Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2012-01069-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2012-01069-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2012-01069-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
2 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., dos (2) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 25000-23-26-000-2012-01069-01 (67.192)
Actor: Iván Alexander Lozano Cerón y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
Asunto: Sentencia
TEMAS: DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – FALLA
EN EL SERVICIO - No se configuró.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia que negó las pretensiones de la demanda.
Según la demanda, la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación deben ser declaradas
responsables de los perjuicios causados al no variar el delito imputado al señor Iván
Alexander Lozano Cerón ante el cambio legislativo y jurisprudencial dado a su favor
y su consecuente privación injusta de la libertad.
SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la sentencia del 19 de noviembre de 2020, mediante la cual el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C negó
las pretensiones de la demanda.
Demanda Inicial
2. El anterior proveído decidió la demanda presentada el 29 de junio de 2012 1, por
los señores Iván Alexander Lozano Cerón, Alejandra Lozano Castellote, Iván
Silvano Lozano Osorio, Aurelio Castellote Campo, Concepción González de
Castellote, Salvador Enrique Castellote González, Marta Elena Castellote González,
Karen Lozano Cerón, Sandra Isabel Lozano Cerón, Natalie Lozano Cerón, y
Montserrat Castellote González a nombre propio y en representación de su hijo
Sergio Lozano Castellote, en contra de la Nación – Rama Judicial – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y la Nación – Fiscalía General de la Nación,
1
Folios 13 a 76, Cuaderno No. 1.
1
Radicación: 25000-23-26-000-2012-01069-01 (67.192)
Actor: Iván Alexander Lozano Cerón y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa
cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos de derecho son, los
siguientes:
Pretensiones
3. La actora pretende que se declare la responsabilidad de las demandadas y se
les condene al pago de los daños y perjuicios causados con la privación injusta de
la libertad a la que fue sometido el señor Iván Alexander Lozano Cerón en virtud de
la medida de detención preventiva. A su vez, adujo que la parte demandada incurrió
en error judicial al haberle condenado penalmente por delito de peculado por
apropiación mediante las sentencias de primera y segunda instancia, junto con la
sentencia de casación de fecha 16 de marzo de 2006, dictada por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
4. Por lo anterior, estimó la solicitud indemnizatoria en: i) cuarenta y siete mil ciento
setenta y ocho millones seiscientos un mil quinientos dieciséis pesos
($47.178.601.516) para el señor Lozano Cerón por concepto de perjuicios
materiales en la modalidad de daño emergente y lucro cesante, junto con ii) 200
salarios mínimos mensuales legales vigentes por concepto de perjuicios morales y
daño a la vida en relación, y iii) 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes
por concepto de perjuicios inmateriales para cada uno de los demás demandantes2.
Hechos
5. El 13 de junio de 1997, la gobernación del Departamento del Chocó, dio apertura
a la Licitación Pública No. 002-97, a fin de realizar la construcción y pavimentación
de un tramo de la carretera Quibdó – La Mansa, obra que fue adjudicada al señor
Iván Alexander Lozano Cerón. En consecuencia, el 4 de septiembre de 1997, ambas
partes suscribieron el contrato de obra No. 16-0-97.
6. El 16 de septiembre de 1997, el gobernador del Departamento del Chocó expidió
la Resolución No. 1350, mediante la cual ordenó pagar a favor del contratista la
suma de trescientos noventa y cuatro millones seiscientos cuarenta y dos mil
seiscientos veintidós pesos ($394´642.622), por concepto de anticipo,
correspondiente al 50% del contrato de obra.
7. Ante el incumplimiento por parte del contratista y la no renovación de la póliza
respectiva, la administración departamental profirió la Resolución No. 681 del 29 de
mayo de 1998, por medio de la cual se efectuó la liquidación unilateral del contrato
No. 16-0-97.
2
La estimación total de la cuantía de la demanda fue de cuarenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y cuatro
millones cuarenta y un mil quinientos dieciséis pesos ($48´464.041.516). Folios 66 y 67, Cuaderno No. 1.
2
Radicación: 25000-23-26-000-2012-01069-01 (67.192)
Actor: Iván Alexander Lozano Cerón y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa
8. El 29 de septiembre de 1998, el Jefe de la Oficina Jurídica del Departamento del
Chocó presentó denuncia contra el señor Iván Alexander Lozano Cerón
considerando que este incurrió en el delito de peculado por apropiación, acorde con
lo dispuesto en el artículo 133 del Decreto Ley 100 de 1980, por presuntas
irregularidades en la devolución del anticipo, por lo que, la Unidad Cuarta de la
Fiscalía Seccional Delegada de Quibdó inició la respectiva investigación penal.
9. Relatan los demandantes que, el 15 de octubre de 1998, el ente investigador
dictó orden de captura en su contra, la cual no se hizo efectiva declarándosele
persona ausente el 23 de octubre siguiente. No obstante, refieren que, el señor
Lozano Cerón, el mismo 15 de octubre de 1998, había presentado escrito ante la
Fiscalía General de la Nación solicitando fijar fecha para rendir versión libre o
indagatoria3.
10. La referida petición fue negada, por lo que el demandante presentó acción de
tutela, en virtud de la cual, se revocó la orden de captura dictada en su contra y el
15 de enero de 1999 fue oído en audiencia de indagatoria4.
11. El 3 de febrero de 1999, la Fiscalía Seccional Delegada de Quibdó resolvió la
situación jurídica del señor Iván Lozano, imponiéndole medida de aseguramiento de
detención preventiva por el delito de peculado por apropiación agravado por la
cuantía, resolución que el 17 de marzo de la misma anualidad fue confirmada por la
Fiscalía Delegada ante el Tribunal de Quibdó.
12. El 19 de julio de 1999 se cerró la investigación penal y el 17 de agosto siguiente
la Fiscalía Cuarta Especializada de la Unidad de Delitos contra la Administración
Pública y de Justicia profirió resolución de acusación contra el señor Iván Lozano
como autor de la conducta punible por la cual había dispuesto la privación de su
libertad.
13. El 12 de febrero de 2004 se hizo efectiva la medida de detención preventiva,
siendo recluido el demandante en la Cárcel “New Hope” de San Andrés.
14. El 8 de marzo de 2004, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Quibdó
profirió sentencia condenatoria contra el señor Iván Lozano por el delito de peculado
por apropiación agravado por la cuantía, condenándolo a: i) la pena principal de 84
meses de prisión, ii) una multa de trescientos cinco millones ciento cuarenta y seis
mil trescientos cincuenta y dos pesos ($305´146.352) y, iii) la pena accesoria de
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término igual
al de la pena principal5.
3
Folio 30, Cuaderno No. 7.
4
Folio 14, Cuaderno No. 1.
