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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07665-00

Fecha
21 de marzo de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07665-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, confianza legítima, reparación integral, igualdad y dignidad de la parte accionante. En consecuencia, Segundo: Dejar sin efectos la providencia del 17 de marzo del 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, dentro del medio de control de reparación directa con radicado núm. 13001-33-33-011-2017-00127-01. Tercero: Ordenar al Tribunal Administrativo de Bolívar que, dentro del término de veinte (20) días contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, proceda a dictar una nueva decisión en la que se tenga en cuenta lo expuesto en las consideraciones que anteceden. www.consejodeestado.gov.co 10 Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia ACCIÓN DE TUTEL A Radicado: 11001-03-15-000-2023-07665-00 Ac c i o n a n t e : R o s a M a r í a An i l l o C a l d e r ó n y otros Cuarto: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Quinto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-07665-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

21 de marzo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D. C. veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07665-00
Accionante: Rosa María Anillo Calderón y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial por la presunta vulneración de
los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, confianza legítima, reparación integral, igualdad y dignidad. Conteo de
la caducidad del medio de control de reparación directa en casos de
desplazamiento forzado.
Decisión: Se accede a las pretensiones de la demanda por la modulación de los
efectos de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, proferida por la
Sección Tercera del Consejo de Estado.

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ANTECEDENTES

La Subsección decide la acción de tutela presentada por las señoras Rosa María
Anillo Calderón y Ana Victoria Cudris Torres y por los señores Miguel Eduardo
Caro Villegas y David Manuel Tapias Días, actuando a nombre propio, en contra
del Tribunal Administrativo de Bolívar, por la presunta vulneración de derechos
fundamentales ocurrida con ocasión de la expedición de la providencia del 17 de
marzo del 2023 proferida dentro del proceso con radicado núm. 13001-33-33-
011-2017-00127-01.

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1. HECHOS

La parte accionante presentó medio de control de reparación directa en contra
de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Ejército Nacional –
Armada Nacional y del municipio de San Juan Nepomuceno, Bolívar con el fin
que se les declarara patrimonial y administrativamente responsables por los
perjuicios causados por el desplazamiento forzado y desalojo masivo y definitivo
del que fueron víctimas en el corregimiento de San Agustín del citado municipio.

El proceso correspondió al Juzgado Décimo Primero Administrativo del Circuito
de Cartagena que, por medio de sentencia del 7 de julio de 2020, negó las
pretensiones de la demanda. Contra dicha decisión se presentó recurso de
apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Bolívar que, a
través de providencia del 17 de marzo de 2023, revocó lo fallado en primera
instancia y, en su lugar, declaró probada la excepción de caducidad de la acción.

Considera que con la decisión dictada dentro del proceso ordinario se incurrió en
un defecto procedimental, un defecto fáctico y un desconocimiento del
precedente fijado por la Corte Constitucional, según la cual cuando se trata de
delitos de lesa humanidad se debe flexibilizar el requisito de la caducidad, así
como la carga probatoria para efectos de estudiar una posible falla en el servicio
y el daño que se configura por el desplazamiento forzado.

2. PRETENSIONES

La parte accionante solicita:

«PRIMERO: Que se nos amparen nuestros derechos fundamentales: DEBIDO
PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, CONFIANZA
LEGITIMA, REPARACION INTEGRAL, LA IGUALDAD, LA DIGNIDAD,
SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL, defraudados por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR, en la sentencia judicial N°.008 del
17 de marzo de 2023, QUE MODIFICÓ LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Y EN SU ORDEN DECLARÓ PROBADA LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DEL
MEDIO DE CONTROL.

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SEGUNDO: Que, como consecuencia del amparo tutelar, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR, anular la sentencia de segunda instancia número
008 del 17 de marzo de 2023, y en su lugar se emita una nueva sentencia, considerando
todos los elementos probatorios que obran en el expediente, aplicando lo dicho por la
CORTE CONSTITUCIONAL, en sentencia T-117/22, para lo cual deberá ejercer una
flexibilización de la carga probatoria, para establecer si existe la responsabilidad de las
demandadas, en el DAÑO, por el desplazamiento de los demandantes, del corregimiento
de SAN AGUSTIN, municipio de San Juan Nepomuceno».

