Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-31-33-007-2012-00281-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-31-33-007-2012-00281-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 15001-31-33-007-2012-00281-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
14 de julio de 2023
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, catorce (14) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 15001-31-33-007-2012-00281-01 (61.921)
Actor: ADELAILA GUZMÁN RAMOS Y OTRA
Demandados: MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ Y OTROS
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA – CCA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – DAÑO A BIENES
– HECHO DE LA VÍCTIMA
Síntesis del caso: las viviendas de las demandantes habrían sido arrasadas y destruidas con
el desbordamiento del río Moniquirá, daño antijurídico que imputan a las entidades
demandadas por haber incurrido en omisión en la ejecución de medidas eficientes para
prevenir, controlar o mitigar el riesgo.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia proferida el 25 de abril de 2018 por el Tribunal
Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión no. 2 que denegó las pretensiones
de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1 Pretensiones
Mediante escrito presentado el 28 de junio de 2012 (fl. 21 cdno. 1), las señoras
Adelaida Guzmán Ramos y Álix Mercedes Guerrero Guzmán promovieron
demanda de reparación directa en contra del municipio de Moniquirá, el
departamento de Boyacá y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá con
las siguientes súplicas:
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Expediente 15001-31-33-007-2012-00281-01 (61.921)
Actor: Adelaida Guzmán Ramos y otra
Reparación directa - apelación de sentencia
“A. DECLARATIVAS:
PRIMERA: Declarar que EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, EL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ (CORPOBOYACA), entidades de derecho
público son administrativa, extra - contractualmente y solidariamente
responsables de los perjuicios patrimoniales y extra - patrimoniales
ocasionados a las señoras ADELAIDA GUZMÁN Y ALIX
MERCEDES GUERRERO o a quien sus derechos representen en el
momento de proferir el fallo, por los daños y perjuicios irrogados a los
predios de su propiedad y las viviendas construidas en ellos en
hechos ocurridos el día 4 de mayo del año 2011.
SEGUNDA: Al igual, declarar que la responsabilidad tanto
patrimonial como extra - patrimonial de las entidades públicas
demandadas tienen su origen en el daño antijurídico presentado
como consecuencia de la falla del servicio presentada.
B). DE CONDENA:
CUARTA: Como consecuencia de las declaraciones anteriores,
CONDENAR de manera solidaria a las entidades públicas
demandadas a pagar a favor de mis representadas o a quien sus
derechos representen en el momento de proferir el fallo las siguientes
sumas de dinero:
A favor de la señora ADELAIDA GUZMÁN RAMOS:
1. PERJUCICIOS PATRIMONIALES o MATERIALES soportados en
el dictamen anexo.
1.1. Por concepto de la destrucción y pérdida de la vivienda No. 1 la
suma de DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES DE PESOS
($223.000.000.00).
1.2. Por concepto de la destrucción y pérdida de la vivienda No. 2 la
suma de OCHENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS
($88.000.000.00).
1.3. Por concepto de la destrucción y pérdida de la vivienda No. 3 la
suma de CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES DE PESOS
($153.000.000.00).
1.4. Por concepto de pago de canon de arrendamiento a partir del 27
de abril del 2011 la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL
PESOS MESNUALES ($350.000.00) hasta cuando se repare el
daño.
A favor de la señora ALIX MERCEDES GUERRERO GUZMÁN:
1. PERJUICIOS PATRIMONIALES o MATERIALES soportados en el
dictamen anexo.
1.1. Por concepto de la destrucción y pérdida de la vivienda No. 4 la
suma de DOSCIENTOS CINCO MILLONES DE PESOS
($205.000.000.00).
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Expediente 15001-31-33-007-2012-00281-01 (61.921)
Actor: Adelaida Guzmán Ramos y otra
Reparación directa - apelación de sentencia
1.2. Por concepto de pago de canon de arrendamiento a partir del 26
de abril del 2011 la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
PESOS MENSUALES ($250.000.00) hasta cuando se repare el
daño.
2. Por concepto de perjuicios morales cien (100) SMLMV para cada
una de mis representadas por el dolor, aflicción causada por la
pérdida de sus viviendas.
3. De igual forma, la entidad demandada deberá reconocer y pagar
los demás perjuicios que resulten probados en el trámite del
proceso. (…) (fls. 4 a 5 cdno. 1 – mayúsculas sostenidas del texto
original).
