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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07668-01

Fecha
6 de junio de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07668-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Revocar la sentencia del 18 de abril de 2024, por la cual el Consejo de Estado, Sección Cuarta declaró la improcedencia de la acción de tutela para, en su lugar, declarar la falta de legitimación en la causa por activa del señor Danilo Guerrero Guzmán, para promover este mecanismo constitucional, conforme con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-07668-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

6 de junio de 2024

Demandante: Danilo Guerrero Guzmán
Demandado: Consejo de Estado Sección Tercera Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07668-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D.C., seis (6) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07668-01
Demandante: DANILO GUERRERO GUZMÁN
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN B

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Revoca decisión
que declaró improcedencia de la acción para declarar la falta
de legitimación por activa.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia del 18 de abril de 2024, por la cual el Consejo de Estado, Sección
Cuarta resolvió declarar la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir
con el requisito de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

Mediante escrito radicado el 19 de diciembre de 2023, el señor Danilo Guerrero
Guzmán, a través de apoderado judicial1, presentó acción de tutela contra el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, con la finalidad de que se
ampararan sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad y
al debido proceso en conexidad con el principio de la administración de justicia.

La parte actora consideró vulneradas dichas garantías constitucionales con
ocasión de la sentencia del 14 de julio de 2023, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, que confirmó la decisión de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda dentro del proceso de
reparación directa identificado con el radicado 15001-31-33-007-2012-00281-
01, promovido por las señoras Adelaida Guzmán Ramos y Alix Mercedes

1 El señor Daniel Guerrero Guzmán, quien actúa como cesionario de los derechos litigiosos de

su hermana Alix Mercedes Guerrero Guzmán, conforme con la cesión de derecho que adjunta,
otorgó poder especial al abogado Fabián Alberto Gutiérrez Quintero, para que lo represente en
la acción de tutela de la referencia.

1

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Demandante: Danilo Guerrero Guzmán
Demandado: Consejo de Estado Sección Tercera Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07668-01

Guerrero Guzmán contra el municipio de Moniquirá, el departamento de Boyacá
y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - Corpoboyacá.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora pretende que:

1. Se Declare la Vulneración de los Derechos Fundamentales a mi Representado Señor
DANILO GUERRERO GUZMAN, quien actúa como cesionario de los derechos litigios de
su hermana Señora ALIX MERCEDES GUERRERO GUZMAN, por Parte del
HONORABLE CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA.

Se declare que el HONORABLE CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, le ha
vulnerado los derechos fundamentales a mi representado Señor DANILO GUERRERO
GUZMAN, quien actúa como cesionario de los derechos litigios de su hermana Señora
ALIX MERCEDES GUERRERO GUZMAN, determinados como el de DIGNIDAD HUMANA,
A LA IGUALDAD, DEBIDO PROCESO, en conexidad con los principios de la
Administración de Justicia, establecido en los artículos 1,13,29 y 228 en armonía con los
artículos 93 y 94 , de nuestra Carta Política y por INAPLICACION DEL BLOQUE DE
CONSTITUCIONALIDAD, relacionado con los Tratados Internacionales de Derechos
humanos acogidos por Colombia, consistiendo tal vulneración en el que proceso de
Reparación No. 15001313300720120028101, CONFIGURANDOSE CLARAMENTE UNA
DECISION POR VIAS DE HECHO, respecto de a la apreciación de la prueba […].

SOLICITUD DE MEDIDA PROVISIONAL

Solicito de forma respetuosa se Revoque las decisiones de primera y segunda instancia y
se ordene proferir fallo que en derecho se ajuste respecto de una condena a las entidades
demandadas.2

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

1.3. Hechos

La Sala advierte como relevantes los siguientes hechos probados, de
conformidad con los documentos aportados al expediente:

El accionante, actúa como cesionario de los derechos litigiosos de su hermana
la señora Alix Mercedes Guerrero3, quien, junto con la señora Adelaida Guzmán
Ramos, ejerció la acción de reparación directa contra el municipio de Moniquirá,
el departamento de Boyacá y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá,
para que se les declarara administrativa y patrimonialmente responsables de los
perjuicios generados a unos inmuebles de su propiedad, con ocasión del
desbordamiento del río Moniquirá el 4 de mayo de 2011, por la omisión en la
ejecución de medidas eficientes para prevenir y controlar el riesgo por parte de
las entidades demandadas.

