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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07619-01

Fecha
22 de octubre de 2024
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07619-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 12 de febrero de 2024 por el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B, que amparó los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia y, en su lugar, DECLARAR improcedente la solicitud de tutela interpuesta por la Nación-Ministerio de Educación Nacional contra el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A. SEGUNDO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-07619-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

22 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-07619-01

Solicitante: NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Autoridad: CONSEJO DE ESTADO-SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia.
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario.
NORMAS PROCESALES-Por su carácter de orden público son indisponibles para el juez y las partes, art. 13 CGP.
EJECUTORIA DE PROVIDENCIAS-Los términos de firmeza de las sentencias están previstos en la ley procesal.

La Sala decide las impugnaciones interpuestas por los consejeros de Estado
Fernando Alexei Pardo Flórez y José Roberto Sáchica Méndez, y por el Municipio de
Neiva contra el fallo proferido el 12 de febrero de 2024 por el Consejo de Estado-
Sección Segunda-Subsección B, que amparó los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, dejó sin efectos el auto del 4 de
julio de 2023 que dictó el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A y ordenó
a esa autoridad judicial proferir una providencia de reemplazo.

ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 12 de marzo de 2024, la Nación-Ministerio de Educación Nacional, a través de
apoderada judicial, formuló acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia,
así como a los principios de buena fe y confianza legítima que alegó vulnerados por
el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A, al proferir el auto del 4 de julio

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-07619-01
Solicitante: Nación- Ministerio de Educación Nacional
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

de 2023, dentro del proceso de controversias contractuales1 que el Municipio de Neiva
interpuso en su contra. En virtud del amparo, se pide dejar sin efectos la providencia
reprochada.

2. Hechos relevantes

El Municipio de Neiva formuló demanda de controversias contractuales contra la
Nación-Ministerio de Educación Nacional para que se declararan nulas las
Resoluciones 12814 y 20761 de 2017, que liquidaron unilateralmente el convenio
interadministrativo celebrado entre ambas entidades y se ordenara el reintegro de
$2.049.968.523. Además, se pidió la devolución de la suma reintegrada y la
constancia de paz y salvo entre las partes.

El asunto correspondió al Tribunal Administrativo del Huila que, en sentencia del 14
de junio de 2022, declaró la nulidad de los actos demandados y, asimismo, ordenó al
municipio de Neiva a reintegrar a favor de la Nación-Ministerio de Educación la suma
de $37.735.904. La decisión fue notificada a través de correo electrónico del 23 de
junio de 2022.

El 14 de julio de 2022, la Nación-Ministerio de Educación Nacional formuló recurso de
apelación contra esa sentencia, que fue concedido por el Tribunal mediante auto del
13 de septiembre de 2022. Sin embargo, el 28 de noviembre de 2022 el consejero de
Estado José Roberto Sáchica Méndez -sustanciador del asunto- rechazó por
extemporáneo ese recurso.

La demandada formuló recurso de reposición y subsidiario de súplica, al considerar
que a pesar de que el recurso de apelación se interpuso por fuera del término, ello
obedeció a que una constancia secretarial del Tribunal Administrativo del Huila la
indujo a error, porque en el sistema de información judicial «Siglo XXI» se registró una
constancia en la que indicó que el término para interponer el recurso de apelación
finalizaba el 14 de julio de 2022. El 27 de marzo de 2023 la autoridad no repuso la
decisión y concedió el recurso de súplica. El 4 de julio siguiente, el Consejo de Estado-

1
Identificado con número de radicado 41001-23-33-000-2018-00198-01

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-07619-01
Solicitante: Nación- Ministerio de Educación Nacional
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

Sección Tercera-Subsección A -en Sala- confirmó el auto recurrido en cuanto rechazó
por extemporáneo el recurso de apelación.

3. Fundamentos de la solicitud

La solicitante sostiene que la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados. Afirma que, según un informe secretarial del 23 de junio de
2022, el término para formular el recurso de apelación iniciaba a contarse a partir del
30 de junio y vencía el 14 de julio de 2022, fecha esta última cuando formuló el recurso
de apelación. Plantea que ese informe le indujo en error y que actuó en buena fe, en
atención a una expectativa legítima generada por esa anotación. Agrega que:

«(…) la información que se registra en el Sistema de Consulta Siglo XXI, confrontada
con las constancias secretariales tienen un carácter vinculante de la Información
justiciando de esta manera para que se usen como el de consulta de procesos, y, por
lo tanto, la información que se registra, debe ser veraz, y lo contrario, genera la
vulneración de los derechos fundamentales de los usuarios del servicio judicial».

