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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07668-00

Fecha
18 de abril de 2024
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07668-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- NIÉGASE la solicitud de desvinculación de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpoboyacá. Segundo.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor Danilo Guerrero Guzmán, quien actúa por conducto de apoderado judicial, 10 Corte Constitucional, sentencia SU-917 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Reiterada en las sentencias SU-131 de 2013, M.P. (E) Alexei Egor Julio Estrada, SU-050 de 2017, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-15-000-2023-07668-00 Demandante: Danilo Guerrero Guzmán contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, por las razones aquí expuestas. Tercero.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-07668-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

18 de abril de 2024

Radicación: 11001-03-15-000-2023-07668-00
Demandante: Danilo Guerrero Guzmán

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07668-00
Demandante: DANILO GUERRERO GUZMÁN
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
“B”

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación
directa por falta de adopción de medidas de prevención y mitigación
de riesgo. Defecto fáctico. Requisito general de la relevancia
constitucional cuando se acude como instancia adicional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Danilo Guerrero Guzmán, quien actúa a través de
apoderado judicial, contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”,
en la que pide el amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad, dignidad humana y de acceso a la administración de justicia,
vulnerados, supuestamente, por la sentencia de 14 de julio de 2023, mediante la
cual confirmó la decisión que negó las pretensiones, en el marco de la demanda
de reparación directa que promovió contra el municipio de Moniquirá, el
departamento de Boyacá y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá,
Corpoboyacá, con el fin de que se les declarara administrativa y patrimonialmente
responsables por los perjuicios derivados del desbordamiento del río Moniquirá,
los cuales atribuyeron a la omisión en la ejecución de medidas eficientes para
prevenir, controlar o mitigar el riesgo por parte de los demandados.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El accionante, quien actúa como cesionario de los derechos litigiosos de su
hermana1, manifestó que aquella, en ejercicio del medio de control de reparación
directa solicitó la declaratoria de responsabilidad administrativa y patrimonial del
municipio de Moniquirá, el departamento de Boyacá y la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá, Corpoboyacá, con el fin de que se les declarara
administrativa y patrimonialmente responsables por los perjuicios acaecidos en

1
Con los anexos de la acción de tutela se allegó documento mediante el cual la señora Alix Mercedes Guerrero cedió los
derechos litigiosos del proceso 2012-00281-01 al señor Danilo Guerrero Guzmán, ante la Notaría Segunda del Círculo de
Moniquirá.
1

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-07668-00
Demandante: Danilo Guerrero Guzmán

unos inmuebles de su propiedad, con ocasión del desbordamiento del río
Moniquirá el 4 de mayo de 2011, los cuales atribuyó a la omisión en la ejecución
de medidas eficientes para prevenir, controlar o mitigar el riesgo por parte de los
demandados.

Refirió que del proceso conoció en primera instancia el Tribunal Administrativo de
Boyacá, que en sentencia de 25 de abril de 2018 negó las pretensiones, tras
considerar que no existían pruebas del daño antijurídico del cual se buscaba
reparación, “pese a todas las pruebas allegadas, dentro de las cuales consta que se
requirió a las autoridades públicas como lo son la Alcaldía de Moniquirá, Departamento de
Boyacá y Corpoboyacá, donde se les hizo un llamado previo y específico para evitar un
daño atribuible a la inactividad de los entes gubernamentales”.

Por último, mencionó que contra dicha decisión interpuso recurso de apelación del
que conoció el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, que en
sentencia de 14 de julio de 2023 confirmó el fallo de primera instancia, bajo el
argumento de que en el caso se configuró el eximente de responsabilidad de culpa
exclusiva de la víctima, “y se eximió de responsabilidad a las entidades demandadas,
aduciendo y enumerando en su parte motiva que las entidades públicas sí ejercieron
actividades para evitar el daño”.

2. Fundamentos de la acción

El accionante presentó acción de tutela con el objeto de que el juez constitucional
proteja los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, dignidad humana
y de acceso a la administración de justicia, vulnerados, supuestamente, con la
sentencia de 14 de julio de 2023, mediante la cual la autoridad judicial accionada
denegó las pretensiones, en el marco de la demanda de reparación directa que
promovió contra el municipio de Moniquirá, el departamento de Boyacá y
Corpoboyacá, con el fin de que se les declarara administrativa y patrimonialmente
responsables por los perjuicios derivados del desbordamiento del río Moniquirá,
los cuales atribuyó a la omisión en la ejecución de medidas eficientes para
prevenir, controlar o mitigar el riesgo por parte de los demandados.