El proceso se le asignó como número de radicación 15001-31-33-0072012-
00281-00 y correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo de
Boyacá, que en sentencia del 25 de abril de 2018 negó las pretensiones de la

2 Se transcribe tal cual, incluso con posibles errores.
3 Se aporta documento en el que la señora Alix Mercedes Guerrero Guzmán cedió los derechos

litigiosos del proceso ordinario de reparación directa 2012-00281-01 al señor Danilo Guerrero
Guzmán, ante la Notaría Segunda del Círculo de Moniquirá.

2

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Demandante: Danilo Guerrero Guzmán
Demandado: Consejo de Estado Sección Tercera Subsección B
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demanda, por no encontrar probado el daño antijurídico alegado, pues no se
demostró la existencia de las cuatro viviendas referidas en la demanda, ni se
pudo determinar que los escombros correspondían a las supuestas casas
destruidas; además, precisó que de las pruebas obrantes en el expediente no
se evidenció la existencia de falla del servicio.

Inconforme con lo resuelto, las demandantes apelaron, recurso que fue
desatado por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que, en
fallo del 14 de julio de 2023, confirmó la decisión de primera instancia, al
encontrar probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima como causal
exonerativa de responsabilidad, pues no es posible reparar un daño proveniente
de una base ilegal, por cuanto no es lícito obtener provecho de una conducta o
circunstancia contraria a la ley.

Así mismo señaló que de las pruebas que reposan en el expediente se advierte
que las entidades demandadas realizaron una serie de acciones, que se
relacionaron en la providencia, con lo cual se desvirtúa la afirmación de que
hicieron caso omiso a los requerimientos de la comunidad del barrio afectado
ante la evidente ola invernal presentada en la época; por lo que concluyó lo
siguiente:

[…]si bien se acreditó el daño alegado consistente en las pérdidas de las viviendas de
posesión de las actoras por cuenta del desbordamiento del río Moniquirá, este no es
imputable a las entidades demandadas, pues, su causa eficiente fue el hecho exclusivo y
determinante de las propias víctimas, por el hecho indebido y contrario a la ley de no haber
cumplido con las normas urbanísticas mínimas para la construcción de las viviendas,
aunado al hecho de que no se probó inacción por parte de las entidades demandadas, de
ahí que, por haberse configurado la causal eximente de responsabilidad en comento, la
Sala confirmará la sentencia de primera instancia.

1.4. Sustento de la petición

La parte actora considera que con la providencia del 14 de julio de 2023 el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B decidió que el daño fue
causado por culpa exclusiva de la víctima y eximió de responsabilidad a las
entidades demandadas, con el argumento que éstas sí ejercieron actividades
para evitar el daño; sin embargo, de las pruebas allegadas en el proceso y las
circunstancias fácticas y jurídicas, demuestran que no se configura el eximente
de responsabilidad citado.

Sostuvo que si bien las lluvias torrenciales y las inundaciones son un fenómeno
de la naturaleza que supera la voluntad humana, lo cierto es que su causalidad
reside únicamente en los eventos naturales. En ese orden, indicó:

Lo imprevisible es aquello que no se pudo ver con anticipación; conocer ni conjeturar por
señales o indicios de su ocurrencia; y respecto de lo que no fue posible disponer o preparar
medios contra futuras contingencias.

Por el contrario, de acuerdo con los conceptos técnicos obrantes en el expediente, este
evento ocurre por la conjunción de condiciones, como la predisposición del suelo, la
existencia del fenómeno de la niña, niveles de precipitación que originan el desarrollo
súbito del flujo de caudales.

3

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Demandante: Danilo Guerrero Guzmán
Demandado: Consejo de Estado Sección Tercera Subsección B
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En ese orden, señaló que, de conformidad con el material probatorio allegado al
proceso ordinario, estaba demostrado que la administración tenía pleno
conocimiento de la pre disponibilidad de la zona para la ocurrencia del
fenómeno natural, por tanto, no había eximente de responsabilidad de fuerza
mayor, pues no estaba presente el elemento de la imprevisibilidad.

