Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2020-04942-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2020-04942-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2020-04942-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
15 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No. 14
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 15 de abril de 2024
Radicación número: 11001-03-15-000-2020-04942-00
Actor: Julieta González Londoño
Demandado: Empresas Municipales de Cali E.I.C.E.
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de
2011)
Temas: recurso extraordinario de revisión − nulidad originada en la Sentencia −
interpretación restrictiva de las causales de revisión – no se configuran las causales de
nulidad invocadas
Síntesis: una parte inconforme con la sentencia de segunda instancia, interpuso un recurso
extraordinario de revisión, estimó que la sentencia de segunda instancia había decidido sin
jurisdicción, sin competencia y con violación el principio de congruencia demarcado por
el recurso de apelación.
Decide la Sala el recurso de revisión interpuesto por la parte demandante
en contra de la sentencia de 14 de noviembre de 2019, proferida por la
Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, en la cual se
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda1.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES2
Contenido: 1.1. La demanda. 1.2. La contestación. 1.3. Sentencia de primera instancia. 1.4.
Recurso de apelación. 1.5. Sentencia objeto del recurso de revisión. 1.6. Recurso
extraordinario de revisión.
1.1. La demanda
1. El 30 de abril de 2001, Empresas Públicas Municipales de Cali – EMCALI
E.I.C.E. presentó demanda por el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Resolución 41 de 1 de febrero de
2002, expedida por su gerencia administrativa, por medio de la cual
reconoció y ordenó el pago de una pensión de jubilación en favor de la
señora Julieta González Londoño. Planteó las siguientes pretensiones (se
trascribe):
“3.1 Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No. 000041
de febrero 1 de 2002 Expedida Por la Gerencia Administrativa de la Empresa Industrial
y Comercial del Estado, Empresas Municipales de Cali, EMCALI E.I.C.E. E.S.P., por la
1 El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, en virtud del recurso extraordinario de
revisión interpuesto por la parte demandante, de conformidad con lo establecido en los artículos 249 y 107 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
2 Índices 2 y 33 de Samai.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2020-04942-00
Actor: Julieta González Londoño
Demandado: Empresas Municipales de Cali E.I.C.E. E.S.P.
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Declara infundado el recurso
cual se reconoce y ordena el pago de una pensión mensual de Jubilación, al(la)
demandado(a) proferida por Las Empresas Municipales de Cali "EMCALI EICE ESP".
3.3 Como consecuencia de la(s) anterior(es) declaración(es) se condene a título de
restablecimiento del derecho al reconocimiento y pago de una pensión de jubilación
conforme a las leyes 33 y 62 de 1985, en aplicación al régimen de transición
consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, normas legales aplicables al caso
sub judice, y al reintegro a favor de las Empresas Municipales de Cali "EMCALI EICE
ESP", de las sumas de dinero pagadas de más al (la) demandado(a) por concepto
del reconocimiento irregular resultantes de las operaciones aritméticas que se deben
efectuar con la nueva liquidación en comparación con la resolución que reconoció
el derecho pensional, desde el momento de la efectividad del mismo hasta la fecha
de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin a este proceso con sus respectivos
intereses y ajustes monetarios conforme el artículo 178 del C.C.A.”
2. Como sustento de sus pretensiones expuso que, Julieta González
Londoño había prestado sus servicios a la Gerencia de Telecomunicaciones
por 19 años y a CAJANAL por 1 año, 9 meses y 11 días. Que se retiró del
servicio a partir de 15 de junio de 2001 y EMCALI EICE le reconoció pensión
de jubilación mediante Resolución 41 de 1 de febrero de 2002, en cuantía
de $6.298.650, a partir de esa fecha. La pensión fue reconocida según la
convención colectiva de trabajo 1999-2000 de EMCALI, con 20 años de
servicio, sobre el 90% de todo lo devengado en el último año.
3. EMCALI nació como un establecimiento público del orden municipal
y, mediante Acuerdo municipal 14 de 26 de diciembre de 1996 se transformó
en Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, lo que
conllevó a que fuera conformada mayoritariamente por trabajadores
oficiales y los empleados públicos eran la excepción. Sin embargo, Julieta
González Londoño continuó con la calidad de empleado público porque su
cargo se encontraba previsto en la planta de personal, estaban
determinadas las funciones del cargo y se trataba de un cargo de dirección,
confianza y manejo.
