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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05054-01

Fecha
15 de mayo de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05054-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Deniégase la falta de legitimación en la causa por pasiva de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y el Área Metropolitana del Valle de Aburra (AMVA). SEGUNDO: Confírmase parcialmente la sentencia 6 de diciembre de 2024, a través de la cual la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir el requisito de relevancia constitucional, conforme a lo señalado en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO: Revócase la sentencia impugnada respecto de la improcedencia que declaró por la falta de cumplimiento del requisito de la subsidiariedad, para denegar la protección invocada frente a la vulneración del principio de “non reformatio in pejus”. CUARTO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-05054-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

15 de mayo de 2025

Demandante: Distrito Especial de Ciencia, Tecnología
e Innovación de Medellín
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Quinta de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05054-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05054-01
Demandante: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA
QUINTA DE DECISIÓN Y OTRO

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Confirma
parcialmente

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La sala decide la impugnación instaurada por la parte demandante, contra la
sentencia del 6 de diciembre de 2024, a través de la cual, la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción
de tutela por no cumplir los requisitos de relevancia constitucional y
subsidiariedad.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

A través de escrito radicado el 19 de septiembre de 2024, el Distrito Especial de
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, interpuso acción de tutela contra
el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Medellín y el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, con el fin de que se le
amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la
igualdad en conexidad con acceso a la administración de justicia y el principio
de la seguridad jurídica.

La parte demandante consideró vulneradas tales garantías por las autoridades
judiciales accionadas al haber proferido las sentencias del 18 de enero y 5 de
abril de 2024, respectivamente, dentro del medio de control de protección de los
derechos e intereses colectivos identificado con el radicado 05001-33-33-011-
2023-00103-00/01, promovido por el señor José Hernando Cardona Bartolo y
otros en su contra.
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1

Demandante: Distrito Especial de Ciencia, Tecnología
e Innovación de Medellín
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Quinta de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05054-01

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora pretende:

PETICIONES PRINCIPALES

PRIMERA. Declarar que las sentencias No. 006 del 18 de enero de 2024 y
No. 054 del 5 de abril de 2024, proferidas por el Juzgado Once (11)
Administrativo Oral de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia -Sala
Quinta de Decisión-, respectivamente, desconocieron los derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la igualdad en conexidad
con acceso a la administración de justicia y el principio de seguridad jurídica,
por lo cual estas son nulas de pleno derecho.

SEGUNDA. Amparar el derecho fundamental al debido proceso, a la defensa,
a la igualdad en conexidad con acceso a la administración de justicia y el
principio de la seguridad jurídica, en favor del Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín, transgredido por las Sentencias No. 006
del 18 de enero de 2024 y No. 054 del 5 de abril de 2024, proferida por el
Juzgado Once (11) Administrativo Oral de Medellín y el Tribunal
Administrativo de Antioquia -Sala Quinta de Decisión-.

TERCERA. Consecuencialmente, se emita una orden de protección de los
derechos fundamentales de mi representado, ordenando al Juzgado Once
(11) Administrativo Oral de Medellín y/o el Tribunal Administrativo de
Antioquia -Sala Quinta de Decisión-, dictar un nuevo fallo en el que se
respeten los derechos fundamentales transgredidos.

…
PETICIONES SUBSIDIARIAS

PRIMERA. Amparar el derecho fundamental al debido proceso, que
comprende la no reformatio in pejus, en favor del Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín, transgredido por la Sentencia No. 054
del día 05 de abril de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia - Sala Quinta de Decisión-.

SEGUNDA. Consecuencialmente, dejar sin efectos la Sentencia No. 054 del
día 05 de abril de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia -
Sala Quinta de Decisión-.

TERCERA. Consecuencialmente, se ordene al Tribunal Administrativo de
Antioquia - Sala Quinta de Decisión-, dictar un nuevo fallo en el que se
pronuncie única y exclusivamente sobre el contenido del recurso interpuesto
por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín como
apelante único.

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Demandante: Distrito Especial de Ciencia, Tecnología
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Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Quinta de Decisión y otro
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Adicionalmente, solicitó como medida provisional lo siguiente:

Teniendo en cuenta los términos perentorios de la Sentencia de Segunda
Instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, algunos de los
cuales inclusive están prontos a vencer, se hace necesario y pertinente de
conformidad con lo previsto el artículo 7° del Decreto 2591 de 1991, solicito al
Despacho que se ordene la suspensión provisional de los efectos jurídicos de
las Sentencias No. 006 del 18 de enero de 2024 y No. 054 del 5 de abril de
2024, proferida por el Juzgado Once (11) Administrativo Oral de Medellín y el
Tribunal Administrativo de Antioquia -Sala Quinta de Decisión-.

Medida provisional que resulta necesaria para proteger los derechos
fundamentales invocados, especialmente los recursos públicos de deben ser
invertidos para el cumplimiento de las decisiones judiciales respecto de las
cuales se pretende sea concedido el amparo, pues si no se ordena la
suspensión provisional del cumplimiento de estos, el eventual fallo de tutela
resultará ser ilusorio en sus efectos, pues el daño a la entidad territorial ya se
habrá consumado.

Lo anterior sin dejar de mencionar la mora en la aplicación y/o ejecución de la
decisión judicial, de allí que de no suspenderse las decisiones relacionadas,
estaría abierta la puerta para nuevas acciones legales en cumplimiento de las
mismas, sin considerar y esperar a las resultas de la acción de tutela aquí en
trámite.
…1

1.3. Hechos

La parte actora sostuvo que los señores José Hernando Cardona Bartolo,
Edwin Mario Zapata Echavarría, José Luis Rendón Cañas, Mauricio Gallego
Bedoya, Alexander López Montes, Sandra Higuita, María Doralba Londoño Rúa,
Enith Mausa, Obed Úsuaga Hernández, Adriana Vásquez Valencia, Harvi
Giraldo, Luis Álvarez, Luz Stella Díaz, Leydy Jhohana Cardona Díaz y Carlos
Enrique Zapata Betancur, presentaron una demanda en ejercicio del medio de
control de protección de los derechos e intereses colectivos en contra del
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y Empresas
Públicas de Medellín (EPM), por la presunta vulneración y agravio de los
derechos colectivos previstos en los literales a), c), g), h), j) y l) del artículo 4°
de la Ley 472 de 1998; lo anterior, en virtud de las problemáticas que presenta
la comunidad del Paraíso 1 y 2 Vereda El Picacho del Corregimiento San
Cristóbal.

Señaló que el Distrito de Medellín, al contestar la demanda, se opuso a las
pretensiones con fundamento en la imposibilidad fáctica, física, técnica y
jurídica de las mismas, luego de exponer y acreditar todo lo referente a la
ubicación de los sectores El Paraíso 1 y 2 y, con ello, la imposibilidad de

1 Transcripción literal del original.

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suministrar agua potable, acueducto y los demás servicios públicos, por tratarse
dicho lugar de un paraje veredal, ajeno a la cobertura y usos del suelo.

Agregó que también indicó que tenía una destinación ajena al uso domiciliario y
habitacional, encontrándose además en alto riesgo y ad portas de una
catástrofe por el riesgo de movimiento de masas, esto por tratarse de una
invasión en un predio privado que hace parte del área ambientalmente
protegida y cuyas construcciones, todas ellas ilegales, no respetan los retiros
obligatorios, algunos de ellos a las fuentes hídricas, las cuales contaminan
diariamente los mismos habitantes al no contar dicho sector con alcantarillado.