Reiteró que frente a la atribución del daño antijurídico a cada una de las
demandadas, existe prueba de que la alcaldía de Moniquirá fue avisada, así
como la gobernación de Boyacá a través de los estudios solicitados por la
comunidad que fueron aportados al expediente, no obstante, «la situación
nunca fue atendida a tiempo, con lo cual se demuestra el nexo causal, ya que
nunca se planeó reubicación de las personas o se tuvo en cuenta los estudios
de mitigación de creciente del río, más aún, con el fenómeno de la niña que
afectó para el año 2010 y 2011 a toda Colombia».

Resaltó que el hecho de que los planes y proyectos nunca se ejecutaran en
debida forma, refuerza la omisión de las entidades demandadas, razón por la
que no puede hablarse de culpa exclusiva de la víctima cuando se solicitó
ayuda que hubiera podido ser atendida sin generar pérdidas patrimoniales.

En ese orden, considera que en la providencia cuestionada se incurrió en
defecto fáctico, al desconocer la totalidad de las pruebas allegadas que
demostraban la inactividad de las entidades demandadas «al precaver un
riesgo que generó afectaciones económicas a los demandantes».

1.5. Trámite en primera instancia

Mediante auto del 17 de enero de 2024 la magistrada ponente de la Sección
Cuarta de esta corporación admitió la demanda y dispuso notificar a la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

A su vez, ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Boyacá, al departamento
de Boyacá, a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, al municipio de
Moniquirá, a las señoras Adelaida Guzmán Ramos, Alix Mercedes Guerrero
Guzmán, y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como
terceros con interés en los resultados del proceso.

En la misma providencia se negó la medida provisional solicitada por la parte
actora, al considerar que «de lo manifestado en el escrito de tutela y el material
probatorio allegado con la demanda, no encuentra acreditada la necesidad,
gravedad y urgencia de la adopción de la medida provisional, ya que no se
observa de manera preliminar un riesgo inminente de afectación a los derechos
fundamentales invocados por la parte demandante que amerite la intervención
necesaria y urgente del juez de tutela para evitar la consumación de un perjuicio
irremediable».

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1.6. Contestaciones

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B

El magistrado ponente, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción
de tutela, toda vez que no se satisface el requisito de la relevancia
constitucional.

Precisó que el actor, quien actúa en calidad de cesionario de los derechos
litigiosos de una de las demandantes del proceso ordinario, estima que con la
providencia del 14 de julio de 2023 proferida por la Sección Tercera,
Subsección B, de esta corporación se violaron sus derechos fundamentales a la
dignidad humana, la igualdad, al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, por defecto fáctico, puesto que no es cierto que se
configuró el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, para
lo cual reiteró la atribución de responsabilidad de las entidades demandadas
porque tenían pleno conocimiento de la situación para evitar el daño y no lo
hicieron.

Sostuvo que la acción de tutela de la referencia no es procedente, en razón a
que la supuesta irregularidad advertida por el accionante no cumple con la
exigencia jurisprudencial de relevancia constitucional, por cuanto lo pretendido
es crear indebida e injustificadamente una tercera instancia respecto de una
sentencia que hizo un correcto análisis fáctico, probatorio y jurídico ya que la
providencia se sustentó en derecho y con base en los medios probatorios
valorados de manera conjunta y racional.

Resaltó que en la providencia cuestionada luego del análisis de cada una de las
pruebas aportadas al proceso se pudo concluir que si bien el daño se probó,
esto es, la destrucción de las casas de posesión de las demandantes, así como
el hecho que lo provocó, la inundación del río Moniquirá, lo cierto es que las
viviendas estaban edificadas sin respeto de las distancias mínimas que exigen
las normas urbanísticas acerca de observar una franja de protección mínima de
30 metros respecto del margen del río, además tampoco cumplían con los
requisitos mínimos urbanísticos, de sismoresistencia y de suelos, máxime que
no había evidencia de licencia de construcción alguna, por tanto, no contaban
con las condiciones necesarias para soportar cualquier calamidad; aunado a
ello, no las desalojaron a pesar de la prevención por parte de las autoridades,
que no actuaron en forma omisiva como lo afirmaron las demandantes.

Mencionó que, por las razones anteriores, se encontró probada la excepción de
culpa exclusiva de la víctima como causal exonerativa de responsabilidad,
pues, no era posible reparar un daño proveniente de una base ilegal.

Destacó que los argumentos expuestos en la demanda de tutela coinciden con
lo alegado en el proceso de reparación directa, los cuales fueron debidamente
contestados en la sentencia cuestionada; por tanto, estima que es
manifiestamente improcedente e infundado este mecanismo constitucional
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promovido por el señor Guerrero Guzmán quien pretende injustificada e
indebidamente revivir un debate procesal ya concluido como si se tratara de
una tercera instancia.