Luego de hacer referencia al cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, indicó que, a su
juicio, la providencia objetada incurre en defecto fáctico, por el “desconocimiento
total de las pruebas, y por la inactividad de los entes Gubernamentales al precaver un
riesgo que generó afectaciones económicas a los demandantes”.

Indicó que, conforme a las pruebas allegadas al proceso ordinario, en el asunto no
se configuraba el eximente de responsabilidad por el hecho de la víctima, por
cuanto, indicó, si bien es cierto que las lluvias torrenciales y las inundaciones son
un fenómeno imprevisible de la naturaleza que supera la voluntad humana, frente
al que no es posible disponer o preparar medios contra futuras contingencias, en
el caso la administración tenía pleno conocimiento de la predisponibilidad de la
zona para la ocurrencia de la inundación, dadas las múltiples comunicaciones que
envió a la Alcaldía de Moniquirá y a la Gobernación de Boyacá con el fin de que
adoptaran medidas de mitigación del riesgo, y de conformidad con los conceptos
técnicos obrantes en el expediente.

2

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Demandante: Danilo Guerrero Guzmán

Finalmente, citó la totalidad de las pruebas mencionadas en el apartado de hechos
probados, de las que expresó que de manera repetida la alcaldía municipal de
Moniquirá y la Gobernación de Boyacá fueron avisadas de la inminente inundación
“a través de los estudios solicitados por la comunidad y los aportados en su momento por
las demandantes”, situación que, relató, nunca fue atendida a tiempo, “con lo cual se
prueba el nexo causal, ya que nunca se planeó reubicación de las personas o se tuvo en
cuenta los estudios de mitigación de creciente del río, más aún, con el fenómeno de la
niña que afectó para el año 2010 y 2011 a toda Colombia”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“[sic a toda la cita] Se declare que el HONORABLE CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
le ha vulnerado los derechos fundamentales a mi representado Señor DANILO GUERRERO
GUZMÁN, quien actúa como cesionario de los derechos litigios de su hermana Señora ALIX
MERCEDES GUERRERO GUZMAN, determinados como el de DIGNIDAD HUMANA, A LA
IGUALDAD, DEBIDO PROCESO, en conexidad con los principios de la Administración de Justicia,
establecido en los artículos 1, 13, 29 y 228 en armonía con los artículos 93 y 94, de nuestra Carta
Política y por INAPLICACION DEL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD, relacionado con los
Tratados Internacionales de Derechos humanos acogidos por Colombia, consistiendo tal vulneración
en el que proceso de Reparación No. 15001313300720120028101, CONFIGURANDOSE
CLARAMENTE UNA DECISION POR VIAS DE HECHO, respecto de a la apreciación de la prueba,
consistiendo tales omisiones en: (…)”.

4. Pruebas relevantes

Se allegó copia del expediente del medio de control de reparación directa con
radicado Nº 2012-00281-01, actor: Danilo Guerrero Guzmán y otros.

5. Trámite procesal

Por auto de 17 de enero de 2024, el despacho de la magistrada sustanciadora
admitió la demanda y ordenó notificar al accionante y a la autoridad judicial
accionada. Igualmente, al Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No.
2, al departamento de Boyacá, a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá,
Corpoboyacá, al municipio de Moniquirá, a las señoras Adelaida Guzmán Ramos y
Alix Mercedes Guerrero Guzmán, y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, como terceros interesados en el resultado del proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 155334 a 155339,
todos de 22 de enero de 2024, con el fin de dar cumplimiento a la referida
decisión2.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”

El ponente de la decisión objetada rindió informe en el que solicitó que la acción de
tutela se declarara improcedente, por cuanto, indicó, la discusión planteada por el

2
La notificación fue enviada a los correos: ces3secr@consejodeestado.gov.co, daniloguerrero721@gmail.com;
fabianalbertogutierrez@gmail.com; notifmbermudez@consejodeestado.gov.co; suruetar@consejodeestado.gov.co;
lsierrae@consejodeestado.gov.co; mherrerar@consejodeestado.gov.co; tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co;
notificacionesjudiciales@corpoboyaca.gov.co, notificacionesjudiciales@boyaca.gov.co, notificacionjudicial@moniquira-
boyaca.gov.co.
3

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Demandante: Danilo Guerrero Guzmán

actor tiene por objeto reevaluar el litigio como si fuera una tercera instancia, lo cual
no resulta admisible, pues esa Sala de Decisión no incurrió en defecto fáctico ya que
la providencia cuestionada fue producto de un análisis concienzudo y de fondo sobre
las pruebas allegadas al caso.

