Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07652-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07652-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-07652-01
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
8 de abril de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07652-01
Accionantes: Iván Alexander Lozano Cerón y otros
Se revoca y se concede el amparo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C. ocho (8) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07652-01
Accionantes: Iván Alexander Lozano Cerón y otros
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Reparación directa / Privación injusta
de la libertad / Error jurisdiccional / Defecto sustantivo / Violación directa de la Constitución
/ Cambios de postura de la jurisprudencia y aplicación del principio de favorabilidad en
materia penal / Se revoca la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones y,
en su lugar, se concede el amparo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de impugnación presentado por los accionantes contra la
sentencia del 15 de febrero de 2024 proferida por la Sección Cuarta de esta
Corporación. La primera instancia negó las pretensiones de la solicitud de amparo
porque no se acreditaron los defectos alegados. La acción de tutela se presentó
contra las sentencias del 19 de noviembre de 2020 y del 2 de junio de 2023
proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C y por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
respectivamente, dentro del proceso de reparación directa 25000-23-26-000-2012-
01069-00/01 adelantado por los accionantes por una supuesta privación injusta de
la libertad y un error judicial.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015,
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
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Accionante: Iván Alexander Lozano Cerón y otros
Se revoca y se concede el amparo
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1.- El 19 de diciembre de 2023 los señores Iván Alexander Lozano Cerón,
Montserrat Castellote González, Alejandra Lozano Castellote, Sergio Lozano
Castellote, Iván Silvano Lozano Osorio, Concepción González de Castellote,
Salvador Enrique Castellote González, Martha Elena Castellote González, Karen
Lozano Cerón, Sandra Isabel Lozano Cerón y Nathalie Lozano Cerón, presentaron,
mediante apoderada judicial, una acción de tutela para obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, presunción de inocencia, cosa juzgada,
non bis in idem, juez natural y derecho de defensa. Consideraron que esos derechos
fueron vulnerados por las autoridades judiciales accionadas al negar las
pretensiones de la demanda de reparación directa adelantada contra la Rama
Judicial y la Fiscalía General de la Nación.
2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones (se transcribe):
<<PRIMERO: DECLARAR que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
(Sección Tercera Subsección C) y el Consejo de Estado (Sección Tercera-
Subsección A) vulneraron los derechos de los accionantes al debido proceso,
presunción de inocencia, cosa juzgada, non bis in ídem, juez natural y derecho de
defensa con ocasión de las sentencias proferidas el 19 de noviembre de 2020 y 2
de junio de 2023, respectivamente.
SEGUNDO: Como consecuencia de la declaración, se solicita DEJAR SIN
EFECTOS las sentencias accionadas.
TERCERO: Se solicita al Honorable Magistrado ORDENAR al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que emita una nueva decisión de primera instancia
que atienda las consideraciones que se expongan en el fallo de tutela y respete los
derechos fundamentales de los accionantes>>.
B. Hechos
3.- Los accionantes basaron su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:
3.1.- El 4 de septiembre de 1997 el señor Iván Alexander Lozano Cerón y el
Departamento del Chocó suscribieron el contrato de obra No. 16-0-97, que tenía por
objeto la construcción y pavimentación de un tramo de carretera.
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3.2.- El 16 de septiembre de 1997 el departamento ordenó, por concepto de anticipo,
el pago del 50% del valor del contrato por la suma de trescientos noventa y cuatro
millones seiscientos cuarenta y dos mil seiscientos veintidós pesos ($394´642.622).
El contratista incumplió el contrato y no renovó la póliza, por lo que el 29 de mayo
de 1998 la entidad contratante terminó y liquidó unilateralmente el contrato.
3.3.- El 29 de septiembre de 1998 la oficina jurídica del departamento denunció al
señor Lozano Cerón por el delito de peculado por apropiación tipificado en el artículo
133 del Decreto Ley 100 de 1980, dadas las irregularidades que se presentaron en
la devolución del anticipo.