3. INFORMES

La acción de tutela fue admitida mediante auto del 15 de enero de 2024, a través
del cual se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Bolívar como accionado
y a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Ejército Nacional –
Armada Nacional y al municipio de San Juan Nepomuceno como terceros
interesados en las resultas del proceso.

3.1. El Tribunal Administrativo de Bolívar allegó el expediente contentivo del
medio de control de reparación directa con radicado núm. 13001-33-33-011-
2017-00127-01.

3.2. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional solicitó que se
nieguen las pretensiones de la demanda por no existir vulneración alguna de
derechos fundamentales. Expuso que no existe una amenaza o perjuicio
inminente que amerite el uso de la tutela como un mecanismo para acceder al
reconocimiento de lo solicitado por los demandantes, máxime cuando se debatió
a través de otras vías de protección jurisdiccional idóneas para resolver la litis
propuesta en la presente acción.

Señala que el proceso controvertido “comporta el acaecimiento del fenómeno
jurídico de la caducidad”, situación que torna inviable la intervención del juez
constitucional, toda vez que convertiría el trámite de tutela en una tercera
instancia ajena al proceso contencioso, tal y como lo ha indicado la Corte
Constitucional en su sentencia T-285 de 2013.

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II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.

2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, la Sala de Subsección considera que el
problema jurídico se circunscribe a establecer si el Tribunal Administrativo de
Bolívar, con la expedición de la sentencia del 17 de marzo de 2023, incurrió en
un defecto procedimental, un defecto fáctico y un desconocimiento del
precedente y, por consiguiente, en la vulneración de los derechos fundamentales
al debido proceso, acceso a la administración de justicia, confianza legítima,
igualdad y dignidad de la parte accionante.

Previamente a lo anterior se deberá determinar la procedencia de la acción de
tutela contra la providencia judicial cuestionada.

3. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000 y fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando éstos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

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De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en
esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar
justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo
constitucional cuando desborda los límites que la Carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en
esa medida las controversias que allí surjan, son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica,
la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad
de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación

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fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.

3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.

3.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados se encuentran plenamente
individualizados.

3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
de 6 meses desde la notificación de la última providencia cuestionada.

3.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida
que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como
consecuencia del defecto procedimental, fáctico y el desconocimiento del
precedente en que presuntamente incurrieron las autoridades judiciales
demandadas.

Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

4. Caso concreto

La parte accionante aduce un defecto procedimental, un defecto fáctico y un
desconocimiento del precedente fijado por la Corte Constitucional para efectos
de estudiar la caducidad del medio de control de reparación directa en casos de
desplazamiento forzado. Alega que sólo en el trámite de segunda instancia se
aplicaron las nuevas reglas de caducidad, decisión que considera contraria a lo

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dicho por el tribunal constitucional, según el cual no se puede trasladar a los
demandantes “el peso del cambio de velocidad del precedente judicial”
tratándose de asuntos de delitos de lesa humanidad.

Al respecto, de conformidad con los argumentos que fundamentaron la decisión
acusada, se advierte que el Tribunal Administrativo de Bolívar planteó la
existencia de una posición unificada frente al conteo de la caducidad en relación
con los daños originados por la comisión de delitos de lesa humanidad, genocidio
y crímenes de guerra cuya participación sea atribuible a agentes del Estado; la
cual se estructuró en dos años después de su acaecimiento, conforme lo dispone
la Ley 1437 de 2011.