4. El artículo 416 del CST prohibía la negociación colectiva a los
empleados públicos, razón por la cual, la señora González Londoño no
podía beneficiarse de la convención colectiva, su pensión debía regirse por
las Leyes 33 y 62 de 1985, en aplicación del régimen de transición de la Ley
100 de 1993.
1.2. La contestación
5. El 31 de agosto de 2011, la señora Julieta Gómez Londoño se opuso a
las pretensiones porque el reconocimiento de su pensión se ajustó a la
normatividad vigente, en calidad de trabajadora oficial, afiliada al sindicato
de trabajadores oficiales de Cali y que no había lugar al reintegro de dineros
pagados a terceros de buena fe.
6. Adujo que las razones que motivaron la demanda eran solo
afirmaciones sin sustento fáctico ni normativo por lo que se trataba de una
demanda temeraria porque contravenía el ordenamiento jurídico porque
EMCALI no calificó el cargo como empleada pública sino hasta el momento
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Actor: Julieta González Londoño
Demandado: Empresas Municipales de Cali E.I.C.E. E.S.P.
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Declara infundado el recurso
del reconocimiento pensional, para los demás efectos fue tratada como
trabajadora oficial. Aunque reconoció que había sido inscrita como
empleada pública el 15 de mayo de 1996, señaló que esto fue cuando
EMCALI tenía la naturaleza de establecimiento público y que, una vez
efectuada la transformación de la entidad en Empresa Industrial y
Comercial del Estado, ese acto de inscripción perdió fuerza ejecutoria por
desaparecer sus fundamentos de hecho y de derecho.
7. Mencionó que, la inscripción en carrera administrativa no era prueba
de la calidad de empleada pública, por el contrario, determinada que no
tenía funciones de dirección, confianza, ni manejo, razón por la cual, en una
empresa industrial y comercial del Estado, solo los cargos de dirección,
confianza y manejo los ocupaban empleados públicos y los demás serían
trabajadores oficiales.
1.3. Sentencia de primera instancia
8. Por medio de Sentencia de 23 de junio de 2016, el Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda.
Refirió que la Ley 11 de 1986 y los Decretos 1333 de 1986 y 1848 de 1969
establecían qué funcionarios eran trabajadores oficiales y cuáles
empleados públicos en las empresas industriales y comerciales del Estado
de carácter municipal. Que antes de la transformación de EMCALI de
establecimiento público a EICE sus funcionarios eran empleados públicos.
9. Que el reconocimiento de la pensión se fundamentó en la Resolución
GG-7447 de 1997 que se encontraba vigente para ese momento y la
catalogaba como trabajadora oficial porque, allí se enlistaban los cargos
que eran ocupados por empleados públicos y no estaba el de asistente que
ostentaba la señora Julieta Gómez Londoño. Como no se demostró que sus
funciones fueran consideradas de dirección, confianza y manejo, no la
podían excluir de la generalidad de los servidores de las EICE como
trabajadores oficiales.
1.4. Recurso de apelación
10. EMCALI EICE E.S.P. presentó recurso de apelación contra la decisión
del Tribunal Administrativo de Valle del Cauca. Cuestionó la decisión
porque, de conformidad con el Acuerdo 14 de 1996 del Concejo municipal
de Cali y el cargo que ostentaba Julieta Gómez Londoño, no estaba
clasificada como trabajadora oficial y, por ende, no podía beneficiarse de
las prebendas contenidas en la convención colectiva.
11. Manifestó que, al estar inmersa en el régimen de los empleados
públicos, las condiciones para hacerse acreedora a la pensión de jubilación
estaban contempladas en la Ley 33 de 1985 y no podía hablarse de
derechos adquiridos pues ello vulneraría el principio de legalidad. Aclaró
que el fundamento jurídico de la resolución 44 de 4 de octubre de 1983 fue
declarado nulo por el Consejo de Estado, como efecto de esa nulidad, la
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Actor: Julieta González Londoño
Demandado: Empresas Municipales de Cali E.I.C.E. E.S.P.
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Declara infundado el recurso
pensión de la señora Gómez Londoño se regía por las normas aplicables a
los empleados públicos.
