Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00110-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00110-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00110-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
13 de febrero de 2025
Demandantes: Sandra Liliana Hernández Garzón y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00110-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00110-00
Demandantes: SANDRA LILIANA HERNÁNDEZ GARZÓN Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META, SALA DE
DECISIÓN ORAL 2
Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente
por falta de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en
ejercicio de la acción de amparo prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Los señores Sandra Liliana Hernández Garzón, Vladimir Alfonso Calderón
Rojas, Jhoan Esteban Calderón Hernández, Brandon Stiven Calderón
Hernández y Camilo Alfredo Hernández Garzón por intermedio de apoderado
judicial, invocaron la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la confianza legítima.
Consideraron vulneradas dichas garantías con ocasión de la providencia del
11 de diciembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta,
Sala de Decisión Oral 2, mediante la cual se revocó la sentencia dictada por
el Juzgado 3 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Villavicencio el 19 de
septiembre de 2019, para en su lugar negar las pretensiones de la demanda
dentro del medio de control de reparación directa instaurado en contra del
municipio de Villavicencio, con radicado 50001-33-33-003-2016-00150-00/01.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte actora solicitó:
1.- Que, mediante sentencia, el Honorable Consejo de Estado, ampare los
derechos fundamentales al Debido Proceso y a la Confianza Legítima de
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Demandantes: Sandra Liliana Hernández Garzón y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00110-00
los señores SANDRA LILIANA HERNÁNDEZ GARZÓN, VLADIMIR
ALFONSO CALDERÓN ROJAS, JHOAN ESTEBAN, BRANDON STIVEN
CALDERÓN HERNÁNDEZ y CAMILO ALFREDO HERNÁNDEZ
GARZÓN, vulnerados por el Tribunal Administrativo del Meta.
2.- Que, mediante sentencia, el Honorable Consejo de Estado, ordene al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META, trasladar el proceso a otro
ponente y conformar una nueva sala de Magistrados, para que desde allí
realicen un análisis objetivo al material probatorio aportado tanto
documental como en especial al testimonio del señor Luis Eduardo
Gutiérrez y a la declaración de parte rendida por la señora Sandra
Hernández y tomen nuevamente decisión de segunda instancia dentro del
proceso de Reparación Directa número 50001- 33-33-003-2016-00150-00
(1), disponiendo confirmar la de primera Instancia producida por el
Juzgado 3 Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio.
La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
1.3. Hechos
La Sala encontró demostrados los supuestos fácticos que a continuación se
relacionan, los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la
sentencia:
Indicaron los accionantes que la señora Sandra Liliana Hernández Garzón el
día 9 de marzo de 2014 sufrió lesiones en su rodilla izquierda como
consecuencia de un hueco ubicado en la vía que conduce del parque los
Fundadores al Terminal de Transporte, lugar de trabajo.
Los señores Los señores Sandra Liliana Hernández Garzón, Vladimir Alfonso
Calderón Rojas, Jhoan Esteban Calderón Hernández, Brandon Stiven
Calderón Hernández y Camilo Alfredo Hernández Garzón por intermedio de
apoderado judicial, instauraron demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa en contra del Municipio de Villavicencio proceso que
correspondió al juzgado 3 Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Villavicencio, con el radicado 50001-33-33-003-2016-00150-00.
En sentencia del 19 de septiembre de 2019, el Juzgado de conocimiento
declaró administrativa y extracontractualmente responsable al municipio de
Villavicencio por las lesiones padecidas el día 9 de marzo de 20214, condenó
al pago de perjuicios inmateriales, materiales y a la salud en la cuantía fijada
en favor de los demandantes y condenó en costas a la parte demandada.
Expuso la autoridad, que acreditado el daño antijurídico como fueron las
lesiones sufridas por la señora Sandra Hernández también se estableció falla
en el servicio por parte del municipio ya que era su obligación de conformidad
con la Ley 105 de 1993, la conservación, mantenimiento, instalación de
señalización necesaria para advertir a los usuarios de los peligros en la vía,
por lo que debe asumir la reparación de los daños que dicha omisión generó.
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Demandado: Tribunal Administrativo del Meta
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La parte demandada interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia
proferida, el que fue decidido por el Tribunal Administrativo del Meta Sala de
Decisión Oral 2 en sentencia del 11 de diciembre de 2024, mediante la cual
revocó la proferida en primera instancia, para negar las pretensiones de la
demanda y condenar en costas a la parte demandante.