4. Trámite procesal

El 15 de enero de 2024 se admitió la acción de tutela y se ordenó su notificación a la
autoridad judicial accionada, así como al Tribunal Administrativo del Huila y al
Municipio de Neiva en calidad de terceros con interés.

En el escrito de contestación, el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A,
al oponerse al amparo, adujo que la decisión controvertida se ajustó a la normativa
procesal y la jurisprudencia aplicable, de modo que el desacuerdo de la solicitante con
la decisión no comporta la vulneración de derechos fundamentales.

El Tribunal Administrativo del Huila sostuvo que no ha vulnerado los derechos
fundamentales alegados. Advirtió que las partes tienen el deber de contabilizar los
términos conforme a la ley procesal. Aportó enlace digital al expediente ordinario.

El Municipio de Neiva planteó que la solicitante disponía del término de 10 días hábiles
para formular el recurso de apelación, pero «esperó hasta el último día para hacerlo,
de forma extemporánea». Agregó que las actuaciones secretariales son meramente

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informativas y no son vinculantes para las partes, ni modifican las normas procesales.

Mediante sentencia del 12 de febrero de 2024, el Consejo de Estado-Sección
Segunda-Subsección B amparó los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia. Estimó que la providencia controvertida incurrió
en defecto procedimental por «exceso ritual manifiesto», ya que aconteció un error
judicial en la constancia secretarial en cuanto al cómputo de los términos para
interponer los recursos. Tal situación generó en la solicitante «la convicción legítima,
cierta y razonable» de que el término para formular el recurso vencía el 14 de julio de
2022. Así las cosas, afirmó que esa decisión:

(…) desconoce una verdad jurídica objetiva evidente en el trámite procesal, por el
extremo rigor en la aplicación de las normas procesales, privilegiando aspectos
formales sobre el derecho sustancial, afectando la garantía de acceso a la
administración de justicia de la parte aquí accionante.

El consejero de Estado José Roberto Sáchica Méndez impugnó. Esgrimió que,
conforme a las decisiones revocadas, el error secretarial no justifica el
desconocimiento de las normas procesales, que son de carácter imperativo y de orden
público, especialmente cuando las partes actúan mediante un profesional en derecho.
Argumentó que no hubo un error invencible frente a la debida diligencia profesional
que corresponde al apoderado. Explicó que el principio de la confianza legítima limita
modificaciones intempestivas en la manera tradicional de proceder de las autoridades,
situación que no acaeció.

El consejero de Estado Fernando Alexei Pardo Flórez, a su vez, impugnó. Argumentó
que la aplicación de las normas procesales no puede configurar una violación de
derechos fundamentales, aún más cuando esas normas aseguran la contradicción y
defensa de las partes en condiciones de igualdad e imparcialidad. Agregó que la
decisión impugnada «paradójicamente, otorga prioridad a la formalidad de la
constancia secretarial sobre lo sustancial del acto procesal de notificación electrónica
de la decisión judicial». Por demás, resalta que la solicitante es una persona jurídica
de derecho público que dispone de herramientas suficientes para acceder a la
administración de justicia.
El Municipio de Neiva también impugnó. Advirtió que el fallo de primera instancia no

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-07619-01
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tuvo en cuenta que el rechazo del recurso de apelación se fundó en la aplicación de
normas procesales de orden público. En esa medida, el error en la constancia de
ejecutoria no exime a la solicitante de su obligación legal de cumplir los términos
procesales. El 4 de junio de 2024 se concedieron las impugnaciones.

El 18 de junio de 2024 el expediente ingresó al Despacho del magistrado ponente
para decidir la impugnación interpuesta contra la sentencia de amparo de primera
instancia y el 16 de julio siguiente se registró proyecto de fallo para ser discutido en la
siguiente Sala. El 30 de julio de 2024 el consejero Nicolás Yepes Corrales manifestó
impedimento para conocer del asunto. Por auto del 9 de agosto del año en curso, se
declaró fundado y el 11 de septiembre siguiente el proceso volvió al Despacho para
proferir la decisión de segunda instancia.

CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia del 12 de febrero de 2024, proferida por el Consejo de Estado-Sección
Segunda-Subsección B, que accedió al amparo.

6. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la C. Pol y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-LEAJ. La
Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de primera instancia
con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo
No. 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental2. De conformidad con

2
Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.

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su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal,
que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale con claridad
los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi) que la
providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela3.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
«precedente» constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.