5
Folios 77 a 100, Cuaderno No. 2.
3
Radicación: 25000-23-26-000-2012-01069-01 (67.192)
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Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa
15. El 10 de mayo de 2004, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó
confirmó la decisión del A quo6, por lo que, la defensa del señor Lozano Cerón
interpuso demanda de casación la cual fue resuelta en sentencia del 16 de marzo
de 2006, y en ella, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia casó
parcial y oficiosamente la sentencia de segunda instancia referida, declarando que
la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas impuesta al
condenado debía ser de carácter permanente, acorde con el Acto Legislativo 01 de
7 de enero de 20047.
16. El 22 de agosto de 2006, se le reconoció el beneficio de la libertad condicional8.
17. Posteriormente, el señor Iván Lozano presentó recurso extraordinario de
revisión contra las sentencias proferidas en virtud del proceso penal surtido en su
contra, invocando la causal No. 6 del artículo 220 de la Ley 600 de 2000, conforme
a la cual, la revisión procede cuando mediante pronunciamiento judicial, “la Corte
haya cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para sustentar la
sentencia condenatoria”. En concreto, indicó que con posterioridad a los
pronunciamientos de primera y segunda instancia, la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia cambió su postura y determinó que, aun cuando el
artículo 56 de la Ley 80 de 1993 asigna la calidad de servidor público para efectos
penales al contratista, tal condición solamente se adquiere cuando con motivo del
vínculo contractual el particular asume funciones públicas y no cuando su objeto es
distinto, como sucede si la actividad se circunscribe a una labor simplemente
material.
18. En consecuencia, alegó que al no ostentar la calidad de servidor público, los
jueces penales, al igual que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, erraron al considerar que le era imputable el delito de peculado por
apropiación y realmente debieron atribuirle el delito de peculado por extensión,
regulado en el artículo 138 del Decreto Ley 100 de 1980, el cual con la vigencia de
la Ley 599 de 2000, asumió la forma de un delito contra el patrimonio económico
bajo la denominación de abuso de confianza calificado, cuyo término de prescripción
ya se había cumplido, teniendo en cuenta que desde el 9 de septiembre de 1999,
quedó ejecutoriada la resolución de acusación.
19. El 24 de agosto de 2010, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, declaró fundada la causal de revisión invocada, dejó sin valor las
sentencias proferidas el 8 de marzo y el 10 de mayo de 2004 por el Juzgado
Segundo Penal del Circuito de Quibdó y la Sala Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial del Chocó, respectivamente, y a su vez, declaró la prescripción de
la acción penal seguida contra el señor Iván Lozano, por el delito de abuso de
6
Folios 102 a 114, Cuaderno No. 2.
7
Folios 116 a 142, Cuaderno No. 2.
8
Folio 19, Cuaderno No. 1.
4
Radicación: 25000-23-26-000-2012-01069-01 (67.192)
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Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa
confianza. Estimó la Corte que efectivamente, con posterioridad a las sentencias de
instancia, dicha Corporación varió el criterio jurídico con sustento en el cual se emitió
la condena cuya revisión se solicitó, consistente en la adquisición de la condición
de servidor público por el solo hecho de que el particular sea contratista, interventor,
consultor o asesor, pues, desde sentencia de casación del 27 de abril de 2005 9,
sentó el criterio según el cual para determinar si un particular obtiene o no la
condición de servidor público es necesario verificar la naturaleza jurídica de la
actividad desarrollada por aquél, en cuanto únicamente cuando se le transfiere la
realización de funciones públicas se encuentra cobijado con dicha cualificación, no
así en el evento de ejecutar una labor simplemente material.
20. Precisado lo anterior, la parte actora concretó la imputación en las siguientes
irregularidades:
i) Consideró que la Fiscalía General de la Nación hizo que se le privara injustamente
de la libertad con medida de aseguramiento de detención preventiva por el delito de
peculado por apropiación, aun cuando tal medida no procedía para el delito de
abuso de confianza calificado (antes peculado por extensión).
ii) De otro lado, endilgó a la Rama Judicial haber incurrido en error jurisdiccional al
desconocer el tránsito legal que varió el tipo penal a imputar con la entrada en
vigencia de la Ley 599 de 2000 y la no procedencia de la medida de detención
preventiva de la libertad acorde a lo dispuesto en la Ley 600 de 2000.
Igualmente, alegó que, los jueces penales incurrieron en defecto sustantivo por
desconocer lo dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia C-583 de 1998,
en la cual dicha Corporación al analizar la constitucionalidad del artículo 56 de la
Ley 80 de 1993, "dejó en claro que por el simple hecho de suscribir un contrato con
el Estado ello no implica que se transfieren funciones públicas al particular y que en
consecuencia en los casos en los cuales el objeto del contrato sea estrictamente
material como el contrato de obra pública, el particular no puede ser considerado
como servidor público"10.
Además, ahondó en lo dicho en la sentencia de revisión.
La Defensa
21. La Fiscalía General de la Nación se opuso a la totalidad de las pretensiones de
la demanda, puesto que, dictó medida de detención preventiva de la libertad y
posterior resolución de acusación contra el señor Iván Lozano acorde con las leyes
vigentes para la época, esto es, lo dispuesto en los artículos 133 del Decreto Ley
100 de 1980 y 388 y 389 del Decreto 2700 de 1991. Acto seguido, precisó que, para
el año 2001, en el que los demandantes aseveran se dio el cambio legislativo frente
9
Rad. 19562
10
Folio 33, Cuaderno No. 1.
5
Radicación: 25000-23-26-000-2012-01069-01 (67.192)
Actor: Iván Alexander Lozano Cerón y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa
al tipo penal aplicado al entrar en vigencia la Ley 599 de 2000, “ya el proceso se
encontraba en manos del juez para surtir el trámite de juzgamiento”, no siendo
atribuible culpa alguna al ente investigador por dicha razón11.
22. No obstante, precisó que, acorde a lo dispuesto en la nueva legislación penal,
unos son los requisitos exigidos por el legislador para imponer medida de
aseguramiento, otros para emitir resolución de acusación y unos cuantos
adicionales y más exigentes para proferir sentencia condenatoria, por lo que, en el
presente asunto se pone en duda que no haya existido mérito para dictar medida
de aseguramiento, pues en su momento la Fiscalía actuó de acuerdo con la
naturaleza del hecho investigado, las pruebas aportadas hasta ese momento
procesal, el origen de la acusación y con observancia de los criterios jurídicos fijados
por la ley12.
23. Finalmente, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva, reiterando que la resolución de acusación se dictó de conformidad con la
normativa vigente para dicha época, esto es, el Decreto Ley 100 de 1980 y al entrar
a regir la Ley 599 de 2000, ya no le correspondía a dicha entidad tomar decisión
alguna sobre la misma.