1.2 Hechos
Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:
1) La señora Adelaida Guzmán Ramos es propietaria y poseedora de un lote
denominado El Recuerdo ubicado en el barrio La Floresta de Moniquirá
(Boyacá), adquirido el 20 de marzo de 1962, identificado con el folio de
matrícula inmobiliaria no. 083-21706 de la Oficina de Registro e Instrumentos
Públicos de dicho municipio y dentro de ese predio se habían construido tres
viviendas de propiedad de ella.
2) Por su parte, la señora Álix Mercedes Guerrero Guzmán es propietaria y
poseedora de un lote ubicado en el mismo barrio, adquirido el 6 de septiembre
de 2005, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria no. 083-0015907 de
la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Moniquirá en el cual se había
construido una vivienda.
3) Por la parte posterior del barrio La Floresta pasa el río Moniquirá, por lo cual
las demandantes habían elevado múltiples peticiones a la administración
municipal para que realizara las acciones preventivas necesarias del riesgo
sobre las viviendas allí construidas, pero, se hizo caso omiso.
4) Como factor de riesgo estaba el aumento del cauce del río, por lo cual las
viviendas estuvieron expuestas al choque del agua que debilitaba la estructura
de las construcciones.
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Actor: Adelaida Guzmán Ramos y otra
Reparación directa - apelación de sentencia
5) Mediante documento radicado ante la Gobernación de Boyacá el 10 de
marzo de 2011 se presentó un estudio técnico especializado en donde se
pusieron a consideración de la administración las alternativas de solución para
prevenir los daños que posteriormente sufrieron las demandantes, como la
instalación de bolsacretos, sin embargo, la conducta de aquella fue inactiva.
6) El 4 de mayo de 2011, las viviendas de las demandantes fueron arrasadas y
destruidas por la acción de las aguas del río Moniquirá.
Con base en los anteriores hechos la parte demandante hizo el siguiente
razonamiento de responsabilidad: las entidades demandadas no realizaron
ninguna acción efectiva para prevenir, controlar o mitigar el riesgo a pesar de
los diferentes requerimientos efectuados por las demandantes con antelación,
falla del servicio que conllevó a la destrucción de las viviendas de las
accionantes.
2. Posición de las entidades demandadas
1) Corpoboyacá (fls. 149 a 155 cdno. 1) se opuso a las pretensiones de la
demanda y propuso las excepciones de “ausencia de elementos que
estructuren responsabilidad a Corpoboyacá” y “falta de legitimación en la causa
por pasiva”, porque en la demanda no hay señalamiento claro y preciso en
contra de actuación alguna de la entidad y, además, el encargado de velar por
el respeto de los usos del suelo, de adelantar la recuperación y conservación
de las fuentes hídricas, y de hacer el seguimiento a aquellos sucesos que
resulten atentatorios o que afecten la estabilidad de los recursos naturales y de
sus habitantes con la adopción de medidas de contingencia para conjurar la
situación es el municipio de Moniquirá.
2) El departamento de Boyacá (fls. 159 a 168 cdno. 1) propuso la excepción de
“falta de legitimación en la causa por pasiva”, por considerar que por los hechos
alegados en la demanda debe responder el municipio de Moniquirá, pues, la
obligación del departamento se limita a la solicitud que haga el municipio para
el apoyo frente a calamidades, lo que no ocurrió en este caso.
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Actor: Adelaida Guzmán Ramos y otra
Reparación directa - apelación de sentencia
3) Por su parte, el municipio de Moniquirá (fls. 175 a 186 cdno. 1) se opuso a
todas las súplicas de la demanda y propuso las excepciones de “fuerza mayor
que exime de responsabilidad” e “inexistencia de nexo causal”, debido a que
los hechos ocurrieron por causa de la fuerte ola invernal presentada en el país
en los años 2010 y 2011 que, fue imprevisible e irresistible para la entidad;
“culpa exclusiva de la víctima”, porque las viviendas presentaban fallas
estructurales, fueron construidas a menos de 5 metros del margen del río, no
contaban con ningún tipo de estructura que cumpliera los requisitos legales de
sismoresistencia y las demandantes no tenían licencia de construcción alguna;
también propuso la excepción de “falta de legitimación en la causa por pasiva”,
por cuanto se trató de un hecho de la naturaleza y de la culpa de las
demandantes; además, la entidad sí efectuó acciones para mitigar los riesgos
e incluso presentó un proyecto para reubicación de viviendas para las familias
afectadas por la ola invernal de esa época en el que están inscritas las
demandantes y se les entregó un subsidio de arriendo de $600.000.