Mencionó que, como vinculadas, intervinieron las siguientes entidades:
Corantioquia, Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Sociedad
Administradora El Picacho 2.

Añadió que la Defensoría del Pueblo, a través de la Defensoría del Pueblo de
Antioquia, también intervino en el proceso colectivo objeto de demanda, al
solicitar el decreto de algunas pruebas para claridad del asunto puesto en
conocimiento de la jurisdicción administrativa2.

Mencionó que el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Medellín,
mediante sentencia del 18 de enero de 2024, accedió parcialmente a las
pretensiones invocadas en la demanda colectiva, bajo las siguientes órdenes:

i) Dispuso que el Distrito Especial de Medellín estudiara y evaluara la
posibilidad de que las personas que habitaban los sectores El Paraíso 1 y 2 del
Corregimiento de San Cristóbal permanecieran allí, y en caso afirmativo debían
garantizarles una red de servicios públicos de acueducto y alcantarillado
debidamente legalizada, previo estudio de la amenaza alta y media del
movimiento en masa para descartar los riesgos y visto bueno de Corantioquia
como autoridad ambiental, quien debía evaluar el riesgo y daño ambiental del
sector tras su posible permanencia.

A su vez, se señaló que, en caso de no ser posible por las condiciones de
estabilidad, riesgos ambientales o jurídicos de los predios que componen el
sector, o por cualquier otra circunstancia que impidiera la permanencia de los
habitantes, el Distrito de Medellín debía proceder a la reubicación de la
población a través de los mecanismos que estimara pertinentes de conformidad
a la normatividad y procedimientos vigentes en materia de subsidios y
reubicaciones con el cumplimiento de requisitos por parte de los beneficiarios.

ii) También se le ordenó a la entidad territorial que garantizara la prestación del
servicio público de agua potable a través de los mecanismos que venía

2 Se refiere su intervención en el folio 11 de la sentencia del 5 de abril de 2024, objeto de

demanda constitucional.

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utilizando como es llenado de tanques o el que estime pertinente,
implementando y garantizando el adecuado depósito y tratamiento de las aguas
servidas y residuales, por todo el tiempo que se requiriera para la reubicación
de las familias que habitaban el sector o para legalizar la instalación de los
servicios públicos que la comunidad reclamaba; y a Corantioquia como
autoridad ambiental que en ejercicio de sus competencias garantizara que en el
sector del Paraíso 1 y 2 se eliminaran las afectaciones a las fuentes hídricas y
el daño al medio ambiente que se presentaba allí.

iii) Exoneró de responsabilidad al Área Metropolitana del Valle de Aburrá y a
EPM, esta última en atención a que es la entidad prestadora de servicios
públicos, y tal prestación requería estar precedida de las condiciones técnicas y
urbanísticas que debían ser garantizadas por los urbanizadores y/o la entidad
territorial que le correspondiera el ordenamiento territorial.

Precisó que, como parte demandada, el Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín, presentó y sustentó el recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia3, pues conforme a la
normatividad sobre la prestación de los servicios públicos domiciliarios, no era
competencia de dicha entidad fungir como prestador de estos y porque tampoco
era posible construir sistemas convencionales legalizados como pretende el
juez de primera instancia.

Refirió que, en dicha alzada, también se indicó que es clara la imposibilidad
jurídica de desarrollar proyectos encaminados a la prestación de servicios de
acueducto y/o de alcantarillado a la comunidad de El Paraíso, en atención a que
se encontraba asentada en predios privados con indefiniciones de índole
jurídica, y con restricciones normativas del POT que impedían la ejecución de
los proyectos y, porque en estricto cumplimiento de las normas urbanísticas no
podían ampliar su intervención en el área en cuestión so pena de incurrir en un
eventual detrimento patrimonial, por razones urbanísticas.

Recordó que, en el recurso, expuso que el asentamiento del sector Paraíso 1 se
encontraba en un predio privado, por la calificación del riesgo de la zona, y
porque en el Distrito de Medellín el prestador de los servicios públicos era EPM,
lo cual temporalmente satisfizo algunos servicios básicos con el apoyo de los
vehículos cisterna.

Manifestó que el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 5
de abril de 2024, decidió modificar y adicionar el fallo, así:

PRIMERO. Se MODIFICA la sentencia emitida el 18 de enero de 2024 por el
Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Medellín, y se dispone el

3 Recurso que fue concedido por el juzgado de primera instancia mediante auto del 29 de enero

de 2024, y admitido por el superior con providencia del 31 de enero de la misma anualidad.

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amparo de los derechos colectivos invocados por los actores populares
representantes de los sectores El Paraíso 1 y 2 vereda El Picacho
corregimiento San Cristóbal, esto es, al goce de un ambiente sano, a la
existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de
los recursos naturales para realizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución, a la seguridad y salubridad públicas, al acceso a
una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, al acceso
a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, y a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, contemplados
en los literales a), c), g), h), j) y l) del artículo 4° de la Ley 472 de 1998, de
conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO. MODIFICAR el ordinal segundo de la parte resolutiva de la
sentencia de 18 de enero de 2024 proferida por el Juzgado 11 Administrativo
del Circuito de Medellín, y en su lugar se ORDENA al DISTRITO ESPECIAL
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN en coordinación
con la CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE ANTIOQUIA –
CORANTIOQUIA, quienes deberán solicitar y en lo posible contar con la
colaboración del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PREVENCIÓN
DE DESASTRES DAPARD adscrito a al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA,
para que en un término de TRES (3) MESES contados a partir de la
notificación de esta providencia, realicen de forma conjunta una evaluación
detallada del terreno consistente en estudios de suelo que permitan dar a
conocer las características físicas y técnicas del suelo, determinando si el
terreno es apto para permitir la permanencia de las viviendas en la totalidad o
alguna zona del mismo, y la realidad jurídica de este con los soportes del
caso, así mismo se deberán determinar las caracterizaciones geológicas,
geotécnicas e hidráulicas para la realización de una red de servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y energía, y el diseño requerido
para la recuperación de las zonas inestables y el saneamiento ambiental de
los sectores El Paraíso 1 y 2 vereda El Picacho corregimiento San Cristóbal
ubicado en la Jurisdicción del Distrito.

TERCERO: ADICIONAR la sentencia de primera instancia, en el sentido de
ORDENAR al DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN realizar un censo de las familias asentadas
irregularmente en los sectores El Paraíso 1 y 2 vereda El Picacho
corregimiento San Cristóbal de dicho distrito, incluyendo aquellas que se
encuentren en las márgenes de protección de las fuentes hídricas y cuyas
viviendas deban ser objeto de reubicación, identificando a quien funja como
cabeza de familia, y a todos los demás habitantes de cada inmueble. Lo
anterior deberá efectuarlo con la asesoría de Corantioquia como autoridad
ambiental dentro de los dos (02) meses siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, dejando el correspondiente soporte documental.

CUARTO: Dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del término
anterior, el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN deberá realizar el desalojo y reubicación de las
familias de los sectores El Paraíso 1 y 2 vereda El Picacho corregimiento San

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Cristóbal del Distrito, que se encuentran ocupando las fuentes hídricas y en
zonas de alto riesgo por movimiento de masa y/o inundación, a un lugar que
permita el acceso a los servicios públicos por medio de un Plan de Vivienda
Subsidiada, siempre y cuando previamente no hubiesen sido beneficiarias de
un subsidio de vivienda y de manera provisional mientras se da una solución
de vivienda definitiva a las familias asentadas y desalojadas de la zona en
riesgo en mención, la entidad territorial deberá otorgarle un subsidio de
arrendamiento mientras se adelanta la estructuración y promoción del plan de
vivienda subsidiado, en consideración a la condición de vulnerabilidad en la
que se encuentran, medida provisional que no podrá superar los 12 meses de
ejecución.