3.4.- El 3 de febrero de 1999 la Fiscalía Seccional Delegada de Quibdó resolvió la
situación jurídica del señor Lozano Cerón y le impuso una medida de aseguramiento
privativa de la libertad. La medida se hizo efectiva el 12 de febrero de 2004 y el
sindicado fue recluido en el establecimiento carcelario “New Hope” de San Andrés.
3.5.- El 8 de marzo de 2004 el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Quibdó
profirió sentencia condenatoria por la comisión del delito de peculado por
apropiación agravado por la cuantía.
3.6.- El 10 de mayo de 2004 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó
confirmó la condena.
3.7.- La defensa del señor Lozano Cerón interpuso recurso de casación, que fue
resuelto el 16 de marzo de 2006 por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal. La Corte casó parcialmente la sentencia para declarar que la inhabilidad en
el ejercicio de derechos y funciones públicas debía ser permanente, según lo
previsto en el Acto Legislativo 01 de 2014, y mantuvo la condena en todo lo demás.
3.8.- El 22 de agosto de 2006 se le reconoció el beneficio de libertad condicional.
3.9.- Posteriormente, el señor Lozano Cerón interpuso recurso extraordinario de
revisión con base en la causal sexta del artículo 220 de la Ley 600 de 2000, que
procede cuando <<la Corte haya cambiado favorablemente el criterio jurídico que
sirvió para sustentar la sentencia condenatoria>>. Lo anterior, pues con
posterioridad a la imposición de la condena penal, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Penal cambió su postura frente a la posibilidad de condenar a un
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particular por la comisión del delito de peculado por apropiación, el cual tiene un
sujeto activo calificado: debe ser un servidor público.
3.9.1.- Según la nueva postura de la Corte Suprema de Justicia, adoptada por las
sentencias de casación del 27 de abril de 2005 (radicado 19562), 13 de julio de 2005
(radicado 19695) y 13 de marzo de 2006 (radicado 24833), si bien el artículo 56 de
la Ley 80 de 1993 asigna la calidad de servidor público a los contratistas del Estado
a efectos de su responsabilidad penal, se determinó que esa condición se adquiere
si el vínculo contractual faculta al particular para que asuma funciones públicas. Y
esto no ocurre si el objeto del negocio jurídico se limita a la ejecución de una labor
material, como una obra.
3.9.2.- Alegó que, en virtud del cambio de criterio, no podía atribuírsele la calidad
de servidor público y, por lo tanto, no podía ser condenado por el delito de peculado
por apropiación en los términos del artículo 133 del Decreto Ley 100 de 1980. En
cambio, sostuvo que el juicio penal debió adelantarse por el delito de peculado por
extensión previsto en el artículo 138 del Decreto Ley 100 de 1980 o por el delito de
abuso de confianza calificado, según el artículo 250 de la Ley 599 de 2000, pero en
cualquier caso la acción penal se encontraba prescrita.
3.10.- El 24 de agosto de 2010 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia declaró fundado el recurso de revisión, dejó sin valor las sentencias de
instancia proferidas en el proceso penal y declaró la prescripción de la acción penal
por el delito de abuso de confianza calificado.
3.11.- El 29 de junio de 2012 el señor Iván Alexander Lozano Cerón y su grupo
familiar presentaron demanda de reparación directa contra la Nación – Rama
Judicial y contra la Fiscalía General de la Nación.
3.11.1.- Frente a la Fiscalía alegaron una privación injusta de la libertad, pues el
delito de abuso de confianza calificado (antes peculado por extensión), ante el cual
debió adelantarse el proceso, no admitía el decreto de medidas de aseguramiento.
3.11.2.- Por otro lado, señalaron que la Rama Judicial incurrió en un error
jurisdiccional porque desconoció el tránsito legal que modificó el delito a imputar
(antes peculado por extensión y ahora abuso de confianza calificado) en virtud de
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la entrada en vigencia de la Ley 599 de 2000, así como de la Ley 600 de 2000, que
impedía la imposición de medidas de aseguramiento por ese delito.