24. La Rama Judicial igualmente se opuso a las pretensiones de la demanda,
aduciendo que, las sentencias de primera y segunda instancia proferidas dentro del
proceso penal, corresponden a decisiones judiciales dictadas en cumplimiento de la
garantía del debido proceso, en las que los despachos judiciales valoraron las
pruebas existentes conforme a la sana crítica y respetaron las normas
constitucionales y legales, tanto sustantivas como procedimentales, aplicables para
la época de los hechos, es decir, fueron ajustadas al principio de legalidad.
25. A continuación, expuso que debía tenerse en cuenta que la sentencia de
revisión que dejó sin efectos los referidos fallos, se sustentó en el cambio
jurisprudencial posterior con el que se modificó el fundamento jurídico que respaldó
la condena del señor Lozano Cerón, sin que ello pueda considerarse per se la
concreción de un error judicial endilgable a la Rama Judicial.
26. Seguidamente, mencionó que esta Corporación ha sostenido que la privación
de la libertad de una persona que posteriormente es absuelta, no constituye daño
antijurídico si contra ella mediaron indicios de responsabilidad. Razón por la cual,
refirió que debía tenerse en cuenta que el accionante fue absuelto por variación de
la jurisprudencia que generó la prescripción de la acción penal y no porque se haya
establecido que: i) no cometió el delito, ii) que la conducta no era constitutiva de
delito y iii) que el hecho no existió. Así, formuló las excepciones de culpa exclusiva
de la víctima y la innominada.
11
Folio 9, Cuaderno No. 3.
12
Folio 12, Cuaderno No. 3.
6
Radicación: 25000-23-26-000-2012-01069-01 (67.192)
Actor: Iván Alexander Lozano Cerón y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa
27. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado intervino en el presente
asunto e indicó que las pretensiones de la parte actora no estaban llamadas a
prosperar, pues el demandante no demostró, en razón a situaciones objetivas y no
resultantes de su propia concepción de “injusticia”, que la medida privativa de la
libertad que con carácter preventivo le fue impuesta como consecuencia de su
vinculación al proceso penal en el cual resultó condenado en las diferentes
instancias judiciales ordinarias, le causó un daño que puede calificarse como
especial, anormal o excepcional y por tanto, que en esa medida resultó quebrantado
el principio de igualdad en las cargas públicas.
28. Sobre el particular, indicó que, por el contrario, resultó probado que la medida
de encarcelamiento se ajustó plenamente al ordenamiento jurídico vigente, siendo
legal y justificada en términos de razonabilidad y proporcionalidad, siendo deber del
actor soportar sus consecuencias, no es posible atribuirlas a entidades públicas
de orden nacional, pues no se probó un daño antijurídico a resarcir.
29. Acto seguido, precisó que “no era posible pretender, como lo hace la parte
actora en este caso, configurar un evento de privación injusta de la libertad a partir
de la hipótesis de error jurisdiccional”13, pues este opera ante sentencias en firme.
Sumado a que, debía tenerse en cuenta que la causal de revisión estudiada por la
Corte Suprema de Justicia, correspondió a la aplicación del principio de
favorabilidad de un criterio jurídico modificado por la misma alta corte con
posterioridad a los fallos dictados en el proceso penal, lo que permite suponer que
el nuevo criterio aplicado en sede de revisión, no era exigible a los falladores de
instancia al momento de condenar al accionante, por lo que no es factible derivar
de ello un presunto error jurisdiccional14.
30. Sumado a lo anterior, alegó la falta de certeza sobre los perjuicios materiales
alegados y una posible excesiva cuantificación de los perjuicios morales.
Alegatos
31. Surtida la etapa probatoria15, la Fiscalía General de la Nación reiteró su
solicitud de negar las pretensiones de la demanda, al considerar que no se
13
Folio 178, Cuaderno No. 1.
14
Folio 179, Cuaderno No. 1.
15
El Tribunal, en el auto de pruebas proferido el 17 de septiembre de 2013, decretó las siguientes pruebas:
Documentales aportadas con la demanda: 1) Fotocopia auténtica de la Resolución del 3 de febrero de 1999, 2)
Fotocopia auténtica de la Resolución del 17 de marzo de 1999, 3) Fotocopia auténtica de la Resolución de
acusación de 17 de agosto de 1999, 4) Fotocopia auténtica de la sentencia condenatoria proferida por el
Juzgado Segundo Penal del Circuito de Quibdó, 5) Fotocopia auténtica de la sentencia proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Quibdó de fecha 10 de mayo de 2004, 6) Fotocopia auténtica de la Sentencia
de Casación proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 16 de marzo de 2006,
7) Fotocopia auténtica de la sentencia de revisión proferida el 24 de agosto de 2010, 8) Fotocopia auténtica del
registro civil de nacimiento de los señores Iván Alexander Lozano Cerón, Montserrat Castellote González,
Sergio Lozano Castellote, Alejandra Lozano Castellote, Sandra Isabel Lozano Cerón, Nathalie Lozano Cerón,
7
Radicación: 25000-23-26-000-2012-01069-01 (67.192)
Actor: Iván Alexander Lozano Cerón y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa
demostró la existencia de un daño antijurídico a resarcir, pues la medida de
detención preventiva se decretó acorde a la legislación vigente para la época, en
adición a que la causal de revisión acogida versó más sobre un criterio de
favorabilidad que sobre una falla o error imputable a la entidad. Por demás, reiteró
que no se probó el carácter “injusto” del encarcelamiento del actor, pues el propio
Karen Lozano Cerón, Salvador Enrique Castellote González, Marta Elena Castellote González, 9) Fotocopia
auténtica del registro civil de matrimonio de los señores Iván Lozano Cerón y Montserrat Castellote González y
de Iván Silvano Lozano Osorio y Aura Nelly Cerón de Lozano, 10) Fotocopia auténtica del registro civil de
defunción de la señora Aura Nelly Cerón de Lozano. 11) Fotocopia simple de los certificados expedidos por la
Cámara de Comercio de Bogotá de la inscripción de Iván Lozano Cerón en el RUP, 12) Fotocopia de las
declaraciones de renta del señor Lozano Cerón presentadas de 1990 a 1996, 13) Fotocopia del contrato de
prestación de servicios profesionales suscrito entre el abogado Nattan Nisimblat Murillo y el señor Iván
Alexander Lozano, 14) Paz y Salvo expedido por el abogado Guillermo Angulo por trámite de recursos de
