Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2012-01069-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2012-01069-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2012-01069-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
17 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 25000-23-26-000-2012-01069-01 (67.192)
Actor: Iván Alexander Lozano Cerón y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
TEMAS: DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – Falla en el
servicio / CAUSAL 6° DE REVISIÓN DEL ARTÍCULO 220 DE LA LEY 600 DE 2000 - para
su estructuración es necesario verificar que: (i) la demanda se dirija contra una sentencia
ejecutoriada cuya condena se haya fundado en un criterio jurisprudencial específico
avalado por la Sala de la Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia; (ii) el referente
jurisprudencial de la Sala Penal de la Corte haya sido modificado con posterioridad a la
emisión de la sentencia objeto de revisión; y, (iii) a través de un análisis comparativo se
demuestre que el nuevo criterio jurisprudencial resulta más beneficioso para el demandante
/ PROSPERIDAD DE LA CAUSAL SEXTA DE REVISIÓN - se edificó en la existencia de
un cambio de criterio jurisprudencial a partir de la sentencia de casación de 27 de abril de
2005 -radicado 19562-, por lo que los operadores penales actuaron conforme al orden
jurídico existente para la época en que se impuso la medida de aseguramiento y se
profirieron las sentencias condenatorias - lo actuado y las decisiones adoptadas no
constituyen falla en el servicio ni pueden considerarse fuente del alegado daño y de los
perjuicios reclamados en la demanda / PRINCIPIO DE LIMITACIÓN EN RECURSO DE
CASACIÓN - el análisis se restringe a la causal invocada en la demanda / CASACIÓN
OFICIOSA - LEY 600 DE 2000 ARTÍCULO 216 – no opera bajo el entendido de que le
corresponda al juez de casación asumir o sustituir las cargas que le incumbían al censor
en aras de sacar avante sus intereses / CASACIÓN OFICIOSA - según jurisprudencia de
la Sala de Casación Penal, al censor le asiste la carga de invocar y demostrar debidamente
la irregularidad sustancial que pueda afectar el fallo / CASACIÓN OFICIOSA - la casación no
tiene la connotación material de un grado de consulta dirigido a revisar en detalle la legalidad
de la sentencia cuestionada y del procedimiento que la precedió, pues se estaría otorgando
una facultad omnímoda para fallar extra petita, en clara violación de los principios de
congruencia y limitación aplicables al juicio de casación penal.
En cumplimiento del fallo de tutela proferido por la Sección Tercera, Subsección B
del Consejo de Estado el 8 de abril de 2024, procede la Sala a decidir nuevamente
el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia que negó
las pretensiones de la demanda1.
Según la demanda, la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación, deben ser declaradas
responsables de los perjuicios causados al no variar el delito imputado al señor Iván
1 Providencia notificada el 24 de abril de 2024 dentro del proceso derivado de la acción de tutela con radicado
11001-03-15-000-2023-07652-01. En virtud de lo anterior, mediante auto de 30 de abril se solicitó al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca la remisión del expediente contentivo de la demanda de reparación directa, a
fin de dar cumplimiento al fallo de tutela. El expediente se recibió en esta corporación el 9 de mayo de los
corrientes. Índice 40 en SAMAI.
Radicación: 25000-23-26-000-2012-01069-01 (67.192)
Actor: Iván Alexander Lozano Cerón y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
Alexander Lozano Cerón ante el cambio legislativo y jurisprudencial dado a su
favor, y su consecuente privación de la libertad.
I. LA SENTENCIA APELADA
1. Corresponde a la sentencia del 19 de noviembre de 2020, mediante la cual el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C negó
las pretensiones de la demanda.
Demanda Inicial
2. El anterior proveído decidió la demanda presentada el 29 de junio de 2012 2, por
los señores Iván Alexander Lozano Cerón, Alejandra Lozano Castellote, Iván
Silvano Lozano Osorio, Aurelio Castellote Campo, Concepción González de
Castellote, Salvador Enrique Castellote González, Marta Elena Castellote González,
Karen Lozano Cerón, Sandra Isabel Lozano Cerón, Natalie Lozano Cerón y
Montserrat Castellote González a nombre propio y en representación de su hijo
Sergio Lozano Castellote, en contra de la Nación – Rama Judicial – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y la Nación – Fiscalía General de la Nación,
cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos de derecho son los
siguientes:
Pretensiones
3. La actora pretende que se declare la responsabilidad de las demandadas y se
les condene al pago de los daños y perjuicios causados con la privación injusta de
la libertad a la que fue sometido el señor Iván Alexander Lozano Cerón en virtud de
la medida de detención preventiva. A su vez, adujo que la parte demandada incurrió
en error judicial por condenarlo por el delito de peculado por apropiación mediante
las sentencias de primera y segunda instancia, y haber casado parcial y
oficiosamente el fallo de segunda instancia referido mediante sentencia de fecha 16
de marzo de 2006, dictada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia.
4. Por lo anterior, estimó la solicitud indemnizatoria en: i) cuarenta y siete mil ciento
setenta y ocho millones seiscientos un mil quinientos dieciséis pesos
($47.178.601.516) para el señor Iván Alexander Lozano Cerón por concepto de
perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y lucro cesante, junto con
ii) 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes por concepto de perjuicios
morales y daño a la vida en relación para cada uno de los demandantes3.
Hechos
5. El 13 de junio de 1997, la gobernación del Departamento del Chocó dio apertura
a la Licitación Pública No. 002-97, a fin de realizar la construcción y pavimentación
de un tramo de la carretera Quibdó – La Mansa, obra que fue adjudicada al señor
2 Folios 13 a 76, sello de presentación de la demanda a folio 77 vto. cuaderno No. 1.
3 La estimación total de la cuantía de la demanda fue de cuarenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y cuatro
millones cuarenta y un mil quinientos dieciséis pesos ($48´464.041.516). Folios 66 y 67, cuaderno No. 1.
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Radicación: 25000-23-26-000-2012-01069-01 (67.192)
Actor: Iván Alexander Lozano Cerón y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
Iván Alexander Lozano Cerón. El 4 de septiembre de 1997, se suscribió el contrato
de obra No. 16-0-97.
6. El 16 de septiembre de 1997, el gobernador del Departamento del Chocó expidió
la Resolución No. 1350, mediante la cual ordenó pagar a favor del contratista el
anticipo.
7. Ante el incumplimiento por parte del contratista y la no renovación de la póliza
respectiva, la administración departamental profirió la Resolución No. 681 del 29 de
mayo de 1998, por medio de la cual se efectuó la liquidación unilateral del contrato
No. 16-0-97.
8. El Jefe de la Oficina Jurídica del Departamento del Chocó presentó denuncia
contra el señor Iván Alexander Lozano Cerón por el delito de peculado por
apropiación, acorde con lo dispuesto en el artículo 133 del Decreto Ley 100 de 1980.
Se basó en las irregularidades en la devolución del anticipo, por lo que la Unidad
Cuarta de la Fiscalía Seccional Delegada de Quibdó inició la respectiva
investigación penal el 29 de septiembre de 1998.
9. El 15 de octubre de 1998, el ente investigador dictó orden de captura en contra
del contratista, la cual no se hizo efectiva. El mismo día el señor Lozano Cerón se
presentó ante la Fiscalía General de la Nación solicitando que se fijara fecha para
rendir versión libre o indagatoria. Al ser negada, presentó acción de tutela, en virtud
de la cual se revocó la orden de captura dictada en su contra y el 15 de enero de
1999 fue oído en indagatoria.
10. El 3 de febrero de 1999, la Fiscalía Seccional Delegada de Quibdó resolvió la
situación jurídica del señor Iván Alexander Lozano Cerón y le impuso medida de
aseguramiento consistente en detención preventiva por el delito de peculado por
apropiación agravado por la cuantía. El 17 de marzo de la misma anualidad esta
determinación fue confirmada por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal de Quibdó.
11. El 19 de julio de 1999 se cerró la investigación penal y el 17 de agosto siguiente
la Fiscalía Cuarta Especializada de la Unidad de Delitos contra la Administración
Pública profirió resolución de acusación contra el señor Iván Alexander Lozano
Cerón como autor de la conducta punible por la cual había dispuesto la privación de
su libertad.
12. El 12 de febrero de 2004 se hizo efectiva la medida de detención preventiva,
siendo recluido el demandante en la Cárcel “New Hope” de San Andrés.
13. El 8 de marzo de 2004, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Quibdó profirió
sentencia condenatoria por el delito de peculado por apropiación agravado por la
cuantía, por lo que le impuso: i) la pena principal de 84 meses de prisión; ii) una
multa de $305´146.352; y, iii) la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por un término igual al de la pena principal.
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Radicación: 25000-23-26-000-2012-01069-01 (67.192)
Actor: Iván Alexander Lozano Cerón y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
14. El10 de mayo de 2004, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó
confirmó la decisión del a quo4.
15. En sentencia de casación del 16 de marzo de 2006, la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia casó parcial y oficiosamente la sentencia de
segunda instancia referida, declarando que la inhabilidad para el ejercicio de
derechos y funciones públicas impuesta al condenado debía ser de carácter
permanente, acorde con lo dispuesto el Acto Legislativo 01 de 7 de enero de 20045.