Relevancia constitucional

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha indicado los siguientes elementos
para determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional4: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo cual
no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se deben
expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor
respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) que
la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y económico.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos antes
expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia

3
Ibidem.
4
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ).

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constitucional. Sostuvo que «la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que excluye
su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen a la
controversia judicial». Precisó que el requisito de relevancia constitucional es
consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad de
los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
Además de lo anterior, la Corte indicó que:

(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades principales; a
saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad
de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia
adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal.

Caso concreto

La providencia reprochada confirmó, en súplica, un auto que rechazó por
extemporáneo un recurso de apelación. Advirtió que la sentencia del 14 de junio de
2022 se notificó a las partes por correo electrónico del 23 de junio de 2022 -notificación
electrónica-. En atención al artículo 205 CPACA5, la providencia se entiende notificada
transcurridos dos días hábiles a partir del envío del mensaje, es decir, el 28 de junio
siguiente. Así, el término de 10 días para formular recurso de apelación venció el 13
de julio de 2024, pero la parte demandada sólo lo interpuso hasta el 14 de julio
siguiente.

Agregó que las constancias secretariales tienen carácter puramente informativo y no
exceptúan o modifican los términos procesales dispuestos por la ley. Así, la
observancia de las normas procesales no puede equipararse a una vulneración del
derecho al debido proceso o al desconocimiento del principio de confianza legítima.

En este sentido, la providencia reprochada señaló:

A juicio de la recurrente se debe revocar el auto suplicado, dado que la Secretaría del

5
Sobre el alcance de esta norma ver auto de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
del 29 de noviembre de 2022, Rad. 68001-23-33-000-2013-00735-02 (68177).

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Tribunal Administrativo del Huila la indujo en error, toda vez que en el sistema de
información judicial “Siglo XXI” registró una constancia en la que indicó que el término
para interponer el recurso de apelación en contra de la sentencia finalizaba el 14 de julio
de 2022.

Señaló que la Corte Constitucional y esta Corporación, en sede de la acción de tutela,
de manera uniforme han señalado que la información que se registra en los sistemas
de gestión dispuestos por la Rama Judicial, incluidas las constancias secretariales,
resultan vinculantes para los sujetos procesales, de ahí que cuando no contengan
información veraz se vulnera el derecho fundamental al debido proceso y el principio de
confianza legítima, como ocurrió en el caso concreto.

En el presente asunto, la Sala precisa que no existe discusión frente al hecho de que la
sentencia de primera instancia, proferida el 14 de junio de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Huila, se notificó el 28 de junio de 2022, en los términos dispuestos
en el artículo 205 de la Ley 1437 de 2011, toda vez que se envió a través de correo
electrónico, entre otros, a los canales digitales para notificaciones judiciales de la Nación
– Ministerio de Educación y de su apoderada el 23 de junio de 2022.

Asimismo, no se formularon reparos en cuanto a que el mencionado acto procesal
cumplió con su finalidad, dado que la demandada conoció la sentencia proferida por el
Tribunal a quo.

Precisado lo anterior, se advierte que la controversia versa frente al alcance de una
constancia secretarial que se registró con posterioridad a la sentencia y en la que de
manera errónea la Secretaría del Tribunal a quo indicó que “a partir del 30 de junio de
2022 comienza a correr el término de ejecutoria de la sentencia notificada por correo
electrónico”, cuando lo correcto es que el referido término comenzó a correr el 29 de
junio de esa anualidad.

Al respecto, la Sala recuerda que las normas procesales, en los términos señalados en
el inciso primero del artículo 13 del CGP, “son de orden público y, por consiguiente, de
obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o
sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley”.

Asimismo, al estudiar la naturaleza de las constancias secretariales proferidas en el
marco de un proceso judicial, esta Corporación ha considerado que tienen un carácter
puramente informativo y no cuentan con la capacidad de exceptuar o modificar los
términos dispuestos en la normativa aplicable6.

En efecto, el artículo 302 del CGP señala que la ejecutoria de una providencia se
adquiere, entre otros eventos, cuando, como se constató en el presente asunto,
vencieron los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueran procedentes.

Así las cosas, la Sala precisa que no resultan de recibo los argumentos del recurrente
en cuanto afirma que la constancia secretarial lo indujo en error, dado que la
mencionada actuación secretarial no guarda relación con la fecha en la que se surtió la
notificación de la sentencia sino con el cómputo del término de ejecutoria, incorrección
que en modo alguno tiene la virtualidad de modificar el término legal que tenían las
partes para interponer los recursos.