Adujo que en la sentencia objeto de tutela se expuso detalladamente el análisis de
cada una de las pruebas practicadas en el proceso, para concluir que si bien el daño,
esto es, la destrucción de las casas de posesión de las demandantes, así como el
hecho que lo provocó, la inundación del río Moniquirá, se probaron, lo cierto era que
las viviendas estaban edificadas sin respeto de las distancias mínimas que exigen
las normas urbanísticas acerca de observar una franja de protección mínima de 30
metros respecto del margen del río, y que tampoco cumplían los requisitos mínimos
urbanísticos de sismoresistencia y de suelos, además de que no había evidencia de
licencia de construcción alguna, por lo que no tenían las condiciones mínimas para
soportar cualquier calamidad, aunado al hecho de que tampoco las desalojaron a
pesar de la alerta de las autoridades.

Refirió que con base en esas razones, la Sala encontró probado el hecho de la
víctima como causal exonerativa de responsabilidad, pues no era posible reparar un
daño proveniente de una base ilegal.

Afirmó que, en ese sentido, carece de respaldo fáctico y probatorio la vulneración de
derechos alegada, máxime si se tiene en cuenta que los argumentos expuestos en la
demanda coinciden con los alegados en el proceso de reparación directa, los cuales
fueron debidamente contestados en la sentencia cuestionada.

6.2. Respuesta de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá,
Corpoboyacá

El apoderado de la entidad rindió informe en el que solicitó que se declare la falta
de legitimación en la causa a su favor, por cuanto, adujo, ha cumplido con las
obligaciones impuestas en el marco de sus competencias y participado en el
trámite procesal de la sentencia y el recurso de apelación, aunado al hecho de que
no ha causado ningún perjuicio al demandante, ya que no ha ejecutado acción
alguna que pueda ocasionar daño, ni ha omitido su deber de autoridad ambiental,
que en el presente caso no se discute.

6.3 Los demás vinculados guardaron silencio aun cuando fueron debidamente
notificados del auto admisorio de la demanda.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

4

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Demandante: Danilo Guerrero Guzmán

2. Cuestión previa

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpoboyacá, argumentó la falta
de legitimación en la causa por pasiva a su favor, debido a que considera que no
es responsable de materializar las pretensiones del demandante.

Del análisis del expediente ordinario, la Sala observa que en la acción de
reparación directa que originó la controversia Corpoboyacá actuó en calidad de
demandada, lo que resulta razón suficiente para vincularla como tercero con
interés en el resultado del presente trámite, en el que se pretende la nulidad de la
sentencia mediante la cual se denegó la declaratoria de responsabilidad
administrativa en su contra, por la supuesta falla en el servicio por la omisión en la
ejecución de medidas eficientes para prevenir, controlar o mitigar el riesgo.

Así las cosas, la Sala negará la solicitud de desvinculación de Corpoboyacá,
atendiendo a que su vinculación se basa en motivos fundados que evidencian que
tiene interés en el resultado del presente asunto.

3. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección “B”, en la sentencia de 14 de julio de 2023, que confirmó la de 25 de
abril de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá en la que negó
las pretensiones de la demanda de reparación directa que el actor promovió contra
el municipio de Moniquirá, el departamento de Boyacá y la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá, Corpoboyacá, incurrió en defecto fáctico, por el
“desconocimiento total de las pruebas y por la inactividad de los entes Gubernamentales
al precaver un riesgo que generó afectaciones económicas a los demandantes”, en tanto,
a su juicio, en el asunto no se configuraba el eximente de responsabilidad por el
hecho de la víctima, por cuanto la inundación que causó los perjuicios al inmueble
de su propiedad no era imprevisible, ya que la alcaldía municipal de Moniquirá y la
Gobernación de Boyacá fueron avisadas de la posibilidad de su ocurrencia a
través de los estudios solicitados por la comunidad y los aportados en su momento
por los demandantes.