16. El 22 de agosto de 2006, se le reconoció el beneficio de la libertad condicional 6.
17. El señor Iván Alexander Lozano Cerón presentó recurso extraordinario de
revisión7 invocando la causal No. 6 del artículo 220 de la Ley 600 de 2000, según la
cual la revisión procede cuando, mediante pronunciamiento judicial, “la Corte haya
cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para sustentar la sentencia
condenatoria”. Indicó que con posterioridad a los pronunciamientos de primera y
segunda instancia, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
cambió su postura y determinó que, aun cuando el artículo 56 de la Ley 80 de 1993
asigna la calidad de servidor público para efectos penales al contratista, tal
condición solamente se adquiere cuando con motivo del vínculo contractual el
particular asume funciones públicas y no cuando su objeto es distinto, como sucede
si la actividad se circunscribe a una labor simplemente material. Alegó que al no
ostentar la calidad de servidor público, los jueces penales, al igual que la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, erraron al considerar que le era
imputable el delito de peculado por apropiación y realmente debieron atribuirle el
delito de peculado por extensión, regulado en el artículo 138 del Decreto Ley 100
de 1980, el cual, con la vigencia de la Ley 599 de 2000, asumió la forma de un delito
contra el patrimonio económico bajo la denominación de abuso de confianza
calificado, cuyo término de prescripción ya se había cumplido, teniendo en cuenta
que desde el 9 de septiembre de 1999, quedó ejecutoriada la resolución de
acusación.
18. El 24 de agosto de 2010, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia declaró fundada la causal de revisión invocada, dejó sin valor las sentencias
proferidas el 8 de marzo y el 10 de mayo de 2004 por el Juzgado Segundo Penal
del Circuito de Quibdó y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Quibdó, respectivamente y, declaró la prescripción de la acción penal por el delito
de abuso de confianza. Estimó la Corte que con posterioridad a las sentencias de
instancia, dicha Corporación varió el criterio jurídico con sustento en el cual se emitió
la condena cuya revisión se solicitó, consistente en la adquisición de la condición
de servidor público por el solo hecho de que el particular sea contratista, interventor,
4 Folios 102 a 114, Cuaderno No. 2.
5 Folios 116 a 142, Cuaderno No. 2.
6 Folio 19, Cuaderno No. 1.
7 No obra prueba en el expediente sobre la fecha de radicación de la demanda de revisión; sin embargo, al
expediente se allegó la manifestación de impedimento del 16 de junio de 2009 -folios 149 y 150 del cuaderno
No. 2-, suscrita por los magistrados que suscribieron la sentencia de 16 de marzo de 2006, que desestimó la
demanda de casación instaurada por el hoy demandante contra la sentencia de 10 de mayo de 2004, proferida
por el Tribunal Superior de Quibdó y que era objeto de la acción de revisión instaurada. De lo anterior se infiere
que esa fue la primera actuación cercana en el tiempo a la presentación de la demanda de revisión.
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Radicación: 25000-23-26-000-2012-01069-01 (67.192)
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Referencia: Medio de control de reparación directa
consultor o asesor, pues desde sentencia de casación del 27 de abril de 2005 8,
sentó el criterio según el cual para determinar si un particular obtiene o no la
condición de servidor público es necesario verificar la naturaleza jurídica de la
actividad desarrollada por aquél, en cuanto únicamente cuando se le transfiere la
realización de funciones públicas se encuentra cobijado con dicha cualificación, no
así en el evento de ejecutar una labor simplemente material.
19. Precisado lo anterior, la parte actora concretó la imputación de responsabilidad
en las siguientes irregularidades:
i) La Fiscalía General de la Nación hizo que se le privara injustamente de la
libertad con medida de aseguramiento de detención preventiva por el delito de
peculado por apropiación, aun cuando tal medida no procedía para el delito de
abuso de confianza calificado (antes peculado por extensión).
ii) De otro lado, endilgó a la Rama Judicial haber incurrido en error jurisdiccional
al desconocer el tránsito legal que varió el tipo penal a imputar con la entrada en
vigencia de la Ley 599 de 2000 y la improcedencia de la medida de detención
preventiva de la libertad acorde a lo dispuesto en la Ley 600 de 2000.
20. Igualmente, alegó que los jueces penales incurrieron en defecto sustantivo
por desconocer lo dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia C-583 de
1998, en la cual dicha Corporación al analizar la constitucionalidad del artículo 56
de la Ley 80 de 1993, "dejó en claro que por el simple hecho de suscribir un contrato
con el Estado ello no implica que se transfieren funciones públicas al particular y
que en consecuencia en los casos en los cuales el objeto del contrato sea
estrictamente material como el contrato de obra pública, el particular no puede ser
considerado como servidor público"9. Además, ahondó en lo dicho en la sentencia
de revisión.
La Defensa
21. La Fiscalía General de la Nación se opuso a la totalidad de las pretensiones
de la demanda, puesto que dictó la medida de detención preventiva de la libertad y
posterior resolución de acusación contra el señor Lozano Cerón acorde con las
leyes vigentes para la época, esto es, lo dispuesto en los artículos 133 del Decreto
Ley 100 de 1980 y 388 y 389 del Decreto 2700 de 1991. Acto seguido, precisó que,
para el año 2001, en el que los demandantes aseveran se dio el cambio legislativo
frente al tipo penal aplicado al entrar en vigencia la Ley 599 de 2000, “ya el proceso
se encontraba en manos del juez para surtir el trámite de juzgamiento”, no siendo
atribuible culpa alguna al ente investigador por dicha razón10.
22. Precisó que según lo dispuesto en la nueva legislación penal, unos eran los
requisitos exigidos por el legislador para imponer medida de aseguramiento, otros
para emitir resolución de acusación y unos cuantos adicionales y más exigentes
para proferir sentencia condenatoria, por lo que en el presente asunto estaba en
8 Rad. 19562.
9 Folio 33, cuaderno No. 1.
10 Folio 9, cuaderno No. 3.
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Radicación: 25000-23-26-000-2012-01069-01 (67.192)
Actor: Iván Alexander Lozano Cerón y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
duda que no hubiera existido mérito para dictar medida de aseguramiento, pues en
su momento la Fiscalía actuó de acuerdo con la naturaleza del hecho investigado,
las pruebas aportadas hasta ese momento procesal, el origen de la acusación y con
observancia de los criterios jurídicos fijados por la ley11.
23. Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, reiterando
que la resolución de acusación se dictó de conformidad con la normativa vigente
para dicha época, esto es el Decreto Ley 100 de 1980 y al entrar a regir la Ley 599
de 2000, ya no le correspondía a dicha entidad tomar decisión alguna sobre la
misma.
24. La Rama Judicial contestó la demanda en forma extemporánea12.
25. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado intervino en el presente
asunto13 y señaló que las pretensiones no estaban llamadas a prosperar, pues el
demandante no demostró con base en situaciones objetivas y no resultantes de su
propia concepción de “injusticia”, que la medida privativa de la libertad que le fue
impuesta con carácter preventivo le causó un daño que pudiera calificarse como
especial, anormal o excepcional y por tanto, que por ello resultó quebrantado el
principio de igualdad ante las cargas públicas.
26. Indicó que resultó probado que la medida de aseguramiento se ajustó al
ordenamiento jurídico vigente, siendo legal y justificada en términos de
razonabilidad y proporcionalidad, por lo que el actor debía soportar sus
consecuencias. Dijo que no se probó un daño antijurídico.
27. Precisó que no era posible configurar un evento de privación injusta de la
libertad a partir de la hipótesis del error jurisdiccional, pues este opera ante
sentencias en firme, sumado a que la causal de revisión estudiada por la Corte
Suprema de Justicia correspondió a la aplicación del principio de favorabilidad de
un criterio jurídico modificado por la misma Corte con posterioridad a los fallos
dictados en el proceso penal, lo que implica que el nuevo criterio aplicado en sede
de revisión no era exigible a los falladores de instancia al momento de condenar al
accionante, lo que descartaba el supuesto error jurisdiccional.
28. Alegó igualmente la falta de certeza sobre los perjuicios materiales reclamados
y una excesiva cuantificación de los perjuicios morales.