1.5. Sentencia objeto del recurso de revisión
12. El 14 de noviembre de 2019, la Sección Segunda, Subsección B, del
Consejo de Estado, profirió sentencia de segunda instancia, por medio de
la cual revocó la decisión del Tribunal Administrativo de Valle del Cauca,
declaró la nulidad parcial de la Resolución 41 de 1 de febrero de 2002 y, en
consecuencia, ordenó reliquidar a partir de la ejecutoria de esa sentencia,
la pensión de jubilación de Julieta Gómez Londoño, de conformidad con la
Ley 33 de 19853.
13. Consideró que, en el entendido que la beneficiaria de la pensión
alcanzó su status pensional cuando EMCALI ya se había transformado en
una EICE, por regla general los servidores tenían la calidad de trabajadores
oficiales, salvo los que, por mandato legal desempeñaran funciones de
dirección, confianza y manejo. Pero, hasta esa transformación, la señora
Gómez Londoño prestó sus servicios como empleada pública, en el cargo
de asistente de la Gerencia de Telecomunicaciones.
14. De acuerdo con lo expuesto, la mayoría del tiempo servido por la
señora Gómez Londoño fue como empleada pública, solo adquirió la
calidad de trabajadora oficial a partir del 1 de enero de 1997, así, el espíritu
de la cláusula pensional de la convención colectiva era el de establecer
ese derecho a quienes hubieran prestado sus servicios todo el tiempo como
trabajadores oficiales y no, computar cualquier tiempo servido sin importar
el tipo de vinculación. Aunque un acto administrativo extendió los efectos
de la convención a los empleados públicos de la entidad, el mismo fue
declarado nulo por esta Corporación el 2 de octubre de 1996 (expediente
11697), entonces, como la calidad de trabajadora oficial fue reconocida a
partir de enero de 1997, no quedó cobijada por dicha disposición, otra razón
para que no le fuera aplicable la convención colectiva.
15. Al haberle reconocido una pensión superior a la permitida por la ley y
de manera anticipada, se rompió la presunción de legalidad del acto
demandado. Mantuvo el derecho pensional de la beneficiaria porque para
ese momento ya cumplía con los requisitos de edad y tiempo de servicio
previstos para su régimen pensional. Finalmente, se abstuvo de ordenar la
devolución de lo pagado porque fueron dineros recibidos de buena fe.
1.6. Recurso extraordinario de revisión
16. El 27 de noviembre de 2020, Julieta González Londoño interpuso el
recurso extraordinario de revisión contra la Sentencia de 14 de noviembre
de 2019 de la Sección Segunda Subsección B de la Sala de lo contencioso
Administrativo de esta Corporación, con fundamento en la causal
3 Sentencia notificada por edicto fijado el 29 de noviembre y desfijado el 3 de diciembre de 2019. Ejecutoriada el
6 de diciembre siguiente.
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Actor: Julieta González Londoño
Demandado: Empresas Municipales de Cali E.I.C.E. E.S.P.
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Declara infundado el recurso
consagrada en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, por existir nulidad
originada en la sentencia. Solicitó que se revocara la referida sentencia y se
profiriera sentencia de reemplazo, que se levantara la medida cautelar
impuesta en ese proceso y se devolvieran indexadas las sumas retenidas
como efecto de dicha medida.
17. En primer lugar, expuso que se configuraba nulidad insubsanable por
falta de jurisdicción pues, como la demandada ostentaba la calidad de
trabajador oficial, reconocida en la misma sentencia, la competencia
recaía en la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral, que era la
encargada de dirimir los conflictos que se originaban directa o
indirectamente en el contrato de trabajo, por lo que se estaría vulnerando
el debido proceso en relación con el derecho fundamental al juez natural
de la causa.
18. De otra parte, se configuró la nulidad de la sentencia por violación al
principio de congruencia porque, el fundamento que dio origen a la nulidad
del acto administrativo acusado no fue planteado por EMCALI, no obedeció
a las pretensiones de la demanda ni se basó en las pruebas allegadas.
Durante el proceso no se discutió la convención colectiva, sino que,
únicamente se pretendió establecer si la demandada ostentaba la calidad
de empleado público o trabajador oficial, razón por la cual, por violación al
derecho de defensa, el fallo estaba viciado de nulidad.
