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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-07639-01

Fecha
2 de agosto de 2024
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-07639-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 2 de mayo de 2024 por el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B, que amparó los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia y, en su lugar: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela interpuesta por el Municipio de Nariño-Cundinamarca contra el Consejo de Estado-Sección Primera y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Primera-Subsección B. SEGUNDO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: Por Secretaría, DEVOLVER inmediatamente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho rad. 25000-23-24-000-2006-00364-00, aportado en préstamo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2023-07639-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

2 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., dos (2) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-07639-01 (acumulada 2024-00047)

Solicitante: MUNICIPIO DE NARIÑO, CUNDINAMARCA

Autoridad: CONSEJO DE ESTADO-SECCIÓN PRIMERA Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: TUTELA-Carácter subsidiario del amparo. NULIDAD PROCESAL-El afectado puede proponer un
incidente. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN-Procede contra sentencias ejecutoriadas bajo las
causales previstas en el artículo 250 CPACA. TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-No procede al
existir otro recurso.

La Sala decide la impugnación interpuesta por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca-Sección Primera-Subsección B y por Eduardo Marcelino Castro
Pérez contra el fallo proferido el 2 de mayo de 2024 por el Consejo de Estado-
Sección Segunda-Subsección B, que amparó los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, dejó sin efectos todo lo actuado
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y ordenó al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca-Sección Primera-Subsección B volver a iniciar el
trámite con la debida vinculación de todos aquellos que se consideren con interés
en el asunto.

ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 18 de diciembre de 2023, el Municipio de Nariño-Cundinamarca, a través del
alcalde, formuló acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, que
alegaron vulnerados por el Consejo de Estado-Sección Primera y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca-Sección Primera-Subsección B al proferir las

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-07639-01
Solicitante: Municipio de Nariño, Cundinamarca
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

sentencias del 30 de enero de 2015 y 16 de junio de 2023, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho 1 que Eduardo Marcelino Castro Pérez
interpuso contra la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

En virtud del amparo, se pide declarar la nulidad de lo actuado y ordenar a las
autoridades judiciales accionadas integrar debidamente el contradictorio. De
manera subsidiaria, pidió que se ordene la «DEBIDA NOTIFICACIÓN» de la orden
judicial y se otorgue al solicitante la posibilidad de pedir su impugnación, aclaración
o adición.

2. Hechos relevantes

Eduardo Marcelino Castro Pérez interpuso demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho para que se declararan nulas las Resoluciones 408 del 9 de marzo de
2005, 1582 del 12 de septiembre de 2005, 1843 del 4 de octubre de 2005, 2013 del
28 de octubre de 2005, 2606 del 22 de diciembre de 2005 y 897 del 1 de marzo de
2006, que otorgaron licencia ambiental para la puesta en marcha del relleno
sanitario «Parque Ecológico Praderas del Magdalena» y autorizaron el depósito de
residuos sólidos domésticos a varios municipios2.

El asunto correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección
Primera-Subsección B, que en sentencia del 30 de enero de 2015 declaró la nulidad
de los actos demandados y ordenó la clausura del relleno sanitario. La parte
demandada y la empresa Servicios Ambientales S.A. E.S.P., tercero con interés,
formularon recurso de apelación contra esa decisión. El 16 de junio de 2023, el
Consejo de Estado-Sección Primera profirió sentencia que confirmó la providencia
recurrida. El tercero interesado presentó solicitud de aclaración y adición, la cual fue
negada mediante auto del 28 de septiembre de 2023.

3. Fundamentos de la solicitud

1
Identificado con número de radicado 25000-23-24-000-2006-00364-00/01.
2
Girardot, Agua de Dios, Ricaurte, Nariño, San Antonio del Tequendama, Beltrán, Pulí, Jerusalén, Guataquí,
Apulo, Tocaima, Viotá, Nilo, Fusagasugá, Arbeláez, Pandi, San Bernardo, Venecia, Centro Poblado de Cambao
de San Juan de Rioseco, Anapoima, Pasca, Tibacuy, Cabrera, La Mesa y El Espinal.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-07639-01
Solicitante: Municipio de Nariño, Cundinamarca
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

El solicitante sostiene que las autoridades judiciales accionadas vulneraron los
derechos fundamentales invocados al no ser vinculado en el proceso. Aduce que
tenía interés directo en el asunto porque depositaba sus residuos sólidos en el
relleno sanitario objeto de discusión y sobre el cual se ordenó la clausura. Advierte
que, conforme al artículo 6 del Decreto 2981 de 2013, corresponde a los municipios
asegurar la prestación del servicio público de aseo. Agrega que la solicitud procede
como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio
irremediable, ya que las providencias reprochadas configuran un riesgo en salud,
salubridad pública y la protección de los recursos naturales, sumado a una potencial
emergencia sanitaria.