casación y revisión, 15) Certificación del abogado Alberto Yepes Barreiro en donde consta el pago por parte del
señor Iván Lozano, del concepto emitido frente a la viabilidad de la presentación de demanda de reparación
directa en contra de la Nación, 16) Contrato de prestación de servicios profesionales suscrito entre Iván Lozano
y las abogadas que adelantan el proceso de reparación directa, 17) Certificado de Tradición y Libertad expedido
por la Oficina de Instrumentos Público de Bogotá del inmueble ubicado en el Conjunto Sauces de la Calleja,
apartamento 503, en donde consta la compraventa realizada por las señoras Monserrat Castellote y Concepción
González de Castellote, 18) Documento original de constancia de compra por parte del arquitecto Jorge Ramírez
a Iván Lozano de los siguientes equipos: volqueta marca Kodiak con placa CHR 707, volqueta marca Kodiak
con placa ZII 280, motoniveladora marcha Champion 710 con placa ZIO 61, mezcladora marca Semco 18/500R,
19) Fotocopia de las tarjetas de propiedad de los equipos descritos previamente, 20) Fotocopia simple de la
constancia de adquisición por parte del señor Iván Lozano a título de leasing a la empresa Aliadas S.A. y
posterior constancia de entrega de consignación para venta a GECOLSA por parte de Iván Lozano de
maquinaria, 21) Fotocopia simple de la tarjeta de propiedad y factura de compra por parte de Ivan Lozano de
retrocargadora placa ZIP 67, 22) Fotocopia simple de la constancia de adquisición por parte de Iván Lozano a
título leasing a la empresa Crecer de una volqueta placa CHT 344, 23) Fotocopia simple de la constancia de
adquisición por Iván Lozano a título leasing a la empresa Crecer y Factura expedida por Gecolsa de un vibro-
compactador del modelo CS323, 24) Fotocopia del comprobante de abono a pago de trituradora modelo 30JM
por parte del Consorcio ORMASA LOZANO del cual hacía parte Iván Lozano, 25) Fotocopia simple de la tarjeta
de propiedad de los siguientes vehículos a nombre de Iván Lozano: Volquetas Chevrolet Kodiak placa CHR
708 y placa ZIF 482, 26) Constancia de compra por parte del señor Milton Mosquera a la señora Montserrat
Castellote del vehículo van marca Mitsubishi placa CHY 415, 27) Constancia de compra por parte del señor Luis
González al señor Iván Lozano de una moto marca Kawasaki placa ZIH 71, 28) Declaración juramentada de
Mónica Caparroso, 29) Declaración juramentada de la señora Claudia Patricia Hernández Mejía, 30) Contrato
de arrendamiento suscrito entre Montserrat Castellote y la inmobiliaria Díaz Castro LTDA del inmueble ubicado
en la Calle 125 No. 18ª-22. Oficios: 1) al Departamento del Chocó para que allegara: a) Copia auténtica de la
oferta presentada por el señor Iván Alexander Lozano Cerón dentro del proceso licitatorio No. 002 de 1997, b)
Copia Auténtica del Contrato No. 16-0-97 suscrito entre Iván Alexander Lozano Cerón y el Departamento del
Chocó. 2) Al portal inmobiliario Viva Real, con el fin de que allegara al expediente la información comercial sobre
precios de los apartamentos ubicados en el Conjunto Sauces de la Calleja en Bogotá. Testimonio de:
Guillermo
Angulo González, Victoria Lozano Osorio, Amparo Lozano Osorio y Gloria Esperanza Urueña Osorio; Álvaro
Hernán Hormaza Sarria (librando despacho comisorio al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca); Guillermo
Taborda Taborda, Henry Agudelo Bolívar y Doly Ortega Ramírez (librando despacho comisorio al Tribunal
Administrativo del Chocó); Carlos Mario Molina Arrubla (librando despacho comisorio al Tribunal Administrativo
de Antioquia); Guillermo Mendivil Ciodaro, Fabiola Hufington Britton y Oma Lina Owking Gallardo (librando
despacho comisorio al Juzgado Primero Administrativo de San Andrés). En auto del 17 de julio de 2014, dadas las solicitudes probatorias de la parte actora en el escrito que descorrió
traslado de lo alegado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a su vez de esta última, se
complemento auto de pruebas decretando: Documentales: 1) Demanda de casación radicada por la defensa
del señor Iván Lozano, 2) Memorial radicado por el señor Iván Lozano el 15 de octubre de 1998, ante la Fiscalía
Instructora por medio del cual solicitó ser escuchado en versión libre o indagatoria, 3) Copia de la Diligencia de
indagatoria rendida por el señor Iván Lozano, 4) Declaraciones de renta adicionales del señor Iván Lozano,
Oficios: 1) al Gobernador del Departamento del Chocó para que remita: a) Resolución No. 1217 del 22 de agosto
de 1997, b) Contrato 16-0-97 del 4 de noviembre de 1997, c) Resolución No. 1350 del 17 de septiembre de
1997, d) Actas parciales de obra de los meses de noviembre y diciembre de 1997 y acta final de obra fechada
el 27 de abril de 1998, e) Oficio del 27 de mayo de 1998 mediante el cual se citó al demandante para suscribir
liquidación bilateral del contrato, f) Informes de interventoría presentados a la entidad contratante por el
consorcio interventor, g) Resoluciones No. 681 del 29 de mayo de 1998, mediante la cual se ordenó la
liquidación unilateral del contrato y No. 1193 del 21 de agosto de 1998 que decidió el recurso reposición
interpuesto por el actor, h) Escrito de la denuncia penal del Departamento del Chocó contra Iván Lozano; 2) al
Juzgado Segundo Penal del Circuito de Chocó para que remita el informe No. 004 del 16 de octubre de 1998
suscrito por el investigador Jesús Joya Rodríguez, adscrito al CTI de Bogotá.
8
Radicación: 25000-23-26-000-2012-01069-01 (67.192)
Actor: Iván Alexander Lozano Cerón y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa
demandante con su actuar puede considerarse la causa efectiva de la producción
del daño16.
32. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado reiteró los argumentos
esgrimidos en su intervención inicial referentes a la posible culpa de la víctima en
la generación del daño, la falta de prueba sobre los perjuicios alegados, y la
legalidad con que fueron emitidas las sentencias y resoluciones objeto de reproche
al haberse dictado acorde a la normatividad y jurisprudencia vigente para la época.
Hizo énfasis nuevamente en que el criterio de favorabilidad aplicado por la Corte
Suprema de Justicia en ningún momento denota error jurisdiccional alguno por
parte de las demandadas, sino que, muestra la variación de un criterio
jurisprudencial, de forma posterior a la condena del demandante17.