De manera previa, corresponde a la Sala verificar si la solicitud cumple con el
requisito de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, consistente en
la relevancia constitucional.

4. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii)
evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones”3.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible

3
Sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5

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vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20054, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin
que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría
frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional5.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como
criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como
requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de
la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala6, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se
alejan del objeto de la acción de tutela.

ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara
las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera
los derechos fundamentales.

iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben
tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con
una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejó de plantearse o proponerse ante el juez natural.

v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los

4
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
5
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
6
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
6

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jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecó
en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que,
en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.

5. Estudio y solución del caso concreto

5.1. El señor Danilo Guerrero Guzmán considera que la sentencia de 14 de julio
de 2023, en la que la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado
confirmó la de 25 de abril de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, que negó las pretensiones de la demanda de reparación directa que el
actor promovió contra el municipio de Moniquirá, el departamento de Boyacá y la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpoboyacá, incurrió en defecto
fáctico, por el “desconocimiento total de las pruebas y por la inactividad de los entes
Gubernamentales al precaver un riesgo que generó afectaciones económicas a los
demandantes”, en tanto, en su criterio, en el asunto no se configuraba el eximente
de responsabilidad por el hecho de la víctima, por cuanto la inundación que causó
los perjuicios al inmueble de su propiedad no era imprevisible, ya que la alcaldía
municipal de Moniquirá y la Gobernación de Boyacá fueron avisadas de la
posibilidad de su ocurrencia a través de los estudios solicitados por la comunidad
y los aportados en su momento por los demandantes.

5.2. Como se anotó, del expediente del medio de control de reparación directa
aportado como prueba a este trámite constitucional, se observa que los
argumentos que sustentan la presente solicitud coinciden con los que soportaron
el recurso de apelación presentado por el accionante frente a la sentencia de 25
de abril de 2018, en la que el Tribunal Administrativo de Boyacá, en primera
instancia, denegó las pretensiones luego de considerar que en el caso no se había
probado el daño, por lo que el debate propuesto ya fue resuelto de manera
suficiente y, en tal razón, conforme con las reglas jurisprudenciales antes
transcritas, no puede el juez constitucional darle continuidad a esa discusión
litigiosa que no involucra un verdadero debate constitucional que deba ser
susceptible de estudio de fondo, como si fuera una tercera instancia.

La anterior situación es evidenciada a lo largo de la solicitud de amparo, en la que
se hace una extensa alusión a los argumentos planteados en el mencionado
recurso de apelación, a partir de los cuales se construye el defecto fáctico aquí
alegado, por lo que se observa una coincidencia en los fundamentos de hecho y
derecho allí esgrimidos con los aquí presentados.

En efecto, en el fallo de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Boyacá
denegó las pretensiones de la demanda de reparación directa por no encontrar
probada la existencia de las cuatro viviendas sobre las que se predicaba el daño
antijurídico, de las que no había constancia de su existencia en escrituras o
certificados de tradición inmobiliaria, aunado al hecho de que, declaró, no se había
probado la falla en el servicio, en tanto consideró, los niveles de socavación
7

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acelerada del río no eran previsibles, ni se probó que la construcción de un muro
de contención hubiese prevenido los hechos.

Frente a esta decisión, el accionante presentó recurso de apelación en el que
argumentó que en el caso no se tuvo en cuenta que i) en múltiples ocasiones se
elevaron peticiones a la administración municipal de Moniquirá y a la Gobernación
de Boyacá con el fin de que adoptaran medidas de mitigación del riesgo, ii) que
ninguna de las demandadas adoptó medidas tendientes a evitar la materialización
de los perjuicios que posteriormente soportaron y iii) que la existencia de las
viviendas podía probarse a través de los testimonios allegados al expediente,
argumentos, los dos primeros, que coinciden con los que fundamentan el defecto
fáctico alegado en la presente solicitud de amparo, lo que evidencia que su
presentación no se da como consecuencia de la vulneración de garantías
fundamentales, sino como una forma de continuar con la discusión ya zanjada
sobre la valoración probatoria efectuada en el caso.