Alegatos
29. Surtidala etapa probatoria14, la Fiscalía General de la Nación reiteró su
solicitud de negar las pretensiones de la demanda, por considerar que no se
11 Folio 12, cuaderno No. 3.
12 Tal como lo resolvió el Tribunal a quo en el auto que abrió el proceso a pruebas del 17 de septiembre de
2013. Folios 119 a 121 del cuaderno No. 1.
13 Folios 174 a 183 del cuaderno No. 1.
14 El Tribunal, en el auto de pruebas proferido el 17 de septiembre de 2013, decretó las siguientes pruebas:
Documentales aportadas con la demanda: 1) Fotocopia auténtica de la Resolución del 3 de febrero de 1999;
2) Fotocopia auténtica de la Resolución del 17 de marzo de 1999; 3) Fotocopia auténtica de la Resolución de
acusación de 17 de agosto de 1999; 4) Fotocopia auténtica de la sentencia condenatoria proferida por el
Juzgado Segundo Penal del Circuito de Quibdó; 5) Fotocopia auténtica de la sentencia proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Quibdó de fecha 10 de mayo de 2004; 6) Fotocopia auténtica de la Sentencia
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Radicación: 25000-23-26-000-2012-01069-01 (67.192)
Actor: Iván Alexander Lozano Cerón y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
demostró la existencia de un daño antijurídico, pues la medida de detención
preventiva se decretó según la legislación vigente para la época, en adición a que
la causal de revisión acogida versó sobre un criterio de favorabilidad, más que
sobre una falla o error imputable a la entidad. Reiteró que no se probó el carácter
de Casación proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 16 de marzo de 2006; 7) Fotocopia auténtica de la sentencia de revisión proferida el 24 de agosto de 2010; 8) Fotocopia auténtica del
registro civil de nacimiento de los señores Iván Alexander Lozano Cerón, Montserrat Castellote González, Sergio
Lozano Castellote, Alejandra Lozano Castellote, Sandra Isabel Lozano Cerón, Nathalie Lozano Cerón, Karen
Lozano Cerón, Salvador Enrique Castellote González, Marta Elena Castellote González; 9) Fotocopia auténtica
del registro civil de matrimonio de los señores Iván Lozano Cerón y Montserrat Castellote González y de Iván
Silvano Lozano Osorio y Aura Nelly Cerón de Lozano; 10) Fotocopia auténtica del registro civil de defunción de
la señora Aura Nelly Cerón de Lozano; 11) Fotocopia simple de los certificados expedidos por la Cámara de
Comercio de Bogotá sobre la inscripción de Iván Lozano Cerón en el RUP; 12) Fotocopia de las declaraciones
de renta del señor Lozano Cerón presentadas de 1990 a 1996; 13) Fotocopia del contrato de prestación de
servicios profesionales suscrito entre el abogado Nattan Nisimblat Murillo y el señor Iván Alexander Lozano; 14)
Paz y Salvo expedido por el abogado Guillermo Angulo por trámite de recursos de casación y revisión; 15)
Certificación del abogado Alberto Yepes Barreiro en donde consta el pago por parte del señor Iván Lozano, del
concepto emitido frente a la viabilidad de la presentación de demanda de reparación directa en contra de la
Nación; 16) Contrato de prestación de servicios profesionales suscrito entre Iván Lozano y las abogadas que
adelantan el proceso de reparación directa; 17) Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de
Instrumentos Públicos de Bogotá del inmueble ubicado en el Conjunto Sauces de la Calleja, apartamento 503,
en donde consta la compraventa realizada por las señoras Monserrat Castellote y Concepción González de
Castellote; 18) Documento original de constancia de compra por parte del arquitecto Jorge Ramírez a Iván
Lozano de los siguientes equipos: volqueta marca Kodiak con placa CHR 707, volqueta marca Kodiak con placa
ZII 280, motoniveladora marcha Champion 710 con placa ZIO 61, mezcladora marca Semco 18/500R; 19)
Fotocopia de las tarjetas de propiedad de los equipos descritos previamente; 20) Fotocopia simple de la
constancia de adquisición por parte del señor Iván Lozano a título de leasing a la empresa Aliadas S.A. y
posterior constancia de entrega de consignación para venta a GECOLSA por parte de Iván Lozano de
maquinaria; 21) Fotocopia simple de la tarjeta de propiedad y factura de compra por parte de Iván Lozano de
retrocargadora placa ZIP 67; 22) Fotocopia simple de la constancia de adquisición por parte de Iván Lozano a
título leasing a la empresa Crecer de una volqueta placa CHT 344; 23) Fotocopia simple de la constancia de
adquisición por Iván Lozano a título leasing a la empresa Crecer y Factura expedida por Gecolsa de un vibro-
compactador del modelo CS323; 24) Fotocopia del comprobante de abono a pago de trituradora modelo 30JM
por parte del Consorcio ORMASA LOZANO del cual hacía parte Iván Lozano; 25) Fotocopia simple de la tarjeta
de propiedad de los siguientes vehículos a nombre de Iván Lozano: Volquetas Chevrolet Kodiak placa CHR 708
y placa ZIF 482; 26) Constancia de compra por parte del señor Milton Mosquera a la señora Montserrat
Castellote del vehículo van marca Mitsubishi placa CHY 415; 27) Constancia de compra por parte del señor Luis
González al señor Iván Lozano de una moto marca Kawasaki placa ZIH 71; 28) Declaración juramentada de
Mónica Caparroso; 29) Declaración juramentada de la señora Claudia Patricia Hernández Mejía; 30) Contrato
de arrendamiento suscrito entre Montserrat Castellote y la inmobiliaria Díaz Castro LTDA del inmueble ubicado
en la Calle 125 No. 18ª-22. Oficios:
1) al Departamento del Chocó para que allegara: a) Copia auténtica de la
oferta presentada por el señor Iván Alexander Lozano Cerón dentro del proceso licitatorio No. 002 de 1997; b)
Copia Auténtica del Contrato No. 16-0-97 suscrito entre Iván Alexander Lozano Cerón y el Departamento del
Chocó; 2) Al portal inmobiliario Viva Real, con el fin de que allegara al expediente la información comercial sobre
precios de los apartamentos ubicados en el Conjunto Sauces de la Calleja en Bogotá. Testimonio de: Guillermo
Angulo González; Victoria Lozano Osorio; Amparo Lozano Osorio y Gloria Esperanza Urueña Osorio; Álvaro
Hernán Hormaza Sarria (librando despacho comisorio al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca); Guillermo
Taborda, Henry Agudelo Bolívar y Doly Ortega Ramírez (librando despacho comisorio al Tribunal Administrativo
del Chocó); Carlos Mario Molina Arrubla (librando despacho comisorio al Tribunal Administrativo de Antioquia); Guillermo Mendivil Ciodaro, Fabiola Hufington Britton y Oma Lina Owking Gallardo (librando despacho comisorio
al Juzgado Primero Administrativo de San Andrés). En auto del 17 de julio de 2014, dadas las solicitudes probatorias de la parte actora en el escrito que descorrió
traslado de lo alegado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a su vez de esta última, se
complementó el auto de pruebas decretando: Documentales: 1) Demanda de casación radicada por la defensa
del señor Iván Lozano; 2) Memorial radicado por el señor Iván Lozano el 15 de octubre de 1998, ante la Fiscalía
Instructora por medio del cual solicitó ser escuchado en versión libre o indagatoria; 3) Copia de la Diligencia de
indagatoria rendida por el señor Iván Lozano; 4) Declaraciones de renta adicionales del señor Iván Lozano; Oficios: 1) al Gobernador del Departamento del Chocó para que remita: a) Resolución No. 1217 del 22 de
agosto de 1997; b) Contrato 16-0-97 del 4 de noviembre de 1997; c) Resolución No. 1350 del 17 de septiembre
de 1997; d) Actas parciales de obra de los meses de noviembre y diciembre de 1997 y acta final de obra fechada
el 27 de abril de 1998; e) Oficio del 27 de mayo de 1998 mediante el cual se citó al demandante para suscribir
liquidación bilateral del contrato; f) Informes de interventoría presentados a la entidad contratante por el
consorcio interventor; g) Resoluciones No. 681 del 29 de mayo de 1998, mediante la cual se ordenó la
liquidación unilateral del contrato y No. 1193 del 21 de agosto de 1998 que decidió el recurso reposición
interpuesto por el actor; h) Escrito de la denuncia penal del Departamento del Chocó contra Iván Lozano; 2) al
Juzgado Segundo Penal del Circuito de Chocó para que remita el informe No. 004 del 16 de octubre de 1998
suscrito por el investigador Jesús Joya Rodríguez, adscrito al CTI de Bogotá.
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Radicación: 25000-23-26-000-2012-01069-01 (67.192)
Actor: Iván Alexander Lozano Cerón y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
“injusto” del encarcelamiento del actor, pues el actuar del propio demandante podía
considerarse la causa efectiva de la producción del daño15.
30. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado reiteró los argumentos
esgrimidos en su intervención inicial, referentes a la posible culpa de la víctima en
la generación del daño, la falta de prueba sobre los perjuicios alegados y la
legalidad con que fueron emitidas las sentencias y resoluciones objeto de reproche
al haberse dictado con apego a la normatividad y jurisprudencia vigente para la
época. Hizo énfasis nuevamente en que el criterio de favorabilidad aplicado por la
Corte Suprema de Justicia en ningún momento denota error jurisdiccional por parte
de las demandadas, sino que muestra la variación de un criterio jurisprudencial de
forma posterior a la condena del demandante16.
31. Los demandantes reiteraron en su integridad los argumentos esgrimidos en la
demanda17, mientras que el Ministerio Público y la Rama Judicial guardaron
silencio.
La decisión objeto de apelación
32.El Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección C
negó las pretensiones formuladas.
33. Sobre la acusación y la medida de detención preventiva indicó que el daño tuvo
como causa efectiva y determinante la conducta del procesado, pues la Corte
Suprema de Justicia, al resolver el recurso de casación en sentencia del 16 de
marzo de 2006, expuso que de las pruebas recaudadas en el proceso penal se
deducía que el señor Lozano Cerón se apropió de dineros del anticipo del contrato
estatal de obra en provecho suyo, providencia que "no fue dejada sin efectos" en el
posterior fallo de revisión.
34. Descartó que la medida de aseguramiento fuera improcedente si se le hubiera
imputado el delito de peculado por extensión, ya que el artículo 138 del Decreto Ley
100 de 1980 que lo consagraba, dispuso que se incurriría en la misma pena prevista
en los artículos anteriores, entre ellos el artículo 133, en el que se estableció el delito
de peculado por apropiación, punible imputado inicialmente. Además, indicó que los
hechos con antelación a la Ley 600 de 2000 se regían por lo dispuesto en el Decreto
2700 de 1991, el cual, en su artículo 397, numeral 2, estableció que la detención
preventiva procedía para los delitos que tuvieran pena de prisión cuyo mínimo fuera
o excediera de dos años. Sostuvo que aunque al actor se le hubiera imputado el
delito de peculado por extensión, era procedente la detención preventiva, pues el
delito tenía una pena prevista mínima de 2 años.
