencia jurisprudencial por la
ausencia de una línea de decisión consolidada o unificada frente al tema.

1.5. Trámite

Por auto del 16 de julio de 2024, el despacho sustanciador admitió la acción
de tutela y ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de
Antioquia – Sala tercera de Oralidad, para que, si lo consideraba del caso,
intervinieran en el presente proceso en calidad de accionados.

Asimismo, se dispuso vincular como terceros interesados al Juzgado 27
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, a la Nación- Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y al departamento de Antioquia, para que efectúen las
manifestaciones que consideren pertinentes.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Tercera de Oralidad.
La magistrada ponente expresó oponerse a la prosperidad de las
pretensiones de la tutela por cuanto en la apelación de la sentencia de
primera instancia la señora Pérez Botero se limitó a indicar los motivos por
los cuales consideraba tenía derecho a que se le reconociera y pagara la
sanción moratoria por la tardía consignación de sus cesantías, más no
presentó argumento alguno respecto a la condena en costas impuestas en la
sentencia cuestionada.

Señaló que, de conformidad con el artículo 328 del Código General del
Proceso, «el juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante», por lo anterior no tenía
competencia para establecer si era procedente o no la condena en costas
impuestas por el juzgado de primera instancia, toda vez que las mismas no
fueron objeto de apelación.

Por tal razón, y en virtud a que en segunda instancia no se emitió condena
3

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Demandante: María del Carmen Pérez Botero
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia –
Sala Tercera de Oralidad
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en costas tal y como lo reconoce la accionante, la acción de tutela carece de
todo fundamento.

1.6.2. Juzgado 27 Administrativo del Circuito judicial de Medellín. El
titular del despacho manifestó que todas las etapas procesales dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por la
accionante fueron agotadas y evacuadas con sujeción a la normatividad
aplicable al caso respetando en todo tiempo los derechos que le asisten a las
partes. Así mismo, remitió link del expediente digitalizado.

1.6.3. FIDUPREVISORA S.A. (Como Administradora del Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio) a través de su coordinadora de
tutelas y luego de exponer la normativa correspondiente a lo que concierne a
la condena en costas, solicitó declarar improcedente la acción de tutela para
solicitar la revocatoria de dicha condena, como quiera que el despacho
sancionó a la parte vencida en el proceso y en la medida de su
comprobación alienándose tal y como lo establece la norma.

Los demás vinculados pese a ser notificados en debida forma guardaron
silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991,
2.2.3.1.2.1 numeral 5° del Decreto 1069 de 2015, modificado por el numeral
1° del Decreto 333 de 2021 y 25 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de
la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala analizar si la solicitud de tutela cumple con los
requisitos de procedibilidad adjetiva y, de superarse lo anterior, deberá
verificar si el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Tercera de Oralidad,
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y al principio de gratuidad al proferir sentencia en la
cual confirmó el fallo de primera instancia incluyendo la condena en costas.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales; ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de
procedibilidad; y finalmente, de encontrarse superados se analizará, iii) el
fondo del reclamo.

4

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Demandante: María del Carmen Pérez Botero
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia –
Sala Tercera de Oralidad
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2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio
de 20123, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:

«…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de
tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas
Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración
de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal
criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de
providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.»4 (Negrilla fuera de texto)

Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado
su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia,
conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se
presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados
hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la
decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará
ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «…fijados hasta
el momento jurisprudencialmente…». En efecto, sabido es que la tutela es
un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no
puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo
–procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto –procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos

3 Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela

• Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.
4 Ibídem.

5

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ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del
asunto. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado,
se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4. Estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad

En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que la
Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 reiteró que este
presupuesto “protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales” y explicó en detalle los criterios que se deben tener en
cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:

«(...) (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.» (Destacado por la Sala)

En concordancia con lo anterior, dicha Corte indicó en la sentencia SU-573
de 27 de noviembre de 2019 que “la controversia debe versar sobre un
asunto constitucional, pero no meramente legal y/o económico” y que según
la jurisprudencia constitucional, las discusiones de orden legal, es decir, las
relativas a un derecho de índole económico5 deben ser resueltas mediante
los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite6, comoquiera que “le
está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma imprudente en asuntos

5 No en todos los eventos en que se denuncie el desconocimiento de los derechos al acceso

a la administración de justicia y debido proceso se está ante un asunto relevante
constitucionalmente, pues si el reclamo se vincula de manera irrestricta a la satisfacción de
una pretensión de contenido económico, la discusión carecerá de tal relevancia.
6 Sentencia T-606 de 2000.

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de carácter netamente legal o reglamentario”7, so pena de involucrarse
en cuestiones que le corresponden definir a otras jurisdicciones.

En tales condiciones, se advierte que la controversia planteada por la señora
María del Carmen Pérez Botero versa sobre una cuestión de interpretación
de tipo legal, que no impacta la garantía de derechos fundamentales sino
patrimoniales, por cuanto considera que el Tribunal Administrativo de
Antioquia – Sala Tercera de Oralidad al proferir la providencia de 10 de abril
de 2024 vulneró los derechos fundamentales invocados al confirmar el fallo
de primera instancia incluyendo la condena en costas.

Lo anterior dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho que promovió contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional-
Fondo de Prestaciones Sociales de Magisterio

Cabe señalar que la Corte Constitucional precisó que la acreditación del
requisito de la relevancia constitucional “supone justificar razonablemente la
existencia de una restricción prima facie desproporcionada a un derecho
fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel” y que la
relevancia constitucional tiene tres finalidades, a saber:

«(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional8 y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad9; (ii) restringir el
ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que
afecten los derechos fundamentales10 y, finalmente, (iii) impedir que la
acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces11». (Destacado por la Sala)

Así pues, también se encuentra que las inconformidades planteadas por la
parte actora en el escrito de tutela esta encaminadas a cuestionar la
interpretación dada respecto a la condena en costas, las cuales no fueron
objeto de controversia en la impugnación presentada y la cual fue dirimida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad.

En este orden de ideas, la Sala declarará improcedente la solicitud de tutela
toda vez que el reclamo de la señora María del Carmen Pérez Botero carece
de relevancia constitucional, en atención a que lo pretendido es convertir
este mecanismo de amparo en una instancia adicional al proceso ordinario
para que se resuelva una controversia que se reduce a un debate
estrictamente legal y económico. 12

7 Ibid.2
8 Sentencia C-590 de 2005.
9 Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008”
10 Sentencia C-590 de 2005.
11 Sentencia T-102 de 2006.
12 En este mismo sentido se pronunció la Sala en un caso similar, el cual fue analizado en la

providencia de 23 de marzo de 2023, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 11001-03-15-
000-2023-01047-00.
7

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Demandante: María del Carmen Pérez Botero
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia –
Sala Tercera de Oralidad
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03584-00

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

III.FALLA

PRIMERO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la
señora María del Carmen Pérez Botero contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Tercera de Oralidad.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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