1.6.2. Corporación Autónoma Regional de Boyacá

El secretario General y Jurídico de Corpoboyacá solicitó que se negara el
amparo constitucional y en consecuencia se desestimaran las pretensiones del
actor.

Afirmó que ha cumplido con las obligaciones impuestas en el marco de sus
competencias y no ha causado ningún perjuicio al extremo demandante, ya que
no ha ejecutado acción alguna que pueda ocasionar daño, ni ha omitido su
deber de autoridad ambiental; por tanto, considera que carece de legitimación
por pasiva en la tutela de la referencia, aún desde su condición de vinculada.

Resaltó que no se cumple con las causales de procedencia de la acción de
tutela contra fallos judiciales, pues no se evidencia la causal invocada, lo que se
advierte es que el actor constitucional pretende reabrir un debate meramente
legal, de carácter privado y con efectos estrictamente económicos, sin siquiera
dar claridad del presunto defecto que contiene la sentencia.

1.6.3. El Tribunal Administrativo de Boyacá, el departamento de Boyacá, el
municipio de Moniquirá, las señoras Adelaida Guzmán Ramos y Alix Mercedes
Guerrero Guzmán, guardaron silencio, pese a que fueron debidamente
notificados.

1.7. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 18 de abril de 2024, el Consejo de Estado, Sección
Cuarta resolvió (i) negar la solicitud de desvinculación de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá y (ii) declaró improcedente la acción de tutela,
por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

Sostuvo la autoridad judicial que las discrepancias respecto de las decisiones
adoptadas en el proceso ordinario, no ameritan su revocatoria por vía de este
mecanismo constitucional porque de hacerlo conllevaría a desconocer los
principios de autonomía e independencia judicial y de cosa juzgada.

Precisó que entrar de nuevo en la discusión planteada por la parte tutelante
significaría reproducir el debate sobre la valoración probatoria de las medidas
de prevención del riesgo solicitadas por los demandantes que ya fue resuelto
con suficiencia por el juez natural del asunto en las dos instancias, lo que
evidencia claramente que no se trata de un planteamiento genuino de
relevancia constitucional.

Resaltó que «la particularidad de que las razones que fundamentaron la
denegatoria de las pretensiones en el proceso ordinario hubiesen variado entre
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ambas instancias no elude el hecho de que a partir de un mismo argumento el
accionante insiste -ahora mediante la acción de tutela-, en la responsabilidad
que reclama desde el proceso ordinario, aun cuando dicha razón ya fue
estudiada y desestimada por el juez natural del asunto, mismo que, se insiste,
es una alta corporación».

1.8. Impugnación

La parte actora con memorial enviado por correo el 26 de abril de 2024 impugnó
el fallo de primera instancia, el cual fue notificado vía electrónica el 23 del
mismo mes y año, por los siguientes motivos:

Afirmó que la decisión de primera instancia, desconoce la línea jurisprudencial4
establecida por esta corporación frente a desastres naturales, en la que se ha
señalado que «los daños antijurídicos derivados de la ocurrencia de desastres
naturales resultan imputables al Estado únicamente si se acredita la existencia
de una falla del servicio, bien sea por acción u omisión. Así, un evento de la
naturaleza constituye fuerza mayor, salvo se demuestre la vulneración de la
administración de su deber de vigilancia y cuidado».

Indicó que las entidades demandadas tenían una función estratégica y
fundamental en la adecuada gestión ambiental del riesgo y la prevención de
desastres, situación que no se dio, pese a que las demandantes, la comunidad
del municipio de Moniquirá, un año antes, esto es en marzo de 2010,
adelantaron actuaciones para evitar que sus casas fueran arrasadas y
destruidas por las aguas del río Moniquirá.

Puso de presente que no hay duda que la inundación del 4 de mayo de 2011,
en el barrio “LA FLORESTA” del municipio de Moniquirá constituye un hecho
aceptado por el fallador de segunda instancia; así como los daños materiales,
que se acreditaron, con las pruebas allegadas con la demanda, como lo son el
registro fotográfico, el avaluó de los inmuebles, certificados de tradición,
escrituras públicas y los estudios técnicos, donde consta la existencia y
posterior afectación a las viviendas, además del impacto a la infraestructura
pública del municipio.