4. Trámite procesal

El 15 de enero de 2024 se admitió la acción de tutela y se ordenó su notificación a
las autoridades judiciales accionadas, así como a la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca (CAR), a Servicios Ambientales S.A. E.S.P, a la
Empresa Regional de Aseo ERAS, a la Procuraduría Delegada para Asuntos
Ambientales y Agrarios, a Eduardo Marcelino Castro Pérez y a los municipios de
Girardot, Ricaurte, Agua de Dios, San Antonio del Tequendama, Beltrán, Pulí,
Jerusalén, Guataquí, Apulo, Tocaima, Viotá, Nilo, Fusagasugá, Arbeláez, Pandi,
San Bernardo, Venecia, San Juan de Rioseco, Pasca, Tibacuy, Cabrera, Anapoima,
La Mesa y Espinal, en calidad de terceros con interés.

El 23 de febrero de 2024 se ordenó vincular, en calidad de terceros con interés, a
los municipios de Armero, Guayabal, Carmen de Apicalá, Agua de Dios, Tocaima,
Coello, Cunday, Lérida, Dolores, Viotá, Flandes, Fresno, Guamo, Icononzo, Líbano,
Melgar, Mesa de Yaguas, Piedras, Saldaña, Suárez, Villarrica; y a las empresas
prestadoras Empoapulo SA ESP, ESPAG SA ESP, Daguas SA ESP, Central
Colombiana de Aseo SA ESP, Empresa Espucoello ESP, National Dealer Group
Ltda, Servidolores ESP, Empresa de Servicios Públicos de Viotá, Empresa de
Servicios Públicos de Flandes, Corfresno ESP, Unión Temporal Ecohabitad 2021
UT, Empresas de Servicios Públicos del Líbano, Empandi SA ESP, Servipuli SA
ESP, Empusaldaña SA ESP e Interaseo SAS ESP. También se acumuló la acción

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-07639-01
Solicitante: Municipio de Nariño, Cundinamarca
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

de tutela rad. 11001-03-15-000-2024-00047-00, formulada por el municipio de
Palermo, ya que presenta situaciones fácticas, jurídicas y probatorias similares.

En el escrito de contestación, el Consejo de Estado-Sección Primera, al oponerse
al amparo, adujo que la solicitud no satisface el requisito de subsidiariedad, ya que
el solicitante podría plantear su indebida vinculación como litisconsorte necesario al
interior del proceso ordinario. Agregó que no hubo vulneración de los derechos
fundamentales invocados, pues el solicitante no fue destinatario de los actos
acusados ni intervino en el proceso administrativo que les dio origen.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Primera-Subsección B pidió
que se niegue el amparo, ya que la sentencia de primera instancia se ajustó a
derecho y fue debidamente motivada. Planteó que el solicitante pretende una
instancia adicional al asunto. Aportó el expediente ordinario en préstamo.

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca afirmó que se atiene a lo que
decida el juez de tutela. Agregó que hace seguimiento de las medidas técnicas
adelantadas para la clausura y cierre del relleno sanitario Parque Ecológico
Praderas del Magdalena.

La Alcaldía de Fusagasuga pidió su desvinculación del trámite por falta de
legitimación en la causa por pasiva, en tanto las providencias judiciales acusadas
no son de su conocimiento, pues no fue sujeto procesal en el asunto ordinario.

Los Municipios de El Espinal, Nilo, Ricaurte, Melgar y Agua de Dios, así como la
empresa Central Colombiana de Aseo S.A. E.S.P., coadyuvaron la solicitud.
Afirmaron que únicamente tuvieron conocimiento de la clausura del Parque
Ecológico Praderas del Magdalena con la admisión de la tutela, a pesar de tener un
claro interés en el asunto. Advirtieron que se les podría ocasionar un perjuicio
irremediable al quedar sin un sitio en el que puedan depositar sus residuos sólidos.

Ser Ambiental S.A. E.S.P. también coadyuvó la solicitud, pues los jueces ordinarios
no tuvieron en cuenta los perjuicios ambientales, sociales y económicos que se

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-07639-01
Solicitante: Municipio de Nariño, Cundinamarca
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

podrían causar a los habitantes de los municipios beneficiados por el relleno
sanitario Parque Ecológico Praderas del Magdalena.

El Procurador 27 Judicial II Ambiental y Agrario afirmó que no le asiste razón al
solicitante en cuanto a la eventual nulidad de lo actuado, pues no tuvo un papel o
condición jurídica relevante frente a la expedición de los actos demandados.