3.11.3.- También alegaron que las autoridades judiciales penales desconocieron la
sentencia C-583 de 1998 en la cual la Corte Constitucional estudió la
constitucionalidad del artículo 56 de la Ley 80 de 1993 y precisó que la sola
suscripción de un contrato con el Estado no implica la transferencia de funciones
públicas y que en los contratos de obra que tienen un objeto material no es posible
considerar al contratista como un servidor. Pusieron de presente que ese cambio
de postura fue acogido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia desde la sentencia del 27 de abril de 2005 (radicado 19562) y reiterado en
otras sentencias, todas proferidas antes de que se resolviera el recurso de casación.
3.12.- Mediante sentencia del 19 de noviembre de 2020 el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C negó las pretensiones de la
demanda. El tribunal abordó el caso desde el título de falla en el servicio de las
autoridades judiciales por decretar la medida de aseguramiento y condenarlo por el
delito de peculado por apropiación y no por el delito de peculado por extensión.
3.12.1.- Aunque señaló que las autoridades judiciales sí habrían incurrido en una
falla en el servicio porque el cambio de postura frente a la interpretación del artículo
56 de la Ley 80 de 1993 se originó en la sentencia C-563 de 1998 (antes de que se
decretara la medida de aseguramiento y se profirieran las sentencias penales), en
todo caso el daño fue consecuencia de la culpa exclusiva y determinante de la
víctima. Resaltó que la sentencia del 16 de marzo de 2006, en la que se resolvió el
recurso de casación, la Corte Suprema de Justicia tuvo por probada la apropiación
del anticipo y que esa providencia no fue dejada sin efectos en el fallo de revisión.
3.12.2.- Agregó que, en todo caso, el peculado por extensión y el abuso de
confianza calificado también admitían la imposición de medidas de aseguramiento.
3.13.- Los demandantes apelaron la anterior decisión. Sostuvieron que la
imputación del daño fue incorrecta y no obedeció a los hechos alegados y probados
en el proceso. Señalaron que la medida de aseguramiento fue ilegal y cuestionaron
el análisis indebido que hizo el tribunal de las sentencias del proceso penal para
señalar que el señor Lozano Cerón se apropió del anticipo del contrato, lo cual fue
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determinante para que se iniciara el proceso penal en su contra y se le impusiera la
medida de aseguramiento.
3.13.1.- A su juicio, esa consideración desconoce lo previsto en la jurisprudencia de
esta Corporación, en particular, la sentencia de tutela del 15 de noviembre de 2019
(2019-00169-01), que impide al juez de la reparación directa evaluar la conducta
preprocesal del sindicado a efectos de declarar la culpa exclusiva de la víctima. En
todo caso, afirmaron que el señor Lozano Cerón actuó con diligencia y transparencia
en el cumplimiento del contrato estatal.
3.13.2.- Señalaron que los fallos del proceso penal fueron dejados sin efectos al
resolverse el recurso de revisión, justamente porque el proceso se adelantó bajo
una indebida calificación del tipo penal, lo cual constituye el error jurisdiccional
alegado y denota la ilegalidad de la actuación penal.
3.13.3.- Reiteraron que no se tuvo en cuenta el cambio normativo y que, de todas
formas, la medida de aseguramiento no cumplió con los requisitos previstos en el
Decreto 2700 de 1991.
3.14.- Mediante sentencia del 2 de junio de 2023 la Sección Tercera, Subsección A
del Consejo de Estado confirmó la decisión de negar las pretensiones de la
demanda, pero bajo otros argumentos. Aclaró que aunque se invocó un error
jurisdiccional y una privación injusta de la libertad, la Sala abordaría el asunto desde
el régimen de falla en el servicio, en virtud del principio iura novit curia.