Precisó que es errónea la afirmación de que no existieron pruebas del daño
antijurídico del cual se busca reparación, pues se aportó material probatorio que
demostraba que se requirió a las autoridades demandadas y se les hizo un
llamado previo para evitar un daño atribuible a la inactividad de éstas.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4 El demandante cita las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, providencia del 25 de agosto de 2011, Exp. 17613, M.P. Mauricio Fajardo
Gómez; Consejo de Estado, Sección tercera, Subsección A, providencia del 16 de julio de 2021,
exp. 50103, M:P. María Adriana Marín.

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2.1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
decisión impugnada en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 1991 5,
el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021, así como por el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25, de la Sala Plena de
esta corporación.

2.2. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes, corresponde a la Sala determinar si hay
lugar a confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
conforme a lo planteado por la parte impugnante.

Por tanto, corresponde a la Sala determinar si el señor Danilo Guerrero
Guzmán cuenta con la legitimación en la causa por activa, de ser así, sí se
cumple con el requisito de la relevancia constitucional y los demás
presupuestos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. De encontrarse cumplidos, se analizará si con la
sentencia del 14 de julio de 2023 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B se incurre en la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte demandante.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20126, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:

[...] si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203),
han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales
que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados
hasta el momento Jurisprudencialmente.7

Conforme al anterior precedente, es claro que la corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia,
conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten

5 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política
6 Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -

Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.
7 Ibídem.

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contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho
fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por
la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los fijados hasta el
momento jurisprudencialmente. En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede
ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –
procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto –procedencia adjetiva–.8

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión
sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que
la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una tercera instancia que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4. Legitimación en la causa por activa

El señor Danilo Guerrero Guzmán, consideró que sus garantías constitucionales
resultaron vulneradas con la providencia del 14 de julio de 2023 dictada por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B en el medio de control de

8 Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto de

2004 y C-590 de 2005.

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reparación directa con radicado 15001-31-33-007-2012-00281-01, promovido
por las señoras Adelaida Guzmán Ramos y Alix Mercedes Guerrero Guzmán
contra el municipio de Moniquirá, el departamento de Boyacá y la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá - Corpoboyacá.

En lo particular, resulta del caso referenciar lo siguiente:

[...] se ha diferenciado entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la
causa[...] La primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el
demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata
de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la
notificación del libelo inicial al demandado, de manera que quien cita a otro y le endilga
la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimado
de hecho por activa y aquél a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión,
resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio
de la demanda.

Por su parte, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las
personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente
de que dichas personas no hayan demandado o que hayan sido demandadas…

Así pues, toda vez que la legitimación en la causa de hecho alude a la relación procesal
existente entre demandante legitimado en la causa de hecho por activa y demandado
legitimado en la causa de hecho por pasiva y nacida con la presentación de la demanda
y con la notificación del auto admisorio de la misma a quien asumirá la posición de
demandado, dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los
sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de
defensa y de contradicción; la legitimación material, en cambio, supone la conexión
entre las partes y los hechos constitutivos del litigio…

De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho pero carecer de
legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando a pesar de ser parte dentro del
proceso no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no
tener conexión con los hechos que motivaron el litigio…

En suma, en un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa no
necesariamente concurrirá, al mismo tiempo, legitimación material, pues ésta solamente
es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la
instauración de la demanda o, en general, de los titulares de las correspondientes
relaciones jurídicas sustanciales; por consiguiente, el análisis sobre la legitimación
material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte
demandada o de la demandante con la pretensión que ésta fórmula o la defensa que
aquella realiza …”9

Adicionalmente, el artículo 10 del decreto 2591 de 1991 dispone:

«ARTICULO 10. LEGITIMIDAD E INTERES. La acción de tutela podrá ser ejercida, en
todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los
poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté
en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud.

[...]».

9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Bogotá, D.C.,

febrero cuatro (04) de dos mil diez (2010). Magistrado ponente: Mauricio Fajardo Gómez.
Radicación número: 70001-23-31-000-1995-05072-01(17720). Actor: Ulises Manuel Julio
Franco y otros. Demandado: Municipio de Santiago de Tolú y otros.

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Al igual, el artículo 1° ibidem dispone que «[...] toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los
casos que señale este Decreto»10.