19. Finalmente, mencionó que se había dado una interpretación
restrictiva al artículo 98 de la convención colectiva de trabajo, en
detrimento del principio de favorabilidad y la jurisprudencia constitucional
pues se exigió que la servidora hubiera detentado la condición de
trabajadora oficial durante 20 años para acceder a la pensión cuando, lo
cierto es que, tal artículo no exigía ese requisito y, por el contrario, permitía
computar tiempos servidos a diferentes entidades.
20. Dentro de la oportunidad prevista, ni la parte demandada en el
recurso ni el Ministerio Público emitieron pronunciamiento.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Exposición del caso y decisión de la Sala; 2.2. Costas.
2.1. Exposición del caso y decisión de la Sala
21. Le corresponde a la Sala decidir si existió nulidad originada en la
sentencia de 14 de noviembre de 2019, de la Sección Segunda, Subsección
B, del Consejo de Estado, por haberse proferido con falta de jurisdicción, por
violación al principio de congruencia y al principio de favorabilidad en la
interpretación de normas laborales.
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Actor: Julieta González Londoño
Demandado: Empresas Municipales de Cali E.I.C.E. E.S.P.
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Declara infundado el recurso
22. La Sala se pronunciará de fondo sobre el asunto porque el recurso se
presentó dentro de la oportunidad prevista en el artículo 251 del CPACA4.
Se declarará infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto,
pues no se configuró ninguna de las causales de nulidad originada en la
sentencia que alegó la recurrente.
23. En otras oportunidades, ha señalado esta Sala Especial de Decisión
que, el recurso de revisión, por su naturaleza de recurso extraordinario,
solamente se declara fundado cuando se configura alguna de las causales
establecidas por el legislador5. Se expuso que, las causales del recurso
extraordinario de revisión eran taxativas y de interpretación restrictiva o, lo
que es lo mismo, no podían ser interpretadas de manera analógica o
extensiva.
24. Para esta Sala, la causal 5 del artículo 250 del CPACA que se refiere a
la “nulidad originada en la sentencia” debía, también, ser interpretada de
manera restrictiva. En ese sentido, solamente podría declararse fundado el
recurso extraordinario de revisión cuando se originara en la sentencia
alguna de las causales de nulidad previstas en la legislación.
25. Las causales de nulidad procesal son de origen legal. El legislador, en
ejercicio de la libertad de configuración que le otorgó la Constitución, ha
decidido cuáles irregularidades procesales merecen un reproche tal que
exigen la nulidad. Esta decisión, en principio, llevaría a que otras
irregularidades procesales, posiblemente por ser consideradas de menor
entidad por el legislador, quedaran sin sanción de nulidad.
26. A la luz de lo anterior, solamente podría declararse próspero un
recurso extraordinario de revisión cuando se tuviera fundamento en una
nulidad establecida en la legislación. Ello significaba, entonces, que para
que prosperara una revisión por la causal 5 del artículo 250 del CPACA,
debía invocarse, a su vez, una causal de nulidad de aquellas de que trata
el artículo 133 del CGP, pues, de lo contrario, no se descargaría el deber
procesal del recurrente.
27. No obstante lo anterior, de manera más reciente, esta corporación ha
hecho una interpretación extensiva de la causal 5 del artículo 250 del
CPACA, en el sentido de, hacerla procedente frente a violaciones al
derecho al debido proceso distintas de las causales de nulidad previstas en
la legislación6. La Sala concuerda con esta postura, según la cual, además
4 CPACA. Art. 251. “TÉRMINO PARA INTERPONER EL RECURSO. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente
a la ejecutoria de la respectiva sentencia.
En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente, deberá interponerse el recurso dentro
del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare.
En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los motivos
que dan lugar al recurso.
En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5)
años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo
término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.”
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 14 Especial de Decisión, Exp: 11001-03-15-000-
2019-00119-00(REV).
6 Ver, entre otras providencias del Consejo de Estado: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 15 Especial
de Decisión. Sentencia de 5 de noviembre de 2019. Rad. 11001-03-15-000-2018-01415-00; Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sala 6 Especial de Decisión. Sentencia de 11 de abril de 2023. Rad. 11001-03-15-000-
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Actor: Julieta González Londoño
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Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Declara infundado el recurso
de las causales taxativas, la causal 5 es procedente respecto de
afectaciones sustanciales al debido proceso.