6
Al respecto, se pueden consultar entre otros, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección A, auto del 21 de julio de 2018, rad. 54001-23-33-000- 2015-00302-01, M.P. María Adriana
Marín; sentencia del 12 de junio de 2017, rad. 41001-23-31- 000-2005-02216-01 (48.846), y sentencia del 26 de
agosto de 2015, rad. 73001-23-31-000-2008- 00547-01 (38.835), M.P. Hernán Andrade Rincón

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-07619-01
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Una interpretación en sentido contrario daría lugar a la configuración de la causal de
nulidad prevista en el numeral 2 del artículo 133 del CGP, dado que se estaría reviviendo
un proceso legalmente concluido, toda vez que la sentencia de primera instancia cobró
ejecutoria sin que las partes interpusieran los recursos procedentes dentro de la
oportunidad legal.

En ese escenario, la observancia de las normas procesales, en especial de aquella que
señala el término para interponer el recurso de apelación en contra de la sentencia de
primera instancia, no puede equipararse a una vulneración del derecho al debido
proceso o al desconocimiento del principio de confianza legítima, sobre todo al tener en
cuenta que los apoderados de las partes tienen una formación jurídica que les permite
establecer el momento de notificación de las providencias judiciales y contar el término
dentro del cual pueden formular los recursos que consideren pertinentes en defensa de
los intereses de su representado.

La Sala advierte que los argumentos presentados por la solicitante son los mismos
que alegó al interponer el recurso de reposición y en subsidio el de súplica, no
acreditan una vulneración o amenaza de derechos fundamentales, sino que se
encaminan a volver sobre la controversia decidida por el juez de conocimiento y
esgrimen divergencias interpretativas frente al alcance de normas procesales.
Además de ello, revisados los fundamentos jurídicos que motivaron la decisión
reprochada, la Sala estima que provienen de la recta aplicación de las normas
procesales que regulan la notificación de sentencias (art. 205 CPACA).

Como no se evidencia que la autoridad judicial accionada haya proferido una decisión
caprichosa o arbitraria, resulta improcedente que el juez del amparo revise o evalúe
la interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto a las normas procesales
que regulan la notificación de sentencias. La acción de tutela no es una instancia
adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la autonomía e
independencia que caracterizan las actuaciones judiciales. Por las razones expuestas,
la acción de tutela no cumple con el requisito general de relevancia constitucional.

Sumado a lo anterior, la Sala se aparta de las razones de la sentencia impugnada,
que concedió el amparo, y pone de presente que los derechos al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia se aplican «bajo los parámetros de diseño que
estableció el Legislador para los mecanismos judiciales»7. En efecto, el derecho al
debido proceso (art. 29 C. Pol) es el conjunto de garantías que brindan protección a

7
Corte Constitucional, sentencia SU-335 de 2023 [fundamento jurídico 131]

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los ciudadanos que se encuentren incursos en una actuación judicial o administrativa
para que sus derechos les sean respetados, así que, dentro de los postulados que
conforman el debido proceso se encuentra el derecho a la independencia e
imparcialidad del juez natural, que debe resolver los asuntos de su competencia con
sujeción a la Constitución y a la ley8. En consecuencia, el debido proceso implica la
recta aplicación de las normas que regulan los procedimientos judiciales, de ahí que
el artículo 29 C. Pol no se puede entender como un mandato aislado y abstracto, sino
que su aplicación necesariamente pasa por la observancia de la ley procesal.

Por su parte, las normas adjetivas tienen el carácter de mandatos de orden público y
de obligatorio cumplimiento, de modo que –salvo habilitación legal– en ningún caso
podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por el juez o las partes (artículo 13
CGP). Por ello, su inobservancia precisamente configura el desconocimiento del
derecho al debido proceso y, por contera, resulta contraria a la seguridad jurídica.

En este sentido la Corte Constitucional9 ha señalado que:

En ese contexto, el derecho fundamental al debido proceso viene a compendiar todo ese
cúmulo de garantías sustanciales y procesales que regulan la actividad jurisdiccional y
administrativa orientada a la solución de controversias; garantías enarboladas desde el
Estado liberal, consolidadas tras una ardua tensión entre el poder y la libertad,
potenciadas por el constitucionalismo y que hoy se orientan a la racionalización del poder
estatal en el trámite de los asuntos que se someten a decisión de las autoridades. Por
ello, el debido proceso involucra la previa determinación de las reglas de juego que
se han de seguir en las actuaciones procesales, garantiza la igualdad ante la ley de
quienes se someten a la justicia o a la administración, asegura su imparcialidad y
las sustrae de la arbitrariedad.