De conformidad con la norma transcrita, cualquier persona puede agenciar los
derechos ajenos, siempre y cuando, se cumplan los siguientes presupuestos: i)
La existencia de una manifestación del agente oficioso en el sentido que actúa
como tal, ii) el titular del derecho fundamental efectivamente debe no estar en
condiciones físicas o mentales para promover su propia defensa y iii) siempre
que sea posible, debe existir ratificación oportuna del referido titular del derecho
respecto de los hechos y pretensiones de la acción11.

En lo atinente a la interposición de la acción de tutela por parte del agente
oficioso, la Corte Constitucional12 ha establecido que dicha calidad debe
expresarse en la solicitud de amparo y asimismo, debe probarse al menos
sumariamente.

La Corte Constitucional, en sentencia T-1020 de 200313, manifestó que la
acción de tutela es un medio de defensa que se encuentra al alcance de todas
las personas y que la legitimidad para interponerla radica en la persona
afectada, quien podrá interponerla directamente o por quien actúe en su
nombre.

De manera que no se «[...] requiere ser abogado, ni tener conocimientos
jurídicos, ni mucho menos saber escribir, es decir, la Constitución y la ley no
exigen calidad alguna para el sujeto activo de la acción. Inclusive, no es
requisito esencial presentarla por escrito, la ley consagra la posibilidad de que
la misma se pueda incoar verbalmente en casos de urgencia o cuando el
solicitante no sepa escribir o sea menor de edad[...]»14.

A su vez, el Alto Tribunal Constitucional en sentencia T-552 de 2006,
consideró:

[...] La primera consecuencia teórica que esa configuración arroja es que la legitimación
en la causa por activa en los procesos de tutela se predica siempre de los titulares de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados. Sin embargo, tal como lo ha
establecido la Corte en anteriores oportunidades15, a partir de las normas de la
Constitución y del Decreto 2591 de 1991, el ordenamiento jurídico colombiano permite

10“Aparte subrayados declarado EXEQUIBLES por la Corte Constitucional, mediante Sentencia

C-018 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Martínez.”
11 Corte Constitucional, sentencia T – 213 de 2002.
12 Sentencias T – 503 de 1998, T – 242 de 2003 y T – 503 de 2003.
13 M.P. Jaime Córdoba Triviño
14“Todo lo relacionado con el contenido de la solicitud de tutela está contemplado en el artículo

14 del Decreto 2591 de 1991.”
15“Ver sentencia T-531 de 2002, M.P, Eduardo Montealegre Lynett.”

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cuatro posibilidades para la promoción de la acción de tutela. La satisfacción de los
presupuestos legales o de los elementos normativos de alguna de estas cuatro
posibilidades, permiten la configuración de la legitimación en la causa, por activa, en los
procesos de tutela. (Subraya fuera de texto)

En ese orden de ideas, esas cuatro posibilidades son las siguientes: (i) el ejercicio
directo de la acción de tutela. (ii) El ejercicio por medio de representantes legales (caso
de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas
jurídicas). (iii) El ejercicio por medio de apoderado judicial, caso en el cual el apoderado
debe ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de acción se debe anexar el
poder especial para el caso, o en su defecto el poder general respectivo, y (iv) la del
ejercicio por medio de agente oficioso[...].

2.5. Caso concreto

Corresponde a la Sala establecer si en el sub judice se configura la legitimación
en la causa por activa, que permita un pronunciamiento de fondo sobre los
hechos y las pretensiones de la tutela de la referencia.

En principio, es claro que toda persona es titular de derechos fundamentales,
pero para la procedencia de la acción de tutela debe establecerse la
circunstancia que faculta al sujeto de derechos a presentar el recurso de
amparo constitucional, lo que implica, acreditar la condición de titular de la
relación jurídica material que da lugar al proceso.

La Sala encuentra que el señor Danilo Guerrero Guzmán, allegó documento
mediante el cual la señora Alix Mercedes Guerrero le cedió los derechos
litigiosos del proceso 2012-00281-01, ante la Notaría Segunda del Círculo de
Moniquirá, que fue presentado el 14 de marzo de 202316 en el trámite del
expediente ordinario de reparación directa, en segunda instancia.