En caso de que los habitantes de los inmuebles ubicados en la zona de riesgo
que así sean determinados, se rehúsen a abandonar el sitio, el Alcalde del
Distrito Especial de Medellín debe ordenar la desocupación con el apoyo de
las autoridades de Policía, en marco de la Ley 1801 de 29 de julio de 2016,
por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana.

QUINTO: ADICIONAR la sentencia proferida en primera instancia, en el
sentido de ORDENAR al DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN en
coordinación con la autoridad ambiental CORANTIOQUIA, que de acuerdo al
informe preciso y detallado dispuesto en el ordinal segundo de esta
providencia, y con la información que arroje el censo poblacional, si resulta
pertinente el desalojo total de los predios que comprenden los sectores El
Paraíso 1 y 2 vereda El Picacho corregimiento San Cristóbal, que disponga
efectuar el mismo, en el término máximo de 12 meses y proporcionar una
solución de vivienda temporal inicialmente y en el plazo adicional de dos (02)
años, una solicitud definitiva de vivienda a través del plan de vivienda
subsidiada, además en el mismo plazo deberá adelantar las gestiones
administrativas, técnicas y presupuestales necesarias para recuperar el
terreno ocupado mediante la demolición de las construcciones; y disponer las
medidas necesarias para evitar la contaminación causada por el vertimiento
de aguas residuales del sector, para la recuperación ambiental de toda la
zona de protección ambiental y para evitar que sea invadido nuevamente con
la construcción de viviendas irregularmente.

Para tal efecto, deberá fijar criterios administrativos y probatorios que le
permitan verificar que las familias beneficiarias del subsidio de vivienda,
hubiesen habitado permanentemente en ese territorio con anterioridad a la
interposición de la demanda.
…
SEXTO: De manera provisional y durante el término en el que se desarrollan
las anteriores actividades, SE ORDENA al DISTRITO ESPECIAL MEDELLÍN
la continuación de las acciones que viene efectuado con EPM, relativa a
mantener el suministro de agua potable a la población de los sectores El
Paraíso 1 y 2 vereda El Picacho corregimiento San Cristóbal del distrito, a
través del llenado de tanques provisionales con carro tanques de manera
periódica, asegurándose que el líquido cuente con la calidad para consumo

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humano, y prestación de energía prepago; además de implementar y
garantizar el adecuado depósito y tratamiento de las aguas residuales.

SÉPTIMO: Adicionalmente se le RECUERDA al DISTRITO ESPECIAL DE
MEDELLÍN que deberá implementar una estrategia adecuada que permita
prevenir la realización de construcciones en el sector sin el lleno de los
requisitos legales bajo la normatividad urbanística vigente y que pueda
devenir en un riesgo para la población; en virtud de la obligación de ley que
así lo determina.
…

De conformidad con los datos registrados en el aplicativo Samai, se observa
que, la anterior decisión se notificó vía electrónica el 5 de abril de 2024.

1.4. Sustento de la petición

La parte actora sostuvo que las autoridades judiciales accionadas le vulneraron
sus derechos fundamentales con las providencias demandadas porque con
ellas se incurrió en lo siguiente:

1.4.1. Defecto sustantivo:

Indicó que las decisiones cuestionadas se imponen por encima de las normas
municipales, haciendo inviable su cumplimiento en la medida que las mismas
superan el Plan de Ordenamiento Municipal del distrito de Medellín y sin
importar las restricciones urbanísticas, los usos del suelo y la destinación
jurídica del suelo.

Mencionó que la orden judicial cuestionada implica una ampliación del
perímetro urbano, por encima de lo dispuesto por el POT, muy a pesar de que
la alcaldía no es la competente para dicha modificación, pues dicha facultad
recae en el Concejo de la ciudad.

Señaló que la orden de otorgar un subsidio de arrendamiento supera los
requisitos que para estos mismos ha fijado la administración municipal, además
de la afectación que se causa a otras tantas familias que se encuentran a
esperas de estos mismos subsidios, los cuales resultarían desplazados ante la
obligatoriedad de cumplir con los términos de los fallos en cuestión.

1.4.2. Defecto procedimental:

Expuso que la decisión de segunda instancia no tuvo en cuenta las
consideraciones expuestas en el recurso de apelación, por lo que es violatoria
al principio de non reformatio in pejus, pues a pesar de ser apelante único la
sentencia de segunda instancia resultó ser más desfavorable al distrito de
Medellín que la que se dictó en primera instancia.

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Precisó que las sentencias cuestionadas impusieron cargas mucho más
gravosas que las pretendidas por el accionante y las ordenadas por el juez de
primera instancia, con lo cual se vulneró el principio de congruencia y con ello,
el derecho a la defensa del distrito.

1.4.3. Defecto fáctico:

Sostuvo que la sentencia de primera instancia le impuso al distrito de Medellín
la obligación de censar a la población que ocupa ilegalmente el Sector El
Paraíso 1 y 2 y garantizarles el acceso a los servicios públicos de agua potable
y alcantarillado en caso de no poder reubicarlos, decisión que fue ampliada por
el tribunal a pesar de no haber sido objeto de la apelación, en el sentido de: i)
realizar estudios de suelos en el sector para determinar las zonas de riesgo, ii)
desalojar y reubicar a las personas que viven en zonas de riesgo, iii) brindarles
un subsidio, entre otras; además, que no se tuvo en cuenta que los tiempos
otorgados son imposibles de cumplir.

Mencionó que las conclusiones a las que se llegaron en el trámite del proceso
no fueron objeto de debate y análisis, pues no se tuvieron en cuenta las
acciones emprendidas por el distrito con ocasión de la invasión, los censos, los
intentos de desalojo y las visitas realizadas en procura de su desocupación, los
diferentes análisis y pruebas técnicas realizadas en procura de su
desocupación, así como las pruebas técnicas efectuadas al sector de tiempo
atrás, según las cuales la zona se encuentra en riesgo de movimiento de masas
e inundaciones, por lo que no es apta para la construcción. Además, por el
permanente vertimiento de residuos a las aguas y la contaminación que no
permite a la comunidad contar con alcantarillado.

Señaló que no se tuvieron en cuenta los estudios que allegaron al proceso que
evidenciaban el nivel de riesgo del sector ante el posible movimiento de tierras
lo que podría causar una tragedia. Asimismo, se indicó que en esa ubicación es
imposible proporcionar el servicio de agua potable, pues el tanque más próximo
se encuentra a 1.956 metros sobre el nivel del mar y el sector El Paraíso 1 y 2
se encuentra a 2.200 metros, por ello es físicamente imposible llevar agua
hasta estos habitantes.

Refirió que se acreditó igualmente que dicho sector se encuentra ubicado en el
área ambientalmente protegida que hace parte del cinturón verde de la ciudad
de Medellín y, por lo mismo, el uso del suelo está restringido por ser una zona
de reserva natural en la que se está prohibida la construcción de vivienda o de
cualquier desarrollo que ponga en riesgo el medio ambiente.