Ahora bien, es claro que las garantías que integran el debido proceso, y entre ellas el
derecho de defensa, son de estricto cumplimiento en todo tipo de actuaciones, ya sean
judiciales o administrativas, pues constituyen un presupuesto para la realización de la
justicia como valor superior del ordenamiento jurídico. Ello es así por cuanto la
concepción del proceso como un mecanismo para la realización de la justicia, impide que
algún ámbito del ordenamiento jurídico se sustraiga a su efecto vinculante pues a la
conciencia jurídica de hoy le repugna la sola idea de alcanzar la justicia pervirtiendo el
camino que conduce a ella. (Negrilla fuera del texto)

8
Corte Constitucional, sentencia SU-174 de 2021 [fundamentos jurídicos 22 a 25]
9
Corte Constitucional, sentencia C-131 de 2002 [fundamento jurídico 3]

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Como manifestación del derecho al debido proceso, se encuentra el postulado de
igualdad de las partes en el proceso, por ello, quienes concurren ante los jueces deben
tener las mismas oportunidades procesales para la realización de sus garantías. Si el
juez se aparta de la igualdad y «favorece» o «privilegia» a una de las partes por vía
de la «flexibilización» de algún precepto procesal, ello no solo implica la ruptura del
carácter de orden público de las normas adjetivas, sino que materializa la aplicación
parcializada del derecho, en detrimento del debido proceso que protege a la otra parte
en contienda.

De este modo, tal como lo advirtió la autoridad judicial en el auto reprochado, en caso
de admitir un término diferente para la interposición de los recursos por el supuesto
error en la constancia secretarial, se podría configurar la causal de nulidad prevista en
el artículo 133.2 del CGP, ya que se estaría reviviendo un proceso legalmente
concluido, en la medida que la sentencia de primera instancia cobró ejecutoria
conforme al artículo 302 del CGP, sin que las partes interpusieran los recursos dentro
del término de ley.

Así mismo, dicha decisión no tuvo en cuenta que la constancia secretarial expedida el
23 de junio de 2022, se emitió con fundamento en el artículo 115 CGP, que habilita al
secretario para expedir certificaciones sobre la ejecutoria de providencias judiciales,
sin necesidad de auto que las ordene. Sin embargo, estas son meramente
informativas, no inciden de manera alguna en el cómputo de los términos previstos en
el artículo 118 CGP y por tanto no tienen el alcance de modificar o extender términos
procesales. De ahí que el punto de partida, duración y fecha de vencimiento de los
términos procesales se encuentran regulados única y expresamente en la ley y no
según el criterio particular plasmado en una constancia secretarial.

Tal y como se advirtió en la providencia reprochada, la Corporación ha tenido
oportunidad de ocuparse sobre esta temática en otras oportunidades. En auto del 21
de junio de 201810, la Subsección A de la Sección Tercera advirtió que «la ejecutoria
de las sentencias es un tema que se encuentra debidamente regulado por el
legislador», sumado a que «las constancias secretariales tienen fines meramente

10
Cfr. Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A, auto del 21 de junio de 2018, rad. 54001-23-33-000-
2015-00302-01, C.P. María Adriana Marín.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-07619-01
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informativos y, por tanto, no pueden modificar el conteo de los términos legalmente
establecidos (Vgr. ejecutoria de las providencias)». Lo anterior impone, como
conclusión, que «no sería dable preferir una constancia secretarial que, se insiste,
cumple una función puramente informativa, a la disposición legal que regula la
iniciación y terminación del conteo del término».

Dicha postura ha sido reiterada y tiene soporte en otras providencias dictadas por la
misma Subsección A11, así como por la Subsección B de la Sección Tercera12 del
Consejo de Estado, de modo que no se trata de una tesis jurisprudencial aislada o
caprichosa, sino que ha tenido aplicación en controversias similares. Aún más, este
criterio también lo comparte el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria. En efecto,
la Corte Suprema de Justicia13, en su Sala de Casación Civil, ha resaltado que:

3.2. De otro lado, se desestima que los informes secretariales de 12 de junio y 26
de julio de 2018 indujeran a error o duda, en la medida en que el descuento del plazo
legal para formular la demanda sustentadora del remedio extraordinario inicia al día
siguiente de la notificación por estado de la providencia que lo admitió, de acuerdo con
la previsión consagrada en el inciso 2º del precepto 118 ejusdem.