En el mencionado recurso de apelación se indicó, respecto de la indebida
valoración de las peticiones elevadas por los demandantes a las autoridades en
relación con la inundación que generó los perjuicios cuya reparación se
reclamaba, lo siguiente:

“Las señoras Adelaida Guzmán y Alix Mercedes Guerrero, son propietarias de los
inmuebles denominados “el recuerdo” y “la floresta”, respectivamente, ubicados en
el barrio la floresta del municipio de Moniquirá (boy), zona por donde pasa el río
Moniquirá.

En dichos predios se habían construido cuatro casas de habitación de propiedad
de las demandantes. dichas construcciones dada la ubicación y cercanía con el
cauce del río Moniquirá, se encontraban bajo cierto riesgo, razón por la cual en
múltiples ocasiones se elevaron peticiones a la Administración Municipal de
Moniquirá y a la Gobernación de Boyacá, con el fin de tomar medidas
preventivas tendientes a mitigar el riesgo.

Muestra de ello lo fue el documento radicado el 10 de marzo de 2010 elevado
por el señor José Danilo Guerrero a la gobernación de Boyacá, en donde
además se allegó un estudio técnico especializado por un profesional en el
área donde se pusieron de manifiesto las posibles alternativas a desplegar
con el fin de prevenir los posibles y posteriormente materializados daños a
las propiedades de mis mandantes.

Dicho informe fue efectivamente remitido a la oficina asesora de prevención y
atención de desastres de la Secretaría de infraestructura de la gobernación
de Boyacá. Derivado de lo anterior se determinó como propuesta de ejecución y
mitigación inmediata la construcción de gaviones de protección a lo largo del
margen izquierdo con el fin de disminuir el golpe del agua y la socavación
generada (…) en igual sentido dicho dictamen determinó la necesidad de solicitar a
la corporación ambiental para que adelante programas de reforestación y
protección de la Cuenca.

A pesar de todo lo anterior ninguna de las hoy demandadas desplegaron
acciones tendientes a prevenir la materialización de los perjuicios que
posteriormente mis mandantes debieron soportar, a saber, la destrucción de
sus viviendas por parte del aumento desmedido de la corriente del río
Moniquirá el 4 de mayo de 2011.

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Demandante: Danilo Guerrero Guzmán

La negligencia de las entidades demandadas al no realizar la construcción de
muros gaviones o cualquier otra obra, a pesar del pleno conocimiento de la
existencia de un riesgo, fue la causa determinante de la destrucción de los
inmuebles de propiedad de mis poderdantes, circunstancia que no están
obligadas a soportar en tanto se configuró una falla del servicio por parte de las
entidades del Estado derivada de su inoperancia lo que les hace responsables por
los daños materiales e inmateriales sufridos por las señoras Adelaida Guzmán y
Alix Mercedes Guerrero.

(…)
Se observa en el caso concreto que la concurrencia de la inoperancia de cada
una de las entidades derivó en la causación del daño que se imputa de tal
suerte que puede afirmarse con vehemencia que si se hubiese actuado frente al
inminente riesgo que terminó por materializarse bien sea a través de la toma de
medidas para impedir el desbordamiento de las aguas o incluso a través de la
compra de los inmuebles aledaños a la ronda del río con el fin de protegerla las
demandantes, no hubiesen tenido que soportar los perjuicios irrogados a mis
mandantes”.

Lo anterior permite entrever, de conformidad con los argumentos expuestos en el
escrito de tutela, que en el presente caso se utilizan como fundamento del amparo
pretendido los mismos argumentos de derecho usados en el recurso de apelación
contra la sentencia que negó las pretensiones de la acción de reparación directa
que originó la controversia, relativos a la falta de valoración de las pruebas que
demostraban que en múltiples ocasiones los demandantes elevaron peticiones a
la Alcaldía de Moniquirá y a la Gobernación de Boyacá con el fin de que adoptara
medidas preventivas tendientes a mitigar el riesgo.

