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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02853-01

Fecha
5 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02853-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 4 de julio de 2024 por la Sección Primera del Consejo de Estado, en cuanto declaró improcedente el presente mecanismo por falta de relevancia constitucional. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-02853-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

5 de septiembre de 2024

Demandante: Sandra Milena Diaz Segura
Demandado: Tribunal Administrativo
de Nariño.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02853-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá D.C., cinco (5) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02853-01
Demandante: SANDRA MILENA DIAZ SEGURA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO

Tema: Tutela contra providencia judicial – Confirma – Falta de
relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionante contra
la providencia dictada por el Consejo de Estado, Sección Primera, el 04 de julio de
2024, a través de la cual se declaró improcedente la solicitud constitucional
formulada por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo1

Con escrito radicado el 06 de junio de 2024 la señora Sandra Milena Díaz Segura,
actuando en nombre propio, promovió acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Nariño por la presunta vulneración de su derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia.

En criterio de la parte accionante, la trasgresión de la citada garantía tuvo lugar con
ocasión de la sentencia proferida el 5 de abril de 2024 por el Tribunal Administrativo
de Nariño, por medio de la cual se revocó la decisión emitida en primera instancia
por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Pasto el día 31 de
marzo de 2022, al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado 52001-33-33-006-2018-00040-01.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora deprecó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en ese sentido, solicitó:

1 Índice 002 de Samai.

1
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Demandante: Sandra Milena Diaz Segura
Demandado: Tribunal Administrativo
de Nariño.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02853-01

SEGUNDA. Como consecuencia de lo anterior, se solicita dejar sin efectos el ordinal
cuarto de la aludida providencia y, en su lugar, se ordene al Tribunal Administrativo
de Nariño que en el término de diez (10) días siguientes al fallo profiera una nueva
decisión respecto de los aludidos aportes.2

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

La señora Sandra Milena Díaz Segura, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, instauró demanda contra el Centro de Salud
Policarpa E.S.E, a efectos de que le fuera reconocida la existencia de una relación
laboral producto de un contrato suscrito con la entidad accionada para ejercer sus
labores como auxiliar de odontología e higienista oral entre abril de 2012 y marzo
de 2016.

Mediante sentencia del 31 de marzo de 2022, el Juzgado Sexto Administrativo Oral
del Circuito de Pasto, negó las pretensiones de la demanda; decisión que fue
recurrida por la demandante; la segunda instancia correspondió al Tribunal
Administrativo de Nariño que, por proveído del 5 de abril de 2024 revocó la
providencia de primera instancia para en su lugar declarar la nulidad del acto
administrativo demandado y reconocer la existencia del contrato realidad entre las
partes, como consecuencia de esto ordenó el pago de las acreencias laborales a
favor de la actora negando las demás pretensiones de la demanda, incluyendo la
devolución de aportes a salud y pensión realizados como trabajadora
independiente.

La anterior decisión fue notificada a las partes el 5 de abril de 2024.

Posteriormente, por escrito radicado el 09 de abril de 2024 la parte accionante
presentó solicitud de aclaración en la que resaltó que la CE-SEJ2-005-16 no
estableció la prohibición de la devolución de aportes, sino que por el contrario solo
determinó dicha limitación que sobre los aportes al sistema de seguridad social
integral que son objeto de devolución es aplicable el fenómeno de la prescripción.

En relación con la providencia SUJ-025-CE-S2-2021 señaló que en esta se dejó
claro que no hay lugar a devolución de aportes realizados al sistema de seguridad
social en salud por su naturaleza de parafiscales frente a lo que no manifestó
discusión alguna y citó la regla de unificación allí contenida, en los siguientes
términos:

2 Transcripción original del texto con posibles errores.

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Demandante: Sandra Milena Diaz Segura
Demandado: Tribunal Administrativo
de Nariño.
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PRIMERO. Unificar la jurisprudencia de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en el sentido de precisar las siguientes reglas en
las relaciones laborales encubiertas o subyacentes:

(i) La primera regla: define que el concepto «término estrictamente
indispensable», al que alude el numeral 3.° del artículo 32 de la Ley 80
de 1993, es el señalado en los estudios previos y en el objeto del
contrato, el cual, de acuerdo con el principio de planeación, tiene que
estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a favor de
la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna
manera, con ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles,
entre la finalización de un contrato y la ejecución del siguiente,
como término de la no solución de continuidad, el cual, en los casos
que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a las especiales
circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.
(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la
Seguridad Social en salud, por parte de la Administración, es
improcedente la devolución de los valores que el contratista hubiese
asumido de más, en tanto se recaudaron como recursos de naturaleza
parafiscal.

Concluyendo que, el Consejo de Estado ha contemplado la posibilidad de que se
ordene la devolución de los aportes realizados por el trabajador por lo menos en
materia pensional, finalmente solicitó que a la luz de la jurisprudencia citada se
corrigiera la decisión enjuiciada.