28. En el presente asunto, la recurrente alegó como fundamento del
recurso extraordinario de revisión, que se había configurado la causal de
nulidad por falta de jurisdicción pues, el fallo objeto del recurso declaró que
tenía la calidad de trabajadora oficial y, en ese entendido, la competencia
para decidir lo relativo a su régimen pensional era de la jurisdicción ordinaria
laboral. Al margen de la discusión de si se configuró o no la falta de
jurisdicción en el proceso primigenio, considera la Sala que, tal causal de
nulidad no se originó en la sentencia, se trató de un presupuesto de la
acción que debió verificarse desde el momento mismo en que se asumió el
conocimiento y se decidió sobre la admisión de la demanda. El recurso
extraordinario no está previsto para sanear situaciones ocurridas en etapas
anteriores a la sentencia pues, tales hechos pudieron ponerse en
conocimiento del juez natural de la causa para que adoptara las medidas
necesarias que permitieran llevar a cabo un debido proceso.
29. En este sentido, si, eventualmente, el conocimiento del asunto
correspondiera a la jurisdicción ordinaria laboral, pero lo hubiera conocido
la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el vicio se hubiera
configurado desde el inicio del proceso, no en la sentencia que puso fin a
este y, consecuentemente, no se trata de una nulidad originada en la
sentencia, como lo exige la causal invocada, esto es, la del numeral 5 del
artículo 250 del CPACA, para la procedencia del recurso extraordinario en
cita.
30. Carece de sustento la afirmación de la recurrente en el sentido de
que fue con la sentencia que se conoció la calidad de trabajadora oficial
que ostentaba pues, desde la misma contestación de la demanda, la
señora Julieta González Londoño aseguró ostentar tal calidad, en el auto
que admitió la demanda se señaló que la misma cumplía con los requisitos
legales y, en la sentencia de primera instancia se estudió la competencia y
la procedencia de la acción7. El tribunal expuso que, como se trataba de
una acción de lesividad, el medio de control escogido era el adecuado y
esta jurisdicción la competente, sin que se presentara manifestación alguna
al respecto por las partes en ningún momento del proceso. La decisión del
Tribunal se ajustó a la actual postura de la Sección Segunda de esta
Corporación, según la cual, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
sí puede conocer estos casos por tratarse de una acción de lesividad8,
postura avalada, además, por la Corte Constitucional9.
31. De otra parte, alegó la demandante en este recurso que se había
violado el principio de congruencia porque, la forma en que la Sección
2022-06131-00; Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 2 Especial de Decisión. Sentencia de 26 de febrero
de 2024. Rad. 11001-03-15-000-2022-01662-00.
7 En la Sentencia de primera instancia de 23 de junio de 2016, dictada por el Tribunal Administrativo de Valle del
Cauca (Folios 435 a 446 del cuaderno 1, escaneados en el Índice 2 de Samai).
8 Al respecto se pueden ver, entre otras providencias: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia de 14 de julio de 2022. Rad: 85001-23-33-000-2017-00240-01 (6476-2019).
9 Corte Constitucional, Sala Plena. Auto 385 de 15 de julio de 2021.
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Actor: Julieta González Londoño
Demandado: Empresas Municipales de Cali E.I.C.E. E.S.P.
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Declara infundado el recurso
Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado interpretó la convención
colectiva de trabajo no fue objeto de la controversia planteada por Emcali.
La decisión se debió limitar al estudio de lo planteado por la parte
demandante, esto es, definir si el cargo de asistente que desempeñaba
correspondía a la clasificación de empelado público o de trabajador oficial.
32. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, la falta de
congruencia, interna o externa10, de la sentencia se presenta como una
causal de nulidad de la sentencia que, de presentarse, permite al juez de la
revisión, infirmar el fallo recurrido. Sin embargo, no cualquier reproche sobre
la falta de congruencia estructura la causal de revisión pues, se exige que
la disparidad entre lo pedido, lo debatido y lo probado sea protuberante11,
a tal punto que, no exista justificación objetiva y relacionada con las
materias medulares del proceso para la decisión adoptada.