3.14.1.- Consideró que los reproches propuestos por los accionantes no
correspondían a las consideraciones de la sentencia de revisión del 24 de agosto
de 2010, que dejó sin efectos las sentencias de instancia en el proceso penal. En
efecto, en el fallo de revisión no se puso en evidencia un <<error jurisdiccional>> en
el que habrían incurrido los jueces penales, sino que se aplicó una postura adoptada
con posterioridad y que resultaba más favorable. Al respecto, precisó que las
sentencias de revisión no pretenden rectificar errores in judicando y no se basan en
las mismas pruebas allegadas al proceso (como sucede con los otros recursos),
sino que corrigen un resultado que resulta injusto ante circunstancias y pruebas
posteriores a las decisiones revisadas y que modifican el fundamento de estas.
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3.14.2.- En ese sentido, aclaró que la causal de revisión en virtud de la cual se
dejaron sin efectos las decisiones adoptadas en el proceso penal presupone que (i)
existía una postura válida en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, (ii)
la Corte modificó su postura y (iii) el resultado de la modificación es más favorable
al sindicado. Por lo tanto, al momento de adoptarse la decisión objeto de revisión
no existía el nuevo criterio jurídico y no podía ser aplicado.
C. Fundamentos de la vulneración
4.- Los accionantes alegan que las sentencias objeto de reproche vulneraron sus
derechos fundamentales porque incurrieron en (i) un defecto sustantivo y (ii) una
violación directa de la Constitución. En la solicitud de amparo se distinguieron
argumentos en contra de cada una de las sentencias accionadas, así:
4.1.- Contra la sentencia del 19 de noviembre de 2020 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C alegaron un
defecto sustantivo y una violación directa de la Constitución porque (i) pasó por alto
la sentencia C-563 de 1998 de la Corte Constitucional, la cual demuestra que la
calificación del delito fue errónea; (ii) desconoció el marco legal y constitucional para
imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad, pues esta no
obedeció a los principios de legalidad, excepcionalidad, proporcionalidad,
necesidad y gradualidad; (iii) con ella se vulneraron las garantías de cosa juzgada,
juez natural, presunción de inocencia, non bis in idem, debido proceso y defensa,
como quiera que declaró la culpa exclusiva de la víctima al estudiar la conducta
preprocesal del sindicado, en contravía de lo señalado en la sentencia de tutela de
15 de noviembre de 2019 (rad. 2019-00169-01) de esta Corporación.
4.2.- Respecto a la sentencia del 2 de junio de 2023 proferida por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A también alegaron un defecto sustantivo y
una violación directa de la Constitución: (i) reiteraron que no se tuvo en cuenta que
la sentencia C-563 de 1998 demuestra la incorrecta calificación del tipo penal, (ii) y
reprocharon que el asunto se abordara desde la falla en el servicio y no desde la
óptica de la privación injusta de la libertad o el error jurisdiccional. En cuanto a lo
último, echan de menos una justificación suficiente que explique esa determinación
y agregan que, más que desde la óptica de la falla en el servicio, era necesario que
se estudiara la legalidad y constitucionalidad de la medida de aseguramiento, lo cual
no sucedió. Por último, cuestionan que no se haya pronunciado frente a la indebida
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calificación del delito y ante el hecho de que el tribunal sí tuvo por probada la falla
en el servicio.
4.3.- También indicaron que la postura prevista en la sentencia C-563 de 1998 ya
había sido tenido en cuenta por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 27
de abril de 2005 (radicado 19562).
D. Oposiciones e intervenciones
5.- El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A (accionado) señaló que
la acción de tutela es improcedente, pues la providencia cuestionada se fundamentó
en las pruebas y respetó las garantías del debido proceso. Refirió que en esa
providencia se encontraban los argumentos que justificaban la decisión adoptada.
6.- El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C
(accionado) solicitó que se declara la improcedencia de la solicitud de amparo o que
se negaran las pretensiones porque la sentencia que profirió en el proceso de
reparación directa se encuentra sustentada en el estudio razonable, plausible y
riguroso del caso y de la jurisprudencia del Consejo de Estado.
7.- La Rama Judicial (tercero con interés) alegó una falta de legitimación en la causa
por pasiva, pues los reparos se dirigen contra providencias judiciales ante las cuales
no puede intervenir. Agregó la acción de tutela es improcedente y no se advierte un
perjuicio irremediable que haga necesario la intervención del juez de tutela.