3. Alegatos de conclusión en primera instancia
1) La parte demandante (fls. 311 a 327 cdno. 1) adujó que en el proceso se
acreditó que el 4 de mayo de 2011 se presentó el desbordamiento del río
Moniquirá que arrasó y destruyó los inmuebles de propiedad y posesión de las
demandantes y, la omisión de las entidades en la prevención del riesgo, pues,
se trató de un hecho previsible y resistible porque fueron prevenidas de lo que
ocurriría en un informe técnico de carácter privado desde el mes de septiembre
de 2010 y con las diferentes peticiones de las demandantes para que
protegieran sus propiedades ante el inminente desastre, pero, las entidades
hicieron caso omiso, motivo por el cual son responsables del daño reclamado.
2) Las entidades demandadas y el Ministerio Público guardaron silencio.
4. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión no. 2, en sentencia del
25 de abril de 2018 (fls. 334 a 348 cdno. ppal.) denegó las pretensiones de la
demanda por no encontrar probada la existencia de las cuatro viviendas
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Expediente 15001-31-33-007-2012-00281-01 (61.921)
Actor: Adelaida Guzmán Ramos y otra
Reparación directa - apelación de sentencia
referidas en la demanda, para tal efecto explicó que ni de las escrituras públicas
ni de los certificados de tradición inmobiliaria aportados se pudo establecer
cuántas casas eran, las pruebas indican que las demandantes son propietarias
de dos predios respecto de los cuales no existe evidencia sobre las supuestas
construcciones allí edificadas, si bien obran unos planos de vivienda, estos
fueron aprobados por la oficina de planeación municipal en el año 1990 y la
adquisición del lote de terreno fue en el año 2005, también obra un trabajo de
avalúo aportado por la parte actora que no le otorgó certeza al a quo en cuanto
a la determinación del número de viviendas y a la propiedad de las
demandantes, porque no se acreditó la calidad de la persona que lo elaboró y
además se hizo con fundamento en las propias declaraciones de las
demandantes y de dos personas que supuestamente vivían allí, además, anexó
unas fotografías en las cuales se aprecian escombros pero no es posible
determinar que correspondan a las supuestas casas destruidas; consideró que
“si bien puede pensarse en la existencia de viviendas en los predios de las
demandantes, no se acreditó su número, ni que las mismas fuesen de su
propiedad” (fl. 347 cdno. ppal.) ni el año en que se habrían construido, motivo
por el cual no hay prueba del daño antijurídico alegado.
Sin perjuicio de lo anterior, agregó que de cualquier manera, con las pruebas
obrantes en el expediente no se evidencia la existencia de falla del servicio
alguna porque la fuerte ola invernal inició a mediados de 2010 pero los niveles
de socavación del río no eran acelerados, lo cual se evidencia en las fechas en
que la comunidad solicitó la intervención (septiembre de 2010) y el desastre
ocurrió en mayo de 2011, aunado a ello, cuando inició dicha ola invernal se
afectaron varias zonas del municipio, por lo cual no hay evidencia de una
prioridad concreta frente a las obras de mitigación inmediata; igualmente, no
hay prueba de que el inicio de obras de mitigación como el muro de contención
hubiese evitado el hecho, por lo que el daño no sería atribuible a las entidades,
sino que, sería un caso de fuerza mayor eximente de responsabilidad, de
manera que no se evidenció omisión o negligencia por parte de ninguna de las
entidades accionadas.
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Expediente 15001-31-33-007-2012-00281-01 (61.921)
Actor: Adelaida Guzmán Ramos y otra
Reparación directa - apelación de sentencia
5. El recurso de apelación
La parte demandante (fls. 351 a 353 cdno. ppal.) solicitó la revocatoria del fallo
de primera instancia, porque la existencia de las cuatro casas se probó con los
testimonios practicados en el proceso y la omisión de las entidades se demostró
porque estas fueron informadas sobre el riesgo pero no hicieron nada para
prevenirlo, como la toma de medidas para evitar el desbordamiento o la compra
de inmuebles aledaños a la ronda del río con el fin de protegerla.
6. Las alegaciones de conclusión en segunda instancia
1) La parte actora1 (fls. 373 a 375 cdno. ppal.) insistió en los mismos
argumentos presentados a lo largo del proceso.
2) Por su parte, el departamento de Boyacá (fls. 376 a 377 cdno. ppal.) solicitó
que se confirme el fallo impugnado, porque es cierto que no está probada la
existencia de las 4 casas y porque los efectos de las lluvias no se generaron
exclusivamente en la ribera del río sino en diferentes zonas del municipio, por
lo cual no pudo establecerse como prioridad máxima la atención a las viviendas
aledañas al cauce del río, de todas maneras, aunque se hubiera priorizado la
mitigación del socavamiento presentado, no se contaba con tiempo suficiente
para la realización de obras que resultaran útiles para mitigar los estragos
causados por el río; por otro lado, resaltó el subsidio de arriendo otorgado por
el municipio a las demandantes y el hecho de que estas se encontraban
registradas en el programa de restitución de viviendas afectadas por la ola
invernal, circunstancia que demuestra que ellas han recibido apoyo estatal con
posterioridad a los hechos.