33. Los demandantes reiteraron los argumentos esgrimidos en la demanda.
34. El Ministerio Público y la Rama Judicial guardaron silencio.
La decisión
35. Al resolver el caso concreto, más específicamente, lo concerniente a la
antijuridicidad e imputación de los daños, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección C, determinó que era necesario
analizar en el presente asunto si las demandadas incurrieron en una falla del
servicio al haber impuesto medida de aseguramiento de detención preventiva contra
el señor Lozano Cerón y haberlo condenado por el delito de peculado por
apropiación consagrado en el artículo 133 del Decreto Ley 100 de 1980 y no por el
delito de peculado por extensión establecido en el artículo 138 de la misma norma.
36. Así, sobre la acusación y la medida de detención preventiva dictada, indicó que,
teniendo en cuenta las consideraciones de la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia en sede de revisión, si bien podría considerarse que la Fiscalía
y los jueces de instancia dentro del proceso penal incurrieron en una falla en el
servicio, en razón a que, si bien el cambio de criterio jurisprudencial surgió con la
sentencia del 13 de julio de 2005, proferida por la Corte Suprema de Justicia, y
acorde con esta se interpreta el artículo 56 de la Ley 80 de 1993 entendiéndose
que, el contratista del Estado no adquiere la calidad de servidor público cuando el
objeto del contrato se circunscribe a una labor simplemente material, posición que
la Corte Constitucional adoptó en sentencia C-563 de 1998, lo cierto es que se
consideró el daño tuvo como causa efectiva y determinante la conducta de este.
37. A continuación, negó que la medida de aseguramiento no era procedente si se
le hubiera imputado el delito de peculado por extensión, en razón a que el artículo
16
Folios 320 a 323, Cuaderno No. 1.
17
Folios 342 a 354, Cuaderno No. 1.
9
Radicación: 25000-23-26-000-2012-01069-01 (67.192)
Actor: Iván Alexander Lozano Cerón y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa
138 del Decreto Ley 100 de 1980 que lo consagra, dispuso que incurriría en la
misma pena prevista en los artículos anteriores, entre los que se encuentra el
artículo 133, en el que se estableció el delito de peculado por apropiación, punible
imputado inicialmente. Además, indicó que, los hechos con antelación a la Ley 600
de 2000, se rigen por lo dispuesto en el Decreto 2700 de 1991, el cual en su artículo
397, numeral 2, estableció que la detención preventiva procedía para los delitos que
tuvieran pena de prisión cuyo mínimo fuera o excediera de dos años. De esta
manera, sostuvo que, aunque al actor se le hubiera imputado el delito de peculado
por extensión, le era procedente la detención preventiva, pues el delito tenía una
pena prevista mínima de 2 años.
38. Seguidamente, descartó el argumento según el cual, la medida de
aseguramiento era improcedente si se hubiera aplicado por favorabilidad el delito
de abuso de confianza tipificado en el artículo 250 de la Ley 600 de 2000, toda vez
que, en el artículo 357 de ese mismo estatuto, se estableció que la medida de
aseguramiento era procedente cuando el delito tuviera una pena de prisión mínima
de 4 años, por lo que, al haber advertido la propia Corte Suprema de Justicia en la
sentencia de revisión que le pena mínima en el caso del accionante, teniendo en
cuenta los agravantes punitivos, sería de 4 a 9 años, era evidente que sí debió
decretarse.
39. En lo referente al actuar de los jueces penales y la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia, se negaron las pretensiones de la demanda
considerándose que está probada la culpa exclusiva de la víctima como eximente
de responsabilidad. Al respecto, al A quo empezó por citar que el Consejo de Estado
ha indicado que, al abordar el estudio de responsabilidad en los casos de privación
injusta de la libertad: "...en todos los casos, debe realizarse el análisis de la culpa
de la víctima como causal excluyente de responsabilidad"18. Seguidamente precisó
que, esta Corporación, de conformidad con el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, ha
considerado que en el evento en que la actuación del procesado relacionada con
los hechos que dieron lugar a la imposición de la medida de aseguramiento sea
gravemente negligente o dolosa, los daños que hubiera sufrido derivados de la
restricción de su libertad son imputables a la propia víctima.
40. Finalmente, indicó que la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 16 de
marzo de 2006, mediante la cual resolvió recurso de casación, expuso que, con
base en las pruebas recaudadas en el proceso penal se deducía, como lo hicieron
los juzgadores penales de instancia, que el señor Lozano Cerón desvió y se apropió
de dineros del anticipo del contrato estatal de obra en provecho suyo, providencia
que "no fue dejada sin efectos" en el fallo de revisión.
I. EL RECURSO INTERPUESTO
18
Folio 25, Cuaderno Principal.
10
Radicación: 25000-23-26-000-2012-01069-01 (67.192)
Actor: Iván Alexander Lozano Cerón y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Sustentación del recurso de apelación
41. La parte actora, empezó por alegar que la imputación del daño efectuada
contradice los presupuestos de hecho debidamente probados a lo largo del proceso
sobre las indebidas actuaciones de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la
Nación en su caso particular, en adición a que las conclusiones acerca de la
procedencia de la medida de aseguramiento parten del desconocimiento abierto de
las normas procesales aplicables en materia penal, al afirmarse que esta era
procedente aun si el ente investigador y los jueces penales de instancia y casación
hubiesen advertido el error sobre el delito imputado.
42. En lo referente a la imputación del daño, indicaron que el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, inicialmente había aceptado que tanto la Fiscalía General de la
Nación como el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Quibdó y el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Quibdó incurrieron en una falla en el servicio en
razón a que si bien el cambio jurisprudencial surgió con la sentencia del 13 de julio
de 2005, tal como se reconoció al resolver el recurso de revisión, se advirtió que la
interpretación del artículo 56 de la Ley 80 de 1993, consistente en que el contratista
no adquiere la calidad de servidor público cuando el objeto del contrato se
circunscribe a una labor simplemente material, surgió desde la sentencia C-563 de
1998, proferida por la Corte Constitucional. No obstante, “prescindiendo del análisis
por separado del error judicial y de la privación injusta de la libertad, unificando
ambos conceptos en sus conclusiones de forma confusa y equivocada”19, consideró
que la medida de detención preventiva y posterior condena por los jueces penales,
se debieron a la culpa exclusiva de la víctima.
43. Al respecto, alegó que, indebidamente, el A quo entró a analizar, con base en
las sentencias de primera y segunda del proceso penal y posteriormente, el fallo de
casación, que el señor Lozano Cerón se apropió del anticipo del contrato de obra
pública, concluyendo que su conducta dio pie para que las autoridades iniciaran la
investigación penal y adelantaran el juicio en su contra. Lo anterior, acorde con lo
dispuesto en la sentencia del 3 de abril de 202020, en la que se menciona que "en
materia de privación injusta de la libertad, cuando la actuación del procesado
relacionada con los hechos que dieron lugar a la imposición de la medida de
aseguramiento sea gravemente negligente o dolosa... los daños que hubiera
sufrido, son imputables a la propia víctima", desconociendo que el Consejo de
Estado en decisión de tutela del 15 de noviembre de 201921, "corrige” esta postura,
aclarando que la causal de exoneración de la culpa exclusiva de la víctima, solo se
configura cuando se da una conducta de aquella, posterior a los hechos y vinculada
fundamentalmente a la marcha del proceso penal, puede considerarse como la
causa de la detención.