La falta de relevancia constitucional se evidencia en el caso no obstante que las
decisiones denegatorias de primera y segunda instancia en el proceso ordinario se
apoyaron en razones diferentes. Esto, en tanto el accionante, a partir de un mismo
argumento, esto es, que con antelación al siniestro envió comunicaciones a la
administración municipal y departamental poniendo de manifiesto el riesgo de
inundación, alegó -en la apelación- que la responsabilidad por ese hecho se
hallaba en cabeza de las demandadas, por negligencia, argumento que reitera
ahora -en la presente solicitud-, esta vez para concluir que dicha responsabilidad
excluye la existencia de la culpa exclusiva de la víctima decretada en segunda
instancia, lo que para la Sala constituye una réplica de las mismas razones
propuestas en el recurso de apelación en el proceso ordinario, lo que demuestra la
falta del mencionado requisito de procedibilidad.

5.3. En efecto, del análisis de la sentencia objetada se observa que en esta el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B” resolvió íntegramente los
argumentos puestos a consideración por la parte demandante, en donde, con
base en la totalidad de las pruebas obrantes y las normas aplicables, concluyó
que, si bien en su criterio el daño y la existencia de las propiedades no estaba en
duda, la causa eficiente del mismo fue el hecho exclusivo de las propias víctimas
por no haber cumplido con las normas urbanísticas mínimas para la construcción
de las viviendas, aunado al hecho de que no se probó inacción por parte de las
entidades demandadas luego de los requerimientos que el actor envío exponiendo
los riesgos de la ola invernal, pues, consideró, estas actuaron conforme con sus
funciones. Al respecto, indicó lo siguiente:

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Demandante: Danilo Guerrero Guzmán

“6) Pues bien, aunque tanto el daño alegado (limitado a la posesión de las casas
destruidas) como el hecho (la inundación del río Moniquirá que lo provocó) se
acreditaron, la Sala encuentra probado el hecho de la víctima como causal
exonerativa de responsabilidad de las entidades demandadas.

7) En efecto, un funcionario de la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales de Corpoboyacá realizó una inspección administrativa el 30 de enero de
2012 en el sitio de los hechos y verificó que las casas fueron construidas sobre la
franja de protección del río Moniquirá, esto es, sin respetar las márgenes
ambientales establecidas en las normas urbanísticas (fl. 11 cdno. anexo 1).

9) Todo lo anterior indica que las demandantes asumieron un riesgo al poseer
unas viviendas que no cumplían con los requisitos mínimos urbanísticos, de
sismoresistencia y de suelos y que tampoco hay evidencia de licencia de
construcción alguna, de manera que no tenían las condiciones mínimas para
soportar cualquier calamidad y, al parecer, tampoco las desalojaron a pesar de la
prevención por parte de las autoridades, coadyuvada esa situación anómala por el
hecho especialmente relevante de que las viviendas estaban edificadas sin
respeto de las distancias mínimas que exigen las normas urbanísticas acerca de
observar una franja de protección mínima de 30 metros respecto del margen del
río.

10) En consecuencia, la Sala encuentra probado el hecho de la víctima como
causal exonerativa de responsabilidad, pues, no es posible reparar un daño
proveniente de una base ilegal, por cuanto no es lícito obtener provecho de una
conducta o circunstancia contraria a la ley, debido a que no es jurídicamente
posible adquirir derechos de lo ilegal.

11) Sin perjuicio de lo anterior, igualmente debe advertirse que obran en el
expediente una serie de acciones que las entidades demandadas efectuaron,
de modo que no es cierto, como se asegura en la demanda, que estas
hicieron completo caso omiso a los requerimientos de la comunidad del
barrio afectado o ante la evidente ola invernal presentada en la época.

a) En efecto, en cuanto se refiere a la Gobernación del Departamento de
Boyacá, esta realizó las siguientes gestiones:

i) Una visita al lugar de los hechos el 28 de septiembre de 2010, esto es, antes
del suceso, y encontró daños en las viviendas por causa del socavamiento del río
en época invernal, frente a lo cual efectuó un censo a las familias afectadas,
quienes asumieron el riesgo de continuar habitando en el sector, sugirió al
municipio de Moniquirá que realizara un censo detallado de las viviendas que
requerían reubicación y que gestionara la consecución de los recursos para el
efecto; al tiempo, como obra de mitigación inmediata, le sugirió la construcción de
gaviones a lo largo del margen izquierdo con el fin de disminuir el choque del agua
y que ejerciera un mayor control en las obras de urbanización; también propuso
que la Corporación Ambiental adelantara programas y protección de la cuenca y,
finalmente, advirtió que la gobernación prestaría su asesoría y acompañamiento
requerido en la ejecución de esos proyectos (fls. 66 a 79 cdno. 1).

ii) Aunque la comunidad presentó ante la Gobernación de Boyacá un estudio que
recomendaba la instalación de bolsacretos para evitar la socavación causada por
el río (fls. 89 a 108 cdno. 1), la entidad le informó que no cumplía con los
requisitos mínimos de un estudio técnico para la elaboración de un proyecto y la
consecución de recursos (fl. 80 cdno. 1).