Expuso que las acciones a adelantar con ocasión de las órdenes emitidas en la
acción popular superan el Plan de Ordenamiento Municipal del Distrito de
Medellín (POT) al no tener en cuenta las restricciones urbanísticas, los usos de
suelo y la destinación jurídica del suelo; además, que la alcaldía no tiene
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competencia para dichas modificaciones pues está en cabeza del Concejo de la
ciudad.

Manifestó que, no es viable legalizar las construcciones irregulares, pues estas
se encuentran en zona de alto riesgo de movimiento de masas por la
inestabilidad del terreno.

1.4.4. Decisión sin motivación:

Sostuvo que los argumentos de defensa que presentó tanto dentro del proceso
como en la correspondiente apelación que formuló contra el fallo de primera
instancia no fueron tenidos en cuenta por el tribunal demandado, puesto que,
sobre dichos planteamientos y definiciones técnicas no hubo siquiera un
pronunciamiento.

Adujo que los jueces de primera y segunda instancia no consideraron los
estudios aportados por el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación
catalogando las providencias motivadas en un acto de solidaridad cuya decisión
es imposible de cumplir.

Mencionó que, se ignoraron los argumentos y las pruebas que acreditan la
imposibilidad, física, legal y técnica para cumplir las sentencias, además de la
realidad y las condiciones particulares del sector, pues previamente se había
informado que el censo ya se había realizado y de la imposibilidad física y
natural de la instalación del sistema de acueducto y alcantarillado en razón a la
altura del lugar; así como el desconocimiento de los estudios que demuestran la
inestabilidad de la zona.

Destacó que, las decisiones cuestionadas son además inviables desde el punto
de vista financiero, esto en la medida que dicha orden supera el presupuesto de
la administración municipal, las cuales además afectan a otras tantas familias
que se encuentran a esperas de recibir un subsidio luego de haber cumplido
con los requisitos exigidos para ello, requisitos que ni siquiera se han verificado
para las personas que según la sentencia ahora deben brindarse y que por la
premura que exige el tiempo otorgado para atender la decisión, imponen
desplazar a las personas actualmente beneficiadas y que se encuentran a
esperas de recibir dicho auxilio.

1.4.5. Violación directa de la Constitución:

Indicó que la decisión del tribunal impone y exige al Distrito a pagar auxilios en
favor en favor de las personas a desalojar, lo cual está expresamente prohibido
en el artículo 355 de la Constitución Política.

Añadió que la orden de realizar intervenciones en predios privados para la
instalación de servicios públicos domiciliarios, además de contravenir la
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Demandante: Distrito Especial de Ciencia, Tecnología
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Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia,
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prohibición de inversión de recursos en predios privados, representaría una
ocupación permanente por vías de hecho de las fajas de terreno necesarias
para la instalación de la infraestructura necesaria para la prestación de los
servicios públicos deprecados, lo que a su vez acarrearía procesos de
reparación directa por parte del privado que es titular del derecho real de
dominio del inmueble identificado como lote 1, lo que sería otro evidente
detrimento patrimonial de la entidad territorial.

1.5. Trámite en primera instancia

En primera instancia se dictó auto admisorio el 26 de septiembre de 2024,
decisión con la que se dispuso notificar a las autoridades judiciales
demandadas.

A su vez, se vinculó como terceros interesados en el resultado de la acción a
las Empresas Públicas de Medellín (EPM), a la Corporación Autónoma Regional
del Centro de Antioquia (Corantioquia), al Área Metropolitana del Valle de
Aburrá, a la Sociedad Administradora El Picacho 2 y a los señores José
Hernando Cardona Bartolo, Edwin Mario Zapata Echavarría, José Luis Rendón
Cañas, Mauricio Gallego Bedoya, Alexander López Montes, Sandra Higuita,
María Doralba Londoño Rúa, Enith Mausa, Obed Úsuaga Hernández, Adriana
Vásquez Valencia, Harvi Giraldo, Luis Álvarez, Luz Stella Diaz, Leydy Jhohana
Cardona Diaz y Carlos Enrique Zapata Betancur.

Adicionalmente, negó la medida provisional solicitada, al considerar que esta
tenía el mismo propósito de la demanda constitucional, por lo que sería en el
fallo que se analizaría los requisitos de urgencia y necesidad para la
intervención del juez de tutela.

1.6. Contestaciones

1.6.1. Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Medellín

Manifestó que la sentencia acusada llegó a unas conclusiones sin que existiera
prueba para fallar en ese sentido, además de que contiene en realidad una
orden para que se realicen los estudios tendientes a verificar si existen las
condiciones geológicas, geotécnicas e hidráulicas para la realización de una red
de servicios públicos domicilias de acueducto, alcantarillado y energía.

A su vez, aportó el enlace del expediente objeto de demanda.

1.6.2. Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia)

Solicitó que se atienda a lo solicitado por el Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín en la acción de tutela, pues consideró que

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Demandante: Distrito Especial de Ciencia, Tecnología
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Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia,
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la sentencia cuestionada modificó la decisión de primera instancia, con lo cual
se agravó su situación y se violó el principio de “non reformatio in pejus”.

1.6.3. Área Metropolitana del Valle de Aburra (AMVA)

Indicó que, no tiene ninguna clase de competencia en los temas relacionados
con el proceso colectivo, pues los absolvieron y exoneraron de toda
responsabilidad, tanto en primera como en segunda instancia.

Señaló que para el sitio de ocurrencia de los hechos la autoridad ambiental
competente es Corantioquia, por lo que, el AMVA carece por completo de
competencias en todo lo relacionado con la autoridad ambiental y tampoco
tienen injerencia alguna.

Adujo que, no es factible ninguna vinculación de dicha entidad con los hechos
del proceso colectivo y mucho menos con los de la acción de tutela.

1.6.4. Empresas Públicas de Medellín (EPM)

Sostuvo que carece de legitimación en la causa por pasiva, pues no tiene
conexión directa con los hechos que dieron origen a la formulación de la acción
de tutela ni cuenta con capacidad para resolver el objeto de la pretensión.

1.6.5. José Hernando Cardona Bartolo

En su condición de representante de los sectores, El Paraíso 1 y 2 vereda El
Picacho corregimiento San Cristóbal luego de oponerse al amparo, sostuvo que
la acción de tutela es improcedente pues se pretende usar como una instancia
adicional del proceso ordinario.

Mencionó que las sentencias reprochadas se profirieron conforme las normas
aplicables y en cumplimiento de los principios de seguridad jurídica y debido
proceso, respetando el derecho de defensa del Distrito de Medellín.

1.7. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 6 de diciembre de 2024, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela
por no cumplir los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad.

Mencionó que, no se acreditó el primero de los presupuestos en cita, puesto
que, revisados los fundamentos jurídicos que motivaron la decisión, provenían
de una interpretación razonable de las pruebas aportadas al expediente, así
como del marco legal y jurisprudencial aplicable al asunto.

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Demandante: Distrito Especial de Ciencia, Tecnología
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Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia,
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Refirió que no se advertía una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la
autoridad judicial demandada, por lo que resultaba improcedente que se
revisara o evaluara la interpretación y alcance dado por el juez natural del
asunto.

Indicó que los argumentos presentados por el solicitante no acreditaban una
vulneración o amenaza de derechos fundamentales, sino que se encaminaban
a volver sobre la controversia decidida por el juez de conocimiento.