19
Folio 376, Cuaderno No. 1.
20
M.P. Adriana Marín. Rad. 53.706
21
Rad. 2019-00169-01, M.P. Martín Bermúdez.
11
Radicación: 25000-23-26-000-2012-01069-01 (67.192)
Actor: Iván Alexander Lozano Cerón y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa
44. En este punto, también mencionó que el Consejo de Estado en sentencia del
23 de marzo de 201722, determinó que para que pueda hablarse de culpa exclusiva
de la víctima "debe estar demostrada además de la simple causalidad material
según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del
resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de
ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta",
posición que se mantuvo en sentencia del 4 de junio de 201923 (M.P. Alberto
Montaña), pudiendo hablarse de una "metodología uniforme" de aplicación de la
causal de exoneración.
45. Además, indicó que no podía pasarse por alto que los fallos que tuvo en cuenta
para determinar la culpabilidad del actor, “por sus notables y evidentes yerros”
quedaron sin efectos en sede de revisión, en adición a que no le es dado al juez
administrativo ocupar las competencias del juez penal, omitiéndose que existe una
sentencia que dispone que todo el proceso penal se adelantó bajo una calificación
del delito errónea24. Con todo, precisó que, si se tratara de revisar la conducta del
demandante, el Tribunal pasó por alto que la medida de aseguramiento impuesta y
la condena dictada en su contra no fueron consecuencia de un actuar negligente,
imprudente ni culposo, pues este obró “de manera transparente y diligente en el
cumplimiento del objeto del contrato estatal”25.
46. De esta forma, pasó a alegar que la privación de la libertad del señor Lozano
Cerón fue injusta, arbitraria e ilegal, dado que, por el “error jurisdiccional” cometido
por las accionadas, referente a la indebida calificación del delito desatendiendo el
cambio normativo con la entrada en vigencia de la Ley 599 de 2000.
47. Seguidamente, expuso que al no variarse el delito por el cual el demandante fue
arrestado y condenado, la Fiscalía General de la Nación y los jueces penales
desconocieron lo dispuesto en los artículos 357 y 363 de la Ley 600 de 2000, que
regulan los delitos para los cuales procede dicha medida y la potestad oficiosa que
se tiene para levantar la medida de aseguramiento cuando sobrevengan pruebas
que la desvirtúen, respectivamente, con lo que se hace evidente la calidad injusta
de la medida de detención ordenada.
48. Además, afirmó que de conformidad con el artículo 388 del Código de
Procedimiento Penal vigente para el momento en que se dictó la medida de
detención preventiva, la misma debía darse ante la existencia de por lo menos un
indicio grave de responsabilidad y para esa época ya se había rendido indagatoria
por el actor, diligencia en la que el señor Lozano se encargó de detallar las obras
22
Rad. 43.881. M.P. Hernán Andrade Rincón.
23
Rad. 54.167
24
Folio 377, Cuaderno No. 1.
25
Folio 378, Cuaderno No. 1.
12
Radicación: 25000-23-26-000-2012-01069-01 (67.192)
Actor: Iván Alexander Lozano Cerón y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa
adelantadas hasta ese momento en desarrollo del contrato estatal y para cuyo
avance se informó que había sido necesaria la inversión de la totalidad del anticipo,
habiéndose probado que no hubo apropiación ilegal de este.
49. En este punto, reiteró de forma sucinta lo dicho en la sentencia de revisión de
24 de agosto de 2010 sobre el delito que debió endilgarse al actor acorde al cambio
jurisprudencial dado en el año 2005 y la prescripción de la acción penal por el delito
de abuso de confianza ante el error de imputación en que incurrieron el ente
investigador, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Quibdó y el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Quibdó, a fin de denotar el error jurisdiccional y la
privación injusta de la libertad endilgadas a las accionadas.
50. Finalmente, explicó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca erró al
considerar que la medida de aseguramiento era procedente para el delito de abuso
de confianza calificado, en razón a que, para el 24 de julio de 2001, fecha en que
desapareció el delito de peculado por extensión y en consecuencia debió haberse
variado la acusación y la condena, también entró en vigencia el Código de
Procedimiento Penal, esto es, la Ley 600 de 2000, en cuyo artículo 357 reguló la
procedencia de la medida de aseguramiento de detención preventiva indicándose
que aplica para delitos con pena de prisión mínima de 4 años, debiendo entonces
verificarse la pena prevista para el tipo penal respectivo “y no la pena a imponer al
procesado al acumular delito, agravantes, calificantes y atenuantes como
erróneamente lo entendió el Tribunal”26. Por demás, aclaró que tampoco era
procedente la medida acorde con las demás causales del artículo 357, pues no
estaba enlistado allí y el actor no tenía sentencia condenatoria alguna dictada en su
contra.
51. Con todo, citó el artículo 250 de la Ley 599 de 2000 que consagra el abuso de
confianza calificado para denotar que el delito únicamente considerado tiene una
pena mínima de 3 a 6 años, luego, no era procedente la detención preventiva.
Alegatos
52. La Fiscalía General de la Nación reiteró los argumentos presentados en la
contestación de la demanda y los alegatos de conclusión de primera instancia,
referentes a que la falla del servicio atribuida a la entidad no fue demostrada
debidamente, pues los servidores del ente investigador actuaron conforme a
derecho, sin generar ningún tipo de perjuicios al demandante. Al respecto, citó las
diversas actuaciones surtidas dentro del proceso penal adelantado contra el señor
Iván Lozano, denotando que, al momento de dictar la medida de detención
preventiva y la resolución de acusación, había indicios graves contra el actor sobre
su autoría del delito de peculado por apropiación, delito que le era aplicable para la
época de 1999.
26
Folio 383, Cuaderno No. 1.
13
Radicación: 25000-23-26-000-2012-01069-01 (67.192)
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Referencia: Acción de reparación directa
53. Además, indicó que, tal como lo expuso el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en el presente caso se configuró la culpa exclusiva de la víctima,
pues su actuar conllevó a que se adelantara una investigación penal en su contra y
que se le decretara la medida de aseguramiento de detención preventiva. Con todo,
pidió confirmar la sentencia de primera instancia.