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iii) El testigo José Danilo Guerrero Guzmán, mencionó que el 26 de febrero de
2011 se realizó un cabildo abierto en el municipio de Moniquirá para tratar la
problemática del barrio La Floresta a la cual asistió tanto el alcalde como el
gobernador (fl. 224 cdno. 1).

iv) La Gobernación de Boyacá alertó mediante varios comunicados dirigidos a las
alcaldías municipales, a los comités regionales para la prevención y atención de
desastres, a la comunidad en general y a las CAR de Boyacá, desde abril hasta
diciembre de 2010, con el fin de alertar sobre los efectos de la temporada invernal
y las sugerencias para la mitigación del riesgo o para la rehabilitación de zonas
afectadas, entre otros aspectos (fls. 230 a 236 cdno. 1).

b) Por su parte, la Alcaldía de Moniquirá hizo lo siguiente: (…)

i) En marzo de 2011, solicitó al gerente del Fondo Nacional de Calamidades –
Subcuenta Colombia Humanitaria el apoyo con recursos para la construcción del
muro de contención en el barrio la Floresta, documento en el cual plasmó lo
siguiente: “Las obras a ejecutar deberán ser desarrolladas prioritariamente con el
fin de conjurar la crisis generada por el fenómeno de la niña 2010-2011” (fl. 30
cdno. 2).

ii) En febrero de 2010 pidió a la gobernación recursos para la adquisición de
equipos para atención de emergencias, pero, esta no contaba con disponibilidad
presupuestal (fl. 19 cdno. 2). (…)

c) A su turno, en unas de las reuniones del comité local para la prevención y
atención de desastres del municipio que se mencionaron previamente se dio
a conocer una circular emitida por Corpoboyacá en la que hizo las
siguientes sugerencias: (…)

13) En suma, si bien se acreditó el daño alegado consistente en las pérdidas de
las viviendas de posesión de las actoras por cuenta del desbordamiento del río
Moniquirá, este no es imputable a las entidades demandadas, pues, su causa
eficiente fue el hecho exclusivo y determinante de las propias víctimas, por
el hecho indebido y contrario a la ley de no haber cumplido con las normas
urbanísticas mínimas para la construcción de las viviendas, aunado al hecho
de que no se probó inacción por parte de las entidades demandadas, de ahí
que, por haberse configurado la causal eximente de responsabilidad en
comento, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia.” (Resaltado de
la Sala).

Conforme con lo anterior, en el caso se observa que los argumentos que soportan
el defecto fáctico alegado por el accionante son los mismos que propuso en el
recurso de apelación contra la sentencia desfavorable de primera instancia y que
fueron resueltos por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”,
relativos a la falta de valoración de las pruebas que demostraban que en el caso
los demandantes habían acudido previamente a las autoridades competentes con
el fin de solicitar medidas de prevención del riesgo, y que estas no efectuaron
ninguna gestión, lo que demostraría su responsabilidad, por lo que, conforme con
las consideraciones antecedentes, el requisito de relevancia constitucional se
encuentra incumplido.

En el caso se evidencia que frente a la decisión objetada no se propone un
genuino debate constitucional, sino que la argumentación se orienta a esgrimir las
mismas razones del recurso de apelación que ya fueron resueltas por el juez
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natural de la causa, esta vez para controvertir el eximente de responsabilidad de
culpa exclusiva de la víctima, razón suficiente para concluir que no se cumple el
requisito de la relevancia constitucional. Dicho de otra manera, las alegaciones
que propone la parte demandante no tienen una connotación constitucional, sino
que pretenden dar continuidad a los argumentos propuestos en la alzada en el
proceso de reparación directa que, si bien, en la decisión objetada se apoyó en
razones distintas a las del a quo para negar las pretensiones, no se propone una
verdadera discusión de trascendencia constitucional que permitan analizar de
fondo el asunto. Sencillamente se limita a esgrimir la posible configuración de un
defecto fáctico, a partir de alegaciones generales que no hacen posible efectuar el
estudio a una decisión proferida por el órgano de cierre especializado en asuntos
de responsabilidad del Estado.