3) A su turno, Corpoboyacá (fls. 415 a 425 cdno. ppal.) presentó el mismo
escrito de la contestación de la demanda y solicitó la confirmación de la
sentencia apelada.
1 Obra en el expediente otro escrito de alegatos de conclusión, junto con unos anexos, el cual
fue allegado de manera extemporánea y, además, firmado por un abogado que no corresponde
al apoderado reconocido en este proceso para la parte actora (fls. 379 a 413 cdno. ppal.).
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Expediente 15001-31-33-007-2012-00281-01 (61.921)
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4) El Ministerio Público (fls. 426 a 434 cdno. ppal.) solicitó que se confirme el
fallo de primera instancia debido a que no se probó el daño alegado, pues, con
las pruebas practicadas no es posible determinar la cantidad ni el tipo de
construcciones que supuestamente había en los predios de la demandantes,
las escrituras públicas dan cuenta únicamente de lotes de terreno; en todo
caso, considera que tampoco hubo omisión por parte de la entidades
accionadas por cuanto efectuaron acciones tendientes a mitigar los daños de
la ola invernal de esa época como la declaración del estado de emergencia en
la zona, las gestiones contractuales y presupuestales y la reubicación de las
personas que estaban en alto riesgo como fue el caso de las actoras quienes
son beneficiarias del programa de vivienda, de manera que los hechos
ocurridos fueron una cuestión de fuerza mayor que, a pesar de ser previsible,
fue irresistible por la fuerza del fenómeno natural, por lo cual cualquier gestión
o fenómeno hubieran sido insuficientes.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de
nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido
a consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y
anuncio de la decisión, 2) análisis de la responsabilidad patrimonial
extracontractual del Estado, 3) conclusión y, 4) condena en costas.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
Presentada la demanda de manera oportuna2, corresponde a la Sala
determinar si en el presente caso las entidades demandadas son
patrimonialmente responsables del supuesto daño antijurídico ocasionado a las
2 Como los hechos ocurrieron entre abril y mayo de 2011 (los documentos oficiales refieren 19
de abril pero la parte demandante asegura que fue el 4 de mayo) y la demanda fue presentada
el 28 de junio de 2012 (la solicitud de conciliación extrajudicial la presentó el 18 de enero de
2012 y fue declarada fallida el 20 de marzo siguiente según constancia expedida ese mismo
día - fls. 123 a 124 cdno. 1), se impone concluir que lo fue antes del vencimiento de los dos
años de caducidad para impetrar la acción de reparación directa de que trata el numeral 8 del
artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
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Expediente 15001-31-33-007-2012-00281-01 (61.921)
Actor: Adelaida Guzmán Ramos y otra
Reparación directa - apelación de sentencia
demandantes con el desbordamiento del río Moniquirá, que provocó la
destrucción de sus viviendas.
La sentencia de primera instancia será confirmada por ser denegatoria de
pretensiones, pero, debido a la acreditación del hecho de la víctima como
causal eximente de responsabilidad.
Para el efecto, la Sala explicará, en primer lugar, que la existencia de las casas
se encuentra probada y, aunque no se acreditó su titularidad, sí se probó la
condición de poseedoras de las accionantes, por lo tanto, sobre ese criterio se
analiza la imputación.
2. Análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado
1) En la demanda se alega que con ocasión del desbordamiento del río
Moniquirá las casas de propiedad y posesión de las demandantes fueron
arrasadas y destruidas, daño antijurídico imputado a las demandadas por su
omisión en la prevención del riesgo; el tribunal de primera instancia denegó las
súplicas de la demanda por considerar que el daño no fue probado en la medida
en que no hay prueba de la existencia de las casas y de su titularidad, pero,
consideró que no hubo falla del servicio, sino que, se trató de una fuerza mayor,
pues, no hay prueba de que el inicio de obras de mitigación del riesgo hubiera
evitado el hecho; la parte actora solicitó la revocatoria del fallo porque tanto la
existencia de las casas como la omisión de las entidades fueron demostradas.