De acuerdo con lo anterior, la autoridad judicial accionada indicó que los hechos
victimizantes que dieron lugar al desplazamiento forzado ocurrieron el 12 de
mayo de 2004, por lo que la caducidad debía contarse desde el momento en que
las víctimas tuvieron conocimiento de la participación de las autoridades
estatales en la producción del daño. En ese sentido, dispuso que los
demandantes tenían hasta el 13 de mayo de 2006 para acudir a la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, sin embargo, la solicitud de conciliación
prejudicial fue presentada el 23 de agosto de 2016 y la demanda se radicó el 15
de junio de 2017, es decir, luego de vencidos los plazos legales para acudir a
esta jurisdicción.

Aunado a ello, pese que el conteo de la caducidad devenía extemporáneo, el
Tribunal Administrativo de Bolívar realizó un estudio adicional relacionado con la
imposibilidad material para acceder a la jurisdicción contenciosa administrativa
que hubiese podido recaer sobre los accionantes por tratarse de un asunto de
víctimas de desplazamiento forzado, concluyendo que, de conformidad con los
informes de las autoridades competentes1, la situación de orden público en el
municipio de San Juan Nepomuceno se reestableció en 2009, por lo que, aun

1 Una certificación expedida por la Brigada de Infantería de Marina No. 01 de la Armada Nacional, en la que se informa

que la desarticulación de los grupos armado ilegales de las FARC, ELN y ERP se produjo entre los años de 2007 a
2009, cuando se realizaron las operaciones militares de “Alcatraz” y “Mariscal”. Igualmente, el Batallón de Infantería
de Marina No. 13, precisó que, el 14 de julio de 2005 se llevó a cabo la desmovilización del grupo ilegal de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

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flexibilizando el término de la caducidad, la fecha límite para presentar la
demanda era 2012.

Así, se fundamentó en lo definido por la sentencia de unificación del 29 de enero
de 2020, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en torno a la
caducidad del medio de control de reparación directa, en casos relacionados con
delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que
se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado.

Sin embargo, si bien según dicha posición la caducidad del medio de control de
reparación directa debe contabilizarse a partir del momento en que se tiene
conocimiento del daño, la autoridad judicial accionada debe centrar su estudio
en el análisis de las circunstancias particulares del caso concreto2, y, teniendo
en cuenta que la sentencia de unificación de la Sección Tercera no moduló sus
efectos, se entiende que opera hacia el futuro, por lo que el Tribunal
Administrativo de Bolívar debió dar aplicación a la jurisprudencia vigente para el
momento de la interposición de la demanda.

Lo anterior, con base en asuntos similares en los que esta Sala de Subsección3
ha tenido en cuenta la fecha de la presentación del medio de control para efectos
de verificar la aplicabilidad del citado precedente, por lo que no puede
desconocerse que para 20174 el criterio mayoritario de la Sección Tercera del
Consejo de Estado establecía la improcedencia del fenómeno jurídico de la
caducidad para ser aplicado a las acciones de reparación directa con
pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de crímenes de lesa
humanidad, genocidios y otras violaciones graves de los derechos humanos.

En la providencia de la referencia, esta Sala de Subsección consideró lo
siguiente:
«[…]

2 Tal y como lo ha sostenido esta Sala de Subsección en casos similares: Consejo de Estado, Sección Segunda -

Subsección A, providencia de 7 de julio de 2022. Radicación número: 11001-03-15-000-2022-02106-01, accionante:
GUSTAVO DE JESÚS IDÁRRAGA Y OTROS, demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA.
3 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia de 7 de julio de 2022. Consejero Ponente: Rafael

Francisco Suárez Vargas. Radicación: 11001 03 15 000 2022 02106 01.
4 El medio de control se interpuso el 15 de junio de 2017.

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Es claro que para la fecha en que se emitió la providencia del 28 de septiembre de 2021
objeto de censura, ya existía un criterio definido en torno a la caducidad del medio de
control de reparación directa, en casos relacionados con delitos de lesa humanidad,
crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de
responsabilidad patrimonial del Estado, contenido en la sentencia de unificación del 29
de enero de 2020 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado y, por tanto,
puede concluirse prima facie que la autoridad judicial accionada estaba en la obligación
de aplicarla dado su carácter vinculante, en términos de lo dispuesto en el artículo 270 del
CPACA y en la sentencia C-836 de 2001.