Por lo tanto, no se desconoció el principio de confianza legítima, dado que se trata de
una situación reglada por el ordenamiento procesal vigente, que no depende de
funcionario o empleado judicial para modificarla o extenderla, de donde no era dable
desconocerla, so pretexto de dicha «constancia», pues la ley se presume conocida y
más cuando el impugnante se encuentra representado por profesional del derecho que
tiene el deber de estar al tanto de observarla.

Aunado a lo anterior, el auto de 1º de junio de 2018 puntualizó que el traslado para
sustentar la impugnación extraordinaria debía correrse atendiendo el artículo 343 del
Código General del Proceso (estatuto vigente al momento de la interposición de la
casación), por lo que la constancia de secretaría no podía entenderse como una
modificación al mismo, lo que es obvio por el ámbito de competencias del funcionario
secretarial. Por consiguiente, no resulta atendible el ataque del inconforme comoquiera

11
Cfr. Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A, sentencia del 26 de agosto de 2015, rad. 73001-23-31-
000-2008-00547-01(38835) C.P. Hernán Andrade Rincón (e); sentencia del 26 de mayo de 2016, rad. 73001-23-
31-000-2009-00520-01(41116), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia del 7 de diciembre de 2016, rad.
81001-23-31-000-2010-10029-01(43563), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia del 8 de febrero de 2017,
rad. 66001-23-31-002-2009-00149-01(45669), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, y sentencia del 12 de junio de
2017, rad. 41001-23-31- 000-2005-02216-01(48846), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
12
Cfr. Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección B, auto del 5 de septiembre de 2002, rad. 50001-23-31-
000-2001-05074 01(20987), C.P. Germán Rodríguez Villamizar, y sentencia del 8 de junio de 2017, rad. 76001-
23-31-000-2006-02634-01(42510), C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.
13
Cfr. Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Penal, sentencia de tutela del 10 de junio de 2003, rad. 13.726;
sentencia de casación de 6 de abril de 2006, rad. 22705; sentencia de casación de 9 de noviembre de 2006, rad.
23213; sentencia de casación de 26 de septiembre de 2007, rad. 27998; sentencia de casación de 5 de diciembre
de 2007, rad. 25363, y sentencia de tutela de 23 de octubre de 2008, rad. 39124.

13
Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-07619-01
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Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

que las disposiciones adjetivas son precisas en estipular los tiempos para presentar el
libelo casacional, las cuales, se repite, son de orden público y, por lo tanto, de obligatorio
cumplimiento.

De antaño, tiene explicado esta Corporación que:
…[A] propósito de la equivocación cometida al ordenarse computar un término en forma
distinta a lo señalado en la ley, «su función en tal coyuntura procesal, es también la de
considerar si respecto del dicho medio de impugnación no se ha presentado alguno de los
casos de deserción (...). El control del cumplimiento de la ley en este evento no puede
radicarse solamente en cabeza del litigante adversario del recurrente. La Corte no puede ser
privada de tan alta función. Su deber es, entonces, procurar el restablecimiento del imperio
de la ley procesal que en tales casos impone la deserción del recurso, efecto legal que se
impone por el ministerio legal y no por la mera declaración judicial» (CSJ AC, 20 jun. 1977;
reiterado en AC182, 24 ago. 1999, rad. 7776 y AC, 30 abr. 2008, rad. 2004-00232-01).

En un caso de análogos contornos al de ahora, la Corte dijo, «[c]onclúyase, entonces,
que no existió inducción a error o confianza legítima [por parte de la Secretaría de la
Sala] en la adición de un (1) día para sustentar la demanda de casación, pues las
disposiciones son precisas en señalar los límites de que dispone el promotor para el
efecto» (AC2126-2017, 30 mar. 2017, rad. 2012-00708-01).

Posición que se halla en consonancia con la fijada por la Corporación en casos similares
examinados en sede constitucional, donde expresó que:

… [I]mpera recordar que en materia de términos legales la Corte también de manera pacífica
y reiterada ha señalado que los mismos son de riguroso cumplimiento y que no puede dejarse
su aplicación al arbitrio de los empleados o funcionarios judiciales, pues si tal situación se
permitiera desaparecería la seguridad jurídica que de ellos dimana, quedando sujeto el
proceso a las interpretaciones caprichosas de quienes en un momento dado deben darles su
curso en las actuaciones encomendadas.