Resaltó que se esgrimían divergencias de carácter netamente legal y probatoria
respecto de las órdenes impartidas en el trámite de la “acción popular”, los
cuales ya habían sido alegados por la parte accionante en el recurso de
apelación.

Expuso que pretende volver a discutir lo ya probado y fallado tanto en primera
como segunda instancia por parte del juez de conocimiento, lo que afectaría el
principio de cosa juzgada y de inmutabilidad de la sentencia.

Añadió que, tampoco se cumplió con el requisito de la subsidiariedad puesto
que frente al argumento según el cual el juez de segunda instancia vulneró el
principio de “non reformatio in pejus” por no tener en cuenta las consideraciones
expuestas en el recurso de apelación, procede el recurso extraordinario de
revisión del artículo 248 de la Ley 1437 de 2011, bajo la causal quinta del
artículo 250 relativa a la nulidad originada en la sentencia.

Precisó que, de manera reciente, el Consejo de Estado4 señaló que la referida
causal se configura por la estructuración de alguna de las causales de nulidad
contenidas en el artículo 133 CGP como es la indebida integración del
contradictorio o por afectaciones sustanciales al debido proceso, como lo es
“faltar al principio de congruencia”.

Indicó que la acción de tutela también era improcedente porque existe otro
medio de defensa judicial y no está acreditada la existencia de un perjuicio
irremediable.

1.8. Impugnación

Mediante escrito enviado vía electrónica el 17 de enero de 2025, la parte
accionante impugnó el fallo de primera instancia, el cual fue notificado el 14
del mismo mes y año.

4 “Cfr. Consejo de Estado-Sala Especial de Decisión n°. 14, sentencia del 15 de abril de 2024,

Rad. 11001-03-15-000-2020-04942-00.”

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Indicó que el asunto es de absoluta relevancia constitucional; sin embargo,
se ha pasado por alto, con lo cual se está “secundando” el actuar irregular
del tribunal demandado.

Recordó que en la acción de tutela se expuso la violación al principio de “non
reformatio in pejus”, el cual no fue tratado frente al juez de conocimiento y,
además, se pasó por alto por el juez de tutela, quien de ninguna manera
abordó y resolvió dicho reclamo.

Destacó que, aunque hipotéticamente se aceptara por cierto que la entidad
territorial tiene otro mecanismo de defensa efectivo como lo es el recurso
extraordinario de revisión, debió haber realizado el análisis del perjuicio
irremediable que amenazan los fallos objeto de reproche mediante la acción
constitucional.

Reiteró la vulneración del aludido mandato por parte de la autoridad judicial
cuestionada, así como que las decisiones judiciales incurrieron en los
defectos fáctico y sustantivo, pues con ellas se adoptaron decisiones sin
respaldo probatorio suficiente ni consideraciones jurídicas ajustadas a la
realidad técnica, económica y normativa del Distrito.

Mencionó que, en especial, se desconocieron los estudios aportados por la
administración que evidencian la imposibilidad física y jurídica de cumplir con
las medidas ordenadas. Esto, en atención que:

i) Los sectores El Paraíso 1 y 2 se encuentran en una zona ambientalmente
protegida bajo el POT de Medellín, con restricciones para desarrollos
urbanísticos y habitacionales.

ii) La altitud y ubicación geográfica imposibilitan el suministro de servicios
como el acueducto, al encontrarse fuera del alcance de las infraestructuras
actuales.

iii) La comunidad afecta permanentemente las fuentes hídricas con
vertimientos irregulares, generando un riesgo ambiental irreparable

Expuso que el incumplimiento de las reglas del debido proceso y el
desconocimiento de estas realidades hace que las decisiones impugnadas
sean desproporcionadas, inviables y ajenas a los principios de justicia
material y razonabilidad.

Refirió que el fallo de segunda instancia pasó por alto los dictámenes
técnicos presentados que demuestran el riesgo de movimientos de masa e
inundaciones, la imposibilidad de ejecutar redes de servicios básicos en el
sector y las limitaciones del suelo para usos residenciales.

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Adujo que, a pesar de estas evidencias, el tribunal configuró un acto de
solidaridad que excede la competencia judicial y se fundamentó en
conclusiones carentes de prueba.

Agregó que se omitió resolver de fondo los serios y fundados
cuestionamientos respecto de los defectos o vicios de fondo de las
providencias judiciales, que resultan ser abiertamente contrarias a la
Constitución y la Ley.

Señaló que el fallo de primera instancia omitió realizar un análisis respecto
del perjuicio irremediable, lo cual resulta grave, puesto que la decisión
cuestionada obliga al Distrito de Medellín a realizar estudios técnicos en el
término de dos meses, lo que implica la destinación de recursos públicos
para predios privados.

Precisó que estos recursos, una vez invertidos, no podrán ser recuperados,
configurándose así un perjuicio de tal naturaleza y un posible detrimento
patrimonial que impactaría gravemente las finanzas públicas.

Manifestó que esta situación afecta no solo la sostenibilidad financiera del
distrito, sino que compromete la ejecución de otros proyectos esenciales para
la garantía de derechos colectivos y fundamentales en su jurisdicción.

1.9. Trámite del impedimento

Una vez efectuado el reparto en segunda instancia y manifestado un
impedimento por parte del magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, mediante
providencia del 6 de marzo de 2025, este se declaró infundado.

1.10. Trámite de vinculaciones

Con proveído del 21 de marzo de 2025 se dispuso la vinculación de la
Defensoría del Pueblo de Antioquia, al Departamento Administrativo de
Prevención de Desastres (Dapard) y al departamento de Antioquia; el primero,
en atención a que intervino en el proceso colectivo objeto de demanda y, los
segundos, en razón a lo ordenado en el numeral segundo de la sentencia
dictada por el tribunal demandado.

Una vez efectuadas las notificaciones correspondientes, no se presentó
ninguna intervención posterior.

A su vez, con auto del 24 de abril de 2025 se dispuso la vinculación de la
Procuraduría General de la Nación, de la Procuraduría Agraria y Ambiental, así
como de los procuradores judiciales delegados ante el Juzgado Once
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín y ante el Tribunal Administrativo
de Antioquia, de la Procuraduría I Judicial Administrativa 167, del señor Héctor
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Manuel Hinestroza Álvarez (cuyo correo corresponde a
“hhinestroza@procuraduria.gov.co”), de la Personería de Medellín y de la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Surtidas las notificaciones respectivas, el señor Héctor Manuel Hinestroza
Álvarez, en calidad de procurador 1°Judicial II Ambiental y Agrario de Antioquia,
intervino para indicar que en relación con los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela – los cuales enlistó-, le “…asaltan dudas
frente a la identificación razonable y debidamente sustentada, (sic) de los
hechos que originan la censura constitucional de los fallos atacados por este
medio…”

Agregó que, de conformidad con el artículo 248 de la Ley 1437 de 2011, el actor
dispuso del recurso extraordinario de revisión y no hizo uso de tal herramienta
defensiva procesal, recurso que procede contra las sentencias ejecutoriadas
dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala Contenciosa
Administrativa del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por
los jueces administrativos; por lo que, a su juicio, se hace inane adentrarse en
cualquier otra consideración para verificar la procedibilidad del asunto, pues no
se agotó el requiso de subsidiariedad.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto
2591 de 19915, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, así como por el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25, de la
Sala Plena de esta corporación.

2.2. Cuestión previa

Las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y el Área Metropolitana del Valle de
Aburra (AMVA) manifestaron que carecen de legitimación en la causa por
pasiva.