33. En el presente caso no se advierte esa evidente falta de congruencia
pues, contrario a lo afirmado por la recurrente, el tema central del debate
fue, si la recurrente cumplía o no los requisitos para acceder a la pensión de
jubilación de conformidad con la convención colectiva de trabajo, no
únicamente la naturaleza de su cargo. Desde la misma demanda se planteó
que la convención colectiva de trabajo no era aplicable a empleados
públicos y, por esa razón, la demandante no tenía derecho a pensionarse
con las condiciones allí consignadas12 y, en la decisión recurrida se accedió
a las pretensiones porque, “la condición de trabajadora oficial de la parte
demandada al momento del estatus, adquirida solo a partir del 1º de enero
de 1997, per se no le asignaban el derecho a la pensión convencional que
en este proceso discute su previsor social, pues además de que su tiempo
de servicio comprendió la condición de empleada pública, su situación
pensional no se definió antes del límite temporal descrito por el legislador”.
34. Finalmente, planteó la recurrente que no se había dado aplicación al
principio de favorabilidad en materia laboral, en el sentido de reconocer
todos los tiempos servidos para acceder a la pensión convencional. Al
respecto, se reitera que el juez de la revisión no se encuentra facultado para
reabrir los debates de las instancias ordinarias, no es admisible cuestionar la
interpretación del juez natural de la causa pues, esta corresponde al ámbito
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta. Sentencia de 16 de agosto de 2002.
Exp. 760012324000199704345-01 (12668):
“En términos generales, la congruencia se entiende como el deber legal que tienen los funcionarios judiciales al
emitir sus decisiones de no incurrir en fallos ultrapetita, extrapetita o minuspetita, definidos por la jurisprudencia del
Consejo de Estado, en los siguientes términos: // Este principio de la congruencia de la sentencia [C.C.A. Art. 170],
exige de una parte que exista armonía entre la parte motiva y la parte resolutiva de la misma, lo que se denomina
congruencia interna, y de otra, que la decisión que ella contenga, sea concordante con lo pedido por las partes
tanto en la demanda, como en el escrito de oposición, denominada congruencia externa, es decir, se tome la
decisión conforme se ha marcado la controversia en el proceso.
Cuando en una providencia judicial, no se respeta el principio de la congruencia, se incurre en lo que la doctrina
ha llamado fallo “ultrapetita” que consiste en reconocer un mayor derecho que el invocado por el demandante,
“extrapetita”: cuando se reconoce un derecho que no ha sido reclamado o cuando se reconoce un derecho
reclamado o se acoge la pretensión pero por una causa diferente o deducida de hechos no alegados, y
“minuspetita”: cuando se omite el pronunciamiento sobre una de las pretensiones.”
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Decisión, Sentencia de 7
de abril de 2015, Radicado 2013-00358-00(REV).
12 En el acápite de “6. CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN” se plateó que: “Bajo los presupuestos anteriores, siendo la
función o actividad la que determina en ultimas y en realidad el régimen aplicable a quien está vinculado con el
Estado, debe entenderse entonces que el(la) demandado(a) fue un empleado público y en consecuencia no es
sujeto de los beneficios de las convenciones colectivas solo aplicable a los trabadores oficiales.”
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Radicación: 11001-03-15-000-2020-04942-00
Actor: Julieta González Londoño
Demandado: Empresas Municipales de Cali E.I.C.E. E.S.P.
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Declara infundado el recurso
de su autonomía judicial y, se insiste, el recurso extraordinario de revisión no
es una tercera instancia.
2.2. Costas
35. La Ley 1437 de 2011, vigente para el momento de la interposición del
recurso, no estableció una disposición en materia de costas en el marco del
recurso extraordinario de revisión. En consecuencia, para resolver este
asunto, la Sala debe remitirse al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, el cual
dispone que, salvo aquellos procesos en los que ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código Procedimiento Civil, que fue
derogado por el Código General del Proceso.
36. El artículo 365 del CGP, norma vigente para la época en que se
interpuso el recurso de revisión, ordena condenar en costas a la parte
vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso
de revisión. No obstante, de conformidad con el numeral 8 de ese artículo,
como en el presente asunto la parte demandada en el recurso
extraordinario no intervino en el trámite, no se causaron costas y, por ende,
no se condenará al pago de las mismas.
3. DECISIÓN
37. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala 14 Especial de
Decisión, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
presentado por Julieta González Londoño contra la Sentencia de 14 de
noviembre de 2019, proferida por la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Con salvamento parcial de voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MILTON CHAVES GARCÍA GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Firmado electrónicamente
9 de 9
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