Las certificaciones de los funcionarios encargados de controlar términos «no tienen carácter
vinculante, sino simplemente informativo, porque éstos no están facultados para modificar o
sustituir las disposiciones legales que regulan la iniciación o duración de los términos», de
modo «que es deber de los sujetos procesales verificar si la información consignada en ellas
es correcta…» (CSJ STC, 19 abr 2013, rad. 00224-01; citada en STC 15054, 4 nov. 2014;)14
(Se destaca)

Asimismo, la referida Sala, en providencia del 27 de julio de 2020, advirtió que:

Y es que la constancia secretarial registrada en el sistema de consulta de procesos no
puede entenderse como una modificación al traslado legal ordenado, lo que es obvio
por el ámbito de competencias del servidor secretarial. De ahí que no tenga buen recibo
el argumento de la solicitante concerniente a que el término para replicar la demanda
de casación aún no había empezado a correr, habida cuenta de que las disposiciones
adjetivas son claras en estipular los tiempos para dicho efecto, las cuales, se itera, son

14
Cfr. Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Civil, sentencia de casación del 6 de noviembre de 2018, rad.
AC4757-2018

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-07619-01
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Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

de orden público y, por lo tanto, de obligatorio cumplimiento.

La Sala ha sostenido de manera constante y uniforme que:

…[I]mpera recordar que en materia de términos legales la Corte también de manera
pacífica y reiterada ha señalado que los mismos son de riguroso cumplimiento y
que no puede dejarse su aplicación al arbitrio de los empleados o funcionarios
judiciales, pues si tal situación se permitiera desaparecería la seguridad jurídica que
de ellos dimana, quedando sujeto el proceso a las interpretaciones caprichosas de
quienes en un momento dado deben darles su curso en las actuaciones
encomendadas.
Las certificaciones de los funcionarios encargados de controlar términos «no
tienen carácter vinculante, sino simplemente informativo, porque éstos no
están facultados para modificar o sustituir las disposiciones legales que
regulan la iniciación o duración de los términos», de modo «que es deber de
los sujetos procesales verificar si la información consignada en ellas es
correcta…» (negrilla fuera de texto. CSJ STC, 19 abr. 2013, rad. n.° 00224-01;
citada en STC 15054, 4 nov. 2014 y AC4757, 6 nov. 2018, rad. n.° 2013-00359-
01)15.

Las razones expuestas por la Corte Suprema de Justicia también han sido replicadas
por la Corte Constitucional, como se advierte en la sentencia T-661 de 200516, según
la cual, el régimen legal para la interposición de recursos no puede modificarse con
ocasión de los errores en que incurra la secretaría de un despacho judicial, pues se
desconocería el principio de legalidad, ya que los términos no serían los estrictamente
señalados en la ley, sino que podrían ser modificados en casos concretos por las
secretarías de los distintos despachos y, en cada sede judicial, se manejarían
términos distintos. En este sentido, el órgano de cierre en materia constitucional
consideró que:

1. El tema que en esta ocasión ocupa la atención de la Sala es el de la notificación de
las decisiones judiciales y los recursos que proceden contra ellas. Dentro de esa
temática, el problema específico que se le plantea radica en establecer si incurre en vía
de hecho el juez de segunda instancia que se declara inhibido para conocer de un
recurso de apelación interpuesto contra una sentencia por haberse presentado el
recurso de manera extemporánea y a pesar de que la secretaría del a quo haya dejado
constancias equivocadas sobre el término de sustentación del recurso.

2. Como se sabe, los distintos procedimientos que se siguen con miras a la aplicación
de las normas de derecho sustancial están regulados por la ley. Y ello es comprensible

15
Cfr. Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Civil, sentencia de casación del 27 de julio de 2020, rad.
AC1625-2020
16
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-661 del 24 de junio de 2005, MP. Jaime Córdoba Triviño

15
Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-07619-01
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pues no habría lugar a la aplicación de las normas sustanciales si los procedimientos se
determinaran por la sola voluntad de los juzgadores o de las partes ya que, por este
camino, se cerniría la más completa incertidumbre en torno a los pasos que se deben
seguir con miras a la aplicación de las normas que crean, modifican o extinguen
relaciones jurídicas. De allí que el tema de las notificaciones y recursos en materia
penal esté detenidamente regulado por el Código de Procedimiento Penal y que tanto
el juez como los distintos intervinientes en el proceso deban ceñirse a esa regulación.