2) Aunque le asiste razón al Tribunal Administrativo de Boyacá en que las
súplicas de la demanda deben ser denegadas y por eso se confirmará la
sentencia, la Sala discrepa tanto del análisis del daño por encontrar que este sí
fue acreditado en cuanto a la condición de poseedoras de las demandantes, no
así la de propietarias de los referidos inmuebles, así como de la causal
eximente de responsabilidad aplicada al caso.
3) En efecto, en el expediente obran las escrituras públicas de compraventa
con los correspondientes certificados de libertad y tradición de unos lotes de
terreno ubicados en el municipio de Moniquirá adquiridos por las demandantes,
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Expediente 15001-31-33-007-2012-00281-01 (61.921)
Actor: Adelaida Guzmán Ramos y otra
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en el año 1962 por Adelaida Guzmán Ramos y en 2005 por Álix Mercedes
Guerrero Guzmán, estas son:
a) Escritura pública de venta no. 65 de la Notaría Segunda de Moniquirá de un
lote de terreno denominado El Recuerdo ubicado en la vereda de Macedonia o
Corinto de la jurisdicción del municipio de Moniquirá (Boyacá) a los esposos
Miguel Guerrero Sánchez y Adelaida Guzmán Ramos realizada el 20 de marzo
de 1962; en el certificado de tradición y libertad de la matrícula inmobiliaria no.
083-21706 aparece el registro de dicha escritura pública (fls. 55 a 57 cdno. 1).
b) Escritura pública de venta no. 468 de Notaría Segunda Encargada de
Moniquirá de un lote de terreno de 210 metros cuadrados ubicado en la carrera
7 no. 28-12 de Moniquirá a la señora Alix Mercedes Guerrero Guzmán realizada
el 6 de septiembre de 2005; en el certificado de tradición y libertad de la
matrícula inmobiliaria no. 083-15907 aparece el registro de dicha escritura
pública en la anotación no. 10 del 8 de septiembre de 2005 (fls. 58 a 62 cdno.
1).
En ninguno de dichos documentos hay referencia a la existencia en ellos de
construcción o vivienda alguna, lo cual demuestra la titularidad de unos terrenos
únicamente; tampoco hay proyectos arquitectónicos de las demandantes ni
evidencia de la expedición de licencias de construcción para vivienda a su
nombre, según certificado expedido por el secretario de Planeación Municipal
de Moniquirá (fl. 17 cdno. 2).
4) No obstante lo anterior, hay unas pruebas que indican a la Sala que las
demandantes eran poseedoras de unas casas que fueron destruidas con el
desbordamiento del río Moniquirá, como se relaciona a continuación:
a) El informe técnico de la visita de evaluación y análisis de daños y
necesidades presentadas en el sector de La Floresta de Moniquirá realizada
por la Secretaría de Infraestructura Pública CREPAD de la Gobernación de
Boyacá el 28 de septiembre de 2010, en el cual se registró “el censo de algunas
familias afectadas, ubicadas en margen izquierdo aguas abajo del río
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Expediente 15001-31-33-007-2012-00281-01 (61.921)
Actor: Adelaida Guzmán Ramos y otra
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Moniquirá” y se registra, entre otros, a la señora Adelaida Guzmán (fls. 66 a 68
cdno. 1).
b) Peticiones dirigidas a la alcaldía de Moniquirá y a la gobernación de Boyacá
en septiembre y octubre de 2010 por parte de la comunidad del sector La
Floresta de dicho municipio con el fin de que se tomaran medidas para evitar
cualquier catástrofe con sus viviendas que se podría producir con el
desbordamiento del río, las cuales fueron firmadas, entre otras personas, por
las demandantes (fls. 81 y 83 a 84 cdno. 1).
c) Testimonios de los señores Luis Gustavo Garzón Fonseca, Jaime Orlando
Rojas León e Israel Mendoza Castañeda, quienes reconocen a las
demandantes como dueñas de cuatro casas ubicadas en el barrio La Floresta
al borde del río Moniquirá (fls. 206 a 219 y 242 a 244 cdno. 1).
d) Un certificado expedido por el secretario de Planeación Municipal sobre el
registro de las demandantes como beneficiarias del programa de restitución de
viviendas afectadas por la ola invernal (fl. 256 cdno. 1).
e) Las resoluciones números 351 y 326 de 2011 por medio de las cuales la
alcaldía de Moniquirá reconoció “un auxilio a un damnificado por el invierno”
consistente en la suma de $600.000 en favor las demandantes “para sufragar
los gastos de arriendo” por el desalojo de sus viviendas ubicadas en el barrio
La Floresta de Moniquirá (fls. 80 a 81 y 102 a 103 cdno. 2).
f) El avalúo de las 4 casas aportado por la parte actora y realizado por el
ingeniero de transportes y vías Orlando Rojas León, quien rindió testimonio en
este proceso (fls. 212 a 220 cdno. 1) y declaró que su concepto técnico lo
efectuó luego de haber visitado el lugar de los hechos y de lo cual anexó un
registro fotográfico en el que se observan unos escombros de construcción y
estructuras de viviendas destruidas (fls. 22 a 54 cdno. 1), de manera que,
contrario a lo considerado por el a quo, este documento sirve de prueba, junto
con las demás acabadas de mencionar, acerca de la existencia de las viviendas
que poseían las demandantes.