35. Refutó el argumento según el cual la medida de aseguramiento era
improcedente si se hubiera aplicado por favorabilidad el delito de abuso de
confianza tipificado en el artículo 250 de la Ley 599 de 2000, toda vez que en el
artículo 357 del CPP se estableció que la medida de aseguramiento era procedente
15 Folios 320 a 323 del cuaderno No. 1.
16 Folios 342 a 354 del cuaderno No. 1.
17 Folios 355 a 370 del cuaderno No. 1.
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Radicación: 25000-23-26-000-2012-01069-01 (67.192)
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Referencia: Medio de control de reparación directa
cuando el delito tuviera una pena de prisión mínima de 4 años, por lo que al haber
señalado la propia Corte Suprema de Justicia en la sentencia de revisión que la
pena mínima en el caso del accionante, teniendo en cuenta los agravantes
punitivos, sería de 4 a 9 años, era evidente que sí debió decretarse.
36. En lo referente al actuar de los jueces penales y la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia, se negaron las pretensiones de la demanda
considerándose probada la culpa exclusiva de la víctima como eximente de
responsabilidad. Seguidamente precisó que esta Corporación, de conformidad con
el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, ha considerado que en el evento en que la
actuación del procesado relacionada con los hechos que dieron lugar a la imposición
de la medida de aseguramiento sea gravemente negligente o dolosa, los daños que
hubiera sufrido derivados de la restricción de su libertad son imputables a la propia
víctima.
II. EL RECURSO INTERPUESTO
37. La parte actora formuló recurso de apelación para solicitar que se revoque la
sentencia y, en su lugar, se acceda a las súplicas de la demanda18. Afirmó que la
imputación del daño era equivocada, alejada de los presupuestos de hecho
debidamente probados a lo largo del proceso, en adición a que las conclusiones
acerca de la procedencia de la medida de aseguramiento partieron del abierto
desconocimiento de las normas procesales aplicables, al afirmarse que esta era
procedente aun si el ente investigador y los jueces penales de instancia y casación
hubiesen advertido el error en la imputación.
38. Indicó que la interpretación del artículo 56 de la Ley 80 de 1993, según la cual
el contratista no adquiere la calidad de servidor público cuando el objeto del contrato
se circunscribe a una labor simplemente material, surgió desde la sentencia C-563
de 1998, proferida por la Corte Constitucional.
39. Afirma que haber considerado la culpa de la víctima desconoce la decisión de
tutela del 15 de noviembre de 201919, en la que el Consejo de Estado corrigió esta
postura, para aclarar que la culpa exclusiva de la víctima solo se configura cuando
se da una conducta de aquella, posterior a los hechos y vinculada
fundamentalmente a la marcha del proceso penal que pueda considerarse como la
causa de la detención.
40. En este punto, también mencionó que el Consejo de Estado en sentencia del
23 de marzo de 201720, determinó que para que pueda hablarse de culpa exclusiva
de la víctima "debe estar demostrada además de la simple causalidad material
según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del
resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de
ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta",
18 Folios 374 a 386 del cuaderno No. 1.
19 Rad. 2019-00169-01, M.P. Martín Bermúdez.
20 Rad. 43.881. M.P. Hernán Andrade Rincón.
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Radicación: 25000-23-26-000-2012-01069-01 (67.192)
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Referencia: Medio de control de reparación directa
posición que se mantuvo en sentencia del 4 de junio de 2019 21, pudiendo hablarse
de una "metodología uniforme" de aplicación de la causal de exoneración.
41. Precisó que la medida de aseguramiento y la condena no fueron consecuencia
de un actuar negligente, imprudente ni culposo, pues aquel obró “de manera
transparente y diligente en el cumplimiento del objeto del contrato estatal”.
42. Afirmó que la privación de la libertad del señor Lozano Cerón fue injusta,
arbitraria e ilegal, dado el “error jurisdiccional” cometido por las accionadas referente
a la indebida calificación del delito, con lo que se desatendió el cambio normativo
con la entrada en vigencia de la Ley 599 de 2000.
43. Dijo que al no variarse el delito por el cual el demandante fue arrestado y
condenado, la Fiscalía General de la Nación y los jueces penales desconocieron lo
dispuesto en los artículos 357 y 363 de la Ley 600 de 2000, que regulan los delitos
para los cuales procede la medida de aseguramiento y la potestad oficiosa que se
tiene para levantarla cuando sobrevengan pruebas que la desvirtúen,
respectivamente, con lo que se hace evidente la calidad injusta de la medida de
detención ordenada.
44. Señaló que de conformidad con el artículo 388 del Código de Procedimiento
Penal vigente para el momento en que se dictó la medida de detención preventiva,
la misma debía darse ante la existencia de por lo menos un indicio grave de
responsabilidad, y para esa época ya se había rendido indagatoria por el actor,
diligencia en la que el señor Lozano se encargó de detallar las obras adelantadas
hasta ese momento en desarrollo del contrato estatal y para cuyo avance se informó
que había sido necesaria la inversión de la totalidad del anticipo, habiéndose
probado que no hubo apropiación ilegal.
45. En este punto, reiteró de forma sucinta lo dicho en la sentencia de revisión de
24 de agosto de 2010 sobre el delito que debió endilgarse al actor acorde al cambio
jurisprudencial dado en el año 2005 y la prescripción de la acción penal por el delito
de abuso de confianza ante el error de imputación en que incurrieron el ente
investigador, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Quibdó y el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Quibdó, a fin de denotar el error jurisdiccional y la
privación injusta de la libertad endilgadas a las accionadas.
46. Finalmente, explicó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca erró al
considerar que la medida de aseguramiento era procedente para el delito de abuso
de confianza calificado, ya que para el 24 de julio de 2001, fecha en que desapareció
el delito de peculado por extensión y en consecuencia debió haberse variado la
acusación y la condena, también entró en vigencia el Código de Procedimiento
Penal, esto es, la Ley 600 de 2000, en cuyo artículo 357 se reguló la procedencia
de la medida de aseguramiento de detención preventiva indicándose que aplica
para delitos con pena de prisión mínima de 4 años, debiendo entonces verificarse
la pena prevista para el tipo penal respectivo “y no la pena a imponer al procesado
al acumular delito, agravantes, calificantes y atenuantes como erróneamente lo
21 Rad. 54.167 M.P. Alberto Montaña Plata.
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entendió el Tribunal”22. Por demás, aclaró que tampoco era procedente la medida
acorde con las demás causales del artículo 357, pues no estaba enlistado allí y el
actor no tenía sentencia condenatoria alguna dictada en su contra.
47. Con todo, citó el artículo 250 de la Ley 599 de 2000 que consagra el abuso de
confianza calificado para denotar que el delito únicamente considerado tiene una
pena mínima de 3 a 6 años, luego, no era procedente la detención preventiva.
Alegatos
48. La Fiscalía General de la Nación pidió confirmar la sentencia apelada, para lo
cual reiteró los argumentos presentados en la contestación de la demanda y los
alegatos de conclusión de primera instancia, referentes a que la falla del servicio
atribuida a la entidad no fue demostrada debidamente, pues los servidores del ente
investigador actuaron conforme a derecho, sin generar ningún tipo de perjuicios al
demandante. Al respecto citó las diversas actuaciones surtidas dentro del proceso
penal adelantado contra el señor Iván Lozano, denotando que al momento de dictar
la medida de detención preventiva y la resolución de acusación había indicios
graves contra el actor sobre su autoría del delito de peculado por apropiación, que
le era aplicable para la época de 1999.
49. Indicó que, tal como lo expuso el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en
el presente caso se configuró la culpa exclusiva de la víctima, pues su actuar
conllevó a que se adelantara una investigación penal en su contra y que se le
decretara la medida de aseguramiento de detención preventiva.
50. La parte demandante reiteró los argumentos esgrimidos en su escrito de
apelación y demanda. La Nación – Rama Judicial presentó alegatos a través de
una abogada sin poder para actuar en el proceso, por lo cual fue requerida para que
lo allegara23; no obstante, guardó silencio y no cumplió con su carga procesal, de
manera que no se tendrá en cuenta el memorial presentado.
51. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio24.
La sentencia de segunda instancia
52. La Sala, mediante sentencia del 2 de junio de 2023, resolvió el recurso de
apelación interpuesto, en el sentido de confirmar el fallo de primera instancia que
negó las pretensiones de la demanda.
La tutela contra la sentencia de segunda instancia
53. La parte demandante presentó demanda de tutela contra la referida
sentencia de segunda instancia, la cual fue resuelta por la Sección Tercera,
22 Folio 383 del cuaderno No. 1.
23 Auto de 15 de marzo de 2022, índice 18 en SAMAI.
24 Tal como consta en informe secretarial del 21 de septiembre de 2017 a Folio 410 del cuaderno principal.
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Subsección B del Consejo de Estado, a través de sentencia del 8 de abril del año
en curso25, en el siguiente sentido:
PRIMERO: REVÓCASE la sentencia proferida el 15 de febrero de 2024 por la Sección
Cuarta de esta Corporación, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la
solicitud de amparo. En su lugar, AMPÁRASE el derecho fundamental al debido
proceso.
SEGUNDO: En consecuencia, DÉJASE SIN EFECTOS la sentencia del 2 de junio de
2023 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A en el
proceso de reparación directa No. 25000-23-26-000-2012-01069-01.