8.- La Fiscalía General de la Nación (tercero con interés) guardó silencio.
E. Sentencia impugnada
9.- Mediante sentencia del 15 de febrero de 2024 la Sección Cuarta de esta
Corporación negó las pretensiones de la acción. El juez de tutela de primera
instancia aclaró que solo se pronunciaría frente a la sentencia de segunda instancia
proferida en el proceso de reparación directa, pues fue esta la que definió la
controversia y cualquier inconformidad contra la decisión de primera instancia debe
plantearse en el recurso de apelación.
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9.1.- Además, entendió cumplido el requisito de relevancia constitucional, pues los
reparos planteados contra la sentencia cuestionada no constituyen una reiteración
de lo dicho en el proceso ordinario, dado que la sentencia objeto de reproche negó
las pretensiones de la demanda bajo otras razones distintas a las planteadas por el
tribunal de primera instancia.
9.2.- Consideró que en la sentencia accionada se explicó suficientemente por qué
se abordaba el asunto desde la falla en el servicio, para lo cual el juez de la
reparación directa estaba habilitado, conforme al principio iura novit curia. Al
respecto, advirtió que en la sentencia accionada se tuvieron en cuenta las
particularidades del caso y las razones por las cuales quedaron sin efectos las
providencias penales que impusieron la pena privativa de la libertad.
9.3.- Por último, destacó que el cambio jurisprudencial de la Corte Suprema de
Justicia derivó, entre otras razones, en una nueva interpretación que hizo esa
Corporación de la sentencia C-563 de 1998, por lo que se descarta el cargo según
el cual se desconoció esa sentencia de la Corte Constitucional.
F. Impugnación
10.- Los accionantes impugnan la anterior decisión. Reiteran los argumentos
planteados en el escrito de tutela, pero insisten en que sí debía evaluarse la
sentencia ordinaria de primera instancia y destacan que no se tuvo en cuenta que
el señor Lozano Cerón estuvo privado de la libertad durante 30 meses y 11 días
como consecuencia de una indebida adecuación típica.
11.- Enfatizan que la sentencia C-563 de 1998 no fue tenida en cuenta y que antes
de que se resolviera el recurso de casación en el proceso ordinario (16 de marzo de
2006) ya existían pronunciamientos de la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia que habían acogido la tesis de la Corte Constitucional y que
también fueron omitidos, lo cual denota una clara vulneración de su derecho a la
igualdad. En particular, refieren las sentencias del 27 de abril de 2005 (radicado
19562), del 13 de julio de 2005 (radicado 19695) y del 13 de marzo de 2006
(radicado 24833) proferidas por la Corte Suprema de Justicia.
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II. CONSIDERACIONES
12.- La Sala revocará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones
de la acción de tutela por falta de relevancia constitucional y, en su lugar, concederá
el amparo por la vulneración al debido proceso de los accionantes.
12.1.- El análisis de la Sala se centrará en la sentencia de segunda instancia
proferida en el proceso ordinario, pues coincide con el juez constitucional de primera
instancia en cuanto a que los reparos que pudieran existir frente a la sentencia del
tribunal pudieron ser debatidos en el recurso de apelación y que aquella fue la que
puso fin a la controversia.
12.2.- Si bien en el escrito de tutela se alegó un defecto sustantivo y una violación
directa de la Constitución, la Sala advierte que los cargos presentados contra la
sentencia de segunda instancia se refieren realmente a (i) una ausencia de
motivación porque no se explicaron las razones por las cuales el caso no se estudió
desde la privación injusta de la libertad y el error judicial; (ii) un defecto sustantivo
por la aplicación indebida de las normas penales frente al delito acusado y a los
requisitos de la medida de aseguramiento; y (iii) un desconocimiento del precedente
y las reglas jurisprudenciales porque no se tuvieron en cuenta la sentencia C-563
de 1998 de la Corte Constitucional y tres sentencias de la Corte Suprema de
Justicia, todas ellas anteriores a la sentencia de casación que confirmó la condena
contra el actor. Por lo tanto, el estudio se abordará bajo ese entendimiento.