54. La parte demandante reiteró los argumentos esgrimidos en su escrito de
apelación y demanda referentes al error judicial y privación injusta de la libertad que
se reclaman ante la indebida calificación punitiva y consecuente medida de
detención preventiva padecida por el actor. A su vez, refirieron que la Corte
Constitucional recientemente en la Sentencia SU-363 de 2021, indicó que, es
necesario distinguir entre el régimen de imputación de responsabilidad aplicable a
las situaciones de privación injusta de la libertad y el análisis de la culpa exclusiva
de la víctima como causal exonerativa de responsabilidad patrimonial del Estado,
fijando como regla que, “La Corte Constitucional puntualizó, además, que la
determinación de la culpa exclusiva de la víctima debe atender lo previsto en el
artículo 70 de la Ley 270 de 1996. El supuesto fáctico contemplado en dicha norma
es la culpa grave o el dolo de la víctima, que no corresponden a los hechos
sumariados en lo penal, sino a una conducta con incidencia procesal directa,
necesaria y determinante, que tenga efecto durante la tramitación del proceso, por
la cual se reemplaza la decisión del juez como causa material del daño (privación
de la libertad), por la propia conducta de la víctima, que indujo, provocó o determinó
la privación de la libertad”
55. Así, precisó que, el debate jurídico en esta instancia no debe ser juzgar al señor
Lozano Cerón por su actuar, sino por el contrario, reconocer los daños y perjuicios,
materiales y morales que se le ocasionaron con la errónea calificación del delito a
raíz de la indebida interpretación del artículo 56 de la Ley 80 de 1993 y el
desconocimiento del precedente constitucional, esto es, la sentencia C-563 de
1998, que había indicado expresamente que en el caso de los contratos de obra
pública, por tratarse de una labor eminentemente material, el contratista particular
no es receptor de función pública alguna y por tanto no le es extensiva la
responsabilidad penal señalada en la ley para los servidores públicos.
56. La Nación – Rama Judicial pidió confirmar la sentencia de primera instancia al
encontrarse probado el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la
víctima y quedar evidenciado que, aplicando el régimen subjetivo de
responsabilidad en este caso, acorde a lo dispuesto por la Corte Constitucional en
sentencia SU-072 de 2018, la medida de detención preventiva, se fundamentó en
la inferencia razonable que se hizo por el ente investigador y el fallador penal, según
los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, los cuales gozaban
de la presunción de autenticidad y veracidad.
14
Radicación: 25000-23-26-000-2012-01069-01 (67.192)
Actor: Iván Alexander Lozano Cerón y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa
57. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio27.
II. CONSIDERACIONES
58. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia,
procede la Sala a resolver el recurso de apelación formulado.
Problema Jurídico
59. Bajo el ámbito restricto del recurso interpuesto, y de conformidad con los
elementos fácticos y jurídicos descritos, la Sala debe determinar si la Rama Judicial
y la Fiscalía General de la Nación son responsables por los daños irrogados a los
demandantes como consecuencia de la privación de la libertad del señor Iván
Alexander Lozano Cerón.
Variación del régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto
60. Como se indicó con anterioridad, en los alegatos propuestos en el escrito de
demanda y reiterados en el recurso de apelación, la parte demandante invoca de
manera indistinta que la ocurrencia del daño objeto de estudio tuvo lugar en virtud
de la configuración de los títulos de imputación de privación injusta de la libertad y
error judicial.
61. Sin embargo, al revisar las condiciones fácticas y jurídicas que dieron lugar a la
interposición del medio de control de reparación directa, resulta evidente que el caso
puesto a consideración de la Sala trata de una imputación por falla en el servicio
de administración de justicia. Esto, teniendo en cuenta que:
(i) La medida de aseguramiento impuesta por la Fiscalía General de la Nación, fue
ratificada en las sentencias condenatorias proferidas por el Juzgado Segundo Penal
del Circuito de Quibdó y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial del
Chocó, decisiones en las que las autoridades judiciales señalaron que se tendría
como parte cumplida de la sanción privativa de la libertad, el tiempo que Iván
Alexander Lozano Cerón permaneció en detención preventiva por cuenta del
proceso penal que se adelantó en su contra;
(ii) Las sentencias condenatorias proferidas en contra del demandante fueron
dejadas sin efecto por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
en la Sentencia de Revisión de 24 de agosto de 2010;
(iii) Si bien la sentencia proferida el 16 de marzo de 2006 por la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual el órgano de cierre casó
parcial y oficiosamente la sentencia de segunda instancia no fue objeto de
27
Tal como consta en informe secretarial del 21 de septiembre de 2017 a Folio 410, Cuaderno Principal.
15
Radicación: 25000-23-26-000-2012-01069-01 (67.192)
Actor: Iván Alexander Lozano Cerón y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa
pronunciamiento en la referida sentencia de revisión, es posible inferir que sus
efectos la cobijan. Lo anterior, por cuanto, en el trámite de casación la Corte
Suprema de Justicia se limitó a declarar que la pena accesoria impuesta al
demandante debía ser de carácter permanente, acorde con el Acto Legislativo 01
de 7 de enero de 2004, de modo que al dejarse sin efectos las decisiones emitidas
por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Quibdó y la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial del Chocó, es posible inferir razonablemente que los
efectos de las órdenes emitidas en el proceso de revisión se hicieron extensivos
al fallo de casación de 16 de marzo de 2006 atinente a la referida inhabilidad.
62. Así las cosas, esta Sala no estudiará el presente asunto bajo la óptica de la
privación injusta de la libertad ni del error judicial, sino que, en aplicación del
principio iura novit curia, lo hará desde el régimen general de responsabilidad de la
falla en el servicio, sin que se observe que con tal derrotero se modifique la causa
petendi, ni los supuestos de la demanda, como tampoco la valoración de los demás
elementos de la responsabilidad deprecada a partir de los elementos constitutivos
de ella, que son límites que se imponen al operador judicial y a los sujetos
comprometidos en el conflicto, sin excepción alguna.
63. A efectos de acreditar la responsabilidad de la Rama Judicial y la Fiscalía
General de la Nación en el asunto que aquí se discute, la parte actora alegó que,
siguiendo lo dispuesto en la sentencia de revisión proferida el 24 de agosto de
2010 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, era evidente
el “error judicial” en que incurrieron las demandadas al haberle impuesto medida
de detención preventiva y posterior condena al actor, atribuyéndosele la comisión
del delito de peculado por apropiación y no el delito de peculado por extensión
tipificado en el artículo 138 del referido Decreto Ley 100 de 1980, cuya sanción hoy
en día, conforme a lo establecido en las sentencias del 27 de abril de 2005 28 y 13
de julio de 200529, se encuentra en el artículo 250 de la Ley 599 de 2000.