TERCERO: ORDÉNASE al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A que,
dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta sentencia, profiera una
nueva providencia en la que tenga en cuenta las consideraciones señaladas en esta
decisión.
54. Las anteriores determinaciones se fundamentaron en considerar que
en la sentencia accionada no se resolvieron los argumentos reseñados.
Independientemente de la denominación del título de imputación, para el juez
de tutela la causa petendi no se limitaba a estudiar la legalidad de las
sentencias de instancia proferidas en el proceso penal y que fueron dejadas
sin efectos en sede del recurso extraordinario de revisión, pues era imperioso
el estudio sobre si la medida de aseguramiento debió ser revocada por el
cambio normativo, y si se incurrió en un error al proferirse sentencias
condenatorias sin readecuar el tipo penal, así como por omitir la postura
jurisprudencial que le era más favorable. Hizo hincapié en que si bien las
sentencias de instancia proferidas en el proceso penal (la primera instancia
del 8 de marzo y la segunda del 10 de mayo de 2004) fueron proferidas antes
del cambio de criterio y estarían, en principio, conformes a la postura anterior,
no ocurriría lo mismo con la sentencia de casación proferida el 16 de marzo
de 2006 que confirmó la responsabilidad penal del accionante, sin acoger el
cambio de criterio.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
55. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia,
procede la Sala a resolver el recurso de apelación formulado.
Problema Jurídico
56. Bajo el ámbito restricto del recurso interpuesto, y de conformidad con los
elementos fácticos y jurídicos antes descritos, la Sala debe determinar si la Rama
Judicial y la Fiscalía General de la Nación son responsables por los daños irrogados
a los demandantes como consecuencia de (i) la privación de la libertad del señor
Lozano Cerón, y (ii) de las decisiones condenatorias y la que definió casar
parcialmente la sentencia sin readecuar el tipo penal.
25 Notificada al magistrado ponente el 24 de abril siguiente.
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Referencia: Medio de control de reparación directa
Precisión sobre el régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto
57. Los argumentos propuestos en la demanda y reiterados en el recurso de
apelación, invocan de manera indistinta los títulos de imputación de privación injusta
de la libertad y error judicial.
58. Al revisar las condiciones fácticas y jurídicas que dieron lugar a la interposición
del medio de control de reparación directa y los daños cuya indemnización se
reclama (derivados de la privación de la libertad e imposición de una sentencia
condenatoria que no procedía), el caso puesto a consideración de la Sala involucra
una pluralidad de hechos dañinos soportados en la imputación por privación injusta
de la libertad, el error judicial, y el servicio de la administración de justicia. Esto,
teniendo en cuenta que:
(i) La medida de aseguramiento fue impuesta para los fines legales propios del
proceso penal, distintos de los de la condena que finalmente se impuso. Aunque
la privación de la libertad anterior a la sentencia condenatoria se tuvo como parte
cumplida de la pena, la privación de la libertad posterior a ésta se soportó en la
atribución de una responsabilidad penal y no bajo los supuestos que llevaron a
la imposición de una medida de aseguramiento, de manera que si el actor
reclama haber sido privado de la libertad sin cumplir las exigencias legales y
frente a la imputación de un delito para el cual no era procedente tal medida, este
aspecto será estudiado bajo el título de imputación por privación injusta de la
libertad.
(ii) Las sentencias condenatorias proferidas en contra del demandante fueron
dejadas sin efecto por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
en la sentencia de revisión de 24 de agosto de 2010, de manera que los efectos
adversos que ellas produjeron sobre los derechos de quien fue condenado, no
son pasibles de ser analizados bajo el título de imputación por error judicial que
exige estar en presencia de una sentencia ejecutoriada y en firme. En este caso,
el obrar de los jueces de instancia que impusieron una sentencia condenatoria
con efectos negativos sobre los derechos del ciudadano, será analizado bajo el
título de imputación por falla en el servicio de administración de justicia.
(iii) La sentencia proferida el 16 de marzo de 2006 por la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual casó parcial y oficiosamente la
sentencia de segunda instancia, no fue objeto de pronunciamiento en la referida
sentencia de revisión; siguiendo el criterio del juez de tutela, entiende la Sala -en
esta oportunidad- que esta decisión se dio de esta manera, en tanto el objeto y
fin de la casación no corresponde al de una instancia y al haber casado
parcialmente la sentencia del tribunal la Corte no lo hizo en relación con el eje
central de la condena por el delito de peculado por apropiación, sino que se
encaminó a precisar que la pena accesoria impuesta al demandante debía ser de
carácter permanente, acorde con el Acto Legislativo 01 de 7 de enero de 2004.
59. Frente a las acusaciones antes indicadas, la Sala identifica como punto de
partida la sentencia de revisión proferida por la Corte Suprema de Justicia, en
particular frente a lo dicho en la misma acerca del criterio jurisprudencial sobre la
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Referencia: Medio de control de reparación directa
responsabilidad penal de los contratistas del Estado. A partir de este argumento,
el actor estructura sus pretensiones indicando que no estaba llamado a ser privado
de la libertad en curso del juicio, como tampoco a ser condenado, fuera porque los
jueces de instancia así lo definieron, o que la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia dejó de casar la sentencia condenatoria por ese aspecto.
60. En la sentencia de revisión la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
señaló que a partir de las sentencias de casación de 27 de abril de 2005, 13 de
julio de 2005 y 13 de marzo de 2006, la Sala de Casación Penal modificó su postura
sobre la responsabilidad penal de los particulares que celebran contratos con el
Estado, específicamente sobre la interpretación del artículo 56 de la Ley 80 de
1993, en los aspectos relacionados con la calidad de servidor público de los
contratistas. En esta decisión estableció que debido a que el nuevo criterio jurídico
decantado con posterioridad a las decisiones objeto de revisión resultaba más
favorable para el condenado, era necesario declarar sin valor las sentencias
proferidas por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Quibdó y la Sala Penal
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó.
61. Sobre la naturaleza y el alcance del recurso de revisión, la Corte Constitucional
reiteradamente ha precisado que: (i) este funge como una excepción al principio
de la cosa juzgada y ampara todas las sentencias ejecutoriadas, para que puedan
enmendarse los errores o ilicitudes cometidos en su expedición, y se restituya el
derecho al afectado a través de una nueva providencia fundada en razones de
justicia material, que resulte acorde con el ordenamiento jurídico; (ii) ha sido
diseñado para proceder contra las sentencias ejecutoriadas, por las causales
taxativas que en cada caso haya definido el Legislador, las cuales, por regla
general, giran en torno a hechos o circunstancias posteriores a la decisión y que
revelan que ésta es materialmente injusta; (iii) la revisión no pretende corregir
errores in judicando ni puede fundamentarse en las mismas pruebas que sirvieron
de soporte a la decisión que puso término al proceso, pues para estos yerros están
previstos los recursos ordinarios dentro del propio proceso; y, (iv) la revisión, que
no es un recurso sino una acción, razón por la cual pretende facultar a los órganos
de cierre de las diferentes jurisdicciones para que realicen un examen detallado de
ciertos hechos nuevos que afectan la decisión adoptada y el sentido de justicia que
de ella emana26.
62. Por otra parte, al definir el alcance de la causal 6° del artículo 220 de la Ley
600 de 2000, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha
reiterado en forma pacífica que para su estructuración es necesario verificar que:
(i) la demanda se dirija contra una sentencia ejecutoriada cuya condena se haya
fundado en un criterio jurisprudencial específico avalado por la Sala de la Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia; (ii) el referente jurisprudencial de la Sala
Penal de la Corte haya sido modificado con posterioridad a la emisión de la
sentencia objeto de revisión; y, (iii) a través de un análisis comparativo se
26 Sentencias C-871 de 2003, C-979 de 2005, C-799 de 2005, C-520 de 2009 y C-450 de 2015.
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Referencia: Medio de control de reparación directa
demuestre que el nuevo criterio jurisprudencial resulta más beneficioso para el
demandante27.
63. De lo anterior se extrae que para cumplir con los parámetros fijados por la
Corte Suprema de Justicia es necesario que el pronunciamiento judicial atacado
se haya estructurado a partir de una postura jurisprudencial que se estimaba válida
y que dicha postura fuera modificada con posterioridad a la sentencia objeto de
revisión resultando aplicable por razones de favorabilidad, lo cual implica que la
autoridad judicial que estuvo encargada de proferir el fallo no podía conocer el
nuevo criterio jurídico y menos aún aplicarlo al dictar la sentencia.
64. De esta manera, en el caso objeto de estudio, las actuaciones desplegadas
por las entidades demandadas al adoptar las sentencias condenatorias no revelan
una falla, pues la aplicación del principio de favorabilidad en sede de revisión, en
las condiciones referidas, lo que reafirmó es que frente a dos posturas
interpretativas de la ley, se imponía la posterior y más favorable, sin que tal
definición llevara implícito un juicio de desaprobación o ilegalidad sobre la que se
deja de lado, menos bajo un juicio como el que ahora pretende el actor, al señalar
que la interpretación favorable fue la que siempre se debió aplicar.