El Ad-quem después de indicar los elementos necesarios para la prosperidad
de responsabilidad del Estado, con base en providencias del Consejo de
Estado1 en materia de mantenimiento vial estableció que corresponde a la
parte accionante acreditar no solo una falta de la administración por omisión,
retardo, irregularidad, ineficacia o ausencia en la prestación del servicio sino
también que dicha inactividad produzca un daño que implique lesión o
perturbación de un bien jurídicamente protegido.
En el análisis de la declaración del señor Luis Eduardo Gutiérrez Rodríguez
concluyó que era bastante contradictoria por cuanto relató inicialmente que la
carretera estaba muy oscura y no podía ver nada, para luego afirmar que
apreció la motocicleta desestabilizándose e invadiendo el carril, lo que llevó a
que el automóvil de adelante frenara, mientras que la señora Sandra Liliana
Hernández Garzón narró la existencia de un vehículo que la estaba cerrando
que la llevó a la orilla de la carretera en la que presuntamente cogió el hueco.
Así mismo puso de presente que en la denuncia del 9 de marzo de 2014
formulada por el señor Vladimir Alfonso Calderón Rojas ante la Policía
Metropolitana de Villavicencio describió que dicho día sobre el anillo vial, su
esposa iba conduciendo la moto, cogió un hueco y se cayó quedando
lesionada, cuando en la audiencia de pruebas se informa que eso nunca
ocurrió.
La autoridad concluyó que las pruebas allegadas al proceso eran insuficientes
para declarar la responsabilidad del municipio de Villavicencio bajo el régimen
de imputación subjetiva de falla en el servicio, motivo por el cual revocó la
sentencia recurrida para en consecuencia negar las pretensiones de la
demanda.
1.4. Sustento de la petición
De la lectura del escrito tutelar se deduce que la parte actora invoca el defecto
fáctico en virtud del cual se le vulneraron los derechos fundamentales al
debido proceso y confianza legítima.
Expuso que la accionada no realizó el análisis del testimonio de Luis Eduardo
Gutiérrez, quien con vehemencia y sin titubeo afirmó que el hueco que estaba
en la vía que del parque los fundadores conduce al terminal de transporte de
la ciudad de Villavicencio produjo las lesiones de la señora Sandra
1 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A sentencia del 14 de julio de 2016 con
radicado 76001-23-31-000-2008-00179-01 y del 2 de mayo de 2013 dictada en el radicado
73001-23-31-000-2000-01012-01.
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Hernández, como también no atender las fotografías aportadas que
contrastadas con el dibujo realizado por el citado testigo y la denuncia del
esposo de la señora Hernández del accidente de tránsito daban cuenta como
sucedió el accidente.
1.5. Trámite e intervención
Mediante auto del 20 de enero de 2025, el despacho admitió la acción de
tutela, ordenó notificar esta decisión a la parte actora y a los magistrados que
integran la Sala de Decisión 2 del Tribunal Administrativo del Meta.
Además, vinculó como tercero con interés al Juzgado 3 Administrativo del
Circuito Judicial de Villavicencio y al alcalde del municipio de Villavicencio.
Remitidas las respectivas comunicaciones2, se presentó la siguiente
intervención:
Tribunal Administrativo del Meta
En escrito enviado el 22 de enero de 2025, el magistrado ponente de la
providencia cuestionada se ratifica en todos los argumentos jurídicos que
sustentaron la providencia cuestionada la que se resolvió en los términos
previstos en la ley y cumpliendo los principios y garantías que orientan el
ejercicio de la función jurisdiccional.
En consecuencia, solicitó se declare improcedente la acción constitucional
instaurada.
A pesar de haber sido notificados en debida forma, el Juzgado 3
Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio y el alcalde del municipio
de Villavicencio, no se pronunciaron.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el numeral 5 del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021, así como por el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación .
2 Mediante oficios enviados por correo electrónico el 22 de enero de 2025. Índice 7 Samai.
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2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala analizar si la solicitud de tutela cumple con los
requisitos de procedibilidad adjetiva y, de superarse lo anterior, deberá
verificar si el Tribunal Administrativo del Meta Sala de Decisión Oral 2, vulneró
los derechos fundamentales al debido proceso y a la confianza legítima, al
presuntamente incurrir en defecto fáctico en la apreciación de las pruebas al
proferir la sentencia del 11 de diciembre de 2024.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes temas: i) el criterio
de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales; ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y
finalmente, de encontrarse superados se estudiará, iii) el caso concreto.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de
20123, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema4.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección,
decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte
resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción contra providencias
judiciales5.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados
hasta el momento jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 20146, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia
judicial.
3 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN
DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada
Ponente: María Elizabeth García González.
4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñada.
5 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta
providencia.