En providencia del 26 de abril de 2024 el Tribunal Administrativo de Nariño resolvió
la solicitud de aclaración, para el efecto dicha Corporación indicó que en la parte
considerativa del fallo del 5 de abril de 2024 se dejó claro que se decidió en
concordancia con lo discernido en la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado,
por lo que, con dicha solicitud realmente se busca reabrir un debate jurídico a través
del reproche a la forma de cómo se interpretó el precedente jurisprudencia lo que
no resulta admisible frente a las sentencias dictadas en segunda instancia.

Siendo así, teniendo en cuenta que no se incurrió en yerro de carácter aritmético,
mecanográfico u omisión o alteración de palabras que influya en el sentido del fallo,
el accionado negó la aclaración y corrección presentada por la actora.

La mencionada providencia fue notificada a las partes e 29 de mayo de 2024 3

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo.

La accionante estimó que la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de
Nariño desconoció el precedente fijado por el Consejo de Estado, que al unificar la
jurisprudencia estableció que no hay lugar a la devolución de aportes en materia de

3 Índice 20 de Samai, proceso ordinario.

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salud lo que no es extensible sobre aquellos realizados a pensión y riesgos
profesionales.

De igual forma, resaltó que conforme a la providencia citada en el fallo enjuiciado
es posible que frente a la devolución de aportes al Sistema de Seguridad Social
opere el fenómeno de la prescripción por lo que también es procedente la
devolución ante la declaratoria de una relación laboral aquellos que el contratista
haya realizado.

Siendo así, concluyó que el ad quem incurrió en un defecto sustantivo de
desconocimiento del precedente fijado por esta Corporación vulnerando su derecho
de acceso a la administración de justicia.

1.5 Trámite de la acción de tutela

El magistrado ponente de la decisión de primera instancia, por auto del 12 de junio
de 2024, admitió la acción de tutela presentada por la señora Sandra Milena Diaz
Segura en contra del Tribunal Administrativo de Nariño4 y ordenó vincular al Centro
de Salud Policarpa E.S.E5 y al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Pasto6
como terceros con interés en el resultado del proceso.

De igual forma, se requirió al Tribunal Administrativo de Nariño para que se aportará
el expediente bajo radicado 52001-33-33-006-2018-00040-00/01.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Pasto.7

Luego de relacionar el trámite realizado en el proceso 52001-33-33-006-2018-
00040-00 señaló que, las actuaciones adelantadas se ajustan a las disposiciones
legales vigentes y fueron proferidos con sustento legal, probatorio y fáctico sin
incurrir en vulneración a derechos fundamentales de la accionante.

1.6.2. Tribunal Administrativo de Nariño8

Manifestó que la solicitud de amparo se torna improcedente ya que la decisión no
configura ninguna de las causales genéricas de procedencia de la acción y, los
argumentos que soportan la solicitud de constitucional fueron debidamente

4 Índice 7 de Samai, notificado al correo electrónico prestribadmnar@©endoj.ramajudicial.gov.co;

secgraltadmpso@cendoj.ramajudicial.gov.co;
5 Índice 7 de Samai, notificado al correo electrónico e.s.e.policarpa@gmail.com;
informacion@esecentrodesaludpolicarpanarino.gov.co;
6 Índice 7 de Samai, notificado al correo electrónico adm06pas@cendoj.ramajudicial.gov.co;
7 Índice 8 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
8 Índices 9 de Samai. Cuaderno de primera instancia.

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estudiados y resueltos en el fallo de segunda instancia, por lo que las
manifestaciones de la accionante son meras inconformidades y no acreditan
irregularidades de orden constitucional.

Por lo anterior, se opuso al amparo invocado, por cuanto consideró que no han
quebrantado los derechos fundamentales invocados y solicitó se declare
improcedente la presente acción.

1.6.4. Centro de Salud Policarpa E.S.E

Pese a ser debidamente notificada de la existencia del presente asunto9, dentro de
la oportunidad procesal correspondiente guardó silencio.

1.7. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Primera dictó providencia el 04 de julio de 2024 en
la que declaró improcedente la acción constitucional, por cuanto no se superó el
requisito de relevancia constitucional al estimar que, el debate no se realizó desde
una óptica constitucional, además, se advierten como un medio dirigido a revivir el
análisis jurídico efectuado por el juez natural, como si este mecanismo fuera una
instancia adicional al proceso ordinario.

De igual forma resaltó que la accionante expuso los mismos argumentos que en la
solicitud de aclaración y no expone alguna arbitrariedad judicial, sino su
inconformidad con la decisión adoptada que niega la devolución de aportes
realizados al sistema general de seguridad social integral.

La anterior providencia se notificó a las partes e intervinientes el 15 de julio de 2024
mediante correo electrónico.