65. De la legislación aplicable en la materia se infiere que, en términos generales,
las decisiones proferidas por la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia
en sede de revisión, con fundamento en la causal 6° de revisión consagrada en el
artículo 220 de la Ley 600 de 2000 (replicada en el numeral 7° del artículo 192 de
la Ley 906 de 2004), no se fundamentan en la comprobación de una actuación
caprichosa, arbitraria o ilegal realizada por parte de las autoridades judiciales que
condujeron el proceso penal correspondiente. Por el contrario, la configuración de
la referida causal se fundamenta en la existencia de un cambio favorable del
criterio jurídico que dio lugar a que se profiriera la sentencia condenatoria objeto
de reproche en el trámite de revisión. Esto, además, por la taxatividad de las
causales de revisión y el alcance que la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema ha otorgado a la referida causal.
66. De conformidad con lo expuesto, las razones que tuvo en cuenta la Corte
Suprema de Justicia al dejar sin valor las sentencias condenatorias de primera y
segunda instancia, no se proyectaron como un juicio de desvalor sobre las
decisiones ni las actuaciones de los respectivos operadores judiciales. De allí que
no sea dable deducir que lo resuelto por la Fiscalía General de la Nación -al
imponer la medida de aseguramiento- y los juzgadores penales –al dictar sentencia
condenatoria- haya sido proferido al margen de las normas aplicables al caso
puesto a su consideración, la jurisprudencia aplicable, o del material probatorio
aportado al proceso.
El pronunciamiento ordenado en sede de tutela
67. En cuanto a lo dispuesto por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de
Estado en la sentencia de tutela del 8 de abril de 2024, se procederá a realizar un
27 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación penal, Autos de 15 de agosto de 2015 (Rad. 40093), 16 de
agosto de 2011 (Rad. 36428) y 11 de agosto de 2013 (Rad. 40208).
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Actor: Iván Alexander Lozano Cerón y otros
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pronunciamiento puntual frente a los aspectos que el juez constitucional indicó, en
los siguientes términos:
➢ ¿La medida de aseguramiento debió ser revocada por el cambio normativo y se incurrió
en un error al proferirse sentencias condenatorias sin readecuar el tipo penal, así como
por omitir la postura jurisprudencial que le era más favorable?
➢ ¿La imposición y no revocación de la medida de aseguramiento, así como la falta de
adecuación de la conducta típica bajo la cual se condenó al accionante, generó un daño
antijurídico atribuible a las demandadas?
➢ ¿Se incurrió en error judicial en la sentencia de casación proferida el 16 de marzo de
2006, que confirmó la responsabilidad penal del accionante sin acoger el cambio de
criterio?
¿La medida de aseguramiento debió ser revocada por el cambio normativo y
se incurrió en un error al proferirse sentencias condenatorias sin readecuar
el tipo penal, así como por omitir la postura jurisprudencial que le era más
favorable? ¿La imposición y no revocación de la medida de aseguramiento,
así como la falta de adecuación de la conducta típica bajo la cual se condenó
al accionante, generó un daño antijurídico atribuible a las demandadas?
68. Para resolver los interrogantes enunciados es del caso señalar que en el
recurso de apelación la parte actora afirmó que los jueces penales desconocieron
la normativa que regulaba frente a cuáles delitos era procedente la medida de
aseguramiento y la potestad oficiosa para levantarla ante pruebas sobrevinientes
que la desvirtuaran.
69. Igualmente se dijo que el Tribunal a quo no consideró que los fallos de
instancia “por sus notables y evidentes yerros” quedaron sin efectos en sede de
revisión, en adición a que no le era dado al juez administrativo ocupar las
competencias del juez penal y omitir que existe una sentencia que dispone que todo
el proceso se adelantó bajo una calificación errónea del delito.
70. Precisa la Sala que ni en la demanda ni en el recurso de apelación se
cuestiona la legalidad de la medida de aseguramiento a partir del desconocimiento
de los requisitos sustantivos y probatorios que en su momento tuvo en cuenta la
Fiscalía General de la Nación para decretarla, ya que la pena mínima prevista para
el delito de peculado por apropiación y los elementos de prueba que la sustentaron
no se debaten en forma alguna, pues solo se indica que para la fecha de imposición
de la medida de aseguramiento el hoy actor ya había rendido indagatoria y
explicado la inversión total del anticipo.
71. Se alega que no debió imponerse la medida restrictiva de la libertad ni la
condena, lo que se sustenta a partir de un hecho posterior, cual fue la decisión de
la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en sede de revisión extraordinaria,
con base en lo que la parte actora considera que lo actuado en las instancias
penales fue irregular.
72. Las decisiones condenatorias no fueron revocadas por la ocurrencia de
yerros en la adecuación típica o en el juzgamiento de los hechos, pues la sentencia
de revisión se fundamentó en la constatación de un cambio de criterio
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Actor: Iván Alexander Lozano Cerón y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
jurisprudencial que, en aplicación del principio de favorabilidad, benefició al
procesado, sin que pudiera rehacerse la actuación en vista de la ocurrencia de la
prescripción de la acción penal, conclusión que también fue consecuencia de la
mencionada favorabilidad.
73. En la sentencia de revisión en ningún momento se calificó como ilegal o
irregular la actuación penal surtida en las instancias, mucho menos que el proceso
se hubiera adelantado bajo una calificación errónea del delito, por lo que los
argumentos del apelante resultan claramente alejados de la realidad procesal y del
contenido de la decisión de la Sala de Casación Penal28. Esta decisión, al margen
de la adecuación típica, no tuvo ningún alcance valorativo sobre la materialización
o no de la conducta investigada, pues se limitó a dar aplicación al principio de
favorabilidad y, como consecuencia, al fenómeno extintivo de la prescripción de la
acción penal.
74. Como quiera que la prosperidad de la causal sexta de revisión se edificó en
la existencia de un cambio de criterio jurisprudencial a partir de la sentencia de
casación de 27 de abril de 2005 -radicado 19562-, es claro para esta Sala que la
Fiscalía y los operadores penales de instancia actuaron conforme al orden jurídico
existente para la época en que se impuso la medida de aseguramiento y se
profirieron las sentencias condenatorias.
75. Contrario a lo pretendido por la parte actora, la medida de aseguramiento no
debía ser revocada por el cambio normativo, ya que la adecuación típica fue
realizada conforme al criterio jurisprudencial del momento, al igual que en las
sentencias condenatorias proferidas el 8 de marzo y 10 de mayo de 2004 no podía
aplicarse la postura del órgano de cierre de la jurisdicción penal que vino a ser fijada
hasta el 27 de abril de 2005, por lo que no puede hablarse de un daño antijurídico
atribuible a las demandadas. En estas condiciones, lo actuado y las decisiones
adoptadas no constituyen falla en el servicio ni pueden considerarse fuente del
alegado daño y de los perjuicios reclamados en la demanda.
28 En la sentencia de revisión del 24 de agosto de 2010, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia consideró: El fundamento jurídico que sirvió de sustento a las decisiones de los sentenciadores,
empero, fue modificado posteriormente por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Así, en
sentencia de casación proferida el 27 de abril de 2005 -radicación 19562-, expuso lo siguiente: (…) El anterior
criterio jurisprudencial fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia en las sentencias de Casación del 13 de
julio de 2005 -radicación 19695- y del 13 de marzo de 2006 -radicación 24833-.
(…) Recapitulando, se tiene: el fundamento jurídico con sustento en el cual se emitió la condena cuya revisión
se solicita, consistente en la adquisición de la condición de servidor público por el sólo hecho de que el particular
sea contratista, interventor, consultor o asesor, experimentó variación posterior por parte de la Corte Suprema
de Justicia, Corporación que en desarrollo de doctrina constitucional sentó el criterio según el cual para
determinar si el particular obtiene o no la condición de servidor público es necesario verificar la naturaleza
jurídica de la actividad desarrollada por aquél, en cuanto únicamente cuando se le transfiere la realización de
funciones públicas se encuentra cobijado con dicha cualificación, no así en el evento de ejecutar una labor
simplemente material.
(…) Es de anotar que el nuevo criterio se ha ratificado en ulteriores decisiones, resulta pertinente reseñar las
sentencias proferidas el 3 de enero -radicación21926-, 6 de marzo -radicación 27477- y 23 de abril de 2008 -
radicación 23288-, 1 de abril -radicación 28586- y 7 de octubre de 2009 -radicación 29791- y los autos emitidos
el 23 de enero -radicación 28890-, 9 de abril -radicación 29542- y 30 de octubre de 2008 -radicación 30720-.
Establecido de esta manera que con posterioridad a las decisiones cuya revisión se solicita sobrevinieron
pronunciamientos que modificaron el fundamento jurídico con sustento en el cual se condenó a IVÁN
ALEXANDER LOZANO CERÓN, es necesario ahora determinar su ese nuevo criterio jurídico se torna favorable
para el prenombrado.
(…) el nuevo criterio jurídico prohijado por esta Corporación se torna favorable para el actor, pues no solo le
significa una sanción más benéfica, sino que conduce a la prescripción de la acción penal”.
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Radicación: 25000-23-26-000-2012-01069-01 (67.192)
Actor: Iván Alexander Lozano Cerón y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
76. Incluso el juez de tutela avizoró que las sentencias condenatorias proferidas
en sede de instancia estaban conformes con la anterior postura jurisprudencial29, lo
que se ve ratificado con las anteriores consideraciones.
¿Se incurrió en error judicial en la sentencia de casación proferida el 16 de
marzo de 2006, que confirmó la responsabilidad penal del accionante sin
acoger el cambio de criterio?