Eduardo Marcelino Castro Pérez pidió que se niegue la solicitud, ya que un
litisconsorte cuasinecesario no necesariamente debe ser vinculado a un proceso
para que este se tramite de forma válida, conforme al artículo 62 CGP.

Sonia Patricia Vanegas, Lorena Constanza Canencio, Guillermina Vanegas, Nancy
Peña, Leonardo Tique, Constanza Villa, Sandra Milena Gómez, Estrella Reyes,
Eduar Mora y Juan Carlos Ortegón Cruz, habitantes del municipio de Girardot, se
opusieron al escrito de Eduardo Marcelino Castro Pérez. Afirmaron que el señor
Castro Pérez no tiene interés alguno en sus derechos o en el impacto negativo de
la clausura del relleno sanitario, aunado al eventual incremento de los cobros por el
servicio público de aseo.

La Asociación de Juntas de Acción Comunal del Municipio de Girardot-Asojuntas
Girardot afirmó que el municipio de Girardot únicamente se enteró de la situación
«después de que sale el fallo», de modo que el cierre del relleno sanitario no fue
consultado a los ciudadanos. Agregó que esa situación afectaría su economía, en
tanto los mayores desplazamientos para el tratamiento de residuos sólidos
incrementaría el costo del servicio.

Los Municipios de La Mesa y Guayabal de Síquima pidieron su desvinculación del
trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva, ya que ellos no disponen
sus residuos sólidos en el relleno sanitario bajo discusión.

La Alcaldía de Carmen de Apicalá pidió que se declare improcedente la tutela, ya
que no satisface los requisitos de subsidiariedad e inmediatez.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-07639-01
Solicitante: Municipio de Nariño, Cundinamarca
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

Empoapulo S.A. E.S.P. coadyuvó la solicitud, ya que el trámite ordinario
desconoció normas constitucionales y procesales. Afirmó que el Municipio de Apulo
también deposita sus residuos sólidos en el relleno sanitario Parque Ecológico
Praderas del Magdalena y su clausura le generaría un perjuicio irremediable.

La Empresa de Distribución de Agua Potable, Alcantarillado y Aseo del Carmen de
Apicalá S.A. E.S.P. pidió el amparo de sus derechos y los de los demás
intervinientes. En consecuencia, solicitó que se revoquen las sentencias
controvertidas y se adopten las medidas necesarias para conjurar las posibles
afectaciones al medio ambiente.

La Alcaldía Municipal de Fresno manifestó que «el contenido del correo electrónico
no se relaciona con el Municipio de Fresno Tolima».

Mediante sentencia del 2 de mayo de 2024, el Consejo de Estado-Sección
Segunda-Subsección B accedió a las coadyuvancias, negó las solicitudes de
desvinculación y amparó los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia3. Advirtió que los municipios a los que se les autorizó
la disposición de residuos sólidos en el relleno sanitario Parque Ecológico Praderas
del Magdalena no fueron vinculados al proceso-contencioso administrativo contra
las resoluciones que otorgaron licencia ambiental y autorizaron el depósito de
residuos sólidos, a pesar del evidente interés que les asistía.

Indicó que, conforme al numeral 3 del artículo 207 CCA, la demanda debía ser
notificada a toda persona que tenga interés directo en el resultado del proceso,
según la demanda o los actos acusados. En esa medida, advirtió que el auto
admisorio del 28 de septiembre de 2006 se abstuvo de notificar a los 25 municipios
a los cuales se autorizó el uso del relleno sanitario, a pesar de que los actos
administrativos enjuiciados permitían identificar cada uno de ellos. Además, aunque
el Consejo de Estado estudió la posible nulidad por falta de vinculación de terceros,
tal situación no fue resuelta de oficio y no se adoptaron medidas correctivas.

3
El fallo, asimismo, decidió amparar los derechos fundamentales de los siguientes coadyuvantes: Municipios
de El Espinal, Nilo, Ricaurte y Agua de Dios.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-07639-01
Solicitante: Municipio de Nariño, Cundinamarca
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

Además de la vulneración de los derechos fundamentales invocados, se advirtió la
posible afectación de los derechos colectivos al medio ambiente sano, a la
seguridad y salubridad públicas, al acceso a servicios públicos y a la moralidad
administrativa. Afirmó que en este asunto no procedía estudiar el requisito de la
subsidiariedad, ya que «mal puede considerarse que los municipios afectados
deben acudir ante el juez natural del asunto, cuando, se insiste, ni siquiera tenían
conocimiento de la decisión de clausura del pluricitado relleno sanitario».