Al respecto, se denegará tal solicitud puesto que, se les vinculó como terceros
con interés en el resultado del proceso, en atención a sus intervenciones en el
proceso colectivo objeto de la demanda constitucional, la primera como
demandada y, la segunda, como tercera con interés.

5 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política.

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2.3. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes, corresponde a la sala determinar si hay
lugar a confirmar, revocar o modificar la providencia de primera instancia
conforme a lo planteado por la parte impugnante.

Por tanto, se analizará si la presente acción de tutela cumple con los requisitos
de procedibilidad adjetiva y, de encontrarse acreditados, si se vulneraron los
derechos fundamentales de la parte actora con las sentencias del 18 de enero y
5 de abril de 2024, dictadas en primera y segunda instancia dentro del medio de
control de protección de los derechos e intereses colectivos identificado con el
radicado 05001-33-33-011-2023-00103-00/01, promovido por el señor José
Hernando Cardona Bartolo y otros en contra del Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín y las Empresas Públicas de Medellín
(EPM).

Al respecto, se precisa que, el siguiente análisis corresponderá a la sentencia
de segunda instancia emitida por el tribunal demandado, pues fue con esta que
se puso fin al asunto colectivo.

2.4. Caso concreto

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín consideró
vulnerados sus derechos fundamentales con la sentencia del 5 de abril de 2024,
dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión
dentro del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
identificado con el radicado 05001-33-33-011-2023-00103-00/01, promovido por
el señor José Hernando Cardona Bartolo y otros en su contra y de las
Empresas Públicas de Medellín (EPM).

Para tal efecto, en su escrito inicial señaló que el tribunal demandado incurrió
en los defectos sustantivo, fáctico, procedimental, decisión sin motivación y
violación directa de la Constitución.

El a quo declaró la improcedencia de la acción de tutela al considerar que no
cumplía los presupuestos de la relevancia constitucional y subsidiariedad.

La parte actora impugnó tal decisión, para lo cual reiteró los defectos
específicos invocados en su demanda inicial, puesto que considera que el
asunto sí cuenta con relevancia constitucional y que, pese a que pudiera
aceptarse hipotéticamente que tiene otro mecanismo de defensa judicial, el juez
de tutela de primera instancia debió analizar el perjuicio irremediable alegado.

Para resolver, se considera:

En relación con el presupuesto de la relevancia constitucional, se observa que,
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este presupuesto implica que “...el juez de tutela debe limitarse a analizar los
yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante,
pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia
reprochada’.”

En ese sentido, la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 26 de junio
de 2022 consideró que la acción de tutela contra providencias judiciales implica
un juicio de validez y no una corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no
se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir
cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se
zanjaron por el juez natural.

En el presente asunto, se observa que la demanda constitucional no cumple el
requisito de relevancia constitucional respecto de los defectos sustantivo,
fáctico y la violación directa de la Constitución pues además de carecer de la
suficiente carga argumentativa para analizar el asunto, se refieren a la
interpretación legal y probatoria efectuada por el tribunal demandado.

En efecto, respecto de los defectos sustantivo y violación directa de la
Constitución se advierte que, no cumplen con la respectiva carga argumentativa
para analizarlos de fondo, pues la parte actora no precisó la norma
presuntamente desconocida o indebidamente aplicada, ni explicó el motivo por
el cual con la sentencia acusada resultaba “abiertamente contraria a la
Constitución y la Ley.”

Frente al último asunto, se precisa que, si bien el escrito inicial la entidad
accionante hizo alusión a la presunta violación del artículo 355 superior, lo
cierto es que, con su impugnación no presentó reparos respecto de este punto,
ni del análisis del a quo en relación con el mencionado defecto.

En relación con el defecto fáctico, se encuentra que, los planteamientos de la
parte actora corresponden a una reiteración de la defensa que presentó en el
medio de control objeto de demanda, así como de su recurso de apelación,
relativa a la ausencia de competencia en la protección de los derechos
colectivos alegados, frente a lo que, el tribunal se pronunció y determinó que
debía modificarse la decisión de primera instancia, para con ello disponer:

i) La realización de una evaluación detallada del terreno consistente en estudios
de suelo que permitan dar a conocer las características físicas y técnicas del
suelo, determinando si el terreno es apto para permitir la permanencia de las
viviendas; así como las caracterizaciones geológicas, geotécnicas e hidráulicas
para la realización de una red de servicios públicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado y energía, y el diseño requerido para la recuperación de las zonas
inestables y el saneamiento ambiental de los sectores El Paraíso 1 y 2;

ii) un censo de las familias asentadas irregularmente en los sectores El Paraíso
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1 y 2 vereda El Picacho y cuyas viviendas deban ser objeto de reubicación,
identificando a quien funja como cabeza de familia, y a todos los demás
habitantes de cada inmueble;

iii) deberá realizar el desalojo y reubicación de las familias de los sectores El
Paraíso 1 y 2 que se encuentran ocupando las fuentes hídricas y en zonas de
alto riesgo por movimiento de masa y/o inundación, a un lugar que permita el
acceso a los servicios públicos por medio de un Plan de Vivienda Subsidiada,
siempre y cuando no hubiesen sido beneficiarias de un subsidio de vivienda y
otorgarles subsidio de arrendamiento mientras se adelanta a estructuración y
promoción del plan de vivienda subsidiado, en consideración a la condición de
vulnerabilidad en la que se encuentran.

Así las cosas, se encuentra que, la parte demandante sustentó su demanda
constitucional en su inconformidad respecto del análisis legal y probatorio
respecto de las órdenes impartidas por la autoridad judicial demandada; razón
por la cual debe confirmarse el fallo impugnado en cuanto a la falta de
cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.

Por otro lado, en lo atinente a la presunta vulneración del principio de “non
reformatio in pejus” (sobre el cual se sustentó el defecto procedimental, en el
cual se alegó la presunta vulneración al principio de congruencia), se observa
que, para la parte demandante como era apelante único de la decisión de
primera instancia, el tribunal acusado no podía hacer más gravosa su situación.

Este vicio guarda relación con el defecto denominado “decisión sin motivación”,
pues frente a este, la parte demandante señaló que, sus argumentos de
defensa tanto de la contestación como del recurso de apelación no fueron
tenidos en cuenta en la decisión acusada.

En relación con dicho argumento, se observa que, se logró acreditar el requisito
de la relevancia constitucional, pues por un lado se cumplió con la carga
argumentativa para analizar el presunto defecto procedimental, aunado a la
“decisión sin motivación” alegada, porque expuso los reproches que
específicamente consideró desconocían tal mandato, al comparar lo decidido en
primera instancia frente a lo que recurrió en su alzada y lo que resolvió el
tribunal acusado.

Por el otro lado, se encuentra que, la parte demandante mencionó la posible
tensión, entre sus derechos de contradicción y defensa como entidad
demandada en el proceso colectivo, la presunta lesión iusfundamental causada
por la orden del juez popular para que una autoridad “cumpla con sus
funciones” y los derechos colectivos vulnerables que fueron protegidos con la
sentencia demandada y cuya efectividad podría verse afectada con la posible
concesión del presente amparo constitucional.

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En tal sentido, se logra advertir que el asunto en cuanto a la presunta
vulneración del principio de “non reformatio in pejus” reviste de relevancia
constitucional; por lo que este requisito se encuentra cumplido.