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Actor: Adelaida Guzmán Ramos y otra
Reparación directa - apelación de sentencia
5) Por otra parte, según las resoluciones por medio de las cuales la alcaldía de
Moniquirá reconoció los auxilios a las demandantes por ser damnificadas con
la inundación del río Moniquirá, este tuvo lugar el 19 de abril de 2011,
información certificada por la Secretaría de Planificación de la misma entidad
(fls. 80 a 81, 83, 102 a 103 y 108 cdno. 2), además, obra un oficio del 27 de
abril de 2011 de la Alcaldía de Moniquirá con destino a la Gobernación de
Boyacá en el que se afirmó que con ocasión de las crecidas del río “la semana
anterior” unas viviendas ubicadas en el barrio La Floresta, entre otros, sufrieron
graves daños estructurales y tuvieron que ser desalojadas, algunas ya habían
colapsado y otras se encontraban en proceso de colapso (fl. 50 cdno. 1).
6) Pues bien, aunque tanto el daño alegado (limitado a la posesión de las casas
destruidas) como el hecho (la inundación del río Moniquirá que lo provocó) se
acreditaron, la Sala encuentra probado el hecho de la víctima como causal
exonerativa de responsabilidad de las entidades demandadas.
7) En efecto, un funcionario de la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales de Corpoboyacá realizó una inspección administrativa el 30 de enero
de 2012 en el sitio de los hechos y verificó que las casas fueron construidas
sobre la franja de protección del río Moniquirá, esto es, sin respetar las
márgenes ambientales establecidas en las normas urbanísticas (fl. 11 cdno.
anexo 1).
Asimismo, en el informe técnico de la visita de evaluación y análisis de daños
y necesidades realizada por la CREPAD de la Gobernación de Boyacá el 28 de
septiembre de 2010, del cual se hizo referencia previamente, se consignó que
“todas las viviendas se encuentran construidas en el margen del río,
algunas a menos de 5 metros del margen de este, construidas en material
aluvial, sin ningún tipo de estructura que cumpla los requisitos exigidos por la
norma de sismo resistencia” (fl. 66 cdno. 1 – negrillas adicionales).
Al respecto, el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente (Decreto 2811 de 1974) prevé que son bienes
inalienables e imprescriptibles del Estado, entre otros, “una faja paralela a la
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línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta
de treinta metros de ancho” (artículo 83 – se resalta).
Es importante tener en cuenta que el acotamiento y protección de las rondas
hídricas, además de contribuir al funcionamiento normal del ecosistema, tiene
como objetivo la prevención del riesgo ante las posibles inundaciones de los
ríos; en ese sentido lo explica el Ministerio de Medio Ambiente:
“[E]l acotamiento y protección de las rondas hídricas del país tiene
importancia no sólo desde el punto de vista ecosistémico, sino también
desde el punto de vista de gestión del riesgo, teniendo en cuenta que
una correcta ocupación de estas zonas reduce la exposición al riesgo
de personas, bienes y servicios ante eventos como inundaciones y
avenidas torrenciales entre otros”3.
8) Por otra parte, resulta igualmente relevante que el señor Jaime Orlando
Rojas, testigo de la parte demandante y quien realizó el avalúo, afirmó que el
suelo que conforma la ladera y que soporta al barrio La Floresta “es un suelo
granular no cohesivo fácilmente desdrenable al contacto con el agua” (fl. 212
cdno. 1); por su parte, el testigo Israel Mendoza Castañeda, vecino del barrio
La Floresta, dijo que “la gente se quejaba de que el río se estaba viniendo hacia
el lado de las casas y nunca le pusieron atención a eso porque decían eso mi
casa nunca se cae” (fl. 243 cdno. 1).