1.8. Impugnación10

La parte actora impugnó el proveído proferido por el a quo, aduciendo que el
requisito de relevancia constitucional no puede constituir una traba para el acceso
de los ciudadanos a la administración de justicia, máxime cuando se evidencia la
vulneración de un derecho fundamental.

Reiteró que la decisión negativa del tribunal respecto de la devolución de los aportes
realizado en el marco de los contratos de prestación de servicios afecta los derechos
fundamentales de la actora y, dicha corporación se apartó del precedente que al
respecto regula la materia sin manifestar las razones de esto.

9 Índice 08 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
10 Índice 20 de Samai. Cuaderno de primera instancia. La sentencia se notificó el 02 de julio de 2024

a través de correo electrónico, mientas que el escrito contentivo de la impugnación fue radicado el 3
siguiente. En ese sentido, se tiene que fue oportuna la interposición del recurso.

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Respecto de la similitud de argumentos entre la aclaración y lo expuesto en la
solicitud de amparo, resaltó que haberla resuelto no implica que el tribunal haya
garantizado su acceso a la administración de justicia, sino que por el contrario
ratificó su desconocimiento del precedente que la beneficia.

Finalmente indicó que los recursos ordinarios que ofrece el ordenamiento jurídico
se tornan improcedentes en el asunto por lo que requiere la intervención del juez
constitucional.

Con fundamento en lo anterior solicita, se revoque la sentencia de primera instancia
y en su lugar, se amparen el derecho fundamental deprecado como vulnerado.

II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia

Esta Sala es competente para resolver la impugnación formulada por la señora Díaz
Segura, conforme lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el numeral 5º del
artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, y el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Problema jurídico

Conforme lo establecido en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
accionante, el material probatorio recaudado y la sentencia de primera instancia,
corresponde a la Sala definir si confirma, modifica o revoca la decisión proferida por
el Consejo de Estado, Sección Primera, el 04 de julio de 2024. Para lo cual, se
deberán abordar los siguientes interrogantes:

• ¿Se superan los requisitos adjetivos de procedencia de la acción de tutela en
contra de providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:

• ¿El Tribunal Administrativo de Nariño, vulneró los derechos fundamentales
invocados por la señora Sandra Milena Diaz Segura, con ocasión de la
providencia dictada el 5 de abril de 2024 al interior del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado bajo el No. 52001-33-33-006-2018-
00040-01?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y si es procedente;
(iii) el estudio del caso concreto.

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2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 11
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema12 y declaró su
procedencia13.

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido del fallo y ii) que la acción no intente reabrir el debate de
instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad.

2.4.1. Relevancia constitucional.

Para el caso en concreto, la Sala anticipa que declarará la improcedencia de la
presente acción de tutela por carecer de relevancia constitucional puesto que no

11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. María Elizabeth García
González, Sentencia 31.07.12, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
12
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
13
Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».

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cumple con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-
215 de 202214.

En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues
así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento
de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal15 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico16; es decir, la

14 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
15 Sentencia SU-573 de 2019.
16 Sentencia SU-103 de 2022.

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cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional17.
[…]

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

[…]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal18”. En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales19”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental.

[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto20, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o
violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal21. (Resaltado de la Sala)

Tras analizar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche una
decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte
Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado por RTI S.A.S. no
cumplía con este postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad para
interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el alcance de
un derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente legal; (iii)
planteaba una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con la
carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave violación
de los derechos fundamentales invocados.

2.5. Caso concreto.

La parte accionante atribuye al Tribunal Administrativo de Nariño, haber incurrido
en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente, lo que generó una
vulneración a su derecho fundamental al acceso a la administración de justicia.

17 Sentencia SU-103 de 2022.
18 Sentencia SU-103 de 2022.
19 Sentencia SU-128 de 2021.
20 Sentencia SU-573 de 2019.
21 Ibid.

9
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Centra su argumentación en que la autoridad judicial accionada desconoció el
precedente de la corporación respecto de la devolución de aportes realizados al
sistema integral de seguridad social, en sentir del tutelante se debió ordenar el
reintegro de lo pagado durante la vigencia de los contratos de prestación de
servicios suscritos con el Centro de Salud Policarpa E.S.E.

El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia del 5 de abril de 2024,
revocó la decisión adoptada por el juez de conocimiento, y en su lugar accedió
parcialmente a las suplicas de la demanda.

Como fundamento de la anterior decisión el Tribunal Administrativo de Nariño
analizó de la jurisprudencia aplicable al asunto, abordando las sentencias de
unificación CE-SUJ2-005-16 y la SUJ-025-CE-S2-2021, además en el caso
concreto realizó análisis de todo el material probatorio obrante en el plenario
concluyendo que en el caso concreto se acreditaron los elementos del contrato de
trabajo dando como consecuencia la declaratoria de existencia del contrato
realidad.