No obstante, en el sub examine debe tomarse en cuenta que, para el año 2018, cuando se
procedió a accionar al Estado para efectos de la reparación por responsabilidad
patrimonial de la administración, el criterio mayoritario de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, apuntaba a que no era procedente aplicar el fenómeno jurídico de la caducidad
a las acciones de reparación directa con pretensiones indemnizatorias formuladas con
ocasión de crímenes de lesa humanidad, genocidios y otras violaciones graves de los
derechos humanos, en atención a su naturaleza imprescriptible.

Lo anterior puede corroborarse, entre otras, en las siguientes providencias: i) auto del 17
de septiembre de 20135;ii) sentencia del 7 de septiembre de 20156; iii) auto del 11 de abril
de 20167; iv) sentencia del 5 de septiembre de 20168;y v) sentencia del 31 de julio de
20199 en las que, en aplicación al control de convencionalidad, la Sección Tercera del
Consejo de Estado no tomó en cuenta la caducidad».

De acuerdo con lo expuesto, se encuentra que el Tribunal Administrativo de
Bolívar se limitó a aplicar la sentencia de unificación sin advertir que, al momento
de la presentación del medio de control de reparación directa, esta corporación
no tenía una posición unificada que fuese aplicable frente a la figura de la
caducidad.

5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 17 de septiembre de 2013, expediente radicado núm.

25000 23 26 000 2012 00537 01.
6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 7 de septiembre de 2015, expediente radicado núm.

85001 23 31 000 2010 00178 01
7 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 11 de abril de 2016, expediente radicado núm.50001 23

31 000 2000 20274 01. En esta decisión se resolvieron los recursos de apelación interpuestos en tres expedientes
acumulados (Nros. 43481, 43626 y 36079), se analizó y decidió de fondo la responsabilidad patrimonial del Estado
derivada de los hechos acaecidos el 3, 4 y 5 de agosto de 1998, cuando guerrilleros de las FARC atacaron la Base
Militar antinarcóticos con sede Miraflores, Guaviare, donde fueron víctimas los miembros de la fuerza pública que en
dicha Toma se configuró una falla en el servicio significándole la condena indudable a la entidad demandada por los
daños antijurídicos causadas a soldados
8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 31 de julio de 2019, expediente radicado núm. 05001

23 33 000 2016 00587-01.
9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31 de julio de 2019, expediente radicado núm. 25000

23 36 000 2018 00109 01.

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De esta manera, por tratarse de un caso anterior a la sentencia de unificación de
29 de enero de 2020 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, la
autoridad accionada debió analizar los hechos y los argumentos presentados en
la demanda de reparación directa, así como las demás particularidades de dicho
proceso, a fin de tomar una decisión frente al término de caducidad en un caso
relacionado con delitos de lesa humanidad.

Por lo anterior, esta Sala de Subsección dejará sin efectos la providencia del 17
de marzo del 2023 proferida dentro del medio de control de reparación directa
con radicado núm. 13001-33-33-011-2017-00127-01, en su lugar, le ordenará al
Tribunal Administrativo de Bolívar que dicte una nueva decisión en la que se
tenga en cuenta lo expuesto en esta providencia.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, confianza legítima, reparación integral, igualdad y
dignidad de la parte accionante. En consecuencia,

Segundo: Dejar sin efectos la providencia del 17 de marzo del 2023, proferida
por el Tribunal Administrativo de Bolívar, dentro del medio de control de
reparación directa con radicado núm. 13001-33-33-011-2017-00127-01.

Tercero: Ordenar al Tribunal Administrativo de Bolívar que, dentro del término
de veinte (20) días contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, proceda
a dictar una nueva decisión en la que se tenga en cuenta lo expuesto en las
consideraciones que anteceden.

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otros

Cuarto: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Quinto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

Con salvamento de voto
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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