9) Todo lo anterior indica que las demandantes asumieron un riesgo al poseer
unas viviendas que no cumplían con los requisitos mínimos urbanísticos, de
sismoresistencia y de suelos y que tampoco hay evidencia de licencia de
construcción alguna, de manera que no tenían las condiciones mínimas para
soportar cualquier calamidad y, al parecer, tampoco las desalojaron a pesar de
la prevención por parte de las autoridades, coadyuvada esa situación anómala
por el hecho especialmente relevante de que las viviendas estaban edificadas
sin respeto de las distancias mínimas que exigen las normas urbanísticas
acerca de observar una franja de protección mínima de 30 metros respecto del
margen del río.
3“https://www.minambiente.gov.co/gestion-integral-del-recurso-hidrico/acotamiento-de-la-
ronda-hidrica/”
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Expediente 15001-31-33-007-2012-00281-01 (61.921)
Actor: Adelaida Guzmán Ramos y otra
Reparación directa - apelación de sentencia
10) En consecuencia, la Sala encuentra probado el hecho de la víctima como
causal exonerativa de responsabilidad, pues, no es posible reparar un daño
proveniente de una base ilegal, por cuanto no es lícito obtener provecho de una
conducta o circunstancia contraria a la ley, debido a que no es jurídicamente
posible adquirir derechos de lo ilegal.
11) Sin perjuicio de lo anterior, igualmente debe advertirse que obran en el
expediente una serie de acciones que las entidades demandadas efectuaron,
de modo que no es cierto, como se asegura en la demanda, que estas hicieron
completo caso omiso a los requerimientos de la comunidad del barrio afectado
o ante la evidente ola invernal presentada en la época.
a) En efecto, en cuanto se refiere a la Gobernación del Departamento de
Boyacá, esta realizó las siguientes gestiones:
i) Una visita al lugar de los hechos el 28 de septiembre de 2010, esto es, antes
del suceso, y encontró daños en las viviendas por causa del socavamiento del
río en época invernal, frente a lo cual efectuó un censo a las familias afectadas,
quienes asumieron el riesgo de continuar habitando en el sector, sugirió al
municipio de Moniquirá que realizara un censo detallado de las viviendas que
requerían reubicación y que gestionara la consecución de los recursos para el
efecto; al tiempo, como obra de mitigación inmediata, le sugirió la construcción
de gaviones a lo largo del margen izquierdo con el fin de disminuir el choque
del agua y que ejerciera un mayor control en las obras de urbanización; también
propuso que la Corporación Ambiental adelantara programas y protección de
la cuenca y, finalmente, advirtió que la gobernación prestaría su asesoría y
acompañamiento requerido en la ejecución de esos proyectos (fls. 66 a 79
cdno. 1).
ii) Aunque la comunidad presentó ante la Gobernación de Boyacá un estudio
que recomendaba la instalación de bolsacretos para evitar la socavación
causada por el río (fls. 89 a 108 cdno. 1), la entidad le informó que no cumplía
con los requisitos mínimos de un estudio técnico para la elaboración de un
proyecto y la consecución de recursos (fl. 80 cdno. 1).
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iii) El testigo José Danilo Guerrero Guzmán, mencionó que el 26 de febrero de
2011 se realizó un cabildo abierto en el municipio de Moniquirá para tratar la
problemática del barrio La Floresta a la cual asistió tanto el alcalde como el
gobernador (fl. 224 cdno. 1).
iv) La Gobernación de Boyacá alertó mediante varios comunicados dirigidos a
las alcaldías municipales, a los comités regionales para la prevención y
atención de desastres, a la comunidad en general y a las CAR de Boyacá,
desde abril hasta diciembre de 2010, con el fin de alertar sobre los efectos de
la temporada invernal y las sugerencias para la mitigación del riesgo o para la
rehabilitación de zonas afectadas, entre otros aspectos (fls. 230 a 236 cdno. 1).
b) Por su parte, la Alcaldía de Moniquirá hizo lo siguiente:
i) En marzo de 2011, solicitó al gerente del Fondo Nacional de Calamidades –
Subcuenta Colombia Humanitaria el apoyo con recursos para la construcción
del muro de contención en el barrio la Floresta, documento en el cual plasmó
lo siguiente: “Las obras a ejecutar deberán ser desarrolladas prioritariamente
con el fin de conjurar la crisis generada por el fenómeno de la niña 2010-2011”
(fl. 30 cdno. 2).
ii) En febrero de 2010 pidió a la gobernación recursos para la adquisición de
equipos para atención de emergencias, pero, esta no contaba con
disponibilidad presupuestal (fl. 19 cdno. 2).