Respecto de la devolución de aportes realizados al Sistema de Seguridad Social,
precisó:

Finalmente, la Sala considera que no hay lugar a la devolución de aportes por
concepto de cotizaciones a seguridad social en favor de la demandante, de
conformidad con lo establecido por el Consejo de Estado: «el beneficio que
se deriva de la declaratoria de existencia de una relación laboral, en materia
de seguridad social en pensiones es imprescriptible y solo abarca la
obligación de la administración de verificar y efectuar el pago al respectivo
fondo, de los porcentajes de cotización que debió realizar como empleador,
y, en lo que atañe a los aportes a salud, los mismos no son susceptibles de
devolución, no por la consideración de estar sometidos a la figura prescriptiva
sino por su naturaleza y finalidad»30.

No obstante la orden, acorde al precedente unificado sentado por el Consejo
de Estado desde la sentencia de 25 de agosto de 2016, debe ser tendiente a
imponer a la entidad condenada la obligación de efectuar los aportes al
respectivo fondo, únicamente en el porcentaje que le correspondía como
empleador, ello en atención a la imprescriptibilidad de tales derechos y con
base en los honorarios pactados en los contratos, pero sin ordenar reembolso
de dinero alguno en favor de la actora, razón por la que habrá de proferirse la
decisión en ese sentido.

De acuerdo con los cargos formulados por la parte actora en la acción de tutela
instaurada, es evidente que lo pretendido en esta instancia, es que se suplante la
competencia del juez natural de la controversia, de manera que se analice el caso
concreto conforme a la apreciación jurídica de esta.

En este punto, cabe señalar que la Corte Constitucional precisó que la acreditación
del requisito de la relevancia constitucional “supone justificar razonablemente la
existencia de una restricción prima facie desproporcionada a un derecho

10
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fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel” y que la
relevancia constitucional tiene tres finalidades, a saber:

«(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional22 y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice
para discutir asuntos de mera legalidad23; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales24 y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en
una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces25». (Negrillas de la Sala)

Así pues, también se encuentra que las inconformidades planteadas por la
accionante en el escrito de tutela están encaminadas a cuestionar la interpretación
realizada por el Tribunal Administrativo de Nariño dentro del proceso ordinario por
ella instaurado, lo cual, en su sentir condujo a una aplicación errónea de las normas
que regulan la materia.

De lo anterior se colige que, lo perseguido por la señora Díaz Segura través de este
instrumento judicial es reabrir el análisis jurídico efectuado por el juez ordinario, de
tal forma que se acceda a las demás pretensiones formuladas dentro del proceso
ordinario, convirtiendo este mecanismo de amparo en una instancia adicional para
que se resuelva una controversia que se reduce a un debate estrictamente legal. 26

En este punto, se reitera que en materia de tutelas contra providencias judiciales le
está vedado al juez constitucional inmiscuirse en cuestiones de la órbita de los
jueces naturales de la causa. Por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente
en los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por los actores dentro
del trámite de tutela, toda vez que, si se analizaran los argumentos del accionante
en torno a la devolución de los aportes realizados en consonancia con la
jurisprudencia aplicable al caso concreto, sin el contraste de un indebido e irracional
estudio por parte de la autoridad judicial, se atentaría contra el principio de
autonomía judicial y así, en últimas se convertiría el mecanismo constitucional en
una tercera instancia27.

Nótese que, no es suficiente que la parte interesada refiera que con la providencia
se transgredieron sus garantías fundamentales. Por el contrario, es menester que
se cumpla con el deber de argumentar el concepto de la violación, de manera que

22 Sentencia C-590 de 2005.
23 Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008”
24 Sentencia C-590 de 2005.
25 Sentencia T-102 de 2006.
26 En este mismo sentido se pronunció la Sala en un caso similar, el cual fue analizado en la
providencia de 23 de marzo de 2023, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 11001-03-15-000-
2023-01047-00.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15 de

diciembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-04612-01.

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Demandante: Sandra Milena Diaz Segura
Demandado: Tribunal Administrativo
de Nariño.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02853-01

le permita al juez constitucional vislumbrar que la solución del caso permite
desarrollar la Constitución Política o el núcleo esencial de los derechos invocados.

Siendo así, esta Sala confirmará la decisión de primera instancia adoptada por la
Sección Primera de esta colegiatura, al estimar que el presente asunto carece de
relevancia constitucional, como quiera que lo pretendido por señora Díaz Segura es
reabrir un debate resuelto en el trámite jurisdiccional ordinario, con el fin de que
prevalezca su interpretación sobre la ya realizada por la corporación accionada, lo
que a todas luces resulta improcedente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 4 de julio de 2024 por la Sección
Primera del Consejo de Estado, en cuanto declaró improcedente el presente
mecanismo por falta de relevancia constitucional.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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