77. De los antecedentes reseñados en la providencia del 16 de marzo de 200630
se tiene que el apoderado de uno de los accionantes en este proceso, no formuló
en la demanda de casación ningún reproche relacionado con el cambio de criterio
jurisprudencial, mucho menos con una errada adecuación típica en el trámite de las
instancias y ni siquiera una supuesta favorabilidad con ocasión de la entrada en
vigencia del Código Penal contenido en la Ley 599 de 2000 o con las sentencias de
constitucionalidad de la ley 80 de 1993. Como se dijo anteriormente, el argumento
relativo a la readecuación por favorabilidad solo vino a ser planteado para sustentar
la causal invocada en el recurso extraordinario de revisión.
78. La censura en casación se limitó a señalar un único cargo consistente en la
“violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho por falso juicio de
existencia”, para lo cual alegó que en la sentencia se ignoró la prueba legal, regular
y oportunamente allegada al proceso.
79. Lo que hoy se plantea como fundamento de la responsabilidad patrimonial
solicitada, nunca fue puesto de presente en el trámite de la investigación penal,
pues según la prueba que obra en este proceso los ataques a las decisiones del
proceso penal solo fueron encausados por la defensa para desvirtuar la
materialidad de la apropiación del anticipo, argumentación que también se replicó
sin éxito en sede casacional.
80. Ni siquiera en la sustentación de la causal de revisión invocada
posteriormente se aludió a errores en la adecuación típica, pues únicamente se
mencionó en forma expresa el cambio de criterio jurisprudencial que resultaba
favorable al procesado.
81. De aquí que no es plausible atribuir al operador judicial la carga del ataque
que hoy formula el demandante, quien claramente actúa en contravía de sus
propios actos, reflejados en la posición jurídica que expuso reiteradamente en las
instancias del proceso penal y en sede de casación, lo que revela que para esos
29 En este sentido se expuso en el fallo de tutela: “15.4.- Por otro lado, la Sala advierte que, efectivamente,
como señalaron los accionantes, en la sentencia del 27 de abril de 2005 (radicado 19562) la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia modificó su postura frente a la interpretación del artículo 56 de la Ley
80 de 1993. Lo anterior fue reiterado en las sentencias del 13 de julio de 2005 (radicado 19695) y 13 de marzo
de 2006 (radicado 24833) como expresamente se indicó en la sentencia de revisión del 24 de agosto de 2010
proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de la Justicia en el proceso penal.
15.5.- Ello quiere decir que, aunque las sentencias de instancia proferidas en el proceso penal (la
primera instancia del 8 de marzo y la segunda del 10 de mayo de 2004) fueron proferidas antes del
cambio de criterio y estarían, en principio, conformes a la postura anterior, no ocurre lo mismo con la
sentencia de casación proferida el 16 de marzo de 2006 y que confirmó la responsabilidad penal del accionante,
sin acoger el cambio de criterio”.
30 Folios 116 a 142 vto del cuaderno No. 2
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Radicación: 25000-23-26-000-2012-01069-01 (67.192)
Actor: Iván Alexander Lozano Cerón y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
momentos consideraba – se presume- que el criterio de favorabilidad no resultaba
aplicable a su caso.
82. En virtud del principio de legitimación e interés para recurrir en casación
penal, el censor debía guardar congruencia con los aspectos que fueron objeto de
apelación respecto de la sentencia de primera instancia, por lo que los temas no
cuestionados frente al fallo del juez a quo no podían ser invocados en sede de
casación penal31, de ahí que las falencias en la carga de argumentación del recurso
de apelación no podían trasladarse a la Sala de Casación Penal, como pasa a
explicarse.
83. En aplicación del principio de limitación32 el ámbito del recurso extraordinario
de casación estaba restringido a la causal invocada en la demanda y si bien para
la fecha de la sentencia del 16 de marzo de 2006 ya se había producido el cambio
de criterio al que se aludió en la sentencia de revisión, no considera la Subsección
que la Corte estuviera compelida a disponer la casación en forma oficiosa de la
sentencia condenatoria, pues la referida atribución judicial solo tenía lugar cuando
se consolidara la premisa que daba lugar a su ejercicio excepcional, concretada
31 “Principio de legitimación e interés para recurrir en casación penal:
Con éste principio se indican los criterios que determinan el interés para recurrir, los titulares de accionar el
recurso en sede de casación.
El principio se liga al postulado de “legitimación para impugnar” en sede extraordinaria. Según jurisprudencia
reiterada de la Sala Penal de la Corte, el interés y legitimación para recurrir se determina en forma antecedente
con referencia a los aspectos que fueron objeto de apelación respecto de la sentencia de primera instancia. En
esa medida, los temas no censurados con relación al fallo del juez a quo no es dable demandarlos en casación
penal (Gómez, 2013, p. 121-122).
Por lo tanto, una de las premisas del principio implica que no es viable demandar en sede de Casación, salvo
contadas expresiones, argumentos que no se hayan censurado en la sentencia de primera instancia, como
errores no evidenciados en la sustentación de la apelación. Al respecto, nos dice el profesor Pabón, que así se
ha manifestado la Corte Suprema de Justicia:
La jurisprudencia de la Sala ha expuesto reiteradamente, de modo general, que la no interposición o
sustentación debida del recurso de apelación respecto de la sentencia de primer grado es señal de conformidad
del sujeto procesal con el contenido de tal providencia, razón por la cual carecerá de interés jurídico para
impugnar la segunda instancia que no reforme aquélla en perjuicio de la situación del no recurrente, quien
invoque a última hora un agravio, con el fin de legitimarse en casación.
En otras palabras, si cualquiera de las partes se abstiene de interponer o sustentar en tiempo el recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia, estando en condiciones de hacerlo, se ha de entender que
se muestra conforme con la decisión proferida y al ad quem no puede por su iniciativa entrar a examinar la
situación.
La Corte ha precisado que sólo se puede prescindir de la exigencia señalada en los siguientes casos: 1. Cuando
aparezca demostrado que arbitrariamente se le impidió el ejercicio del recurso de instancia; 2. Cuando el fallo
de segundo grado modifique la situación jurídica de manera negativa, desventajosa o más gravosa; 3. Cuando
se trate de fallos consultables que causen perjuicio para los eventos en que aún resulte procedente, y 4. Cuando
el sujeto procesal proponga nulidad por la vía extraordinaria” (Gómez, 2013, p. 122-123).
Así las cosas, Para acudir al recurso extraordinario de Casación, es requisito que el demandante, inclusive, que
el Ministerio Público, hubiese interpuesto el recurso de apelación de la sentencia en primer grado, así como que
los motivos de la censura dentro de la demanda de casación, se hayan apelado respecto del fallo de primera
instancia, dado que, como lo ha señalado la jurisprudencia, de no haber sido impugnados estos puntos se
presumirá respecto de ellos la conformidad.
Es importante resaltar, que la carencia para recurrir como causal de no procedencia del Recurso Extraordinario,
alude a que habiendo tenido la oportunidad de hacerlo, el sujeto procesal, no lo hiciera. Empero, esto no se
predica respecto del procesado cuando careció de defensa técnica o en tratándose de la causal de indebida
notificación de la sentencia de primera instancia; en este evento el recurrente deberá hacer conocer, dentro del
término, en el libelo de la demanda los motivos por los que no le fue posible pronunciar la inconformidad frente
a la sentencia de primera instancia”. BANCO JIMÉNEZ, Pedro Luis, “Los principios básicos de Casación Penal
como fundamento en la construcción de una proposición jurídica viable”. Tesis de especialización en Casación
Penal. Universidad La Gran Colombia, Facultad de Posgrado. Bogotá, 2017. P. 22.
32 “Principio de Limitación. Este principio restringe el estudio de la demanda por parte de la Sala de casación
Penal comoquiera que la función del tribunal de casación está prohibido tener en cuenta causales distintas a
las que han sido expresamente planteadas por el recurrente, impidiéndole a la Alta corporación entrar a suplir
los vacíos, corregir deficiencias o adicionar la demanda”. TAPIAS SERNA, Eduardo, “El rigorismo en la técnica
casacional penal: hacia una corrección del discurso jurídico”. Tesis de doctorado, Universidad Libre, Facultad
de Derecho, Instituto de Posgrados, Doctorado en Derecho. Bogotá, 2021. P. 53 y 54.
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Radicación: 25000-23-26-000-2012-01069-01 (67.192)
Actor: Iván Alexander Lozano Cerón y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
en que fuera “ostensible que la misma [la sentencia condenatoria] atenta contra las
garantías fundamentales”.
84. La casación oficiosa era una excepción al mencionado principio de limitación, en
tanto la Corte no podía tener en cuenta causales distintas de las invocadas por la
parte recurrente, pero no bajo el entendido de que le correspondiera al juez de
casación asumir o sustituir las cargas que le incumbían al censor en aras de sacar
avante sus intereses33, por lo que estima la Sala que dicha oficiosidad igualmente
debe considerarse en el marco de la autonomía judicial y siempre que con ocasión
de la argumentación planteada en la demanda y a la luz de los elementos probatorios
surgiera “ostensible” la necesidad de intervención oficiosa, pues, como lo ha
considerado la Sala de Casación Penal, al censor le asiste la carga de invocar y
demostrar debidamente la irregularidad sustancial que pueda afectar el fallo34, por lo
que entiende la Sala que ello no puede trasladarse como una carga irrestricta en
cabeza de la jurisdicción; de lo contrario, la casación tendría la connotación material de
un grado de consulta dirigido a revisar en detalle la legalidad de la sentencia
cuestionada y del procedimiento que la precedió, con lo que se estaría otorgando una
facultad omnímoda para fallar extra petita, en clara violación de los principios de
congruencia y limitación aplicables al juicio de casación penal.