iii) Obran unas actas de reuniones del comité local para la prevención y
atención de desastres del municipio de Moniquirá en los días 30 de septiembre
de 2010, 28 de marzo, 13 y 29 de abril de 2011 en las cuales se dialogó sobre
las acciones a realizar para la prevención de los riesgos debido a la ola invernal
(fls. 26 a 29, 39 a 44 cdno. 2).
iv) El señor Luis Eduardo Naranjo, Secretario de Planeación Municipal de
Moniquirá rindió testimonio y manifestó que tenía conocimiento de que el
municipio “realizó algunas acciones que quedaron plasmadas en las actas del
CLOPAD, igualmente requirió al departamento para que realizara el estudio de
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Reparación directa - apelación de sentencia
las viviendas del sector, adicionalmente se hicieron visitas por parte de la
secretaría de educación, se dio activación al CLOPAD y se reactivó o se
implementó el plan municipal de riesgos”, agregó que en el año 2011 el
municipio realizó solicitud formal ante Colombia Humana para la construcción
de obras de contención en el sector (fls. 37 a 40 cdno. 3).
v) La declaración de la situación de emergencia por la ola invernal en el
municipio fue decretada al día siguiente de la ocurrencia del hecho, esto es, el
20 de abril de 2011, mediante Decreto no. 029 de 2011(fls. 36 a 38 cdno. 2).
vi) Certificó el 20 de febrero de 2014 que las demandantes se encontraban
registradas como beneficiarias del programa de restitución de viviendas
afectadas por la ola invernal y que este programa estaba en fase de verificación
de información pero, que ya contaba con estudios y diseños para su
construcción, la designación del predio, así como el valor asignado a cada
vivienda (70 SMLMV) (fl. 256 cdno. 1).
c) A su turno, en unas de las reuniones del comité local para la prevención y
atención de desastres del municipio que se mencionaron previamente se dio a
conocer una circular emitida por Corpoboyacá en la que hizo las siguientes
sugerencias:
“Determinar los cuerpos de agua y zonas críticas en donde se puedan
presentar eventos de inundaciones, deslizamientos, avenidas y otros
derivados de la acción de las precipitaciones; revisar los sistemas de
monitoreo correspondientes, activar los mecanismos de alerta
tempranas, revisar, ajustar, actualizar y aplicar los planes de
contingencia; verificar el flujo normal y libre de las corrientes de agua,
retirar materiales que interfieran con el cauce o lecho de los ríos y
quebradas, realizar la recolección de residuos sólidos, especialmente
en zonas adyacentes a cuerpos de agua para evitar contaminación de
las aguas o posibles represamientos; adelantar jornadas de
mantenimiento preventivo y correctivo a las redes de alcantarillado
público, mapa de riesgos; revisar viviendas ubicadas cerca a (…) La
Floresta” (fl. 26 cdno. 2).
12) De conformidad con lo anterior, aunque dichas acciones no pudieron evitar
el daño, la Sala encuentra que las entidades accionadas no tuvieron la actitud
omisiva alegada por los demandantes.
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Expediente 15001-31-33-007-2012-00281-01 (61.921)
Actor: Adelaida Guzmán Ramos y otra
Reparación directa - apelación de sentencia
13) En suma, si bien se acreditó el daño alegado consistente en las pérdidas
de las viviendas de posesión de las actoras por cuenta del desbordamiento del
río Moniquirá, este no es imputable a las entidades demandadas, pues, su
causa eficiente fue el hecho exclusivo y determinante de las propias víctimas,
por el hecho indebido y contrario a la ley de no haber cumplido con las normas
urbanísticas mínimas para la construcción de las viviendas, aunado al hecho
de que no se probó inacción por parte de las entidades demandadas, de ahí
que, por haberse configurado la causal eximente de responsabilidad en
comento, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia.
3. Conclusión
Por haberse acreditado que el daño fue causado por el hecho de la víctima se
impone eximir de responsabilidad a las entidades demandadas y, en
consecuencia, confirmar el fallo apelado por ser denegatorio de las
pretensiones de la demanda.
4. Condena en costas
Debido a que para el momento en que se profiere este fallo el artículo 55 de la
Ley 446 de 1998 determina que solo hay lugar a la imposición de costas cuando
alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, no se probó
que la parte actora haya procedido de esa forma, no hay lugar a imponerlas.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN
B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Confírmase la sentencia proferida el 25 de abril de 2018 por el Tribunal
Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión no. 2.
2°) Abstiénese de condenar en costas de esta instancia procesal.
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Actor: Adelaida Guzmán Ramos y otra
Reparación directa - apelación de sentencia
3°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las respectivas constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
Magistrado
Aclara voto
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Aclara voto
La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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