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Primera-Subsección B
impugnó. Reiteró lo expuesto en su informe y remitió a los argumentos expuestos
por el Consejo de Estado-Sección Primera en la sentencia del 16 de junio de 2023,
al pronunciarse sobre una solicitud de nulidad formulada por Servicios Ambientales
S.A. E.S.P., así como en su contestación a la tutela. Agregó que, conforme al
artículo 146 CCA, cualquier persona con interés directo en las resultas del proceso
puede intervenir como parte coadyuvante o impugnadora, hasta el vencimiento del
término para alegar en primera o única instancia. Así las cosas, tal solicitud
resultaría extemporánea. Pidió la devolución del expediente allegado en préstamo.

Eduardo Marcelino Castro Pérez, a su vez, impugnó. Reiteró que, conforme al
artículo 62 CGP, no se requería la comparecencia del litisconsorte cuasinecesario
para decidir la controversia judicial. Agregó que los municipios intervinientes ni
siquiera tienen la calidad de litisconsorte cuasinecesario, en tanto no son titulares
de alguna relación sustancial a la cual se extiendan los efectos jurídicos de la
sentencia. Además, no se infiere un interés directo de esos municipios a partir de la
autorización otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca a
Servicios Ambientales S.A. E.S.P. para prestarles sus servicios. En esa medida,
planteó que la solicitud no satisface el requisito de subsidiariedad. El 12 de junio de
2024 se concedieron las impugnaciones.

CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-07639-01
Solicitante: Municipio de Nariño, Cundinamarca
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia del 2 de mayo de 2024, proferida por el Consejo de Estado-Sección
Segunda-Subsección B, que accedió al amparo.

6. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Nacional y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de
primera instancia con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de
1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena de la
Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental4. De conformidad
con su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia
constitucional; ii) que el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial
ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio
irremediable; iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una
irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la
solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta
vulneración; vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción
de tutela5.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del

4
Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
5
Ibidem.

9
Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-07639-01
Solicitante: Municipio de Nariño, Cundinamarca
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“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.

Subsidiariedad

El inciso tercero del artículo 86 de la Constitución y el artículo 6.1 del Decreto 2591
de 1991 prevén que la acción de tutela no procede cuando existan otros recursos o
medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. La jurisprudencia constitucional ha precisado que
esta regla tiene dos excepciones: i) el empleo de la acción de tutela como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, o ii) cuando los medios
de defensa no sean idóneos ni eficaces para superar la amenaza o vulneración de
los derechos fundamentales invocados6.

Este requisito general de las acciones de tutela se hace más exigente cuando el
objeto de la acción es una providencia judicial. Así, se ha establecido que los
recursos judiciales ordinarios y extraordinarios son, por regla general, las vías
legítimas de defensa y reconocimiento de derechos fundamentales 7 . La Corte
Constitucional, en sentencia SU-062 de 2018, estableció las razones principales
que refuerzan el requisito de subsidiariedad en tutelas contra providencias
judiciales:

«En primer lugar, las sentencias son decisiones emanadas de un juez que recibió
el encargo constitucional de poner fin a las controversias en una jurisdicción
determinada, para lo cual, fue revestido de autonomía e independencia (…). [L]a
acción de tutela que no es presentada con apego estricto al principio de
subsidiariedad, niega la garantía del debido proceso, de acuerdo con la cual, una
persona sólo puede ser procesada por su juez natural.

En segundo lugar, las etapas, el procedimiento y los recursos que conforman un
proceso son el primer espacio de protección de los derechos fundamentales de
los asociados, especialmente en lo que tiene que ver con las garantías del debido
proceso de manera que no es admisible que el afectado alegue la vulneración o
amenaza de un derecho fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus
derechos dentro del proceso, pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha

6
Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
7
Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; se citan, entre otras, las
sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017, M.P. José Antonio Cepeda; SU-068 de
2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo
Schlesinger.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-07639-01
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Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

dotado de todas las herramientas necesarias para corregir durante su trámite las
irregularidades procesales que puedan afectarle.

Y la última razón es que la acción de tutela contra providencias judiciales no
pretende sustituir al juez natural, ni discutir aspectos legales que ya han sido
definidos, o están pendientes de definir. Sin embargo, cuando se desconoce el
principio de subsidiariedad, y se intenta usar la acción de tutela como otra
instancia u otro recurso de litigio, sin que existan razones evidentes para advertir
violaciones a derechos fundamentales, se atenta contra la cosa juzgada y contra
la seguridad jurídica».