12.3.- Se negará la solicitud de desvinculación planteada por la Rama Judicial, toda
vez que fue vinculada como tercero con interés por ser parte del proceso ordinario
que originó la presente acción de tutela, pero no porque en su contra se hayan
planteado reparos concretos.
G. Se encuentran satisfechos los requisitos generales que habilitan la
procedencia de la acción de tutela
13.- Los requisitos generales se cumplen pues: (i) los accionantes identificaron de
manera clara los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el asunto
es constitucionalmente relevante porque se alega la vulneración de, entre otros, el
derecho al debido proceso por una ausencia de motivación, un defecto sustantivo y
un desconocimiento de las reglas jurisprudenciales que se predican de la sentencia
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de segunda instancia y que no pudieron ser alegados en el proceso ordinario, pues
los argumentos que fundamentaron la decisión de primera y de segunda instancia
fueron distintos; (iii) se encuentra cumplido el requisito de subsidiariedad porque el
accionante utilizó todos los mecanismos judiciales a su alcance para la protección
de sus derechos y contra la providencia atacada no procede ningún recurso; (iv) la
solicitud se presentó en un término prudencial (inmediatez), puesto que la decisión
de segunda instancia se notificó el 26 de junio de 2023 y la tutela se presentó el 19
de diciembre de 2023, es decir, dentro del término de 6 meses precisado tanto por
esta Corporación1 como por la Corte Constitucional 2; y (v) no se trata de una
decisión proferida en sede de tutela.
H. En la sentencia objeto de reproche no se motivó suficientemente la decisión
adoptada
14.- En la demanda ordinaria los accionantes alegaron (i) una privación injusta de
la libertad que atribuyen a la Fiscalía General de la Nación y (ii) un error
jurisdiccional imputable a las autoridades judiciales que profirieron las sentencias
de instancia y la de casación en el proceso penal.
14.1.- Frente a lo primero, alegan que la promulgación de la Ley 599 de 2000
modificó la descripción del delito por el cual era procesado el señor Lozano Cerón,
a saber, el peculado por extensión, el cual pasó a denominarse abuso de confianza
calificado y al que se le atribuyó una pena distinta a la prevista en la norma anterior.
14.1.1.- A su juicio, ese cambio normativo implicaba que en el proceso penal debió
readecuarse la calificación jurídica de la conducta investigada y, además, debió
estudiarse si la medida de aseguramiento impuesta bajo la ley anterior podía
mantenerse bajo el nuevo marco legal, pues cambiaron los requisitos para la
imposición de esa medida y la pena del delito investigado.
14.1.2.- Afirman, por lo tanto, que la medida de aseguramiento debió ser revocada
porque no procedía para el delito de abuso de confianza. Como ello no ocurrió, la
privación de su libertad fue injusta.
1 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-
01(IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
2 Corte Constitucional, sentencia T-031 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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14.2.- En cuanto a lo segundo, señalan que los jueces de instancia en el proceso
penal incurrieron en un error jurisdiccional porque no tuvieron en cuenta el cambio
normativo señalado y la modificación de la conducta investigada.
14.2.1.- Además, señalaron que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia no tuvo en cuenta la sentencia C-583 de 1998, ni las sentencias del 27 de
abril de 2005 (radicado 19562), 13 de julio de 2005 (radicado 19695) y 13 de marzo
de 2006 (radicado 24833) proferidas por la Sala de Casación Penal.
14.2.2.- Al respecto, indicaron que en esas sentencias se señala que el artículo 56
de la Ley 80 de 1993, que atribuye la calidad de servidor público a los contratistas
para efectos de determinar su responsabilidad penal, no puede ser aplicado cuando
el contrato estatal tiene por objeto la ejecución de una labor puramente material,
como ocurre en el contrato de obra que suscribió y en virtud del cual se adelantó el
juicio penal. Agregan que esa postura ya existía cuando la Corte Suprema de
Justicia resolvió el recurso de casación y confirmó su responsabilidad penal, lo cual
también constituye un error jurisdiccional.