En este punto, resulta pertinente citar un pronunciamiento de la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de 5 de agosto de 2014, en el que se indicó que:

“(…) el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal
adicional. En consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive
que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla
improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno
a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera
legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional”7.

De este modo, las discrepancias respecto de las decisiones adoptadas en el caso
no ameritan per se, la revocación por vía de tutela de una providencia judicial,
porque hacerlo llevaría a desconocer los principios de autonomía e independencia
judicial y de cosa juzgada.

Para la Sala, es claro que entrar de nuevo en la discusión planteada por el
accionante significaría reproducir el debate sobre la valoración probatoria de las
medidas de prevención del riesgo solicitadas por los actores que ya fue resuelto
con suficiencia por el juez natural del asunto en dos instancias, lo que evidencia
claramente que no se trata de un debate de genuina relevancia constitucional.

Como lo ha sostenido la Corte Constitucional, la relevancia constitucional requiere
que el asunto sometido al juez de tutela tenga trascendencia superior y no
solamente legal, contractual o de otra naturaleza, como sería la exclusivamente
económica. Pero en todo caso, corresponde al juez de tutela verificar si “…se
debaten derechos fundamentales, a partir del estudio de elementos que hacen parte de la
dimensión objetiva de los derechos afectados, así como, de las circunstancias subjetivas
de las partes que solicitan la protección constitucional, de tal manera que se garantice el
“efecto de irradiación” de la Carta sobre el ordenamiento jurídico (…)” .
8

En la sentencia SU-215 de 20229, la Corte Constitucional recordó que el
cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional requiere “involucrar algún
debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho
7
Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de agosto 5 de 2014. Radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). C.P.
Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8
Sentencia SU-041 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
9
M.P. Natalia Ángel Cabo.
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fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico”,
a lo que agregó que “la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica”. De allí que “la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera
instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de
tutela se restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección de los
derechos efectiva de los derechos fundamentales y no a problemas de carácter legal”.
Adicionalmente, valga indicar que la verificación de la relevancia constitucional
adquiere mayor importancia en este caso teniendo en cuenta que se trata de una
providencia emitida por una Alta Corporación, el Consejo de Estado Sección
Tercera, Subsección “B”.

En efecto, cuando se trata de providencias proferidas por una alta corporación, el
cumplimiento de este presupuesto se hace más estricto, en atención a que dichas
autoridades son las llamadas a definir y unificar la jurisprudencia en sus
respectivas jurisdicciones, por lo que el mecanismo constitucional solo procede
“cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es definitivamente
incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance
y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la
imperiosa intervención del juez constitucional”10.

Para la Sala, la particularidad de que las razones que fundamentaron la
denegatoria de las pretensiones en el proceso ordinario hubiesen variado entre
ambas instancias no elude el hecho de que a partir de un mismo argumento el
accionante insiste -ahora mediante la acción de tutela-, en la responsabilidad que
reclama desde el proceso ordinario, aun cuando dicha razón ya fue estudiada y
desestimada por el juez natural del asunto, mismo que, se insiste, es una alta
corporación.

En este orden de ideas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela
interpuesta por el señor Danilo Guerrero Guzmán, quien actúa por intermedio de
apoderado judicial, contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”,
por cuanto la tutela incumple el requisito de relevancia constitucional.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- NIÉGASE la solicitud de desvinculación de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá, Corpoboyacá.

Segundo.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el
señor Danilo Guerrero Guzmán, quien actúa por conducto de apoderado judicial,
10
Corte Constitucional, sentencia SU-917 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Reiterada en las sentencias SU-131 de
2013, M.P. (E) Alexei Egor Julio Estrada, SU-050 de 2017, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Demandante: Danilo Guerrero Guzmán

contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, por las razones
aquí expuestas.

Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual
revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

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