64. La Sala observa que los alegatos propuestos por el actor no corresponden con
la realidad jurídica de las consideraciones expuestas por la Corte Suprema de
Justicia en la sentencia de revisión proferida el 24 de agosto de 2010; lo anterior
debido a que en dicho fallo, el órgano de cierre de la jurisdicción penal se limitó a
señalar que a partir de las sentencias de casación de 27 de abril de 2005, 13 de
julio de 2005 y 13 de marzo de 2006, la Sala de Casación Penal modificó su postura
en relación a la responsabilidad penal de los particulares que celebran contratos
con el Estado, específicamente sobre la interpretación del artículo 56 de la Ley 80
de 1993, en los aspectos relacionados con la calidad de servidor público de los
contratistas.
28
Rad. 19562.
29
Rad. 19695.
16
Radicación: 25000-23-26-000-2012-01069-01 (67.192)
Actor: Iván Alexander Lozano Cerón y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa
65. De igual forma, estableció que debido a que el nuevo criterio jurídico
decantado con posterioridad a las decisiones objeto de revisión resultaba más
favorable para el condenado, era necesario declarar sin valor las sentencias
proferidas por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Quibdó y la Sala Penal
del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Chocó.
66. En este punto, es importante resaltar que al definir la naturaleza y el alcance
del recurso de revisión, la Corte Constitucional reiteradamente ha precisado que:
(i) este funge como una excepción al principio de la cosa juzgada, y ampara todas
las sentencias ejecutoriadas, para que puedan enmendarse los errores o ilicitudes
cometidos en su expedición, y se restituya el derecho al afectado a través de una
nueva providencia fundada en razones de justicia material, que resulte acorde con
el ordenamiento jurídico; (ii) ha sido diseñado para proceder contra las sentencias
ejecutoriadas, por las causales taxativas que en cada caso haya definido el
Legislador, las cuales, por regla general, giran en torno a hechos o circunstancias
posteriores a la decisión y que revelan que ésta es materialmente injusta; (iii) la
revisión no pretende corregir errores in judicando ni puede fundamentarse en las
mismas pruebas que sirvieron de soporte a la decisión que puso término al
proceso, pues para estos yerros están previstos los recursos ordinarios y
extraordinarios dentro del propio proceso; y, (iv) la revisión, que no es un recurso
sino una acción, razón por la cual pretende facultar a los órganos de cierre de las
diferentes jurisdicciones para que realicen un examen detallado de ciertos hechos
nuevos que afectan la decisión adoptada y el sentido de justicia que de ella
emana30.
67. Por otra parte, al definir el alcance la causal 6 del artículo 220 de la Ley 600,
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha reiterado en forma
pacífica que para su estructuración es necesario verificar que: (i) la demanda se
dirija contra una sentencia ejecutoriada cuya condena se haya fundado en un
criterio jurisprudencial específico avalado por la Sala de la Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia; (ii) el referente jurisprudencial de la Sala Penal de la
Corte haya sido modificado con posterioridad a la emisión de la sentencia objeto
de revisión; y, (iii) a través de un análisis comparativo se demuestre que el nuevo
criterio jurisprudencial resulta más beneficioso para el demandante31.
68. De lo anterior, se extrae que para cumplir con los parámetros fijados por la
Corte Suprema de Justicia, es necesario que el pronunciamiento judicial atacado
se haya estructurado a partir de una postura jurisprudencial que se estimaba válida
y que dicha postura es modificada con posterioridad a la sentencia objeto de
revisión resultando aplicable por razones de favorabilidad, lo cual implica que la
30
Sentencias C-871 de 2003, C-979 de 2005, C-799 de 2005, C-520 de 2009 y C-450 de 2015.
31
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación penal, Autos de 15 de Agosto de 2015 (Rad. 40093), 16 de
agosto de 2011 (Rad. 36428) y 11 de agosto de 2013 (Rad. 40208).
17
Radicación: 25000-23-26-000-2012-01069-01 (67.192)
Actor: Iván Alexander Lozano Cerón y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa
autoridad judicial que estuvo encargada de proferir el fallo no podía conocer el
nuevo criterio jurídico y menos aún aplicarlo al dictar la sentencia.
69. De esta manera, en el caso objeto de estudio, las actuaciones desplegadas
por las entidades demandadas no revelan una falla, pues la aplicación del principio
de favorabilidad en sede de revisión, en las condiciones referidas, lo que reafirma
más bien es que frente a dos posturas interpretativas de la ley, se impone la
favorable, sin que tal definición lleve implícito un juicio de desaprobación sobre la
que se deja de lado, menos aun bajo un juicio de ponderación como el que ahora
pretende el actor al decir que la interpretación favorable siempre fue la que se
aplicó.
70. De la legislación aplicable en la materia, se infiere que, en términos
generales, las decisiones proferidas por la Sala de Casación de la Corte Suprema
de Justicia en sede de revisión, con fundamento en la causal 6 de revisión
consagrada en el artículo 220 de la Ley 600 de 2000 (replicada en el numeral 7°
del artículo 192 de la Ley 906 de 2004), no se fundamentan en la comprobación
de una actuación caprichosa o arbitraria realizada por parte de las autoridades
judiciales que condujeron el proceso penal correspondiente. Por el contrario, la
configuración de la referida causal se fundamenta en la existencia de un cambio
favorable del criterio jurídico que dio lugar a que se profiriera la sentencia
condenatoria objeto de reproche en el trámite de revisión. Esto, además, por la
taxatividad de las causales de revisión y en el alcance que la Sala Penal de la
Corte Suprema ha otorgado a la referida causal sexta.
71. De conformidad con lo expuesto, las razones que tuvo en cuenta la Corte
Suprema de Justicia en sede de revisión al dejar sin valor las sentencias
condenatorias de primera y segunda instancia, no se proyectaron como un juicio
de desvalor sobre las decisiones ni las actuaciones de los operadores judiciales de
cara a dar sustento a sus pronunciamientos. De allí que no sea dable deducir que
el obrar de la Fiscalía General la Nación y las autoridades judiciales hayan sido
proferidas al margen de las normas aplicables al caso puesto a su consideración
o del material probatorio aportado al proceso.
72. Lo anterior impone confirmar la sentencia objeto de recurso que negó las
pretensiones de la demanda.
Condena en costas
73. En vista de que no hay temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala
se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo
171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley
446 de 1998.
18
Radicación: 25000-23-26-000-2012-01069-01 (67.192)
Actor: Iván Alexander Lozano Cerón y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa
III. PARTE RESOLUTIVA
74. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C el 19 de
noviembre de 2020.
SEGUNDO: Sin condena en costas
TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
ACLARA VOTO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
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