15.- Ahora bien, en la sentencia objeto de reproche se abordó el asunto desde el
título de imputación de falla en el servicio y se concluyó que la naturaleza de la
acción de revisión reafirma la legalidad de esas providencias, pues lo que ocurrió
fue un cambio de postura entre dos interpretaciones válidas, siendo la posterior más
favorable al procesado.
15.1.- Como se advierte, en la sentencia accionada no se resolvieron los
argumentos reseñados. Independientemente de la denominación del título de
imputación, lo cierto es que la causa petendi no se limitaba a estudiar la legalidad
de las sentencias de instancia proferidas en el proceso penal y que fueron dejadas
sin efectos en sede del recurso extraordinario de revisión.
15.2.- En cambio, lo alegado exigía un estudio frente a si la medida de
aseguramiento debió ser revocada por el cambio normativo, y si se incurrió en un
error al proferirse sentencias condenatorias sin readecuar el tipo penal, así como
por omitir la postura jurisprudencial que le era más favorable.
15.3.- En ese sentido, la sentencia cuestionada debía pronunciarse frente a los
cargos planteados para determinar si la imposición y no revocación de la medida de
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07652-01
Accionante: Iván Alexander Lozano Cerón y otros
Se revoca y se concede el amparo
aseguramiento, así como la falta de adecuación de la conducta típica bajo la cual
se condenó al accionante, generó un daño antijurídico atribuible a las demandadas.
15.4.- Por otro lado, la Sala advierte que, efectivamente, como señalaron los
accionantes, en la sentencia del 27 de abril de 2005 (radicado 19562) la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia modificó su postura frente a la
interpretación del artículo 56 de la Ley 80 de 1993. Lo anterior fue reiterado en las
sentencias del 13 de julio de 2005 (radicado 19695) y 13 de marzo de 2006
(radicado 24833) como expresamente se indicó en la sentencia de revisión del 24
de agosto de 2010 proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
la Justicia en el proceso penal.
15.5.- Ello quiere decir que, aunque las sentencias de instancia proferidas en el
proceso penal (la primera instancia del 8 de marzo y la segunda del 10 de mayo de
2004) fueron proferidas antes del cambio de criterio y estarían, en principio,
conformes a la postura anterior, no ocurre lo mismo con la sentencia de casación
proferida el 16 de marzo de 2006 y que confirmó la responsabilidad penal del
accionante, sin acoger el cambio de criterio.
15.6.- En la sentencia objeto de reproche también debía resolverse este argumento,
el cual ha sido reiterado en el proceso de reparación directa.
16.- La Sala considera que todo lo anterior constituye una ausencia de motivación
para resolver los cargos planteados, según lo alegado en la solicitud de amparo y
que vulnera el derecho al debido proceso de los accionantes.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVÓCASE la sentencia proferida el 15 de febrero de 2024 por la
Sección Cuarta de esta Corporación, por medio de la cual se negaron las
pretensiones de la solicitud de amparo. En su lugar, AMPÁRASE el derecho
fundamental al debido proceso.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07652-01
Accionante: Iván Alexander Lozano Cerón y otros
Se revoca y se concede el amparo
SEGUNDO: En consecuencia, DÉJASE SIN EFECTOS la sentencia del 2 de junio
de 2023 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A en el
proceso de reparación directa No. 25000-23-26-000-2012-01069-01.
TERCERO: ORDÉNASE al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta sentencia,
profiera una nueva providencia en la que tenga en cuenta las consideraciones
señaladas en esta decisión.
CUARTO: NIÉGASE la solicitud de desvinculación de la Rama Judicial.
QUINTO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
SEXTO: Una vez notificada, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
SÉPTIMO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página Web de la
Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con aclaración de voto
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto
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