Caso concreto

El solicitante adujo la vulneración de sus derechos fundamentales ya que no fue
vinculado a un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. La Sala
advierte que el solicitante disponía del incidente de nulidad para formular ese
reproche. En efecto, el artículo 133.8 CGP establece como causal de nulidad que
no se practique en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a
las personas determinadas o el emplazamiento de las personas indeterminadas que
deban ser citadas como partes o sucesoras procesales. Tal disposición retoma, en
esencia, las causales previstas en los numerales 8 y 9 del artículo 140 CPC, régimen
procesal aplicable para los procesos tramitados bajo el CCA.

Cabe anotar que, en la sentencia del 16 de junio de 2023, la Sección Primera del
Consejo de Estado estudió una solicitud de nulidad procesal formulada por Servicios
Ambientales S.A. E.S.P. en su recurso de apelación. El recurrente planteaba que
no se llamó al proceso a ninguno de los municipios que entregan sus residuos al
relleno sanitario. La autoridad judicial resolvió ese argumento de la siguiente forma:

«257. Para la Sala no tiene vocación de prosperidad este motivo de impugnación,
en razón a que: i) la nulidad se formuló de manera condicionada en el evento que
no prosperara el argumento de la caducidad, es decir de forma subsidiaria,
cuando las nulidades procesales tienen naturaleza principal; ii) quien la alega, el
tercero con interés, no tiene legitimación para proponer esta causal, en razón a
que, conforme a la ley8, solamente puede ser alegada por la persona afectada; y
iii) en criterio del tercero con interés, los supuestamente afectados, los municipios
que no se llamaron al proceso y que entregan sus residuos al relleno sanitario
“[…] y que ahora, con la decisión adoptada por el H. Juez de primera instancia
no van a poder continuar disponiendo allí. […]”9, conduce a asumir que la causal
se originó por la decisión del a quo y no por un supuesto normativo.

8
Código de Procedimiento Civil. Artículo 143. Requisitos para alegar la nulidad.
9
Ibidem.

11
Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-07639-01
Solicitante: Municipio de Nariño, Cundinamarca
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

Adicionalmente, se resalta que la licencia ambiental fue otorgada mediante los
actos acusados a la sociedad SERVICIOS AMBIENTALES S.A. E.S.P., quien
interviene en este asunto como tercero con interés» (se destaca).

Así, entre otras razones, la Sección Primera del Consejo de Estado advirtió que los
municipios supuestamente afectados podrían haber alegado la causal de nulidad
por indebida integración del contradictorio.

Aunado a lo anterior, se advierte que el solicitante podría acudir al recurso
extraordinario de revisión para formular los reproches esgrimidos en la tutela. En
efecto, el artículo 248 CPACA dispone que el recurso extraordinario de revisión
procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y
subsecciones de la Sala Contenciosa Administrativa del Consejo de Estado, por los
Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos.

El artículo 250.5 CPACA establece como causal de revisión la nulidad originada en
la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación. De manera reciente, la Corporación ha establecido 10 que la referida
causal se configura por la estructuración de alguna de las causales de nulidad
contenidas en el artículo 133 CGP -indebida integración del contradictorio- o por
afectaciones sustanciales al debido proceso, entre ellas:

«(i) haberse dictado fallo con sustento, únicamente, en una prueba obtenida con
violación al debido proceso, (ii) haberse dictado fallo condenatorio contra una
persona que no fue vinculada al proceso, (iii) proferir una sentencia sin motivarla,
(iv) dictar un fallo inhibitorio injustificado, o (v) faltar al principio de congruencia»11.

En consecuencia, la tutela es improcedente porque existían otros medios de
defensa judicial y no está acreditada la existencia de un perjuicio irremediable. En
virtud de lo anterior, la Sala revocará la sentencia del 2 de mayo de 2024, proferida
por el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B, que amparó los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia. En su lugar, declarará improcedente la solicitud de tutela.

10
Cfr. Consejo de Estado-Sala Especial de Decisión n°. 14, sentencia del 15 de abril de 2024, Rad. 11001-03-
15-000-2020-04942-00.
11
Cfr. Consejo de Estado-Sala Especial de Decisión n°. 26, sentencia del 30 de octubre de 2023, Rad. 11001-
03-15-000-2022-02265-00.

12
Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-07639-01
Solicitante: Municipio de Nariño, Cundinamarca
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 2 de mayo de 2024 por el Consejo
de Estado-Sección Segunda-Subsección B, que amparó los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia y, en
su lugar: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela interpuesta por el
Municipio de Nariño-Cundinamarca contra el Consejo de Estado-Sección Primera y
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Primera-Subsección B.

SEGUNDO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: Por Secretaría, DEVOLVER inmediatamente al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho rad.
25000-23-24-000-2006-00364-00, aportado en préstamo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

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