De igual manera, se acredita el presupuesto de la inmediatez, el de la
subsidiariedad y el que no se trate de tutela contra sentencia de la misma
naturaleza, pues la sentencia de segunda instancia se notificó vía electrónica el
5 de abril de 2024 y la demanda constitucional se presentó el 19 de septiembre
de 2024, contra dicha decisión no proceden recursos ordinarios ni
extraordinarios y, se trata de una providencia dictada en un proceso colectivo.

En relación con el requisito de la subsidiariedad se precisa que, si bien el a quo
declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplirse dicho
presupuesto, en tanto que, consideró que, la parte actora podía acudir al
recurso extraordinario de revisión bajo la causal quinta del artículo 250 de la
Ley 1437 de 2011, lo cierto es que, la Ley 472 de 1998 no lo incluyó como sí lo
hizo con las acciones de grupo y, además, porque jurisprudencialmente se ha
admitido su improcedencia en atención a dicha especialidad normativa.

Adicionalmente, el Consejo de Estado ha reiterado que cuando la Ley 472 de
1998, en su artículo 446, remite en los aspectos no regulados al Código
Contencioso Administrativo, lo hace en el entendimiento de que los recursos
que proceden son los referentes al trámite de primera y segunda instancia, es
decir, a los recursos ordinarios7. En lo particular, esta corporación ha señalado:

Lo anterior quiere decir que dentro del trámite de la acción popular, resuelto el
recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Tribunal de instancia,
no cabe ningún recurso de naturaleza extraordinario y la providencia hace
tránsito a cosa juzgada…8

A su vez, debe aclararse que, tampoco resulta procedente el mecanismo
denominado “revisión eventual en las acciones populares y de grupo”
contemplado en el artículo 272 de la Ley 1437 de 2011 9, puesto que, su
finalidad es la de unificar la jurisprudencia en tratándose de los procesos
promovidos para la protección de los derechos e intereses colectivos y la
reparación de daños causados a un grupo y, en consecuencia, lograr la

6 ARTICULO 44. ASPECTOS NO REGULADOS. En los procesos por acciones populares se

aplicarán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y del Código Contencioso
Administrativo dependiendo de la jurisdicción que le corresponda, en los aspectos no regulados
en la presente ley, mientras no se opongan a la naturaleza y la finalidad de tales acciones.
7 Así se recordó en esta providencia: CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO. SECCION TERCERA. Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO.
Bogotá D.C., diez (10) de febrero de dos mil once (2011). Radicación número: 11001-03-15-
000-2010-01519-00(AP). Actor: CONJUNTO RESIDENCIAL EL PINAR DE GAMMA P.H.
Demandado: MUNICIPIO DE PEREIRA.
8 Auto AP del 16 de agosto de 2002, exp. 1999-9001, Magistrada Ligia López Díaz.
9 Establecida en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de

Justicia, adicionado por artículo 11 de la Ley 1285 de 2009.

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aplicación de la ley en condiciones iguales frente a la misma situación fáctica y
jurídica; lo cual no atañe al caso concreto objeto de análisis.

Esto, pues lo cuestionado con la demanda de la referencia corresponde es a la
presunta transgresión del principio de “non reformatio in pejus”, pues a pesar de
que la entidad accionante fungió como apelante único de la sentencia de
primera instancia dictada en el proceso colectivo, el tribunal acusado hizo más
gravosa su condena.

En relación con el mencionado mecanismo de revisión eventual de acciones
populares, la Corte Constitucional en la sentencia T-004 de 2019 indicó que
“…en la medida en que se trata de un medio que solo procede para efectos de
unificación jurisprudencial, esta Corporación ha señalado que no constituye,
necesariamente, una vía judicial idónea que pueda activarse de manera directa
para obtener la protección de derechos fundamentales, y que su consagración
en la ley en modo alguno obstaculiza la procedibilidad de la acción de tutela10”.

Así las cosas, una vez resuelto el recurso de apelación contra la sentencia
proferida en la segunda instancia que resuelve una acción popular, no cabe
ningún recurso de naturaleza extraordinario contra la misma y, por ello hace
tránsito a cosa juzgada.

Por todo lo anterior, la Sala procederá a realizar el análisis de la vulneración
alegada bajo la vulneración del principio de “non reformatio in pejus” (sobre el
cual se sustentó el defecto procedimental y la decisión sin motivación), al
encontrar acreditados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial.

Para el caso concreto, se encuentra que, la entidad actora sostuvo que se
vulneró tal mandato porque a pesar de ser apelante único, la nueva decisión le
resultó ser más desfavorable al Distrito de Medellín, que la inicialmente
proferida en primera instancia, por los siguientes motivos:

Sentencia No. 006 del Sentencia No. 054 del día 05 de abril de 2024 Tribunal
día 18 de enero de 2024, Administrativo de Antioquia, en su Sala Quinta de
el Juzgado Once (11) Decisión
Administrativo Oral de
Medellín

10 Corte Constitucional, sentencia C-713 de 2008. Allí, al efectuar el control previo de
constitucionalidad del artículo 11 de la Ley 1285, la Corte declaró inexequibles varios apartes
del proyecto original y condicionó la constitucionalidad del resto de este artículo en el sentido de
entender que el mecanismo de revisión eventual “en ningún caso impide interponer la acción de
tutela contra la sentencia objeto de revisión, la decisión de no selección o la decisión que
resuelva definitivamente la revisión”. Acerca de que este mecanismo de revisión eventual no es,
en sentido estricto, un requisito para la procedencia de la acción de tutela contra las
providencias judiciales de acción popular: Corte Constitucional, sentencia T-315 de 2010.

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Demandante: Distrito Especial de Ciencia, Tecnología
e Innovación de Medellín
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Quinta de Decisión y otro
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PRIMERO: AMPARAR el PRIMERO. Se MODIFICA la sentencia emitida el 18 de enero
derecho e interés colectivo de 2024 por el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito
al goce de un ambiente de Medellín, y se dispone el amparo de los derechos
sano, seguridad y colectivos invocados por los actores populares representantes
salubridad públicas, así de los sectores El Paraíso 1 y 2 vereda El Picacho
como acceso a los corregimiento San Cristóbal, esto es, al goce de un ambiente
servicios públicos, en la sano, a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y
acción popular de la aprovechamiento racional de los recursos naturales para
referencia instaurada por realizar su desarrollo sostenible, su conservación,
el señor JOSÉ restauración o sustitución, a la seguridad y salubridad
HERNANDO CARDONA públicas, al acceso a una infraestructura de servicios que
BARTOLO. garantice la salubridad pública, al acceso a los servicios
públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, y a la
seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente, contemplados en los literales a), c), g), h), j) y l)
del artículo 4° de la Ley 472 de 1998, de conformidad con las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: Como SEGUNDO. MODIFICAR el ordinal segundo de la parte
consecuencia se ordena al resolutiva de la sentencia de 18 de enero de 2024 proferida
Distrito Especial de por el Juzgado 11Administrativo del Circuito de Medellín, y en
Ciencia, Tecnología e su lugar se ORDENA al DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA,
InnovaciónDe Medellín, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN en
que en el término de un coordinación con la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
(1) año contado a partir de REGIONAL DE ANTIOQUIA – CORANTIOQUIA, quienes
la ejecutoria de la deberán solicitar y en lo posible contar con la colaboración del
presente providencia DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PREVENCIÓN DE
proceda a: DESASTRES DAPARD adscrito a al DEPARTAMENTO DE
1. El Distrito deberá ANTIOQUIA, para que en un término de TRES (3) MESES
estudiar y evaluar la contados a partir de la notificación de esta providencia,
posibilidad de que las realicen de forma conjunta una evaluación detallada del
personas que habitan terreno consistente en estudios de suelo que permitan dar a
Paraíso 1 y 2 conocer las características físicas y técnicas del suelo ...
permanezcan en el sector,
pero, en tal caso deberá
garantizarles una red de
servicios...