85. Como se dijo anteriormente, el caso sometido a estudio de la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia en sede de casación se contrajo exclusivamente a
cuestionar la valoración probatoria realizada por el juzgador de instancia, sin plantear
reproches relativos a la adecuación típica y ni siquiera sugerir la aplicación de una
favorabilidad por cambio de criterio jurisprudencial, por lo que la Sala no estaba llamada
a suplir la pasividad procesal del interesado en orden a realizar un escrutinio detallado
del proceso penal. Esta no es una actuación que ordenara la Ley 600 de 2000 -estatuto
procesal penal aplicable al caso-.
86. Es importante señalar que, contrario a lo afirmado por el demandante, la
aplicación del principio de favorabilidad no se imponía con base en la sentencia C-
33 En este sentido ha señalado la Corte Suprema de Justicia: “Ya la Sala ha señalado, y ahora lo reitera, que
la facultad oficiosa consagrada en el artículo 228 del Código de Procedimiento Penal, de ninguna manera
exonera al sujeto procesal de su deber de efectuar adecuadamente los cargos que encuentre del caso
formularle a la sentencia, ya por la vía de la causal 3ª de casación o por una distinta cuando estime que se ha
atentado contra las garantías fundamentales”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia
de 29 de marzo de 2000, Proceso No. 10858, Aprobado Acta No. 49. Magistrado ponente: Carlos Eduardo
Mejía Escobar.
34 “(…) dado el principio de limitación que rige a la casación, según el cual y al tenor del artículo 228 del C. de
P.P., “En principio, la Corte no podrá tener en cuenta causales de casación distintas a las que han sido
expresamente alegadas por el recurrente”, es claro que la Corporación no puede suplir, adicionar ni corregir la
demanda, su función se remite exclusivamente a determinar la legalidad de la sentencia en relación con los
cargos que a la misma le formule el demandante, para que de encontrarlos jurídicamente verificados así lo
declare casando total o parcialmente la sentencia y procediendo a dictar la que corresponde de acuerdo con lo
normado por el artículo 229 del mismo Estatuto.
Y, es que, si bien es cierto que esta disposición se refiere a que “En principio” la Corte no puede tener en cuenta
causales “distintas a las expresamente alegadas por el recurrente” y acto seguido regula la oficiosidad respecto
a la declaración de las nulidades, esto no significa, como parece lo entendió el demandante en este caso,
que un tal condicionamiento lo establece la ley para desnaturalizar su propio imperativo liberando al censor
de la carga que tiene de invocar y demostrar debidamente la irregularidad sustancial que pueda afectar el
fallo, desquiciando igualmente los fundamentos filosófico-políticos que amparan la oficiosidad, sino
precisamente para delimitar y dejar a salvo las dos diversas vías que garanticen la legalidad de la sentencia: De un
lado, la iniciativa de los sujetos procesales , y de otro, el deber del Estado para que, como corresponde a todo
Estado de Derecho, así lo cumpla, pero no para suplir la pretensión de aquellos sino por su propia iniciativa”. Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia de 21 de julio de 2000, Proceso No. 11056, aprobado
acta No. 124. Magistrado ponente: Carlos Augusto Gálvez Argote. (se destaca).
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Radicación: 25000-23-26-000-2012-01069-01 (67.192)
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Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
563 de 1998, pues la Corte Constitucional resolvió sobre la constitucionalidad del
artículo 56 de la Ley 80 de 1993 para declararlo exequible sin ningún
condicionamiento o modulación35, cosa distinta es que algunas de las
consideraciones generales realizadas por la Corte hayan sido retomadas por el
órgano de cierre de la jurisdicción penal como elementos para cambiar el criterio
jurisprudencial en 2005, por lo que no es dable considerar que los operadores
penales de instancia y de casación desconocieron el fallo de la Corte Constitucional,
y bien por el contrario, se atuvieron a la ratio decidendi de la sentencia en cuanto al
análisis puntual del artículo 56 en mención36.
87.Tan es así que en vista del cambio de criterio jurisprudencial fijado por la Sala
de Casación Penal fue que se configuró la causal sexta de revisión señalada en el
35 Así se consignó en la parte resolutiva de la sentencia C-563 de 1998: “Con fundamento en las consideraciones
anteriores, la Corte Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. Declarar EXEQUIBLES los artículos 52, 53 y 56 de la ley 80 de 1993.
Segundo. Declarar EXEQUIBLES los artículos 18, 19 y 20 de la ley 190 de 1995 que, en su orden, reformaron
los arts. 63, 133 y 138 del Código Penal”. (Se destaca).
36 En la sentencia C-563 de 1998 se hicieron las siguientes consideraciones puntuales respecto de la
constitucionalidad del artículo 56 de la Ley 80 de 1993: “b) En el artículo 56 de la ley 80/93, se adiciona la
regulación de la responsabilidad en materia penal del contratista, el interventor, el consultor y el asesor, cuando
al asimilarlos a "particulares que cumplen funciones públicas", se les sujeta "a la responsabilidad que en esa
materia señala la ley para los servidores públicos". Las razones antes expuestas sirven para justificar la constitucionalidad de este artículo pues, de acuerdo con la
Carta, nada obsta para que los consultores, interventores y asesores externos respondan penalmente en los
mismos términos que los servidores públicos. Ahora bien: en contra de lo afirmado por el demandante, es claro que a dichos sujetos no se les está elevando a
la categoría de servidores públicos, ni desconociendo su condición de particulares. Simplemente el legislador,
como autoridad competente para definir la política criminal, ha considerado que la responsabilidad penal de las
personas con las cuales el Estado ha celebrado contratos para desarrollar una obra o cometido determinados,
debe ser igual a la de los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado, o
la de funcionarios al servicio de entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Tal tratamiento que,
se insiste, no implica convertir al particular en un servidor público, tiene una justificación objetiva y razonable,
pues pretende garantizar que los fines que se persiguen con la contratación administrativa y los principios
constitucionales que rigen todos los actos de la administración, se cumplan a cabalidad, sin que sean menguados
o interferidos por alguien que, en principio, no está vinculado por ellos. En otras palabras, la responsabilidad que en este caso se predica de ciertos particulares, no se deriva de la
calidad del actor, sino de la especial implicación envuelta en su rol, relacionado directamente con una finalidad
de interés público. La mayor responsabilidad que adquiere el particular cuando interviene en los contratos estatales, ya ha sido
objeto de análisis por parte de esta Corporación:
"....a la luz del conjunto de principios y preceptos constitucionales, el particular que se halla en cualquiera de
las situaciones en las que el orden jurídico lo faculta para cumplir papeles que en principio corresponderían
a organismos y funcionarios estatales, no puede ser mirado de modo absoluto bajo la óptica de una
responsabilidad igual a la de los demás particulares, circunscrita apenas a su condición privada, ya que por
razón de la tarea que efectivamente desarrolla, en la medida de ésta y en cuanto toca con el interés colectivo,
es públicamente responsable por su actividad, sin que llegue por eso a convertirse -se repite- en servidor del
Estado desde el punto de vista subjetivo". Algo más: es conveniente precisar y reiterar que el artículo demandado asimila la conducta del particular a la de
un servidor público sólo para efectos penales; otro tipo de responsabilidad derivada de la actuación oficial, como
la disciplinaria, se continúa predicando con exclusividad de los funcionarios, que tienen con el Estado una relación
legal y reglamentaria. Sobre el punto la Corte ha insistido repetidamente que el régimen disciplinario no puede ser aplicado a los
particulares que prestan sus servicios al Estado, pues en esos casos no se presenta una relación de sujeción o
supremacía entre la Administración y la aludida persona. Este régimen, sólo puede ser aplicado a los servidores
públicos, porque la posición de éstos "en el aparato estatal, como ente físico que actualiza la tarea del Estado,
comporta una serie de obvias obligaciones especiales de aquel con éste, llamadas a mantener el orden interno
de la organización y el logro de los objetivos estatales. Así las cosas, un elemento esencial que define al
destinatario de la potestad disciplinaria es la existencia de una subordinación del servidor público para con el
Estado".
No sucede lo mismo en materia penal, pues toda persona, sin importar si es servidor público o particular debe
responder por infringir la Constitución o la ley (artículo 6º CN). La competencia para establecer el grado de
responsabilidad que se deriva de la conducta desplegada por los particulares o los funcionarios públicos,
corresponde al legislador y mientras ésta no sea desproporcionada o exagerada en relación con el interés que
se pretende proteger, válido a la luz de la Constitución, no puede existir reproche alguno de constitucionalidad. Por lo anterior, la norma del art. 56 de la ley 80 de 1993 será declarada exequible”.
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Radicación: 25000-23-26-000-2012-01069-01 (67.192)
Actor: Iván Alexander Lozano Cerón y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
artículo 220 del Código de Procedimiento Penal de la época, lo que abrió paso a la
prosperidad del recurso extraordinario y el beneficio que con ello obtuvo el hoy
demandante.
88. En estas condiciones, lo resuelto por la Sala de Casación Penal en la sentencia
del 16 de marzo de 2006 no comporta un error jurisdiccional, lo que igualmente
impone confirmar la sentencia apelada.
Condena en costas
89. En vista de que no hay temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala
se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo
171 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 55 de la Ley
446 de 1998.
IV. PARTE RESOLUTIVA
90. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C el 19 de
noviembre de 2020.
SEGUNDO: Sin condena en costas
TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que
el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.
VF
22
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