No obstante, se advierte que mediante providencia del 2 de mayo de 202317, el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, resolvió abstenerse de
darle trámite a la cesión de derechos litigiosos presentada por la demandante
Alix Mercedes Guerrero Guzmán, por las siguientes razones:

Encontrándose el asunto para dictar sentencia, la demandante Alix Mercedes Guerrero
Guzmán allegó un memorial a través del cual manifestó que cede sus derechos litigiosos
de este proceso al señor Danilo Guerrero Guzmán, quien los acepta en el mismo
documento (índice 44 SAMAI), no obstante, el despacho advierte que tal actuación no la
realizó por conducto de apoderado judicial, como procesalmente debía hacerlo, sino,
directamente, motivo por el cual se abstendrá de darle trámite de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 63 del Código de Procedimiento Civil referente al derecho de
postulación.

Así las cosas, se advierte que la cesión de derechos litigiosos no fue resuelta a
favor del señor Danilo Guerrero Guzmán, razón por la que carece de

16 Ver índice 44 de aplicativo Samai, del proceso ordinario que cursó en el Tribunal
Administrativo de Boyacá
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Ver índice 46 de aplicativo Samai, del proceso ordinario que cursó en el Tribunal
Administrativo de Boyacá
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legitimación en la causa por activa, pues no cuenta con facultad para demandar
la sentencia del 14 de julio de 2023 proferida por la Sección Tercera,
Subsección B, de esta corporación, dentro del medio de control de reparación
directa con radicado 15001-31-33-007-2012-00281-01, promovido por las
señoras Adelaida Guzmán Ramos y Alix Mercedes Guerrero Guzmán contra el
municipio de Moniquirá, el departamento de Boyacá y la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá – Corpoboyacá, ni de manera directa ni como agente
oficioso de las demandantes en ese proceso.

La Sala considera necesario aclarar que quien tiene legitimación por activa, en
la acción de tutela, es el titular de los derechos fundamentales presuntamente
vulnerados, y de conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991 la
acción puede ser presentada (i) por el titular de las garantías constitucionales;
(ii) a través de representante; (iii) apoderado; o (iv) por medio de la agencia
oficiosa cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones
de promover su defensa.

No obstante, en el caso de actuar a través de abogado, el profesional en
derecho debe contar con el respectivo poder que lo acredite como apoderado
judicial del titular de los derechos fundamentales cuya protección se solicita.

Adicionalmente, la Sala encuentra que en el sub judice tampoco se configura la
agencia oficiosa, por cuanto no se indicaron los motivos por los cuales las
demandantes del proceso de reparación directa con radicado 15001-31-33-007-
2012-00281-01, estén en imposibilidad de promover por ellas mismas la acción
constitucional.

Para que sea admisible la figura de la agencia oficiosa, debe estar debidamente
comprobado que el agenciado no se encuentra en condiciones de asumir la
defensa de sus propios derechos, requisito que es desarrollo de la Carta
Política en relación con el respeto a la autonomía personal, previsto en el
artículo 16.18

De conformidad con lo expuesto, la Sala revocará la sentencia de primera
instancia que declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el
requisito de relevancia constitucional para, en su lugar, declarar la falta de
legitimación en la causa por activa del actor.

Al respecto, resulta del caso precisar que, pese a que una de las
características de la acción de tutela es la informalidad, la legitimación por
activa o titularidad para promoverla es condición de procedibilidad de la
demanda19, pues la carencia de tal presupuesto enerva la posibilidad de una
decisión de fondo en el caso concreto.

18 Al respecto ver la sentencia del Consejo de Estado del 23 de junio de 2016 C.P. Rocío Araújo

Oñate. Rad. 73001-23-33-000-2015-00637-01
19 Corte Constitucional, sentencias T-724 de 2004 y T-194 de 2012.

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En consecuencia, se encuentra que quien presentó la solicitud de amparo
carece de legitimación en la causa por activa, en razón a que no intervino en el
proceso de reparación directa con radicado 15001-31-33-007-2012-00281-01,
en el cual se dictó la sentencia del 14 de julio de 2023 por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, y que pretende a través de este
mecanismo de defensa se deje sin efecto.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Revocar la sentencia del 18 de abril de 2024, por la cual el
Consejo de Estado, Sección Cuarta declaró la improcedencia de la acción de
tutela para, en su lugar, declarar la falta de legitimación en la causa por
activa del señor Danilo Guerrero Guzmán, para promover este mecanismo
constitucional, conforme con las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los terceros en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, y envíese copia de esta al Despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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