6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto
de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica.
actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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2.4. Estudio sobre la relevancia constitucional
La Corte Constitucional en la sentencia SU 215 de 2022, en cuanto a la
procedencia de la acción constitucional de cara a este requisito, indicó:
40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez
debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra
una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. (…) (Énfasis
de la Sala)
La Sala en sentencia del 29 de septiembre de 20227, modificó la postura que
tenía hasta ese momento sobre el estudio del requisito de relevancia
constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente
que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se
pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional.
De esta manera, la Sala planteó que el estudio de la relevancia constitucional
debía estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte
Constitucional y acogidos por esta Corporación, que en concreto se refieren a:
i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales, ya que no basta que simplemente se aduzca
la vulneración de aquellos;
ii) Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al
proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada,
puesto que este mecanismo solo está instituido para proteger derechos
fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga
frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate
exclusivamente legal; y
iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una
vulneración ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque
estas controversias corresponde definirlas a los jueces ordinarios y el
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29
de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil.
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mecanismo constitucional no puede convertirse en una tercera
instancia.
Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con
especial rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia
atacada se presenta una afectación desproporcionada a un derecho
fundamental producto de una actuación arbitraria.
Así, este requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración
de los derechos fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes
que permitan advertir tal situación a primera vista, especialmente cuando se
ejerce este mecanismo constitucional contra una sentencia de un órgano de
cierre8.
Bajo las anteriores consideraciones, se desarrollará el caso en particular.
2.5. Caso Concreto
La parte actora cuestionó la providencia del 11 de diciembre de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión Oral 2,
mediante la cual se revocó la dictada por el Juzgado 3 Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Villavicencio el 19 de septiembre de 2019, para en su
lugar negar las pretensiones de la demanda dentro del medio de control de
reparación directa instaurado por los accionantes en contra del municipio de
Villavicencio, con radicado 50001-33-33-003-2016-00150-00/01.
El requisito de la relevancia constitucional como presupuesto general de la
acción de tutela tiene tres finalidades, a saber:
“(…) (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional9 y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera
legalidad10; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de
relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales11 y,
finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia
o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces12”.
Por tanto, en la controversia que se plantea en el marco de una acción de
tutela debe advertirse su trascendencia constitucional, pues de lo contrario, el
juez constitucional tendría que inmiscuirse en cuestiones que desbordan su
competencia y podrían desnaturalizar el carácter excepcional y especial de la
solicitud de amparo.
En tal ejercicio, se establece que la actora invocó como cargo el defecto
8 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.
9 “Sentencia C-590 de 2005.”
10 “Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008...”.
11 “Sentencia C-590 de 2005.”
12 “Sentencia T-102 de 2006.”
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fáctico que desarrolló bajo su interpretación de la valoración que de los
medios probatorios realizó la accionada, sin acreditar que la misma resultó
irrazonable o caprichosa.
La Sala establece que de las argumentaciones propuestas en la acción de
tutela, se advierte que la controversia planteada por la parte actora no impacta
la garantía de derechos fundamentales, por cuanto la discusión de la
responsabilidad de la accionada como consecuencia de las lesiones sufridas
por la señora Sandra Liliana Hernández Garzón el día 9 de marzo de 2014
fue definida, sin que le sea permitido reabrir nuevamente ese debate ya
zanjado por el juez natural, so pretexto de pretender una interpretación
favorable para sus intereses cuando no se acreditó que la misma contraría de
manera ostensible las disposiciones que regulan la materia.
Entonces, el asunto en estudio gira en torno a una cuestión meramente legal,
pues la inconformidad de la parte accionante se limita a la presunta valoración
insuficiente y/o errónea del Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión
Oral 2 de los medios probatorios, con los cuales se concluyó que eran
insuficientes para declarar la responsabilidad del municipio de Villavicencio
bajo el régimen de imputación subjetiva de falla en el servicio, aspecto que no
le corresponde definir al juez de tutela.
En este orden de ideas, la Sala declarará improcedente la solicitud de tutela
toda vez que el reclamo de la parte actora carece de relevancia constitucional,
al no exponer argumentos con los cuales se vislumbre que el proceder de la
accionada fue arbitrario que impacte la garantía de los derechos
fundamentales invocados, sino que lo pretendido es convertir este mecanismo
de amparo en una instancia adicional al proceso ordinario para que se
resuelva una controversia que se reduce a un debate meramente legal y
económico13.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: Declárase improcedente la acción de tutela de la referencia, por
no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
13 En este mismo sentido se pronunció la Sala en un caso similar, el cual fue analizado en la
providencia de 23 de marzo de 2023, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 11001-03-15-
000-2023-01047-00.
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TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”
9
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