(…)

6. Cabe interrogarse si este régimen legal del recurso de apelación contra sentencias
puede modificarse en virtud de los yerros en que incurra la secretaría de un despacho
judicial. Para la Corte este cuestionamiento tiene una respuesta negativa pues ello
implicaría un desconocimiento del principio de legalidad del proceso penal ya que se
estaría permitiendo que los términos judiciales no sean estrictamente los señalados en
la ley sino que ellos pueden ser modificados, en casos concretos, por las secretarías de
los distintos despachos. De este modo, en cada sede judicial se podrían manejar
distintos términos de notificación, ejecutoria, sustentación y traslado de un recurso. Y
con esto, qué duda cabe, el derecho perdería su capacidad de regulación de los
conflictos y de cohesión de relaciones sociales y se generaría una completa
incertidumbre en torno a las reglas de juego que gobiernan los distintos procedimientos.

Frente a ello, si una secretaría incurre en un equívoco al dejar una constancia de
corrimiento o vencimiento de un término, bien sea de ejecutoria, de sustentación o de
traslado, el deber de los sujetos procesales es atenerse al régimen legal vigente en
materia de procedimiento y no aprovechar la eventual ‘extensión’ de términos a que
pueda haber lugar con ocasión de los equívocos en que incurran las secretarías de los
despachos judiciales.

7. Podría pensarse que en un supuesto como este hay lugar a la aplicación del principio de
confianza legítima ya que un yerro secretarial en un punto como ese generaría una
expectativa que toca con derechos fundamentales como el de segunda instancia en tanto
contenido del debido proceso. No obstante, ningún profesional del derecho puede asumir
que las irregularidades en que incurra la secretaría de un despacho judicial tienen la
virtualidad de extender los términos procesales pues éstos los fija la ley y no servidor
público alguno. Por ello, el deber de un sujeto procesal, jurídicamente formado, es
atenerse a lo que la ley dispone en materia de notificaciones, ejecutorias, recursos,
sustentaciones y traslados. (Se destaca)

Por último, si bien la decisión de amparo de primera instancia tuvo sustento en otra
decisión de la Corte Constitucional, la Sala resalta que esta situación evidencia la
inexistencia de un criterio unificado o pacífico del órgano de cierre constitucional en la
materia en controversia. En efecto, aunque la sentencia T-137/13, que invocó el fallo
impugnado para acceder al amparo sostiene que los errores cometidos por los
secretarios, al computar los términos para la interposición de los recursos, no pueden

16
Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-07619-01
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ser corregidos en perjuicio de afectar el ejercicio de los derechos de defensa y
contradicción de los sujetos procesales; por su parte, la sentencia T-661/05, antes
referida, expone un criterio diferente al destacar que el régimen legal para la
interposición de recursos no puede modificarse, con ocasión de los errores en que
incurra la secretaría de un despacho judicial, pues ello desconocería el principio de
legalidad.

Por demás, no puede dejarse de mencionar que la sentencia T-137/2013, en la que
se fundó el fallo impugnado, no guarda los mismos fundamentos fácticos del caso bajo
estudio, pues en esa oportunidad se reprochó que el recurso de apelación contra la
sentencia condenatoria en un proceso penal por inasistencia alimentaria fue declarado
desierto por extemporáneo, ya que no existía claridad en cuanto a si el término para
sustentarlo corría desde que se dejó constancia secretarial de traslado del recurso o
desde el día siguiente a su expedición. A juicio del actor en dicha controversia, el
artículo 194 del Código de Procedimiento Penal debía interpretarse junto con el
artículo 108 del Código de Procedimiento Civil, pues el primero no estipula por cuántos
días se fijará la constancia ni aclara desde cuándo se cuentan los términos de traslado,
no obstante, el artículo 108 dispone que estas constancias se fijan por 1 día y el
término de traslado cuenta desde el día siguiente; por ello, en caso de aplicar el citado
artículo del CPC, la sustentación de su recurso estaría en término. De ahí que es
evidente que la cuestión fáctica resuelta en la sentencia T-137 de 2013 no guarda
similitud con el caso en estudio.

En virtud de lo anterior, la Sala revocará la sentencia del 12 de febrero de 2024,
proferida por el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B que amparó los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
y, en su lugar, declarará improcedente la solicitud de tutela, pues no se configuró una
actuación procesal arbitraria ni caprichosa que justifique la intervención del juez de
tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

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Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 12 de febrero de 2024 por el Consejo
de Estado-Sección Segunda-Subsección B, que amparó los derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia y, en su lugar,
DECLARAR improcedente la solicitud de tutela interpuesta por la Nación-Ministerio
de Educación Nacional contra el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A.

SEGUNDO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CON IMPEDIMENTO ACEPTADO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

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