TERCERO: Se ordena a TERCERO: ADICIONAR la sentencia de primera instancia, en
CORANTIOQUIA que a el sentido de ORDENAR al DISTRITO ESPECIAL DE
través del ejercicio de sus CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
competencias garantice realizar un censo de las familias asentadas irregularmente en
que en el sector del los sectores El Paraíso 1 y 2 vereda El Picacho corregimiento
Paraíso 1 y 2 se eliminen San Cristóbal de dicho distrito, incluyendo aquellas que se
las afectaciones a las encuentren en las márgenes de protección de las fuentes
fuentes hídricas y el daño hídricas y cuyas viviendas deban ser objeto de reubicación,
al medio ambiente, por el identificando a quien funja como cabeza de familia, y a todos
tiempo que el sector del los demás habitantes de cada inmueble. Lo anterior deberá
Paraíso 1 y 2 permanezca efectuarlo con la asesoría de Corantioquia como autoridad
bajo su jurisdicción. ambiental dentro de los dos (02) meses siguientes a la
ejecutoria de esta sentencia, dejando el correspondiente
soporte documental.

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CUARTO: Se designa un CUARTO: Dentro de los dos (2) meses siguientes al
comité de verificación vencimiento del término anterior, el DISTRITO ESPECIAL DE
presidido por este CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
Juzgado que además deberá realizar el desalojo y reubicación de las familias de los
estará compuesto por el sectores El Paraíso 1 y 2 vereda El Picacho corregimiento
accionante, el Distrito de San Cristóbal del Distrito, que se encuentran ocupando las
Medellín, Corantioquia, la fuentes hídricas y en zonas de alto riesgo por movimiento de
Personería de Medellín, masa y/o inundación, a un lugar que permita el acceso a los
así como el Procurador 1° servicios públicos por medio de un Plan de Vivienda
Ambiental y Agrario. Subsidiada, siempre y cuando previamente no hubiesen sido
beneficiarias de un subsidio de vivienda y de manera
provisional mientras se da una solución de vivienda definitiva
a las familias asentadas y desalojadas de la zona en riesgo en
mención, la entidad territorial deberá otorgarle un subsidio de
arrendamiento mientras se adelanta la estructuración y
promoción del plan de vivienda subsidiado, en consideración
a la condición de vulnerabilidad en la que se encuentran,
medida provisional que no podrá superar los 12 meses de
ejecución.

QUINTO: Se niegan las QUINTO: ADICIONAR la sentencia proferida en primera
demás pretensiones de la instancia, en el sentido de ORDENAR al DISTRITO
demanda. ESPECIAL DE MEDELLÍN en coordinación con la autoridad
ambiental CORANTIOQUIA, que de acuerdo al informe
preciso y detallado dispuesto en el ordinal segundo de esta
providencia, y con la información que arroje el censo
poblacional, si resulta pertinente el desalojo total de los
predios que comprenden los sectores El Paraíso 1 y 2 vereda
El Picacho corregimiento San Cristóbal, que disponga
efectuar el mismo, en el término máximo de 12 meses y
proporcionar una solución de vivienda...

…

En relación con lo anterior, se observa que, en el recurso de apelación
presentado por la parte actora expuso su inconformidad frente a la falta de
competencia de dicha entidad para fungir como prestador de los servicios
públicos domiciliarios, como también para construir sistemas convencionales
legalizados como pretendía el juez de primera instancia, además de la
imposibilidad jurídica de desarrollar proyectos encaminados a la prestación de
servicios de acueducto y/o de alcantarillado a la comunidad de El Paraíso
porque se encuentra asentada en predios privados con indefiniciones de índole
jurídica y existen restricciones normativas del POT que impiden la ejecución de
los proyectos y, porque por razones urbanísticas no se puede ampliar el área de
intervención.

Para la Sala no se desconoce el principio de “non reformatio in pejus”, porque
jurisprudencialmente se ha aceptado la posibilidad de que el juez popular
profiera fallos ultra y extra petita en el sentido de amparar derechos colectivos
diferentes a los invocados por el actor popular en la demanda; estudiar hechos
adicionales a los planteados inicialmente, proferir órdenes diferentes a las
pedidas por los actores en las pretensiones, e incluso apartarse de los términos
de la impugnación en fallos de segunda instancia, todo lo anterior, siempre que

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se guarde relación con el hecho generador del daño planteado en la demanda y
en términos generales con la causa petendi.11

Nótese que la misma Ley 472 de 1998, en su artículo 34, establece que en la
sentencia, es el juez quien, de manera precisa, establece la “…conducta a
cumplir con el fin de proteger el derecho o el interés colectivo amenazado o
vulnerado y de prevenir que se vuelva a incurrir en las acciones u omisiones
que dieron mérito para acceder a la pretensiones del demandante”, es decir,
que el fallo estimatorio no está limitado por las pretensiones o la impugnación,
sino por lo que el fallador considere que es la manera adecuada de amparar los
derechos colectivos amenazados o conculcados.

Por lo tanto, se observa que los reproches de la parte demandante sí fueron
abordados por el tribunal demandado, sino que este consideró viable modificar
las órdenes emitidas en primera instancia en atención a la efectiva protección
de los derechos colectivos vulnerados.

Así pues, este cargo no se encuentra configurado y, en ese orden, se revocará
la improcedencia declarada en primera instancia por no cumplirse el requisito
de la subsidiariedad y en su lugar se denegará la protección invocada frente a
la vulneración del principio de “non reformatio in pejus”.

Finalmente, la parte accionante tampoco logró demostrar la configuración de un
perjuicio irremediable, pues no basta con la manifestación de que con la
decisión demandada se afecta la sostenibilidad financiera del distrito y que se
compromete la ejecución de otros proyectos esenciales; máxime que tales
asuntos son de carácter económico.

De manera que, se confirmará parcialmente el fallo impugnado que declaró la
improcedencia de la acción de tutela y, se revocará la improcedencia por la falta
de cumplimiento de la subsidiariedad, para denegar lo relativo a la vulneración
de dicho mandato.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

11 CONSEJO DE ESTADO. SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SALA

SEIS ESPECIAL DE DECISIÓN. Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO.
Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 15001-33-31-
001-2004-01647-01(SU)(REV-AP). Actor: CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TUNJA.
Demandado: MUNICIPIO DE TUNJA.

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FALLA

PRIMERO: Deniégase la falta de legitimación en la causa por pasiva de las
Empresas Públicas de Medellín (EPM) y el Área Metropolitana del Valle de
Aburra (AMVA).

SEGUNDO: Confírmase parcialmente la sentencia 6 de diciembre de 2024,
a través de la cual la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir el
requisito de relevancia constitucional, conforme a lo señalado en la parte
motiva de la presente providencia.

TERCERO: Revócase la sentencia impugnada respecto de la improcedencia
que declaró por la falta de cumplimiento del requisito de la subsidiariedad, para
denegar la protección invocada frente a la vulneración del principio de “non
reformatio in pejus”.

CUARTO: Notifíquese a las partes y a los terceros en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Ausente con permiso

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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